lunes, 4 de enero de 2010

Zapatero dobla el gasto en misiones en el exterior, que en 2010 llegará a 800 millones

El Gobierno lleva invertidos en la guerra de Afganistán 1.550 millones y multiplica por tres el número de soldados en la zona.

El año que empieza marcará un hito en la política exterior del Gobierno de Zapatero. Después de llegar al poder como adalid del pacifismo en 2004 y estrenarse en el cargo con la orden inmediata, y sin consultar a los aliados, de retirar las tropas españolas de la guerra de Irak, el jefe del Ejecutivo alcanzará el ecuador de su segundo mandato multiplicando por tres la presencia de nuestras Fuerzas Armadas en la guerra de Afganistán y duplicando el gasto en el conjunto de misiones en el exterior que desempeñaba España el último año del gobierno de Aznar. De los 380 millones invertidos hace seis años, pasamos en 2009 a 713 y para este ejercicio la cifra alcanzará o puede superar los 800, según evolucionen los conflictos.


Las variables fijas que amenazan con disparar el gasto son: el aumento comprometido ya, a requerimiento de Barack Obama, de un 50 por ciento de las fuerzas desplegadas en Afganistán; el incremento de otro 20 o 25 por ciento de los militares destinados en El Líbano -donde Zapatero aspira a adquirir más protagonismo con el contingente de la ONU mandado por un general español en frontera árabe-israelí-, y el coste añadido de la «Operación Atalanta» contra la piratería en aguas del Océano Indico que supondrá la decisión del Gobierno de enviar unidades militares y de la Guardia Civil a formar fuerzas de seguridad en Somalia, aunque sea un «Estado fallido».

En ese panorama de escalada de gastos, el único alivio económico con respecto al último ejercicio viene dado por el fin de la misión en Kosovo, de donde salieron este otoño los últimos militares españoles. En 2009 la operación todavía costó 65 millones de euros y, después de 10 años de presencia, el Estado se dejó en la hoy autoproclamada república independiente un total de 852 millones.

Pero donde el Gobierno hace el mayor esfuerzo militar y económico es en Afganistán. A partir de julio de 2004, Zapatero tuvo que compensar la salida de Irak con el envío a Afganistán de continuos refuerzos, el último hace dos meses. La factura total se eleva hasta los 1.550 millones de euros en los 8 años de presencia española en el país asiático. La misión de nuestras Fuerzas Armadas en Irak después de la guerra había costado 94 millones.

El objetivo en Afganistán sigue siendo combatir a los talibanes en sus bases y poner en pie un Estado que se haga cargo de la seguridad de la población y, al tiempo, evite que en su territorio se preparen los ataques del terrorismo islamista sobre occidente.

Sólo en el último año, el gasto en Afganistán fue de 365 millones, según los datos aportados por la ministra de Defensa, Carme Chacón, en la Comisión de Defensa del Congreso al hacer balance en diciembre pasado. Es la mitad de la suma total invertida en las distintas misiones en el exterior y a esa cifra se añaden los 210 millones de euros aportados para la Conferencia de Donantes como aportación civil para el sostenimiento y estabilización del Estado que gobierna Karzai.

La misión favorita

La misión favorita de Zapatero es la de ONU en El Líbano, a la que se presentó de los primeros y a la que contribuyó hace tres años como primera potencia: 1.100 militares. Es una clara misión de interposición de la paz entre bandos y se corresponde con su imagen más pacifista. De hecho, el jefe del Ejecutivo visita al contingente español sin problemas una vez al año -la última en octubre pasado-, mientras que por el Afganistán en guerra no pisa desde diciembre de 2005, cuando estuvo acompañado por su primer ministro de Defensa, José Bono.
La contribución española a la Fuerza Interina de la ONU en El Líbano suma ya un gasto para las arcas públicas de 618 millones de euros.

La Operación Atalanta de lucha contra la piratería en aguas del Índico ha costado ya 57 millones de euros en menos de un año de vigencia y para el ejercicio que empieza el Gobierno español propone entrenar a unos dos mil soldados somalíes para que puedan trabajar desde tierra en la prevención de la delincuencia, e incluso «sirvan para crear un embrión de seguridad naval somalí». Bosnia, con un gasto de 40 millones, es ya una misión menor pero que lleva acumulados unos gastos de 1.860 millones en sus 18 años de existencia.


ABC - Nacional

Zapatero no se juega nada. Por Agapito Maestre

Si España fuera, pues, un país más o menos normal, o sea, con un sistema político asentado sobre valores democráticos, quizá tendría alguna lógica pensar que la crisis económica le pasará factura a Zapatero.

Es opinión generalizada que este año 2010 será decisivo para el futuro político de España. Zapatero, mantienen la mayoría de los medios de comunicación, puede hundirse definitivamente. Las últimas encuestas de intención de voto, las críticas con las que ha sido recibido en Europa la presidencia de Zapatero y, en fin, el escepticismo creciente que Zapatero produce en los sectores más avanzados de la sociedad española, vendrían a reforzar los riesgos que corren los socialistas en el nuevo año. Zapatero se la juega, dicen los optimistas, cuando estamos en el ecuador de la legislatura.


Yo, sin embargo, no comparto ese optimista parecer. En verdad, quien se la está jugando es la oposición. Cinco o seis puntos de diferencia entre el PP y el PSOE, como vienen resaltando las encuestas, no son apenas nada cuando hablamos de España, que tiene la sociedad civil más débil de Europa o, lo que es lo mismo, cuenta con un electorado fanatizado y dependiente de la propagada "pararreligiosa" de Zapatero. La izquierda más reaccionaria de Europa está entre los votantes socialistas. Si España fuera, pues, un país más o menos normal, o sea, con un sistema político asentado sobre valores democráticos, quizá tendría alguna lógica pensar que la crisis económica le pasará factura a Zapatero.

