lunes, 7 de diciembre de 2009

Montilla agrede a la Constitución. Por Emilio Campmany

Escribe Montilla que sabe que hay algunos que quieren modificar la Constitución desconociendo el consenso que la hizo posible. Se referirá a él y a su partido, que son quienes han prescindido del PP para modificarla por medio del nuevo estatuto.

El presidente de la Generalidad catalana publica este domingo en El País un artículo titulado Defensa y elogio de la Constitución. Lo que hace en el artículo es exactamente lo contrario, agredir a la Carta Magna. Lo peor es que no se conforma con ir contra su letra, sino que se ensaña con su espíritu.

Empieza Montilla diciendo que le inquieta pensar que quizá algunas voces busquen prescindir de los consensos básicos. Lo dice quien prescindió del consenso con el PP para aprobar el nuevo estatuto. Un PP que Montilla olvida que representa a diez millones de españoles.

Luego dice que se suma a la conmemoración del aniversario de la Constitución como muchas cosas (como demócrata, como socialista, como catalanista, etc.) y como federalista. ¿Cómo puede unirse un federalista a la conmemoración de una Constitución que no lo es? Sólo le ha faltado decir que se une a esa conmemoración como republicano.

Escribe que sabe que hay algunos que quieren modificar la Constitución desconociendo el consenso que la hizo posible. Se referirá a él y a su partido, que son quienes han prescindido del consenso con el PP para modificar la Constitución por medio del nuevo estatuto.

El artículo 2 le recuerda la negativa de muchos sectores de la derecha a incorporar el término "nacionalidad" por considerarlo sinónimo de nación. No sé a quiénes se refiere porque la Constitución fue votada favorablemente por toda la derecha parlamentaria. En cualquier caso, sea lo que sea una nacionalidad para la Constitución, es seguro que no es equivalente a nación. Si hubiera querido que lo fuera, sus redactores habrían empleado la palabra "nación".

Dice que el adjetivo del sustantivo "nacionalidad" es "nacional". En absoluto. Se lee en el Diccionario de la Real Academia: "nacional. Perteneciente o relativo a una nación." No sé qué adjetivo pueda corresponder a "nacionalidad", pero no es "nacional".

Afirma no cuestionar la legitimidad del Tribunal Constitucional, pero sí lo hace respecto del derecho del PP a recurrir a él cuando habla de la hostilidad manifiesta que ese partido ha levantado contra el estatuto "de forma innoble". Debiera saber Montilla que respetar al Tribunal Constitucional implica hacer lo propio con quienes tienen el derecho también constitucional de recurrir a él.

No cree que la acción jurisdiccional del tribunal deba producirse de espaldas a la opinión pública. Sin embargo, puede. Y no sólo puede, sino que debe. Si Montilla quiere cambiar la Constitución, que lo haga por los medios previstos por ella y no de tapadillo, aprobando un estatuto inconstitucional y luego negando al partido que representa a más de un tercio de los españoles el derecho a recurrir ante el tribunal encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes, incluido el estatuto catalán. Pero, aun admitiendo que los magistrados tuvieran que atender a la opinión pública, Montilla debería leer el periódico que publica su artículo. Allí encontrará una encuesta según la cual el 79 por ciento de los españoles no cree que Cataluña sea una nación y un 51 que se debiera eliminar la distinción entre nacionalidades y regiones.

Por último, se auxilia de la autoridad de Herrero de Miñón para recordar que hay que convertir el conflicto en consenso cuando lo que ha hecho él y su partido es precisamente lo contrario, convertir el consenso que había con el anterior estatuto en el conflicto que hay hoy con el nuevo.

Con estos defensores y panegiristas, pocos enemigos y detractores necesita la Constitución.


Libertad Digital - Opinión

A vueltas con España - La reforma constitucional. Por José Luis Gómez

Durante un tiempo, sobre todo a mediados de esta década, el PSOE e incluso algún sector del PP coquetearon con la idea de hacer una reforma limitada de la Constitución del 78 para avanzar hacia un Senado territorial y de primera lectura para temas autonómicos, sellar el reconocimiento explícito del nuevo tratado europeo --frustrada la carta constitucional, quedaría Lisboa--, inscribir el nombre de las comunidades autónomas, ya que en el 78 ni siquiera existían como tales, y derogar la cláusula que discrimina a las mujeres en la sucesión de la Corona, problema sobre el que corrieron ríos de tinta y que sigue ahí, pendiente de una solución política.

Sin que ninguna de las partes haya explicado sus razones, donde antes dijeron una cosa personas como Zapatero o Fraga, ahora dicen (casi) la contraria. Y así, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en otros momentos impulsor de la reforma, proclamó todavía ayer que no hay perspectivas de reformas constitucionales a corto plazo. Si bien mantiene que el texto es mejorable, ZP sostiene que no hay urgencia en cambiarlo. Los agobios de la crisis, los vientos recentralizadores que soplan este otoño por Madrid y un cierto aroma a final de etapa se han llevado la frescura de aquel joven presidente que llegó cargado de ilusión de la cumbre socialista de Santillana del Mar frente al aznarismo jacobino en decadencia.


Los puntos ya enunciados siguen estando ahí y, lo que es peor, amenazan con desatar problemas en algún momento. Digamos que tanto PSOE como PP los están metiendo debajo de la gran alfombra de la política madrileña, a la espera de que pase algo que tampoco explicitan. ¿Acaso la sentencia del Constitucional sobre el controvertido Estatut? Un Estado como España se supone que debería tener más claro lo que quiere ser de mayor y si los dos grandes partidos reconocen que la Constitución admite reformas, ¿a qué viene eludir el debate? Aunque el problema fuese de calendario, razón de más para abordar los cambios que haya que hacer, sin las prisas que a veces caracterizan este tipo de procesos que, en buena lógica, deberían responder a un gran consenso que no excluya a los partidos nacionalistas e incluso a otros de ámbito español pero minoritarios.

