miércoles, 18 de marzo de 2009

Poner en marcha la embajada en Nueva York costó 85.500 euros

La puesta en marcha de la 'embajada' de Cataluña en Nueva York, inaugurada a finales del pasado mes de enero, supuso un gasto de 85.559 euros para el Govern tripartito, según informó la viceconsejera de relaciones exteriores, Roser Clavell, en una respuesta parlamentaria que recoge La Razón.

El vicepresidente catalán, Josep Lluís Carod-Rovira, se negó a revelar el coste de la delegación norteamericana durante el viaje de inauguración y dijo a los periodistas que "cuesta lo que tiene que costar", dijo a los periodistas, puesto que "no quiero regalar un titular a según qué prensa". Los salarios de los delegados de la Generalitat en el exterior es casi de 90.000 euros anuales.


e-notícies

¿Fue fraudulento el voto de la vicepresidenta?

La revista Época afirma en un reportaje que sí, que el voto de María Teresa Fernández de la Vega en las Elecciones Generales del 9-M de 2008 fue, cuando menos, un voto fraudulento. Asegura la publicación que la vicepresidenta se empadronó fuera de plazo en Beneixida (Valencia), pero alguien manipuló el Censo para que Fernández de la Vega votara en aquella localidad, incumpliendo de manera flagrante la legislación vigente. Incluso, elevan la acusión a que podría tratarse de infracción electoral delictiva.

Desde Prensa de la Vicepresidenta, su directora de comunicación Ángeles Puerta desmiente todo a Periodista Digital: "Es falso". Y envía el siguiente correo electrónico a la redacción:
NOTA RECTIFICACION

En relación a la noticia publicada en algunos medios de comunicación (digitales), que, a su vez, se refieren a una próxima publicación del semanario Época, con el título de 'El voto fraudulento de la vicepresidenta', en la que se dice que la Vicepresidenta del Gobierno "a pesar de empadronarse fuera de plazo" en las elecciones generales del pasado 9-M de 2008, "votó en el colegio electoral de Beneixida (Valencia) cuando legalmente le correspondía hacerlo en Madrid", de modo "que pudo cometer delito o infracción tipificados en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) y castigados con diversas penas", se comunica lo siguiente:

1.º Es rigurosamente falso que la Vicepresidenta del Gobierno no estuviera legalmente empadronada en Beneixida en las pasadas elecciones generales de 9 de marzo de 2008. Al ser designada la Vicepresidenta solicitó empadronarse de acuerdo con los criterios generales establecidos por la Oficina del Censo Electoral.

La Oficina del Censo Electoral estimó la reclamación formulada y acordó el empadronamiento en tiempo y forma, haciéndolo "en virtud de la Resolución de 31 de enero de 2008 de la Dirección de la Oficina del Censo Electoral, interpretativa de la Resolución de 12 de febrero de 2004 referida a la rectificación del censo en período electoral en lo relativo a las reclamaciones por cambio de residencia". La resolución está a disposición de todos los medios de comunicación.

2.º La falsa noticia es, en todo caso, antigua y ya fue utilizada en su día por el PP como un burdo argumento de campaña electoral, aunque sin ningún resultado, dada su manifiesta falsedad.

3.º En todo caso, como quiera que la falsa imputación de un delito electoral es calumniosa e intolerable y no está amparada por la libertad de información ni por la libertad de expresión, se han dado instrucciones para estudiar el ejercicio de las acciones legales procedentes.

Madrid, 18 de marzo de 2009

Ángeles Puerta
Directora de Comunicación
Vicepresidencia Primera del Gobierno de España
Domingo 9 de marzo de 2008. Once y cuarto de la mañana. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, acaba de depositar su voto en el único colegio electoral de la pequeña localidad de Beneixida (Valencia), un pueblo de poco más de 600 habitantes que está situado en la comarca valenciana de la Ribera Alta. El momento ha sido puntualmente inmortalizado por fotógrafos de Prensa y cámaras de Televisión, siempre atentos a la participación de los políticos en jornadas electorales como ésta.

A su salida del colegio, Fernández de la Vega comparece ante los periodistas y pide a los ciudadanos que acudan a las urnas “con confianza y libertad” para que “su voto decida el futuro y el rumbo de España”. A esa hora, pocos, muy pocos, saben todavía que la todopoderosa mano derecha del presidente Zapatero, mandamás en un Ejecutivo escaso de liderazgos, puede haber participado en la comisión de un delito o infracción electoral tipificados en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG).

