domingo, 17 de diciembre de 2006

Prohibido entretenerse contando otra vez los mismos muertos

"La esencia de la Transición no ha sido el olvido sino el perdón, según la receta enunciada por Azaña cuando para su generación era ya demasiado tarde. A las razones morales se unieron las de índole práctica. «Un juicio al franquismo hubiera conllevado de inmediato el de los responsables importantes de la represión republicana supervivientes, incluido Santiago Carrillo», concluye Bennassar en el epílogo a un libro de título tan certero y elocuente como El infierno fuimos nosotros."

(foto tomada desde Paracuellos del Jarama)



El 17 de septiembre de 1936 el autoconstituido como Tribunal Popular de Almería dictó sentencia contra 43 militares implicados en la allí fallida sublevación del 18 de julio. Era la Causa Número 3 de las que juzgaba este órgano revolucionario y concluyó con 36 condenas a muerte, una cadena perpetua, cuatro absoluciones y dos sobreseimientos. Sin embargo, en el momento de ejecutar tales disposiciones surgió un pequeño problema técnico: todos los condenados habían sido ya asesinados el mes anterior en Cartagena. Comentando el episodio con lúcida ironía, el gran hispanista Bartolomé Bennassar concluye y advierte que «hay que evitar contar dos veces los mismos muertos».

Aunque tan sabia recomendación vaya dirigida en su caso hacia quienes se acercan sin cautela a los desequilibrados cómputos de las víctimas de la Guerra Civil realizados por los simpatizantes de uno u otro bando, también debería haber sido enunciada el pasado jueves por el presidente del Congreso de los Diputados antes del lamentable debate sobre la Ley de la Memoria Histórica.

Y digo «lamentable» no porque los principales oradores no dieran la talla, que tanto la vicepresidenta Fernández de la Vega, como el misacantano Torres Mora o el mucho más sólido que elocuente Manuel Atencia, brillaron a gran altura, sino porque la esencia del proyecto gubernamental pivota sobre una gran falacia y lleva camino de causar daños muy superiores a los que pretende reparar.

La gran falacia es que la sociedad española tiene una deuda pendiente con las víctimas del franquismo y de la Guerra Civil porque la reconciliación se ha basado durante la Transición en la amnesia y el olvido. Con toda razón y solvencia el portavoz popular pudo poner sobre la mesa una docena de normas legales -desde la ley de Amnistía hasta el decreto que otorga pensiones a los niños de la guerra enviados a Rusia- que prueban el celo de todos los gobiernos y parlamentos de la democracia a la hora de reparar las injusticias del pasado. Por eso más de medio millón de españoles han recibido prestaciones compensatorias vinculadas a ese concepto.

Incluso en un plano tan subjetivo y opinable como el de la evocación pública, es obvio que si algo ha caracterizado la literatura, el cine y el periodismo de las tres últimas décadas ha sido la exaltación del sufrimiento de los perdedores de la Guerra Civil y el juicio implacablemente severo a los abusos de los vencedores. Baste recordar la gran exposición sobre el exilio organizada en comandita por la Fundación Pablo Iglesias y el Museo Reina Sofía en el otoño de 2002, es decir en pleno apogeo de la mayoría absoluta del PP. Fue inaugurada por el Rey, la ministra de Cultura Pilar del Castillo y Alfonso Guerra y en el transcurso del acto Don Juan Carlos le dio un efusivo abrazo a un Santiago Carrillo alborozado de ver incluidos en la muestra de objetos dignos de admiración los primeros documentos con los que entró clandestinamente en España.

Sin embargo alguien tan ecuánime como Bennassar no puede eludir referirse al hoy nonagenario dirigente comunista como uno de los tres «tétricos agentes del sistema» a quienes identifica como responsables de las sacas y matanzas de presos de noviembre del 36 en Madrid, tan crueles y mucho más mortíferas que las tristemente célebres «masacres de las prisiones» que desde septiembre de 1792 abochornan a los parisinos. Bastaba leer hace unos meses el emocionante artículo de Alfonso Ussía sobre el asesinato de su abuelo Muñoz Seca o escudriñar con escalofrío la esquela publicada hace unos días en EL MUNDO por los familiares de los dos centenares de menores ejecutados extrajudicialmente en Paracuellos, junto a los miles de víctimas restantes, para darse cuenta de lo imposible que es mirar hacia atrás con inquina de manera asimétrica.

