jueves, 25 de junio de 2009

Cuestación para Garzón. Por Hermann Tertsch

HACE bien poco me llegó una multa de 400 euros por despistarme en un maldito radar instalado en el túnel de la calle de Costa Rica. Me pareció, me dejarán decirlo, una pequeña pasada. Pero la pagué porque aquí ya sabemos que los tribunales pueden ser decimonónicos, las carreteras albanesas, los servicios tercermundistas y los discursos de épocas de entreguerras, pero la informática y efectividad recaudadora es, como dice el presidente, de auténtica «txampionslig». Como en realidad me podrían haber cobrado mil o dos mil euros porque los criterios de nuestro Fouche Rubalcaba y acólitos a la hora de ponderar multas son inescrutables, me ofrezco hoy aquí públicamente a hacer una pequeña donación para otra multa que me parece casi más injusta. El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, va a tener que hacer un esfuerzo para pagar la multa de 300 euros que le han impuesto las autoridades judiciales, que Dios tenga en su gloria. Es lo que le cuesta una pezuña de alguno de los corzos que abate por las serranías carpetovetónicas. Es lo que vale probablemente el tercio de una aleta de un merlín, esos bichos grandes que nadan hasta que los trinca otro de nuestros máximos responsables de la seguridad, el señor Alberto Saíz, jefe del CNI.

Mi problema está en que me cuentan que el señor Garzón no paga 300 euros por una pezuña de corzo ni por una aleta de merlín. Supongo que esos trofeos para ciertas gentes son regalo de la casa. Ni siquiera los paga por pasar a sesenta kilómetros por hora por el túnel de la calle Costa Rica en Madrid. El juez de la Audiencia Nacional que quería ser presidente de ese tribunal especial y que tiene potestad legal y libertad para meternos a todos en la cárcel por lo que considere oportuno, va a pagar 300 euros como multa por dejar en libertad a dos traficantes de drogas. De los serios, no unos «dealers pringaos» de barrio. De los que inundan las ciudades de heroína y son responsables directos de que en la Cañada Real de Madrid o tantas zonas de España deambule un ejército de enfermos hechos unos espantajos. Cuentan que Garzón no se leyó todo lo que debía leer antes de dejar que estos dos personajes tomaran las de Villadiego. A nadie debe extrañar que alguien que escribe tanto lea tan poco. Solían decir de Todor Yivkov y de Nicolae Ceaucescu eran los únicos humanos que había escrito más que leído. Yo recuerdo bien como las inabarcables obras completas de esos dos grandes dirigentes alimentaban las estufas en aquel gélido invierno de los Balcanes hace ahora veinte años. Lejos de mi intención o deseo ver que las obras de Garzón corran la misma suerte. Creo que serán un útil testimonio para los estudiosos de nuestra propia balcanización política, intelectual y judicial. Pero animo a una cuestación pública para pagar la ominosa multa de 300 euros impuesta a Garzón por su despiste.

ABC - Opinión

Rajoy explota, y hace bien, el síndrome del piloto borracho. Por Antonio Casado

Los bandazos del Gobierno en materia de política fiscal le sirvieron a Rajoy para practicar el tiro al blanco contra Zapatero en la sesión de control al Gobierno. Lógico. Y legítimo, ¿por qué no?, aunque de nuevo nos quedemos en un lance más o menos ocurrente de la morbosa explotación política de los síntomas. De ahí no salimos. Alternativas, pocas o ninguna.

Es la crónica diaria del improductivo debate entre el Gobierno y el principal partido de la oposición por cuenta de la crisis económica. Marcará el resto de la Legislatura y determinará el resultado de las próximas elecciones generales. Bien lo sabe Rodríguez Zapatero. Por ahí va el último fogonazo de su proverbial voluntarismo: ayer anunció que en 2012 España recobrará el equilibrio presupuestario. Lean ustedes a Carlos Sánchez (La recesión pone a la Hacienda Pública al borde del colapso, ayer en El Confidencial) y entenderán hasta dónde llega el incurable optimismo del presidente.


Casualmente 2012 es el previsible año electoral, salvo que la indigencia parlamentaria del PSOE, con costaleros de contratación variable, acabe precipitando una convocatoria anticipada. Aún así, el planteamiento, nudo y desenlace también sería la situación económica del país, y más concretamente el malestar social generado por una cifra insoportable de parados ¿Hacia los cinco millones, como se teme el PP?

