domingo, 10 de mayo de 2009

LA CANCION DE FLOR DE MAYO


Flor de Mayo como un rayo
de la tarde se moría...
Yo te quise, Flor de Mayo,
tú lo sabes; ¡pero Dios no lo quería!

Las olas vienen, las olas van,
cantando vienen, cantando irán.

Flor de Mayo ni se viste
ni se alahaja ni atavía;
¡Flor de Mayo está muy triste!
¡Pobrecita, pobrecita vida mía!

Cada estrella que palpita,
desde el cielo le habla asi:
"Ven conmigo, Florecita,
brillarás en la extensión igual a mí"

Flor de Mayo, con desmayo,
le responde: "¡Pronto iré!"
.......................
Se nos muere Flor de Mayo,
¡Flor de Mayo, la Elegida, se nos fue!

Las olas vienen, las olas van,
cantando vienen, llorando irán...

"¡No me dejes!" yo le grito:
"¡No te vayas dueño mío,
el espacio es infinito
y es muy negro y hace frío, mucho frío!"

Sin curarse de mi empeño,
Flor de Mayo se alejó,
Y en la noche, como un sueño
misteriosamente triste se perdió.

Las olas vienen, las olas van,
cantando vienen, ¡ay, cómo irán!

Al amparo de mi huerto
una sola flor crecía:
Flor de Mayo, y se me ha muerto...
Yo la quise, ¡Pero Dios no lo quería!


(Amado Nervo)

APATRULLANDO EL INDICO. Por Arturo Pérez Reverte

Imperativos de las artes gráficas obligan a escribir esta página un par de semanas antes de la fecha en que se publica. Lo aclaro porque es posible –poco probable, pero posible– que, cuando lean estas líneas, la fragata española destacada en el Índico haya destruido a cañonazos a toda una flotilla de piratas somalíes, o que nuestros comandos de la Armada, tras recibir vigorosa luz verde del implacable Ministerio de Defensa español, hayan liberado heroicamente a varios rehenes españoles o extranjeros, liándose a tiros, bang, bang, bang, y dándoles a los malandrines las suyas y las del pulpo sin pagar rescate ni pagar nada. Que no creo, la verdad. Aquí eso del bang bang se mira mucho, no vayamos a darle a alguien, que encima es negro y desnutrido, aunque lleve Kalashnikov, y a ver qué dicen luego la prensa, las oenegés y las estrellas del cine español. Pero nunca se sabe.

Hoy quiero hablar de una foto. En ella aparece la titular de Defensa, señora Chacón, con varios portavoces parlamentarios –el señor Anasagasti, la señora Rosa Díez y algún otro padre y madre de la patria– a los que invitó al océano Índico para retratarse a bordo de la fragata Numancia; que como saben forma parte del dispositivo internacional que allí protege, o lo intenta, el tráfico mercante. En la foto, los portavoces varones y hembras sonríen felices, cual si acabaran de cantarle a la marinería lo de «Soldados sin bandera/soldados del amor», satisfechos por llevar al cuerno de África un mensaje de compromiso y firmeza. Mucho ojito, piratas malvados, que con España no se juega. Aquí estamos todos, unidos como una piña colada, para dar aliento a nuestros tiradores de élite. Cuidadín. Etcétera. Estoy seguro de que, después de verlo en el telediario, las familias de los tripulantes de atuneros, petroleros, portacontenedores y otros barcos españoles duermen tranquilas. Relajadísimas. Nuestra Armada está ojo avizor, y nuestros políticos la apoyan. El protocolo operativo contempla el uso de la fuerza, siempre y cuando no peligre la vida de secuestrados ni de secuestradores. O algo así. A ver qué pirata le echa huevos y se atreve ahora.

Debo confesar algo inconfesable. Y, por tanto, lo confieso. Habría dado mi colección completa de primeras ediciones en gabacho de Corto Maltés –blanco y negro, editorial Casterman– porque, en el momento mismo de la foto, una docena de piratas somalíes hubiesen decidido sumarse por su cuenta al homenaje. Me tiembla el dedo de placer, dándole a la tecla, al imaginar a una docena de Isas y Mojamés abordando la Numancia con su cayuco mientras todo el mundo estaba pendiente del fotógrafo. Hola, buenas. Aquí mi cuñado, aquí mi primo. El del lanzagranadas es mi suegro. De momento nos van a pagar ustedes veinte kilos en billetes nuevos. Si no es molestia. Y díganle a la rubia de las gafas y los piños que deje de hablar por el móvil pidiendo auxilio y se siente, coño.

Y luego el operativo. Gabinete de crisis en Moncloa. Café y expertos. Ese presidente Zapatero telefoneando a Obama para preguntarle qué haría él en un caso similar, y el otro respondiendo que ya lo hizo: no pagar un duro y cargarse a los malos. Eso es totalitario, responde Zapatero. Indigno de un presidente afroamericano de color. Entre Sarkozy y tú me vais a desmontar el chiringuito con vuestros putos pistoleros. Nosotros tenemos Alianza de Civilizaciones, chaval. Somos líderes en eso. Además, te informo de que la violencia sólo engendra violencia. La piratería está tocando fondo, dentro de un par de meses empezará a disminuir, y mi gobierno ya toma medidas para que cuando desaparezca del todo, que será pronto, África y sus habitantes encuentren a España preparada para convertir aquello en Hollywood. Que no te enteras, tío.

Y después, tatatachán, el desenlace. Al alba y con viento de levante, tras arduas y enérgicas negociaciones a través de la embajada de Cataluña en Mogadiscio, el ministro Moratinos anuncia otro éxito diplomático y humanitario sin precedentes: «Hemos pagado enérgicamente –dice sin despeinarse– el rescate en un tiempo récord, cosa nada fácil con las transferencias, los horarios de bancos y demás. En cuanto a lo que de verdad preocupa a los españoles, la salud de los piratas, diré que todos se encuentran bien; excepto uno que, al abalanzarse a robarle el reloj al señor Anasagasti, resbaló y se hizo pupita en un dedo. La ministra de Defensa ha fletado un avión para trasladarlo a un hospital de Madrid –ella misma le sostiene el gota a gota de plasma–, y confiamos en su recuperación. Son daños colaterales inevitables en estas operaciones de precisión y alto riesgo. Por otra parte, el cabo primero de infantería de marina Manolo Gómez Cascajo, que en un momento dado sugirió coger los Cetmes y achicharrar por el morro a los piratas, ha sido seriamente amonestado por Defensa, y su próximo destino será censar focas en Chafarinas. Por querer matar negros y por fascista».

