viernes, 15 de diciembre de 2006

Despreciable Gabilondo


C # : A continuación reproducimos íntegramente el comunicado remitido por la Asociación Víctimas del Terrorismo a los medios de comunicación tras el reportaje emitido el jueves por Iñaki Gabilondo y las reacciones posteriores de los dirigentes del PSOE José Blanco y Diego López Garrido.

"La AVT quiere mostrar su desprecio absoluto al periodista Iñaki Gabilondo por la bajeza moral que ha demostrado al manipular la realidad, una vez más, aprovechándose de las víctimas del terrorismo. Este periodista presentó el pasado jueves una noticia que nunca debió presentar como tal. Entre otras cosas, porque no era noticia. Debido a su ignorancia sobre todo lo que viven y exigen las víctimas, le llamó la atención que un señor, que por lo visto no es víctima del terrorismo, fuera en silla de ruedas en un sitio privilegiado, solo faltaba, de la multitudinaria manifestación celebrada en Sevilla el pasado uno de octubre. Y no le hubiera llamado la atención si se hubiera informado de que, por la seguridad de este señor y por su comodidad y para la del resto de los manifestantes, la organización de la AVT siempre habilita ese espacio para aquellas personas impedidas que quieren asistir a estas manifestaciones. Unas manifestaciones que suelen durar alrededor de dos horas y con un trayecto lo suficientemente grande para que puedan acoger a la multitud de personas que acuden a ellas de toda España.

Para la AVT es muy triste tener que contestar a este tipo de manipulaciones interesadas, pero lógicamente no va a permitir nunca que se juegue con las víctimas del terrorismo y se las desprecie. Y lo peor de todo es que los dirigentes socialistas José Blanco y Diego López Garrido se hayan hecho eco de esta manipulación, dañando también la verdadera imagen de las víctimas.

Para la AVT es muy preocupante que estas personas se preocupen más de las personas impedidas que apoyan a las víctimas que de lo que realmente están pidiendo las propias víctimas del terrorismo. Es muy preocupante que pongan más empeño en ensuciar injustificadamente la imagen de los verdaderos garantes de nuestro Estado de Derecho en lugar de luchar contra el terrorismo y los asesinos de manera implacable. De nuevo da la sensación de que están más cerca de los verdugos que de las víctimas.

El señor Gabilondo no sólo debería fijarse en esa persona impedida, que le supone un gran esfuerzo defender la verdad y la justicia en este país, sino que también debería fijarse en los cientos de miles de personas que no paran de gritar que este Gobierno haga bien su trabajo y acabe con el terrorismo, sin utilizar a las víctimas como moneda de cambio. Parece que la carrera profesional del señor Gabilondo, venida a menos y llena de ambigüedades respecto a la lucha contra el terrorismo, quiere finalizar bañándose en un amarillismo que puede hacer bastante daño a personas que ya ha sufrido mucho.

La AVT espera que desde el Gobierno y los medios de comunicación afines a él se deje de ignorar, despreciar e insultar a las víctimas del terrorismo. Más vale que escuchen a las víctimas que a los asesinos. Luchen por la unidad de los demócratas, por la libertad, por la verdad, y contra el terrorismo. Cuando hagan eso, el Estado de Derecho hará justicia a las víctimas y a toda la sociedad española".

Comunicado de la AVT, 15-12-2006

La menestra XXL


¿De dónde habrá sacado Rodríguez Zapatero a la ministra Salgado? ¡Ah si! Que fue esta mujer la que envió en su día un tarjetón a Juan Luis Cebrián dictándole un artículo de opinión, que la osada recomendaba publicase el diario “El País”. El motivo: Esperanza Aguirre, a la sazón en aquellos momentos Ministra de Educación y Cultura del primer gobierno de José María Aznar, la iba a cesar como directora del Teatro Lírico, puesto por el que la esmirriada gachí se embolsaba nada más y nada menos que la friolera de más de veinte millones de las antiguas pesetas al año. Como para unas cuantas soluciones habitacionales, que Trujillo pixit et dixit.

Elena, pequeña pero berroqueña, protestaba tratando de evitar su cese. Al poco tiempo el periódico “independiente de la mañana” publicaba un artículo de opinión que coincidía totalmente con el tarjetón. Casualidades de la vida, que diría cualquiera de los que sostienen aún la versión oficial de los atentados del 11 de marzo.