Pero no nos desviemos. Lo que toca hoy –lo que tocaba ayer en el cruce semanal de Zapatero con Rajoy en el Congreso-, era la insensata confusión introducida por el Gobierno en materia de impuestos. Hoy subo, mañana no subo. Y luego, al revés. Según el costalero que acabo de contratar, o con el que acabo de romper para recomponer el acuerdo con el otro. El episodio de la reforma laboral pactada con CiU y reventada por IU solo es comparable al episodio de la reforma fiscal pactada con IU y reventada por CiU. Acudamos al “Don de la Ebriedad” (inolvidable paisano, Claudio Rodríguez) para explicar el galimatías.

El síndrome del piloto borracho ataca de nuevo a los ciudadanos que de buena fe tratan de entender algo. “Aquí no hay quien se aclare”, dijo Rajoy, que lo aprovechó a tope, e hizo bien, en la habitual sesión matinal de los miércoles. El pasaje no tiene desperdicio: “¿Va a subir impuestos como acordó a las 14 horas del día de ayer o no va a hacerlo como dijo a las 18 horas del día de ayer? ¿Va a hacer una reforma laboral como dijo a las 19 horas de un lunes pactando con CiU o no va a hacerla como dijo a las 9 horas del martes siguiente? ¿Va a controlar el déficit o por el contrario no va a controlar el déficit? ¿Va a cerrar la central de Garoña como dice su programa o no va a cerrarla como dice el Consejo de Seguridad Nuclear y quiere el ministro de Industria? ¿Va a pactar su política económica con IU o con otros grupos, porque evidentemente no es lo mismo?”.

Cualquiera de esas preguntas las firmaría un votante socialista. Y alguna más. Por ejemplo: ¿Va a mantener la reforma de la ley del aborto o acabará cediendo a las presiones de la Iglesia y la derecha más reaccionaria del país? ¿Va a utilizar en serio la inspección fiscal para terminar con esa broma de que solo el 3 % de los contribuyentes declaran por encima de los 60.000 euros de ingresos anuales? ¿Piensa encabezar algún día una verdadera cruzada legal y política contra la corrupción municipal? ¿Va a ocuparse, por vergüenza torera, de los refugiados saharauis o abrazará definitivamente la causa y los intereses de Marruecos? Porque cuando el conductor pierde el control del coche, nunca sabes si va a salir dando tumbos hacia la derecha o hacia la izquierda de la carretera.

el confidencial - Opinión

Le Pen en Galicia. Por Cristina Losada

«Quien se pregunte por qué en España no ha surgido un Frente Nacional como en Francia ha de buscar respuesta en ese discurso xenófobo. El espacio político del ultraderechista Le Pen lo ocupan aquí los secesionistas y sus clones.»

El fondo etnicista del nacionalismo sale a la superficie en toda su monstruosidad, en ocasiones como la que se vivió el martes en el Parlamento de Galicia. La supresión de la obligatoriedad de realizar en gallego el examen de las oposiciones a funcionario de la Xunta y de la Administración Local no era asunto baladí. Por algo tal imposición fue una de las primeras medidas del gobierno de socialistas y nacionalistas. Su propósito no era otro que el de construir una administración a su imagen y semejanza, un coto reservado para sus iguales. Asegurarse de que en ningún sector público, incluida la sanidad, pudiera entrar nadie que hubiera dedicado más tiempo y esfuerzo a mejorar su capacidad profesional que al aprendizaje del gallego.


El BNG y el PSdeG, ciegos a las enseñanzas de sus derrotas, recurrieron a su retórica tremendista para oponerse a un derecho tan elemental como que los aspirantes puedan elegir cualquiera de las dos lenguas cooficiales. Lo cual, cosa que ocultan ambos partidos, no les exime de conocer el gallego. O disponen de un título que lo acredite o deberán realizar una prueba en ese idioma. Pero qué importa la realidad cuando se trata de proclamar que acaba de producirse "el 18 de julio contra el gallego", como sentenció para gloria del esperpento y ridículo propio, el socialista José Manuel Lage Tuñas. Extraño golpe ése, que vuelve a acercar la norma al Estatuto y a la Constitución y a la condición bilingüe de Galicia, que los de Touriño y los del Bloque quisieron destruir a golpe –ahí sí– de decreto y policía lingüística.

