lunes, 13 de julio de 2009

Madrid denuncia que el modelo de financiación es una "tomadura de pelo"

El consejero madrileño de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, ha dicho hoy que el nuevo modelo de financiación autonómica es "una auténtica tomadura de pelo" para esta Comunidad que resulta "singularmente mal financiada".

Tras reunirse con el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, el titular regional de Economía no ha querido dar ninguna cifra de lo que la Comunidad de Madrid recibirá con el nuevo modelo, aunque ha asegurado que, respecto al resto de comunidades autónomas, Madrid "queda por debajo de la media".


El encuentro entre Ocaña y Beteta ha servido para que el consejero de Esperanza Aguirre exigiera unos cambios en "numerosas partes" del nuevo modelo de financiación autonómica al entender que su base estadística "está diseñada conscientemente para perjudicar los intereses" de esta región.

"Esto está diseñado a la medida para perjudicar a la Comunidad de Madrid y, al final, siempre resulta beneficiada otra", ha dicho Beteta, que ha explicado que las modificaciones que ha reclamado afectan tanto al diseño del fondo de competitividad como a la financiación sanitaria por estar "especialmente infradotada" para la región.

Durante la reunión, el secretario de Estado de Hacienda "se ha limitado a tomar nota" de las reclamaciones del Gobierno regional y de su resolución dependerá la postura que Madrid adopte el próximo miércoles en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) prevista para las 16.30 horas.

"Si estas peticiones se atienden, el Gobierno de la Comunidad de Madrid lo tendrá en cuenta a la hora de tomar su decisión final", ha manifestado Beteta, que ha considerado que quedan 72 horas de "pleno proceso de negociación".

El Gobierno regional quiere agotar este plazo porque entiende que el nuevo modelo es estructural aunque "hasta ahora -ha subrayado el consejero- es una auténtica tomadura de pelo para la Comunidad de Madrid".

Tras referirse al "oscurantismo" y a la "falta de transparencia y de colaboración" como "norma" del Gobierno central, Beteta seguirá esperando una cantidad "adecuada" a las necesidades de la región "y a lo que el modelo pretende".

Ha recordado que Madrid es la comunidad que aporta más recursos, unos 14.000 millones de euros, lo que hace posible que el resto de regiones puedan prestar servicios públicos y que el Gobierno de la Nación pueda acometer inversiones en ellas.

Beteta ha cifrado en casi un millón el número de madrileños excluidos en el ámbito sanitario y ha criticado que mientras en otras regiones hay más ciudadanos equivalentes que reales -"están superdotados"-, en Madrid hay menos ciudadanos reales que equivalentes.

La Razón

Los peores no son los catalanistas. Por José García Domínguez

Financiación

«Vascos y navarros no aportan hoy ni un céntimo al Fondo de Suficiencia, el que articula la solidaridad financiera de España. Ni un céntimo. Nada de nada. Conviene recordarlo, ahora.»

Pocas cosas debe haber en este valle de lágrimas que resulten más modernas que la tradición. Así, en el noventa por ciento de los casos, las muy veneradas "tradiciones seculares" de pueblos y naciones son puros inventos decimonónicos. Meras estafas intelectuales ingeniadas hace apenas un cuarto de hora para consumo de cándidos de todo credo y condición. Por ejemplo, tan "ancestral" es la famosa falda a cuadros de los escoceses, ese taparrabos identitario diseñado por un aristócrata inglés a mediados del siglo XVIII, como los célebres "derechos históricos" del País Vasco reconocidos y amparados por la Constitución de 1978.


Y es que el "legendario" cupo vasco, origen último del guirigay de agravios comparativos que envenena la financiación de las Comunidades Autónomas, procede de un período tan lejano y perdido en la noche de los tiempos como... la Restauración alfonsina. En concreto, el chollo tributario vasco-navarro data del 21 de julio de 1876. Tal día, una ley de Cánovas resucitó ese inaudito privilegio medieval "para que las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava contribuyan, con arreglo a la Constitución del Estado, a los gastos de la Nación y al servicio de armas", según rezaba su preámbulo.