XL Semanal

Los “generales de Zapatero”: disciplina militar, ética profesional, responsabilidad, incompatibilidades y otras menudencias

Los “generales de Zapatero”

España, como suele decir José María Carrascal, es una nación donde nunca pasa nada; ya se puede estar ausente dos años, que cuando se regresa, los mismos demonios y mismos sueños siguen vivos y presentes. Hasta las sempiternas obras de Madrid, sea quien sea el alcalde de turno, siguen presentes. Todo es cuestión de un calentón, pasado el cual todo sigue como antes. La memoria de los españoles –ahora que está de moda la Memoria Histórica del Sr. Zapatero-, es frágil y efímera.

En estos días ya son más de 5.000 oficiales los que han denunciado la Ley de la Carrera Militar y la promoción del heredero de la Corona, al unísono, ha manifestado su desacuerdo –no sabemos si Felipe de Borbón y Grecia se habrá unido a sus compañeros-, y llegan rumores de que militares escriben al Jefe del Ejército, molestos con actitudes pueriles del Ministerio de Defensa en relación con ciertas vidrieras, históricas por cierto. Las opiniones y críticas de oficiales arrecian contra lo que parece una conducta, cuando menos dudosa, de recientes jefes de los ejércitos que –es verdad que ahora en la reserva- fichan por las empresas que hasta hace poco les servían, y heridos y convalecientes de Afganistán y Líbano arremeten contra el Ministerio –algunos hasta delante de jueces-, al que acusan de abandono y de no haberles dotado de los medios necesarios para cumplir su trabajo. Pero Zapatero y Chacón no escuchan, y lanzan las campanas al vuelo a la mínima insignificancia que consideran que les puede servir de vanagloria. Sin Novedad, las Fuerzas Armadas españolas están entre las mejores del mundo, y no hay de que preocuparse.


Zapatero y Chacón tienen la cúpula militar más politizada y más dócil que jamás haya existido. A los salientes de la cúpula se les premia su obediencia, servilismo y docilidad, y paulatinamente van ocupando puestos, y puestecillos –sin ningún azoramiento-, en las empresas del ramo o en organismos internacionales, a los que intentaron acceder y precisamente, por ser quienes eran, fueron rechazados. A veces hasta dan conferencias, poniendo de ejemplo su modelo de gestión, cuando éste ha consistido en no hacer nada y procurar pasar desapercibidos. Se trata de algo que raya casi en el surrealismo, y que el papanatismo del ruedo ibérico contempla hasta con deleite.

Otros profesionales de la defensa que no fueron tan dóciles están en su casa, y escriben desde Menorca, o incluso algunos que ni siquiera alcanzaron el generalato, se dedican ahora a la docencia, mostrando alto y claro su desencanto y contrariedad. ¿Sirve de algo? De nada, pasado algún revuelo por algún caso concreto, aquí paz, y después gloria. Contra menos ruido más pronto se olvida todo, y a seguir disfrutando que la vida son dos días.

No nos engañemos: la profesión militar, la defensa militar y la seguridad nacional están en crisis, por más que se niegue, y la historia no va a perdonar ni a Zapatero ni a sus generales, especialmente a los que pasan de servidores públicos ejemplares a probos empresarios, con “capacidad probada” de gestores eficaces. Como en algunos medios se ha dicho, no hay duda de que el alto mando militar se halla inmerso en un profundo fracaso moral.

A principios de los años 70 se solía decir en los ámbitos de la oficialidad joven de los ejércitos, que todo cambiaría cuando las promociones de cadetes que no habían vivido ni hecho la Guerra Civil llegasen al generalato. Hoy parodiando a Ortega no se puede más que concluir que “¡No es esto, no es esto!”, y los resultados no pueden ser más desalentadores. Los militares deben mantenerse al margen de la política pero deben velar por la máxima eficacia de los instrumentos que manejan, y cuando faltan los medios y procedimientos adecuados, advertir de ello a los responsables políticos. Cuentan que, en mayo de 1940, cuando el Mariscal del Aire Dowding advirtió al War Cabinet sobre la precaria situación de la defensa aérea británica, y de que de no tomarse medidas no se podría garantizar la soberanía del espacio aéreo, el Secretario de Defensa, alarmado, advirtió a Dowding sobre si era consciente de que Churchill iba a ser informado de sus planteamientos, a lo que Dowding respondió diciendo que precisamente para eso lo había hecho. En España no podemos recordar recientemente a ningún jefe de estado mayor de los ejércitos que haya advertido a los superiores políticos acerca de las vulnerabilidades y deficiencias que presentan las fuerzas, los problemas y escaseces en Afganistán y Líbano, y las dificultades para llevar a cabo sus misiones, sino más bien todo lo contrario: solo se han vanagloriado del alto espíritu que demuestran, la excelente labor que realizan, y más maravillas del mismo tono dedicadas al consumo de la opinión pública y a adular a las autoridades políticas.

A la luz de los resultados es obvio que la defensa nacional no interesa en España, pero lo peor es que la defensa, sobre todo no interesa ni a los propios militares, o por lo menos no le interesa a la llamada cúpula militar, ni a la gran masa de generales en activo, excesiva a todas luces para un país que es el que menos invierte en seguridad y defensa nacional de toda la OTAN, exceptuando quizás en términos absolutos a Portugal y Luxemburgo.

