lunes, 14 de diciembre de 2009

Voluntarismo jurídico. Por Pedro M. González

Cuando no existe separación de poderes, las decisiones judiciales no se ajustan a razones de legalidad, sino al voluntarismo político de quien controla la economía y la elección de los cuadros de mando de la Administración de Justicia. Se redacta primero el fallo judicial para construir después los fundamentos de derecho fijando por último los antecedentes fácticos acreditados según sea conveniente, y en la excusa de la plena potestad valorativa del juzgador dependiente. Así la sentencia alcanza su utilidad práctica. La razón de estado suplanta a la lógica jurídica. Es el triunfo del Estado de Derecho y la condena al ostracismo de la República de Leyes.



La portavoz del CGPJ, doña Gabriela Bravo, aseveró sin rubor el pasado 9 de diciembre, en comparecencia ante los medios de comunicación, que está “segura de que según como se vayan desarrollando los acontecimientos se adoptará la decisión judicial más adecuada” en el caso de la activista saharaui Aminatu Haidar, en huelga de hambre desde hace más de veinte días a la fecha de tales declaraciones. Así lo ha indicado la representante del órgano de gobierno de los jueces al ser preguntada sobre si un Juez podría acordar que Haidar sea alimentada de manera forzosa tras la reunión de la Comisión de Coordinación entre el CGPJ y las comunidades autónomas.

Bravo lamentó que se haya llegado a esta situación añadiendo que se trata de un asunto “muy delicado” porque “está viéndose afectada la salud de una persona en aras a sus principios y a una serie de convicciones”, ofreciendo a la par una solución jurídica que se amolde a las determinaciones políticas de Marruecos y España al referir que “al Consejo no le corresponde adelantar decisiones judiciales y según como se vayan desarrollando los acontecimientos estoy segura de que se adoptará la decisión judicial más adecuada”. Afirmación que no puede atribuirse a lapsus de ningún tipo, ya que seguidamente reiteró como a su juicio, al CGPJ no le corresponde hacer valoraciones sobre el fondo del asunto “sino esperar a que las resoluciones judiciales en base al desarrollo de las circunstancias se vayan produciendo. Nos encantaría desde el Consejo que esto tuviera una solución lo más pronto posible”.

La idea que de la Justicia como método objetivo de solución pacífica de conflictos sometido al esencial principio de seguridad jurídica tienen los delegados políticos de su Administración en esta monarquía de poderes inseparados es elocuente de su servil finalidad última. Nada mejor para el triunfo de la causa de la Libertad política que transcribir literalmente sus declaraciones, que los definen nítidamente.

República Constitucional

Desafección catalana

La consulta soberanista, minoritaria, se beneficia del mayoritario temor a un recorte del Estatuto

Jamás en 30 años de autonomía el independentismo se había sentido con el suficiente vigor en Cataluña como para plantearse, siquiera como ejercicio festivo, la celebración de una consulta sobre la autodeterminación. El experimento del pasado septiembre en Arenys de Munt, un éxito de sus promotores a efectos de propaganda, cristalizó en el ensayo general de ayer en 166 municipios que suman 700.000 electores, el 10% de la población catalana. Como estaba previsto, el sí ganó con claridad en la votación, legal aunque jurídicamente inocua. Pero las cifras de participación enfriaron ligeramente la euforia de los convocantes: sólo fueron a las urnas unos 200.000 catalanes. Es decir, cerca del 30% de los convocados, 20 puntos menos que en el referéndum del Estatuto y 10 por debajo del listón que se había fijado la propia organización. Este porcentaje, sin embargo, es sensiblemente superior al peso sociológico del independentismo catalán, que según las encuestas ronda el 20%.

Quien los busque hallará sobrados argumentos para desdeñar el valor de esta consulta como termómetro social. Es obvio que ha sido un divertimento organizado por y para independentistas, de modo que quienes no lo son carecían de incentivos para acudir a las urnas. Que se tratara de una votación testimonial explica que ningún partido hiciera campaña por el no, y también que muchos hayan apoyado la autodeterminación sin sopesar seriamente las consecuencias que ésta acarrearía. Siendo cierto todo ello, sería miope despreciar la espuma sin analizar el mar de fondo subyacente.

Hace cuatro años, cuando el Parlamento catalán envió a las Cortes su proyecto estatutario, se desencadenó una feroz campaña que dio en llamarse catalanofobia. Al estruendo mediático se sumó la recogida de firmas contra el Estatuto a cargo del PP, la ofensiva contra la OPA de Gas Natural sobre Endesa (antes alemana que catalana, sugirió una conspicua líder conservadora) y el boicot al cava, por poner tres ejemplos. Germinó entonces en Cataluña un sentimiento de desafección hacia el resto de España que con el tiempo ha anidado de modo transversal en influyentes sectores sociales. El temor a que el Tribunal Constitucional dicte un severo recorte del Estatuto está alimentando ahora ese desapego.