La esencia de la Transición no ha sido el olvido sino el perdón, según la receta enunciada por Azaña cuando para su generación era ya demasiado tarde. A las razones morales se unieron las de índole práctica. «Un juicio al franquismo hubiera conllevado de inmediato el de los responsables importantes de la represión republicana supervivientes, incluido Santiago Carrillo», concluye Bennassar en el epílogo a un libro de título tan certero y elocuente como El infierno fuimos nosotros.

Los hechos han demostrado que era compatible honrar, homenajear, compensar económica y moralmente, reivindicar en suma, a todas las víctimas con dar por prescritas las responsabilidades penales de todos los verdugos. La frontera no podía ser otra que la de la implantación de la democracia. Por eso la amnistía benefició por igual a criminales de los dos bandos durante la guerra, a implacables ejecutores de las leyes injustas de la dictadura, a policías torturadores y a terroristas asesinos del FRAP y de la ETA.

La sociedad española entendió que ése era el precio de la reconciliación y lo pagó no sin profundos desgarros, pero con el convencimiento de que se trataba de la receta que garantizaba no volver a las andadas. El tiempo le dio enseguida la razón ante la admiración de la comunidad internacional que vio emerger una democracia próspera y estable. Y si los 40 años de dictadura se caracterizaron por un implacable maniqueísmo en la denigración de los vencidos, todos hemos comprendido que durante los 30 que llevamos ya de democracia se haya producido un natural efecto compensatorio en la opinión pública, consistente en exaltar la legitimidad republicana prescindiendo de sus fatídicos abusos y errores y sepultar en el pecado original del franquismo hasta sus más indiscutibles logros.

El ajuste de cuentas estaba ya exclusivamente en manos de los historiadores cuando, contra todo pronóstico y sin que mediara demanda social relevante alguna, el Gobierno de Zapatero lo ha reintroducido en la agenda política. Ni siquiera cuando el nuevo presidente concluyó su discurso de investidura con una sentida y hermosa referencia a su abuelo podíamos imaginar que la sombra de ese militar republicano, que probablemente fue tan fiel a sus ideas como recuerda su nieto, recorrería toda la legislatura, levantando a su paso la memoria de otros miles, decenas de miles, centenares de miles de abuelos que en su mismo bando o en el contrario también se comportaron de forma que sus descendientes consideran digna de veneración y respeto. Y como unos y otros pagaron demasiado a menudo con la vida por esa coherencia o incluso por una mera apariencia de adscripción ideológica, hétenos aquí, que 70 años después de la tragedia, ha estallado la guerra de las esquelas que nadie suscitó ni con motivo del 50º aniversario cuando gobernaba González, ni del 60º cuando lo hacía Aznar.

Mientras a la anterior camada de españoles se le pidió con buen criterio que mantuviera cerradas las tumbas de sus padres, a la actual se le estimula a abrir las de sus abuelos. Ése es el disparate que, de entrada, ya duplica las posibilidades de conflicto porque nadie ha tenido más de dos progenitores ni menos de cuatro abuelos. Además, mientras en el Chile en el que los nietos de Pinochet y Prats acaban de intentar poner las cosas en su sitio a base de exabruptos y escupitajos las guerras de los abuelos tuvieron lugar cuando ellos ya eran hombres bien entrados en años, muchos de los nuestros mataron y murieron siendo casi adolescentes lo que amplía muy notablemente el margen de tiempo para ese rencor de segunda generación.

Lo único bueno de lo que pasó el jueves es que Zapatero ya ha podido darse cuenta del lío en el que se ha metido. Ni un solo grupo apoya su revisionismo de medias tintas. Para el PP va a ser facilísimo ponerle en evidencia porque una significativa porción de los propios dirigentes, diputados, militantes y votantes socialistas admite que, independientemente de cuál sea su contenido, una ley así sólo puede plantearse mediante el consenso. Entre tanto CiU, el PNV y Coalición Canaria han tomado conciencia de que son los salvavidas que necesita alquilar el Gobierno y, como es natural, ya andan barruntando el precio. Porque, como era previsible, los únicos interesados en descoser las concienzudas costuras de la Transición consideran ridículamente insuficiente el mecanismo de los diplomas de reparación moral, extendidos por el Parlamento sin efecto jurídico alguno, que yo comparé este verano con aquellos Bailes de las Víctimas de la Francia del Directorio a los que sólo tenían derecho a asistir los familiares de algún guillotinado.