Según publica la revista Época, alguien -con conocimiento o no de la vicepresidenta, pero, en cualquier caso, en beneficio de su imagen de pretendida valenciana con pedigrí y, por tanto, de su propia candidatura- pudo alterar deliberadamente dicho Censo para que Fernández de la Vega, cabeza de lista del PSOE por Valencia en las Generales del 9-M de 2008, se hiciese la foto, depositando su voto en Beneixida, donde se había empadronado fuera de plazo. En otras palabras: la número dos del Ejecutivo votó donde no podía hacerlo, saltándose literalmente la Ley a la torera y ejerciendo, por lo tanto, el derecho al voto de manera fraudulenta.

Fernández de la Vega se empadronó en Beneixida el 27 de noviembre de 2007. En el hipotético caso de que la número dos del Ejecutivo hubiese presentado una reclamación por cambio de domicilio o residencia en periodo de rectificación del Censo tras la convocatoria electoral, su solicitud debió desestimarse de oficio, al producirse su nuevo empadronamiento con posterioridad al 31 de octubre. Al menos, así queda reflejado en la propia página oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE), del que depende la Oficina del Censo Electoral.

La comunicación y el calendario oficiales difundidos con motivo de aquellas Elecciones Generales, a través de la web del INE -y también del Ministerio de Interior-, era cristalina al respecto: “Las reclamaciones por cambio de residencia o de domicilio -explicitaba dicha información- serán estimadas si los referidos cambios constan en el Padrón municipal hasta el 31 de octubre de 2007, inclusive, fecha del censo vigente para estas elecciones”.

Reclamaciones desestimadas

En la misma comunicación oficial se aclaraba que, en virtud de la Resolución de 12 de febrero de 2004, serían “desestimadas todas las reclamaciones por cambio de residencia o domicilio que consten en el Padrón municipal después de esa fecha”.

La exposición de la resolución de las reclamaciones en ayuntamientos y consulados se hizo el 1 de febrero de 2008. A partir de esa fecha, se considera que el Censo Electoral es inalterable, que está cerrado a cal y canto a cualquier posible modificación. Y, en consecuencia, todo elector tiene que votar en la mesa que le corresponde de acuerdo con el Censo. Nunca en otra.

No era el caso de la vicepresidenta. Lejos de haber sido excluida del Censo, el nombre de pila y los dos apellidos de María Teresa Fernández de la Vega Sanz aparecían en la lista del distrito, la mesa y la sección concretas donde le correspondía votar en aquellas elecciones, esto es, en Madrid.

De hecho, la Instrucción 7/12 de abril de 2007 viene a ratificar lo que ya acordó la Junta Electoral Central en mayo de 1995: “Quienes no efectuaran la reclamación (por cambio de domicilio) dentro del plazo fijado habrán de ejercer el derecho de sufragio en el anterior domicilio, no cabiendo en tal supuesto la expedición de certificación censal específica”. En otras palabras: si la vicepresidenta hubiera votado en Beneixida, pertrechada de una certificación censal específica -algo así como un permiso especial- por cambio de domicilio, habría incurrido igualmente en un fraude de Ley.

INFORMACIÓN COMPLETA EN ÉPOCA

Periodista Digital

Otra forma de templar gaitas



Ciudadanos en la Red - ¡¡Españoles: Templemos gaitas!!

