martes, 22 de diciembre de 2009

Cleptocracia. Por José García Domínguez

El derecho a la rapiña del erario con total, absoluta, definitiva impunidad. El retorno urgente al orden medieval a través de la privatización parcelada del Estado. La cleptocracia promovida a suprema seña de identidad colectiva. Catalunya.

En Mi siglo, soberbio libro de memorias del poeta polaco Aleksander Wat, sostiene el autor que muchas miserias de nuestra civilización son el resultado de no leer en voz alta. A su juicio, una porción notable de la literatura occidental no habría visto nunca la luz si sus artífices hubiesen accedido a recitar las obras antes de editarlas. Simplemente, les hubiera dado vergüenza oír sus propias necedades, concluye Wat con clarividente lucidez. Un hábito higiénico, ése que ahí sugiere, que, una vez convertido el Boletín Oficial del Estado en el principal canal de difusión de la literatura fantástica, convendría extender también a las cámaras legislativas, barrunta uno.


Así, por mucho cemento armado que blinde el rostro de, pongamos por caso Joan Saura, quizá padeciera un acceso de aluminosis facial tras declamar en público ciertas gansadas. Por ejemplo, ese artículo del Estatut que ampara el derecho inalienable de los catalanes –y las catalanas– "a gozar de los recursos del paisaje en condiciones de igualdad". Proclama que quizá resulte una solemne idiotez, aunque no una solemne idiotez gratuita. Al contrario, el precio visado y tasado de esa gran conquista revolucionaria asciende a justo 43.000 euros más IVA. Que tal ha sido la suma abonada por la consejería de Saura a un equipo de expertos en vistas, entornos y panorámicas con tal de estudiar las "percepciones y vivencias" de los catalanes –y las catalanas– en relación al paisaje doméstico.

Fruto de esa exhaustiva pericia, el Joan ha acusado recibo de que al pueblo soberano le placen más los bosques con ríos, arbolitos y pajaritos que los tendidos de alta tensión y las obras del alcantarillado, según acredita el dossier oficial. Una información que, sin duda, podría poseer un valor estratégico incalculable con tal de optimizar la eficacia operativa de la policía autonómica, la competencia que corresponde a Saura en el Gobierno de la Generalidad. En fin, a setecientos mil euros sube la última partida presupuestaria asignada a tales menesteres, acaba de anunciar, indiferente, el diario principal de la provincia, parte indisociable él mismo de idéntico paisaje moral. El derecho a la rapiña del erario con total, absoluta, definitiva impunidad. El retorno urgente al orden medieval a través de la privatización parcelada del Estado. La cleptocracia promovida a suprema seña de identidad colectiva. Catalunya.


Libertad Digital - Opinión

Lo esencial en el PP no es el código sino su aplicación

Nos parece correcto que el PP renueve su código de buenas prácticas, pero es poco creíble cuando la que lo presentar es Ana Mato, que aún no ha explicado sus vínculos con la trama 'Gürtel'.

MARIANO RAJOY cumplió ayer su promesa de redactar un código de buenas prácticas para evitar que lo sucedido en el caso Gürtel pueda repetirse. Hay que señalar, en primer lugar, que nos parece correcto que los partidos incorporen este tipo de códigos que imponen unas exigencias éticas más estrictas a los cuadros de los partidos que a cualquier ciudadano, puesto que se entiende que el hecho de dedicarse a la política exige un plus de ejemplaridad.


Entre otras cosas, el código del PP establece prohibiciones como aceptar regalos que vayan más lejos de la mera cortesía y obligaciones como separar las actividades públicas de las privadas. Todo ello es digno de encomio, pero difícilmente puede aspirar el PP a que sus mensajes de regeneración calen en la opinión pública cuando la persona encargada de presentar este código fue Ana Mato, que todavía no ha explicado sus vínculos con la trama Gürtel y por qué aceptó determinados regalos de alguno de sus miembros. No es cuestión de ensañarse con ella, pero su elección para difundir esta propuesta podría hacer pensar que el PP no se la toma demasiado en serio.

Tampoco refuerza su credibilidad el pacto firmado por el PP ayer en Arrecife para desalojar al PSOE de la alcaldía mediante una alianza con el Partido Independiente de Lanzarote, varios de cuyos concejales están imputados por corrupción.

