lunes, 29 de enero de 2007

Brutal ataque del PSOE contra Gustavo Bueno


España y Libertad se solidarizó con el filósofo y en un comunicado afirmó que "España y Libertad entiende que los únicos “insultos” que aquí existen son los que unos políticos ávidos de poder realizan contra la verdadera historia de Andalucía y a la unidad de España".

El secretario de Organización del PSOE-A, Luis Pizarro, urgió ayer al filósofo y profesor emérito de la Universidad de Oviedo, Gustavo Bueno, a "rectificar los insultos a Andalucía, a sus instituciones, a los ciudadanos andaluces y a la democracia" que, en su opinión, ha realizado durante la presentación en Oviedo de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes) al referirse a la reforma del Estatuto que se somete a referéndum el próximo 18 de febrero.

Bueno valoró el Estatuto andaluz como un "episodio más" del "ataque existente" hacia la unidad de España y afirmarse que "si Andalucía ha sido algo a nivel nacional lo ha sido a través de España",

"NO SOPORTA QUE ANDALUCÍA HAYA SALIDO DEL SUBDESARROLLO"

"Se nota que no soporta que Andalucía haya salido del subdesarrollo al que nos sometió la derecha centralista", señaló Luis Pizarro, que puso de manifiesto que "cuando a Andalucía le ha ido bien ha sido con la España de las Autonomías, y no con la España rancia, centralista y sectaria".

"El discurso de Gustavo Bueno nos reafirma que vamos por el buen camino", subrayó Luis Pizarro, que exigió al filósofo y profesor una "rectificación urgente de sus insultos a Andalucía, a sus instituciones, a los ciudadanos andaluces y a la democracia".

SOLIDARIDAD

La Plataforma España y Libertad ha hecho público un escrito de solidaridad con el prestigioso filósofo español que por su interés reproducimos a continuación:

Ante los ataques que esta sufriendo Gustavo Bueno por parte del PSOE, tras sus críticas a la reforma del estatuto andaluz durante la presentación en Oviedo de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes), España y Libertad quiere mostrar su solidaridad con el ilustre filósofo español.

España y Libertad entiende que las declaraciones del secretario de Organización del PSOE-A, Luis Pizarro, acusando a Gustavo Bueno de “insultar a Andalucía, a sus instituciones, a los ciudadanos andaluces y a la democracia" y descalificando al filósofo, tildándolo de “rancio” y “patético”, constituyen un ataque contra la libertad de expresión, un desprecio al mundo de la cultura y una muestra más de la intolerancia contra el que piensa diferente de un PSOE, que no rechista ante las manifestaciones antiespañolas de los partidos nacionalistas - como ERC – pero no duda en reprender a quienes defienden la unidad de España.

España y Libertad entiende que los únicos “insultos” que aquí existen son los que unos políticos ávidos de poder realizan contra la verdadera historia de Andalucía y a la unidad de España. Los únicos que insultan a la democracia son aquellos que pretenden hacer callar a quienes denuncian la sinrazón de unas reformas estatutarias que la ciudadanía no ha pedido, ni necesita. Los únicos que insultan al pueblo español son quienes se inventan abracadabrantes “naciones” que atentan contra la unidad y convivencia nacional.


Ciudadanos en la Red se solidariza con el Profesor Gustavo Bueno, y condena los actos de quienes, como el señor Luis Pizarro del PSOE de Andalucía, tratan de impedir en este país la Libertad de Expresión, faltaría más.