La fecha y el sino. Por Hermann Tertsch

MONTECASSINO

Hay fechas cuyas consecuencias parecen escritas en el agua y en lengua que no entendemos. Hasta que su generación se despide. Pasa con el 1929 en Alemania. Lo recuerda el semanario Die Zeit, ese que edita aún el más grande de los alemanes vivos, Helmut Schmidt. El excanciller socialdemócrata, azote del cretinismo de la izquierda, es mayor. Ahora ha cumplido, este lúcido fumador, los noventa. Él es único. Pero la generación del 29 es especial. Ahí están entre otros, tres pensadores y escritores sabios como Ralf Dahrendorf, Jürgen Habermas y Hans Magnus Enzensberger, una poetisa total, Crista Wolf, la Ajmátova alemana -sólo equiparable a Ingeborg Bachmann, tres años mayor-. Y los genios de la palabra escrita que eran Walter Kempowski y Heiner Müller. ¿Por qué ese año? Son bromas de la vida. Nacieron todos demasiado tarde para ejercer como líderes o intelectuales en la Alemania nazi. «Die Gnade der späten Geburt» es el don del nacimiento tardío que impidió la tentación de implicarse en aquella orgía criminal en busca de la gloria que a tantas mentes excelsas hundió para siempre. Nació tarde para el gran pecado. Pero la generación de 1929 nació a tiempo para vivir conscientemente la tragedia hasta su terrible final. Estos hombres y estas mujeres recuperaron para Alemania y Europa un estoicismo sobrio y sabio que nada tiene que ver con el fatalismo de sus mayores, abocados a la tragedia. Y tampoco con el cinismo de los más jóvenes que acabó nutriendo un izquierdismo que recurrió al terrorismo, al nihilismo o la beatería sesentaiochista. Su sino lo determinó la fecha. Fragilidad del destino.


ABC - Opinión

Garzón 'obtuvo' el dinero que pagó su curso en la Universidad de Nueva York

El Banco Santander entregó 302.000 dólares

Primero logró que el Santander financiara sus charlas como 'sponsor'

Al volver incumplió su deber de abstención en una querella contra Botín


La memoria oficial del Centro Rey Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York correspondiente a los años en los que acogió al juez Baltasar Garzón asegura que fue éste el que "obtuvo los fondos necesarios" para organizar los coloquios Diálogos Transatlánticos y Derechos Humanos y Seguridad Jurídica en Latinoamérica. La Universidad de Nueva York no proporcionó este dato al Tribunal Supremo cuando se le requirió información sobre la estancia del instructor de la Audiencia Nacional en ese centro.


En una certificación presentada en el Tribunal Supremo el 18 de julio de 2008, el Centro Rey Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York afirmaba que el Banco Santander Central Hispano S. A. New York Branch entregó 202.000 dólares en 2005 y 100.000 dólares en 2006 para la organización de dos series de coloquios: Diálogos Transatlánticos y Derechos Humanos y Seguridad Jurídica en Latinoamérica.

Éstas fueron las actividades desarrolladas para ese Centro por el juez Garzón entre marzo de 2005 y junio de 2006, período en el que disfrutó de una "licencia de estudios" concedida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), jamás otorgada ni antes ni después a ningún otro juez. Con esos fondos se pagaron 21.152 dólares en gastos de viaje y 21.650 dólares para la escolarización de su hija en la Escuela Internacional de Naciones Unidas.

El conocimiento de estos pagos, así como el dato de que Garzón estuvo en la nómina del Centro de Derecho y Seguridad de la Universidad neoyorquina (por lo que recibió un sueldo de 160.333,14 dólares), fue desvelada en posteriores certificaciones, sólo cuando el Supremo reclamó información más detallada. Garzón, por su parte, nunca informó al CGPJ del dinero percibido durante la estancia en Nueva York, tiempo en el que siguió cobrando, además, su retribución como juez.

En los documentos enviados al Supremo por la Universidad de Nueva York se asegura que "este dinero [los 302.000 dólares del Santander] fue recibido y administrado íntegramente por la Universidad a través del Centro Rey Juan Carlos I de España y el departamento contable".

Esto fue lo que llevó al Tribunal Supremo a afirmar en una resolución conocida el pasado día 9 que "en modo alguno puede decirse que la entidad bancaria le entregase su patrocinio al juez". Lo que en las certificaciones se ocultó es que fue el propio Garzón el que "obtuvo los fondos necesarios" para financiar los debates, tal y como se afirma textualmente en la memoria del Centro Rey Juan Carlos I correspondiente a los años 2004-2008. Garzón "diseñó, obtuvo los fondos necesarios y organizó dos impresionantes series de coloquios".

Al finalizar su estancia en Nueva York y reincorporarse al Juzgado, Garzón inadmitió una querella dirigida contra Emilio Botín, presidente del Santander. El Supremo descartó que esa decisión constituyese un delito de prevaricación, pero sugirió que el juez incurrió en una falta disciplinaria por no abstenerse de resolver sobre esa querella.

