miércoles, 1 de octubre de 2008

Ahora las empanadillas


canalsu

El Gobierno subirá el IRPF una media de 400 euros por contribuyente en 2009

El Gobierno ya ha presentado los Presupuestos Generales del Estado para 2009, unas cuentas públicas que auguran un déficit fiscal del 1,9 por ciento para el conjunto de las Administraciones Públicas, cerca del límite que establece la UE. La partida destinada a las prestaciones por desempleo dispara los fondos destinados al Ministerio de Trabajo, rúbrica que, junto con las infraestructuras –la otra partida más importante- obligará al Gobierno a aumentar la deuda pública. Pero el Gobierno realiza una subida de impuestos encubierta a las rentas del trabajo (una media de 400 euros por contribuyente), al tiempo que rebaja las exigencias tributarias a la actividad inmobiliaria.
El déficit se aproximará al límite de la UE
La deuda crecerá hasta el 38,8% del PIB
El mayor aumento del gasto, el paro
El Gobierno ha decidido subir los impuestos a las rentas del trabajo y dar aliento al sector promotor inmobiliario mediante su política tributaria en los nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2009.

La decisión de no actualizar el IRPF con la inflación supondrá una subida fiscal de 2.500 millones de euros, es decir, que cada trabajador de renta media deberá pagar 400 euros más en su declaración de la Renta. Para impulsar el sector del ladrillo, Solbes recupera las deducciones por alquiler y elimina el gravamen en la venta de vivienda, siempre que el dinero se emplee en comprar otro inmueble.

Y es que la caja del Estado está vacía, el sector público no puede financiarse en el exterior por la restricción crediticia mundial y la deuda del Estado no es atractiva para los inversores internacionales. Por lo tanto, el Gobierno cree que la mejor vía de evitar el hundimiento actual de los ingresos fiscales es mediante subidas de impuestos. En este caso, el método escogido es la no deflactación de la tarifa del IRPF, es decir, que no se actualiza el Impuesto sobre la Renta con la inflación.

Esta decisión del vicepresidente económico, Pedro Solbes, supondrá en total una subida en el pago de los contribuyentes de 2.439 millones de euros, según los cálculos publicados por el diario Expansión, con una media de 400 euros por contribuyente, justo la rebaja prometida por el PSOE en campaña electoral y que se ha empezado a aplicar este año.

En concreto, aquellos ciudadanos que ganen más de 26.000 euros tendrán un castigo fiscal de 245,8 euros; pero para las rentas superiores a 33.000 euros al año el golpe será mayor, de 471,5 euros.

La explicación de este fenómeno no es sencilla, pero es real. El Gobierno actualiza la tarifa del IRPF en el 2 por ciento, a pesar de que la inflación está en el 4,6 por ciento, pero la mayoría de los salarios sí se actualizan con la subida de los precios. De esta forma, hay contribuyentes que pasan de tramo en el IRPF, al elevarse su salario por estar ligado con la inflación, pasarían a pagar más impuestos sin que exista un incremento de su poder adquisitivo, más bien al contrario.

Y es que la caída del consumo prevista en los PGE de 2009 no aumentará los ingresos por IVA, mientras que el Impuesto de Sociedades también verá menguar su recaudación por el mal momento que viven las empresas. Por lo tanto, el Gobierno castiga a las rentas del trabajo para capear el temporal y evitar una mayor subida del déficit presupuestario, que alcanzará el 1,9 por ciento el próximo año para el conjunto de las Administraciones Públicas.

Impulsar el sector inmobiliario

Para evitar la caída en cadena del sector promotor de vivienda, el Gobierno aplicará una exención “de las ganancias patrimoniales que se obtengan como consecuencia de la transmisión de vivienda habitual del contribuyente, con la condición de que el importe total obtenido en la venta de la misma se reinvierta en la adquisición de una nueva vivienda que vaya a constituir su residencia habitual”.

A este respecto, el Gobierno se cura en salud, ya que la caída de los precios de los pisos no hace atractiva la venta. Por ello, “en el caso de que el importe reinvertido sea iferior al total de lo percibido en la transmisión, únicamente se excluye del gravamen la parte proporcional de ganancia patrimonial obtenida que corresponda a la cantidad reinvertida”. Con esta medida el Ejecutivo quiere dinamizar la compraventa de inmuebles.

