miércoles, 11 de febrero de 2009

Gallardón, Wyomizado

Kirchner. Por Alfonso Ussía

«Lo que falta en Argentina puede encontrarse en Suiza, en Liechtenstein, en los paraísos fiscales caribeños e incluso en los poderosos bancos de Singapur»

Es de esperar que este artículo no obstruya la fluidez de las relaciones diplomáticas entre España y Argentina, naciones a las que amo apasionadamente. A la primera, por ser la mía, y a la segunda por vivencias, amigos y sentimientos. Argentina es un prodigio que no merecen algunos argentinos, lo mismo que España es una maravilla inalcanzable para muchos españoles. Pero aquel país inmenso, estallante, culto y formidable es aún más raro que el nuestro. Nadie comprende su situación económica, a no ser que se acepte que está siendo robado a manos llenas desde la mitad del pasado siglo. Lo que falta en Argentina puede encontrarse en Suiza, en Liechtenstein, en los paraísos fiscales caribeños e incluso en los poderosos bancos de Singapur.


De devolverse el cincuenta por ciento de lo robado, Argentina encontraría su equilibrio económico. Sucede que ningún político argentino quiere cambiar el sistema, porque perjudicaría su futuro. Y lo importante de Argentina no es su política, bastante rastrera, sino su gente, su cultura, su paisaje, su diversidad, su folclore y su talento natural. Los argentinos nacen inteligentes y filósofos, y de ahí que no se entienda su ceguera cuando se trata de elegir a quienes optan por gobernarlos. Volvió Perón –el gran culpable–, del exilio dorado madrileño y empeoró la situación, como era de esperar. Muerto Perón, los argentinos, tan apasionados en su nacionalismo, elevaron a su viuda, María Stella Martínez, a la presidencia de la República. Esa señora estaba tan capacitada para gobernar en Argentina como el que escribe para proyectar un rascacielos. El resultado fue un aumento del terrorismo montonero y una durísima dictadura militar, que aún se lamenta. Y la señora Martínez de Perón no se apropió por capricho de la Casa Rosada. Los argentinos la pusieron ahí. Han convertido en héroe intocable a un tramposo profesional. Se trata de un futbolista. Han hecho de una nación potencialmente rica, un desbarajuste económico que ni ellos mismos entienden. Y han aceptado el establecimiento de una monarquía conyugal que resulta, a todas luces, ridícula. Al Presidente le sucede la mujer del Presidente. Desde el poder es más fácil ganar las elecciones, de tal modo que la Primera Dama ocupa el lugar de su marido y éste pasa de presidente de la República a Primer Pibe, compartiendo ambos los mismos guisos de antaño.

La señora Kirchner es peronista, y por ende, demagoga. Nada simpática. Más inclinada en las apariencias al indigenismo de Evo y la farsa bolivariana de Chávez, pero sólo para cubrir el expediente entre sus votantes maradonianos. Ahora está con las nacionalizaciones y pretende quedarse con lo que otros países, entre ellos España, ha invertido en Argentina. Dice que las empresas españolas han ganado demasiado dinero. Esa es la obligación de las empresas. Nadie invierte fuera ni dentro para perder. Su batalla fundamental es la de enajenar, más que nacionalizar, las Aerolíneas Argentinas, cuyo capital mayoritario es español. Lo puede conseguir mediante un decreto. Y Aerolíneas Argentinas volverá a ser una sociedad totalmente argentina, es decir, que caerá de nuevo en el desastre económico. Además, que a mí el botox me horroriza, y esta señora, con el permiso del Primer Pibe, tiene botox hasta en la demagogia.

La Razón - Opinión

Zapatero y sus huidas hacia adelante

«Esta permanente huida hacia adelante a través del gasto público no debería quedar oculta por ese "chocolate del loro" que es la nimia reducción de los gastos no financieros del Estado anunciada por Zapatero.»