Pues hete tú aquí que el 14 de marzo un tal Rodríguez Zapatero, alias ZP –al que ahora los malintencionados tildan como “ZD” (Zapatero dimisión)-, va y gana contra todo pronóstico y encuesta y por el motivo que todos conocemos las elecciones generales. Y nombra a Elena Salgado menestra de Sanidad. Porque Elena no es ministra. Es menestra. Por la manía que tiene de querer hacernos a todos los españoles el menú diario.

El primer año, es cierto, Elena pasó prácticamente desapercibida, dejando el mérito de servir como objeto de chanzas e indignación a sus compañeras Calvo Pixit y Trujillo Kellifinder. Pero un buen día, no se sabe bien por qué, a Elena le debió entrar algo así como un terrible ataque de envidia y se propuso demostrar al respetable que ella era más cuota que ninguna.

Ni corta ni perezosa, aprovechándose de la estulticia del PP, sacó adelante la totalitaria Ley de persecución al fumador. Ley que, además, le brindó la ocasión para arremeter durísimamente contra la Presidenta de la Comunidad de Madrid a la que parece que jamás perdonó aquella pérdida de pecunio. Llegó a decir que Esperanza Aguirre actuaba “contra la salud de los madrileños”. El caso, como no podía ser de otra forma, acabó en los Tribunales de Justicia. Y allí sigue.

Fueron muchos en aquellos días los ingenuos de buena fe que, engañados por el demagógico argumento del “es por el bien del ciudadano” y “nosotros sabemos lo que es bueno para ti”, apoyaron la aprobación de tan intervencionista y antiliberal ley. Y Elena, como bien anticiparon unos pocos, vio las puertas del campo abiertas. Que se preparen los ciudadanos. Ella, por su bien, les va a dictar lo que deben de comer. Y lo que deben de beber. Es decir, lo de Elena es socialismo en estado puro. Si Cabrera pretende educar a nuestros hijos en los valores que a ella le den la gana y si ZP pretende decirnos a los españoles lo que debemos de pensar, Salgado pretende dictarnos la dieta alimenticia.

Su primera víctima tiene nombre: “Whopper XXL”. Según denunció la intrépida Elena, la publicidad de esta enorme hamburguesa debía ser prohibida, no vaya a ser, horror, que alguien se la coma. Debe ser que Elena se piensa que los ciudadanos somos unos idiotas incapaces de responsabilizarnos por nuestros actos y sin capacidad alguna de elección.

Poco tiempo después de tan totalitaria arremetida la cadena americana, que no se cortó un pelo, sacó al mercado la Triple Whopper, aún más grande que la anterior. Y su anuncio, en el que aparecían hombres y mujeres de toda raza y condición social, “no seas un pringao, sé un hombre”, causó furor entre la progresía, que pidió su inmediata retirada por… ¡machista! Las carcajadas del respetable aún se oyen. Seguro que la venta de macrohamburguesas se ha disparado. Igual es que Elena no sabe que las agencias de publicidad estudian muy bien cómo captar clientes para el producto que anuncian. Y parece que hay un sector del público que empieza a estar hasta las narices de esos políticos que se pasan el día metiendo las narices donde nadie les llama y que se empieza a rebelar contra el pensamiento único y las tonterías totalitarias de lo políticamente correcto.

Elena, que pretende superarse día a día, nos dio ayer una nueva sorpresa. Después del tabaco y las hamburguesas… el vino. Y es que pretende que el vino sea catalogado como “bebida alcohólica peligrosa”. El vino, ojo, no la absenta. Tampoco el vodka. El vino, producto nacional del que viven miles de familias españolas. Definitivamente esta mujer se ha colocado como número uno en el ránking de los ministros con ideas de bombero. Es ya la cuota XXL.

Almudena Negro (Siglo XXI) (15/XII/06)

Entrevista a Albert Rivera VeoTv (22 min)

VER ENTREVISTA

Veo Tv (15/XII/06)

Per una sanitat pública i digna

Des de Ciutadans, fa molt de temps que venim denunciant que la política a Catalunya ha prioritzat allò sagrat (la nació mítica) a allò profà (el ciutadà). Per a botó de mostra, la situació que pateix la sanitat a Catalunya, i en concret la comarca del Vallès Occidental, en la qual el deteriorament sanitari ha anat en augment en els últims anys.