Lo más reprobable de la actitud de los que podemos llamar “generales de Zapatero”, es su conducta vergonzosa. Simples estómagos agradecidos, no al servicio no de la nación, sino de los gobernantes de turno a los que deben sus ascensos y sus prebendas, más bien propias de la caridad y limosnas que de distinciones y privilegios merecidos-, no alzan la voz ni exponen a los gobernantes la realidad preocupante de la defensa nacional. De todos es conocido que la gran mayoría de estos generales solo hacen lo preciso de su deber para no perder su silla. Simplemente se limitan a decir sin novedad, engañando con su actitud, no solo a las autoridades políticas sino al conjunto de contribuyentes, sino a sus propios subordinados a los que se les pide y exige todo el sacrificio en nombre de unos principios que brillan por su ausencia en los despachos suntuosos de la Castellana y aledaños.

Sin duda fue un gesto “hermoso” el que el propio Jefe del Estado Mayor de la Defensa afirmase, hace unos meses en el Congreso, que en época de carestía, los servidores públicos deben ser los primeros en apretarse el cinturón, no significando ello otra cosa que estar dispuesto a aceptar y a resignarse a que las Fuerzas Armadas estén peor equipadas, a que no se puedan cumplir muchas de las misiones establecidas por la propia Constitución, y a que por negligencia se pudieran producir bajas, y pérdidas de vidas humanas, en cualquiera de los escenarios internacionales, o en el curso de las misiones de adiestramiento regular que los soldados españoles realizan en el día a día de su trabajo –como así ha sido-, y en suma, a que la defensa nacional siga presentando unas vulnerabilidades del todo inaceptables para el nivel, status y papel que España debe representar en la colectividad internacional.

No hay duda tampoco de que la actitud del máximo representante de la cúpula militar –que, naturalmente, no renunciaba con esas “hermosas palabras” a ninguno de sus privilegios-, le podría llevar en última instancia al desempeño de un buen cargo en alguna de las empresas relacionadas con la defensa, como ha ocurrido con quienes han mostrado conductas dóciles y acomodadas con el poder político, y que han servido igualmente al sector industrial conveniente. Es un clamor entre los militares esta relación directa entre una cosa y otra. Después se viste el asunto con el adorno de la excelente capacidad de gestión acreditada por el “afortunado” y lo mucho que aporta a la industria en cuestión, aunque el histórico de su gestión sea precisamente el no haber hecho nada durante su período de mando, pero de eso se trataba precisamente ¿o no?

De Franco a Zapatero

En España, el general Franco supo utilizar a los generales en su propio provecho, no abandonando el poder, aún tras la victoria en la Guerra Civil, como habían esperado algunos de estos generales –especialmente Kindelán y Queipo de Llano-. Franco asentó una dictadura personal cuyo núcleo fue el poder militar, aunque paradójicamente los militares fueron privados poco a poco de toda capacidad de decisión y mando. Con él, los Ejércitos fueron relegados a un papel secundario. Nunca los generales habían sido más políticos que en ese momento y menos militares. Esto parecía impropio en un sistema democrático… hasta hoy, habiendo dejado “los generales de Zapatero” pequeños a sus antecesores.

Uno de los métodos que Franco utilizaba para mantener el control sobre los generales del Ejército era hacer la vista gorda ante las pequeñas corrupciones. Admitir ciertas prebendas para los altos cargos, tolerar una organización ineficaz que solo mantenía los ascensos, y otorgar despachos y cargos que servían para la ostentación y pavoneo de los que los detentan, ascendiendo a aquellos que no eran merecedores, ni lo esperaban, pero que por esa misma razón se convertían en rehenes e instrumentos serviles del poder político. Pues bien: hoy con Zapatero, el sistema de corrupción moral y profesional de las Fuerzas Armadas sigue el mismo guión.

La actual organización fue concebida en tiempos del Ministro Trillo, perfeccionada con el exministro Bono, y ha sido elevada a lo sublime con la Ministra Chacón. La regresion profesional es el ejemplo más claro del desbarajuste y del caos que reina en la estructura militar de la España de Zapatero. En el Ejercito de Tierra, por ejemplo, ha significado perpetuar de hecho las antiguas capitanías generales, ahora con otros nombres manteniéndose un determinado número de vacantes de teniente general y nada mas, y manteniendo contento al generalato, aunque se trate ya de puestos sin casi subordinados ni contenido. Con lo cual, la cosa queda mucho mejor, con menos trabajo y menos problemas.

Militares, cargos y compatibilidades

El reciente nombramiento del ex JEME del Ejército, hoy en la reserva, como vicepresidente de una firma de capital extranjero -íntimamente ligada al propio Ejército- es un ejemplo palpable de esta conducta, y prueba de la actitud deplorable de muchos de los altos mandos de las fuerzas armadas. Esta actitud es tolerada y favorecida desde el entorno político de la ministra Chacón y la Presidencia del Gobierno, en su afán por destruir moral y físicamente unas fuerzas armadas que odian desde su más profundo interior. Este nombramiento sigue al del ex – AJEMA, también en la reserva, que se ha integrado recientemente en la empresa Navantia, antes Empresa Nacional Bazán. Síntoma claro de que no tienen clara su conciencia, ambos han renunciado expresamente a seguir en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, como si así se lavase cualquier duda sobre su honorabilidad, y demostrando claramente cuales son sus preferencias. Curiosamente ambas empresas gestionan los principales programas en curso, terrestres y marítimos, como son el carro de combate Leopardo, el vehículo de combate Pizarro, y el nuevo MRAP RG-31, en Santa Bárbara, y el Buque de Proyección Estratégica, las fragatas F-100, los submarinos S-80, y otros buques, al margen de otros programas menores –pero sustanciosos-, de abastecimiento de municiones, y de mantenimiento, en ambas empresas.

Tradicionalmente siempre ha habido militares en ambas empresas –conviene recordar que se ha tratado siempre de empresas públicas ligadas a la defensa nacional-, y mientras eran públicas hubo una época en la que los cargos de directores de las fábricas los ocupaban coroneles –normalmente ingenieros de armamento o artilleros-, y capitanes de navío o contralmirantes, y se consideraban como un destino más dentro de la carrera. Pero eso ya es historia; Santa Bárbara fue privatizada al 100 por 100, vendiéndose a la firma norteamericana General Dynamics, CASA fue absorbida por completo por EADS, y Bazán, aunque todavía pública, ha pasado por diversas vicisitudes hasta convertirse en la actual Navantia, en vías hacia una privatización total más pronto o más tarde.

