jueves, 24 de diciembre de 2009

Historia de tres acosos que identifican a un país llamado España. Por Federico Quevedo

El pasado 3 de noviembre este diario publicaba en exclusiva la decisión del Vaticano de nombrar a José Ignacio Munilla como nuevo obispo de San Sebastián, en sustitución de Monseñor Uriarte. Desde entonces, las reacciones han sido numerosas, la mayoría de ellas favorables en la medida que han partido del entorno del constitucionalismo y el sentido común. Munilla implicaba, sin lugar a dudas, un cambio significativo en la relación de la Iglesia Vasca con el nacionalismo y, sobre todo, con el entorno político de ETA al que hasta hoy en día buena parte de los prelados y párrocos vascos tratan con demasiada complacencia y no poca colaboración en muchas ocasiones. El nuevo obispo, vasco de pura cepa, siempre había mostrado una cristiana compasión hacia las víctimas del odio y la sinrazón nacionalista y había situado a los violentos en el único sitio donde un católico practicante puede situarles: bien lejos de Dios. La reacción de la intolerancia nacionalista no se hizo esperar, y en los últimos días hemos vivido una verdadera campaña de acoso por parte tanto del nacionalismo oficial (PNV), como del nacionalismo de sacristía en perfecta coordinación el segundo con el primero.

En el caso del PNV no deja de ser sorprendente lo rápido que sus dirigentes cuelgan las sotanas para votar a favor de la ley que convierte en un derecho el homicidio de seres humanos en el seno materno, y se las vuelven a poner para protestar por la decisión vaticana al no comulgar el nuevo obispo con su ideología totalitaria. En el caso de los curas que han firmado el manifiesto contra Munilla el asunto es más grave, porque pone de manifiesto hasta qué punto el aldeanismo nacionalista hace olvidar a los supuestos ‘testigos de Cristo’ que la suya es una religión universal, que no entiende ni de lenguas, ni de razas, ni de culturas, solo de amor y generosidad. Menos mal que a Munilla no parece afectarle la intolerancia de unos pocos, quizás porque como él mismo escribía en El Confidencial en marzo de 2007 “los cristianos creemos que nuestra historia es fruto de la inserción de la eternidad en el tiempo, al mismo tiempo que el tiempo abierto a la eternidad”. Dicho de otro modo, que tiene la paciencia de un santo.

Díaz Ferrán contra las cuerdas

La segunda historia de acoso no es menos sintomática. Ya cuando Gerardo Díaz Ferrán accedió a la Presidencia de la CEOE fuimos muchos los que lo consideramos un error dada su necesidad de que de que el Estado interviniera diplomáticamente como mediador en la causa que enfrentaba a una de sus empresas –Aerolíneas- con el Gobierno argentino presidido por el matrimonio Kirchner. Simplificando, que sus intereses personales podían entrar en conflicto con los intereses de la patronal, como de hecho así fue durante un tiempo, hasta que los empresarios le pusieron las pilas cuando la crisis empezó a hacer mella en las cuentas de resultados sin que el Gobierno actuara y sin que Díaz Ferrán lo denunciara. Fue más o menos la pasada primavera cuando el presidente de la CEOE ‘rompió’ su idilio con Rodríguez y desde entonces se ha convertido en un enemigo del Gobierno y de sus secuaces sindicales.

¿Tiene el Gobierno la culpa de la crisis de sus empresas? ¡NO! Es evidente que eso es responsabilidad suya, pero también lo es que el Gobierno podía haber actuado de otra manera –por ejemplo no suspendiendo la licencia de Air Comet o dándole más tiempo para resolver el problema financiero que le impide pagar desde hace meses las nóminas de sus empleados-, y que no lo ha hecho porque no le interesaba o le interesaba enviarle un mensaje a Díaz Ferrán: “Vamos a por ti”. El presidente de la CEOE se siente perseguido y, aunque eso no es excusa para tapar su mala gestión y su responsabilidad en la crisis de sus empresas que debería llevarle a dimitir de su cargo al frente de la CEOE, no le faltan motivos para ello y para denunciarlo, porque su caso es un claro ejemplo del sectarismo y la intolerancia que practica el Gobierno de Rodríguez.

