miércoles, 10 de septiembre de 2008

Zapatero culpa al PP y a Bush de la recesión y promete más intervención pública

LANZA TRES MEDIDAS DE DUDOSA EFICACIA

Balas de fogueo para superar la crisis. El presidente del Gobierno utilizó este miércoles su comparecencia en el Congreso para atacar a la oposición y anunciar tres medidas cuya efectividad es, al menos discutible. Zapatero impulsará las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria -justo en un momento en el que todo lo que suene a mercado bursátil o a ladrillo genera la huída de los capitales-, elevará las pensiones -aunque Trabajo diga que esto es “insostenible”- y dará dinero público a las inmobiliarias premiando la ineficiencia y falta de previsión de estas empresas.


El Gobierno avisa: vienen "tiempos duros" y los españoles deberán resignarse y esperar a que la tormenta escampe. Mientras tanto, desde Moncloa se plantean parches de dudosa efectividad y que no son apoyados por el Parlamento. Del debate en el Congreso de los Diputados se pueden extraer algunas conclusiones interesantes para determinar el grado de maniobra y voluntad que tiene el Ejecutivo en la aplicación medidas anticrisis.
Todos los grupos parlamentarios atacaron la gestión del Gobierno y su falta de previsión en la pérdida de vigor de la economía, a lo que el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, replicó con críticas indiscriminadas, especialmente al PP, justificando la existencia de la crisis por la política del ex presidente Aznar a finales de los años noventa y por las turbulencias financieras estadounidenses, que han secado la liquidez de las empresas y ha generado la desconfianza en la salud de los bancos y cajas de ahorros.
A pesar de que desde Moncloa se había filtrado a varios medios de comunicación que la intervención de Zapatero se centraría en ofrecer soluciones para paliar el espectacular crecimiento del desempleo, con una tasa de paro que ya alcanza el 11 por ciento, el presidente se limitó a anunciar tres iniciativas cuyo éxito está en entredicho antes incluso de llevarlas al papel.
Se trata de la creación de las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria, la inyección de dinero de todos los contribuyentes en el sector de la promoción de viviendas y la ya explicada subida del 6 por ciento de las pensiones mínimas.
Nuevos vehículos de inversión
En primer lugar, la llegada a España de las Real Estate Investment Trust (REIT), es decir, vehículos de inversión que aportan ventajas respecto a otros modelos, como pueden ser los Fondos de Inversión Inmobiliaria que ya existen en España.
Según explica José Luís Suárez, profesor del IESE, “la ventaja de los REIT es que son sociedades anónimas, como cualquier otra empresa, que normalmente cotizan en Bolsa, con la diferencia de que no están gravados por el Impuesto de Sociedades, ya que están obligados a distribuir hasta el 100 por cien de sus beneficios en forma de dividendo a los accionistas”.
Zapatero explicó en el Congreso que las nuevas sociedades cotizadas "contribuirán a dinamizar el mercado inmobiliario", ya que servirán para facilitar el acceso a la inversión en inmuebles al pequeño y mediano ahorrador, proporcionarán flexibilidad a las inversiones inmobiliarias de las empresas y aportarán liquidez a las inversiones en esta actividad.
Esto es cierto, pero sólo cuando los mercados bursátiles pasan por una etapa de estabilidad y cuando los inversores confían en la rentabilidad de la inversión inmobiliaria, factores que, en la actualidad, no se producen.
El presidente del Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), Graham Chase, alerta de que “una de las condiciones para garantizar el éxito de estas sociedades de inversión es que se establezcan en países que gozan de una economía y un mercado de valores estable, y podría ser bastante peligroso que se introdujeran en mercados con grandes fluctuaciones”.
En la actualidad, todo lo que suene a ladrillo provoca el terror en los inversores, tras la explosión de la burbuja inmobiliaria, por lo que parece difícil que la medida remonte la actividad de las promotoras.
Dinero de todos para premiar la ineficiencia
En segundo lugar, el presidente apostó por destinar dinero público, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), para salvar la cara a unas inmobiliarias que se han endeudado hasta límites insospechados, han destinado parte de sus recursos a aventuras empresariales en otros sectores de actividad y han adoptado un modelo de negocio a todas luces insostenible, sobre todo en una economía donde la deuda de las familias supera en un 20 por ciento su renta disponible, con un entorno alcista de tipos de interés.