Els endèmics problemes de la sanitat catalana (enormes llistes d'espera en l'atenció especialitzada i en les intervencions quirúrgiques, col·lapse de les urgències, transport sanitari deficient, demora en l'assistència primària) es veuen agreujats per una manca d'infraestructures sanitàries escandalosa i un dèficit de recursos humans que l'Administració no és capaç de solucionar. Amb la incomprensió del Govern i d'alguns ajuntaments, però amb la fermesa del necessitat, la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell i la Confederació de Federacions d'Associacions de Veïns del Vallès Occidental han publicat recentment el "manifest per una sanitat pública i digna" en el qual es reclama el compliment del Pla de Xoc ideat pel Departament de Salut al juliol de 2005 per pal·liar el dèficit sanitari de la comarca, i abordar els problemes rellevants i de clar impacte en els ciutadans. El Pla, que finalitza aquest mes de desembre de 2006, no es complirà. Per denunciar-ho i fer visible la seva reivindicació, els veïns han acampat durant uns dies davant de l'Hospital Taulí. Des d'aquest enclavament privilegiat han pogut comprovar que, malgrat els esforços del personal que presta servei en les institucions sanitàries, centenars de pacients arrosseguen la seva malaltia en lliteres als passadissos de l'hospital.

Això és el que volen:

1.- La posada en marxa immediata de l'Hospital de l'Aliança a Sabadell, amb 120 llits per a la sanitat pública.
2.- El funcionament intensiu dels quiròfans, per pal·liar les llistes d'espera.
3.- 1.000 metres quadrats més d'espai, per a les urgències del Taulí.
4.- Un transport accessible des de les poblacions de la comarca del Vallès, fins al Taulí i l'hospital de Torrebonica
5.- La posada en marxa dels 8.000 metres quadrats, de l'hospital de Torrebonica, que ara estan sense servei.
6.- L'augment de la plantilla de pediatres, metges de família, especialistes, personal d'infermeria i altres collectius.

José Domingo (e-noticies)(15/XII06)

Albert Rivera en Cuatro TV

Entrevista realizada 14/XII/06

Antonio Robles: Tertulia Teletaxi (60 min)


PRIMERA PARTE (30´)
SEGUNDA PARTE (30´)

Teletaxi (14/XII/06)

Transición

Un lugar común de la reciente historiografía española ha sido preguntarse cuándo acabó la transición, e incluso cuándo empezó, hecho que algunos sitúan en el reinado de Witiza López Rodó. Creo que es una discusión equivocada y me dispongo a hacer una afirmación de tipo capital: la transición es el ser de España.

Y su correlato: mientras exista España habrá un lugar del que partir, nítido, y otro, completamente desconocido que es el adónde ir. El lugar de partida es el fracaso o al menos la clara insatisfacción por la marcha de las cosas. La dictadura es el lugar de partida canónico. Pero hay otros: el Estado de las Autonomías. O la violencia terrorista. De este último proceso aún no conocemos su desarrollo fundamental: aunque bien pudiera consistir en una eterna transición con mojones de muerte cada tanto. El Estado de las Autonomías, su nitidez constitucional, ha entrado en un confuso proceso de reformas: avanza, transiciona, como dice o dirá un locutor deportivo.
Esos son los puntos de partida. ¿Hacia dónde van? Es imposible decirlo. El principal efecto de la política de la memoria histórica es la impugnación del grado de veracidad de la democracia española. Una democracia manqué. Así, se pretende transicionar a una democracia veraz. Pero la legislación de esa política no tiene el acuerdo general, y hay grupos que exigen más memoria, y sobre todo memoria contante y sonante; por lo que el destino vuelve a ser ambiguo y todo quedará a la espera de una próxima transición. En cuanto a la negociación con los terroristas no parece que la transición, y la transacción, esté llevando a la paz: más bien a una paz vigilada, hoy por un autobús incendiado y acaso mañana por algo peor. Paz misma es una palabra cuestionada y es, desde la raíz, escasamente útil como unidad de destino. Casi es absurdo referirse al debate territorial: nadie puede decir a dónde conduce.