Periodista Digital - Opinión

El doble secreto de Montilla. Por José García Domínguez

Olvidaba don José explicar al vulgo cuáles fueron las dos únicas leyes fundamentales del universo mundo que dieron cabida antes al término nacionalidad: la carta magna de la URSS y la de la no menos difunta República Federativa de Yugoslavia.

Gozando de la diáfana, cristalina prosa de don José Montilla en la extensa pieza de erudición jurídica e histórica que acaba de firmar en El País, a uno le viene a la mente el curioso caso de aquel anciano ciego que durante toda su vida se hiciera pasar por Jorge Luis Borges. Como es sabido, Borges nunca existió en la realidad. Fue ese personaje una ficción literaria que ingeniaron al alimón entre Bioy Casares y Mujica Lainez, quienes, para encarnar a su creación, contratarían a un viejo actor fracasado, cierto Aquiles Scatamacchia, el figurante que luego dijo ser autor de El Aleph en todas las comparecencias ante los medios de comunicación del falsario.

De hecho, la impostura, conocida en secreto por la Academia de Suecia, constituyó la causa efectiva de que nunca se le concediese el Nobel al tal Scatamacchia. Bien, pues con el gran líder catalanista no procede descartar que suceda algo parejo; esto es, que el verdadero Montilla permanezca oculto, tal vez preso, entre los anaqueles de la Biblioteca Nacional, mientras ese tosco embaucador que carraspea en los telediarios usurpa su personalidad, quién sabe al servicio de qué turbios intereses.

Así, el domingo nos ilustraba por escrito el genuino Muy Admirable a propósito de los usos adjetivos del palabro "nacionalidad" recogido en la Constitución. Sin embargo, olvidaba don José explicar al vulgo cuáles fueron las dos únicas leyes fundamentales del universo mundo que dieron cabida antes a semejante bomba de relojería jurídica. A saber, la carta magna de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas –cuatro palabras, cuatro mentiras–, y la de la no menos difunta República Federativa de Yugoslavia, según acaba de recordarnos con estremecedora lucidez el catedrático de Derecho Constitucional Carlos Ruiz Miguel.

Nadie más, en parte alguna, ha incurrido en riesgo tan temerario como ése para los fundamentos mismos de cualquier nación. Nadie, excepto aquellos gloriosos ponentes del 78 a los que estos días se impone glorificar con rendida gratitud por sus impagables servicios a la patria. Los mismos venerables héroes, por cierto, que dieran a luz un anteproyecto –publicado en el BOE– donde incluso había desaparecido el nombre "nación" aplicado a España. El día que se entere el otro Montilla de eso, les pone una estatua. En el Barrio Chino de Barcelona, por supuesto.


Libertad Digital - Opinión

La dignidad de Haidar y el papelón de España. Por Antonio Casado

En los pasillos del Congreso, donde ayer se comentaba la jugada en un nuevo cumpleaños de la Constitución, el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, hizo unas declaraciones resbaladizas sobre el caso Haidar. Lo amontonó todo: el derecho a la vida, el interés general y la buena vecindad. Una forma de eludir la mala conciencia por el papelón de España. Muy propio de un político profesional. A años luz de la pedagogía de la sencillez que encierra la respuesta de Aminatou Haidar a quienes le piden que conserve la vida por el bien de sus hijos: “Prefiero que vivan sin madre pero con dignidad”.

La coherencia individual frente el cinismo institucional. En ese aspecto, la huelga de hambre de la activista saharaui tiene un enorme potencial destructivo contra el tramoyismo político y diplomático en regímenes de opinión pública. Como el de España, cuyas decisiones políticas se someten al escrutinio permanente de la ciudadanía. No el de Marruecos, cuya interlocución empieza y termina en una casta, una oligarquía, por no decir en una sola persona, a pesar del barniz democrático que las grandes potencias aceptan como un mal menor.

Todo el tinglado que soporta la escenificación de las relaciones internacionales, las bilaterales hispano-marroquíes en este caso, se viene abajo frente a la formidable capacidad depuradora de este testimonio personal. El de una mujer que, simplemente, quiere vivir en la tierra de sus raíces. La de sus padres, la de sus abuelos, la de sus hijos, la de su gente. Algo que está por encima de la potestad administrativa de los poderes públicos para dar o quitar pasaportes, autorizar o desautorizar un vuelo.

«El testimonio de Haidar tiene una derivada legal y política insoportable para los Gobiernos de España y de Marruecos»

Son consideraciones morales. Pero el testimonio de Haidar tiene una derivada legal y política insoportable para los Gobiernos de España y de Marruecos. Sin pretenderlo, al menos de forma expresa, les da ejemplo de respeto a la legalidad internacional, que aún no ha dictaminado si el Sahara Occidental es o no es Marruecos. Por decirlo de otro modo, solo es Haidar la que en este asunto actúa siguiendo el espíritu y la letra de las resoluciones de la ONU. No actúa así el Gobierno de Marruecos, que no acepta el mandato del referéndum en el Sahara con opción a la independencia. Y tampoco el Gobierno de España, que mira hacia otro lado y elude el tema de fondo, que es la insumisión de Marruecos.