Son muchas las preguntas que surgen entre los militares. Ambos han tomado decisiones y firmado resoluciones bajo el ejercicio de su responsabilidad como altos cargos del Ministerio de Defensa en relación con dichas empresas. Surgen por tanto las dudas sobre la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos, que el Ministerio debiera aclarar. Y ello además porque en nuevas Reales Ordenanzas de las FAS recién aprobadas por la Ministra Chacón, leemos:

Artículo 5. Actuación del militar como servidor público.

Deberá actuar con arreglo a los principios de objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez y promoción del entorno cultural y medioambiental.”


Las actitudes y comportamientos de muchos generales se han hecho tan diferentes de las del resto de los militares que se hace necesaria una reforma clara del proceso de selección y ascenso a general, debiendo privar más su capacitación profesional que la lealtad –realmente servilismo-, al grupo político del momento. Igualmente se hace necesario aclarar las condiciones y limitaciones de sus cargos, en especial de cara a las incompatibilidades en que puedan incurrir. Hoy son exclusivamente los oficiales, desde teniente a coronel, los que dan forma, espíritu y coherencia a los ejércitos, poniéndose de manifiesto una clara separación del colectivo del cuerpo de oficiales del de generales.
Aunque la disciplina no ha llegado a romperse, es patente la existencia de una seria fractura espiritual y hasta de conciencia entre la oficialidad y los mandos superiores, fractura que se debe atribuir mayormente la responsabilidad a los generales, y de la que no se es, o no se quiere ser, muy consciente. Naturalmente hechos como el protagonizado por el exJEME del Ejército, y por el exAJEMA de la Armada, ahondan y hacen más profunda aún esta brecha.

Incluso cerrando los ojos y oídos, el tema rechina, sobre todo cuando al Presidente Zapatero se le llena la boca de hablar de lucha contra la corrupción. No se conoce ni se puede recordar ningún caso parecido hasta ahora, ni ningún Jefe de Estado Mayor de los Ejércitos de España que haya aparecido trabajando para empresas con las que la Defensa ha tenido relaciones, y menos aún en un lapso tan breve de tiempo desde que abandonaron sus cargos públicos. Cada vez hay menos pudor y menos respeto humano. Y nunca los gobernantes de España, y sus autoridades, habían llamado tontos a sus súbditos y subordinados con la frecuencia, intensidad y desparpajo con que lo hacen los que detentan actualmente el poder.

Tienen cierta razón, sin embargo, los que tratan de defender y justificar estas actitudes, ya que desde hace algún tiempo -ya incluso con el gobierno del PP- algunos generales de alto rango habían pasado al sector industrial al pasar a la reserva, pero si no se había hecho mucho ruido es precisamente porque no eran cargos de la talla de los que se consideran ahora. En la antigua Santa Bárbara, ya había otros generales –Tenientes Generales para ser exactos-, que habían desempeñado el máximo cargo del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, y por lo tanto habían estado íntimamente ligados a las adquisiciones, y relacionados por todos los costados con los contratos firmados con la empresa, alguno de los cuáles habían firmado incluso personalmente. Su función en la empresa era y es, la de consultoría y asesoramiento, una tarea, sin duda, de no mucha talla. Inaudito pero real.

Empresas-Ministerio-Empresas

ISDEFE, empresa creada en su día por Narcís Serra para el apoyo de ingeniería de sistemas al Ministerio de Defensa -y que incongruentemente preside el propio Secretario de Estado de Defensa-, es otro de los agujeros donde se premia a los generales que son complacientes para con el estamento político, y así se les admite a ellos y a sus hijas e hijos, e incluso a sus esposas, como podría corroborar en este último caso el “servidor público” por excelencia antes aludido. Así, exDirectores y Jefes de Gabinete, duermen los laureles de la recompensa a su “buen hacer” obediente y servil, en ISDEFE, y otros esperan su turno.

En EADS, antes CASA, hay numerosos asesores, antes generales y tenientes generales del Ejército del Aire. Naturalmente, el alcance económico de los contratos de los tres ejércitos, y no solo del Aire, con EADS-CASA, es enorme, dada la naturaleza de los programas en curso. Eurofighter, A400M, Soldado del Futuro, helicópteros Tigre o NH-90. Sin duda no fue desdeñable el papel jugado por estos asesores en la adjudicación del contrato del helicóptero Tigre a Eurocopter, integrante de EADS, a pesar del rechazo de los profesionales del Ejército de Tierra. Curiosamente este contrato se adjudicó por el exMinistro Trillo, pero ya con el ex – JEME del Ejército como Director General de Armamento y Material (DGAM) del Ministerio de Defensa, aunque luego fue Bono quien lo firmaría y aseguraría. Toda una saga, el dinero no distingue colores.

Todo se justifica con buenas palabras, al igual que Bono justificó lo injustificable al crear de la nada un polo de desarrollo industrial en Albacete para fabricar el pedido de helicópteros para su Ministerio, no podemos dejar de sonreír, cuando menos, al leer las palabras que se han publicado, y que algún alto directivo de Santa Bárbara ha pronunciado, tratando de justificar la llegada del ex–JEME a la empresa, quien, dicho sea de paso, no se ha distinguido precisamente por poseer ni experiencia ni especiales conocimientos en vehículos acorazados, municiones, blindajes, o motores, temas que constituyen el quehacer diario de Santa Bárbara. Dignas de la mejor propaganda del pasado y propias de otras épocas ¿a quién se quiere engañar? No parece realista contemplar, en los tiempos que corren, un lanzamiento industrial de Santa Bárbara a la conquista de los mercados de vehículos militares de combate de Europa y del mundo –solo hay que ver sus antecedentes de exportación-, y menos de la mano de un ex – militar caracterizado precisamente por lo contrario.