La Razón

El sastre de Camps. Por M. Martín Ferrand

HASTA que se murió, hace algo más de veinte años, Angelo Litrico estaba considerado como el mejor sastre del mundo. Sus clientes cubrían la gama que va desde Nikita Khrushchev a John F. Kennedy y, en Italia, el más notable de sus modelos políticos fue Enrico Berlinguer. ¿Le recuerdan? Berlinguer encarnó, en aquellos difíciles y trascendentales años setenta, la renovación de los partidos comunistas occidentales. Como sucesor de Palmiro Togliati al frente del PCI, propuso un «nuevo modelo de desarrollo», rompió con la resignada obediencia de los comunistas europeos a Moscú y, de hecho, alargó en una década, o más, la inevitable agonía del socialismo real en el Viejo Continente.

Berlinguer era un señorito, pariente de Francesco Cossiga y descendiente de una de las más notables familias de Cerdeña. Lucía su elegancia natural y el vestuario que, con gran primor, le elaboraba en su sastrería romana de Vía Sicilia el célebre Litrico. La prensa italiana de la época, especialmente la democristiana, solía zaherirle por el «despilfarro» de su armario. Incluso le acusaron de no pagar al sastre y de prevalerse de su posición para el gratis total. José Ortega, el olvidado y genial pintor manchego, otro comunista notable y carne de exilio, también vestía en Litrico y me comentó que cada uno de los impecables trajes que portaba, cortados en alpaca y con una especie de «cuello Mao», costaba, en dinero de la época, diez millones de liras.
Aquí, en España, especialmente en cuanto se refiere a nuestra vida política, somos mucho más cutres. El sastre más famoso del momento, con más renombre que Jaime Gallo, López Herbón, Moisés Córdova... es el sastre de Francisco Camps. Y se da la circunstancia de que ni siquiera es sastre. No está claro que sepa distinguir una chupa de un chupín y es probable que utilice el jaboncillo para lavarse las manos antes que para marcar un arreglo. Se llama José Tomás García y, de momento, más que cortar los trajes del presidente de la Comunidad Valenciana se dedica a recortar su honra y buen nombre. No seré yo quien entre en el debate, espurio por su origen y perverso en la intención, sobre quién paga el vestuario de tan notable barón del PP; pero aprovecho la ocasión para, con alarma, recordar que este es un país de chapuzas y de intrusos. Pague o no pague el president, que ya lo sabremos, se echa a faltar un Litrico en tan ramplona historia.

ABC - Opinión

No es la lengua, son los ciudadanos

La sesión parlamentaria vivida ayer en el Congreso ha vuelto a poner de manifiesto algo a lo que, lamentablemente, cada vez estamos más acostumbrados en España: la ausencia de la mayor parte de los diputados en las sesiones parlamentarias o la desfachatez de los nacionalistas a la hora de negar las discriminaciones lingüísticas que padecen muchos ciudadanos en las comunidades autónomas bilingües. Pero también el liderazgo de un pequeño partido político como UPyD en la defensa de derechos y libertades fundamentales como son los referidos al uso de la lengua.

La frecuente ausencia de la mayoría de los diputados en las sesiones parlamentarias supone un caso de inadmisible absentismo laboral que, con independencia de si provocan o no cambios inesperados en los resultados de las votaciones, constituye una degradación de un sistema esencialmente representativo como es el democrático. Y especialmente cuando discuten asuntos de tanta trascendencia como los tratados este martes a resultas de los intentos de UPyD de sacar adelante una ley contra la discriminación lingüística.

La de Rosa Díez ha sido una ilustrada y liberal defensa de los derechos lingüísticos de los ciudadanos que no ha podido ser respondida, por parte de nacionalistas y socialistas, más que con insultos, burdas descalificaciones o simples negaciones de la realidad.

Así, Díez ha puesto de manifiesto desde el primer momento que la suya no era la defensa de lengua alguna –incluida la castellana o española–, sino una defensa de los únicos que pueden ser titulares de derechos: los ciudadanos. Ciertamente, y a diferencia de lo que sostienen los nacionalistas de todos los colores y tamaños, las lenguas no tienen derechos, los tienen las personas. Y las discriminaciones que sufren los castellanohablantes en muchas partes de España suponen una violación de derechos civiles elementales, que apenas tiene parangón en ningún otro país democrático.

