miércoles, 11 de noviembre de 2009

Tras la inoperancia, el desconcierto

Esta supuesta "solución" pasa por dar apariencia de legalidad a lo que no la tiene y, para colmo, consiste en expulsar ahora a unos piratas que están en España porque la Fiscalía, el abogado del Estado y el juez Garzón se empeñaron en ello.

El desconcierto y la inoperancia que está mostrando el Gobierno ante el secuestro del pesquero Alakrana está alcanzando cotas difícilmente superables. Para empezar, la vicepresidenta Fernández de la Vega ha reconocido este martes que el Ejecutivo todavía busca la "formula más adecuada" para liberar a los marineros, horas después de que el presidente del Gobierno asegurara que la situación ya estaba "encauzada". Así mismo, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha reconocido que nuestro ordenamiento jurídico no permite pagar rescates en un secuestro, al tiempo que constataba "excepciones según las circunstancias". A este respecto, el ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos se ha limitado a decir que el nuevo embajador británico en Madrid "acaba de llegar" como único y displicente comentario a las declaraciones en las que este afirmaba que la política británica ante los secuestros de sus ciudadanos es "no ceder" a las exigencias de los raptores porque hacer concesiones puede animarles a cometer nuevos secuestros.


Por otra parte, Francisco Javier Díaz Aparicio, el letrado que ha sustituido al abogado de oficio de uno de los piratas encarcelados en España, ha insinuado la posibilidad de que pudiera estar cobrando de los Fondos Reservados. Aunque este extremo ha sido desmentido posteriormente por el ministro Moratinos, lo cierto es que Díaz Aparicio no ha querido decir ni quien lo ha contratado ni desmentir que le estuviera pagando el Gobierno.

La "solución jurídica" del caso a la que sí ha apuntado este abogado, al parecer con el visto bueno de la Fiscalía, no dejaría de ser también absolutamente desconcertante. Se trataría de que abogado y fiscal acordasen que los detenidos se declarasen culpables de un delito que esté castigado con menos de seis años de cárcel y, tras un juicio rápido, fuesen expulsados de España en aplicación de la Ley de Extranjería.

Aunque el artículo 57.7 de esta ley abre, efectivamente, esa posibilidad para las penas menores de seis años, es harto dudoso que los detenidos, aun declarándose "cómplices" y no "autores" del secuestro, pudiesen ser castigados a una pena tan baja afectando el secuestro a tantas personas. En cualquier caso, no deja de ser vergonzoso que la supuesta "solución" pase por dar apariencia de legalidad a algo que no la tiene y que, sobre todo, consista en expulsar ahora a unos piratas que están en España porque la Fiscalía, el abogado del Estado y el juez Garzón se empeñaron en trasladarlos a nuestro país.

Si desde el primer momento el secuestro del pesquero español hubiera sido tratado como acción bélica y los detenidos como prisioneros de guerra, nada hubiera impedido ni la respuesta militar que desincentive los nuevos secuestros ni la salida negociada que, maquillen como la maquillen, no admite la escrupulosa y fiel aplicación del Estado de Derecho. Y es que, salvo que la expulsión a Somalia de los piratas encarcelados en España (por cuya labor no están las propias autoridades somalíes) sea en realidad la devolución de los piratas a sus compinches con dinero bajo el brazo, está por ver además que esta "solución" de tan dudosa legalidad vaya a satisfacer a los secuestradores.

Por otra parte, también hay que reconocer que lo que empieza mal difícilmente puede terminar de otra manera. La inoperancia del Gobierno ha sido de tal calibre que ahora la "solución" en términos jurídicos no va a poder ser más que una monumental chapuza. Esperemos que al menos cumpla su objetivo de traer sanos y salvos a nuestros compatriotas, sin olvidarnos –una vez logrado esto– de empezar a parecernos un poco más a los ingleses.

Libertad Digital - Editorial

Si no valen estos principios, no se preocupe, tengo más. Por Carlos Sánchez

La Comisión Europea ha decidido convertir en papel mojado el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Ya saben, aquel acuerdo suscrito por los fundadores del euro para hacer sostenible el área monetaria única. La noticia, en términos económicos, es intrascendente. Ninguna de las grandes economías europeas -ahora acuciadas por cuantiosos déficit públicos- está en condiciones de llegar al año 2012 con un desequilibrio fiscal por debajo del 3% (ahora tendrán un año más). Una retirada prematura de los estímulos públicos sólo hubiera alimentado la recesión, y Bruselas, por lo tanto, se ha plegado a una realidad innegable.