Si tenemos en cuenta que desde la ultima comparecencia de Zapatero en el Congreso para analizar la situación económica, el pasado noviembre, España ha registrado un aumento de medio millón de nuevos desempleados, sería lógico esperar que las primeras palabras del presidente del Gobierno en su intervención de este martes ante la Cámara hubieran sido para anunciar la destitución, como mínimo, del ministro de Economía.

Zapatero, sin embargo, ha dejado pronto en evidencia que su comparecencia no tenía otro objetivo que confirmar su permanente huida hacia delante, en la que el único "anuncio estrella" ha sido una irresponsable, inconcreta y demagógica propuesta de "mantener e incrementar" la cobertura por desempleo, "sea cual sea el número de parados" que alcance el país en esta crisis. Eso, unido a una ridícula reducción de los gastos no financieros del Estado de 1.500 millones de euros.


Dada la absoluta inconcreción del anuncio de Zapatero y dada su probada afición al engaño, habría que empezar por señalar que las partidas que el Estado destina a la cobertura por desempleo ya se están incrementado preocupantemente desde hace mucho tiempo por la sencilla razón de que cada vez son mas los trabajadores que se quedan en paro y que, por tanto, pasan a ejercer su derecho al subsidio. Si Zapatero hace referencia, por el contrario, a un incremento individual, como correspondería a un anuncio novedoso, debería haber especificado si se refiere a un incremento en la cuantía del subsidio, o bien del tiempo en el que se tiene derecho a percibirlo. En ambos casos, se trataría, sin embargo, de una medida demagógica e irresponsable que, lejos de solucionar el problema, trata de huir de él a costa del contribuyente y del endeudamiento de generaciones venideras. El Estado no genera recursos propios y en un momento en que nos dirigimos a una quiebra de nuestra Seguridad Social, lo último que debía hacer un gobernante responsable es alimentar esa ficción que es el Estado, según la cual –como diría Bastiat– "todos creen poder vivir a costa de los demás". Eso es exactamente lo que hace Zapatero, "sea cual sea el número de parados que alcancemos".

Esta permanente huida hacia adelante a través del gasto, del déficit y del endeudamiento público, que va a hacer mucho más lenta y tardía nuestra recuperación económica, no debería quedar oculta por la nimia reducción de los gastos no financieros del Estado anunciada por Zapatero, autentico "chocolate del loro" si tenemos en cuenta la drástica reducción del gasto público que requeriría un autentico plan de austeridad.

Aunque al líder de la oposición no le haya faltado razón y contundencia a la hora de dirigir sus reproches al presidente del Gobierno, lo cierto es que la propuesta de reducción de gasto público del PP no ha sido hasta la fecha mucho más ambiciosa, por lo que no hay que sorprenderse de que el único reproche que Rajoy le ha dirigido a Zapatero en esta cuestión es que no la haya aplicado antes.

La realidad, sin embargo, es que España necesitaría de un adelgazamiento del Estado que incluyera no ya la reducción, sino la completa supresión de no pocos ministerios, sin olvidar la congelación salarial de los funcionarios y la necesidad de implicar a las comunidades autónomas y a los municipios en un autentico plan nacional de austeridad. Ello permitiría una radical y responsable rebaja de impuestos que reactivaría de manera saludable nuestra enferma economía.

Zapatero, sin embargo, ha dejado por enésima vez en evidencia que de la reducción de impuestos y del gasto público quiere saber tan poco como de las no menos olvidadas reformas estructurales que, especialmente en el campo laboral y energetico, requiere nuestra economía.

Según el líder socialista, esta crisis, a la que ya no pone fecha de caducidad, todavía "no ha tocado fondo", pero lo cierto es que lo que tampoco parece haber tocado fondo es la incapacidad del Gobierno para afrontar esta dramática realidad.

