jueves, 7 de mayo de 2009

Patxi López promete su cargo bajo el árbol de Guernica

El lehendakari, Patxi López, asumió hoy el cargo como lehendakari en el interior de la Casa de Juntas de Guernica sobre un ejemplar del Estatuto . Momentos después, el lehendakari saliente, Juán José Ibarretxe, le entregó la makila (vara de mando) entre los aplausos de los invitados al acto puestos en pie.

Sobre un ejemplar del Estatuto de Gernika fabricado a este efecto, López, primero en euskera, y después en castellano, pronunció las siguientes palabras: "Tomo posesión y asumo el cargo de lehendakari del Gobierno del País Vasco, así como de la condición de representante ordinario del Estado en su territorio y prometo cumplir las obligaciones de mi cargo con lealtad a la Corona, al Estatuto de Autonomía de Guernica y demás leyes vigentes".


El lehendakari designado, Patxi López, llegó hacia las once de la mañana acompañado de su esposa, Begoña Gil, a la casa de Juntas de Gernika (Vizcaya).

El primer lehendakari socialista accedió al recinto foral entre fuertes medidas de seguridad y la expectación de medios, invitados y público, a los que ha saludado mientras era aclamado.

Antes de dirigirse al interior de la Casa de Juntas, López y la presidenta del Parlamento vasco, Arantza Quiroga, han esperado la llegada, unos minutos después, del lehendakari saliente, Juan José Ibarretxe.

Previamente, Quiroga había recibido a los vicepresidentes del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega y Manuel Chaves, la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, y el presidente del Senado, Javier Rojo.

También han acudido los ex lehendakaris Carlos Garaikoetxea y José Antonio Ardanza, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces, presidentes de varias comunidades autónomas, los diputados generales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el número dos del PSOE a las elecciones europeas, Ramón Jáuregui, formaban parte, igualmente, de la numerosa lista de políticos y representantes institucionales, sindicales, sociales y del Gobierno vasco en funciones.

López, a diferencia de sus predecesores, no juró el cargo, sino que lo prometió, y tampoco pronunció la expresión "ante Dios humillado" que han utilizado los lehendakaris nacionalistas. En coherencia con su laicismo sustituyó esta frase por una expresión de respeto hacia la sociedad vasca.

Periodista Digital

La SGAE pidió un aval a los padres de Juanma para el concierto benéfico

Exigió dinero por adelantado a los padres para consentir el evento

Dado que la cuenta de ayuda al niño está blindada, exigieron avales


La ama de casa Toñi sabía perfectamente lo que era un astrocito y hasta una proteína alfabetacristalina –enfermedad de Juanma obliga–, pero hete aquí que no tenía ni idea de lo que anidaba bajo las inextricables siglas de la SGAE.

Lo descubrió con una llamada de teléfono bien reveladora, más aún que esas revistas de ciencia que ahora se atreve a hojear.


–Pero, oiga, déjeme contarle. ¿Cómo voy a tener que pagar? Es que el concierto es por mi hijo Juanma...

–Señora, es lo que dice la ley.

"Me llamaron dos semanas antes de la fecha y me dijeron que me iban a cobrar. Traté de explicarles para qué era el concierto benéfico, pero les dio igual. El delegado de la SGAE estaba en la clínica con el niño delante. Cuando se fue, me quedé llorando. Los empleados de rehabilitación me preguntaban: '¿Pero no les has dicho lo de la enfermedad?'. Yo les decía que sí, pero que les daba lo mismo".

Damos con Toñi, Juan Manuel y el pequeño Juanma en el aeropuerto de Barajas, de visita en Madrid para cumplir con un requerimiento televisivo, un día después de que la Sociedad General de Autores haya dicho 'diego donde antes dijo digo'. Los famosos 5.629 euros de ida y vuelta.

"Todo el dinero recaudado para tratar de salvar la vida del niño se ha hecho sumando euro a euro. Es dinero de personas con nóminas bajas, de parados, de inmigrantes... Por eso lo miramos tanto y damos las gracias a la SGAE por este gesto... Nuestra lucha y nuestro esfuerzo es por nuestro hijo, para salvarle la vida, pero el resto de enfermos también puede beneficiarse de esto".