Veamos, por ejemplo, el caso de España. Este país tenía en 1995 un déficit presupuestario del 6,5% del Producto Interior Bruto, pero hasta el año 2005 no logró un superávit fiscal equivalente a un punto del PIB. Es decir, que tuvieron que pasar 10 años, con un crecimiento superior al 3% en media anual, para que España rebajara su desequilibrio fiscal en 7,5 puntos del PIB.

Con sólo repetirse lo que ocurrió en el ciclo expansivo anterior, hasta 2015 ó 2016, en el mejor de los casos, España tendrá que malvivir con un déficit superior al 3% del PIB

Pues bien, teniendo en cuenta que este año 2009 el desequilibrio fiscal se situará entre el 11% y el 12% del PIB, parece irreal pensar que España estaba en condiciones de llegar a 2012 con un déficit inferior al 3%, como de una manera un tanto cínica admitía hasta ayer mismo la ministra Salgado. Ni que decir tiene que ese recorte del déficit fiscal se produjo en un contexto irrepetible: tipos de interés extremadamente bajos, llegada masiva de fondos de la UE, ingresos extraordinarios por privatizaciones, boom del ladrillo o entrada intensa de inmigrantes que favoreció el empleo y ensanchó el potencial de crecimiento de la economía española. Un marco, como se ve, que difícilmente tendrá segunda parte en un futuro más o menos próximo. Con tan sólo repetirse lo que ocurrió en el ciclo expansivo anterior, se estaría hablando, por lo tanto, de que hasta 2015 ó 2016, en el mejor de los casos, España tendrá que malvivir con un déficit superior al 3% del PIB.

Ciclo expansivo

Pero no sólo eso. No hay razones para creer que España esté en condiciones de reducir su stock de deuda de forma significativa en los próximos años. Tampoco estará de más recordar, en este sentido, que en el pasado ciclo expansivo tuvieron que pasar nada menos que trece años para rebajar la deuda del 63,3% del PIB en 1995 al 39,7% en 2008, y todo ello, como se ha dicho, en un contexto extremadamente favorable.

Ahora, sin embargo, la Comisión Europea viene a decir que España está en condiciones de situar el déficit público por debajo del 3% del PIB en 2013. Simplemente falso.

No estaría de más que alguien le hiciera llegar al comisario Almunia el último informe de coyuntura elaborado por el Servicio de Estudios del BBVA, en el que se estima que de cerrar las administraciones públicas 2009 con un déficit del 11,4% (algo que asume hasta el propio Banco de España), las políticas discrecionales y el ajuste no coyuntural habrían elevado el saldo estructural hasta el -10% del PIB. Sí han leído bien.

Si tenemos en cuenta que el componente cíclico del saldo presupuestario es del -1,4% del PIB, esto quiere decir que el deterioro del déficit estructural entre 2007 y 2009 se habrá situado ligeramente por encima de los 9 puntos porcentuales. Es decir, que este país -y a los precios actuales- ha acumulado un gigantesco déficit estructural de 90.000 millones de euros al margen del ciclo económico.

Quiere decir esto que no estamos sólo ante una cuestión que se resuelve reasignando o recortando el gasto, sino también ante un grave problema de ingresos públicos, lo cual es mucho más difícil de resolver. Básicamente por una razón. La recaudación va a estar determinada por el nivel de empleo, y nada indica que hasta 2012 la economía vaya a estar en condiciones de crear puestos de trabajo suficientes como para provocar que los ingresos vuelvan a crecer por encima del PIB nominal (en torno al 6%-7% del PIB). Los felices tiempos del ladrillo tardarán en llegar en forma de maná para las administraciones públicas.

La Comisión Europea, por lo tanto, no se ha basado en el análisis económico para dar ese año de gracia, al menos en el caso español. Se ha comportado como un Ejecutivo débil que se ha plegado a los intereses de los gobiernos. Probablemente como consecuencia de que se trata de un colegio de comisarios saliente que quiere hacer el último favor a sus jefes políticos.

El problema es, por lo tanto, de naturaleza política. ¿Tiene sentido mantener vivo un Pacto de Estabilidad cuando todo el mundo sabe que es papel mojado? Esa es la respuesta que debe dar el comisario Almunia antes de abandonar el cargo. Y lo mismo cabe preguntarse en el caso español. ¿Tiene sentido mantener viva una Ley de Estabilidad Presupuestaria que es simplemente un brindis al sol? La respuesta, al revés que en la canción de Bob Dylan, no está en el viento. Está en sus señorías que son quienes deben transmitir credibilidad a las cuentas públicas. Y eso pasa necesariamete por hacer cumplir las leyes, y si no pueden hacerlo, como es el caso, derogarlas o cambiarlas.