Pero procedería del nacionalismo fetén –el del PSdeG es sobrevenido, aunque no menos extremista– el berrido más revelador de cuantos se escucharon en la Cámara. Bieto Lobeira, del BNG, alertó de la invasión que se avecina por culpa de esa libertad de elección de idioma en los exámenes. De un diputado que apeló a un futuro holocausto nuclear para reclamar la galleguización de los cementerios se podía esperar que profetizara la próxima llegada de los marcianos con el malvado designio de ocupar los preciados puestos de la Xunta. Pero no, es aún más grave. El odioso ejército que amenaza con "un desembarco" en Galicia son "personas de fuera". ¡Españoles! Extranjeros que podrán instalarse como funcionarios en las tierras de Breogán y corromper la prístina pureza de los indígenas. Los españoles son, para el nacionanismo, mucho más peligrosos que los extraterrestres.

La aportación de Lobeira a los derechos humanos y a la convivencia se cifra en este mensaje: vendrán otros españoles a robarles el trabajo a los gallegos, que en la definición nacionalista son, de modo exclusivo, sus propias huestes y acólitos. Quien se pregunte por qué en España no ha surgido un Frente Nacional como en Francia ha de buscar respuesta en ese discurso xenófobo. El espacio político del ultraderechista Le Pen lo ocupan aquí los secesionistas y sus clones

Libertad Digital - Opinión

Tres aviones y un presidente. Por M. Martín Ferrand

EN el Imperio de nuestro Carlos I nunca se ponía el sol. Ahora, mutatis mutandi, en donde el sol no sale es allí donde vuela -¡en escuadrilla!- José Luis Rodríguez Zapatero, apóstol pacifista, defensor de los derechos ajenos, conciliador de civilizaciones, valedor del tercer mundo y, en sus ratos libres, presidente del Gobierno de España. Los vecinos de Lomé, la capital de Togo, se quedaron sin un amanecer porque, dada la grandeza con que España se proyecta por el mundo, un Hércules y dos Falcom del Ejército del Aire, escoltados por varios millones de mosquitos locales, sobrevolaron el cielo togolés y se interpusieron entre el sol naciente y los habitantes de la vieja colonia alemana. La grandeur francesa, la más clásica, se queda en pañales ante una exhibición de medios como la del líder socialista español.

Viajes como este último, concordantes con los que suele hacer la vicepresidenta primera, demuestran el realismo político de Zapatero. Sabedor de la dimensión y potencialidad de su Gobierno ha querido poner la política exterior en la escala que se corresponde con el ministro titular, Miguel Ángel Moratinos. Mejor sería verle en Washington, Londres, París o Berlín, pero sabe que la única manera de parecer verdaderamente alto es rodeándose de personajes, naciones y circunstancias mucho más bajitos de lo que él y su Gobierno significan. Un viaje a Togo es un viaje, un punto de apoyo para que su máquina propagandística, lo único que le funciona, pueda amplificar la realidad y presentarle como gran luchador contra la pena de muerte.

Tras el despliegue aeronáutico de un viaje menor y risible, Zapatero ha vuelto a la realidad e insiste en no hacer lo que debiera y le aconsejan los expertos. Ha buscado como burladero, en el que defender su contumacia de las cornadas del paro y la pobreza crecientes, el pregón de su falso compromiso social. No quiere retroceder en las «conquistas» alcanzadas por el Estado de bienestar. ¿Quién le pide que lo haga? Remodelar la agotada falsilla de nuestras relaciones laborales y reformar el modelo económico ya caducado, cuando también el turismo anuncia crisis profunda, no es renunciar a nada. Es, sencillamente, enfrentarse a una nueva situación y tratar de evitar males mayores. Algo que exige un plan, un consenso profundo con el PP, y la renuncia de la picaresca oportunista con la que viene capeando su debilidad parlamentaria.

ABC - Opinión

Otros 5 jueces ven indicios contra Bárcenas ¿Y Rajoy?

Dada la gravedad de los delitos y la autoridad de quien formula la acusación, Rajoy debe apartar a Bárcenas cuanto antes para no herir más al PP.

YA NO ES sólo Garzón y el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Son además cinco magistrados del Tribunal Supremo, en su mayoría propuestos por los vocales del PP en el Consejo General del Poder Judicial, quienes también ven presuntos delitos de cohecho y fraude fiscal en las conductas de Luis Bárcenas, senador y tesorero del PP, y Jesús Merino, diputado. Por ello, el Supremo investigará a estos dos aforados, aunque dejará la instrucción del caso Gürtel en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.