Minuto Digital (26/01/07)

La Audiencia pide al Congreso que remita con la "máxima urgencia" siete comparecencias de la comisión del 11-M

La Audiencia Nacional ha solicitado al Congreso que le envíe con carácter de "máxima urgencia", la intervención que realizó Félix Hernando, coronel jefe de la UCO de la Guardia Civil, ante la comisión de investigación del 11-M. El Mundo denuncia este lunes que Hernando cometió falso testimonio durante su declaración. También demanda copias de las declaraciones del ex subdirector general Operativo de la Policía, Pedro Díaz Pintado; el ex jefe de los TEDAX, Juan Jesús Sánchez Manzano; y el ex ministro del Interior Ángel Acebes; el "agente Víctor"; el comisario jefe de la UDYCO, Calleja Menéndez y el inspector jefe del grupo de Policía Científica de la comisaría de Alcalá de Henares, Luis Martín Gómez. Los peritos comenzarán este martes el análisis las nuevas pruebas sobre los explosivos.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que es la que juzgará el caso 11-M, ha dirigido sendos escritos al presidente de la Cámara Baja, Manuel Marín, a los que tuvo acceso Europa Press, en los que reclama que, antes del próximo 15 de febrero –fecha de comienzo de la vista del juicio oral–, le expida y remita una serie de documentos.

En primer lugar, solicita copia certificada del diario de sesiones de la comisión de investigación correspondiente a la intervención el 27 de julio de 2004 del "agente Víctor" (guardia civil que contactó con el confidente Rafa Zouhier); la de Calleja Menéndez, comisario jefe responsable de la unidad de droga y crimen organizado UDYCO en Madrid, el día 19 de octubre de ese año; y la que hizo Félix Hernando el día 20 de julio.

Precisamente, el diario El Mundo señala en su edición de este lunes que el coronel Hernando cometió falso testimonio en su comparecencia ante esta comisión, ya que, según alega, omitió que su unidad había elaborado el 6 de marzo de 2003 un documento donde ya se informaba con detalle sobre las personas que estaban llevando a cabo tráfico de explosivos, armas y drogas.

En su segundo escrito, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional demanda al Congreso copia testimoniada del extracto del diario de sesiones de otras cuatro declaraciones ante la comisión de investigación, así como la reproducción en vídeo de las mismas. En concreto, pide la del inspector jefe del grupo de Policía Científica de la comisaría de Alcalá de Henares, Luis Martín Gómez (el 14 de julio de 2004); la del ex jefe de la Unidad Central de desactivación de explosivos y NBQ Juan Jesús Sánchez Manzano (7 de julio); la del ex subdirector general operativo de la policía Pedro Díaz Pintado; y la del ex ministro del Interior Ángel Acebes.

Los peritos comenzarán este martes los nuevos análisis

Mientras, los peritos encargados de realizar nuevos análisis sobre las muestras-testigo y los restos de explosivos recogidos en los escenarios y focos de las explosiones, comenzarán este martes después de tomar este lunes posesión de sus cargos ante la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional. Finalmente, el número de expertos encargados de llevar a cabo las pruebas será inferior a 10, ya que algunas de las partes que solicitaron la revisión de los restos, entre las que se encuentran defensas y varias asociaciones de víctimas, han preferido no proponer peritos propios y aceptar los resultados de los de la Policía y Guardia Civil, informaron fuentes jurídicas.

Los peritos han firmado un contrato de confidencialidad y se han comprometido a no acceder a las dependencias de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía donde se realizarán los análisis portando móviles o cualquier tipo de aparato susceptible de utilizarse para realizar fotografías. El equipo de peritos dispondrá hasta el próximo 13 de febrero a las 15:00, dos días antes del inicio del juicio, para presentar el borrador de su informe. En el caso de que los restos existentes no sean suficientes, deberá emitirse un informe antes del 10 de febrero en el que se explique la razón por la que no existen muestras, porqué no se recogieron o consumieron o no se realizó pericia sobre ellas. La prueba pericial será grabada en audio y vídeo "por, al menos, dos cámaras que se usarán sucesivamente" y que después serán precintadas en presencia del secretario judicial.

Europa Press y Libertad Digital, 29-01-2007

La presunta estrategia antiterrorista

"Ya dijo Rodríguez que De Juana estaba por la paz. Halago que compaginó con el empeño en descabezar, desarticular, neutralizar, ahogar financieramente y criminalizar a las víctimas del terrorismo."