La tarea de los jefes de Estado Mayor de los ejércitos es complicada y exige una gran altura de miras. Ninguno de los recientes que han ocupado el cargo, se ha distinguido especialmente por alcanzar ningún hito relevante. Eso sí, bajo su mando se ha consolidado la UME, se ha acabado de poner a punto la Ley de la Carrera Militar, asestando la puntilla definitiva a la moral de los militares, y se han iniciado algunos programas menores de adquisiciones, que aunque de pocas pretensiones, han sido firmados con las empresas Santa Bárbara y Navantia, precisamente, incluyendo el más reciente de los nuevos vehículos protegidos MRAP RG-31, con Santa Bárbara, que es una empresa que ni conoce el vehículo ni lo fabrica ni nada de nada, y solo hace la gestión del contrato. ¿No podía haber efectuado esa gestión ISDEFE que está precisamente para esos menesteres? Está claro que había que darle algo a SBS. Saque el lector su conclusión.

Sin ser juristas, nos parece que está muy claro en la legislación vigente. Y sin haber oído pronunciarse a los organismos competentes como determina la ley 5/2006, de 10 de abril, todo indica que la mayoría de los generales de alto rango de las Fuerzas Armadas en la reserva presentan pruebas palpables de incompatibilidad en sus cargos y puestos actuales. ¿O acaso pueden decir que nunca tomaron ninguna decisión o resolución bajo su ejercicio de responsabilidad como Altos Cargos en relación con dichas empresas?

Desde algún sector, pseudo-intelectual y a sueldo del PSOE, se argumenta que esto sucede desde los tiempos de los romanos, y que es la regla en países como EEUU, Francia, Alemania o Reino Unido. En absoluto es así, y debemos rechazarlo de plano. Incluso si así fuera –que no es el caso-, no habría por qué seguir su ejemplo. España no sigue el ejemplo de tantas y tantas cosas de provecho que se aplican en los países citados, y cuando parece que conviene a unos pocos, se quiere que sigamos el ejemplo dudoso. De entrada, no.

Solo hay que repasar y ver donde están en Estados Unidos, los jefes recientes de los ejércitos y veremos como no hay ninguno dirigiendo una división o área de negocio en Boeing, General Dynamics, o Lockheed Martin. Y en Alemania ¿cuántos generales integran Krauss-Maffei, o Rheinmetall? Ni siquiera en la tradicionalmente corrupta Italia y mucho menos en Francia. Por ello se debe rechazar la manipulación y la tergiversación de la información. Al pan, pan y al vino, vino.

Como ya ha dicho alguien en estos tiempos,… preguntas y más preguntas... en un país que se rompe y que no encuentra respuestas.

GEES - Grupo de Estudios Estratégicos

El Gobierno recorta casi 800 millones en gasto social y servicios públicos

MIENTRAS REPITE EN CADA MITIN QUE NO LO HARÁ

Zapatero rompe su promesa de no disminuir jamás, pase lo que pase, sus partidas dedicadas a gasto social y fulmina, de paso, su principal argumento contra el PP. Según ABC, el Gobierno ha recortado casi 800 millones en materia de educación, discapacidad y mayores.



Zapatero se va a "dejar la piel" por "un orden económico más justo"

El sistema de pensiones español ocupa la "tercera división" de la UE

"El camino para transitar la crisis será social o no será"

La reducción, cifrada en 764,5 millones de euros, se recoge en una pormenorizada respuesta parlamentaria que entierra las políticas del PSOE sobre política social y gasto público a sólo unos días del debate sobre el Estado de la Nación, según ABC.

El propio Zapatero se comprometió el pasado 10 de febrero a reducir todos los gastos no financieros previstos en los PGE, salvo los destinados a las políticas de protección social o retribuciones a empleados públicos. Tras exigir el PP el desglose detallado de dicha reducción, cifrada en 1.500 millones, la respuesta del Gobierno al Congreso ha desvelado numerosos recortes allí donde el propio presidente había prometido no hacerlos. Por valor de casi 800 millones de euros.

De ese modo, se reconocen recortes sociales de 59 millones de euros para el Fondo de apoyo a la acogida e integración de inmigrantes, 12 millones del Imserso, 2.4 pertenecientes al Plan de acción para discapacitados, y 3.01 millones para el apoyo de la "parentalidad" positiva, entre otros.

Además, se reducen 33,8 millones de los dedicados a seguridad ciudadana, 40 del programa para la gratuidad del segundo ciclo de educación infantil, y casi 15 millones del crédito para becas o educación secundaria.

Las reducciones no afectan a Aído

Zapatero también prometió que todos los ministerios sin excepción tendrían que apretarse el cinturón. Y lo han hecho todos, menos uno, según ABC. El ministerio de Igualdad cuenta con un presupuesto de 80 millones de euros que no se ha visto afectado por las exigencias de austeridad.

Si, por ejemplo, Asuntos Exteriores, tal y como dice ABC, ha visto recortada su partida en 73,1 millones del Fondo de Ayuda al Desarrollo, Defensa dispone de 72 millones menos en programas de modernización del Ejército de Tierra, productos farmacéuticos y material sanitario, e Interior ve restados 21,6 millones en materia de seguridad vial, 13 en acceso a la vivienda, y otros 2,7 en instituciones penitenciarias, la cartera de Aído sigue intacta.

"El ajuste ha sido el resultado de una negociación con todos y cada uno de los ministerios centrada en actividades que se pueden aplazar o simplemente no realizar", "se ha actuado en aquellos gastos que no se consideran prioritarios", aseguran desde el Gobierno, cuenta ABC, para afrontar el "mayor gasto derivado de las prestaciones por desempleo".

Gastos financieros

Los 735 millones que quedan hasta llegar a los 1.500 están dedicados a gastos financieros. Fomento (300 millones), Medio Ambiente (200), Ciencia e Innovación (160), Defensa (150), Industria (110), Educación (105) y Vivienda (105) son los más afectados.

El Grupo Popular ha presentado una iniciativa para que el Gobierno elimine esos recortes y los sustituya por reducción del gasto superfluo, es decir, propaganda, gastos de representación y cargos de confianza.