Digámoslo una vez más: la Organización de las Nacionales Unidas no ha decidido aún a quien corresponde el título de soberanía sobre una colonia abandonada a toda prisa por España ante el chantaje de la “Marcha Verde” (1975). Y todo el culebrón se desencadena, como es bien sabido, por el hecho de que Aminatou Haidar puso “Sahara Occidental” y no “Marruecos”, en el formulario de entrada cuando hace 23 días llegó a El Aaiun procedente de Lanzarote. Desde el punto de vista de la legalidad internacional, si hubiera puesto “Marruecos” se habría adherido indebidamente a las tesis de una de las partes sin respetar la doctrina de la ONU, según la cual el Sahara Occidental es un “territorio pendiente de descolonización”.

Ni leyes, ni autorizaciones políticas, ni administrativas, ni técnicas, ni gaitas. Es patético el equipo de Moratinos explicando el problema del pasado viernes en esas claves, cuando quedó tan claro que nuestro Gobierno quiso devolverle a Marruecos el “marrón” (perdón, señora Haidar, por la expresión pero es la que cuadra) por la vía del hecho consumado.

El Gobierno marroquí ha dicho claramente que Haidar solo volverá a El Aaiun si pide perdón al rey y al pueblo por haber negado su nacionalidad marroquí. Una arbitrariedad incompatible con la aplicación de la norma en un Estado de Derecho. Y no tiene sentido que el Gobierno español recuerde a Marruecos los pactos políticos y civiles firmados por ambos países en los ámbitos nacionales e internacionales, incluidos los que afectan a los derechos humanos, si de hecho España sigue mirando hacia otro lado en nombre de la buena vecindad.


El confidencial - Opinión

Se llenan la boca de Constitución, pero.... Por Fernando Jaúregui

Como todos los años, asistí a la celebración en el Congreso de los Diputados de un nuevo aniversario de la Constitución. Hubo este año menos presidentes autonómicos que nunca -faltaron varios de los socialistas y todos los del PP; menos mal que sí estuvo, por primera vez, el lehendakari vasco--. Tampoco, como lamentablemente viene siendo habitual, estuvieron los ex presidentes del Gobierno Felipe González y José María Aznar, que sin duda encontraron ocupaciones más lúdicas y/o rentables que homenajear a esa Constitución con cuyas loas se llenan la boca. Conté varias ausencias de ministros. Menos gente, en general, que en otros aniversarios --espectacular ausencia del famoseo--, lo cual no tiene por qué querer decir nada, excepto que en esta ocasión, más que nunca, se hace sentir la necesidad de reformar algunos aspectos de nuestra Carta Magna. Si no acudieron algunos de los que más la defienden y no asistieron las fuerzas políticas que no lo hacen -nacionalistas, separatistas-- ¿qué hace falta para ilusionarlos en torno a nuestra ley fundamental? ¿Quién queda para velar las armas?.

Pues queda la clase política instalada, parte de la cual, pero solo una mínima parte, comenzando por el propio presidente del Congreso, piensa que algo hay que cambiar para que todos se sientan más cómodos en el marco constitucional. Queda una clase política dedicada a atacar al contrario desde los corrillos de prensa ya tradicionales en este tipo de celebraciones en la Cámara Baja: aprovechan desde el "caso Haidar" hasta el secuestro de tres cooperantes en Mauritania para lanzar sus venablos y convencernos de que cualquier acuerdo constitucional -o de otro tipo_son imposibles. Quedan también los antiguos, los de la UCD, cada año más petrificados ante el espectáculo que contemplan en sus sucesores. Quedan algunos del primitivo PSOE: nunca falta el tan injustamente denostado Barrionuevo. Puede, lo ignoro, que muchos de los ex ya ni siquiera estén invitados a esta celebración.

Pero hay un cambio generacional y de mentalidad que resulta evidente, aunque los medios de comunicación, en no pocas ocasiones, se empeñen en no constatarlo. Que a la celebración del aniversario de la Constitución en el Congreso, que inaugura los fastos navideños, asistan mayoritariamente quienes ya no tienen poder decisorio, tiene necesariamente que significar algo. Algo en lo que tenemos, queramos o no, que pararnos a pensar. ¿Por qué va Carrillo y no Cayo Lara? ¿Por qué Patxi López y no Urkullu? ¿Por qué Montilla, pero no Artur Mas? ¿Qué hace que no estén los líderes sindicales --que preparan para entro de una semana una manifestación cuando menos complicada, porque se interpreta como dirigida contra la patronal--¿ Y ya que estamos, ¿por qué no encontramos allí al jefe de la patronal? ¿Cuál es la razón de las ausencias de Núñez Feijoo el gallego, del castellano-leonés León Herrera, de la madrileña Aguirre, entre otros presidentes autonómicos, de algunos de los más emblemáticos comentaristas radiofónicos y televisivos? ¿Por qué allí no están actores de renombre, escritores importantes, académicos consagrados, músicos de éxito?

Tengo una respuesta: porque les importa un bledo la Constitución. Porque tienen la sensación de que no hay que protegerla, cuidarla, porque no se sienten concernidos con el clamor que pide su reforma. Porque están convencidos de que lo artificial puede prolongarse. Porque les falta sentido del Estado. Porque el acto institucional que celebra cada año un nuevo aniversario parece ya acartonado. Falso.

Lo siento, siento mostrarme tan negativo: lo que escribo es lo que sentí este domingo, al acudir, con mi traje oscuro y mi corbata, a celebrar un nuevo aniversario de la Constitución, de cuya reforma soy, cada año, más partidario.


Periodista Digital - Opinión

Una Constitución tan celebrada como incumplida

Los distintos estatutos, a diferentes ritmos, han negado el carácter nacional de España y, por tanto, han vaciado de sustento a nuestra Carta Magna. Han troceado la soberanía nacional y han convertido la Constitución de allí derivada en puro papel mojado.