Insisto en que la transición no me parece un momento de este país, sino algo mucho más profundo. Pero a diferencia de los habituales metafísicos yo no creo en el ser transicional de España más que de un modo: como relato, como constructo, de una casta política. La inacabable transición es una invención suya. Ni la mayoría de los ciudadanos pedían la reforma del Estado ni la apertura de las fosas de la Guerra Civil. (Tampoco pedían la negociación con los terroristas, pero al menos esa posibilidad está basada en hechos, y terribles). La política española es, en gran parte, una invención de los políticos. No pueden apartarse del remoto relato español. Lo tienen a mano, es barato, intelectualmente accesible, y les da resultados pasionales. En cuanto invención, la política española es la peor posibilidad de una política.

(Coda: «Los propios historiadores son cada vez más conscientes de que cada una de sus palabras pueden ser utilizadas con fines políticos. 'Cuidado con lo que dices' fue la advertencia de la mujer de un historiador medieval antes de la presentación, en septiembre de 2006, de un libro sobre el siglo XIII». Giles Tremlett, España ante sus fantasmas. Un recorrido por un país en transición.)

Arcadi Espada
El Mundo, 15-12-2006

Una ley que enfrenta a los españoles sin reparar nada

"Algunos dirigentes socialistas, aunque no lo dicen, son conscientes del grave error cometido por Zapatero, que en este asunto ha jugado a aprendiz de brujo. El PSOE no va a sacar ninguna ventaja de un proyecto percibido como revanchista por un sector de la sociedad, que se siente agredido por esta ley. Mejor haría en retirarlo y en tender una mano al PP, que buena falta le va a hacer."

El primer debate parlamentario sobre el proyecto de ley de la Memoria Histórica reprodujo fielmente la polémica suscitada desde su aprobación por el Consejo de Ministros. El PSOE, que se quedó solo, defendió la iniciativa como una reparación de los crímenes e injusticias cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo. El PP se opuso al entender que la Transición puso punto y final al reexamen del pasado, mientras que ERC e IU presentaron enmiendas a la totalidad en las que pedían -entre otras exageraciones- la revisión de los juicios del franquismo, extremo no contemplado en la propuesta socialista. CiU y PNV prestaron sus votos al Gobierno para rechazar estas enmiendas, pero advirtiéndole paradójicamente que no respaldaran la ley sino introduce lo esencial de tan radicales exigencias.
El aspecto fundamental y más polémico de este proyecto es el relativo a la reparación individual de los crímenes y las arbitrariedades cometidas en la Guerra Civil por ambos bandos y, más tarde, por el franquismo. El procedimiento que propone el proyecto es por solicitud ante una comisión interministerial, que estudiaría caso por caso. La comisión elevaría una recomendación motivada a un consejo de cinco notables, elegido por el Parlamento, que emitiría un dictamen de validez únicamente moral, en el que establecería -si procede- que esa persona fue fusilada o encarcelada sin pruebas y en base a sus convicciones políticas.

Lo primero que hay que argumentar es que las víctimas del franquismo no necesitan rehabilitación alguna, ya que primero hubo una amnistía, luego se aprobaron las reparaciones económicas y, entre tanto, los historiadores ya han dejado suficientemente claro lo que sucedió en esta triste etapa histórica. Desde este punto de vista, la iniciativa del PSOE es perfectamente inocua y carente de efectos prácticos salvo en un muy reducido número de casos. Por otro lado, resulta muy cuestionable otorgar a esos cinco «hombres justos» la capacidad de revisar decisiones judiciales en nombre de un pretendido y neonato derecho a la memoria.

Fernández de la Vega argumentó ayer que esta ley no va contra nadie y no es sectaria. Tiene un punto de razón en que el Gobierno ha hecho un esfuerzo de moderación, pero la iniciativa está viciada en su propio origen al no haber sido consensuada con el PP. Ésa es la gran diferencia con la ley de Amnistía de 1977 y con otras normas pactadas, referentes al reconocimiento de prestaciones a los soldados de la República, a sus viudas e hijos y a quienes fueron encarcelados por el franquismo, que se hicieron con un amplio consenso en el Parlamento, como muy bien recordó ayer el diputado del PP, Manuel Atencia.

Esta iniciativa no nació porque hubiera una demanda en la sociedad española ni para proporcionar prestaciones a personas que podrían haberlas obtenido por otras vías legales. Surgió como consecuencia de una exigencia de IU y ERC, que ofrecieron apoyo parlamentario a Zapatero a cambio de una ley que revisara el pasado. El resultado ya lo estamos viendo: de momento ha conseguido enfrentar a la sociedad y reabrir viejas heridas, como se puede comprobar en las esquelas que se publican en los periódicos desde hace meses.

