jueves, 29 de enero de 2009

Autobus en una ciudad de los USA

«El Islam era la forma de vida de
Abrahan, Moises, Jesús y Mojamé»


Para los musulmanes todos ellos eran profetas del Islam

El Ayuntamiento de La Coruña promueve una campaña de denuncias contra funcionarios

A TODOS LOS QUE NO ATIENDAN EN GALLEGO

El Ayuntamiento socialista de La Coruña está promoviendo una campaña de denuncias a los funcionarios que atiendan en castellano. Según la COPE, la iniciativa “Primero sonríe y después, si no te hablan en gallego, denuncia”, ya ha sido denunciada por el PP.


El consistorio coruñés liderado por Javier Losada ha editado, en colaboración con la Mesa por la normalización lingüística, una serie de folletos en los que promueve el castellano por la vía de la denuncia al empleo de la otra lengua oficial. En ellas se emplea el topónimo Galiza, en lugar de Galicia que está estipulado en el Estatuto de Autonomía, según la información de la cadena COPE.

En la campaña también se proporciona un teléfono 902 no gratuito y un correo electrónico para facilitar la denuncia a los trabajadores municipales y de otros organismos públicos (como Correos, Hacienda o RENFE) que no respondan en gallego después de haberlo solicitarlo.

Según reza la campaña del Ayuntamiento del socialista Javier Losada, realizada en colaboración con el BNG, “lo mejor es no discutir, ni perder los nervios o el tiempo, pida que le atienda otro trabajador en gallero y si hay dificultad denuncie”.

Según la cadena COPE, el Partido Popular ya ha lamentado otro acuerdo del Ayuntamiento coruñés con la Mesa de Normalización Lingüística, que en los últimos meses también trató de imponer el gallego a los comerciantes por la vía de la amenaza.

Libertad Digital

La tormenta perfecta. Por José Luis González Quirós

En 1987, con motivo del desastre del Challenger, Richard P. Feynman, seguramente el físico más eminente de la segunda mitad del siglo XX, que era, además, un prodigioso ingeniero, hizo un informe sobre las causas de la catástrofe. El dictamen fue inmisericorde con los errores cometidos y terminaba con una reflexión que ha sido citada con frecuencia: “si se quiere tener éxito hay que atender a la realidad por encima de las relaciones públicas, porque la naturaleza no puede ser burlada”. El asunto, un fallo que conmovió al mundo, no era meramente tecnológico, porque los errores derivaban, de una u otra manera, de los politiqueos y las operaciones de imagen. Sé de sobra que la política es una materia menos exacta que la tecnología, pero el pensamiento de Feynman es un permanente recordatorio de los peligros del autoengaño.

Con frecuencia me viene a la cabeza el consejo de Feynman cuando considero la situación histórica en la que se encuentra la sociedad española y la clase de cataplasmas que se nos propone aplicar. Creo que nuestro riesgo es adentrarnos en la tormenta perfecta si seguimos insensatamente el consejo de los que dicen que lo pasaremos mal por un tiempo, pero no hay ningún peligro de naufragio y que debemos comportarnos como si no pasase nada.


Estamos ante la conjunción de una triple crisis, una coincidencia terriblemente desdichada pero que de nada sirve negar. En primer lugar una crisis constitucional que se pone de manifiesto por la implosión del Estado de las Autonomías, un monstruo inestable e insaciable que hace inviable cualquier política sensata y que ha puesto sobradamente de manifiesto el fracaso de los repetidos intentos, de la derecha y de la izquierda, para conseguir una mínima lealtad de los nacionalismos. Además de ese fracaso, el sistema ha impulsado la propia desarticulación de los partidos nacionales que es bastante evidente, en especial en el PP.

Estamos, en segundo lugar, ante una gravísima crisis de los partidos centrales del sistema, tanto del PP como del PSOE, seguramente más evidente en el PP, pero no menos grave en la izquierda. Una buena parte de los dirigentes de los partidos se comporta como si fueran los propietarios del poder y se dedican a disputárselo a dentelladas, olvidándose de cualquier consideración moral, de cualquier patriotismo, y del respeto a los electores, de cuya voluntad se consideran dueños. Ellos lo saben todo, lo hablan todo y lo deciden todo, mientras el público se dedica a pagar impuestos y a salir adelante como puede.

En consecuencia, el Parlamento está casi muerto y el presidente pretende sustituirlo por un debate ante unos ciudadanos anónimos que, de cualquier modo, le han dejado muy en evidencia. Las administraciones públicas aumentan su personal (en Extremadura más del 30% trabaja para la Junta, por ejemplo) para mayor lucimiento de los gerifaltes y se dedican a mejorar el mobiliario, a inaugurar embajadas o a crearse sus propios servicios de seguridad, supongo que para protegerse de la ira popular cuando la cuerda se rompa de tanto tensarse.