De ahí, pues, que vascos y navarros no aporten hoy ni un céntimo al Fondo de Suficiencia, el que articula la solidaridad financiera entre todas las regiones de España. Ni un céntimo. Nada de nada. Conviene recordarlo, ahora. Justo ahora, cuando la misma derecha que se llena la boca de entusiasmo foralista salta escandalizada por el "egoísmo" de Cataluña. Porque claro que el Estatut viola de modo flagrante los principios de igualdad, solidaridad y multilateralidad que predica la Constitución, los mimbres del consenso moral que convierte a la Nación en algo más que una simple comunidad de propietarios.

Pero lo cierto y verdad es que ni los catalanistas fueron los primeros en romper la baraja de la equidad territorial, ni tampoco han de ser los últimos, por desgracia. Repásense si no las mezquinas miserias particularistas incrustadas de los reformados Estatutos de Andalucía, Aragón o Baleares. Por no hablar de ese patético traje a medida que responde por "cláusula Camps". Sin ir más lejos.

Libertad Digital - Opinión

La financiación autonómica y sus agujeros. Por Antonio Casado

Los quince presidentes autonómicos afectados ya tienen el documento sobre la mesa. Se lo envió ayer la vicepresidenta del Gobierno, Elena Salgado, después de presentarlo en sociedad ante los periodistas que se habían quedado de guardia este fin de semana. Es el nuevo modelo de financiación autonómica, el reto político más complicado de la Legislatura. Y tanto. Pero, ojo, porque los agujeros siguen ahí.

Unos políticos, como que un asunto de Estado se lleva adelante sin concertarlo con el principal partido de la oposición. O que un problema eminentemente multilateral se trate de resolver de forma bilateral (el poder condicionante de Cataluña). Las perplejidades económicas tienen que ver con la crisis, un contexto poco propicio para acometer una revisión del modelo. Sus 11.000 millones de euros adicionales contribuirán inevitablemente al inflado de la burbuja del déficit público, una bomba con espoleta retardada. Antes o después, una fuente de males.


Estamos ante una especie de contrato del Gobierno central, que recauda impuestos, con las Comunidades Autónomas, que prestan servicios, donde se viene a establecer la manera de distribuir los recursos financieros del Estado. A saber: unos 125.000 millones de euros a repartir entre 42 millones de españoles, fijando en un 80% de esos recursos la cantidad fijada en la prestación de servicios básicos: sanidad, educación y atenciones sociales. Ahí, todos los españoles iguales. Vivan donde vivan. En la distribución del 20% restante de los recursos habitará la desigualdad, según nuestra comunidad de residencia.

El Gobierno cantó victoria cuando ayer, tras la ofensiva telefónica de Zapatero con los dirigentes de ERC, Puigcercós y Ridao, los independentistas catalanes dieron el sí al nuevo modelo. Lógico. El “sí” de ERC supone la decisiva incorporación de sus tres diputados del Congreso al incierto bloque parlamentario de Zapatero. Además, el socialista José Montilla, presidente de la Generalitat, se libra de una convocatoria anticipada de elecciones en Cataluña y deja descolgado a su principal adversario, Artur Mas (CiU), cuya lógica política le obliga a votar en contra en el Congreso, aunque Cataluña vaya a percibir recursos por encima de la media, más de 5 puntos, gracias a la presión añadida de sus competidores nacionalistas de ERC.

¿Y el precio político? Esa es la parte oscura. Si hablamos de garantizar una solidaria distribución de los recursos financieros del Estado, no puede ser más inquietante la euforia de los dirigentes independentistas por lo que ellos ven como una derrota del Estado. Presumen de haberle impuesto sus exigencias: 3.800 millones de euros más para Cataluña o rompían la baraja. “Le hemos plantado cara y le hemos ganado”, declaraba ayer Joan Puigcercós, presidente de ERC.

Si quienes dicen sentirse incómodos en el vigente ordenamiento jurídico-político, como independentistas y como republicanos, encuentran motivos para celebrar su victoria sobre el Estado, como ayer hicieron descaradamente los dirigentes de ERC, algo se ha hecho mal. Y si no se explica de forma convincente, deduciremos que esos 3800 millones adicionales para Cataluña, por presión unilateral de ERC, no tienen nada que ver con un reparto más solidario de los recursos sino con el apuntalamiento del 'tripartito' y la supervivencia política de Zapatero.