El confidencial

Rayos y Centellas. Por Francisco Muro de Iscar

El veinte aniversario del final del Muro de la vergüenza que separaba las dos Alemanias y condenaba a los ciudadanos de muchos países a vivir sin libertad, bajo una de las dictaduras más terribles y crueles de la historia, ha coincidido con el XXVIII Congreso, en libertad, del Partido Comunista de España. Y, curiosamente, la mayoría de los periódicos y de las televisiones y de las radios, ha dado más espacio al aniversario de la caída del muro de Berlín que al Congreso del PCE. Seguramente es por la falta de criterio que tenemos los periodistas.

Pero aún así, con mis cortas entenderas, le han dado demasiado aire porque es un partido que lleva veintiocho años perdiendo presencia, afiliación, diputados, prestigio y poder. Y si no fuera porque en algunos lugares se ha subido al carro de otros partidos, estaría a punto de desaparecer igual que desaparecieron las dictaduras comunistas y el Muro de Berlín. Pero en el Congreso han elegido a un nuevo secretario general, José Luis Centella, el que más apoyos ha obtenido en las últimas décadas, aunque si ustedes preguntan a los españoles de a pie, el noventa y nueve por ciento no le conocerían de nada. Tal vez por eso haya tenido que hacer méritos para, en una inteligente operación de marketing, darse a conocer.

No se entiende de otra manera que no sólo hayan dicho que "el comunismo no ha muerto" y haya hecho apología de esa ideología -que ha demostrado sobradamente dónde conduce a los países donde se implanta y dónde queda la libertad de los ciudadanos que lo sufren- sino que ha asegurado ufano que "no tenemos que avergonzarnos ni que pedir perdón por nada". Sólo ha admitido "luces y sombras". Manda carallo.

Vaya por delante mi respeto para los comunistas que un día creyeron honestamente que esa revolución iba a conducir a los hombres hacia la igualdad y la libertad, pero que ha dejado una historia de dictaduras y de opresión sin límite. Que a estas alturas el PCE exija que pidan perdón los franquistas, la Iglesia, los curas y quien sea y que ellos se ufanen de lo que se ha hecho el nombre del comunismo y de la ciega obediencia, es para salir corriendo. Lo diga Francisco Frutos o José Luis Centellas, su nuevo líder. Afortunadamente, fuera de algunos románticos, algunos nostálgicos y pocos más, el futuro del comunismo en España y en el mundo -Cuba al margen, Venezuela en todo su poderío y China al traspiés- es el que es. El que han decidido los ciudadanos libres cuando han podido serlo. Es decir cuando se acabó con la dictadura comunista, con el poder en nombre del pueblo pero sin el pueblo. Y lo demás, disculpen ustedes, son zarandajas. Nadie saltó el Muro de Berlín para irse a la Alemania "Democrática", pero muchos murieron por buscar la libertad. A ellos les deben respeto.

Periodista Digital - Opinión

Los extremeños se tocan. Por José García Domínguez

Puesto que la Junta no puede exhibir muchas estadísticas de excelencia escolar, rankings internacionales donde despunten sus universidades o listado alguno de patentes industriales autóctonas, ha optado por enseñar cómo masturbarse a sus futuros parados.

Parece que, a falta de otros asuntos con que entretener el ocio de sus funcionarios, la PSOE de Badajoz ha dado en promover una adaptación rigorista de "Los extremeños se tocan", aquella célebre astracanada de don Pedro Muñoz Seca. Así, puesto que la Junta no puede exhibir muchas estadísticas de excelencia escolar, rankings internacionales donde despunten sus universidades o listado alguno de patentes industriales autóctonas, ha optado por enseñar cómo masturbarse a sus futuros parados. "El placer está en tus manos", anuncia con sutil agudeza el lema de ese gran esfuerzo pedagógico que ahora consume las energías de la las autoridades regionales. De tal guisa, un deporte privado que en todo el universo mundo se practica bajo la premisa del más estricto autodidactismo, en Extremadura ha pasado a engrosar la nómina de obligaciones de los poderes públicos.


A la izquierda de antes, la ilustrada, esa fijación por los menesteres de la entrepierna le vino cuando los barandas de la Escuela de Frankfurt mezclaron las churras del marxismo con las merinas del psicoanálisis. Delirante promiscuidad epistemológica que, con el tiempo y el declive de la letra impresa, nos llevaría de la Sexpol de Wilhelm Reich a las bolitas chinas de Cándido Méndez. Y es que los liberados de la UGT también andan ahora por la promoción institucional del onanismo vindicativo. De ahí que hayan premiado con una reproducción de ese adminículo erótico asiático a todos los partícipes en el Congreso de la Federación de Limpieza. Bolas, por lo visto, tienen de sobras. Cosa muy distinta es el empleo que han decidido hacer de ellas en estos tiempos de crisis.