Se deslía la madeja y cada vez vamos sabiendo más y entendiendo menos. Dado que la cuenta de ayuda a Juanma está bloqueada y la SGAE pedía un adelanto antes del concierto, el delegado provincial llegó a exigir incluso un aval bancario a la familia para dar su consentimiento al evento.

Según 'La Voz de Almería', la SGAE ha dicho que recibió el listado de las canciones que se interpretarían en el concierto de David Bisbal tras la actuación, lo que impedía que hubiera tiempo material para acordar, con los autores de las mismas, la gratuidad de los derechos de autor.

El equipo del cantante señala, en cambio, que informó de las canciones "con suficiente tiempo para negociar". De hecho, José María Bisbal, asistente y hermano del cantante, viajó a la sede de la SGAE en persona semanas antes del evento para tratar, sin éxito, de que la entidad no metiera la cuchara.

Ajeno al lío desatado, trastea por la T-4 Juanma con su andar de marioneta rota. "Juanma, que te la das". "Juanma, ven acá". Camina de puntillas agarrado a un Mickey. Una mujer para a Toñi: "Mucho ánimo, señora". Toñi se ha metido ahora a estudiar inglés para leer revistas científicas y saber más del síndrome de Alexander. Nos cuenta de qué va eso de la alfabetacristalina.

El Mundo

REGRESO AL TARDOFRANQUISMO. Por Cristina Losada

Galicia

«El nacionalismo no se propone convencer, sino vencer. Si el nuevo Gobierno, como ya apunta, da pasos atrás por temor a sus protestas, las redoblará. Quiere la dictadura lingüística y no en fase tardía, sino en la fetén.»

El último período del franquismo ha sido descrito de diversas formas por historiadores y sociólogos, pero el nacionalismo galaico les está dando sopas con honda a los estudiosos. De acuerdo a sus representantes, esa etapa se define en Galicia por una ausencia: la del decreto de "galleguización" de la enseñanza promulgado por el anterior gobierno autonómico. Adelantó la tesis el escritor Manuel Rivas al declarar que su derogación nos llevará a una situación preconstitucional. Con similar claridad se ha expresado la Mesa pola Normalización Lingüística, conocida por coaccionar a comerciantes y empresarios en imitación enxebre de la Cosa Nostra. Suprimir el decreto, dice, sumirá a Galicia en el tardofranquismo. En definitiva, con anterioridad a esa norma infausta que le costó el poder al bipartito, vivíamos en los postreros años de la dictadura. Y nosotros –como ellos– sin enterarnos.


Las organizaciones pantalla y los hombres sándwich del nacionalismo gallego profetizan el retorno del mal a la tierra en el caso de que a Feijóo se le ocurra cumplir su promesa electoral de introducir cierta libertad lingüística. Una miríada de asociaciones, más los tres principales sindicatos, claman contra la posibilidad de que se respeten los derechos civiles en el ámbito del idioma. Sus fatwas se publican a diario y los talibanes adoctrinan a la infancia en las Correlinguas, carreras que plagian el modelo implantado en el País Vasco por los satélites del terrorismo. Cuarenta y cinco mil escolares están destinados a recibir sesiones de agitación y propaganda con el apoyo de los ayuntamientos durante el mes en curso. La apoteosis de ese movimiento contra el anterior régimen tendrá lugar el Día de las Letras Gallegas, 17 de mayo.

El tardofranquismo que acaba de descubrir la Mesa era un extraño período, en el cual ella pedía y recibía sustanciosas subvenciones de la Xunta y adquiría un poder injustificado. Pero también fue raro el tardofranquismo auténtico. La Real Academia de la Lengua Gallega instituyó el Día de las Letras Gallegas en plena dictadura. En 1963, para ser exactos, centenario de la publicación de los Cantares gallegos de Rosalía de Castro. La Academia cuenta que entonces se encontraba en la "semiclandestinidad". Otros estaban peor. Pero, y de ahí la rareza de la época, entre sus académicos no numerarios figura, oh, sorpresa, Francisco Franco. Aún no ha llegado a ese rincón el gran borrado de la "memoria histórica".

El nacionalismo no se propone convencer, sino vencer. Si el nuevo Gobierno, como ya apunta, da pasos atrás por temor a sus protestas, las redoblará. Quiere la dictadura lingüística y no en fase tardía, sino en la fetén.