El Confidencial

La "madre de todos los sudokus". Por Fernando Jáuregui

Debo confesar anticipadamente que no acabo de entender cómo anda esto de la negociación sobre la financiación autonómica. Y no debo ser el único. Me parece que nos faltan datos a todos, porque ha habido, está habiendo, un excesivo secretismo, una buena dosis de improvisación, un algo de chalaneo, bastante de chantaje y casi todo de caos. Así que les ruego que me perdonen si no entro en el fondo del asunto (cuánto le corresponde en puridad a cada Comunidad Autónoma, en qué porcentajes y en qué medidas) y, a la espera de que la autoridad competente tenga a bien explicarnos más detalladamente que hasta ahora cómo se reparte nuestro dinero, me atenga a las formas. A las pésimas formas.

Resulta que esto de la financiación autonómica, que un día el ex vicepresidente Pedro Solbes definió, creo que acertadamente, como un "sudoku", es algo de excepcional importancia en la configuración y la marcha del Estado. Hablamos nada menos que del eje de la descentralización que dio en llamarse "Estado de las Autonomías", de la equidad entre los pueblos y tierras de nuestro país y hasta de la propia convivencia entre esos territorios y las gentes que los pueblan. Hablamos ni más ni menos, y no creo estar exagerando ni dramatizando, que del sistema que integra a esta nación llamada España. No puede ser que algo de tan capital importancia como el reparto del dinero de los españoles entre las comunidades autónomas no sea, al menos, objeto de un gran consenso nacional y hayamos de conformarnos con la percepción de que es algo que desde el Gobierno central se discute y regatea bilateralmente con cada presidente autonómico... o con los líderes de los partidos que integran cada Gobierno autonómico, como es el caso del tripartito catalán y, más específicamente, de Esquerra Republicana, que se ha convertido, inopinadamente, en la "estrella" de estas negociaciones bajo cuerda. Las explicaciones dadas hasta ahora por el Ejecutivo, como este domingo la vicepresidenta económica, resultan más bien propagandísticas e insuficientes; personalmente, considero poco aceptable que no se hayan hecho públicas, con todo detalle, las cifras y no se haya especificado de dónde va a salir ese dinero, más de once mil millones de euros en total.

Siempre he pensado que de las elecciones de marzo de 2008 debería haber salido un Gobierno de gran coalición entre el PSOE y el PP, presidido por el más votado, es decir, Zapatero, como ocurrió en Alemania y debería haber ocurrido en Cataluña, por ejemplo. Al menos, de no haberse llegado, como obviamente no se ha llegado, a esa solución, sí se hacía preciso un acuerdo de amplio espectro entre los dos principales partidos nacionales para hacer frente a los enormes retos económicos, políticos y sociales que España y el mundo tienen planteados. Tampoco eso ha sido posible y ahora nos encontramos con un nuevo ejemplo del desmadre organizativo que obviamente padecemos: las discusiones acerca de la financiación de las autonomías, algunas de las cuales, por cierto, son justamente acusadas de derroche y/o de mala administración.

En tiempos de crisis no se debe hacer mudanza, dice la máxima ignaciana. Es justamente lo contrario de lo que está ocurriendo: no estoy seguro de que la financiación autonómica haya debido plantearse deprisa y corriendo, a golpe de telefonazo, cuando la incertidumbre planea sobre los bolsillos de los españoles y ni siquiera conocemos el veredicto del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya -aquí sí que no se puede hablar de excesiva rapidez ni de improvisación; el dictamen está tardando más en llegar que la propia elaboración del Estatut-. Pienso que acaso podría haberse aplazado la configuración, que es para unos años, de este reparto del dinero público y que, en todo caso, tendría que haberse consensuado previamente el método, ya que no las cifras concretas. Si este no es tema para pactar al menos entre dos fuerzas políticas que suman veintiún millones de votantes, ¿qué es lo que se debería consensuar?

Me dirá usted que, al final, habrá acuerdo entre las autonomías, porque todas quieren cobrar algo cuanto antes, y que entonces paz y después gloria. Puede que así vaya a ser; es incluso probable que esta misma semana se alcance ese acuerdo entre alfileres que a todos (y a nadie) contente, a base de déficit y endeudamiento para las generaciones que nos siguen. Pero, al menos, que lo sepamos y que todos aceptemos las consecuencias. De momento, no me queda más remedio que estar, en esto, con Mariano Rajoy cuando dice que la "negociación" se ha convertido en "una subasta". Por decir lo menos.