Los socios de gobierno de Montilla y Hereu, que lo son de Rodríguez en el Parlamento, han defendido el chantaje al Estado del carnicero De Juana como una causa humanitaria. Lo que es peor, una vez frustrados por el Pleno de la Audiencia, toman al que mató a veinticinco personas, al que jamás se ha arrepentido, al que ha proferido graves amenazas contra funcionarios de prisiones, y lo comparan –con ventaja para el terrorista– con un comunicador que les molesta. Piden, para este sí, que actúe la justicia. Por sembrar el odio.

Mientras tanto, Gara destaca –pone en la diana– los nombres y fotografías de los magistrados que votaron contra el criterio de la ETA. Que era, por cierto, el de ERC, PNV e IU. Que era, por cierto, el de la fiscalía, es decir, el del Gobierno, es decir, el del PSOE. Ya dijo Rodríguez que De Juana estaba por la paz. Halago que compaginó con el empeño en descabezar, desarticular, neutralizar, ahogar financieramente y criminalizar a las víctimas del terrorismo.

Dicen que el entorno de Rodríguez, ante las previsibles consecuencias electorales de la omnipresencia etarra en el debate público –es decir, ante el riesgo de perder pronto cargos y sueldos–, le recomiendan encarecidamente que se centre en más gratos asuntos: economía, políticas sociales y tal. ¿Han comprendido antes que su jefe el fracaso de la no-estrategia de negociación?

No. No han comprendido nada. No han comprendido que, por absurdo que parezca, el presidente ha querido, y sigue queriendo, ligar su futuro a la ETA. ¿Por qué? Bien, las razones no son de fácil escrutinio. Tratando de penetrar la lógica zapaterina, podrían tener que ver con la mezcla de varios factores: adanismo, arrogante desatención a asesores especializados y a experiencias pasadas, complicidad asegurada del vario nacionalismo periférico con el fin de cerrar el paso de por vida al Partido Popular (salvo que gane por mayoría absoluta, y ya veremos que pasaría en tal caso con los mensajes de móvil, las calles y la gente del cine). Y por fin, como razón crucial, utilización de las concesiones derivadas de la negociación para precipitar el verdadero programa de Rodríguez: el cambio de régimen.

Sólo esta mezcla de razones, o alguna muy parecida, explica que el Gobierno hiera la sensibilidad de toda la derecha y de gran parte de la izquierda amortizando en cuatro días a las víctimas de Barajas y enviando a los terroristas el mensaje de que pueden seguir matando sin que él modifique lo más mínimo una estrategia que no merece el nombre de antiterrorista.

Juan Carlos Girauta
Libertad Digital, 29-01-2007

Las chapuzas de la negociación y la falta de autocrítica

El presidente Zapatero debe todavía a los españoles una explicación sobre el gigantesco fallo de información que le llevó a trasladar un mensaje de optimismo sólo 24 horas antes del atentado de la T-4. A pesar de que el Gobierno ha intentado desviar la atención hacia otros debates, como el de la unidad de los partidos, es evidente que los ciudadanos tienen derecho a conocer qué fue lo que falló y qué medidas se están tomando para evitar que una cosa así pueda volver a suceder. A falta de estas aclaraciones oficiales, los datos que han trascendido acerca de los contactos del Gobierno con la banda terrorista abonan la tesis de que Zapatero -que pilotó el proceso en primera persona- ha actuado con ingenuidad y exceso de confianza.

Tanto los comunicados de ETA como las informaciones que viene publicando Gara, el periódico próximo a la banda, permiten deducir que los terroristas pudieron llegar a creer -porque lo dedujeron de las conversaciones con los enviados de Zapatero- que el presidente del Gobierno iba a relajar la presión policial, a paralizar los procesos judiciales y a conceder la autodeterminación y la adhesión de Navarra. De ahí que la banda asegure que el Gobierno no ha cumplido sus «compromisos».