Libertad Digital

UN CHOLLO. Por Alfonso Ussía

Hay dos especies de la condición humana que me inspiran envidia de la mala. En el fondo, la buena envidia es una suerte de admiración, en tanto que la mala es una sensación corrosiva que daña el equilibrio. Y siento envidia de la mala por los multimillonarios de izquierdas y los miembros del Comité Olímpico Internacional. Los primeros, por gozar de todas las amnistías que no disfrutan los multimillonarios de derechas, que son los más consecuentes. Y los segundos, porque resulta imposible vivir mejor. Y lo hemos podido apreciar en Madrid durante la última semana. Hubo un tiempo en el que formar parte del selectísimo COI era más una carga que un cargo. Los miembros del Comité Olímpico Internacional se pagaban sus viajes y los hoteles, y administraban con una pulcritud extraordinaria las menguadas arcas del olimpismo.

Ahora, con el dinero de las televisiones y la expansión del movimiento olímpico, no saben qué hacer con el dinero. Pedro Ybarra Mac Mahon, barón de Güell, me contaba en aquellos aperitivos en «La Rabia» de Comillas, que el COI le salía por un ojo de la cara. Han cambiado los tiempos. La delegación del COI que ha visitado Madrid para valorar las virtudes y los defectos de la candidatura olímpica madrileña ha sido recibida como no se hace con muchos jefes de Estado. El Ayuntamiento, principalmente, que es el candidato, se ha volcado -y ha hecho muy bien- con estos señores tan estirados. Decía la hija de Mercedes Coghen que mientras ella hablaba había un miembro del COI que ni la miró a la cara. Al Ayuntamiento se ha sumado la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España. El sueño es de todos. Y al final, Los Reyes y los restantes miembros de la Familia Real, siempre involucrados con el Deporte, se han mojado sus reales traseros hasta el fondo en beneficio de la candidatura de Madrid. Incluso el ministro del Interior, Alfredo Pérez de Rubalcaba, quizá para tapar la boca y las malas intenciones del chico que reina en Mónaco, ha asegurado que la ETA no existirá en 2016. Y colmados de agasajos, regalos, reverencias, lujos y toda clase de zalemas, los del COI se han marchado sin comprometerse a nada. Porque ahora se inicia la más sucia e interesada lucha por la nominación, con bloques establecidos de voto seguro, y bloques que admiten las influencias para emitir sus votos discrecionales. En la anterior cita, Madrid fue traicionada por dos miembros que a la postre, en un momento de inspiración espectral, después de haber hablado con el fantasma del barón de Coubertin, decidieron que Londres era una ciudad más segura que la capital de España. Pocas semanas más tarde, el metro de Londres saltó por los aires. Pero es de envidiar su arrogancia, su establecimiento en un nivel al que no tiene acceso el resto de los seres humanos, porque de ellos, y sólo de ellos, depende el triunfo y el fracaso de una candidatura, que en el caso de la de Madrid, es una candidatura formidable con cuatro años de trabajo regalado a una ilusión incumplida. Por respeto a los intereses de Madrid y España, domino mis impulsos y amanso mi mano. Pero si Madrid no es la ciudad elegida, que se preparen los del chollo. Soy capaz hasta de retirarles el saludo. Por chulos.

La Razón - Opinión

OCURRENCIAS SOBRE TVE. Por M. Martín Ferrand

DE poco sirvió el «comité de sabios» que, al llegar a La Moncloa, reclutó José Luis Rodríguez Zapatero para estudiar las transformaciones convenientes en TVE. Zapatero, experto en las artes del disimulo, es un genio a la hora de organizar maniobras de distracción que consigan desviar la atención de sus críticos. Aquello fue un globo sonda que no ascendió hacia lo alto; pero le permitió al Gobierno, que es de lo que se trataba, aplazar la solución a un problema que pone en evidencia la escasez democrática a la que, tristemente, parece que nos hemos acostumbrado.

¿Cuál es la justificación teórica para la existencia de televisiones públicas? En Europa, con la que compartimos la enfermedad, se esgrime como razón el perverso planteamiento audiovisual del III Reich y las mañas de Joseph Goebbels para convertir en arma de guerra la entonces naciente televisión alemana. Eso ya no se tiene en pie. Aún así, los mismos demócratas a quienes repugna la idea de una prensa del Estado asumen la existencia de televisiones publicas nacionales, autonómicas y locales.

María Teresa Fernández de la Vega, aparentemente encargada del lanzamiento de los globos sonda con los que Zapatero juega a aprendiz de brujo, ha puesto en circulación el de una nueva TVE sin publicidad. Parece una justificación de la merma en la contratación que padece la Corporación. Es una nueva ocurrencia frente a la que no se sabe qué valorar más, si la capacidad de irresponsable improvisación del Gabinete o el desparpajo que, en alarde de ignorancia, lucen los notables que la testan ante la opinión pública y frente a quienes resultarían ser sus perjudicados.

Además del Presupuesto, esa Ley que el Gobierno aprueba cada año para no cumplirla, la financiación de TVE sin publicidad, sólo con propaganda, se sustentaría en un canon a satisfacer por las televisiones privadas -cosa no prevista en las concesiones vigentes para la explotación privada del servicio público-, con un «impuesto revolucionario» a las compañías de telecomunicación -que pagaríamos sus usuarios- y con una parte de la tasa sobre el uso del espectro radioeléctrico que está por venir. Una vez más, lejos de buscar una solución global para TVE, el Gobierno, en desprecio de lo fundamental -la esencia y el control político- se centra en una hipótesis de financiación absolutamente peregrina. Zapaterista.

ABC - Opinión

LA PASIVIDAD DEL CONSTITUCIONAL, UN ESCANDALO

EL GOBIERNO y la oposición reaccionaron ayer contra la Ley de Educación que está a punto de aprobar el Parlamento de Cataluña, en la que se impone el catalán como única lengua vehicular del sistema educativo. UPyD y PP manifestaron su disposición a recurrir esta norma ante el Tribunal Constitucional si no se reconoce el derecho de los padres a una enseñanza en castellano y la Generalitat persiste en un modelo que no reconoce el bilingüismo en las escuelas.