La sensación de que lo que esbozó el Parlamento, troquelaron las Cortes y refrendaron los catalanes puede acabar hecho trizas en manos del alto tribunal debilita en Cataluña a los valedores de la vía autonomista -quienes aún sueñan con una España federal y en paz con su propia pluralidad- y envalentona a los oportunistas del cuanto peor mejor, deseosos de que un Estatuto gravemente mutilado alumbre una mayoría favorable a la independencia. El líder de CiU, Artur Mas, reconoció hace poco que una consulta soberanista de carácter vinculante sólo evidenciaría que, por ahora, "Cataluña quiere ser española". La peor noticia sería que su diagnóstico quedase obsoleto.


El País - Editorial

Señoritos reaccionarios. Por Emilio Campmany

La manifestación del sábado fue la de los trabajadores que tienen trabajo indefinido y disponen de un blindaje legal contra el despido consistente en una gravosa indemnización que el empresario ha de pagar si decide prescindir de ellos.

Los "cocos", uno de los sindicatos que habían convocado la manifestación del sábado, prepararon para los asistentes una diversión de feria. La atracción estaba sin duda inspirada en los chistes de Forges, pues recordaba a aquellas viñetas en las que el genial humorista dibujaba a un paisano en la calle vendiendo "atícele a su jefe por un duro". A su lado se dibujaba una cola de gente muy diversa dispuesta a arrearle por tan módico precio a un dominguillo que representaba el que podría haber sido el jefe de cualquiera. Los "cocos", sin tanta gracia, montaron en Neptuno un "stand" con los retratos de Zapatero, Díaz Ferrán y Rajoy y exigían a los manifestantes: "Compañero, compañera, échale huevos y rompe con la crisis". Y naturalmente los compañeros y compañeras disfrutaron echándole huevos a las efigies de los tres desgraciados.

Fue lo mejor de la manifestación. Y también lo más falso. Aquello no fue el grito de unos trabajadores contra la crisis, que habría sido como protestar por el clima. El objeto fue otro. Ignacio Fernández Toxo lo explicó muy bien: "No hay atajos a la creación de empleos a través de la precarización del trabajo. Si es así, éste es el atajo para llegar a un conflicto social de otra naturaleza a la que nos ha traído hoy aquí". Dicho en román paladino, los sindicatos no aceptan que se abarate el despido para estimular la contratación. Al parecer, ni siquiera consienten que pueda hacerse para los nuevos contratados, por miedo a que la medida termine afectando a los que ya lo están, habitantes de ese olimpo de las indemnizaciones de 45 días por año trabajado.

Así pues, la manifestación del sábado fue la de los trabajadores que tienen trabajo indefinido y disponen de un blindaje legal contra el despido consistente en una gravosa indemnización que el empresario ha de pagar si decide prescindir de ellos. Se manifiestan para amenazar a quien ose tocarles ese derecho. Conservadurismo, cuando no pura reacción, es lo que destiló aquella manifestación.

The Economist lo explicaba muy bien hace un par de semanas: la legislación española empuja al empresario a despedir, cuando tienen que hacerlo, a los trabajadores más recientes, no a los más ineficaces. Se da por hecho que los que llevan más tiempo en la empresa trabajan mejor que los que llevan poco. Sin embargo, no siempre es así. Es más, el excesivo blindaje puede impulsar a algunos trabajadores veteranos a no esforzarse lo que podrían precisamente porque saben que no serán despedidos, por lo menos, mientras no lo sean sus compañeros más jóvenes. De igual modo, los recién contratados no tienen por qué ser mejores que los antiguos, pero con el actual sistema, es lógico que tiendan a esforzarse más con la intención de compensar con su esfuerzo lo relativamente barato que resulta despedirles a ellos.

UGT y Comisiones Obreras se presentaron el sábado como los defensores de los trabajadores frente a los señoritos empresarios que quieren abusar de ellos aprovechando la crisis. Las cosas no son exactamente así. En la portada del ABC del domingo se veía a un militante catalán de Comisiones Obreras (se sabe porque portaba una señera con el acrónimo "ccoo") recibiendo los servicios de un limpiabotas en la Puerta del Sol de Madrid. ¿Quién era el señorito y quién el trabajador?