Como todos los años, el 6 de diciembre los políticos se agrupan en el Congreso para conmemorar el aniversario de la Constitución. Nuestra Carta Magna recibe halagos por parte de casi todos los dirigentes de prácticamente todas las formaciones. Durante un día, parece que todos se apresten a respetar el ordenamiento jurídico al que ha dado lugar.

Y sin embargo, los mismos que la presentan como un modelo de estabilidad y como una garantía de convivencia democrática, son los primeros que se afanan por violarla, a no respetar ni su espíritu ni su letra.

Porque obviando los flagrantes incumplimientos tantas veces denunciados –como la persecución del castellano en ciertas partes de España o el adoctrinamiento contrario a la voluntad de los padres que se acomete en nuestro sistema educativo– lo cierto es que con la nueva ronda de café para todos que se inició con la aprobación del Estatuto de Cataluña, se asestó un golpe mortal a la esencia y al procedimiento de nuestra Ley de leyes.

A la esencia porque toda la senda de reformas estatutarias ha partido de la premisa de que no existe ninguna nación española, sino más bien una confederación de comunidades nacionales que por los avatares históricos terminaron integrando una misma estructura estatal. Pero la Constitución adquiere su legitimidad, su fuerza vinculante, del hecho de ser un producto de la voluntad de un pueblo: el pueblo español. Sin nación, como conjunto de ciudadanos libres que acepta dotarse de unas leyes comunes, no hay marco jurídico que valga. Tampoco la Constitución de 1978.

Los distintos estatutos, a diferentes ritmos, han negado el carácter nacional de España y, por tanto, han vaciado de sustento a nuestra Carta Magna. Han troceado la soberanía nacional y han convertido la Constitución de allí derivada en puro papel mojado, hasta el punto de que ya se niega la capacidad del Tribunal Constitucional para detectar las inconstitucionalidades de una ley orgánica –que supuestamente emana y queda subordinada a aquélla– como son los estatutos.

Y también han atacado su forma porque si bien nuestra Ley de leyes contiene los mecanismos suficientes para que el propio pueblo español decida suicidarse y renegar de su soberanía, los estatutos, especialmente el de Cataluña, han pretendido modificar la Constitución sin atender a los procedimientos destinados para ello. La estrategia ha consistido, simple y llanamente, en mutar el significado de sus preceptos, en hacerlos lo suficientemente flexibles como para que cualquier cosa tenga cabida dentro de nuestro ordenamiento.

Los mismos que el día 6 recuerdan con la boca pequeña que el texto no es infinitamente elástico, son quienes han diseñado esta estrategia de liquidar el Estado nacional a través de la aprobación de leyes orgánicas que, para más inri, eran simples mandatos maquillados de los parlamentos regionales.

En este sentido, por muchas celebraciones que se oficiaran ayer, la Constitución del 78 supone la persistencia de un fracaso: de un fracaso para limitar el poder del Estado, que es precisamente para lo que se redactan todas las constituciones. En el caso de España, la falta de limitación del poder estatal no se ha padecido tanto en la administración central, que en muchos de sus aspectos sí ha sido desarmada, sino en las administraciones autonómicas, que han crecido como pocas al amparo de la desidia institucional para acotar y restringir sus competencias.

Un fracaso constitucional que, sin embargo, tampoco debería llevarnos a hacer tabla rasa del ordenamiento actual. Las leyes importantes han de tocarse con manos temblorosas y en España hay demasiados políticos con manos muy arrogantes y otros tantos con manos muy timoratas para plantar cara a los primeros. Sólo una reforma constitucional que fuera realmente dirigida a restaurar la soberanía efectiva del pueblo español y a limitar el alcance y el tamaño del Estado –en todas sus manifestaciones– sería una reforma a plantear y a apoyar. Pero parece que todos nuestros gobernantes están interesados en conservar el actual vacío constitucional que permite sacar adelante cualquier legislación por disparatada que sea: unos, porque tienen como objetivo perpetuarse en el poder desmembrando España; otros, porque desean suceder en el poder a los anteriores y para ello han de evitar molestar a quienes quieren desarticular España.


Libertad Digital - Editorial

Partidismo contra Constitución

EN el marco del Día de la Constitución, Rodríguez Zapatero declaró ayer que descarta a corto plazo una reforma de la Norma Fundamental. Una vez más, el presidente del Gobierno mezcla sin pudor alguno la política institucional con el partidismo. No hace falta acudir a la memoria «histórica» para recordar que fue él mismo quien abrió de forma innecesaria e irresponsable durante la pasada legislatura un debate que, a causa del Estatuto catalán y la sentencia pendiente del TC, continúa pasando factura a la España constitucional. Sabiendo que era imposible alcanzar la mayoría cualificada para una reforma formal, Rodríguez Zapatero se lanzó por la pendiente de impulsar estatutos manifiestamente incompatibles con la forma de organización territorial del Estado. El resultado ha sido un intento de degradar la Constitución como norma jurídica y como expresión política de la concordia que inspiró la Transición democrática. Bajo la cobertura de ciertas reformas puntuales, pretendía ocultar el verdadero propósito: una mutación del modelo autonómico hacia fórmulas federalizantes o incluso confederales, reconociendo un poder originario a determinadas comunidades autónomas que resulta incompatible con la soberanía nacional única que reside en el pueblo español.