El ocaso de Garzón

Tercera historia: El Consejo del Poder Judicial ha decidido reabrir el caso contra el magistrado Baltasar Garzón por el asunto de sus clases en Nueva York financiadas por el Santander. Entre la investigación abierta por el CGPJ y el sumario que instruye el Tribunal Supremo por presunta prevaricación en el caso de la causa que Garzón quiso abrir contra el franquismo, parece que el juez tiene contados sus días de toga. El se siente acosado y se ha quejado ante el órgano de Gobierno de los jueces porque la prensa ha publicado historias que le afectan y que en principio deberían estar bajo secreto de sumario, como las cartas a Botín pidiéndole que le financiara sus charlas al otro lado del Atlántico, cartas que demuestras que además de todo lo dicho sobre él, es un mentiroso. La realidad, sin embargo, es que Garzón no es más que víctima de su propia iniquidad, de la manera –a veces vil- que ha puesto el noble ejercicio de la judicatura al servicio de espurios intereses políticos, propios y extraños, y del modo en que él mismo ha practicado sobre otros lo que ahora sufre en su propia piel.

Tres historias. Tres acosos. Tres señas de identidad de un país que camina a la deriva, sin rumbo definido y con un capitán al mando del timón dispuesto a llevarlo directo al abismo. Un país que se define por tres síntomas de una grave enfermedad que afecta a nuestra democracia: la intolerancia del nacionalismo y de una buena parte de la izquierda hacia todo lo que no sea su Pensamiento Único, la corrupción político-económica y la llamada ‘cultura del pelotazo’ que ha creado una auténtica ‘casta’ de poder en la política y sus aledaños, y la decadencia y el declive de las instituciones que deberían sustentar el edificio de la Democracia y que, sin embargo, se encuentran gravemente dañadas por la sumisión al poder. Este país necesita una profunda regeneración, y la sociedad empieza a demandarla cada vez con mayor intensidad en la exigencia. Si los políticos no se dan cuenta y no atienden esta demanda, perderán una oportunidad única de convertirse en referentes de ese cambio, y conseguirán ahondar todavía más en la desafección que la ciudadanía demuestra hacia ellos.


El confidencial - Opinión

Flandes hoy, Cataluña mañana. Por Álvaro Vermoet Hidalgo

Bélgica, único país europeo que ha tardado más de medio año en formar un Gobierno interno e inestable, no funciona como país porque se ha impuesto el modelo territorial que quieren los nacionalistas catalanes y vascos en España.

¿Se imaginan que los nacionalistas triunfasen definitivamente en España? ¿Que lograsen imponer un modelo de Estado basado no en la independencia, sino en la sumisión del resto del país? Dejen de imaginar, vénganse a Bélgica.

Al igual que España, Bélgica es una monarquía constitucional, en la que el Rey no tiene ningún poder. Sucede que en Bélgica, el Gobierno tampoco. Bélgica se divide en tres territorios, tiene seis gobiernos y siete asambleas legislativas (lo que explica que nunca se tome ninguna decisión efectiva... y que las decisiones que se toman nunca sean efectivas). La cooficialidad de lenguas que aún rige formalmente en España no existe en Bélgica, de tal forma que los francófonos (40%), los neerlandófonos (60%) y el pequeño grupo germanófono conforman tres comunidades lingüísticas. Sin embargo, las mismas no coinciden con la división territorial hecha hace décadas, y son los gobiernos territoriales (Valonia, Flandes y Bruselas) y no las comunidades lingüísticas los que tienen todo el poder político.