La información que hoy aporta EL MUNDO demuestra que, además de producirse estos malentendidos, el proceso de conversaciones con la banda tuvo mucho de chapuza. ETA cambió de interlocutores en la última reunión que mantuvo con la delegación de Zapatero, a la que no acudió Josu Ternera. Los enviados del Gobierno ni siquiera pudieron reconocer a algunos de los terroristas que se sentaron a la mesa, lo cual ciertamente es increíble tratándose de un diálogo de tanta trascendencia. Posteriormente al encuentro, los representantes del Gobierno recurrieron a la Policía para descubrir la identidad de sus interlocutores. Aun así, la delegación -compuesta por los socialistas Jesús Eguiguren, Francisco Egea y el ex fiscal general Javier Moscoso, según fuentes policiales- creyó que ETA no atentaría porque la banda se comprometió a mantener los canales abiertos.

A la vista está que se equivocaron, aunque nadie quiera asumir la responsabilidad. Es verdad que Zapatero pidió disculpas por el error, pero no explicó cuáles habían sido las causas de su equivocación. Una de ellas bien podría tener que ver con las personas que designó para negociar con ETA, que se han comportado como amateurs. Eguiguren, con Patxi López en la retaguardia, es el representante del sector del PSE más proclive al nacionalismo y Javier Moscoso hace mucho tiempo que está apartado de la política.

Como tampoco los socialistas vascos admiten haber cometido ningún error, a pesar de las evidencias. Patxi López, en una entrevista que publicamos hoy, asegura: «Ni el Gobierno ni quienes nos hemos implicado en este proceso nos hemos equivocado ni hemos cometido errores». La negación de la realidad que ven los ciudadanos es el peor camino de los posibles en democracia.

Editorial de El Mundo, 29-01-2007

Los enviados del Gobierno ni siquiera sabían con qué etarras negociaban

La banda no aseguró que no fuera a romper la tregua, pero los intermediarios lo entendieron así porque mantenía los cauces abiertos / Al último encuentro no acudió el prófugo 'Josu Ternera'.

Tras el último encuentro tuvieron que repasar los ficheros policiales para averiguar la identidad de alguno de sus interlocutores Interpretaron que el mero hecho de que se hubiera celebrado la reunión de diciembre implicaba que ETA estaba dispuesta a mantener su «alto el fuego permanente»

ETA cambió a sus interlocutores habituales, al menos, en la última reunión que mantuvo con los intermediarios del Gobierno de Rodríguez Zapatero.


Según las fuentes consultadas, al último encuentro celebrado en diciembre no acudió Josu Urrutikoetxea, Josu Ternera. Y además, otro de los negociadores presentados por la banda terrorista no fue reconocido por los enviados gubernamentales.

Aun así, los representantes del Ejecutivo consideraron que el encuentro encerraba todas las garantías requeridas y decidieron su continuación. Posteriormente, tuvieron que cotejar fotos y alias con las Fuerzas de Seguridad del Estado para poder concretar la identidad de los interlocutores.

Ésa fue la reunión de la que los intermediarios gubernamentales -probablemente los socialistas Jesús Eguiguren y Francisco Egea, según una identificación policial, así como el ex fiscal general del Estado, Javier Moscoso- extrajeron la conclusión de que la banda había decidido no romper la tregua, al menos, a corto plazo.

De hecho, el Gobierno, aunque no trabajaba con un horizonte en el que fuera creíble la existencia de atentados, abordaba la situación a corto plazo y únicamente se atrevía a dar garantías por un mes.

Este espacio de tiempo era, efectivamente y, de por sí, excesivamente corto, pero, según las fuentes consultadas, suficiente para intentar convencer a Batasuna de la conveniencia de llegar a un preacuerdo sobre los contenidos y los plazos de la mesa oficial de partidos políticos, y para cerrar con ETA una reunión, ya no preparatoria ni con intermediarios, sino con los representantes oficialmente designados por el Ejecutivo.