Algunos dirigentes socialistas, aunque no lo dicen, son conscientes del grave error cometido por Zapatero, que en este asunto ha jugado a aprendiz de brujo. El PSOE no va a sacar ninguna ventaja de un proyecto percibido como revanchista por un sector de la sociedad, que se siente agredido por esta ley. Mejor haría en retirarlo y en tender una mano al PP, que buena falta le va a hacer.

Editorial de El Mundo, 15-12-2006

El largo y tortuoso Rodríguez

"El hecho que subyace frío y desnudo es el que sigue: desde que Rodríguez acudió al Congreso a comunicar sus planes y a oír de Rajoy que estaba traicionando a los muertos, hasta el día de hoy, la ETA ha salvado la peor situación de su triste historia."

Recuerdan los nacionalistas vascos la capacidad de la ETA para hacerle daño al gobierno y para desestabilizar el país. No encontraremos confirmación más exacta de la denostada tesis (denostada, entre otros, por los confirmadores) que presenta el "proceso" como gradual sometimiento del gobierno –y, con él, del Estado– a los terroristas.

El hecho que subyace frío y desnudo es el que sigue: desde que Rodríguez acudió al Congreso a comunicar sus planes y a oír de Rajoy que estaba traicionando a los muertos, hasta el día de hoy, la ETA ha salvado la peor situación de su triste historia, se ha recuperado a placer, ha puesto al día su organización en efectivos, armas y recursos financieros.

Además, ha recuperado la operatividad de su brazo político –hasta el "proceso" puro muñón gracias a la Ley de Partidos–, ha vuelto a adueñarse de las calles con su terrorismo "de baja intensidad", el de la muchachada, y, por encima de todas las vergüenzas –¿o debería decir "por debajo"?– ha obtenido el reconocimiento moral de los socialistas: para Patxi López tienen razones. Es decir, tienen razón. Sí, en efecto, es nauseabundo: para el PSE tenían y tienen razón sus asesinos.

Por fin, ha logrado la ETA que, basándose en su sola declaración de intenciones –una tregua que los hechos no avalan– los órganos del Estado se ajusten a sus designios, modulen la interpretación, aplicación y ejecución de las leyes. Han puesto a bailar a los tres poderes al son de un chistu hipnótico.

La maraña de sangre coagulada y decorados y mesas suplantadoras de la soberanía ha ocultado el verdadero proceso: un vaciado de legitimidad estatal simultáneo al acopio etarra de argumentos y armas cortas. Los liberales y conservadores del PP lo resumen así: la ETA marca la agenda del gobierno. Los ultraconservadores de la patria vasca lo confirman. Y ni siquiera se dan cuenta.

Con elocuencia decreciente, el presidente sigue aferrado a los dos adjetivos del "proceso": largo y difícil. Puede tratarse de un tributo a Paul McCartney: The Long and Winding Road. Un camino largo y tortuoso, como Rodríguez.

Juan Carlos Girauta
Libertad Digital, 15-12-2006

El decreto del Gobierno sobre el castellano abre una crisis en el tripartito


El decreto de enseñanzas mínimas aprobado por el Gobierno, en el que se contempla la ampliación de las horas de castellano en la enseñanza primaria, ha colocado al presidente catalán José Montilla entre la espada y la pared. La resolución ha provocado una crisis en el seno del tripartito, donde ERC e ICV se han mostrado claramente en contra de la misma, pero es que además, obliga al dirigente socialista a demostrar su soberanía respecto al PSOE, pues aceptar ese decreto equivale, según sus socios y CiU, a aceptar una invasión competencial y una vulneración del nuevo Estatuto catalán.