En sintonía con la gran mayoría social, Su Majestad el Rey reclama una y otra vez respeto y aplicación efectiva de los valores que inspiran ese texto que los españoles aprobamos en referéndum hace ahora 31 años. Sin embargo, algunos políticos oportunistas juegan la carta de la reforma a su propia conveniencia y en función de intereses coyunturales. Es evidente que no hay un consenso suficiente para modificar la Norma Fundamental. También lo es que una vez abierta la puerta a un soberanismo más o menos explícito, los únicos beneficiarios son los nacionalistas y aquellos que están dispuestos a conseguir votos «como sea» al margen del interés general de España. La Constitución sigue viva y activa, y lo que procede es cumplirla y hacerla cumplir sin ambigüedades ni maniobras de partido. Mientras en el País Vasco funciona razonablemente bien el pacto entre socialistas y populares, los objetivos de Rodríguez Zapatero en Cataluña y otras zonas de España le llevan a permitir, por cálculos puramente electoralistas, que la Constitución sea cuestionada por normas de rango inferior y por comportamientos inaceptables. Ninguna hipotética reforma de la Carta Magna debería estar enfocada a satisfacer las exigencias y veleidades de minoritarios partidos nacionalistas e independentistas.

ABC - Editorial

El contenido del Estatut, o España como colonia. Por Roberto Centeno

La inmensa mayoría de los españoles, catalanes o no, informados o no, desconocen el contenido del Estatut. Unos están a favor porque creen que les favorece y otros en contra justo por lo contrario, pero ni los unos ni los otros conocen bien cómo ni por qué. Por ello trataré de exponer sucintamente en qué consiste el Estatut en algunos temas clave.

Dos reflexiones previas: los miembros del Constitucional, que conociendo perfectamente su inconstitucionalidad, han dejado pudrirse más de tres años este desafío total a la nación, tendrán sin duda un veredicto muy duro por parte de la Historia. Y el gran responsable, José Luís Rodríguez Zapatero, si lo peor se confirma, quedará a un nivel similar a los hijos de Witiza y al obispo Oppas, cuya traición a su Patria la aciaga mañana del viernes 31 de julio del 711, a orillas del río Guadalete, llevaría a ocho siglos de terrible y cruel opresión, donde la cultura más floreciente de occidente sería aniquilada.

Además, increíblemente, el Estatut fue sometido a “referéndum” sólo de los “beneficiarios”, el 15 % de la población; pero al 85% al que perjudica nadie le preguntó nada. Y sobre todo, y a pesar de la masiva campaña a favor, se puso de manifiesto la indudable grandeza del pueblo catalán: dos de cada tres catalanes no lo apoyarían.

Identidad

Sus redactores definen Cataluña como nación. Esta afirmación es el soporte filosófico esencial de la propuesta de Estatuto, sin ésta idea el conjunto del texto carece de sentido. Simultáneamente niegan a España esta condición, una aberración histórica, que hoy se enseña en todas las escuelas catalanas. España una de las naciones más viejas del mundo no es una nación, porque así lo han decidido cuatro nacionalistas enloquecidos apoyados por Zapatero, para quien España “es un concepto discutido y discutible”.

Sin embargo, Cataluña jamás ha sido una nación. No existía en la Hispania romana, ni en la España visigoda. En el 801 el imperio carolingio funda la Marca Hispánica una serie de condados donde destacaría el de Barcelona, aunque durante 200 años los reyes francos mantendrían su autoridad feudal. A partir del siglo XI la autonomía es total, pero sin llegar a constituir un reino. En 1137, y a través de un matrimonio, el Condado de Barcelona pasó a formar parte del reino de Aragón. El hijo Alfonso II recibió las dos herencias, y ambas mantendrían una gran autonomía que permitiría una política fuertemente expansionista. En 1479 Castilla contaba con 5 millones de habitantes y Aragón-Cataluña con uno, 6 millones con los que se haría un Imperio. La lengua, el catalán, tampoco es un idioma, sino un dialecto del provenzal. Esto son los hechos históricos y no los delirios y mentiras nacionalistas.

Competencias


El tema central es la diferencia abisal entre texto y realidad. El texto es inaceptable, su aplicación real una felonía. Se recoge el derecho inalienable a la autodeterminación y a las relaciones con territorios con “vínculos históricos”, su significado real: la anexión de Aragón, Valencia y Baleares, la exigencia inmediata después del Estatut. La Generalitat es Estado y en consecuencia las relaciones con España se rigen por el principio de bilateralidad, pero su aplicación real convierte a España en una colonia. Así, el Estatut establece el derecho inalienable de la Generalitat a participar en todas las instituciones del Estado, Banco de España, CNMV, Tribunal de Cuentas, RTVE, etc, mientras que España no tiene derecho alguno a participar en las instituciones catalanas.

Se tiene “derecho a la opción lingüística”. En realidad la Generalitat proscribe y persigue el español con todos los medios a su alcance; se puede rotular, enseñar o hablar en el recreo, en inglés, en francés o en italiano, pero no en español. Se instaura un sistema judicial propio con todos sus órganos y donde el Tribunal Supremo de Cataluña es la última instancia, y se ignoran en la práctica la Constitución, los tribunales de Justicia de España y el Supremo. Toman el control de la Enseñanza y las titulaciones. También de las Cajas de Ahorro, cuyos beneficios “deben atender a las necesidades económicas catalanas con prioridad absoluta”, aunque dos tercios de los mismos no se obtengan allí. Como “nación soberana”, pasan a controlar la gestión de las infraestructuras, puertos, aeropuertos, espacio aéreo y telecomunicaciones, y también se hacen cargo del control de entrada y estancia de extranjeros.