LibeDigital - Opinión

La resaca del Butifarrendum. Por José García Domínguez

El problema nunca lo ha representado el independentismo, sino el catalanismo. Y ello por una razón simple, a saber, la genuina esencia de esa religión civil no es política –construir un estadito nacional–, sino metafísica: recuperar la pureza primigenia.

Prueba de que Cataluña constituye el último baluarte de la España cejijunta es que, fiel a la muy canónica tradición de la barbarie peninsular, ha condenado al exilio a otro de sus –muy contados– talentos, Albert Boadella. Ya se lo advirtió Pla, que conocía al ganado local mejor que nadie: "Vigile, Boadella, sobre todo vigile mucho, que Cataluña es un país de cobardes". Pero él desoyó el consejo del maestro al violar la constitución no escrita que rige la vida civil en este páramo. Ésa cuyo artículo primero reza: "A los apóstatas que abjurasen de la santa religión identitaria se les respetarán honor, empleo y hacienda siempre y cuando permanezcan mudos con expresa renuncia a ejercer la condición jurídica de ciudadano".

De ahí que haya sido en el destierro donde acaba de concebir una asociación cívica que bien pudiera llamarse "Que se larguen de una puta vez". Iniciativa loable, sobre todo por el cargante soniquete perdonavidas que subyace tras charlotadas como ésa del Butifarrendum secesionista. Y es que a muchos agnósticos locales nos resulta indiferente que Cataluña se declare república de Ikea, cantón, confederación de masías o sultanato islamista. Consumada de facto la secesión sentimental de España, la letra pequeña de la ruptura material nos trae sin cuidado.

No obstante, el problema nunca lo ha representado el independentismo, sino el catalanismo. Y ello por una razón simple, a saber, la genuina esencia de esa religión civil no es política –construir un estadito nacional–, sino metafísica: recuperar la pureza primigenia de una identidad tribal contaminada por el estigma español. Razón última de su obsesivo cerco a los no creyentes en tantas parcelas de la vida cotidiana. A esos efectos paranoicos, resulta accesoria la división entre independentistas, confederales, soberanistas, federalistas o simples regionalistas, si los hubiera.

Igual da porque el catalanismo que a todos impregna no es un argumento político, sino una forma de argumentar políticamente: la que se presenta a sí misma como si fuese una realidad objetiva de la Naturaleza, una verdad tan indiscutible e inobjetable como la montaña del Tibidabo o el teorema de Arquímedes. Ese cerril dogma hegemónico, y no la minoría independentista, es quien ha condenado al ostracismo tanto a los catalanes que viven en el exilio exterior como en el interior. Lo otro, que se marchen o no, ¿a quién le importa?


Libertad Digital - Opinión

Un fracaso que no sólo es del nacionalismo

Mal casa el discurso nacionalista de que Cataluña se encuentra oprimida por el resto de España con la baja participación que ha tenido una consulta a la que tanto bombo se le había dado y sobre la que tantas expectativas habían depositado los radicales.

Apenas una semana después de que se celebrara el trigésimo primer aniversario de la Constitución española, el nacionalismo catalán ha organizado toda una serie de consultas populares en diversos municipios de la comunidad autónoma para plantear a los ciudadanos catalanes si desean que esta región se independice de España.

Este proceso, que pretendía convertirse en la punta de lanza de un chantaje al resto de españoles para que acepten la imposición de un nuevo marco institucional por la decisión unilateral de una parte de España, contó con el apoyo unánime de todo la plana mayor del catalanismo más radical, sin excepción alguna. Y pese a ello, el fracaso ha sido rotundo: apenas un 30% del censo llamado a votar, lo ha hecho. Similar porcentaje al que apoyó en las urnas el inconstitucional estatuto que lleva varios años atascado en el Tribunal Constitucional.

Será que, en efecto, una parte minoritaria de la sociedad catalana, una oligarquía, ha secuestrado política, económica y socialmente al resto de la sociedad para, gracias al victimismo nacionalista, vivir a costa de ella y del resto de España. Un proceso de dominación contra el que, sin embargo, sólo se han revelado unos pocos grupos heroicos que contrastan con la mansurrona indiferencia del resto de ciudadanos. Una muestra más de que entre los catalanes se encuentran exacerbados los rasgos característicos de la España actual: su anestesia y complaciente aceptación del intervencionismo político en todos sus órdenes.


Desde luego, mal casa el discurso nacionalista de que Cataluña se encuentra oprimida por el resto de España y de que sus ansias independentistas son un clamor social con la muy baja participación que ha tenido una consulta a la que tanto bombo se le había dado y sobre la que tantas expectativas habían depositado los radicales.