Libertad Digital - Editorial

¿Tienen los jueces derecho a la huelga?. Por Juan Bautista Vivero Serrano

Esta pregunta, hasta hace pocos días limitada al mundo académico, está de moda y no sólo en los medios de comunicación, también en los innumerables parlamentos de lo cotidiano. La perplejidad que provoca el repentino protagonismo de tan extravagante cuestión es todavía mayor por la naturaleza simple, apodíctica y contradictoria de las respuestas que a la misma se vienen dando. Tiene toda la razón Javier Marías cuando dice que no corren buenos tiempos para los matices y las precisiones. Para los jueces y magistrados, agrupados en las férreas asociaciones profesionales, no hay ninguna duda acerca de su derecho a la huelga. Para el Gobierno y los dos principales partidos políticos españoles, tampoco ofrece la menor incógnita justo lo contrario: la prohibición constitucional de la huelga para jueces y magistrados. Y en una decisión adoptada este lunes, el Consejo General del Poder Judicial ha optado por considerar que la huelga convocada para el próximo día 18 no tiene cobertura legal.

Este panorama que para la ciudadanía puede parecer, con toda razón, desconcertante no es, sin embargo, tan extraño para los profesionales del Derecho, tan habituados a defender una postura y, en su caso, la contraria, aunque no necesariamente con argumentos igual de solventes y rigurosos. Por fortuna, la pregunta que da título a este artículo no es especialmente compleja y los materiales jurídicos disponibles para su contestación no son del todo "huidizos". En resumen, puesto que las posiciones de unos y otros y las razones que las respaldan no tienen ni mucho menos el mismo valor, se puede y se debe acabar con esta situación kafkiana.

Conviene comenzar matizando la explicación que de manera mayoritaria vienen dando los estudiosos consultados por este periódico, constitucionalistas todos ellos, protagonistas junto a laboralistas y administrativistas del originario debate académico. Vienen a decir que siendo los jueces y magistrados titulares de uno de los tres poderes del Estado, el Judicial, no pueden a su vez ser "agraciados" con el derecho fundamental de huelga. La titularidad de cualquiera de los poderes del Estado y el derecho de huelga serían así intrínsecamente incompatibles. Esta manera de razonar pertenece más a la política del Derecho que a la interpretación del Derecho y, en consecuencia, más que para resolver la pregunta que nos ocupa sirve para explicar el porqué político o ideológico de la vigente regulación constitucional española en este punto. Al fin y al cabo, en países tan cercanos a España como Francia, Italia y Portugal los jueces tienen derecho a la huelga -con profundas limitaciones, claro está-, que además ejercen enocasiones, y no parece que por ello hayan dejado de ser Estados democráticos de Derecho, ni mucho menos que la sacrosanta división de poderes haya saltado por los aires, al menos no sólo ni principalmente por este motivo.

Además, los jueces y magistrados no pueden meterse en el mismo saco que los parlamentarios y gobernantes, pues, a diferencia de éstos, son funcionarios públicos y, en tanto que tales, sometidos a un empleador que organiza su trabajo y con el que por definición pueden tener discrepancias, salariales o de otra naturaleza. Algo impensable para parlamentarios y gobernantes. Añádase a lo anterior que al margen de la situación jurídica de los jueces y magistrados, el resto de empleados públicos de la Administración de Justicia tienen derecho a la huelga y no hace muchos meses demostraron hasta qué punto pueden paralizar la justicia como servicio público.

En realidad, y aunque pueda parecer sorprendente dado el actual clima de desconcierto, la interrogante de marras hace muchos años que está razonablemente bien resuelta en el ámbito académico y lo que conviene ahora es darle divulgación. Pues bien, la opinión mayoritaria entre los laboralistas es que los jueces y magistrados tienen constitucionalmente prohibido el recurso a la huelga.

La Constitución prohíbe a jueces, magistrados y fiscales en activo cualesquiera actividades políticas y sindicales, negociación colectiva y huelga incluidas. No otra cosa puede significar la prohibición de pertenencia a sindicatos del artículo 127.1 CE. Al fin y al cabo, toda huelga que merezca tal nombre, aunque formalmente no tenga a un sindicato detrás, es desde un punto de vista material una típica actividad sindical. Se trata de una lectura de la -en este punto como en otros muchos- oscura regulación constitucional a la luz de los criterios interpretativos del artículo 3.1 del Código Civil, concretamente del criterio sistemático -interpretación del conjunto de normas constitucionales involucradas (arts. 7, 28.1, 28.2 y 127.1 CE)- y del teleológico o finalista -interpretación atenta al espíritu o finalidad de las normas-.

