domingo, 6 de diciembre de 2009

La lección de Solé Tura. Por M. Martín Ferrand

EL cardenal arzobispo de Barcelona, Lluis Martínez Sistach, acaba de sumar su voz al editorial que, con alarmante y disciplinada unanimidad, publicaron hace unos días los diarios de Cataluña. El reino de monseñor es de este mundo y, en sintonía con el tripartito instalado en la Generalitat, ha querido dejar constancia de «la preocupación e inquietud del pueblo catalán sobre el Estatut que es la norma fundamental de la configuración de muchos aspectos capitales de nuestra convivencia social» frente a la largamente esperada sentencia del Tribunal Constitucional. Eso es, en lo ciudadano, como sería en lo religioso anteponer los mandamientos de la Santa Madre Iglesia al Decálogo que Dios Padre le entregó a Moisés en el Sinaí; pero doctores tiene, supongo, el Vaticano que le sabrán reprender.

La Constitución, de la que precisamente hoy celebramos aniversario, es la única «norma fundamental» de la convivencia española y los Estatutos que de ella se derivan han de entenderse como una más de sus destilaciones. Lo de la dignidad es otra cosa, más moral que política, que sobrepasa, por lo que tiene de individual e íntima, la dimensión del grupo. Los obispos catalanes vienen pidiendo el reconocimiento «de los derechos de nuestro pueblo a su identidad nacional». No es tan fácil como parece darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César.

Jordí Solé Tura, uno de los padres de la Constitución que acaba de dejar este mundo, luchador por la libertad y catalán de raza, escribía en 1985 «Nacionalidades y nacionalismos en España», un libro que ha ganado fuerza y oportunidad en estos veinticinco años. En su introducción aseguraba el antes intelectual y profesor que político militante que «los nacionalismos llevan a un callejón sin salida porque implican la permanente puesta en duda del modelo político de la Constitución».

Perseverar hoy en el debate nacionalista y seguir enfrentando a la Nación con sus distintas nacionalidades, por mucho que ello pueda enfervorizar a monseñor Sistach, es una grave irresponsabilidad. El interés de un grupo social o político no debe anteponerse al de toda la Nación y menos todavía cuando la necesidad -la real, no la retórica- sacude a millones de parados y los pronósticos más solventes anticipan la continuidad de la crisis. El primum vivere es un mandato racional y ético que solemos olvidar por estos pagos.


ABC - Opinión

La Constitución, bajo la espada de Damocles del 'Estatut'

Se celebra hoy el 31º aniversario de nuestra Carta Magna, sin que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado aún sobre los recursos de inconstitucionalidad del Estatuto catalán.

TRAS LA CELEBRACIÓN popular organizada por José Bono el pasado viernes con motivo del XXXI Aniversario de la Constitución, hoy tiene lugar en el Congreso el tradicional acto institucional que este año cuenta con una novedad de gran trascendencia, ya que por primera vez desde 1978 asistirá un lehendakari, el socialista Patxi López. Se trata de un gesto más de la normalidad política que está siendo recuperada en el País Vasco merced al pacto de gobierno suscrito por el PSOE y el PP. Sin embargo, frente a este motivo de celebración, sigue pendiendo sobre la Carta Magna la misma espada de Damocles que hace tres años: la esperada sentencia del Tribunal Constitucional que tendrá que establecer si el Estatuto de Cataluña desborda o no el marco constitucional.

La cuestión no es algo que afecte sólo a la norma catalana. Del fallo del Tribunal depende la propia subsistencia del actual régimen constitucional que los españoles aprobamos en 1978. Porque, en definitiva, lo que el Alto Tribunal tiene que establecer es si en España hay dos Naciones y dos sujetos de soberanía; si en Cataluña la lengua oficial es el catalán, quedando el español como idioma secundario; si las relaciones con el Estado son en régimen de bilateralidad, como si se tratase de dos entes homólogos; si hay una Justicia catalana, separada de la española; si hay cuerpos de enseñantes diferentes del resto de los nacionales y si las competencias que se reconocen en el Estatut son intocables. En definitiva, la sentencia del TC tiene que establecer si la Constitución seguirá vigente en Cataluña, o ya no regirá más que para algunas cosas, a la espera de alcanzarse la soberanía nacional.

Nuestra Constitución, a pesar de que no definía de forma nítida el modelo de Estado, puso las bases para que -mal que bien- funcionase el Estado de las Autonomías, y así fue hasta el año 2005, cuando el Parlamento catalán aprobó un nuevo Estatuto que rompía con ese modelo. El Rey ha dicho que el mayor valor de nuestra Constitución radica en el consenso con el que se hizo y con el que debería reformarse. Pues bien, la aprobación por las Cortes del Estatut ha significado de hecho una grave mutación constitucional, realizada por la puerta falsa de la reforma estatutaria e imponiéndola a la mitad de España, que no la aprobó, al votar el PP en contra de esa norma que después recurrió.