Periodista Digital - Opinión

Una nueva financiación contra España y contra los españoles

«Los políticos autonómicos regionales no sólo deberían pensar en España a la hora de oponerse al plan Salgado. En la medida en que sus ciudadanos pagarán en el futuro vía impositiva los excesos actuales de gasto, deben rechazar esta reforma.»

Si el modelo político español se construyó bajo la nefasta premisa de "café para todos", parace que el modelo de financiación de esa estructura política no va a apartarse demasiado de tales principios. Y lo cierto es que no es de extrañar, ya que las "contradicciones internas" de la configuración del Estado han terminado por buscar refugio en el presupuesto.


Básicamente, las comunidades autónomas han ido desarrollado su propia administración para competir con la del Estado. Nuestro país ha padecido una duplicación de las funciones y los cargos públicos simplemente porque las autonomías se han negado a ser las representantes de España en sus regiones. Han querido convertirse en algo distinto a España (especial, pero no exclusivamente, en las zonas con presencia nacionalista) pero sin dejar de ser España: en esencia, y por muchos alegatos independentistas que se hayan lanzado, el objetivo último es una independencia sufragada y mantenida por el resto del país; algo así como los refugios indígenas estadounidenses.

El sistema de financiación autonómica no es más que la derivada lógica de esta pretensión: las autonomías determinan sus "necesidades de gasto" muy por encima de sus ingresos, y la diferencia la paga el Estado central. Así, tras las correspondientes cesiones de tributos, una gran parte de los impuestos de los españoles se introducen en una caja negra donde se redistribuirán entre las autonomías en función del gasto que les quede pendiente de cubrir.

Lo importante no es lograr una financiación justa y eficiente, sino que cada mandatario político obtenga la mayor cantidad posible de impuestos del resto de los españoles; un perverso incentivo a las irresponsabilidad política y presupuestaria: cuanto más necesidades de gasto se le reconozcan a cada comunidad, más podrá tomar de todos los españoles. Las autonomías que quieran gastar menos no verán recompensados a sus ciudadanos con una menor presión fiscal, ya que igualmente habrán de pagar la abultada factura del resto de políticos regionales manirrotos. Sólo así puede entenderse que el independentismo catalán estuviera obsesionado con maximizar los ingresos fiscales per cápita de su comunidad: queremos que España nos sufrague nuestro lujoso Estado catalán independiente.

La reforma socialista mantiene y amplía este vicio de raíz ya que pretende saciar las expansiones del poder político de los caudillos autonómicos con 11.000 millones más al año que saldrán de los bolsillos de todos los españoles. La más beneficiada de esta dotación adicional será, obviamente, Cataluña; algo en total consonancia con la total dependencia política –y afinidad ideológica– del Gobierno de Zapatero de las minorías radicales españolas, entre las que sobresale el nacionalismo catalán.

Lo trágico es que la mayoría de gobernantes autonómicos han guardado silencio o han aplaudido este enorme despilfarro en tiempos de crisis porque todas ellas van a recibir más dinero a partir de 2009. ¿Cómo es posible que en unos momentos en los que la recaudación se está hundiendo todas las comunidades perciban más fondos que durante las épocas de bonanza? Simplemente porque el Estado central incrementará sus recursos emitiendo deuda, es decir, cargando a las generaciones futuras los costes del café para todos actual.

Precisamente por ello, los políticos autonómicos regionales no sólo deberían pensar en España a la hora de oponerse al plan Salgado. En la medida en que sus ciudadanos pagarán –no como madrileños, catalanes, valencianos o andaluces sino como españoles– vía impositiva los excesos actuales de gasto, deben rechazar esta reforma. Que sea pan para todos hoy y hambre para todos mañana no debería servir de consuelo. Sólo los oportunistas, y no los políticos con perspectiva, se complacen de expoliar a las generaciones futuras para sufragar el voto clientelar de las presentes.