Entrando en el análisis de las medidas del código, algunas son avances indudables y otras meros principios tan obvios que ni siquiera habría que formular como el deber de «velar por el interés público», actuar con «eficacia y transparencia» o «evitar conflictos de intereses». Sí nos parece en cambio una buena idea obligar a los dirigentes a firmar una carta de compromisos éticos con una declaración jurada de bienes y también la creación de mesas de contratación formadas por dirigentes de diversos perfiles y regladas en sus procedimientos.

Esta última medida está pensada obviamente para evitar la repetición del caso Gürtel, donde la falta de controles propició contrataciones abusivas e irregulares. Es evidente que Rajoy pretende que no se vuelvan a reproducir estas prácticas, aunque sus buenos propósitos tendrían más credibilidad si el PP no se hubiera limitado a saldar este asunto con la cabeza de un chivo expiatorio como era Ricardo Costa, sin responsabilidad en las adjudicaciones a la trama de Correa y Álvaro Pérez.

El PP ya tenía un código de conducta, impulsado por Aznar en 1993, que hubiera permitido apartar antes a Luis Bárcenas, exigir explicaciones coherentes a Ana Mato, cesar a los responsables de las contrataciones de Gürtel en Valencia e incluso suspender de militancia a Carlos Fabra. Pero Rajoy no ha actuado no por falta de reglamentación sino por miedo a tocar intereses sensibles o a enfrentarse con sectores poderosos del partido.

El PSOE y otras formaciones tienen códigos de conducta similares, lo que no ha contribuido hasta ahora a dignificar la política porque todos sabemos que lo importante no es lo que se dice en esas normas internas sino cómo se aplican. Nadie necesita que se le explique en qué consiste la corrupción. Lo importante es que las cúpulas de los partidos actúen de forma rápida e inflexible contra los militantes que son sospechosos de prácticas deshonestas o enriquecimiento ilícito, en lugar de buscar pretextos para mantenerlos en sus cargos, como está sucediendo y ha sucedido en tantas ocasiones. En este sentido, la iniciativa de Rajoy es buena, pero pronto habrá oportunidades para constatar si la dirección del PP es coherente con los compromisos asumidos en este código.


El Mundo - Editorial

Símbolo de la barbarie

El fracaso de Alfacar no debe abrir la puerta a una búsqueda universal de los restos de Lorca.

La Junta de Andalucía no proseguirá la búsqueda de los restos de Federico García Lorca tras el fracaso de las excavaciones en Alfacar, el lugar donde se le creía enterrado. Es difícil criticar esta decisión, puesto que el objetivo último de las acciones emprendidas hasta ahora consistía en poner fin a lo que se suponía que era una fosa común procedente de la Guerra Civil, en la que, además de otras víctimas anónimas, podía encontrarse uno de los poetas españoles más universales. Continuar indagando en otros parajes sería tanto como sustituir este propósito limitado por otro de alcance general, consistente en localizar los restos de García Lorca allá donde se encuentren. No es seguro que un Gobierno autónomo deba liderar una iniciativa de estas características.


El fracaso de las excavaciones es, sobre todo, el desmentido provisional o definitivo de una hipótesis que, apoyándose en testimonios considerados directos, estableció que García Lorca fue asesinado y enterrado junto a otros compañeros de infortunio en las proximidades del barranco de Víznar. Desde el punto de vista de la historia, hoy se sabe más de la suerte del poeta que antes de emprender las excavaciones; se sabe que, o bien no fue enterrado tras el fusilamiento en el lugar que hasta ahora se creía, o bien que sus restos fueron removidos en algún momento posterior. Encajar esta nueva pieza en el relato de aquella fatídica madrugada de agosto es una tarea de los historiadores. Y dependiendo del resultado, puede constituir una prueba adicional de la vileza con la que se cometió este crimen contra alguien a quien sólo se podía acusar de su formidable talento.

Pero existen, pese a todo, algunas lecciones que convendría extraer de todo este episodio, iniciado en la polémica y concluido en el fiasco. La primera es que tantas y tan buenas razones pueden tener las familias que desean recuperar los restos de sus familiares asesinados durante la Guerra Civil y el franquismo, como las que, por el contrario, prefieren renunciar a hacerlo, como ha sido el caso de los allegados de García Lorca. Corresponde a los tribunales decidir sobre dos derechos que, aunque enfrentados, son igualmente legítimos y respetables.