La Constitución, por supuesto, ha rendido un gran servicio al país para nuestra convivencia, y con ciertos retoques en algunos puntos concretos podría seguir siendo una magnífica Norma Fundamental. Pero mientras no se aclare el modelo de Estado, mediante un pacto de los grandes partidos, estaremos pendientes de que un Tribunal Constitucional muy diezmado y presionado nos señale si la Constitución sigue vigente en su plenitud o no. Si el Tribunal Constitucional no declarase inconstitucionales las líneas maestras del Estatut, la Constitución de 1978 dejaría de ser la primera norma de toda España. Pasaríamos del Estado de las Autonomías a las Autonomías sin Estado, ya que éste se quedaría tan hueco como una nuez vacía.

En estas circunstancias, la espada de Damocles que supone el Estatut pende de un hilo finísimo, que es la dignidad intelectual de un puñado de magistrados del Alto Tribunal, que tienen que decidir en medio de un ambiente exterior sumamente favorable a un fallo que no rebaje el contenido soberanista del texto recurrido. Por una parte, el Gobierno, que defiende la constitucionalidad del Estatut; por otra, el PP, cuyos máximos dirigentes aseguran que acatarán la sentencia, aunque sin referirse al fondo del asunto, ya que están deseando pactar con CiU después de las elecciones. Ello, sumado a las insistentes presiones del tripartito, de 12 periódicos de Cataluña y de todos los que han suscrito el polémico editorial. Si bien la opinión de los catalanes dista de ser uniforme, ya que 200 abogados de Barcelona han protestado contra su decano por suscribir el artículo de opinión. Aunque todo conduce a los magistrados a una sentencia complaciente con los poderes públicos, estos hombres han de actuar en conciencia para que la espada de Damocles no caiga haciendo añicos la Carta Magna.


REl Mundo - Editorial

La enfermedad del olvido. Por Ignacio Camacho

CUANDO la niebla de la muerte y del alzheimer empieza a envolver a los padres constitucionales -Cisneros, Solé Tura, Suárez- y a proyectar sus perfiles como estatuas senatoriales recortadas contra el horizonte brumoso de la Historia, la reivindicación de aquel tiempo fértil de grandeza creativa y concordia civil que fue la Transición se vuelve una necesidad inapelable para refrescar la atmósfera de una política envilecida por el sectarismo y degradada por la mediocridad. La desaparición paulatina de los protagonistas de la refundación democrática nos interpela desde el corazón de la memoria sobre la lealtad colectiva con que administramos su herencia de generosidad moral y compromisos de Estado, a punto de convertirse en un legado de cenizas aventadas por la desconfianza, la frivolidad y el olvido. La vigencia de la Constitución del 78 no significa sólo la clave de una larga estabilidad y un sólido marco de libertades, sino la permanencia de un aliento democrático y una voluntad plural capaces de aherrojar los viejos demonios cainitas del rencor y la sangre, responsables de tantos recurrentes desengaños.

El viento de la posmodernidad ha extendido una interpretación revisionista de la Transición que minimiza sus méritos para presentarla como una especie de pacto vergonzante urdido bajo el siniestro fragor de los sables y la presión de las frías bocas de los fusiles de febrero. Bajo este prisma de rupturismo retroactivo late la tentación de referenciar la legitimidad democrática en la fallida experiencia republicana del 31 frente a la acertada culminación monárquica del 78, saltando con voluntarismo dogmático por encima de las evidencias de un fracaso insoslayable. Empero, el desprecio de los valores de la Transición constituye además de una injusticia arrogante un grave error de apreciación objetiva: ni ha habido en los últimos tres siglos un período más fecundo de audacia política, inventiva jurídica y desprendimiento moral, ni el consenso fue una imposición táctica forzada por el miedo sino el fruto de la comprensión de una imperiosa necesidad de avenencia civil tras un largo y cruel ciclo de discordias impuestas y divisionismos obligatorios.

La Constitución simboliza ese acuerdo de mutuo respeto basado en la no dominancia de unos españoles sobre otros, un pacto de ciudadanía que puede haber sufrido el desgaste de su propio desarrollo pero permanece intacto en sus principios esenciales de convivencia plural. Los tradicionales homenajes de su aniversario no deberían ser, pues, el ritual más o menos protocolario de una simple efemérides histórica sino la sincera y actualizada profesión de fe en el constructivo espíritu de renuncia y concordia de nuestros padres fundadores. Algunos de ellos han muerto o permanecen en la bruma neuronal de la desmemoria pero las naciones no pueden permitirse la enfermedad del olvido.