Por último, una crisis económica y de empleo espectacular que el gobierno trata sin éxito de ocultar detrás de una realidad internacional también bastante acongojante. Los españoles podrían pensar que nuestro actual nivel de vida está garantizado por alguna especie de milagro, pero se equivocarían. El hecho es que hemos abandonado de manera aparentemente brusca el camino de la prosperidad, y todo se nos antoja aparece negro y espantoso, sobre todo cuando consideramos en qué manos estamos. Nuestra economía está rota, nuestras instituciones no funcionan ni a medio gas, la Justicia no sirve para nada (sirve de tan poco que los políticos tienden a refugiarse en ella para disimular sus calaveradas y sus líos), nuestras grandes empresas se desinflan y los grandes periódicos se convierten en boletines de facción pretendiendo que se dedican al periodismo de investigación.

Me parece evidente que buena parte de la clase política se dedica a disimular la gravedad de la situación, en buena medida fruto de su incompetencia y de su falta de interés por los problemas reales, y que cuando algunos políticos ponen el dedo en la llaga, como ha hecho, por ejemplo, Manuel Pizarro, desaparecen extrañamente del primer plano. El sistema necesita un retoque muy a fondo, una especie de refundación, que solo podrá hacerse previo acuerdo de los dos grandes partidos, pero, de momento, parecen más interesados en la trifulca que en nuestro porvenir.

En mi opinión, ese acuerdo es casi impensable con Zapatero en el poder y debería ser posible tras una victoria del PP que ahora no parece ni siquiera imaginable. El PP parece entretenido en debilitar sus bastiones, aunque la responsabilidad de unos sea mayor que la de otros, y está completamente ausente de las esperanzas de salvación de los atribulados españoles que el lunes mostraron no creer ni una palabra al inquilino de la Moncloa. En esta situación hay que preguntarse con cierta angustia: ¿hay alguien ahí?

el confidencial

La Frase Progre. Por Mercedes Cabrera

"La sentencia confirma que Educación para la Ciudadanía es una asignatura como cualquier otra.."

No, no. No mienta, señora. Educación para la Ciudadanía no es una asignatura como cualquier otra, porque el Tribunal Supremo le ha dicho explicitamente que no puede utilizarla para adoctrinar a los chavales. Eso no se lo hubieran dicho de las matemáticas o de la gimnasia.

Están los progres españoles encantados con el fallo de los jueces. Pero, ¿a alguien le ha sorprendido? Son los mismos jueces que nombran los políticos, y que les deben el cargo y el sueldo. Lo sorprendente sería que se opusieran a los designios del gobierno. De hecho, la señora Cabrera estaba tan segura de cual iba a ser la decisión de los jueces que grabó un video hablando sobre ella 2 días antes de que se produjera. ¿Bien, eh?

La asignatura será legal, pero es inmoral. El Estado no tiene ningún derecho a imponer moral alguna a los ciudadanos. No hay derecho a que los burócratas eduquen a nuestros hijos en las bondades del socialismo y del estatismo, para convertirlos en fieles siervos que les votarán el día de mañana, y que no protestarán cuando el Estado les recorte libertades y les robe su dinero. Ya les habrán explicado en el cole que es por "el bien común". Tururú.

La Frase Progre

Brecht en Alcalá. Por Hermann Tertsch

HUBO un tiempo en el que Stalin y Beria decoraban la puerta de Alcalá. Stalin y Beria, anotación pie de página, no eran gallegos ni extremeños ni madrileños. Tampoco eran personajes del género chico y Zarzuela inmensamente populares en la capital de la gran República impoluta que es el modelo que nos evoca el Gran Timonel. Aunque sí eran ambos, Stalin y Beria, patronos, amos y pagadores de algunos de los que por aquí imponían su lógica. Eran dos de los peores asesinos, propagadores del terror en el terrible siglo XX. Lo cierto es que sus seguidores entusiastas, que a la postre eran ínfima minoría, pusieron sus imágenes en la Puerta de Alcalá. Como es cierto que nadie fue a quitarlas aunque a muchos ofendieran. Como en San Sebastián sesenta años después, el pasado día del santo, el 20 de enero. Se pedía amnistía, es decir, impunidad, para quienes asesinan con la misma vocación aunque afortunadamente con menos medios. El barrio de Salamanca, sus habitantes, estuvieron bien quietos entonces, en 1937. Más o menos como los habitantes de la Parte Vieja de San Sebastián hace unos días. Nadie se levantó a protestar contra el insulto que supone ensalzar a asesinos. Stalin y Beria eran dos georgianos que sabían cómo tratar a la gente. Hicieron un tándem magnífico en la generalización del terror. Supieron generar una desconfianza entre la ciudadanía que quebró todos los recursos de la buena voluntad y la decencia en contra de su política criminal.

Yo, como podrán ustedes suponer, no estaba allí. Como no estaba la mayoría de los españoles que hoy viven y que desconoce que estos hechos se produjeran. Muy poco después, un par de años son una siesta, muchos españoles iban a Alcalá a clamar a favor de que triunfara Hitler en su intento de tomar Moscú. Algunos eran otros. Otros eran los mismos. Nos quedan pocos supervivientes de aquellas hazañas. De las odas a Stalin y los coros a Hitler. De quienes celebraban los éxitos del exterminio de los «kulakos» en Ucrania o los que aplaudían las ofensivas del genocidio nazi en todo el este de Europa como gesta cristiana. Queda por aquí alguno, muy protagonista, y hoy convertido en santo laico por el Gobierno que los españoles han elegido.