¿Acaso los jueces de lo social, siempre tan proclives a la interpretación sistemática, finalista y material del Derecho, van a retroceder de repente y porque les interesa al siglo XIX y convertirse en intérpretes "formalistas"?

Mientras no se reforme la Constitución en este punto, hipótesis tan lejana como improbable, mientras incomprensiblemente el legislador permanezca inactivo -30 años después todavía no hay ley orgánica de huelga- y mientras el Tribunal Constitucional no tenga ocasión de pronunciarse, lo más razonable, solvente y riguroso en Derecho es negar a jueces y magistrados el recurso a la huelga. Eso no significa que no puedan tener disputas con el Gobierno y con el CGPJ, que sus reivindicaciones no puedan ser legítimas y que no se deba dialogar con ellos. De hecho, un mínimo diálogo parece que ya existe y a todos interesa que concluya con éxito.

Por desgracia, el diálogo lo es con "rehenes" detrás, con la amenaza de huelga siempre presente. Si fracasara el diálogo y alguna huelga llegara a tener lugar, sería una modalidad de lo más curiosa, una huelga a lo Juan Palomo podría llamarse, en la que los jueces huelguistas serían a su vez juez y parte, es decir, ellos mismos resolverían los numerosos pleitos que a buen seguro podrían surgir -convocatoria, objetivos perseguidos, servicios mínimos, sanciones, acuerdos de fin de huelga, etcétera-.

A propósito de posibles situaciones y pleitos disparatados, ¿los jueces y magistrados que organizaran la huelga ilegal, y en menor medida quienes la secundaran, incurrirían en responsabilidad disciplinaria? ¿Y en responsabilidad penal conforme al olvidado artículo 409 del Código Penal? ¿Acaso deberían los jueces y magistrados correr mejor suerte que los guardias civiles sistemáticamente sancionados por el ejercicio de actividad sindical?

Diálogo sin amenaza de lo que no se tiene, por tanto.

Juan Bautista Vivero Serrano es profesor titular de Derecho del Trabajo de la Universidad de La Laguna.


El País - Opinión

La mayor mentira del PSOE. Por José García Domínguez

Crisis
«Todos convictos, salvo la virginal política económica de Solbes y Zapatero, que, pobrecita ella, no tiene absolutamente nada que ver con ese sórdido asunto de la crisis. Vivir para ver.»

Tal vez se trate de la mayor mentira puesta en circulación por los socialistas desde que Alfonso Guerra pronunció con grave solemnidad su más célebre pirula, aquella que rezaba: "Quizá meteremos alguna vez la pata, pero nunca la mano". Me refiero a esa soberana trola zapateril que pretende atribuir la causa primera y última del súbito derrumbe económico de España a la "crisis financiera global". Nada más lejos de la muy doméstica verdad. Y sin embargo, la descomunal bola ha colado. Porque ha colado.


Resulta que llevamos lustros acarreando con el mayor déficit comercial del mundo. Es decir que somos metafísicamente incapaces de vender una escoba en Portugal, aunque no por ello nos privamos a la hora de mercar lo mejorcito por ahí fuera. A crédito, naturalmente. ¿Cómo si no? Y sin mayor prevención gubernamental o cautela institucional, por lo demás. Razón de que a estas horas andemos endeudados internacionalmente hasta las cejas. En concreto, tenemos que entregar a los acreedores extranjeros el valor de todo lo que vaya a producir el país durante 2009 y hasta un poquitín más (el 110 por ciento del PIB para ser precisos). Se dice rápido: el fruto del trabajo de toda España durante un año entero arreando en camiones hacia la frontera.