A todo ello, se añade ahora la destrucción de empleo y una inflación desbocada, lo que lastrará aún más el poder adquisitivo de los ciudadanos.
En concreto, el Gobierno dará 3.000 millones de euros para financiar a los promotores que pongan sus pisos en alquiler, lo que, según Zapatero, permitirá ampliar los plazos de los préstamos que han solicitado estas empresas para la construcción de viviendas, ya que el sector financiero ha cortado el grifo a las inmobiliarias como consecuencia del hundimiento de las ventas y la caída de los precios, que ya alcanza el 8 por ciento.
En España sí hay subprime
Lo que Zapatero no explicó es que los bancos y cajas de ahorros no prestan dinero a las promotoras porque no lo podrán devolver. Aunque para el inquilino de La Moncloa la razón de la crisis de liquidez internacional se encuentra en el estallido de la crisis de las hipotecas basura en EEUU (subprime), esto no implica la falta de responsabilidad nacional.
El hecho de que una empresa realice una gestión de negocio pésima no le habilita para recibir dinero de todos los contribuyentes, ya que esto premia la ineficiencia. Es lo que ha pasado con el rescate del sector hipotecario norteamericano y, tras un primer día de euforia, los mercados ya castigan la política intervencionista del otro lado del Atlántico.Y es que el déficit de EEUU se ha triplicado tras esta operación de salvamento.
Además, y en contra de lo considerado por el vicepresidente económico, Pedro Solbes, a las pocas semanas del derrumbe financiero en EEUU, en España sí que hay hipotecas de alto riesgo, Sólo hay que analizar la evolución de las titulizaciones hipotecarias de las entidades españolas, que es la forma en la que los bancos y cajas comparten el coste del préstamo para la compra de vivienda con los inversores. Estos bonos son hoy papel mojado y ninguna entidad extranjera apuesta por esta vía para mejorar su negocio.
Modelo de pensiones “insostenible”
La tercera medida que propuso Zapatero es el aumento de las pensiones mínimas en un 6 por ciento para el próximo año. Esta subida añadirá más factores de riesgo a la evolución futura del sistema de pensiones, que, según un informe interno del Ministerio de Trabajo e Inmigración, es ya “insostenible”.
El estudio, elaborado por la Universidad de Salamanca, la Universidad Autónoma de Madrid, el sindicato UGT y la consultora Labour Asociados, pone en tela de juicio la viabilidad del sistema si no se reducen las pensiones, ampliando el periodo de cotización a toda la vida laboral.
De esta forma, a la hora de calcular la pensión entrarían en ponderación los primeros años de la vida laboral que, en líneas generales, tiene retribuciones más bajas que los del final de la carrera (en la actualidad se tienen en cuenta los últimos 15 años para calcular la prestación).
Otra vía para evitar que la Seguridad Social entre en déficit sería aumentar las cotizaciones sociales, según Trabajo, pero esto es imposible si lo que se persigue es crear empleo. A más cargas empresariales menos incentivos para contratar.
Desviación del IPC
Y todo ello, sin contar con la carga que supondrá para las arcas publicas la compensación a los pensionistas por la desviación del Indice de Precios de Consumo (IPC). La ley obliga a compensar a este colectivo por cada décima que separe a la inflación del 2 por ciento.
Las previsiones de la Comisión Europea (CE) revelan que España cerrará el año con una inflación del 4,5 por ciento, es decir, dos veces y media por encima del objetivo. Eso sí, Zapatero apuntó este miércoles que la tasa se situará en el 4 por ciento a final de año, ya que “la CE siempre se equivoca”.
En definitiva se tratan de parches que no sólo no van a impulsar la economía española, sino que dificultarán la salida de la recesión en el largo plazo. En épocas de vacas gordas siempre es necesario ajustarse el cinturón y adoptar medidas que, aunque sean impopulares, son necesarias. Son las tantas veces mencionadas y nunca realizadas “reformas estructurales”, entre las que destacan la reforma del mercado laboral para dotarlo de flexibilidad, la congelación de los sueldos de los cargos públicos (de todos) y la liberalización de sectores intervenidos, entre otras iniciativas. Pero de esto, nada de nada.