María Teresa Fernández de la Vega afirmó que el Gobierno va a «analizar» la ley cuando salga del Parlamento de Cataluña, pero fuentes gubernamentales aseguraron a este periódico que el Ejecutivo recurrirá también ante el Constitucional si la ley catalana no asume la tercera hora de castellano, obligatoria por un decreto del Ministerio de Educación. Es una cuestión tal vez menor, pero la Generalitat nunca ha aceptado esta disposición, convirtiéndola en piedra de toque de su rebeldía ante el Estado.


En realidad, no harían falta esas iniciativas del Gobierno y la oposición si el Tribunal Constitucional se hubiera pronunciado ya sobre el recurso que presentó el PP en julio de 2006 en el que se impugnaban decenas de artículos del Estatuto, entre ellos el que establece que el catalán es «la lengua propia» de Cataluña y que debe ser la única vehicular en la enseñanza.

Han pasado casi tres años y los miembros del Tribunal Constitucional siguen aplazando su decisión mientras la Generalitat y el Parlamento de Cataluña practican una política de hechos consumados que haga poco menos que imposible cualquier marcha atrás.

Rosa Díez pidió ayer la dimisión de los magistrados del Alto Tribunal por su pasividad. Cada día que pasa parece más claro que no se atreven a pronunciarse para evitar un conflicto político con el nacionalismo catalán, cuyos líderes han amenazado con no cumplir la sentencia si es desfavorable a sus intereses.

Lo menos que cabe exigir a estas alturas al Constitucional es una clarificación definitiva y sin equívocos sobre esos artículos que están permitiendo a Cataluña construir un Estado dentro del Estado, vulnerando de forma flagrante la letra y el espíritu de la Constitución.

El Supremo ya falló hace cinco meses que la Generalitat debe garantizar a los padres que lo soliciten el derecho a educar a sus hijos en castellano. Pero como la sentencia no fue más allá de reconocer ese derecho, la Generalitat no ha dado ningún paso para cumplirla, alegando que las cuestiones lingüísticas y educativas son competencia suya.

Teniendo en cuenta este precedente, el Constitucional debería ser mucho más categórico y preciso sobre esta cuestión, al igual que sobre temas como la bilateralidad, la financiación, los llamados «símbolos nacionales», los derechos históricos y el blindaje de las competencias. ¿Cómo es posible, por ejemplo, convalidar la constitucionalidad del artículo 110 de un Estatuto que señala que las leyes aprobadas por el Parlamento catalán tendrán siempre primacía sobre las del Congreso en materia de competencias exclusivas?

No hay que ser catedrático de Derecho Constitucional para saber que ello vulnera la Carta Magna. Los miembros del Constitucional también lo saben, pero les da miedo decirlo en una sentencia. La prueba es que llevan tres años deshojando la margarita y ganando tiempo para no mojarse a pesar de que el Tribunal tenía que haber sido renovado hace 17 meses. La incapacidad del Constitucional para pronunciarse es un verdadero escándalo político que deslegitima esa institución, máxime cuando estamos ante un asunto de enorme trascendencia, que afecta de lleno a la arquitectura institucional del Estado.

El Mundo - Editorial

¿NO APRENDEREMOS NUNCA?. Por José María Carrascal

«EN España no hay gobierno y no hay oposición», me dice un conocido que, desde la atalaya neoyorquina sigue apesadumbrado la política de nuestro país. Mi respuesta: «Lo que no hay en España son españoles. Hay cada vez más catalanes, vascos, castellanos, gallegos, andaluces, valencianos, etcétera, y menos españoles. Si a alguien se le ocurriera, como a Kennedy, decir allí «No preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país», le corrían a gorrazos, pues en España todo el mundo pide, pero nadie está dispuesto a dar nada. Como al Real Madrid, a España le falta equipo y le sobran jugadores».

La cosa viene de lejos y la crisis económica la ha llevado al límite, con un gobierno que sigue sin admitir su gravedad y unos españoles dispuestos a tolerárselo. Sólo así se entiende que con 4 millones de parados, las peores perspectivas en la Comunidad Europea y un 65 por ciento de la población confiando poco o nada en el presidente, el Gobierno siga aventajando a la oposición en las encuestas y ganaría unas elecciones generales de celebrarse hoy. ¿Cómo es posible? Pues porque Zapatero no pide sacrificios, ni esfuerzos, ni nada para salir del atolladero en que nos encontramos. Al revés, asegura que no recortará el gasto social, que es tanto como decir que los parados seguirán cobrando eternamente su seguro de desempleo. Así, ¿quién tiene miedo a la crisis? ¿Quién tiene ganas de escuchar a los malajes que predicen todo tipo de desgracias? Más, cuando la ministra de Economía aprecia ya «brotes verdes» en el árido panorama. ¿Cómo van a estar alarmados los españoles, cómo van a querer un cambio de gobierno? Lo que digan los expertos, lo que anuncien los indicadores, lo que advierta el sentido común no importa. Lo importante es seguir como íbamos, tan contentos, aunque sea al precio de endeudarnos hasta el infinito. Pues, como decía otra ministra, «el dinero del Estado no es de nadie».

Ahí puede estar la clave de todo. En los países serios, en las democracias de verdad, no hay «dinero del Estado». Hay «dinero del contribuyente». Hay una sociedad civil, protagonista de la vida política. Pero en España, pese a lo que hayamos avanzado, sigue sin haber sociedad civil, sigue sin haber ciudadanos conscientes de que el Estado somos todos, no un tío rico y un poco tonto, al que puede sacársele todo el dinero que se quiera sin riesgo, peligro ni esfuerzo. Hemos vuelto así a la más chabacana, triste, decrépita versión de España: la del «yo arramplo con lo que puedo, y el que venga detrás que arree».

(Pd: Intercambio por teléfono impresiones sobre la situación con un amigo alemán, empresario, que lo está pasando mal. Su comentario sobre nuestro país: «¿Pero no aprenderéis nunca los españoles?»).

ABC - Opinión

RTVE: ESTO ES UN ATRACO

«A cambio de películas y partidos de fútbol sin publicidad comercial, el PSOE quiere suministrarnos una nueva dosis de adormidera a base de reportajes sobre los peligros de la globalización y el capitalismo y las virtudes del multiculturalismo.»