Los cinco magistrados de la Sala Segunda afirman en su resolución que la investigación a Bárcenas y Merino es «escindible» del resto del caso si bien advierten que «el delito de cohecho debe extenderse por su naturaleza relacional a las personas que hubieran entregado el dinero». Esto implica que el Supremo podría sentar en el banquillo a Francisco Correa y otras personas de la trama si entendiera que han pagado dinero de los dos aforados.

La Fiscalía se había manifestado previamente favorable a que todo el caso Gürtel fuera investigado por el Supremo, pero éste considera que ello violaría el principio de juez predeterminado por la ley y el derecho a una doble instancia penal de los encausados que no están aforados, como Correa, Álvaro Pérez y otros.

Se trata de una cuestión formal en la que probablemente hubiera sido más lógico seguir el criterio de la Fiscalía, pero lo que alega el Supremo también tiene sentido. La decisión del Alto Tribunal implica que Bárcenas será llamado inmediatamente a declarar como imputado sin necesidad de suplicatorio puesto que así lo permite la reforma legal realizada en 2002. El testimonio de Bárcenas será muy importante, puesto que, una vez escuchado el tesorero del PP, el Supremo tendrá que decidir si archiva la causa o sigue investigando, en cuyo caso tendría ya que pedir el suplicatorio.

Rajoy debería haber apartado ya a Bárcenas de sus funciones, pero su encausamiento por el Supremo aumenta mucho más la presión sobre el líder del PP. ¿Seguirá manteniéndole como tesorero una vez que el Alto Tribunal ha visto indicios suficientes como para investigarle?

El líder del PP declaraba el pasado lunes que hará «lo más justo» y decía que no sabe de qué se acusa a su colaborador. Pues bien, ya lo sabe: de cohecho y de fraude fiscal. El Supremo explica en su resolución los indicios de delito que pesan sobre él. Y además EL MUNDO publica hoy el contenido del escrito de la Fiscalía, en el que se sistematizan las acusaciones contra Bárcenas y Merino.

La Fiscalía rebate la declaración de Correa ante el juez Pedreira, cuando el cabecilla de la trama matizó que él sólo había dicho que el PP se «ahorró» 1.000 millones de pesetas gracias a que sus empresas organizaban «actos baratos». La Fiscalía no se cree esta versión de Correa porque sostiene que en la grabación que obra en el sumario él habla de pagos por «obras» y fondos transferidos a paraísos fiscales.

El escrito del Supremo señala que las anotaciones en la contabilidad de Correa y el informe de la Agencia Tributaria ofrecen indicios «suficientes» de que Bárcenas pudo incurrir en delitos de cohecho y fraude fiscal. Ya no lo dicen filtraciones periodísticas sino cinco magistrados.

Rajoy argumentaba que ha habido otros dirigentes del PP injustamente acusados y que, por ello, no se va a dejar presionar «por nada ni nadie». También aseguraba que decidirá sobre Bárcenas en base a sus «convicciones» y su «conciencia». Pero Rajoy no es juez sino dirigente político y la imputación del Supremo contra Bárcenas es un hecho objetivo y razonado jurídicamente.

Dada la gravedad de los delitos y la autoridad de quien formula la acusación, Rajoy debería apartar ya a Bárcenas. Su futuro personal está ahora en manos del Supremo, pero quien tendrá que pagar un coste político por cada día que siga como tesorero será el PP.

El Mundo - Opinión

Brotes bordes. Por José García Domínguez

Zapatero

«El regate corto, mejor si improvisado; la astucia del maniobrero hecho a las zorrerías que exigen los escalones provinciales de la política subalterna; el inmediatismo intuitivo de los supervivientes... He ahí el realquilado de La Moncloa.»

La comedia parlamentaria a cuenta del efímero impuesto sobre las grandes fortunas, soberano marrón que obediente se acaba de comer el bisoño Eduardo Madina, dice mucho sobre la clase de gobernante que encarna Zapatero. Admitámoslo, engañar a la progresía toda como a chinos, endosándole a Llamazares la culpa de que los ricachones, esos malvados que provocaron la crisis en secreto contubernio con Bush y Aznar, no vayan a pagar su justo castigo en forma de severo azote fiscal, tiene mérito. Y no poco.