En materia de alquiler, Solbes recupera la deducción por arrendamiento de vivienda, que estaba vigente antes de la reforma del tributo en 1.999. Consiste en la desgravación del 10,05 por ciento de las cantidades satisfechas en un año en concepto de alquiler de casa habitual, siempre que la base imponible del contribuyente sea inferior a los 24.020 euros al año. La base máxima de esta deducción será de 9.015 euros si el contribuyente gana menos de 12.000 euros al año; y será inferior para las rentas que superen esta cuantía.

El Gobierno justifica esta desgravación al alquiler para “equilibrarla” con la de la compra de vivienda, pero la política del Gobierno ha ido en otro sentido. Hasta ahora, los Presupuestos Generales del Estado recogían ciertas ventajas fiscales para aquellos inquilinos que contaban con un contrato de alquiler anterior al 24 de abril de 1998.

En la declaración de 2007, la última presentada por los contribuyentes, Solbes eliminó este beneficio tributario. La deducción se recupera ahora, pero por una cuantía inferior a la vigente hasta 2006,
tal como avanzó LD.

Apuesta por los biocombustibles

Finalmente, el Gobierno establece “un tipo cero” (exento de pago fiscal) en el Impuesto de Hidrocarburos para el biogás destinado al uso como carburante, “dando así idéntico tratamiento que al gas natural destinado a su uso como carburante en los motores estacionarios y a los restantes biocarburantes (bioetanol, biometanol y biodiesel) que ya tributaban anteriormente a tipo nulo.

Con todas estas modificaciones, Solbes espera aumentar la recaudación por IRPF un 9,7 por ciento, lo que supone una inyección de casi 7.000 millones de euros respecto a los pasados PGE, para situar el total de ingresos por este tributo en los 77.444 millones de euros. Sin embargo, la recaudación prevista por el Impuesto de Sociedades caerá un 32,3 por ciento, hasta 30.085 millones de euros; mientras que los ingresos por IVA se reducirán un 13 por ciento, con 53.323 millones de euro

Libertad Digital

Lenguas y mentiras (sobre el manifiesto). Por Javier Orrico

¿Qué llevó a los españoles a odiar a España? ¿Qué hondísima frustración originó, como defensa, la percepción de que España era algo distinto de los españoles mismos? Una interpretación ya clásica sostiene que los movimientos separatistas no son sino hijos de un rencor exculpatorio: al apartarse de España, al inventarla como ajena, también la culpa de su hundimiento era ajena a aquellos que, a partir del desastre de 1898, se declararon igualmente colonias interiores, territorios tan sometidos como la Cuba recién perdida, naciones abortadas por el imperialismo castellano que ahora se levantaban para reclamar su lugar en la Historia.

Todo el siglo XIX, la larga guerra civil que nos dejó como herencia el cretino de Fernando VII -del que ZP es reencarnación-, los intentos por construir un Estado liberal que nos devolviera la autoestima por la pérdida del Imperio y nos sumara a la modernidad, saltan hechos añicos ante la evidencia, aquel 98, de la incapacidad y el estado cadavérico de una nación sin pulso. La desbandada necesitaba justificarse de alguna manera: las lenguas regionales o vernáculas se convertirían así en la seña de identidad de los nuevos proyectos nacionales, el instrumento para acabar con la lengua común, el español, cuya mera presencia recuerda los lazos con ese pasado culpable.

Pero todo esto, siendo cierto, me parece insuficiente. Olvida lo más simple y, casi siempre, lo más cercano a la verdad: el factor humano, el resentimiento pequeño-burgués y la pura xenofobia de unos territorios que soñaban con haber sido imperios mediterráneos o pueblos elegidos, cuando no habían pasado de fábricar calcetines o boinas.

Lo que ha resultado novedoso en el proceso de disgregación español ha sido el silencio de la derecha (sin olvidar las nefastas políticas de Fraga , Matas y la UPN en Navarra) y el apoyo de la izquierda a estas curiosas dictaduras de chapela y porrón. Apoyo que, con Zapatero, se ha convertido en mucho más: aliento, asunción, complacencia, impulso decidido, proyecto propio, estatut. Hoy, desdichadamente, forman parte de la doctrina de cualquier ortodoxo de izquierdas todas las falacias sobre las que los neonazis regionalistas fundamentan su poder. Y así, sólo unas pocas personalidades, mayoritariamente del ámbito de Rosa Díez, se han atrevido a redactar un manifiesto de denuncia contra la política lingüística de los nuevos regímenes. Manifiesto, insuficiente y tímido, que al menos ha conseguido remover el aborregamiento de una nación otra vez sin pulso, y situarnos frente a la evidencia de lo que no hemos querido ver.