Libertad Digital

Large Hadron Collider (Gran Colisionador de Hadrones)



Un decreto de la Generalitat elimina el castellano de los parvularios catalanes

EN EL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL: DE TRES A SEIS AÑOS
Se usará catalán 'en actividades internas' y 'externas' de la comunidad educativa.
Desde las exposiciones del profesorado o el alumnado a la relación con los padres.

La Generalitat ha aprobado un decreto que, al adaptar la normativa educativa al nuevo Estatut, eliminará el castellano de los parvularios. El artículo 4 de la citada norma establece: "El catalán, como lengua propia de Cataluña, se tiene que utilizar normalmente como lengua vehicular de enseñanza y aprendizaje". La nueva regulación prevé también que el catalán sea el idioma preferente para el entendimiento entre los profesores y los padres, al ordenar que esta lengua se use tanto "en las actividades internas" como en "las externas de la comunidad educativa", sgún publica EL MUNDO.

En concreto, el catalán se usará a partir de ahora en segundo ciclo de educación infantil, es decir, en la educación que se reciba de los tres a los seis años, "en las actividades orales y escritas del alumnado y del profesorado, exposiciones del profesorado, libros de texto y material didáctico, actividades de aprendizaje y de evaluación y comunicaciones con las familias".

El decreto no hace referencia a cuál será la presencia del castellano en las aulas del segundo ciclo de educación infantil, aunque incorpora una cláusula por la que se establece que "se respetarán los derechos lingüísticos individuales del alumno, de acuerdo con la legislación vigente".

Este precepto podría remitir al artículo 21.2 de la actual Ley de Política Lingüística que prevé: "Los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano. La Administración ha de garantizar este derecho y poner los medios necesarios para hacerlo efectivo.Los padres o tutores lo pueden ejercer en nombre de sus hijos instando a que se aplique".

Esta disposición no ha llegado a aplicarse nunca, puesto que los formularios de preinscripción escolar no disponen de una casilla para solicitar que la primera enseñanza, que es hasta los ocho años, se imparta en castellano.

El Mundo

1.000 alcaldes y concejales catalanes firman un manifiesto por la autodeterminación

Un total de 958 alcaldes y concejales de 434 municipios de Catalunya y dos más de la Comunidad Valenciana se han adherido en un manifiesto a favor del derecho de la autodeterminación de esta comunidad autónoma.

La gran mayoría de los firmantes pertenecen a CiU, ERC e ICV-EUiA, entre los que destacan el líder de los ecosocialistas en el Ayuntamiento de Barcelona, Ricard Gomà, y también alcaldes destacados de estas formaciones, como la de Ripoll (Girona), Teresa Jordà (ERC); el de Tortosa (Tarragona), Ferran Bel (CiU); el de Palafrugell (Griona), Lluís Medir (ICV-EUiA-EPM); el de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Antoni Morral (ICV-EUiA-EPM); el de Molins de Rei (Barcelona), Ivan Arcas (ICV-EUiA-EPM) y el de Les Borges Blanques (Lleida) y diputado en el Parlament, Miquel Àngel Estradé (ERC).

De todos ellos, 143 son alcaldes, según informa la plataforma que impulsa este documento --cuyo título es ¡Decidimos! Manifiesto de cargos electos locales-- en su página web.

Periodista Digital