Libertad Digital - Opinión

ALMUNIA Y CORBACHO. Por M. Martín Ferrand

TRAJANO, el emperador romano que nació en Itálica, conquistó la Dacia cuando nacía el siglo II. A Itálica, hoy, le decimos Sevilla y Dacia se corresponde con Rumania. Celestino Corbacho es pacense. Nació a un paso de Olivenza y, quizás estimulado por la pugna bilingüista de su entorno infantil se hizo mocito en Hospitalet de Llobregat. Ahora, como ministro de Trabajo en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero -lo es, lo juro-, también pretende conquistar Rumanía y, como para merecer el aplauso de los rumanos, perpetra que el Estado Español, socio de Rumania, la séptima Nación más poblada de la Unión Europea, estimule el regreso a su país de los rumanos que padecen el mal del paro en el dramático lote humano que ya supera los cuatro millones de víctimas.

Darle el subsidio de paro a un rumano que, por ejemplo, retorna su residencia a Bucarest tras su fracaso laboral en Madrid es, además de una temeridad presupuestaria -de gran calado social, eso sí- un gran manantial de corrupción y fraude. ¿Cómo piensa el ministerio de Corbacho controlar en el Este de Europa el potencial desmadre que permite barruntar su proyecto si, hoy por hoy, no es capaz de ajustar el problema en el Sur de España? Conviene, frente a tan voluntarioso plan, añadirle a la reflexión el dato de que los rumanos son ciudadanos europeos de pleno derecho y que cualquier norma o reglamento que quiera limitar su libre desplazamiento por la Unión, España incluida, sería rotundamente ilegal.

No creo, ni hay bases para hacerlo, que Corbacho sea ni más ni mejor socialista que Joaquín Almunia. Lo señalo para que conste que la torpeza que, aquí y ahora, acompaña los espasmos gubernamentales que tratan de enfrentarse con el paro no son de naturaleza ideológica. Buena parte de ellos residen en la insuficiencia intelectual, técnica y política de Zapatero y de quienes le acompañan en tal responsabilidad. Almunia, que fue ministro de Trabajo con Felipe González y es comisario de Economía de la UE, viene predicando que necesitamos una revisión profunda de nuestro ordenamiento laboral y que, en cualquier caso, España sería el último país de la Unión, ¡de los 27!, en salir de la crisis. Hoy, con más del 17 por ciento de tasa de paro -el doble de la media europea- y camino de superar el 20 antes de un año, no caben cataplasmas tan mínimas, y seguramente inútiles, como el plan Corbacho para convencer rumanos.

ABC - Opinión

CABEZA DE VASCO. Por José García Domínguez

PNV

«La Esquerra, la misma que impide gobernar a CiU, de largo la candidatura más votada en Cataluña, considera un intolerable atentado contra la voluntad popular que PP y PSOE hayan procedido de idéntico modo en Vitoria.»

La Comunión Nacionalista, toda, tanto la adscrita a la parroquia vasca como la feligresía del rebaño identitario catalán, se ha apresurado a denunciar por usurpador a Patxi López. Así, la Esquerra, la misma que impide gobernar a CiU, de largo la candidatura más votada en Cataluña, considera un intolerable atentado contra la voluntad popular que PP y PSOE hayan procedido de idéntico modo en Vitoria. Compungidas lágrimas de cocodrilo que comparte con la propia CiU. Y es que Artur Mas entiende muy tonificante para la salud del parlamentarismo que siete partiditos de lo más heterogéneo sumen sus respectivas debilidades en Baleares con tal de expulsar del poder a los conservadores; sin embargo, se le antoja afrenta inadmisible contra el sufragio universal que las dos grandes fuerzas nacionales establezcan un acuerdo similar en el País Vasco.


Como suelen, algo toscos en las formas aunque cristalinamente transparentes en el fondo, sus iguales del PNV ya andan apelando al racismo braquicéfalo de Arana con tal de denunciar la traición de los vascos y las vascas a las vascas y los vascos. Pura sinécdoque irreconciliable con la democracia liberal, su tribalismo ontológico acaba de confesarse por boca de Joseba Eguibar. En su línea, o sea sin dejar que lo sutil riña con lo elegante, Eguibar ha regurgitado que PP y PSOE se disputan el "trofeo" de Ibarretxe, ya que "la cabeza de vasco todavía se aprecia en España". Pues, como es fama, su sucesor, el esquimal Patxi López, pasó toda su infancia en Egipto y, aunque por costumbres y dieta se sienta australiano, posee la nacionalidad tibetana.