Nada nuevo, por otra parte. Desde la filología más comprometida, hace ya muchos años que se combaten las mentiras sobre las que se ha fundamentado todo este proceso. Si quieren algunas referencias esenciales, lean “Lengua española y lenguas de España” o “Política lingüística y sentido común”, de Gregorio Salvador; o toda la serie (bastaría con “El paraíso políglota”) que nos dejó su discípulo predilecto, Juan Ramón Lodares, desdichadamente desaparecido en el momento en que su combate y sus libros eran más necesarios. Ambos han sido satanizados por la lingüística nacionalista precisamente porque venían a destruir el correlato lengua-nación que sacraliza el predominio de casta que encierran las políticas lingüísticas. No se engañen, lo que se esconde detrás –cada vez menos, recuerden a Rubianes y a la ministra Chacón apoyándolo- es el odio a España como filtro de acceso a la condición de lacayo de la clase dominante.

Sólo cabe, en el espacio de un artículo, aludir a algunas de las falsedades con las que se aplasta a los ciudadanos de lengua materna española en regiones que nunca fueron otra cosa que España:

1) España es un país plurilingüe. En sentido estricto, falso. En España hay una lengua común, el castellano (denominación errónea hoy), que además se hizo para eso, para ser “lingua franca”. Las demás son lenguas de España, pero no son la lengua española por antonomasia, la única oficial porque es la única que puede serlo. Y para ignorantes de las nuevas izquierdas zapateras aclararemos que fue la II República la que la declaró oficial por primera vez. Las que sí son plurilingües son las regiones españolas con dos lenguas oficiales, precisamente las que pretenden dejar de serlo, las que niegan a las personas el derecho a educarse o a usar en la vida pública la lengua oficial de su elección. Un país plurilingüe es, pues, aquel en el que varias lenguas se hallan implantadas en todo el territorio (Cataluña, País Vasco, Galicia, Baleares...), o en el que existen distintos ámbitos monolingües. Es decir, en el que –como Suiza- no existe lengua común. Pero ni Francia (bretón, vasco, occitano, catalán), ni el Reino Unido (gaélico, inglés), ni Italia (italiano, francés, alemán, más su fuerte presencia aún de verdaderos dialectos), ni Finlandia (finés, sueco), aun con varias lenguas, son países plurilingües. O, entonces, lo somos todos, salvo las tribus más primitivas, y el término carece de valor.

En suma, con el plurilingüismo lo que quieren es colocarnos ante una simetría entre las lenguas españolas que jamás existió, y hoy menos que nunca, para extender el catalán, vasco y gallego a unos ámbitos a los que son completamnete extrañas. Y, sobre todo, a las instituciones, donde quisieran compartir un estatuto de cooficialidad con el español, tal y como hace poco les consintió escenificar la Audiencia Nacional a los independentistas que quemaron fotos del Rey y no quisieron declarar más que en catalán con intérprete. Algo absurdo, contando como se cuenta con una lengua común, a los ojos de cualquier persona que no esté carcomida, como los nacionalistas, por ese rencor de que hablábamos al principio.

2) El español se impuso políticamente. Falso. El castellano nació ya como lengua de frontera, con vocación criolla, con un sistema vocálico sencillo y fácilmente asimilable, tomado del vascuence, y una capacidad de evolución y absorción de cambios lingüísticos incomparable con cualquier otra lengua romance. Por eso se hizo español lo que nació castellano, y se extendió imparablemente porque todos se incorporaron naturalmente a él y le aportaron su savia. Bajo la denominación de español caben todas sus variantes, toda su riqueza popular y universal. Es la lengua de comunicación y cultura propia de todos los españoles desde hace más de quinientos años, y de unos casi cuatrocientos millones de hispanohablantes hoy. Sólo un dato: en el siglo XVI se editan en Cataluña más libros en ‘castellano’ –que ya entonces el emperador Carlos, flamenco de nación, llamaba mi lengua “española”- que en catalán. Por eso, llamarlo castellano es ya aceptar un reduccionismo, negarle su condición centenaria de lengua común, mayoritaria como materna en todas esas regiones que la proscriben. Los más beneficiados, impulsores históricos de la universalización de la enseñanza del español, fueron precisamente los que sin su conocimiento no hubieran podido nunca salir de Matadepera, Porriño o Mondragón.