Financiación

La Generalitat tiene capacidad normativa y responsabilidad fiscal sobre todos los impuestos en Cataluña. Es decir, como Estado soberano que se autoproclama, la Agencia Tributaria de Cataluña se encarga de la gestión, recaudación, e inspección de los impuestos propios, o lo que es lo mismo, de los generados en Cataluña por catalanes y no catalanes, y de los generados fuera de Cataluña por empresas y productos catalanes. Esto significa que los IVAs de las ventas de productos y servicios catalanes fuera de Cataluña o el Impuesto de Sociedades de empresas catalanas por sus beneficios en el resto del país, los recauda, gestiona e inspecciona la Agencia Tributaria Catalana.

En teoría, parte de los rendimientos de estos impuestos se traspasará al Estado, pero sólo si “no altera en ningún caso la posición de Cataluña en el ordenamiento de las rentas per cápita entre CCAA” (Art. 206), es decir, que si por la incompetencia, el despilfarro probados de la Generalitat, Cataluña perdiera renta relativa -en 2008 crecieron 0,5 puntos por debajo de la media y 0,6 menos en lo que va de 2009, y es líder nacional en crecimiento del desempleo- en primer lugar no devuelven un céntimo, y después, si eso no bastara, “la Generalitat recibirá recursos de los mecanismos de nivelación y solidaridad” para que no la pierdan. Además, cualquier medida del Estado o de la UE que perjudique a Cataluña, deberá ser compensada.

En resumen, el Estatut pone fin a la existencia de España como nación y nos convierte en una colonia donde colocar sus productos y servicios, y algo peor que una colonia: nos obliga a subvencionar el mantenimiento de su nivel de renta relativa.

Balanzas fiscales, comerciales y de ahorro-inversión

“España nos roba” afirman nacionalistas y separatistas, pero veamos quien “roba” a quién. Para ello, obviamente, hay que considerar la totalidad de flujos económicos: los fiscales, comerciales y de ahorro-inversión, son los más importantes.

Balanzas fiscales: Otra cesión disparatada de Zapatero al nacionalismo, porque las CCAA ni pagan impuestos ni reciben servicios, sólo los ciudadanos, y en todo país decente los ricos pagan más que los pobres. Botín, para resaltar el absurdo, exigiría públicamente su balaza fiscal. Según el BBVA, en el periodo 2001- 2005, cada catalán aportó 1.481 euros más de lo que recibió a la caja común, menos de la mitad que lo aportado por los madrileños, 3.247 euros. En cifras absolutas, en 2005 Cataluña habría aportado 12.269 millones más de lo que recibió, aunque de ésta cifra habría que deducir como mínimo su parte en el pago de los intereses de la deuda pública y aportación a la UE, el 18 %- su parte en el PIB- de 40.000 millones, o 7.200 millones a día de hoy.

Balanzas comerciales: Sólo en la de bienes, Cataluña obtuvo en 2005 un “superávit” con el resto de CCAA de unos 30.000 millones, más del doble del “déficit” fiscal, y añadiendo los servicios, fundamentalmente financieros y energéticos, el “superávit” es más del triple. Cataluña vende en el resto de España los dos tercios de lo que produce.

Balanzas de ahorro- inversión: Gracias a su red de Cajas, un 70 % de las inversiones en Cataluña se financian con ahorro captado en otras regiones.

El “España nos roba” no sólo es una memez, es un insulto inaceptable, pero mucho más inaceptables son todavía las campañas institucionales de la Generalitat a favor del boicot a los productos no catalanes, instando a comprar “productos de proximidad”.

Y una opinión autorizada del Sr. Bono en los pasillos del Congreso. “Esto es una locura. Ahora resulta que los socialistas se han hecho nacionalistas. Los nacionalistas, separatistas. Y los separatistas se han ido al monte. Esto tiene muy mala pinta”, y tan mala D. José y tan mala, pero su señoría votó por ello.


Cotizalia

Carta abierta de un nuevo parado. Por José A. Sanchidrián

Debido a la falta de actividad, este mes que comienza he pasado a engrosar las nutridas filas del paro. Quisiera aprovechar esta plataforma, en la que participo regularmente, para dirigirme a todas las personas que llevan un tiempo en esta desesperante situación, acaban de verse atrapadas en ella o están a punto de serlo.



No dañéis vuestra autoestima pensando que vosotros mismos sois merecedores, ni enteramente responsables, de estar desempleados. Pero tampoco creáis que habéis acabado así por una suerte de mal fario, ni como víctimas anónimas del ciclo económico y los desmanes financieros del extranjero. Sabed que un elevado nivel de desempleo, que se dispara en épocas de crisis, es la consecuencia inevitable de las decisiones de economía política emprendidas en el posfranquismo, que finiquitaron el desarrollo nacional en beneficio de unos pocos. Treintaiún años después puede apreciarse el resultado: las clases asalariadas son entre un tercio y la mitad de pobres, eso si tienen la suerte de conservar su empleo; y, de continuar así la cosa, no podrán jubilarse; las nuevas generaciones carecen siquiera de oportunidades; la clase política consigue un patrimonio pudiente, acumulando sueldos, complementos y pensiones por los que apenas tributan, que como poco duplican la renta de una familia normal; y los favorecidos del Régimen ganan millones con sus corporaciones multinacionales construidas a costa de las antiguas empresas estatales, regaladas por los partidos que financiaron para crear la componenda -orquestada en la camarilla de Juan Carlos I, heredero de Franco- de la Constitución de 1978. Los partidos de izquierda son una mentira, y los sindicatos, después de traicionar a la clase obrera, continúan medrando a costa de contener los conflictos sociales.

