domingo, 28 de octubre de 2007

PP reclama el derecho a usar, en toda España, el castellano en vida pública

C's Red: Después de 25 años de Genocidio Cultural con los niños en Cataluña, el PP parece que quiere empezar a reaccionar. De todas formas, no deja de sorprender la ingenuidad del planteamiento al pedir al Gobierno de ZP que asegure que todos los alumnos concluirán la educación secundaria obligatoria dominando plenamente las dos lenguas.

Señores del Partido Popular, ustedes no tienen sangre en las venas.
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El grupo parlamentario popular ha presentado una moción en la que insta al Gobierno a "garantizar la libertad" y el "derecho a usar y participar en lengua castellana" en todos los ámbitos de la vida pública de los ciudadanos, y particularmente en las autonomías con lenguas cooficiales.

Esta moción responde a la interpelación urgente que el PP dirigió al ministro de Cultura, César Antonio Molina, para que aclarase las medidas del Ejecutivo para "erradicar" la "situación de marginación" que vive el castellano en algunas comunidades autónomas.

El titular de Cultura aseguró, en el Pleno del Congreso, que el castellano vive "el mejor momento de su historia" y defendió la convivencia de todas las lenguas cooficiales.

Molina añadió que el problema que traslada el PP "tiene que ver más con una idea de entender España".

La moción del Partido Popular emplaza al Ejecutivo a garantizar la enseñanza en castellano de todas las materias y en todas las etapas educativas, de acuerdo a un marco de bilingüismo "equilibrado" e "integrador".

El PP recuerda que el castellano, según establece la Constitución, es la lengua oficial del Estado y que "todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho de usar".

Por este motivo, pide al gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero que asegure que todos los alumnos concluirán la educación secundaria obligatoria dominando plenamente las lenguas oficiales que correspondan a su comunidad autónoma.

Además, insta al Ejecutivo a que recabe informes de la Alta Inspección de Educación, del Defensor del Pueblo y del Foro para la integración social de los inmigrantes del Ministerio de Trabajo, para conocer el grado de respeto a los derechos lingüísticos en las escuelas, las quejas de los ciudadanos en esta materia y el grado de formación de los inmigrantes, respectivamente.


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