Al cabo, un tipo que emergió de la nada y alcanzó el poder lanzando confetis retóricos vacuos a diestro y siniestro, genuinos agujeros negros semánticos como el republicanismo civil, la democracia deliberativa o la Alianza de Civilizaciones, algún saber espurio debía atesorar. Sobre todo, considerando que a Zapatero le aburre hasta el tedio cualquier acercamiento con una mínima ambición intelectual a la cosa pública. Por eso, la férrea mediocracia que ha impuesto en el escalafón de partido y Gobierno, ese universal peaje al camillero Procusto extensivo incluso a los intelectuales de cámara, el sanedrín de susos, manolitos y demás cráneos previlegiados que corteja la vanidad presidencial a tanto alzado la pieza.

El regate corto, mejor si improvisado; la astucia del maniobrero hecho a las zorrerías que exigen los escalones provinciales de la política subalterna; el inmediatismo intuitivo de los supervivientes; la audacia siempre osada del pícaro... He ahí el realquilado de La Moncloa, sin conservantes ni colorantes, en estado puro. Al respecto, poco se ha reparado en el parentesco ético que une a Zapatero con Mitterrand, el padre biológico del populismo fiscal, que por algo fue el primero en elevar la demagogia a impuesto directo. El mismo que, sin el menor asomo de ironía, confesó a Revel que uno de los hombres de quien más había a prendido en la vida fue Guy Mollet, turbio politicastro de la IV República que le engañó con un ardid bajuno, siendo presidente del Gobierno.

Así, Mollet rogó encarecidamente a Mitterrand, a la sazón ministro suyo, que le pidiera anular el oneroso boicot francés al Canal de Suez, por entonces en vigor. Dicho y hecho. Sin embargo, aún no había terminado Mitterrand de formular su ruego y ya Mollet vociferaba, fuera de sí, henchido de patriótica indignación: "¡Eso no! ¡Nunca! ¡No capitularemos! ¡Jamás!".

Libertad Digital - Opinión

Los Ricos. Por Ignacio Camacho

HAN encontrado otra muletilla, un nuevo mantra con el que apuntalar esta creciente tendencia neoperonista que une a un Gobierno populista de retórica demagógica y unos sindicatos con derecho de veto y vocación de fuerza de choque. Los ricos. Tipos odiosos para excitar el resentimiento en tiempos de crisis, para cargarles el mochuelo de los desperfectos sociales, para encarnar en ellos el antagonismo, la dialéctica, la perversa otredad que necesita la identidad de una tribu. Los malos, los sospechosos, los egoístas que viven parapetados en la odiosa insolidaridad de su dinero. Los culpables de los males del pueblo, a los que la izquierda debe tratar como merecen, quitándoles sus detestables privilegios y subiéndoles los impuestos para dedicarlos, como Robin Hood, a sufragar la necesidad del pueblo.

Ocurre que en España los ricos, los plutócratas de verdad, además de ser amigos y a menudo hasta aliados de los socialistas se las suelen apañar para no pagar impuestos. Tienen sicavs, sociedades interpuestas, entramados financieros, paraísos fiscales. En España tributa la clase media, porque el IRPF no es en realidad un impuesto sobre la renta, sino sobre el salario. Y en nuestra estructura fiscal se considera rico, o se trata como tal, al que gana más de 60.000 euros, que es la cifra a partir de la cual se aplica el tipo máximo. Es decir, cuadros empresariales, profesionales libres, ejecutivos medios. A los otros, incluso a los dueños de esas fortunas medias -a partir del millón de dólares de patrimonio, 720.000 euros, el límite convencional de la riqueza- que por cierto han menguado en España un 20 por ciento en el último año, tumbadas por la recesión, no hay manera de echarles el guante fiscal. La mayoría es impermeable, opaca al sistema impositivo. Y esta sedicente izquierda acaba de ahorrarles, además, el impuesto patrimonial, que desde luego no pagaban los pobres.