Eso se nota, sobre todo, en la forma de la cabeza, como bien denuncia Joseba. Que por algo ya Telesforo de Aranzadi demostró, entre txiquito y txiquito, que "la postura de la cabeza y la forma general de la quijada es en el vasco la menos animal de las existentes". Hallazgo pionero al que un bilbaíno coetáneo suyo, el sarcástico liberal Aranaz Castellanos, añadiría el siguiente corolario inmortal: "Quitéis las boinas y tocarvos un poco por la parte de arriba. Aplastao tenemos el cerebro igual que un plato, de la costumbre que nuestros antepasaos tenían de llevarse piedras grandes de un lao pa otro cuando vivían en las cavernas (...) Toquéisvos también el cogote. Como salido pa fuera tenemos y más desarrollao que los españoles".

Libertad Digital - Opinión

¿AUDIENCIA UNIVERSAL?

La Audiencia Nacional mantiene abiertas 14 causas de jurisdicción universal que afectan a ocho países. No sólo el número, sino también las dificultades para hacer valer sus resoluciones obligarían a considerar el papel de los tribunales españoles en casos que trascienden nuestras fronteras. El presidente del Consejo General del Poder Judicial ha solicitado una reforma legal que limite los casos de jurisdicción universal, argumentando la sobrecarga de trabajo que padece la justicia en España. Es el único argumento al que no cabe apelar: ningún sistema judicial puede renunciar de entrada a perseguir delitos, contribuyendo a su impunidad.

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial a la que parece apuntar Carlos Dívar, apoyada por sectores del Ejecutivo, no tiene en cuenta que la posibilidad de invocar la jurisdicción universal no deriva sólo de la legislación interna española, sino de su aplicación en conjunción con algunas convenciones internacionales, como la de la tortura. La proliferación de causas de jurisdicción universal en los tribunales españoles no sería, así, el resultado inevitable de una deficiencia -o de una ventaja, según se mire- de las leyes internas y de los tratados internacionales, sino de una concreta interpretación que empezó a desarrollarse desde el caso Pinochet. Los beneficios de esa interpretación son evidentes: ha obligado a hacer justicia en casos que parecían perdidos para las víctimas. Pero conviene prestar atención a sus dificultades: el poder judicial español, y en particular la Audiencia Nacional, parece estar perdiendo su condición de poder del Estado para convertirse en el brazo ejecutor de la justicia material en cualquier lugar del mundo.

Intervenciones de la Audiencia Nacional como la que afecta a ciudadanos españoles torturados en Guantánamo han hecho perder de vista que es obligación del Estado apoyar a esos ciudadanos, a través de mecanismos consulares, para que presenten su demanda donde corresponde en primer término, que son los tribunales estadounidenses. Sólo si esa vía quedase judicialmente cerrada, que es algo distinto de que el presidente Obama pretenda desde el Ejecutivo evitar esos juicios, tendría sentido que intervinieran los tribunales españoles. Y cuando se trata de países en los que la justicia no es independiente, la intervención de la Audiencia puede ocultar que, una vez más, es el Ejecutivo el que está obligado a responder de la seguridad de sus nacionales en su trato con terceros Estados. Si incumple esa obligación puede haber una actuación de la justicia española, no ya contra el Estado extranjero, sino contra el propio Ejecutivo.

El fundamento de la jurisdicción universal cuando no hay españoles entre las víctimas presenta otros problemas. Si no se acepta, se podría contribuir a la impunidad. Pero si se acepta, se estaría implícitamente admitiendo que la legitimidad de los tribunales españoles deriva de la justicia material, no de la Constitución de 1978 que los estableció como poder del Estado.

El País - Editorial

LOS QUE CREEN QUE GOBERNAR ES GASTAR

«Tras saber que el paro ha crecido como nunca lo ha hecho en un mes de abril, y tras la apertura de un expdiente sancionador por nuestro déficit excesivo, el Gobierno dedica su loa al despilfarro de 50.000 millones de euros que ha supuesto el Plan E.»