Eso es lo que nos debiera preocupar. Llegan momentos de emergencia en los que muchos no podrán permitirse el lujo de planteamientos morales a la hora de sobrevivir. Hablo de millones de parados que tarde o temprano perderán todo soporte y saldrán a defender su muy legítimo derecho a la supervivencia con modos y métodos que muchas veces no serán ni legítimos, ni legales ni morales. Pero ya dijo Bertoldt Brecht en unos años treinta del siglo pasado que cada vez son más actuales: «Zuerst das Fressen, dann die Moral» (Lo primero comer, después la moral). Curiosamente, trágicamente, los primeros en este dilema serán aquellos que desde el poder intentan rescatar o pretender una legitimidad que sus continuas estafas han puesto en duda. Y parecen ser ellos, que jamás han leído a Brecht, los que nos van a dar una lección de supervivencia. Propia. No van a ponernos una imagen de Stalin en Alcalá. Ni en la antigua checa de Fomento. Pero van a demostrar a todos los petimetres de este país que ellos saben defender su derecho a la zampa.

ABC - Opinión

¿Por qué el Gobierno lo supo antes que nadie?

«¿Por qué la ministra supo el fallo antes que nadie y por qué lo mantuvo en secreto durante más de 48 horas? ¿Por qué ha mentido posteriormente? ¿Quién filtró la sentencia al Gobierno y por qué lo hizo?»

Ni 50.000 objeciones –caso único en la historia de la educación española–, ni 1.594 recursos, ni 263 resoluciones contrarias a Educación para la Ciudadanía han sido suficientes. El Tribunal Supremo se ha pronunciado con un inusual retraso sobre la polémica asignatura invalidando de plano la objeción a la misma. En líneas generales, lo que el Alto Tribunal ha dispuesto es la obligatoriedad de cursar esa materia para todos los alumnos de España, sin distinción de Comunidad Autónoma ni de centro de enseñanza, y la resolución –aparentemente firme– de evitar el adoctrinamiento a través de la asignatura. No obstante, al dictado del Supremo le queda aún recorrido: una sentencia que se promete larga y que tratará sobre la espinosa cuestión de los contenidos.


Los padres objetores y todos aquellos que se han opuesto públicamente a la mal llamada Educación para la Ciudadanía tienen por delante un recorrido judicial nada despreciable. Por de pronto, los promotores de la objeción, responsables a su vez de llevar el caso hasta el Supremo, han asegurado que continuarán por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. La victoria sin paliativos que ya pregonan a voz en grito los medios de comunicación adictos al Gobierno no ha sido tal. Del Supremo puede salir muy podada en contenidos y cabe la posibilidad de que no traspase el umbral del Constitucional. Pero lo importante es la propaganda y crear la impresión de que se han salido con la suya. En esto, por descontado, son consumados expertos.

Dejando a un lado el anormal entusiasmo de los palmeros habituales de Zapatero, que se han entregado con la fe del converso a la causa de esta asignatura, el que ha quedado en evidencia ha sido el propio Gobierno convertido, una vez más, en juez y parte, de su propio delirio educativo. Se esperaba el fallo para el pasado lunes pero, por causas desconocidas, no se ha hecho público hasta dos días después. Cuando decimos que no se ha hecho público nos referimos a todos los españoles que no forman parte del Ejecutivo que, según parece desprenderse de los acontecimientos, estaba enterado de la sentencia desde, al menos, el lunes pasado.

En el estilo arrogante y chapucero que ya es marca de la casa, la ministra de Educación ha anunciado el fallo del Supremo recordando que un comunicado más elaborado sobre el tema se encontraba disponible en la popular página web de vídeos en línea Youtube. La sorpresa ha llegado cuando la redacción de este diario ha descubierto que ese vídeo-comunicado fue publicado hace más de dos días, el lunes por la mañana exactamente. Comparando el atuendo de la ministra en ambas comparecencias y tras un par de llamadas al Ministerio, la conclusión más probable es que el Ejecutivo conocía la sentencia como muy tarde el lunes y ha mantenido una ficción hasta el día en que el Supremo ha decidido darla a conocer.

Partiendo de que la división de poderes es ya pura fábula en España, cabe hacerse ciertas preguntas que el Gobierno debería contestar inmediatamente. ¿Por qué la ministra supo el fallo antes que nadie y por qué lo mantuvo en secreto durante más de 48 horas? ¿Por qué ha mentido posteriormente? ¿Quién filtró la sentencia al Gobierno y por qué lo hizo? ¿Es ésta la primera aplicación práctica de la Educación para la Ciudadanía, asignatura cuya piedra filosofal es el imperio de lo político sobre todas las cosas? ¿Hemos de resignarnos a esto?

Libertad Digital - Opinión