Pero más allá de cifras o de escalas tributarias, lo peligroso de esta demagogia simplista es la envidiosa demonización del progreso económico, la desconfianza hacia el esfuerzo, la estigmatización de la legítima ambición de bienestar. El discurso populista siembra en la sociedad un clima resentido que culpabiliza de la desgracia de unos a la suerte de otros y convierte en una especie de provocativa afrenta el deseo individual de mejorar, que es lo que hace crecer a una nación. En tiempos de crisis es fácil prender esa llama, pero no es noble ni responsable porque penaliza el estímulo y deroga el incentivo de perfeccionamiento personal. De eso se pueden sacar réditos políticos en un juego ventajista, pero tiene un efecto social pernicioso, desalentador. Es una retórica facilona, perezosa, esquemática y autocomplaciente. Un estilo mezquino, sórdido, primario, oportunista. El estilo de perfil bajo de un Gobierno incapaz de levantar el vuelo.

ABC - Opinión

Delitos privados, comportamientos públicos.

Por Federico Quevedo

No deja de producir una cierta satisfacción cuando después de cierto tiempo, da igual si es mucho o poco, intentando introducir una cierta dosis de racionalidad en el tantas veces extralimitado debate político en las tribunas mediáticas, llega una instancia tan evidentemente respetable como pueda ser el Tribunal Supremo y le da a uno la razón. Hace semanas que vengo defendiendo que el ‘caso Bárcenas’ hay que encuadrarlo en el terreno de la presunción de delitos privados, nunca en el marco de supuestos delitos de carácter público que serían la consecuencia de la ostentación de un cargo relevante en la Administración, por un lado, o de una actuación delictiva organizada en una institución pública, en este caso un partido político, con ánimo de vulnerar la ley. El primer caso es el que, sin embargo, sí afecta a otros imputados en la trama de Correa, como el ex consejero López Viejo o los alcaldes dimitidos, y el segundo supondría un hecho similar al ‘caso Filesa’ que afectó al PSOE en tiempos de Felipe González, es decir, una trama de financiación ilegal. Ni una cosa ni la otra concurren en Luis Bárcenas. Lo cual no quiere decir que sea un santo de altar. Eso ni lo sé yo, ni nadie, y le tocará a la Justicia dilucidar si su comportamiento es o ha sido honesto o no. Pero en el caso de que no lo haya sido, la responsabilidad la debe asumir el propio Bárcenas en el ámbito privado, y en ningún caso el Partido Popular tiene que asumir responsabilidad política alguna por estos hechos.

El Tribunal Supremo ha dicho que lo de Bárcenas, de constituir alguna clase de comportamiento irregular, se circunscribe a una presunción de delito de cohecho y otro de carácter fiscal. No hay financiación ilegal, ni estos presuntos delitos tienen que ver con el conjunto del partido en el que el señor Bárcenas milita –y en el que debería solicitar una baja temporal por una cuestión de lealtad a las siglas, porque lo cierto es que las acusaciones contra él son graves-, por lo que tanto la Dirección del PP como su presidente, Mariano Rajoy, pueden respirar tranquilos. Ayer, como por otra parte es lógico, obviando el hecho incuestionable de que el Supremo sí ve indicios de delito en el comportamiento privado del señor Bárcenas, el PP se dio un baño de autoexculpación pública: después de meses teniendo que aguantar una campaña de acoso orquestada desde los despachos de Moncloa y en la que se han utilizado de manera fraudulenta medios públicos e instituciones contra el PP, que el Supremo descarte definitivamente cualquier comportamiento colectivo irregular provocó un alud de suspiros de satisfacción en los despachos de la calle Génova 13. No hay “trama corrupta del PP” como hasta hace cuatro días seguía titulando en su portada el diario El País. No hay trama corrupta, ni financiación ilegal, ni estos señores con Correa a la cabeza tienen nada que ver con la Dirección del PP salvo que en su día trabajaron para este partido y después intentaron aprovecharse de sus contactos para obtener pingues beneficios en algunos ayuntamientos e instancias oficiales.