Aun de manera involuntaria, y gracias a un micrófono abierto, el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, nos ha hecho saber, durante la Asamblea de la Confederación Empresarial de Madrid, que "el problema que tenemos no es la grave crisis (...), son los años de Zapatero". La casualidad ha querido también que, durante su intervención en esa misma asamblea, la presidenta de la Comunidad de Madrid advirtiera a los sindicatos que no es el momento de una "huelga general" sino de "sumar esfuerzos y profundizar en un diálogo constructivo para buscar soluciones". En esa misma línea de corrección política, Aguirre ha pedido a los agentes sociales que asuman su responsabilidad, tal como –dijo– lo han hecho los empresarios que durante muchos meses no han caído "en la tentación de culpar o amenazar a nadie por la crisis".


Al margen del contraste de ambas declaraciones, una cosa es que una huelga general no sea la solución de la crisis, y otra cosa que no sea necesaria por ello una critica, todo lo diplomática y constructiva que se quiera, de los agentes sociales a la errática política de este Gobierno. Naturalmente las palabras de Díaz Ferrán, involuntariamente interceptadas gracias a un descuido, no son muestra de esa crítica constructiva, pero tampoco lo es la oficial condescendencia que la CEOE y, sobre todo, los sindicatos, están dedicando a la devastadora política de Zapatero. Más aun cuando hay visibles y válidas alternativas de gobierno, como la que protagonizó Aznar o la que protagoniza Esperanza Aguirre.

La critica al Ejecutivo es necesaria, más aun si tenemos en cuenta que, dos días después de saber que el paro ha crecido como nunca lo ha hecho en un mes de abril, y de que la Comisión Europea nos ha abierto un expediente sancionador por nuestro déficit excesivo, se ha celebrado un Consejo de Ministros extraordinario para mayor loa del despilfarro de más de 50.000 millones de euros que ha supuesto el Plan E. A pesar de sus nulos resultados, María Teresa Fernández de La Vega se ha jactado de que España sea el país de la UE que más ha gastado, mientras que Elena Salgado ha rechazado, entre risas, la posibilidad de emprender una de las reformas que tanto requiere nuestra economía, la del mercado laboral.

Por ello también queremos destacar, en forma y fondo, la oportuna descripción que ha hecho Manuel Pizarro de los miembros de este Gobierno como "aquellos que creen que gobernar es gastar". Y es que, como también ha destacado el diputado nacional del PP, gobernar es fundamentalmente "aplicar bien los recursos públicos, aplicar con moderación en época de crisis los recursos a su disposición, y aplicar medidas de competitividad en la economía española". En esta línea, Pizarro ha resaltado que "el problema de la economía española es un problema de competitividad", al tiempo que ha puesto de manifiesto que "esto ya no es una crisis internacional, sino un problema de una crisis que aparece como internacional pero que tiene un componente específico español, que es la generación de desempleo".

No hay que extrañarse, por otra parte, de que España siga a la cola de Europa en libertad económica, tal y como refleja el Indice de Libertad Económica que elabora The Heritage Foundation, The Wall Street Journal y la Fundación FAES. Gracias a este prestigioso y riguroso estudio académico, sabemos que España no sólo no avanza sino que retrocede en términos relativos, siendo los ámbitos más restrictivos para la libertad económica precisamente el fiscal, el laboral y el derivado del enorme gasto público. Pero, a la vista está, quienes nos gobiernan no sólo no solucionan estos problemas, sino que, como Fernández de la Vega o Salgado, se jactan y se ríen de los mismos.

Esperemos, pues, que la crítica que merecen "quienes creen que gobernar es gastar" siga encontrando más cauces que el que otorga el descuido de un micrófono abierto.