De hecho a los desaforados diputados que intervinieron en nombre de los socios del Partido Socialista en el Gobierno catalán se les entendió absolutamente todo. Cuando el energúmeno Tardá y su coequipier Herrera reclamaban que se procediera contra los «genocidas franquistas», hablaban de «nuestro bando» o exigían que el Rey pidiera perdón por encarnar la continuidad del Estado, sólo servían de eco a la Oficina Judicial desde la que sus ancestros Samblancat y Barriobero se esmeraban en la época de referencia en gestionar la degollina de sacerdotes, financieros y burgueses bajo la espantada tutela del Gobierno de Companys. Ése es el sentido de la Justicia asociado a su memoria histórica.

Si el problema para el PSOE va a ser la nula rentabilidad electoral de esta iniciativa que lleva camino de quedarse en tierra de nadie, desde el punto de vista de los intereses generales más bien habría que hablar de lucro cesante. Hago mío, tirando por elevación, el diagnóstico del sociólogo Tezanos en el órgano del guerrismo: quien se distrae en aventuras ultraperiféricas es porque no tiene ningún mensaje que vaya dirigido a la médula espinal de sus votantes. Mientras Zapatero se entretenga con cosas que nadie pedía como el Estatuto catalán, la negociación con ETA o la Ley de la Memoria Histórica, podrá seguir camuflando su falta de perspectiva o de capacidad política para definir lo que Tezanos anhelaría como un proyecto para la izquierda del siglo XXI y a mí me bastaría percibir como un plan mínimamente coherente para seguir modernizando España.

Y puesto a ocuparse de las víctimas del fanatismo totalitario, más le valdría centrarse en las estrictamente contemporáneas, en lugar de remontarse dos o tres generaciones río arriba. Todos sabemos ya cuáles eran los proyectos políticos por cuya causa murieron los asesinados durante la guerra y la dictadura. Ambos fracasaron en el siglo pasado y, por mucha imaginación que se le eche, ni la II República ni el franquismo han sido la fuente de inspiración de la España actual.

Lo que importa no es de dónde venimos sino en dónde estamos. Son las víctimas de la democracia las que deben obsesionarnos a todos. No esos remotos antepasados sacrificados por cuchillos arcaicos en altares distantes, sino estos centenares de coetáneos nuestros asesinados por el terrorismo con el propósito de destruir el actual régimen constitucional y torcer nuestra voluntad colectiva. ¿Seremos o no capaces de hacerles justicia logrando que brille la verdad y preservando su legado?

Ésa es la pregunta que en definitiva le hacemos todos los días a Zapatero desde que llegó a La Moncloa en relación a las víctimas de los coches bomba de ETA y de los trenes de la muerte del 11-M. Nobleza obliga a subrayar que el presidente no ha hecho nada infame que induzca al desaliento, pero tampoco nos da la confianza necesaria ni en sus palabras ni en sus actos. Los dados de la negociación política con ETA siguen rodando y el juicio sobre la matanza de Madrid se acerca sin que desde el poder se nos aporten respuestas tranquilizadoras. En lugar de empeñarse en cumplir con sus deberes inmediatos ante esa hilera de cadáveres aún calientes, Zapatero ha pedido que le reabran las fosas del pasado para recontar los fríos esqueletos de un terrible anteayer. Horror con horror se tapa.

El presidente ha sido muy hábil destituyendo al policía que ha aportado todos los datos clave en los que se asienta el sumario del 11-M cuando sólo quedan dos meses para la vista oral. El cese de Manzano al frente de los Tedax implica cortar el principal cordón umbilical que unía a su Gobierno con la manipulación policial de la investigación y dejar por completo en manos del tribunal la patata caliente de qué hacer con un sumario forjado a base de chapuzas y mentiras.