Libertad Digital - Editorial

Financiación con trampa

LA vicepresidenta Elena Salgado presentó ayer la propuesta del nuevo sistema de financiación autonómica, que resume la política de José Luis Rodríguez Zapatero de contentar a todas las autonomías. Según Salgado, el criterio principal del nuevo sistema será garantizar la prestación de servicios públicos básicos, como educación y sanidad, con una aportación per capita igual en todas las comunidades. La población se configura como la base de cálculo principal, aunque la ministra Salgado aseguró que se habían tenido en cuenta las exigencias de las autonomías, tales como la dispersión de la población, el envejecimiento o el territorio. Además anunció la creación de diversos fondos tendentes a facilitar la convergencia entre territorios, entre otros objetivos. La descripción del nuevo sistema fue superficial y, en ocasiones, confusa. Careció de cifras que cuantificaran realmente los incrementos de financiación -de las que por la tarde sí presumieron comunidades como Cataluña y Andalucía-, porque lo que debía quedar claro en la comparecencia es que este sistema teóricamente va a dar más dinero del que ya reciben las autonomías. Es decir, no se parte de cero. A la exposición le faltaron contenidos, y esto hace que la valoración de la propuesta que verá el Consejo de Política Fiscal y Financiera sea provisional. Pero nada se dijo de cómo se afrontarán los incrementos de fondos a las autonomías y cómo el Estado se asegurará recursos una vez que se hagan efectivos los traspasos a las autonomías de los nuevos tramos de los impuestos especiales (58 por ciento), IRPF e IVA (50 por ciento). La subida de impuestos es el capítulo escondido de este sistema, que en las condiciones actuales de recesión, aumento incontrolado del gasto y desplome de la recaudación tributaria, tiene una viabilidad financiera más que dudosa, salvo a costa de aumentar el déficit público.

Políticamente, el objetivo de Zapatero es amarrar el apoyo de los partidos catalanes y pacificar la situación del PSC con ERC. Sencillamente, Zapatero se garantiza votos y cierta estabilidad a cambio de 3.855 millones adicionales para Cataluña. Es evidente que la oferta de más dinero será difícilmente rechazable en tiempos de crisis, pero también lo es que hay que aplicar una mínima visión de futuro. El Gobierno sabe dónde están sus apoyos electorales y no va a escatimar recursos para asegurar su fidelidad. Es cierto que había que modificar el sistema de financiación autonómica, porque hay comunidades que precisan más dinero para atender su nivel de desarrollo social y económico. Pero el problema de este nuevo plan no ha sido el sistema aprobado en 2001 con el PP en el Gobierno, como pretendió hacer ver la ministra Salgado al comienzo de su intervención, sino la improvisación constante del Ejecutivo de Zapatero en su modelo de Estado, tanto en lo financiero como en lo territorial. En lo que afecta al PP, la propuesta del Gobierno no puede funcionar como una trampa para su unidad interna. Un partido con sentido nacional debe combinar la satisfacción de intereses regionales con el bien general de la nación. Al PP le corresponde, como hizo ayer su portavoz económico, Cristóbal Montoro, poner sentido crítico y realismo a este nuevo ejercicio de voluntarismo del Gobierno socialista, que no deja de esconder un chantaje a las comunidades del PP para intentar dejarlas en evidencia cuando reciban el dinero pese a oponerse al nuevo sistema.

ABC - Editorial

Un sistema insolidario y poco transparente

El nuevo modelo de financiación de las Comunidades Autónomas va a suponer, a corto plazo, un aumento del déficit público, es decir, 11.000 millones de gasto adicional.

EL NUEVO modelo de financiación de las Comunidades Autónomas va a suponer, a corto plazo, un aumento del déficit público -11.000 millones de gasto adicional, que representan nada menos que el 1% del PIB-, y un incremento del peso relativo de las autonomías con respecto a una Administración Central en retirada y cada vez más débil. A medio plazo se producirá el efecto perverso de profundizar aún más en las diferencias que ahora existen entre las regiones más ricas y más pobres de España. Es, además, una propuesta hecha a la medida de las necesidades políticas y hasta electoralistas de Zapatero, especialmente en Cataluña.


La vicepresidenta económica del Gobierno subrayó ayer que todos salen ganando con el nuevo sistema, pero la realidad es que Cataluña recibirá una financiación adicional de unos 3.800 millones de euros, lo que supone el 35% de los 11.000 millones de incremento total.

Cataluña tiene el 16% de la población española, pero su PIB supone el 18% porque es una de las comunidades con rentas más altas. A pesar de ello, recibirá una financiación por encima de la media nacional, lo que resulta bastante difícil de conciliar con una noción redistributiva de los impuestos.