Únicamente los bancos están obligados a reembolsar, tan pronto como ya mismo, unos ochocientos mil millones de euros a los paganos guiris que financiaron la fiesta durante los tiempos de vino y rosas. Un Potosí, que se exclamaba cuando en los colegios aún se estudiaba Historia... Bueno, pues como quien oye llover. La suprema falacia de Zetapé ha colado en la opinión pública –y lo que es más grave, en la publicada– sin la menor dificultad. He ahí, entonces, a los culpables exclusivos de nuestros casi cuatro millones de parados: Reagan, Thatcher, Bush, la avara banca judía de Nueva York, los codiciosos especuladores de Wall Street, las hipotecas subprime que según reza la leyenda firmaron unos negros indigentes de Alabama antes de ser empaquetadas al modo de caramelitos financieros envenenados, los malditos neocon y el lucero del alba.

Todos convictos, salvo la virginal política económica de Solbes y Zapatero, que, pobrecita ella, no tiene absolutamente nada que ver con ese sórdido asunto de la crisis. Vivir para ver.

Libertad Digital - Opinión

La corrupción o el terror. Por Gabriel Albiac

DESARBOLADOS ya nación y Estado por la tempestad del año 1794, Maximilien Robespierre lanza, en una elipsis que hará fortuna, el envite político de la nueva era: o corrupción o terror. La disyuntiva se llevará por delante a lo mejor de una generación en la cual Chateaubriand veía la más alta concentración de inteligencia de la historia humana. Cuando Benjamin Constant hace balance de esos meses glaciales, la perennidad del tópico lo sobrecoge. Como si, al contraponer a la corrupción el terror, algo hubiera quebrado la integridad moral del hombre moderno. Apunta entonces Constant cómo esa disyuntiva miente: al cabo, la corrupción es la forma sosegada del terror, su curso normalizado e invisible, ese que apenas habla en un susurro. Corrupción y terror son, desde ese final del siglo XVIII, potencias constituyentes. Cada una de ellas se ofrece al ciudadano para salvarlo de la otra. Y cada una se asigna a sí misma la función de mal menor frente a su opuesta. Y las dos se apuntalan una en otra, y son, al fin, perspectivas de lo mismo.

Imágenes, ayer, en la primera de todos los periódicos. Una furgoneta que vuela en pedazos. Toneladas de muerte que, por eficacia y fortuna, no dieron esta vez con su objetivo: el óptimo que, para un terrorista, es esta nadería frágil, el cuerpo de un hombre, su vida, el irreversible desanudarse la maraña de deseos, sueños y temores a la cual llamamos un hombre. Asesinos. Otras imágenes de ayer: rostros de gentes complacidas tras la coraza de sus trajes caros; pléyade de los parásitos que tejen redes de protección externa a los partidos. Corruptos. Miran con la arrogancia de aquellos que se saben en el secreto. Que ni siquiera es un secreto, aunque tan pocas veces nos sintamos con ánimo para decirlo: ingresos y gastos no casan jamás en las cuentas de los partidos. No sólo en España. Recuerdo las palabras del antaño omnipotente director general de la petrolera francesa Elf, ante los jueces: empezamos teniendo a sueldo al ala derecha del Parlamento. Luego el presidente Mitterrand me llamó: ¿por qué sólo a ellos? Yo entendí; hice cuentas; no era tan caro. Adquirimos todo el Parlamento. Y las cosas rodaron por sí solas.

Pasados entusiasmos e ingenuidades primerizas, la transición española supo eso. Lo puso en práctica. Nada volvería a ser igual en este país después del GAL y de Filesa. Porque GAL y Filesa no eran cosas distintas. Sólo pasajes de una misma partitura, que a los jóvenes gobernantes españoles les venía de dos altos magisterios: el de aquel gran patrón de la corrupción en Italia que fuera Bettino Craxi y el del venezolano CAP del «plata o bala». La lógica era difícil de desarmar: mejor pagar en metálico que en cuerpo presente; la corrupción sería la opción menos horrible en un mundo tan sin cura horrible como el nuestro. Pero los corruptos mataban. Pero los matarifes ingresaban en recónditas cuentas su dinero negro. Y era dulce decir que nada sucedía. Y hacer caer sobre los aguafiestas el difuso terror -que es monopolio de todo Estado- a ser cívicamente aniquilados.