Mientras que en Bruselas (ciudad-región enclavada en Flandes) rige un bilingüismo estricto, pese a tener sólo un 10% de flamencos frente a un 70% de francófonos y Valonia (que vive una situación comparable a la de Andalucía o Extremadura: estancada económicamente y sumergida en socialismo y corrupción) es francófona, es en Flandes, oficialmente neerlandófona pero con poblaciones francófonas, donde se ha producido y se sigue produciendo un esfuerzo político por desterrar de la vida pública a los francófonos. Como ejemplo, véase la expulsión de los francófonos de la Universidad Católica de Lovaina (donde me encuentro estudiando) impulsada en 1968 por los democristianos flamencos de la Universidad, entre los que se encuentra el nuevo presidente de la UE, Van Rompuy. La estrategia del nacionalismo flamenco (que no es un partido: son todos los partidos políticos a los que se puede votar en Flandes) es la misma que la del catalán: primero apelar a la flexibilidad del país para que quepan las "especificidades" propias y después negar esa misma flexibilidad dentro de su territorio; defender primero un Estado federal (o autonómico) y, obtenido el poder territorial, pasar a defender una confederación; conjugar un discurso y un programa contra el Estado a la vez que dominan todo el poder político del Estado.

La delimitación de Flandes llevó consigo el compromiso de que el Gobierno flamenco respetara a las poblaciones francófonas de Bruxelles Halle Vilvorde (hoy 75% francófonas) que rodean a Bruselas. Sin embargo, los partidos flamencos consideran que ya ha llegado el momento de acabar con esa "irregularidad", empezando por las escuelas francófonas controladas por el Gobierno flamenco. Hace algunas semanas, el parlamento regional se ha arrogado la competencia de "inspeccionar" estas escuelas a iniciativa del partido neofascista N-VA. Recientemente, la mayoría flamenca ha impuesto la "escisión" total de Bruxelles Halle Vilvorde respecto de Bruselas, con el fin de que estos municipios francófonos pasen a estar completamente bajo el control del Gobierno flamenco. Y ello no se hace sólo para impedir que los ciudadanos, mayoritariamente francófonos, puedan expresarse en francés ante la Justicia y ante la Administración (el francés está literalmente prohibido en la administración flamenca).

Lo que pretende impedir Flandes es que los 150.000 francófonos que viven en Bruxelles Halle Vilvorde puedan votar a los partidos francófonos, pudiendo sólo votar a los nacionalistas flamencos, todo ello con la oposición del Front Démocratique des Francophones. A esto hay que añadir el caso de varios alcaldes elegidos por aplastantes mayorías absolutas en estos municipios, no reconocidos oficialmente por el Gobierno de Flandes por haber utilizado sus electores papeletas en francés, lo que ha conllevado una denuncia del Consejo de Europa.

El integrismo lingüístico-territorial aplicado en Flandes se fundamenta, como el catalán, por una parte en una idea de Estado-nación que identifica territorio y lengua y, por otra, en "compensar" la marginación que históricamente han sufrido los flamencos y su lengua, no sólo una marginación política, como en el caso catalán, sino también económica (brillantemente retratada en Daens). El programa de pureza lingüística flamenco acaba de incluir medidas como prohibir el uso del francés durante el recreo o la expulsión sistemática de los niños que hablen en francés durante las actividades organizadas por la agencia deportiva flamenca. La política lingüística del nacionalismo catalán, destinada a convertir el castellano en lengua extranjera en Cataluña, se asemeja pues a la del nacionalismo flamenco, con el agravante de que en Flandes la mayoría no habla francés mientras que en Cataluña se trata de cambiar la lengua materna de muchos ciudadanos que, además, sí es oficial en Cataluña (pese a lo cual los castellanohablantes en Cataluña parecen haber asimilado como algo natural que su lengua no sea oficial "de facto" en su propio país, mientras que los francófonos de Flandes resisten).