Con todo, tampoco habría que caer en la trampa nacionalista de pensar que estas consultas celebradas fuera de la legalidad, controladas por los secesionistas y pensadas para influir sobre las instituciones comunes de todos los españoles, poseen algún tipo de relevancia política. Puede que el nacionalismo no haya obtenido un éxito completo porque las cifras no han acompañado, pero desde luego sí ha logrado un éxito parcial derivado de la mera celebración de las consultas con la aquiescencia de los gobiernos español y catalán.

Sólo con el hecho de que haya imperado la "normalidad" en un acto dirigido a subvertir el régimen de libertades que permite su celebración, los catalanistas ya han obtenido el éxito mediático que buscaban para seguir cabildeando al PSOE y, a través de él, al Gobierno de la nación. La oligarquía catalana, minoritaria, alcanza buena parte de los objetivos que ambiciona y que explican su razón de ser: lograr una influencia sobre la vida del conjunto de los españoles muy superior a la que dictaría su representatividad dentro de la nación.

Porque, no debe olvidarse, este tipo de consultas se celebran presuponiendo que la nación española, la base del régimen constitucional, no existe: justo donde quiere llegar el nacionalismo. Pues tan inaceptable sería que un 30% de los catalanes decidiera sobre cuáles deben ser las pensiones de los gallegos como que ese 30% quiera modificar a su gusto la configuración y la legalidad del Estado español. Si se trocea la ciudadanía, se trocean las libertades: cualquier minoría de ciudadanos podría entonces escindirse y convertirse en una mayoría que pueda explotar a las nuevas minorías resultantes.

Ese era el fundamento inaceptable de la consulta que no ha sido atacado de manera suficiente por nuestras instituciones. De ahí que, sobre todo, ayer fracasara un régimen político que no ha sabido frenar el crecimiento del nacionalismo y que haya degenerado una partitocracia que más que combatir a quienes pretenden acabar con las libertades que supuestamente garantiza ese régimen, se alían entusiastas con ellos para así permanecer en el poder en lo que quede de España.


Libertad Digital - Opinión

Zapatero, quien siembra vientos...

LA celebración ayer de consultas independentistas en 166 municipios catalanes no pone en riesgo la unidad de España, pero demuestra que Rodríguez Zapatero pasará a la historia por ser el mejor aliado del nacionalismo separatista desde 1978.

Zapatero llegó al poder en 2004 como el pacificador de las tensiones territoriales provocadas por José María Aznar, a quien incluso reprochaba ser el responsable del «plan Ibarretxe» por su enfrentamiento con el PNV. Pero con Aznar no hubo una sola urna ilegal en las calles vascas. Ahora, gracias al PP, hay un socialista en Ajuria Enea y el PNV calienta el banco de la oposición. Antes de ganar las elecciones de 2004, Zapatero ya mostró su estrategia con el «Pacto del Tinell», esa alianza entre el socialismo español y los nacionalismos catalanes para blindarse frente a la derecha y consolidar el poder. Los socios de aquella aventura son los que ayer celebraron referendos para la independencia catalana.

La escasa participación y la irrelevancia jurídica de las consultas no empañan el problema que se le viene encima a España por culpa de aquellas decisiones oportunistas y electorales que tomó Zapatero para sacar adelante el Estatuto catalán. No cerró ninguna reivindicación soberanista, sino que las alimentó al renunciar a la defensa de principios básicos del Estado constitucional, como la unidad de la soberanía nacional y la supremacía de la Constitucional. Estas consultas de pega que se celebraron ayer en Cataluña son los fuegos artificiales que festejan el desistimiento del PSOE ante el nacionalismo catalán, tan letal para la existencia de una izquierda con sentido nacional que este proceso de excitación soberanista se produce con dos socialistas en los gobiernos central y catalán. Aquí no hay derecha a la que culpar.

Es evidente que el Estatuto catalán es sólo un peaje, pero no el punto final de una estrategia incansable de enfrentamiento con el Estado. Con o sin Estatuto, los nacionalistas siguen propiciando la inestabilidad de España, pero respecto de la etapa de Aznar hay actualmente una diferencia esencial: el Gobierno de Rodríguez Zapatero es ahora un cooperador necesario, por acción y por omisión, de esta operación de derribo del Estado y la Constitución en Cataluña. Después de haber promovido innecesarios procesos de reforma estatutaria, haber infiltrado con el Estatuto catalán un modelo confederal que vulnera la Constitución y haber legitimado con pactos y reparto de poder a los más rancios separatismos, el resultado es que no pasa día sin que el Estado reciba una nueva amenaza nacionalista.


ABC - Editorial