¡Ah! Pero, como el Supremo le ha dado en las narices a toda la estrategia montada por Moncloa-Garzón-Rubalcaba-PRISA contra el PP, ahora el diario El País sale diciendo que nadie ha juzgado al PP por financiación ilegal, pero durante meses se ha hartado de insinuar en sus artículos, en sus editoriales y en sus informaciones esa posibilidad, y a cada portada de El País el grupo del CODAPU –Coros y Danzas del Pensamiento Único-, con las habituales plañideras de la ética progresista inundando con su verborrea insultante los tiovivos sabatinos a la cabeza, respondía al unísono señalando al PP con el dedo acusador de una inexistente justicia popular. Pues bien, no hay trama corrupta del PP, pero lo que sí hay es una trama corrupta de intereses espurios en la que están implicados miembros del Gobierno, de las Fuerzas de Seguridad del Estado, de la Justicia y de los medios de comunicación para hacer saltar por los aires el Estado de Derecho violando todas sus leyes y reglas fundamentales. Y esto, ¿quién lo juzga? Porque alguien debería poner delante de un tribunal a quienes han falseado la verdad, tergiversado los hechos y manipulado las pruebas para acusar al PP de delitos inexistentes, y mientras nadie se atreva a sentar a los autores de esa confabulación en el banquillo, esta democracia seguirá estando bajo sospecha. Dicho esto, que dimita Bárcena ya de una vez, para que esta denuncia tenga todavía mucho más sentido.

el confidencial - Opinión

Rajoy no debe esperar más

«Lo que tiene que calibrar Rajoy no son cuestiones de justicia, que para eso están los tribunales, sino de conveniencia política, en el mejor sentido de la palabra.»

El Tribunal Supremo ha aceptado este miércoles asumir la parte del 'caso Gürtel' relativa al tesorero y senador del PP, Luis Bárcenas, y al diputado del mismo partido Jesús Merino, al tiempo que ha devuelto el resto de la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para que el juez instructor, Antonio Pedreira, siga llevando la investigación de la supuesta trama de corrupción.


Por mucho que en este momento procesal el Tribunal Supremo no aprecie indicios de delito de blanqueo de capitales –al que apuntaban tanto la Fiscalía como el magistrado Antonio Pedreira– su resolución indica claramente que existen elementos indiciarios de delitos contra la hacienda pública y de cohecho, en el caso de Bárcenas, y de cohecho en el caso de Merino. No se entiende, por tanto, la buena aceptación y el casi jubilo con los que el PP ha recibido la noticia. Para empezar, y por mucho que de la resolución no se desprenda la existencia de indicio alguno respecto a una supuesta trama de financiación ilegal por parte del partido, lo cierto es que el Supremo tampoco la descarta y que deja abierta la posibilidad de asumir en el futuro la totalidad de la causa, si en el trascurso de la investigación el juez Pedreira encuentra nuevos indicios que impliquen a aforados. Lo que ha hecho el Supremo no es archivar el grueso del "caso Gürtel", sino devolverlo al TSJM para que el juez Pedreira retome la investigación.

Por otra parte, lo más relevante en este momento es que el Supremo sí que ve indicios de delito contra la hacienda publica y de cohecho por parte de quienes son ahora mismo nada menos que diputado y senador y tesorero del PP. Un partido politico que hace gala de la "regeneración democrática" y que, además de ser honrado, debe parecerlo no puede permitirse que sigan en semejantes cargos personas bajo tan graves sospechas. Afirmar esto en modo alguno supone cuestionar la presunción de inocencia, sino reivindicar la necesaria separación del plano penal del de la responsabilidad política. En multitud de ocasiones Rajoy ha afirmado, en este sentido, que las responsabilidades políticas no pueden reducirse a las judiciales. Sin embargo, esto mismo es lo que Rajoy ha hecho cada vez que ha afirmado, con aparente sensatez, que tiene que ser "obligatoriamente justo" y esperar a que "quede demostrado" que Bárcenas ha hecho "algo que no debería hacer" para tomar medidas contra él. Esto, sin embargo, es tanto como arrogarse el papel de los tribunales. Son éstos, y no el líder del PP, quienes deben ser "obligatoriamente justos" y quienes deben "demostrar" que los implicados "han hecho algo que no deberían hacer". Lo que ha de calibrar Rajoy son cuestiones de conveniencia política, en el mejor sentido de la palabra, y no parece precisamente muy conveniente para un partido político tener como tesorero, senador o diputado a alguien bajo sospecha de haber perpetrado delitos de cohecho o contra la Hacienda Pública.

Ajenos al principio estricto de justicia, la política tiene sus privilegios y sus servidumbres, y una de estas últimas es –o debería ser– no tener que esperar a la condena para dimitir o ser destituido; entre otras cosas, porque la propia pena que castiga los delitos con los que se relaciona a Bárcenas y a Merino ya los apartaría de la función pública, por lo que el cese político en ese momento no tendría valor alguno. Aunque Rajoy confunda interesadamente momentos procesales distintos, tal y como hace cuando dice que "ni siquiera sabemos de que les acusan", es importante dejar claro que el líder del PP no está esperando a la imputación, sino a la hipotética condena, único momento –al margen del recurso– en que queda "demostrada" la existencia del delito.