Yo ya no podré seguir inquiriendo a Zapatero ni dónde están los informes de los análisis de los focos de los trenes, ni por qué los restos no se enviaron al laboratorio de la Policía Científica, ni cuáles fueron los «componentes de la dinamita» detectados. La próxima vez que lo haga el presidente enarcará las cejas y se encogerá de hombros: todo eso sucedió cuando aún gobernaba Aznar y ese policía ya no está con nosotros.

Retirando su confianza a Manzano y arrojándolo a los pies de los caballos que lo pisotearán durante la vista oral, Zapatero se ha comportado como si no tuviera nada que temer de lo que a partir de ahora pueda descubrirse sobre el 11-M. No faltará quien lo vea como un rasgo de inconsciencia, pero yo lo interpreto como una prueba de prudencia. Fulminando al testigo de cargo número uno con que cuentan el juez Del Olmo y la fiscal Sánchez, el presidente nos viene a decir que él también ha terminado por darse cuenta de que aquí hay gato encerrado. Magro consuelo para quienes somos una y otra vez vituperados por sostener lo propio, tras aportar todos los elementos que han puesto en la picota al turbio policía. Y es que nuestro propósito nunca fue acusar a Zapatero o a su partido de complicidad en la matanza de Madrid sino conseguir su plena implicación en averiguar quiénes fueron todos sus autores e inductores. Por desgracia el presidente sigue entretenido en otros menesteres.

Pedro J. Ramírez, Carta del Director
El Mundo, 17-12-2006

Del Olmo pone más fianza por revelación de secretos que por colaboración con terrorismo


Pide tres veces más a los policías acusados de hablar con EL MUNDO que al abertzale Xabier Alegría El juez también pidió la misma cuantía, 50.000 euros, para Antonio Toro, procesado por el 11-M

Para el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo es tres veces más peligroso un presunto delito de revelación de secretos a un medio de comunicación que un delito de colaboración con la organización terrorista ETA.

Así se desprende al comparar las incitativas judiciales que él mismo ha aplicado durante los últimos meses contra destacados dirigentes de Batasuna, contra acusados en el sumario del 11-M y contra los dos policías encarcelados por, presuntamente, haber mantenido contactos con un periodista.

El juez Del Olmo cifró en 150.000 euros la fianza para los policías Celestino Rivera y Antonio Parrilla, detenidos durante las investigaciones encaminadas, al parecer, al desentrañar la trama delictiva que giraba alrededor de los cinco kilos de Goma 2 ECO localizados el pasado mes de agosto en Madrid. El juez aún no ha podido resolver ni quién robó el explosivo, ni de dónde ni, lo más importante, cuál era su objetivo final.

Fue el propio Del Olmo el que impuso una fianza de 50.000 euros, tres veces menos que la que ha impuesto a los dos agentes, para el considerado como responsable del complejo ETA-KAS, Xabier Alegría. El juez le acusaba de colaboración con ETA en el denominado caso Egunkaria. Alegría no pudo abandonar en ese momento la prisión porque estaba acusado también por el juez Garzón en el caso Udalbiltza, pero este magistrado también le dejó en libertad tras pagar 30.000 euros. La acusación de este último juez era también de colaboración con banda armada, que puede ser condenada con entre 5 y 10 años de prisión. La revelación de secretos, en el caso más grave, podría llevar aparejada una condena de entre uno y tres años.

Garzón rebaja la fianza

La fianza impuesta contra los dos policías acusados de hablar con EL MUNDO también contrasta con la que le impuso a finales del pasado mes de octubre el también magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón al líder de Batasuna Arnaldo Otegi: 50.000 euros, tres veces menos que a los policías. Garzón rectificó en aquella fecha la primera decisión adoptada por el entonces magistrado instructor de la Audiencia Fernando Grande Marlaska, quien había impuesto una fianza de 650.000 euros para el dirigente abertzale, al que vinculaba a los actos de kale borroka que se produjeron en el País Vasco y Navarra durante la huelga del pasado 9 de marzo. Está acusado de colaboración con banda armada.

No es éste el único dirigente de la izquierda abertzale que se encuentra en la misma situación que Otegi: en libertad bajo fianza por su relación con ETA. El también dirigente de Batasuna Pernando Barrena está en libertad bajo fianza de 200.000 euros, por la misma acusación.