Pero es al sistema de partidos políticos a donde quería llegar en la comparativa con Cataluña. Expliquemos la cuestión de los partidos con otra comparación. Cuando Rosa Díez se negó a que Ciudadanos fuera la sucursal de UPyD en Cataluña, buscaba evitar una situación como la del PP en Navarra con la UPN o, sobre todo, como la del PSC, un partido nacionalista catalán que juega el rol de franquicia del PSOE cuando ello le conviene, lo cual resulta dramático dado que los votos originariamente los aportaba el PSOE catalán y no el minúsculo PSC. El resultado es que en la práctica, cada vez más, en Cataluña sólo se puede votar al nacionalismo.Pues bien, en Bélgica la situación de UPN y del PSC es la que define la vida política: no sólo no existen partidos a nivel federal (existen democristianos, socialistas y liberales en los tres trozos del país sin que ninguno tenga relación alguna con su homólogo desde hace décadas), sino que resulta jurídicamente imposible poder votar a los partidos de la otra región, y ni siquiera en las elecciones federales se intenta fingir la existencia de programas o líderes nacionales.

Este modelo, que se impone en Cataluña y se generaliza con el desarrollo Estado autonómico, tiene más que ver con el modelo político que con los sentimientos identitarios de los ciudadanos de estas regiones. La generalización del nacionalismo catalán no se debe a su fuerza social originaria (véase la victoria de los partidos nacionales, UCD y PSOE, en las primeras elecciones catalanas, o la ratificación en referéndum de la Constitución española, que obtuvo más participación que el Estatuto) sino a la falta de sentido de Estado de los partidos nacionales cuando decidieron "confundirse con el paisaje" nacionalista, movidos precisamente por los incentivos que caracterizan el modelo político del Estado autonómico tal y como se está desarrollando. Es por ello que se está llegando a la misma situación en el resto de España, según van adoptando ambos partidos nacionales la estructura de poder del Estado.

Incentivos que perjudican precisamente al sentimiento nacional, puesto que una región en la cual los partidos nacionales no adopten el modelo territorial de poderes (el de Flandes, el de Cataluña) perjudicará a esa región, al carecer de fuerza sus diputados para presionar al Gobierno de la misma forma que lo hacen los nacionalistas. Se incentiva, pues, el poder de quienes quieren acabar de desmontar el Estado y se penaliza a los pocos que resisten.

Bélgica, único país europeo que ha tardado más de medio año en formar un Gobierno interno e inestable, no funciona como país porque se ha impuesto el modelo territorial que quieren los nacionalistas catalanes y vascos en España, y que es al que vamos –sin la preceptiva reforma constitucional que haría falta y que iría en sentido contrario de la que pide la gente– gracias al Tribunal Constitucional y a otras instituciones. En Bélgica se han fomentado las identidades territoriales y lingüísticas frente a la identidad nacional, cuando precisamente las identidades nacionales se crearon para evitar continuos conflictos étnicos o comunitarios.

Tal vez España estaría a tiempo de no acabar como Bélgica en materia territorial si los partidos políticos nacionales pactaran la regeneración del Estado que parecen pedir los ciudadanos. Desde luego, una reforma constitucional sería un paso a seguir, sobre todo en materia de educación y lengua, pero en realidad lo único que hace falta es que los dos partidos nacionales actúen con sentido de Estado. No sé si haría falta un Ministerio de la Identidad Nacional como el francés, pero tengo claro que hace falta una educación nacional y unas instituciones nacionales que refuercen la identidad nacional, basada no en imponer una manera de entender el país, una lengua o un sentimiento territorial, sino en el verdadero respeto a la pluralidad: un régimen político de libertades, fundamentado en la igualdad de los ciudadanos y en la soberanía nacional. Lo contrario, permitir la creación de identidades territoriales en un Estado descentralizado, es el caldo de cultivo para acabar como Bélgica.

Álvaro Vermoet Hidalgo es presidente de la Unión Democrática de Estudiantes, miembro del Claustro de la Universidad Autónoma de Madrid, consejero del Consejo Escolar del Estado y autor del blog Cien Mil Objeciones.


Libertad Digital - Opinión