En fin, como se dice en el manifiesto, no hay peligro alguno para el español, qué mas quisieran. Los que sufren son los catalanes, vascos, gallegos, mallorquines o valencianos –ojo con los inicios de deriva nacionalista de la derecha valenciana- que desean educar a sus hijos o atender en sus negocios a la gente en la lengua que les dé la gana. Han sido reducidos a la condición de minoría perseguible. La Constitución ha sido traicionada una vez más y los españoles comienzan nuevos exilios forzosos. Esto, al parecer, es lo que Zapatero llama la extensión de derechos. Firmen el manifiesto. Al menos daremos por saco.

El blog de Javier Orrico

Noruega exige a Apple que venda las canciones en iTunes sin protección anticopia

La Ley de Control del Marketing prohíbe expresamente cualquier mecanismo que impida a un noruego reproducir en el dispositivo que elija las películas o canciones que haya adquirido | El resultado de esta disputa podría sentar un precedente que siguieran otros países como Alemania, Francia o Dinamarca

La compañía Apple tendrá que cambiar el funcionamiento de su servicio iTunes para operar en Noruega, si no quiere enfrentarse a un futuro incierto para su tienda de música en Europa, tal y como explica la publicación Ars Technica.


El sistema de protección de derechos digitales (DRM) de Apple impide que las canciones descargadas de iTunes puedan ser escuchadas en aparatos no fabricados por la compañía de la manzana.

Por su parte, la Ley de Control del Marketing noruega prohíbe expresamente cualquier mecanismo que impida a un ciudadano reproducir en el dispositivo que elija las películas o canciones que haya adquirido. Se trata de fortalecer la libertad de consumo de sus ciudadanos por medio de lo que denominan "interoperabilidad".

El conflicto entre iTunes y esta ley se produjo hace dos años y, desde entonces, funcionarios noruegos y ejecutivos de Apple se han reunido para llegar a un acuerdo que coloque las actividades de la compañía dentro de la legalidad.

Sin embargo, el defensor del consumidor noruego asegura que apenas nada ha cambiado en la tienda de música de Apple, por lo que ha decidido dar un ultimátum a iTunes: o en noviembre cumple con la legislación noruega, o deberá atenerse a las consecuencias, en forma de duras sanciones económicas.

Contratos con las discográficas

Apple traslada el problema a las discográficas, con las que firmó acuerdos que impedirían cualquier retirada de la protección anticopia de las canciones, mientras busca una solución que contenté a aquel país.

Seteve Jobs se juega mucho en este asunto. De la solución quedé al pequeño país nórdico, dependerá el futuro de iTunes en Europa, pues Francia, Alemania y Dinamarca, entre otros Estados, son partidarios de legislaciones similares.

Precedente en el DVD

No es la primera vez que Noruega se enfrenta a grandes compañías para defender el derecho de sus ciudadanos a la interoperabilidad. Los reproductores de DVD en aquel país se venden sin la protección anticopia de zonas geográficas que sí se aplica en otros países, como España. En nuestro país, un consumidor no puede reproducir una película en DVD que haya adquirido en una zona geográfica distinta a la europea.
adn.es

La política lingüística impuesta por ERC. Por Albert Branchadell

Publicado en EL PERIÓDICO DE CATALUÑA 28/09/2008
Rebajas de verano

Las posibilidades de rectificar la futura ley de educación, que rebaja aún más la presencia del castellano en la escuela, son escasas

¿Qué referente va a ser Catalunya para el multilingüismo, si propone un sistema educativo monolingüe?


Atrás queda el verano y los niños regresan a las escuelas después de tres interminables meses de vacaciones. Quienes tengan hijos que hayan empezado P-3 o hayan cambiado de colegio acaso recuerden el periodo de preinscripción y en especial el impreso que rellenaron con mano temblorosa ante el riesgo de no obtener plaza en el centro educativo deseado. Si alguien conserva las instrucciones que acompañaban al impreso en cuestión, todavía podrá leer una nota que pronto será historia: de acuerdo con la ley de política lingüística, "los niños tienen derecho a recibir la educación infantil y el primer ciclo de educación primaria en su lengua habitual" (léase, castellano). ¿Historia? Sí. El pasado 14 de agosto, en plena temporada de rebajas, el conseller Ernest Maragall presentó finalmente ante el Parlament el proyecto de ley de educación de Catalunya, que justo empieza su andadura parlamentaria. Si hasta ahora, al menos sobre el papel, se podía solicitar la educación en lengua castellana desde P-3 hasta segundo de primaria (es decir, durante cinco años), la futura LEC limita esa posibilidad a P-3 o a primero de primaria (es decir, durante un año y basta).