El líder del sindicato abertzale LAB, Rafael Díez Usabiaga, tiene impuesta otra fianza de 100.000 euros acusado de colaborar con ETA. En estos dos últimos casos, la iniciativa judicial partió del juez Grande Marlaska.

Pero este magistrado también ha fijado fianzas para algunos de los presuntos implicados en la trama del 11-M. Así, por ejemplo, Del Olmo impuso una fianza de 50.000 euros a Mahmoud Slimane Aoun al que el juez acusa de colaboración con organización terrorista. Quizá el caso más llamativo fue el del procesado Antonio Toro acusado por el juez de tráfico, transporte o suministro de explosivos. El ex cuñado de Emilio Suárez Trashorras está bajo fianza de 50.000 euros. El juez también dejó bajo fianza a otros dos acusados de la trama asturiana: Emilio Llano, que pagó 25.000 euros, y Raúl González, al que Del Olmo le impuso una fianza de 35.000 euros.

En la operación desarrollada el pasado día 1, el juez Del Olmo, además de autorizar la captura de otros cinco presuntos implicados en tráfico de explosivos y tráfico de drogas, actuó simultáneamente contra estos dos agentes, a los que sólo acusa de facilitar información sobre esta trama criminal a EL MUNDO. Los agentes actuaron, según se desprende de los autos del juez, con el convencimiento de que los investigadores no iba a desmantelar la trama criminal que giraba alrededor de este tráfico de explosivos, aún no resuelto por el juez.

Como recordaba ayer la Confederación Española de Policía (CEP), el magistrado aún no ha informado del secreto que presuntamente desvelaron los dos agentes a EL MUNDO. En cualquier caso, ninguno de los dos agentes pudo tener acceso directo a datos o informes relacionados con la investigación. Fuentes policiales recuerdan que ambos están destinados en la comisaría de Villa de Vallecas que las investigaciones las llevaba la Brigada Provincial de Información de Madrid, y que era esta brigada la que investigaba el caso de la Goma 2 ECO, aún no resuelto, y no la comisaría vallecana.

En el mismo sumario, el juez autorizó la detención de otro agente al que, tras tomarle declaración, le dejó en libertad bajo fianza de 10.000 euros. Le considera sospechoso de un delito de tráfico de drogas, entre otros.

El Mundo, 17-12-2006

El grupo político Ciudadanos convoca una asamblea para captar afiliados en Valladolid


El coordinador regional, Francisco García Salinero, presentará el día 22, en el centro cívico El Campillo, el ideario de la formación, con orígenes en Cataluña
Ciudadanos -la formación política que en las pasadas elecciones autonómicas catalanas obtuvo tres diputados en el parlamento regional- prepara su desembarco en Valladolid y lo hace con un primer acto público programado para el próximo viernes día 22, a las 19.30 horas, en el centro cívico El Campillo.

La agrupación política, que dispone de una coordinadora regional en Salamanca, se ha fijado como objetivo la captación de nuevos afiliados en Valladolid, para lo cual ha convocado la asamblea informativa del viernes, con la que pretende incrementar el número de ocho afiliados que en la actualidad existen en la capital del Pisuerga.

El hostelero José Luis Castrillón es uno de los integrantes de la plataforma de Ciudadanos en Valladolid y asegura que la convocatoria del viernes persigue «incrementar el número de afiliados para poder crear una agrupación municipal, compuesta por entre 12 y 20 personas».

«No tenemos prisa y la presentación de una lista en las elecciones no es tan urgente -asegura Castrillón- pero sí nos gustaría trabajar en ese sentido, si la ciudad responde». Entre los simpatizantes de la formación política que ya han confirmado su vinculación con Ciudadanos o su presencia a la asamblea se encuentran Luis Martín Arias, docente de la Facultad de Medicina, y el profesor de Ética y Deontología de la Comunicación en la Universidad Miguel de Cervantes, Miguel Ángel Quintana.

«La lista se completa con abogados y jóvenes informáticos de la ciudad», comenta Castrillón, quien destaca que entre los primeros vallisoletanos que simpatizan con Ciudadanos «no hay ningún político. Eso es una ventaja, pero al mismo tiempo supone un inconveniente, porque los procedimientos de la política nos son ajenos». No obstante, esperan subsanar esta dificultad con el apoyo de la agrupación Ciudatants de Cataluña.