Como se ha podido constatar en los últimos días, Zapatero ha negociado de forma bilateral con Montilla, que ha conseguido un trato de privilegio para Cataluña. El president ha hecho valer la fuerza de los escaños del PSC en el Congreso y la importancia de una alianza política que es vital para que el PSOE siga gobernando. Igualmente, la amenaza de ruptura de ERC -socio del tripartito- forzó a Zapatero a elevar en el último momento su ya generosa oferta.

Como aseveró ayer Cristóbal Montoro, el Gobierno ha diseñado un sistema «antisocial» que «va a dar más al que tiene más», primando los criterios de interés político sobre los principios de cohesión y solidaridad.

Lo primero que hay que reprocharle al Ejecutivo es la falta de transparencia de la negociación, en la que el Gobierno ha marginado al PP. Todo indica que Zapatero ha primado a las comunidades afines.

Elena Salgado se jactó ayer de que el nuevo sistema es mucho más justo que el de 2001 porque el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales va a asegurar que los habitantes de todas las comunidades tengan una financiación equivalente para esas prestaciones básicas, como la salud y la educación. El 75% de la recaudación de todas las comunidades irá a una caja común para financiar ese fondo, al que el Estado contribuirá también.

La idea es buena, pero, como Salgado reconoció nada garantiza que las comunidades dediquen el dinero de ese fondo a servicios básicos. En el libre ejercicio de su autonomía financiera, podrían dedicar esos recursos a abrir embajadas en el extranjero, como está haciendo Carod-Rovira.

Otro de los aspectos más criticables del nuevo sistema es que aumenta la cesión al 50% de la recaudación del IRPF y del IVA a las comunidades, lo que favorece a las regiones más ricas, cuya media de ingresos fiscales es más alta. Este incremento hace que el Estado disponga de cada vez menos fondos para redistribuir.

Habrá que esperar para valorar con más conocimiento de causa el nuevo sistema de financiación, ya que ayer Elena Salgado rehusó facilitar cifras concretas. De momento, el juicio no puede ser favorable. Ni es más equitativo que el anterior ni va a contribuir a reactivar la economía. Eso sí, las comunidades van a tener mucho más dinero para gastar cuando todos los ciudadanos se aprietan el cinturón.

El Mundo _ Editorial

Más dinero para los ricos. Por José María Carrascal

LES habíamos oído decir que bajar los impuestos era de izquierdas, lo que seguro chirriaría en el oído de los viejos socialistas. Pero se lo perdonamos porque bajar los impuestos no es de izquierdas ni de derechas, es de todos cuantos nos ganamos el condumio trabajando.

Pero ahora nos vienen con que los que tienen más deben recibir más del Estado. Y eso, no. No, porque eso ya no tiene que ver con la ideología, sino con la decencia. En otras palabras: es, sencillamente, de la caverna. Algo que no puede aceptarse en un Estado Social de Derecho, ya que no sería social, ni de derecho ni de Estado moderno, sino una vuelta al feudalismo, que a veces parece ser una de las metas de nuestro gobierno.


Pues esto es lo que ha venido, no ya a decir, sino a hacer con la nueva financiación autonómica: dar más -en determinados casos, muchísimo más- a las comunidades más ricas y, para encubrirlo, dar algo más a las pobres. Ni Reagan ni la Thatcher habían llegado a tanto. ¿Qué dice a ello la progresía? Pues la progresía no dice ni pío. Para ella, reaccionario es sólo lo que hacen los otros.

Dando a Cataluña el 33 por ciento del incremento total de la financiación autonómica -con posibilidades incluso de incrementarlo-, cuando hay 16 autonomías que los necesitan tanto o más, este gobierno se ha superado a sí mismo en cinismo, partidismo, sordidez e ineficacia. Sí, ineficacia, pues aunque ese dinero le sirva para ganar algunas votaciones parlamentarias, los catalanes le pedirán cada vez más -ya se lo están pidiendo-, y llegará un momento en que no pueda dárselo, por la sencilla razón de que no habrá dinero en las arcas públicas ni crédito para conseguirlo. Volviendo adonde estaba, sólo con un déficit astronómico.

Hacienda acaba de advertir que la deuda española crece un 20 por ciento anual, pudiendo alcanzar en 2011 el 90 por ciento del PIB, es decir que nos endeudaremos casi tanto como producimos. ¿Es así cómo vamos a salir de la crisis? ¿Es así cómo se crea una economía sostenible? A veces da la impresión de que nuestro presidente y su ministra de Hacienda creen que puede engañarse a los números como a los españoles. Y eso que ella es ingeniera. No quisiera yo pasar por uno de sus puentes.