¿PORQUÉ esta rebaja tan drástica en el ejercicio del derecho a recibir la primera enseñanza en castellano? Buena pregunta. Pero a lo mejor la pregunta no hay que hacérsela a Ernest Maragall, sino a Joan Puigcercós, que ahora mismo no está en el Govern, pero sin duda influye en sus decisiones. Joan Puigcercós y otros dirigentes de su partido encarnan de modo excelente la respuesta más inteligente que se ha dado desde Catalunya al Manifiesto por la Lengua Común impulsado por El Mundo. Si Fernando Savater y demás expresan reservas (por utilizar un término suave) sobre la posición que ocupa el castellano en el sistema educativo de Catalunya, lo que hay que hacer no es examinar la posible razonabilidad de las reservas, sino debilitar abiertamente esa presencia, en este caso reduciendo (sin justificación conocida) las posibilidades de solicitar la enseñanza en lengua castellana. Es decir, añadiendo más leña a un fuego que es fácil encender, pero que luego cuesta mucho sofocar, si no es que acaba abrasándonos a todos. Y las posibilidades de rectificación del apartado lingüístico de la futura LEC en el trámite parlamentario son escasas: con rostro sombrío, la portavoz de ERC en el Parlament, Anna Simó, lo dejó muy claro en su rueda de prensa del día 17: "No dejaremos que se modifique el título lingüístico".
Ahora bien, la rebaja impuesta por Puigcercós a Maragall no es nada comparado con lo que otros miembros de ERC han llegado a sugerir este verano. En el marco de la Universitat Catalana d'Estiu, donde impartía el curso Planificación lingüística y diversidad de la Unión Europea, Bernat Joan insinuó que ni siquiera sería necesaria la asignatura de lengua castellana en las escuelas. "Aunque no se enseñara en el sistema educativo de Catalunya, la gente sabría castellano por pura inmersión en el medio". En otras palabras, no hacen falta tres horas de castellano, como exige el ministerio, ni dos, como defiende la Generalitat: con cero horas basta, porque el castellano ya se aprende en la calle. El mismo Bernat Joan reconoció que suprimir la asignatura de castellano tiene un pequeño problema, y es que el castellano (aún) es una lengua oficial.
Pero el verdadero problema de la propuesta de Joan no es ese sino otro. Por un lado, sugerir que un sistema educativo debería prescindir de la enseñanza formal de una lengua porque esta ya se aprende en la calle se aproxima bastante a lo que, con todos los respetos y el diccionario en la mano, podríamos definir como una solemne sandez. ¿Alguien se imagina a Ìorgeráur Katrín Gunnarsdóttir, ministra de Educación de Islandia (por poner un caso de país lo más monolingüe posible), sugiriendo que no es necesario enseñar islandés en las escuelas con el argumento de que la lengua se aprende "por pura inmersión en el medio"? Por otro lado, el problema es que Joan no es un miembro de ERC cualquiera, sino un "alto cargo" de la Generalitat, como explica la web de su propio partido, y no un alto cargo cualquiera, sino nada más y nada menos que el secretario de Política Lingüística: es decir, el encargado de hacer cumplir la ley que, a fecha de hoy, todavía reconoce no solo la obligación de enseñar castellano a todos los escolares, sino también la posibilidad de solicitar la enseñanza en castellano desde P-3 hasta segundo de primaria.

BERNAT JOAN siempre podría escudarse en la libertad de expresión diciendo que acudió a Prada a título personal. No... En el programa del curso, Joan no figura como doctor en Filología Catalana, sino como secretario de Política Lingüística. En el temario, por cierto, figura un punto interesante: La política lingüística catalana com a referent europeu. ¿Qué referente vamos a ser para el comisario europeo de Multilingüismo, Leonard Orban, si todo lo que pensamos ofrecer es un sistema educativo tan monolingüe como cualquier otro? Con profesores como Joan, no es extraño que las universidades catalanas prefieran mantener las distancias con una Universitat Catalana d'Estiu que lastra su valor académico con una carga política que algún futuro equipo rector debería tener la valentía de sacudirse."

El País