Libertad Digital - Opinión

LA ENCRUCIJADA DEL PNV

UNA ley no escrita de la democracia obliga a todo partido gobernante que pierde el poder a abrir un proceso de revisión de su estrategia y de sus líderes. El Partido Nacionalista Vasco se verá obligado, antes o después, a pasar por este proceso. La marcha de Ibarretxe y la pérdida del poder autonómico son factores que el PNV no puede eludir para dejar las cosas como están. Los nacionalistas han mitificado siempre la figura del lendakari y han utilizado los resortes del poder como andamio de su hegemonía. Sin uno y otro, el PNV entra en una fase histórica sin precedentes, por más que sus líderes apelen al recuerdo del exilio para exhibir credenciales de resistencia. El PNV, sin duda, es un partido fuerte, como ha demostrado de forma reiterada, pero no es invulnerable a los cambios de ciclo. Ningún partido lo es. Hay dos circunstancias que, además, juegan en contra de la estrategia de crispación y sabotaje con la que han recibido al nuevo lendakari, Patxi López. Por un lado, el debilitamiento progresivo de ETA deja sin argumentos al «conflicto vasco» y merma las coartadas del nacionalismo. La causa del conflicto es ETA y no al revés. Por otro lado, el asentamiento del gobierno de López, el funcionamiento de la mayoría parlamentaria no nacionalista y la asimilación del cambio por la sociedad vasca, sin traumas ni revanchas, harán paulatinamente inútil el empeño del PNV de presentar la alternancia como una invasión bárbara. El primer éxito del gobierno de Patxi López será conseguir que ningún no nacionalista tenga que hacer apología de su vasquidad para ser aceptado.

El PNV ha abandonado el poder después de haber gobernado sin escrúpulos: pasó de la coalición con los socialistas hasta 1998 al pacto de Estella con ETA, ese mismo año. Los ahora denunciantes del frentismo españolista apostaron por el frentismo soberanista, una asociación de intereses recíprocos con el entramado proetarra y la agitación constante del enfrentamiento con el Estado. Esta estrategia ha fracasado, por la ley y por las urnas, y volverá a fracasar si el PNV pretende mantenerla como guión de su oposición. Quieran o no, los líderes de Sabin Etxea tendrán que decidir cómo afrontar este mandato en la oposición y qué hacer para recuperar el gobierno autonómico, aunque incurrirían en un exceso de confianza si piensan que la sociedad vasca será dentro de cuatro años la misma que ahora. Un mandato de gobierno eficaz, integrador, firme en la defensa de las libertades y contra ETA, reformador de los medios de comunicación, la educación y la política lingüística, puede convencer a muchos vascos de que el nacionalismo es prescindible y que su nivel de vida y su tranquilidad personal -ese bienestar con el que el PNV traficaba adhesiones- se mantiene con otros gobiernos, y sin el coste del silencio ante ETA o ante la marginación de los no nacionalistas.

Desde el lado del nuevo gobierno vasco y de la mayoría que lo apoya hay una lección histórica importante para aprender. El PNV dio paso al moderado Josu Jon Imaz cuando tenía enfrente a un gobierno, el de Aznar, que no cedió. Imaz tuvo que irse cuando el gobierno de Zapatero frivolizó con el radicalismo nacionalista. Sin nuevas concesiones al PNV radical y desquiciado será más fácil que este partido entre en la sensatez democrática.

ABC - Editorial

La SGAE cobra por conciertos solidarios a las víctimas del terrorismo

En el tercer Congreso Internacional por las Víctimas del Terroristmo se llevó el 10% de los 12.820 euros recaudados.

El rodillo implacable de la Sociedad General de Autores y Editores aplasta a cualquiera. Cobra por todo tipo de actos –ya sean benéficos o no– donde suene música de autores registrados en su censo. Da lo mismo que el acto sea para luchar contra la enfermedad de un niño o para recaudar fondos para construir un hospital en Ghana. El caso es cobrar, que esa es la razón de ser de la principal entidad de gestión de España, aunque tenga que recurrir a los tribunales –el pan de cada día– y convertirse en el malo de la película. Ya lo dijo hace una semana Teddy Bautista, presidente del consejo de dirección de la SGAE: «No estamos para ser simpáticos».


Y como la SGAE no quiere ser simpática ni hacer distingos, también ha pasado factura en varias ocasiones a la Fundación Víctimas del Terrorismo en los conciertos de homenaje que ha venido celebrando en los últimos años. Según fuentes de esta organización, la entidad dirigida por Teddy Bautista les cobró por derecho de comunicación pública un porcentaje en varios conciertos que ha organizado los 11 de marzo en el Auditorio Nacional, los mismos recitales en los que tanto directores como orquestas han renunciado a sus honorarios.