Todo en España está codificado para que la corrupción funcione con el automatismo de un bello reloj suizo. ¿Qué fracción del dinero que los Bancos prestan a los partidos es devuelta y bajo qué condiciones? ¿Qué porcentaje de los beneficios derivados para las constructoras de esas recalificaciones de suelo que la Constitución pone en manos municipales acaba en las cuentas de quienes las deciden? ¿Cuál garantía de transparencia permite al ciudadano saber dónde y cómo gastan quienes se dicen representantes suyos su dinero? Todos sabemos bien que no hay respuesta.

ABC - Opinión

La caza. Por Hermann Tertsch

MONTECASSINO

Hace unos días, un antiguo diplomático y ministro, gran persona y buen coleccionista de pintura, me ofreció ir a un puesto de caza en una de sus fincas. Vio mi cara y la de mis amigos, escuchó mis excusas de poco diestro, supo que sólo había disparado Kalashnikovs en alguna boda en los Balcanes y modificó su invitación. Creo seguir invitado, pero sólo al aperitivo. No tengo nada contra los cazadores. Los tengo en la familia. Entre ellos estaba mi prima Loyola, que dejó de cazar cuando fue nombrada ministra de Agricultura. Por respeto a esa parte de los españoles a los que la caza irrita. Pensó que representar a todos los españoles en un Gobierno exigía el sacrificio de no herir a nadie innecesariamente con sus aficiones. Es esa sensibilidad hacia el prójimo que ya nadie se permite. Tan diferente a la miseria que desplegaron aquellos que urdieron unas acusaciones contra ella que se revelaron totalmente falsas después de minarle la salud.


Ahora veo escenas de caza de gentes del poder que, por supuesto, nada tienen que ver con aquella inmensa persona. Veo fotografías del ministro Bermejo y el juez Garzón cazando juntos, disfrutones ellos con las cabezas de las piezas abatidas. También estaba alguna fiscal útil en esta caza. Sigamos con la literatura. Pensemos que el reparto de puestos se hizo en el Ministerio del Interior. Con la asistencia del consejero de un grupo editorial al que los bancos acreedores consideraban en quiebra antes de la caza. Durante la montería y después de ella se solucionó todo. Los bancos, obligados por las sinergias cinegéticas, decidieron tratar bien a quien iba a la caza sin mancharse de sangre de ciervo. Si Franco acudiera a algún puesto con quienes cazan con ministros, jueces y fiscales dentro y fuera de Madrid vería que siguen con los correajes en el cerebro.

ABC - Opinión

Daniela en Picassent. Por Arturo Pérez-Reverte

Hay un asunto reciente por el que casi todo cristo ha pasado de puntillas: el estriptís, o como se escriba, de Picassent. Me refiero a la pava –Daniela, se llama– que hace unas semanas se marcó un baile porno ante los presos de los módulos 8 y 10 del talego valenciano, animándoles las fiestas. El sindicato de funcionarios de prisiones protestó en un comunicado, el director se disculpó, y las autoridades diversas mostraron su desagrado. Imagino que los boquis de turno, sobre todo, debieron de pasar un mal rato entre doscientos jambos –lo mejor de cada casa– aullando sentimientos e intenciones mientras Daniela, que dicho sea de paso es un poco ordinaria pero goza de anatomía poderosa, se untaba con leche condensada y al final se quitaba el tanga.