La supresión de la publicidad en los canales de Televisión Española y su financiación a través del erario público y de dos nuevos impuestos, uno que pagarán las televisiones privadas y otro sufragado por todos los usuarios del teléfono o de Internet, es un abuso intolerable que merece la reacción inmediata y rotunda de la sociedad civil y la oposición.


Con una deuda que sobrepasa el billón de las antiguas pesetas, RTVE es un gigantesco esqueleto pestilente y carcomido por la politización, los enchufes y el nepotismo que gobiernan esa casa y un puñado de estudios y productoras que viven exclusivamente de la vampirización del presupuesto de la Corporación. Además, en la actualidad no existe ningún contenido ofrecido por RTVE que no esté disponible en los operadores privados, siempre a un coste menor y con frecuencia de calidad muy superior.

En estas condiciones, no hay ninguna razón que explique la pervivencia de RTVE y sus imitaciones regionales salvo el afán de los políticos por diseñar unos servicios informativos a su medida y recompensar mediante contratos y subvenciones a quienes prostituyen su poco o mucho talento al servicio de una causa partidaria.

Ahogados por una legislación que impide que expandan sus operaciones, usen las economías de escala o aprovechen las sinergias creadas por los acuerdos de colaboración con otros operadores, en los últimos meses varios medios de comunicación privados se han visto obligados a reducir sus plantillas, con el consiguiente desencadenamiento de una crisis en todo el sector.

Ante esta grave situación, que podría producir una merma en la pluralidad y variedad de las fuentes de información, formación, opinión y entretenimiento de los ciudadanos, el Gobierno ha optado por reforzar el sector público asestando otro golpe al mercado y a la iniciativa empresarial. Por tanto, hace bien la Asociación Española de Operadoras de Telecomunicaciones al calificar la iniciativa del Ejecutivo de abusiva e ilegal y anunciar el recurso a los tribunales ante este nuevo acto de tiranía.

A cambio de de películas y partidos de fútbol sin publicidad comercial, el PSOE quiere suministrarnos una nueva dosis de adormidera a base de reportajes sobre los peligros de la globalización y el capitalismo y las virtudes del multiculturalismo y el ecosocialismo, concursos de patosos y propaganda gubernamental.

Sin embargo, la televisión pública dista mucho de ser gratuita. A los más de 2200 euros por habitante a que asciende el agujero de RTVE, habrá que sumar en breve los recargos en los recibos de teléfono e Internet. En su comparecencia tras el Consejo de Ministros del viernes, la vicepresidenta Mª Teresa Fernández de la Vega elogiaba el modelo de financiación contenido en el anteproyecto de Ley de Financiación de la Corporación de RTVE como transparente, equilibrado y razonable. En realidad, se trata de un nuevo atraco perpetrado por una pandilla de vulgares cuatreros a los que los españoles deberían poner fuera de la circulación política cuanto antes.

Libertad Digital - Editorial

PIRATAS SANOS, SALVOS Y LIBRES

ES incomprensible que la captura de siete piratas somalíes por un buque de la Armada Española, en vez de desarrollarse como un ejemplo de buen hacer de nuestras tropas y de las administraciones públicas de nuestro país, se haya convertido en un conflicto entre poderes del Estado y no en un problema para esta banda de delincuentes. La sucesión de hechos parece un sainete. Primero, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, a instancias de la Fiscalía, ordena el ingreso en prisión provisional de los piratas y su traslado a España para ser juzgados por un delito de piratería, que está comprendido entre los que pueden juzgar los tribunales españoles aunque se cometan fuera de su jurisdicción. Poco después, el fiscal rectifica su criterio y, apelando a un reciente canje de notas entre la Unión Europea -responsable del despliegue militar en la zona- y Kenia, pide al juez Andreu que ordene la entrega de los piratas a este país africano. El tercer episodio ha sido un auto del juez Andreu que pone a los piratas en libertad y hace caso omiso a la petición del fiscal, porque alega que un canje de notas no es una norma jurídica aplicable a sospechosos detenidos bajo jurisdicción española.

Este despliegue militar en el Índico está comprometiendo a decenas de países. Estados Unidos resolvió expeditivamente el secuestro de un buque americano. Francia no negocia y asalta los buques de su bandera en manos de piratas y persigue a éstos incluso en tierra. Es fácil imaginar qué pensarán estos y otros países acerca la actuación española por la liberación de siete piratas. En cualquier caso, lo que este bochornoso espectáculo acredita es la improvisación y la descoordinación con que se planificó la iniciativa contra la piratería. Parece que nadie en el Gobierno -ministerios de Presidencia, Defensa, Justicia y Asuntos Exteriores- se preguntó qué habría que hacer con los piratas que fueran detenidos y nadie se preocupó de estudiar y avisar de la relevancia jurídica de un canje de notas que está publicado por el Diario Oficial de la Unión Europea desde 23 de marzo de este año.

La torpeza política se ha traducido en chapuza judicial. Un canje de notas entre la UE y Kenia no es una norma vinculante para los tribunales españoles, y menos aún sustituye un procedimiento reglado y garantista de extradición a un tercer país. Los piratas estaban sometidos a una autoridad militar española por un delito perseguible por la Audiencia Nacional. La decisión política de la UE de entregar los piratas a Kenia no es suficiente para crear una inmunidad frente a la Justicia española. Por otro lado, es inevitable reflexionar sobre el contrasentido de que la Audiencia Nacional esté abriendo sumarios de justicia universal contra responsables que nunca se sentarán en el banquillo, y para una vez que los posible autores del delito no sólo están localizados sino detenidos por un buque de la Armada, al final quedan en libertad. Pocas dudas caben de que la opción más realista para combatir la piratería sea la disuasión, el uso de la fuerza y, cuando sea posible, la detención de los piratas y su entrega al país que, por su nacionalidad, corresponda juzgarlos. Mientras el Gobierno pone orden legal y diplomático en esta chapuza, parece razonable que el Congreso de los Diputados reciba una explicación política por este despropósito.

ABC - Opinión