ABC - Opinión

La causa de Haidar

El Gobierno español asegura que el marroquí había dado permiso de aterrizaje al vuelo que debía devolver a la activista independentista saharaui Aminetu Haidar a El Aaiún; el Gobierno marroquí lo niega y asegura que no va a cambiar de posición respecto a su decisión de retirarle el pasaporte y expulsarla. Es posible que haya habido algún malentendido, o que la difusión prematura de la noticia haya alarmado a las autoridades marroquíes. La versión que parece abrirse camino, en cualquier caso, es que el Gobierno español habría tramitado con ciertas argucias una autorización de sobrevuelo para una aeronave en la que viajaría Haidar, y que las autoridades marroquíes la concedieron de manera rutinaria, aunque el Ejecutivo la retirase más tarde al advertir la presencia de la pasajera.

Rabat había forzado una declaración conjunta de todos los partidos marroquíes respaldando la expulsión que hacía difícil la marcha atrás. Por eso se pensó que sólo una mediación internacional podría desbloquear el asunto. Madrid no descarta que tras el gesto firme de la noche del viernes el Gobierno de Mohamed VI flexibilice su posición atendiendo a las gestiones de la ONU, la UE y quizás Estados Unidos, cuya mediación ya fue decisiva para un acuerdo sobre el islote de Perejil, hace siete años.

En todo caso, las relaciones entre ambos países se han tensado al límite y el episodio, sea cual sea el desenlace, tendrá repercusiones políticas: en primer lugar, en el propio conflicto del Sáhara. El presidente del Senado marroquí, Mohamed Cheikh Biadillah, desplazado a Madrid para explicar la posición de su país, declaró el viernes que el asunto respondía a una maquinación argelina para boicotear el incipiente diálogo con el Polisario sobre una posible autonomía del Sáhara Occidental. Si esa opinión tuviera algún fundamento, el enviado marroquí tendría que haber reconocido que la actitud de su Gobierno ha sido la menos adecuada para alentar ese diálogo. Porque para que el Polisario aceptase ir por esa vía (un acuerdo de autonomía política que se sometiera a referéndum) tendría que haber un reconocimiento previo de la singularidad del territorio, y pruebas de la voluntad de democratización del régimen.

¿Qué credibilidad puede tener la autonomía ofrecida si el hecho de declararse de nacionalidad saharaui en la ficha de entrada es causa de retirada del pasaporte y basta para convertir a una disidente en exiliada forzosa?; y ¿qué democratización puede esperarse de un régimen que exige a una disidente que pida perdón al monarca por no declararse súbdita suya? Marruecos ha intentado endosar el problema de Haidar a España, ridiculizando las gestiones realizadas por Madrid; pero al hacerlo ha garantizado a la causa, que ya no sólo defiende sino encarna Haidar, una audiencia internacional amplísima, especialmente en España. Pase lo que pase ahora, ése es el resultado político de que Rabat haya actuado de manera arbitraria e inaceptable con Haidar.


ABC - Editorial

Un Gobierno insostenible. Por José María Carrascal

EL último número de la ministra de Cultura, el presidente y la vicepresidenta primera bate todos los records de descoordinación, improvisación, frivolidad, incapacidad, inestabilidad, cobardía y cinismo, los siete pecados capitales de un Gobierno que ni siquiera acierta ya cuando se equivoca. Que la ministra diga por la mañana que se cerrarán todas las webs que se dedican a descargas ilegales de internet, que por la tarde el presidente, ante la algarabía de los internautas, asegure que no se cerrará ninguna web, y que al día siguiente la vicepresidenta afirme que el presidente no ha desautorizado a la ministra, merece ir al Guinness de desgobierno. ¿A quién le daba razón doña María Teresa, a José Luis o a Ángeles? ¿O se la quitaba a los dos? Vaya usted a saber, como cuando lo del «Alakrana». Cuanta más impresión de coordinación quieren dar, más desbarajuste muestran; cuanta más firmeza aparentan, más clara es su debilidad; cuanto más presumen de eficacia, más meten la pata. Hace un año, el PP estaba solo en el Congreso. Hoy, quien está solo es el Gobierno, con todos los grupos criticándole, aunque alguno le venda sus votos a buen precio para no ser derrotado. Lo que deja aún más evidente su debilidad. Tenemos un Gobierno chantajeable, desde dentro y desde fuera. Ahora sabemos por qué lo primero que hizo la vicepresidenta fue hacer posar a las ministras para Vogue: todo iba a ser apariencia, nada, sustancia.