Por lo demás, al observador atento no se le escapa lo que hay de impostado tras tanto alarde de modernísima desinhibición; ésa de la que igual presume Odón Elorza, el alcalde de San Sebastián, propalando en público su íntima afición a los solitarios. Y no porque traten de banalizar el sexo, de por sí algo bastante banal. Sino porque dejan traslucir su conformismo borreguil de toda la vida. Contra lo que ellos pretenden, ya no hay heterodoxia ni provocación alguna detrás de esa pueril alharaca, sino justo lo contrario: sumisa obediencia a los más prosaicos convencionalismos de la época. Como hicieron antes. Como ahora hacen. Como siempre harán, por mucho que nos hablen a humo de pajas.

Libertad Digital - Opinión

De derrota en derrota. Por Gebriel Albiac

LA batalla del Alakrana está perdida. No hay misterio: cuando un Estado renuncia al ejercicio de la fuerza para defender su potestad, es que está ya por completo muerto y sólo queda esperar el desagradable espectáculo de su podredumbre. Sería menos trágico, si los Estados se agusanaran ellos solos. Pero esa gangrena suya acaba siempre por pagarse con la vida de los otros: de los pobres, incautos ciudadanos, presos en las fatales redes que todo Estado despliega. No pagan con su vida los políticos. Nunca. Los desbarres del Estado se pagan siempre con sangre inocente.

No hay sorpresa. Cuando un ministro del ejército proclama -lo hizo con asombrosa petulancia el primero de los de Zapatero- su disposición a ser matado antes que matar, todos sabíamos, sin un asomo de duda, lo que estaba diciendo: que prefería que nos matasen a nosotros antes que asumir el coste moral que va incluido en el cargo por el cual él cobraba. Un ciudadano pacifista es un ciudadano éticamente impecable: tanto cuanto el que no lo es. Un ministro de la guerra pacifista es un perfecto canalla, un tahúr de sangre ajena. Desde que el pacifista José Luis Rodríguez Zapatero llegó por sorpresa al poder tras aquel 11 de marzo de hace casi seis años, España no ha tenido más que ministros pacifistas de la guerra. Ninguno ha muerto, que yo sepa, en el altar de sus humanitarias convicciones. Murieron, eso sí, soldados a los cuales se había privado del privilegio primordial que define el oficio: el uso profesional de las armas. Murieron, sin que ni siquiera les cupiera el honor -que es base de la condición castrense- de morir en combate. ¿Cómo iban a morir como soldados, si estaban sólo en misiones de paz humanitarias? Ahora son indefensos pescadores los que pagan el precio de un país que ha trocado a su ejército en ONG uniformada. Tampoco esta vez morirá ningún ministro. Pacifista. De la guerra.

Da asco toda esta farsa. Con vidas de abandonados ciudadanos de por medio. Hablemos claro. Por más que hablar claro nos avergüence. Cuando un ejército no está dispuesto -o autorizado- a hacer uso de sus armas, es mejor que se rinda y se disuelva. La ambigüedad militar sólo puede acumular muerte. En lo de la piratería en Somalia, Francia -que sí tiene un ejército sin vocación misionera- fijó el único canon, el de siempre desde que la piratería existe: perseguir a los navíos corsarios hasta sus últimos refugios, atacarlos, hundirlos. Todos los dispositivos, estratégicos y tácticos, con los cuales cuenta una fuerza armada deben ser puestos al servicio de eso. Y, si es preciso entregar un rescate para quitar de la línea de fuego a los civiles, se entrega. E inmediatamente después se procede a lo irrenunciable: la cacería, a cualquier coste, de los delincuentes. Pero, de no aceptar el precio material y moral que esa apuesta necesariamente implica -y esa es la humillada realidad española hoy-, sólo quedan dos opciones: a) pagar el impuesto revolucionario que los «hermanos de la costa» juzguen justo embolsarse para ser benévolos con nuestros barcos; b) abandonar esa zona de pesca para siempre.

En los primeros momentos del secuestro del Alakrana, una acción fulminante de comandos hubiera podido liberar a los secuestrados y escarmentar a futuros secuestradores. No se hizo. Ya no es posible. Los piratas han humillado a la Armada española. Han humillado al gobierno de España. Y nos han puesto a todos ante el espejo: no somos nadie; hasta el último zarrapastroso con un viejo kalashnikov en bandolera puede ponernos de rodillas. No hay ninguna sorpresa: es la herencia corruptora de aquel 11 de marzo.

ABC - Opinión