Y la segunda lección tiene que ver con el grado de implicación que corresponde a los poderes públicos en iniciativas similares a la que ha promovido la búsqueda de los restos de García Lorca, ya se trate de tribunales o administraciones autónomas. Deberían actuar obedeciendo a su propia lógica institucional, no a los requerimientos de hipótesis historiográficas más o menos verosímiles o más o menos contrastadas. Porque las consecuencias de un eventual desmentido no son las mismas para los investigadores que para un tribunal o para un Ejecutivo.

Fuera o no enterrado en Alfacar tras su fusilamiento, y se encuentren o no alguna vez sus restos, lo cierto es que García Lorca seguirá siendo para siempre un símbolo de la barbarie que asoló el país a partir de 1936.


El País - Editorial

El código "antigürtel", remate de un calamitoso año


Declarar que no existe causa contra ellos que les inhabilite, recibir regalos con mesura o vigilar adecuadamente las contrataciones externas es de un obvio que hace plantearse si en Génova han entendido en qué consiste su trabajo.

Al igual que Zapatero hace unos años dictó un llamado "Código del buen Gobierno" que nadie ha cumplido, empezando por el propio presidente, Mariano Rajoy no se quiere quedar atrás en lo que a nimiedades, buenas intenciones y bobería política se refiere. Más para lavar la cara al partido que para evitar futuros gürteles, ha encargado a Ana Mato –relacionada, curiosamente, con Jesús Sepúlveda, uno de los alcaldes salpicados por la trama de Correa– que elabore un código de buenas prácticas colmado de promesas y propósitos de enmienda.


Este vademécum del político popular es un refrito de lugares comunes que deberían ser de curso obligado para todos los que se dedican a la cosa pública. Declarar que no existe causa contra ellos que les inhabilite, recibir regalos con mesura o vigilar adecuadamente las contrataciones externas es de un obvio que hace plantearse si en Génova han entendido en qué consiste su trabajo. ¿Acaso los populares no lo exigían antes a sus cargos electos y a los del aparato del partido? ¿Es realmente necesario un código para evitar que se produzcan abusos e irregularidades dentro del PP y en las administraciones que gobierna?

Pero lo preocupante en el PP no es esto que, a fin de cuentas, no pasa de ser un juego floral encaminado a conseguir un titular en la prensa, sino el orden de prioridades que Rajoy y los suyos parecen tener. Asumen, por ejemplo, que 2009 fue un buen año, tan bueno como para desear que el que entra sea igual. Tal vez a Rajoy se le ha olvidado ya el calvario judicial y parlamentario que ha tenido que sufrir este año; o la rebelión de UPN con Miguel Sanz a la cabeza; o el magro resultado electoral en el País Vasco; o la decadencia, rayana ya en la insignificancia, del Partido en Cataluña; o los escándalos sucesivos capitaneados por Ruiz Gallardón en la Alcaldía de Madrid.

Aunque Rajoy crea lo contrario, el PP no está en su mejor momento. Lejos de hacer oposición, espera a que su rival caiga para evitar desgaste parlamentario y críticas de la prensa adicta al Gobierno. Ha secuestrado los casi diez millones de votos que recibió en 2008 y los ha puesto al servicio de una causa, la suya, que consiste en erigirse como heredero de la ruina que dejen los socialistas cuando salgan del poder. Con eso parece conformarse. El PP de Rajoy no crece en expectativa de voto, y si mantiene aún cierta diferencia positiva con respecto a Zapatero es por la pésima gestión de éste.

Pero, como sucedió hace ya dos años, las encuestas poco dicen y mucho ocultan. El PSOE, en su línea de fomentar el odio al PP, puede recuperar el terreno perdido movilizando a los radicales que le dieron la ventaja decisiva en 2008. Eso o que se produzca un trasvase de vuelta de los sufragios que el PSOE recogió de los nacionalistas, lo que arrojaría un escenario muy parecido al de 2004, con Zapatero en la Moncloa y Rajoy en la oposición por tercera legislatura consecutiva.

Para entonces, del código de buenas prácticas nadie se acordará, excepto los que, como Rajoy, entienden la oposición como una suerte de ministerio en el que hay que trabajar como si de un funcionario se tratara. Ganar las elecciones es otra cosa que requiere de voluntad: la que a PSOE le sobra y al PP le falta.


Libertad Digital - Opinión