En los conciertos gratuitos, en los que por su naturaleza no se obtienen ingresos, como es el caso de los que organiza por la Fundación Víctimas del Terrorismo, la SGAE factura sobre los gastos que se derivan de la organización del mismo. La cantidad es siempre igual. Se cobra un 10 por ciento del coste de la organización del evento, explica un portavoz de la entidad de gestión, donde se incluyen el caché del artista, el montaje, la publicidad y cualquier otro gasto que conlleva la celebración de un acto semejante.

En los conciertos benéficos la SGAE también se queda con el 10 por ciento de la taquilla, como sucedió el 13 de febrero de 2006 en el concierto extraordinario en solidaridad con las víctimas del terrorismo organizado por el Ayuntamiento de Valencia, con la colaboración de la Fundación de la Universidad San Pablo CEU. La organización del acto que se celebró dentro del tercer Congreso Internacional sobre Víctimas del Terrorismo anunció que la recaudación se destinaría íntegra a sufragar actividades que mantengan viva la memoria de quienes sufren la lacra del terror. Y así fue, menos un 10 por ciento de lo obtenido en la taquilla, que fue a parar a las arcas de la SGAE.

Un repertorio grande

El Consistorio valenciano puso a disposición de la solidaridad las 1.798 butacas de su Palau de la Música (se usó la sala José Iturbi, la de mayor capacidad). El precio de las entradas que se pusieron a la venta osciló entre los 10 y los 20 euros. En total, se recaudaron 12.820 euros, explicaron a este periódico fuentes del Ayuntamiento de Valencia. El hecho de que la mayoría de piezas fueran de compositores españoles hizo que la Sociedad de Autores pasará su pertinente recibo por derechos de autor.

La larga lista de conciertos benéficos de los que la SGAE saca tajada afecta a actividades solidarias tan dispares como un proyecto para construir un hospital en Ghana, el pueblo saharaui, talleres de radio sin ánimo de lucro o el «Prestige.

El que será futuro hospital de Binde, en Ghana, contará con 2.249 euros menos por la intervención de la sociedad de autores. El barítono Joan Pons y su hija Joana ofrecieron un recital benéfico en Ciutadella, Menorca, para apoyar la construcción de un centro médico en el país africano. Tampoco aquí hubo ejercicio solidario por parte de la SGAE, que se apoderó, en este caso, de un 12,5% de lo recaudado en taquilla. Tampoco le fueron mejor las cosas a los refugiados saharauis exiliados en Tinduf, Argelia. En este caso de los 30.150 euros obtenidos en taquilla por la venta de entradas del festival benéfico «Entresures», la SGAE se quedó con 3.268,60 euros.

A los tribunales

El caso del taller Radio Libre del Consejo de la Juventud de Segovia es otra muestra de la voracidad recaudatoria de la sociedad de Teddy Bautista. Sin embargo, la reclamación de 1.800 euros efectuada en los tribunales a una radio taller que no tiene ningún ánimo de lucro fue paralizada por el Juzgado. Se desestimó la recaudación al entender que «no realiza ninguna actividad con fines económicos».

Los niños discapacitados que acudían durante 15 días al taller cultural de Fuentepelayo, en Segovia, a punto estuvieron de ver cómo la factura de los autores clausuraba su actividad extraescolar. La SGAE llevó al taller cultural a los tribunales exigiendo derechos de autor por los textos que se interpretaban. No tuvo en cuenta que al tratarse de niños discapacitados, los libretos originales no formaban parte íntegra del reparto (algunos de los chicos no sabían hablar), ni tampoco los enormes esfuerzos económicos realizados por entidades para llevarlo a cabo, ni que no se cobraba entrada. Eso sí, la denuncia que apareció en los medios de comunicación les hizo rectificar.

Por último, la limpieza de chapapote de las costas gallegas tras el hundimiento del Prestige no se libró tampoco de pasar por caja. El amplio movimiento cultural que se manifestó aquellos meses por la catástrofe ecológica quedó para la SGAE retratado en una factura cuando se realizó el «Chapapote Rock». El 10 por ciento de lo allí recaudado se desvió petinentemente para las lustrosas oficinas de la Sociedad General de Autores y Editores.

Periodista Digital