Regeneración

La formación catalana basó parte de su argumentación política en el nacionalismo, asunto que apenas tiene trascendencia en la vida política local y regional. Sin embargo, según Castrillón, «junto a esta hay otra idea más importante que es la de la regeneración democrática. Existe un empecinamiento en el bipartidismo, entre el Partido Popular y el PSOE que se han abonado a una política a la defensiva, de crítica al contrario sin plantear alternativas ni ilusionar a la ciudadanía. Este grupo apuesta por una política distinta y más importante que tenga al ciudadano en su centro de actuación». Francisco García Salinero, coordinador de Ciudadanos en Castilla y León, se desplazará desde Salamanca para participar en la asamblea y apoyar la campaña de afiliación en Valladolid. La capital vallisoletana es una de las ciudades que se ha fijado la formación política para comenzar su implantación en España

Victor M. Vela (Norte de Castilla.es) (16/XII/06)
C´s#: adelante ciudadanos!!

Ciudadano Actua: Gracias por no Fumar-No al Tabaco.

La Ministra Elena Salgado solicita la colaboración ciudadana para erradicar el tabaco


Carod afirma que hay que "despolitizar la lengua" para que pase de ser una lengua política a un "idioma común"


El vice presidente de la Generalitat de Catalunya y presidente de ERC, Josep Lluís Carod Rovira, afirmó hoy que hay que "despolitizar la lengua", lo que "no quiere decir desentenderse de la lengua sino implicarnos al máximo en conseguir hacer el salto de que el catalán sea una lengua sólo de unos cuantos para que se convierta en el idioma común".

Carod hizo estas declaraciones durante el Consejo nacional de ERC celebrado esta mañana en Reus (Tarragona)
en el que el partido renovó un tercio de su Ejecutiva, un total de 11 cargos. Todos los que han entrado en el Gobierno han abandonado la directiva del partido para evitar duplicidades.

Con estos cambios, Xavier Vendrell será el nuevo vice secretario general de coordinación interna y acción electoral, y Anna Simó será la vice secretaria general de acción política.

Asimismo, el Consejo Nacional ratificó el nuevo reglamento de Carta Financiera con todos los votos a favor menos uno en blanco. Como aspecto destacado, ésta establece que ningún funcionario de la Generalitat la deberá hacer efectiva.

Durante su intervención, Carod explicó el organigrama de gobierno y aseveró que "los 21 escaños que hemos obtenido tienen mucho más mérito político que los conseguidos hace tres años" y agradeció a la sociedad catalana una vez más su confianza.

El líder de ERC defendió el gobierno catalán y consideró que "no estamos en una etapa post nacional sino pre nacional, una etapa en la que se está construyendo la nación". A su vez, señaló que "nuestro proyecto es un proyecto diferente a otros proyectos que ya están clarísimamente acabados" y que la Entesa representa "un proyecto de patriotismo social basado en el hecho de compartir".

Asimismo, Carod abogó por la figura del vice presidente y dijo que "es cierto que había la posibilidad de otra figura, la de conseller primer, pero existía como posibilidad pero no como obligación institucional a la hora de articular el gobierno".

"Las áreas que han quedado en manos de ERC son clave para asegurar un futuro más positivo para nuestra sociedad", comentó. Sobre la conselleria de Innovación, Universidad y Empresas explicó que responde "a una visión moderna de una economía, de un crecimiento y de un progreso del país que liga al futuro de la economía el futuro de la universidad y la investigación".

Acerca de la conselleria de Cultura y Medios de Comunicación, Carod dijo que demuestra que se cumple el compromiso de ERC "de que la política cultural sería una prioridad" y destacó el "prestigio y la independencia" de conseller Joan Manuel Tresserras.

Por su parte, la portavoz de ERC, Marina Llansana, aseveró que la renovación de los cargos de la Ejecutiva coincide con una nueva etapa de trabajo en el seno del partido "en la voluntad de diferenciar y disociar la actividad del gobierno de lo que es la actividad del partido" y conseguir que "el partido tenga una dinámica propia en un proyecto que va mucho más allá de esta legislatura y que es el reto de conseguir la independencia para Catalunya".

TARRAGONA, 16 (EUROPA PRESS