Nos queda el consuelo de que, esta vez, el gatillazo no se ha quedado en nuevo ridículo, sino que ha tenido una consecuencia positiva: dejar en evidencia esa Ley de Economía Sostenible, que no es economía ni es sostenible, sino decorado, ni siquiera de cartón, sino de papel, que se rompe al primer envite, como acabamos de ver.

¿Qué hacen las descargas de internet en esa nueva ley? Pues lo que el resto de sus componentes: bulto y humo para llenar el globo. El entero mandato de Zapatero ha sido un continuo lanzamiento de globos de colores, que acaban por desinflarse y caen a tierra, con daños más o menos graves: la negociación con ETA, el estatuto catalán, la crisis económica, los secuestros de los piratas, por no hablar de la Alianza de Civilizaciones, que no es un globo, es un dirigible a la deriva. Y cuantos más globos se le vienen abajo, más arrecia su sectarismo. Ya que no puede hacer una política verdaderamente social, demostrar al menos que a progresista no le gana nadie: matrimonios homosexuales, aborto, crucifijos, ¿será el puente de la Inmaculada Constitución el próximo en caer, por incluir a la Virgen? No creo, pues con las fiestas, como con los internautas, no se juega. Los parados pueden esperar, el progresismo, no. Lo malo es que el progresismo no da de comer. Yo diría que el verdadero progresismo es el que quita el hambre. Pero es que yo soy un reaccionario.


ABC - Opinión

Un ‘juicio’ islamista condenó a una mujer a morir por adúltera en Reus

# • Los Mossos arrestan a los nueve hombres que habían secuestrado a la joven.

# • La víctima logró huir de la masía en la que estaba retenida a la espera de la ejecución.

Un juicio islamista en toda regla. Como los que celebran los talibanes en Afganistán o las milicias extremistas en Somalia. Sin embargo, este proceso tuvo lugar en una masía aislada del Camp de Tarragona. Allí, nueve islamistas, todos ellos de origen magrebí, tenían retenida a una mujer a la que habían secuestrado.

La mujer fue juzgada por sus captores, que habían decidido constituirse en un tribunal islámico y la acusaban de adulterio. En virtud de su extremista visión de la ley islámica, la sharia, los secuestradores decidieron condenarla a muerte, según explicaron a este diario fuentes conocedoras de la investigación.


Por suerte, en un descuido de los dos hombres que tenían encargado vigilarla, la víctima logró escapar de su cautiverio y alcanzar una comisaría de los Mossos d’Esquadra. Según el relato que explicó a los agentes, sus secuestradores estaban planeando ejecutar en breve la sentencia de muerte.

EL JUEZ ORDENA PRISIÓN SIN FIANZA
Tras investigar la declaración de la mujer, los Mossos entraron la madrugada del 14 de noviembre en tres domicilios de las localidades de Reus (Baix Camp) y Valls (Alt Camp) y detuvieron a nueve hombres, todos ellos vinculados al movimiento salafista, una corriente ultraortodoxa del islam muy presente en las comarcas de Tarragona, pero que hasta ahora no se había visto salpicada por ningún incidente violento.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona ha dado credibilidad a lo denunciado por la mujer y ha ordenado el ingreso en prisión sin fianza de siete de los nueve detenidos. Están acusados de detención ilegal e intento de asesinato por el secuestro y la intención que tenían de ejecutar la condena a muerte que habían dictado contra la víctima. También se les imputa el delito de asociación ilícita.

Las especiales circunstancias de este caso, nunca antes visto en España, hizo que las investigaciones fueran llevadas a cabo por la Divisió d’Informació de la policía autonómica, la unidad encargada de los delitos vinculados al extremismo islamista y al terrorismo. La redada fue practicada por agentes de la Brigada Mòbil de los Mossos, a los que no se avisó hasta pocas horas antes de que se llevara a cabo la operación, que fue mantenida en el mayor de los secretos.

CADA UNO EN UNA COMISARÍA
Una vez detenidos, y en una práctica muy poco habitual, cada uno de los arrestados fue conducido a una comisaría distinta para que no pudieran comunicarse entre sí.

La extrema confidencialidad del dispositivo, la participación de la Divisió d’Informació y el hecho de que los detenidos fueran todos musulmanes ultraconservadores llevó en un principio a pensar que se trataba de una acción contra una célula terrorista, algo que los Mossos negaron desde el primer día.


El Periódico