El encuentro que, probablemente, se celebró de nuevo en una capital nórdica -el Gobierno ha negado que tuviera lugar en Turquía- se produjo después de que la banda terrorista y la izquierda abertzale advirtiesen de la existencia de una crisis en el proceso iniciado para acabar con el terrorismo. Durante meses, la banda vino avisando de lo que consideraba «incumplimientos» del Ejecutivo.

Como ya había señalado de manera reiterada y prácticamente desde sus comunicados del mes de junio, su prioridad era la creación de una mesa de partidos políticos en la que, como dejó bien claro, no podía llegarse a un acuerdo que conllevase una reedición del Estatuto de Gernika.

Desde el primer momento aclaró que el marco jurídico español debía verse superado y añadió a sus exigencias la ausencia de detenciones, la paralización de los procedimientos judiciales contra la izquierda abertzale y la legalización de Batasuna, tres puntos en los que el Gobierno se había mostrado más que receptivo en las negociaciones previas al alto el fuego.

Esta situación de reproches y exigencias cuajó a mediados del mes de agosto cuando ETA, en un comunicado oficial, avisó de la gravedad de la crisis abierta.

La izquierda abertzale aparentó que quería encontrar una solución y propuso la firma de un pacto previo para la convocatoria oficial de la mesa de partidos, un preacuerdo para cuya negociación, secreta y extraparlamentaria, fue incorporado el PNV.

Ni los compromisos ni la idea del atisbo de acuerdo fueron suficientes para la banda terrorista porque en el Zutabe posterior -el boletín dirigido al pueblo vasco, tal como se ocupó de especificar ETA- incluyó determinadas advertencias a la izquierda radical y, después de cambiar varios plazos, puso como época definitiva para cumplir con sus condiciones la de finales de otoño.

A pesar de las amenazas, el Ejecutivo creyó contar con datos que indicaban que ese ultimátum de ETA estaba más dirigido a presionar y a escenificar una situación de dureza ante sus bases, que a indicar la fecha aproximada de un atentado con víctimas mortales. Aun así, se consideró oportuna la concertación de un encuentro para asegurar la continuación del proceso de paz.

En aquella reunión, los etarras no garantizaron expresamente a los enviados del Gobierno que no fueran a romper la tregua, pero aseguraron que mantenían los canales abiertos y dieron a entender con ello que, por el momento, no tenían de qué preocuparse.

Esta confirmación de que las vías de comunicación permanecían abiertas fue suficiente para que el Gobierno se diera por satisfecho. La impresión optimista se vio reforzada por el hecho de que la banda terrorista siempre ha adelantado a sus interlocutores mediante un comunicado y, previamente, de manera privada, su intención de romper las treguas que ha iniciado.

En la citada reunión, al parecer, no hubo asomo de advertencia en este sentido y el Ejecutivo extrajo la conclusión de que el plazo de finales de otoño estaba superado.

Sin embargo, poco después quedaría claro que ETA, saltándose sus propias normas, había decidido inaugurar el sistema de las treguas para negociar compatibles con atentados y que, desde este punto de vista, tampoco tenía por qué advertir a sus interlocutores.

Eguiguren, en cualquier caso, no supo en aquellos momentos con quién había estado negociando. Respecto al alcance de la ausencia de Josu Ternera, hay varias lecturas.

Las Fuerzas de Seguridad venían advirtiendo incluso desde antes del verano que este terrorista en el que el Gobierno basaba la fiabilidad del proceso, había recibido la advertencia de los más radicales sobre la necesidad de verificar la intención del Gobierno de dar pasos en el proceso.

Después se constató que había quedado mermada su autoridad. Sin embargo, los expertos sostienen que Ternera asumió la decisión de atentar por consenso como el resto y que, probablemente, no acudió a la cita por dos razones intimamente conectadas entre sí: la primera, porque quería preservar su eventual papel futuro de negociador y la segunda, porque ya sabía lo que se estaba preparando en diciembre, en Madrid, a pocos días del encuentro.

Ángeles Ecrivá
El Mundo, 29-01-2007