La forma de revertir esta situación pasa, irremisiblemente, por acabar con el engendro de la Monarquía de Partidos. Y esto solamente puede venir desde la sociedad civil. Urge que todos los damnificados del antidemocrático posfranquismo -Internet es el único modo de ponernos en comunicación- nos unamos para constituir un nuevo orden político en el que nuestros verdaderos representantes, y no los delegados de los serviles jefes de partido, se sienten en el Congreso. Sabed que esta es la singular esperanza que nos queda.

República Constitucional

El amiguísimo real. Por Editorial

Manuel Prado y amiguete del Juanca

La acostumbrada mendacidad de los medios de propaganda del Régimen se hace mucho más espesa cuando tienen que abordar asuntos que comprometen la reputación del Monarca. Del fallecido Manuel Prado y Colón de Carvajal han destacado su faceta empresarial y su carrera diplomática, sin atreverse a señalar lo que realmente le ha distinguido.



De todas maneras, Jesús Cacho, un periodista insólitamente audaz, nos ha desvelado en “El negocio de la libertad” la personalidad y las obras de ese majestuoso edecán. La trayectoria triunfal de Juan Carlos I ha estado asociada a la de distintos favoritos, a los que ha ido dejando por el camino: Torcuato Fernández Miranda, Adolfo Suárez, Sabino Fernández Campo, Mario Conde, etcétera. Sin embargo, a la hora de prestar o negar su ayuda, el Rey siempre se ha atenido con Manuel Prado a la ley de las simpatías y no de las capacidades. Las relaciones que se basan en querer lo que cada uno posee son efímeras; en cambio, la amistad fundada en el carácter, y que se busca por sí misma, es permanente. Más allá de lo que Talleyrand lograba hacer con Napoleón (adivinaba su pensamiento más secreto, e invariablemente lo animaba a ejecutarlo) entre valido y monarca existía una afinidad especial. Así, a propósito del escándalo del Gran Tibidabo, el Rey confesó a Rubalcaba: “Manolo es ante todo mi amigo y no le voy a dejar ahora tirado”.


Al intendente real le cuadraba más la función de pedigüeño: de forma habitual llegó a pedir fondos para las campañas electorales de la UCD, para consolidar la institución monárquica y salvar la democracia, y hasta para poder utilizar las bases para la reconquista de Kuwait, algo que no acabó de sentar bien a los prebostes del emirato, que han intentando recuperar su dinero (el caso KIO). En la obra citada de Cacho, podemos leer cómo ese baluarte mediático de la Corona que es Luis María Anson, tras escuchar unas grabaciones, quería a toda costa que los negocios de Prado (que tendría que exiliarse) se desligasen de las finanzas de la Casa Real: si el escándalo llegaba a explotar, el entonces director del ABC tenía preparada la abdicación del Monarca a favor del Príncipe. Desde que Conde fue laminado a instancias de un Polanco que se convirtió en el máximo valedor de la Corona, ningún banquero, empresario o figurón mediático, ha llegado a gozar de tanta cercanía real. Ahora, Florentino Pérez y Pedro J. Ramírez aspiran a ser los privilegiados chambelanes del Reino partidocrático.

República Constitucional

Chantaje en Vigo. Por Arturo Pérez Reverte

Vigo. O sea, Galicia. España. Estado moderno –dicho sea lo de Estado con las cautelas oportunas–. Democracia constitucional con supuestos derechos y libertades de cada cual. En mi casa mando yo, resumiendo. Y mi amigo Manolo, que es un ingenuo y se lo cree, necesita cubrir un puesto de auditor. Es una oferta seria y bien remunerada. Así que publica un anuncio en la prensa local: «Se necesita auditor para empresa solvente». Y empieza el circo.

La cosa se encarna en inspectora de Trabajo y Asuntos Sociales, con todas sus letras. Hola, buenas, dice la pava. ¿Cómo es que solicitan ustedes un auditor, y no un auditor o una auditora? Mi amigo, que es hombre culto, conoce las normas de la Real Academia en particular y de la lengua española en general, y no trinca de la corrección política ni de la gilipollez pública, como otros, argumenta que auditor es masculino genérico, y que su uso con carácter neutro engloba el masculino y el femenino desde Cervantes a Vargas Llosa, más o menos.


No añade, porque es chico educado y tampoco quiere broncas, que no es asunto suyo, ni de su empresa, que una pandilla de feminazis oportunistas, crecidas por el silencio de los borregos, la ignorancia nacional y la complicidad de una clase política prevaricadora y analfabeta, necesite justificar su negocio de subvenciones e influencias elevando la estupidez a la categoría de norma, y violentando a su conveniencia la lógica natural de un idioma que, aparte de ellas, hablan cuatrocientos millones de personas en todo el mundo. Olvidando, de paso, que la norma no se impone por decreto, sino que son el uso y la sabiduría de la propia lengua hablada y escrita los que crean esa norma; y que las academias, diccionarios, gramáticas y ortografías se limitan a registrar el hecho lingüístico, a fijarlo y a limpiarlo para su común conocimiento y mayor eficacia. Porque no es que, como afirman algunos tontos, las academias sean lentas y vayan detrás de la lengua de la calle. Es que su misión es precisamente ésa: ir detrás, recogiendo la ropa tirada por el suelo, haciendo inventario de ésta y ordenando los armarios.