En lo que sí que tienen razón para quejarse los dirigentes del PP es en las bochornosas y reiteradas filtraciones que han rodeado este caso que, además de ser constitutivas de un delito de revelación del secreto de sumario, conllevan ciertamente una indefensión a los implicados. Como bien ha señalado Esperanza Aguirre, ha llegado el momento de que se levante el secreto del sumario. La ley dice que como máximo éste tiene que durar un mes y si para entonces no se tiene el acceso a toda la información, se produce indefensión al no saber de que se acusa a cada uno.

En cualquier caso, eso nada tiene que ver con las decisiones que debe tomar Rajoy por el bien de su partido. La permanencia de Bárcenas y Merino en sus actuales cargos porque no sólo no hace desaparecer las sospechas que se ciernen sobre ellos, sino que las extiende a todo la formación política.

Libertad Digital - Editorial

El no de los fiscales al aborto

CON una clara división interna, el Consejo Fiscal, órgano consultivo y asesor del Fiscal General del Estado, ha aprobado un informe que constituye el primer revés jurídico para el anteproyecto de ley de ampliación del aborto. El documento repasa meticulosamente las principales novedades normativas del anteproyecto y desmantela con precisión todos los tópicos y falsedades de apariencia jurídica en los que se basa el reconocimiento del aborto como derecho de la mujer. Al margen de las afirmaciones literales del documento aprobado por el Consejo Fiscal, sus críticas a la reforma del aborto demuestran que la iniciativa del Gobierno va a tener que superar oposiciones muy solventes de naturaleza jurídica y de orden constitucional. Hasta ahora, la propaganda del Gobierno se había centrado en descalificar las críticas tachándolas de integristas, agrediendo a la Iglesia Católica sin motivo y descalificando como clericales todos los argumentos, por científicos o jurídicos que fueran, a favor de la vida de los no nacidos. Hace pocos días, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, calificó de «retrógrados» a los críticos con el aborto.

El informe del Consejo Fiscal es el primer aviso para la arrogancia del Ejecutivo en el planteamiento de una reforma hecha con frivolidad y sectarismo, pero también lo es para la superficialidad de los argumentos con los que ha sido defendida, hasta el rídiculo personal, por la ministra de Igualdad. Mientras este departamento utilizaba eslóganes para promocionar la ampliación del aborto, los fiscales han desvelado todas las carencias constitucionales del anteproyecto, demostrando que el debate sobre la terminación del embarazo con la muerte del feto es un hecho de extraordinaria gravedad, sobre el que hay disparidad de criterios en Europa y en el que concurren principios elementales del Derecho y la ética, ninguno de ellos considerados con rigor y seriedad por los redactores del anteproyecto. La protección de la vida humana, la seguridad jurídica o la proporcionalidad de las penas son algunas de las cuestiones en las que el Consejo Fiscal detecta contradicciones del anteproyecto con la Constitución, tal y como fue interpretada por el Tribunal Constitucional en la sentencia de 1985. Precisamente, una de las críticas más afiladas de los fiscales contra el anteproyecto se refiere a lo que podría calificarse como activismo abortista del Gobierno, que vulnera el mandato de la doctrina constitucional de proteger la vida del nasciturus. La posibilidad de abortar en las primeras catorce semanas sin más condición que la voluntad de la embarazada vulneraría este mandato, inherente al artículo 15 de la Constitución, con el agravante de que la información que prevé el anteproyecto que se facilite a la mujer que tiene intención de abortar no sólo no es disuasoria del aborto -que sería lo lógico, porque el aborto es un mal- sino que lo promueve. Lo mismo sucede con la marginación de los padres ante el aborto decidido por una hija de dieciséis año, supuesto con el que los fiscales son también muy críticos. En definitiva, la posición del Consejo Fiscal contraria al aborto es única e institucional y está reflejada en el informe aprobado por la mayoría. Hasta ahora, el Gobierno ha hecho propaganda. Desde ahora va a tener que razonar algo tan poco razonable y tan retrógrado como extender el aborto una sociedad moderna como la española y en pleno siglo XXI.

ABC - Editorial