Pues las explicaciones que dan a este reparto de bienes comunes van de lo propagandístico a lo chusco. Empiezan diciendo aquello tan gastado de que «garantiza la igualdad en educación, sanidad y servicios sociales de los españoles» y terminan advirtiendo que «también las comunidades del PP lo aceptan». ¿Qué querían, que renunciasen a ese dinero? ¿A más de cornudos, apaleados? Lo aceptan porque no les queda otro remedio, porque en otro caso se quedarían a dos velas, que es como estará España dentro de no mucho.

ABC - Opinión

UPyD da de baja a Mikel Buesa por mail

UPyD ha dado de baja al economista Mikel Buesa, uno de los fundadores del partido y que hace unas semanas anunció públicamente su intención de abandonar esta fuerza política por discrepancias sobre el funcionamiento de la organización.

Fuentes de UPyD informaron de que se ha remitido a Buesa un correo electrónico, en el que se le comunica que se le da de baja del partido, a menos que exprese lo contrario.

Las fuentes consultadas explicaron que se ha tomado esta decisión debido a que el economista ha anunciado úblicamente su marcha del partido, pero no ha comunicado esta decisión por escrito.

En este sentido, Buesa ha explicado que hace unas semanas envió un correo electrónico a Rosa Díez anunciando su salida de UPyD. El economista explicaba en este correo que enviaría posteriomente una carta con su renuncia, algo que haría tras volver de un viaje de trabajo.

Sobre los motivos de su abandono del partido, Buesa ha señalado en diversos medios de comunicación que en la formación política que lidera Rosa Díez "se han instaurado unos procedimientos y unos métodos bastante autoritarios".

Además, este economista ha indicado que sus relaciones con Rosa Díez están rotas, al tiempo que ha acusado a la líder del partido de excesivo protagonismo y de querer controlarlo todo.

ABC

Rosa Díez parte su partido

Pasa que cada día se lee menos a los clásicos. De una manera general. Los políticos, en particular. Hombre, si Rosa Diez lo hubiera hecho, sabría que “cuando uno no tiene que decir algo que mejore lo ya dicho, o sabido, conviene callarse”.
José Luis Navas

Un montón de escritores de la vieja filosofía (ciencia del pensamiento en desuso esta temporada) lo han venido afirmando desde hace tiempo. Es más, nadie me lo ha dicho, pero estoy seguro que ese tipo de silencios activa la circulación de la sangre. ¡Ah! e impide la vergüenza ajena.


Pues va la señora Diez y, tras presidir un fabuloso corte de mangas a los disidentes de su Partido, o, si se prefiere, a los de la zona directiva del mismo, dice que Unión de Progreso y Democracia atraviesa una crisis de crecimiento. Ya está.

Es decir, para entendernos, algo parecido a lo que ocurre con los preadolescentes pecosos. Desde luego, conviene tener en cuenta que UPyD sigue una trayectoria similar a la ya conocida. O sea, en línea con la más antigua tradición española.

La sociología de esta despendolada patria (o algo así) mía y de mis calostros ancestrales, indica que aquí nunca se ha hecho nada a favor de alguien, sino en contra de algún espécimen, colectivo o semoviente que pasara por allí. Por eso, la Historia de España es tan entretenida y dinámica. Unión para el progreso y lo demás sufre, apenas nacido, lo de todo el mundo hispánico, derrame de mala leche.

Un semihistórico de la política, o lo que sea, Mikel Buesa da un portazo de despedida prematura e, inmediatamente, la autodenominada Unión se parte en ¿dos? No se, pero, en cualquier caso, se va al carajo.

Desde luego, el Consejo político siguió su orden del día, como si, en serio, hubiera orden entre el personal. Ya está. Una vez redactados los estatutos… Pero ¿no había estatutos? Pues tiene razón Rosa; el Partido, no, pero el señor Buesa, a titulo personal, si es posible que esté pasando por la crisis esa. Hombre, se ha dado mucha prisa, ¡No había ni estatutos! ¡joder!

Y la cosa es que los necesitamos. A los Partidos y a sus integrantes, quiero decir. Pero -¡ay que ver- algunas veces uno piensa que habría que renovar el ganado. Es que da la impresión de que se mete en política activa aquel no puede meterse en otra cosa.

dMinorias