Pero volvamos a Vigo. A los pocos días de la visita de la inspectora mentada, Manolo recibe un oficio, o diligencia, donde «se requiere a la empresa la subsanación de las ofertas vigentes y la realización de las futuras o bien en términos neutros, o bien referida simultáneamente a trabajadores de ambos sexos». Dicho en corto –aparte la ausencia de coma tras futuras y la falta de concordancia de referida–: o en el futuro pide auditor o auditora, con tres palabras en vez de una, en anuncios que se cobran precisamente por palabras, o deberá atenerse a las consecuencias. Y a mi amigo, claro, se lo llevan los diablos. «O es un chantaje feminista más –se lamenta–, o mi anuncio despista de verdad, y algunas mujeres ignorantes o estúpidas creen que no pueden optar a ese puesto de trabajo. Lo que sería aún más grave. Si lo que tanta idiotez de género ha conseguido es que, al final, una mujer crea que ofrecer un trabajo de auditor es sólo para hombres y no para ella, todo esto es una puñetera mierda.» Etcétera.

El caso es que, resuelto a defender su derecho de anunciarse en correcto castellano, Manolo se pone en contacto con los servicios jurídicos del Ministerio de Igualdad, donde una abogada razonable, competente y muy amable –lo hago constar para los efectos oportunos–, le dice que, con la ley de Igualdad en la mano, la inspectora de Vigo «puede haber creído detectar» discriminación en el anuncio, y que la empresa se expone a una sanción futura si no rectifica. «¿Entonces, la legalidad o ilegalidad de mi anuncio depende de la opinión particular de cualquier funcionario que lo lea, por encima de la Real Academia Española?», pregunta Manolo. «Más o menos», responde la abogada. «¿Y qué pasaría si yo recurriese legalmente, respaldado por informes periciales de lingüistas o académicos?», insiste mi amigo. «Pasaría –es la respuesta– que tal vez ganase usted. Pero eso dependería del juez.»

Es inútil añadir que, ante la perspectiva de un procedimiento judicial de incierto resultado, que iba a costarle más que las dos palabras suplementarias del anuncio, Manolo ha cedido al chantaje, y lo de auditor a secas se lo ha comido con patatas. «Auditor, auditora y auditoro con miembros y miembras», creo que pone ahora. Con mayúsculas. Tampoco está el patio para defensas numantinas. Esto es España, líder de Europa y pasmo de Occidente: el continuo disparate donde la razón vive indefensa y cualquier imbecilidad tiene su asiento. Como dice el pobre Manolo, «lo mismo voy a juicio, colega, me toca una juez feminista y encima me jode vivo». Intento consolarlo diciéndole que peor habría sido, en vez de auditor, necesitar otra cosa. Un albañil, por ejemplo. O albañila.


XL Semanal

Remedios Morales, crisis política y consuelos psicointelectuales. Por Federico Jiménez Losantos

Pase lo que pase, siempre nos quedará la Red. Y a los liberales, Libertad Digital. En el penúltimo aniversario –sólo un sádico iletrado lo llamaría cumpleaños- de la Constitución de 1978 todos los signos ominosos de un futuro sin futuro se multiplican. En parte, por cosas remediables pero sin remedio, como la crisis política española por consunción del régimen o de sus regentes. En parte, por cosas irremediables, como la propensión del ser humano a la supervivencia a cualquier precio, con tal de que sea barato. Y no se me ocurre remedio social más barato que la corrupción moral. Con suerte, no se entera ni el que lo paga.

Pero en el Fin de Semana de LD he podido comprobar que, pase lo que pase, siempre nos quedará la sociedad civil. Me llevaron a tan amable seguridad dos firmas recentísimamente incorporadas a nuestro periódico: Carmen Grimau y Remedios Morales. De la primera, recomiendo su crítica de Boris Vian en su última reencarnación editorial: No me gustaría palmarla, aunque me gusten más la preciosa edición y la brillante crítica que el libro mismo. De la segunda, los cinco artículos (aquí, aquí, aquí, aquí y aquí) que hasta ahora ha publicado en nuestro especial semanal sobre la sexualidad humana. Al menos, de esa mitad de la humanidad –"la mitad del cielo", hubiera dicho Mao Zedong, el más famoso e ignorado de los criminales sexuales en serie–, por la que siempre ha sentido rencor o curiosidad buena parte de la otra mitad.


No quiero privarles del placer del descubrimiento a quienes no hayan visto estas joyas. Sí me atrevo como lector a pedirles un par de cosas. A CG, que empezó escribiendo sobre el argelino Yasmina Khadra y hace esta semana referencia a la famosa canción de Boris Vian "Le deserteur", le pido la última o mejor bibliografía sobre el único con derecho a semejante título franco-argelino, que es Charles De Gaulle. ¿Cabe mayor deserción que llegar al Poder a lomos de la indignación militar por el abandono político de la Argelia Francesa y asegurar su "golpe de Estado permanente", un Vichy aceptable para los aliados, en esa parodia de la famosa "noche de los cuchillos largos" (cuando Hitler asesinó a Rohm y la aristocracia de las SA) que fue la matanza de Salan y los generales golpistas de la OAS? Como los datos sobre el asentamiento en el poder de De Gaulle se hicieron públicos en Mayo del 68 –involuntariamente gaullista al canonizar la V República– y tras el éxito de la novela y la película Chacal, historia del fracaso de la venganza de la OAS en Notre-Dame, donde debía ser asesinado De Gaulle, y ambas fuentes son de limitada fiabilidad, me gustaría leer lo que realmente pasó o se va sabiendo de lo que pasó. Simple curiosidad. ¿Hay un François Furet de la Algèrie Francaise?

En cuando a Remedios Morales, nombre o pseudónimo, sólo le pido que lo mantenga y siga aquí. Las sorpresas de la vida y las recompensas de la sociedad civil, que es como decir internet, son eso, sorpresas: remedios intelectuales contra la desolación moral de este tiempo menguado; remedios materiales contra la flacidez política de la arruinada España. Pero siempre nos quedará París, o sea, Madrid. Casi estoy por firmar:

Consuelo de la Red.


El blog de Federico