Así Díez ha señalado "una realidad contrastada" como son las discriminaciones que sufren miles de ciudadanos a la hora de elegir la lengua en la que educan a sus hijos en el sistema público o concertado; o las que padecen profesionales bien formados a la hora de acceder a cargos en la función pública que no requieren del conocimiento de la lengua cooficial para el perfecto desempeño de su función; o de las que soportan los ciudadanos que osan dirigirse a la Administración en la lengua común; o de las que sufren en sus comercios privados y en sus empresas quienes deciden utilizar exclusivamente la lengua común española.

Los nacionalistas, por su parte y como era de esperar, han acusado sin prueba alguna a Rosa Díez de "manipular" y "mentir", de "adulterar la convivencia para arañar un puñado de votos", y de otras lindezas, como las que también le ha dirigido el representante socialista, quien la ha acusado de "mantener prácticas de la concepción imperial de España".

A todos ellos les ha replicado Rosa Díez, no ya con argumentos, sino con elocuentes ejemplos extraídos de las liberticidas normativas de "normalización lingüística" de Cataluña, Pais Vasco o Galicia.

Los representantes del PP, por su parte, han sido fieles a los principios que tradicionalmente ha venido sustentando este partido y, esta vez sí, han respaldado la proposición de Rosa Díez. Sin embargo, no podemos dejar de lamentar la pérdida de pulso de esta formación a la hora de tomar iniciativas en este terreno y, sobre todo, el absentismo de muchos de sus diputados.

Libertad Digital - Opinión

El tripartito paga 4 millones de euros por una web con cursos en catalán no operativos

Nivel intermedio: «Curso no disponible». Nivel de suficiencia: «Curso no operativo». De los cuatro niveles de enseñanza que ofrece Parla.cat, un portal de aprendizaje «on line» impulsado por el departamento de Vicepresidencia de la Generalitat que dirige Josep Lluís Carod-Rovira (ERC), sólo están operativos el básico y el elemental. «A día de hoy no hay un plazo concreto para la disponibilidad de estos cursos», responden los responsables de esta web, que ha costado cuatro millones de euros, a los potenciales alumnos.

Parla.cat entró en funcionamiento en octubre de 2008, a pesar de que un primer anuncio del Gobierno tripartito preveía que el portal sería operativo a finales de 2006. La Generalitat alegó problemas técnicos, dada la importancia y dificultad de una web dirigida a todas aquellas personas interesadas en aprender el catalán, independientemente de su país de origen. El estreno de Parla.cat se precipitó debido a un error del presidente José Montilla, quien con motivo del Debate de Política General celebrado en el Parlamento autonómico el 30 de septiembre de 2008, aseguró que ese portal ya funcionaba. Al día siguiente, la web se ponía en marcha y, al cabo de dos meses, ya se habían inscrito 10.000 personas.

Vicepresidencia asegura que en el pliego de condiciones de creación de esa página de Internet -finalmente adjudicada a El Corte Inglés- ya estaba prevista la implantación progresiva de los cursos, algo que desconocen algunos usuarios que acceden al portal y se encuentran con que la mitad de los cursos publicitados no están operativos. El diputado de CiU, Carles Puigdemont, cuestiona la gestión de esta página, que lleva a cabo la Secretaría de Política Lingüística del departamento de Vicepresidencia y el Instituto Ramon Llull, en colaboración con el Consorcio de Normalización Lingüística. «Parla.cat se puso en marcha de forma precipitada y, a pesar de los retrasos, la Generalitat cumple puntualmente con los pagos», asegura.

Parla.cat entró en funcionamiento hace seis meses con dos años de retraso. La modalidad de tutoría cuesta 90 euros

Existen dos modalidades para seguir estos cursos, la libre, que es gratuita, o con tutoría, que cuesta 90 euros. Puigdemont critica que los alumnos tengan que pagar esta cantidad «cuando las clases presenciales que organiza el Consorcio de Normalización son gratuitos».

Parla.cat forma parte de los recursos que la Generalitat destina al fomento del catalán, entre los que se encuentra la reciente campaña consistente en inspeccionar los locales turísticos para verificar que disponen de personal que entiende el catalán.

ABC