Hasta ahí todo normal, a mi juicio. Un error de cálculo. Una metida de pata, acabar el espectáculo de variedades con el número de la cabra. El maco es lo que es. Por eso, precisamente, pidió luego disculpas el director. Lo que pasa es que, como suele ocurrir, al hilo de la marejadilla no han tardado en surgir las voces habituales llevando el asunto algo más lejos. Entre el público había violadores y maltratadores, dicen unos. Violencia ética y moral, afirman otros. Pudo acabar en motín, aventuran los imaginativos. Y no falta quien lleva la cosa al terreno de la dignidad pisoteada de la mujer, mero objeto de deseo y demás parafernalia. Como Izquierda Unida, por ejemplo, uno de cuyos portavoces, original que te rilas, calificó el asunto de «machista y denigrante». Todo eso está bien, supongo. Cada cual tiene sus ideas sobre tetas exhibidas en público: desde la moza que decide ganarse así la vida –a veces es lo único que tiene para ganársela– hasta quien, desde el otro lado de la barrera y el status, cree que esas cosas rebajan a las señoras, y también a las que no lo son. Eso, sin contar las ideas particulares de los presos de Picassent, a quienes sin duda, enchiquerados entre añoranzas y acercanzas, el recuerdo del espectáculo danielesco puede llegar a serles eficazmente útil, supongo, en sus largas veladas invernales.

Es una pena, sin embargo, que el habitual coro de valores éticos y morales pisoteados no las piase con la misma justa e insobornable cólera cuando unos días antes, en atención al público femenino del mismo talego, un fulano llamado Rafa –gemelo de un tal Dinio, famoso por haberle currado la bisectriz a Marujita Díaz, Sara Montiel o alguna de esas damas–, hizo exactamente lo mismo, o casi: despelotarse con música. Lo que pasa es que ese Rafa es pavo, y no pava. Y cuando, al final de un espectáculo similar, se quitó la camiseta y las presas se pusieron calientes –porque también las señoras se calientan, como todo el mundo– y lo manosearon un buen rato, ni al sindicato de boquis talegueros, ni a la Federación de Mujeres Progresistas, ni a la Federación de Hombres Progresistos, se les ocurrió decir que el espectáculo, feminista y denigrante, maculaba la dignidad del varón Dandy convirtiéndolo en torpe objeto de deseo. Con lo cual, doscientas presas aullando calientes como perras –valga el tropo– componen un paisaje digno, tolerable, comprensible y divertido, mientras que doscientos presos aullando calientes como perros –aquí nadie me discutirá el tropo– es sucio, envilecedor, machista y, como casi todo, fascista. No te fastidia.

En fin. Hay quien piensa que una cárcel debe ser siempre una cárcel, que los presos están allí para cumplir lo que les toque, que la sociedad que los encerró para resguardarse de ellos no tiene por qué animarles las fiestas con espectáculos, y que si los reclusos quieren jarana, que la organicen ellos. Ése me parece un punto de vista igual de respetable que cualquier otro, porque la vieja idea del talego como lugar de injusticia e inocencia avasallada, a lo Dickens, hace tiempo que no funciona más que para los demagogos y los tontos. En los tiempos que corren –y en los que van a correr, ni les cuento–, las cárceles, con excepciones razonables, están pobladas por una importante cantidad de hijos de puta. Ahora bien: puestos a que sí o a que no, a dar cariñito a los presos solazándolos con algo que de verdad los motive, el espectáculo de una torda o un tordo arrimándoles la candela de la que carecen no es, para los que están dentro, ninguna tontería. Lo agradecen mucho, y cuanto más bajuno, mejor. Aquello no es el Palace. Si yo mismo tuviera que comerme diez años en Picassent, o en donde fuera, y por Navidad y Año Nuevo me dieran a elegir, agradecería mucho más una Daniela con o sin tanga –a ser posible, sin– que la filarmónica de Viena tocando en el patio o un portal de Belén animado con pastorcillas, pastorcillos y el niño Jesús, fun, fun, fun, metidito entre pajas. Como dice un viejo y querido amigo con el que ayer comentaba esto: «Ojalá en los siete años que me zampé a pulso hubiera tenido algo así para tocar la zambomba».

XL Semanal