Las declaraciones del consejero de Educación, Ernest Maragall, no han ayudado a mitigar el malestar existente en el tripartito, donde por primera vez afloran en este recién nacida legislatura las discrepancias ideológicas que suscita la cuestión lingüística. Maragall reconoce que está de acuerdo con ampliar las horas de castellano, algo que no ha gustado a los republicanos. Estos prefieren esperar a que se resuelva el dictamen encargado por el propio departamento de Educación para analizar si efectivamente hay vulneración de competencias. Pero, de momento, pedirán explicaciones a Montilla en sede parlamentaria, según anunció el portavoz de ERC, Joan Ridao, quien acusó al Gobierno de actuar con «nocturnidad» en la aprobación de un decreto durante el largo puente de la Constitución. «No hay ningún problema lingüístico en Cataluña. Si hay alguno es el retroceso del catalán», dijo Ridao, quien advirtió de que los independentistas tienen manos libres «para adoptar en Madrid las iniciativas parlamentarias que creamos convenientes».

Por su parte, el portavoz de ICV-EUiA, Jordi Miralles, reconoció que a su grupo «no le gusta» un decreto en el que ve errores de forma y de fondo, aunque los ecosocialistas también esperarán las conclusiones del dictamen encargado por Maragall para actuar en consecuencia.

Mucho más crítica fue CiU, que a través de la diputada Irene Rigau, advirtió de «un intento del PSOE de recuperar un modelo educativo basado en el bilingüismo que va en contra del catalán, que en definitiva es la lengua amenazada». Según los nacionalistas, el decreto supone una «clara invasión competencial» y «un ataque frontal al modelo de educación y de integración» que tenía Cataluña, basado en el consenso político.

Apoyo del PP
Por contra, el PP apoya el contenido del decreto porque «todos sabemos que es necesaria una hora más en castellano», dijo elportavoz parlamentario Francesc Vendrell. A su juicio, «el debate no debe centrarse en cosas etéreas, sino en averiguar si nuestros alumnos saben sufuciente castellano o si existe una escuela de calidad». Tras recordar que el castellano también es lengua oficial en Cataluña, Vendrell advirtió de las «barbaridades» que se pueden llegar a hacer cuando se equipara escuela y país.

ABC
M. J. C. BARCELONA.

Lenguas poderosas, hablantes indefensos


LA CONSTITUCIÓN dispone en el apartado uno de su artículo tercero: «El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerlo y el derecho a usarlo». Y en el dos, añade lo que sigue: «Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus Estatutos».

El Real Decreto sobre enseñanzas mínimas en la educación primaria recientemente aprobado por el Gobierno establece que los niños deberán estudiar tres horas semanales de lengua y literatura castellana y fija una previsión para evitar que esas tres horas puedan reducirse a dos, que es lo que ha venido sucediendo en la mayor parte de las escuelas catalanas.

Cómo, a partir de lo previsto en materia lingüística por la Constitución, hemos podido llegar a la regulación que prescribe el Real Decreto, es un auténtico misterio. Pues no resulta fácil entender que en una comunidad donde, según datos del Instituto de Estadística de Cataluña para el año 2003, el 53% de los catalanes tienen como lengua materna el castellano, éste se haya visto reducido en las escuelas al papel de una lengua extranjera (como el inglés o el alemán) cuando la realidad es que sigue siendo la lengua de uso habitual de la mitad de la población de Cataluña.

Así las cosas, ni las previsiones de la Constitución, que dispuso con claridad un régimen de cooficialidad entre lengua española y lengua autóctona, ni la realidad sociolingüística de las provincias catalanas, en donde castellano y catalán son los dos idiomas reales de Cataluña en situación de paridad, permiten dar cuenta de una deriva legislativa que, tanto allí, como en el País Vasco o en Galicia, se explica por motivos bien distintos.

Para decirlo sin tapujos: por el empeño nacionalista, al que se han plegado con una falta completa de coherencia y de coraje los partidos no nacionalistas, de convertir la lengua autóctona no en lengua cooficial, que hubiera sido lo constitucional y lo socialmente explicable, sino en lengua única.

El resultado final de ese empecinamiento está hoy bien a la vista: docenas de miles de niños se ven obligados a estudiar, en las comunidades con lengua autóctona, en una lengua que no es la suya, sin que los afectados, acomplejados por la insolencia de los unos y el silencio flojo de los otros, se atrevan a decir ni esta boca es mía. Cuando lo cierto es que no sólo la boca, sino la lengua en la que habla, debería ser la suya, y no la que las autoridades han decidido pensando en los imaginarios derechos de las lenguas y no en los derechos dignos de respeto de todos sus hablantes.

La Voz de Galicia
EL OJO PÚBLICO
Firma: ROBERTO L. BLANCO VALDÉS