No es el caso. Nadie se engañe. Para Zapatero el año 2010, especialmente este semestre, será una forma de tomar aire; de hecho, y a pesar del general cachondeo que este hombre provoca en toda Europa, la presidencia de la UE ya está siendo utilizado para sacar pecho. Sin duda alguna, en cualquier país de Europa, la acentuación de la recesión económica, el aumento del paro y la ineptitud de un Gobierno cualquiera para adoptar medidas que frenen el deterioro de la economía, podrían ser causas suficientes para prever un cambio de Gobierno. Pero, por desgracia, España es diferente. Zapatero ha hecho de la crisis un asunto electoral. Populista.

De momento, Zapatero cuenta con un aparato de agitación y propaganda a su favor del que carecen el resto de gobiernos de Europa. Ningún político europeo ostenta tanto poder sobre los medios de comunicación como el de Zapatero. Cadenas de radio y televisiones, periódicos y mil órganos de agitación y propaganda laboran día y noche para tapar su mediocridad como gobernante y su maldad como político. Tanto poder de propaganda acumula este individuo que incluso muchos de los medios de comunicación, que predicen su batacazo, son incapaces de plantearse tres sencillas preguntas: ¿Por qué en las encuestas de estimación de voto baja tan poco quien nos está engañando desde que comenzó la crisis económica? ¿Por qué es tan lento el descenso de alguien que ha roto el consenso básico de la nación, a saber, la Constitución, con el Estatuto de Cataluña? ¿Por qué no se ha producido aún movimiento cívico contra alguien que ha puesto en cuestión las bases de convivencia nacional?

No seamos estúpidos con los cuentos de la lechera de los sondeos electorales. Los próximos seis meses son enteramente de Zapatero. Hará y dispondrá a su antojo. La oposición bastante hará con aguantar a rebufo. Zapatero no se juega nada. Son todo ganancias. La plebe lo seguirá aplaudiendo con fruición. Su base electoral sigue siendo inmensa. Un desatino.


Libertad Digital - Opinión

¿Qué tiene que pasar?. Por Pedro González Trevijano

¿Qué tiene que pasar? Esta es la pregunta que se hacen muchos ciudadanos que asisten diariamente, unos atónitos, otros disgustados, y los más decepcionados, a una desafortunada concepción cainita de la Política, a una hipertrofiada partitocracia que ha asaltado las instituciones, a un insensato desprecio a los principios y valores sobre los que se erigió la Transición Política, a la frívola puesta en entredicho de nuestros intangibles principios político-constitucionales -destacando la Carta Magna de 1978- y al absurdo revisionismo histórico de casi todo sin importar su coste. Por más que los mismos ciudadanos atónitos, disgustados y decepcionados, no estén exentos también, ni muchísimo menos, de una correlativa responsabilidad. Una ciudadanía antes tan admirable en tantas cosas a lo largo de estos treinta años de régimen constitucional: unos españoles capaces de cerrar las heridas de una cruenta Guerra Civil, auspiciar el firme desmantelamiento de las estructuras franquistas, impulsar una ejemplar Transición Política, sancionar entusiásticamente una Constitución democrática e incorporarse activamente al proceso de construcción europea. Pero ahora, mala tempora currunt, malos tiempos corren. Las cosas son tristemente bien distintas.

El diletantismo, la indiferencia, el acomodamiento, la ausencia de compromiso y la falta de coraje son hoy, para nuestro infortunio, los perfiles de una desvertebrada, débil y acobardada, cuando no inexistente, sociedad civil. Me preguntaba un alumno de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos, quien controlaba a los poderes públicos en el amplio periodo que comprende el tiempo entre elecciones. Lamentablemente le tuve que responder que, salvo lo que resta de control parlamentario, nadie o casi nadie ejerce tal supervisión en una sociedad inane y perezosa, que prefiere mirar para otra parte. Por no hablar de la clamorosa falta de compromiso de tantos intelectuales que parecen, hoy llamativamente silentes, haberse perdido, cuando no desaparecer definitivamente. Así las cosas, y tras dicha contestación, no puede sino hacerme otra interrogación: ¿tendría razón Roussseau, al señalar que los ingleses -referencia que extenderíamos ahora al pueblo español-, se transforman, tras el puntual momento de ejercer el voto, en esclavos?
El diagnóstico, no me negarán, es preocupante. Los círculos abismales y oscuros de nuestro nacional infierno dantiano son explícitos en nuestro último devenir político y constitucional. Desvelemos sus tres personajes más frustrantes.

Primero: La puesta en entredicho de la mismísima existencia de España. Una palabra maldita de pronunciar y de escribir en demasiadas partes del territorio nacional. Es ridículo, cuando no patético, asistir a toda clase de esfuerzos lingüísticos -con expresiones eufemísticas como Estado, país, administración...-, con tal de evitar su simple mención. A toda esa intolerante clase política, que hace de su desprecio su principal estandarte, habría que recordarle las palabras de Don Juan Carlos en el discurso de Navidad: España es «una gran nación europea de larga historia e inmenso patrimonio.» Un nacionalismo excluyente y trasnochado que salmodia cansinamente imposibles derechos de independencia y de autodeterminación secesionistas. De aquí la necesidad de fortalecer nuestra cohesión interna, aminorar las tensiones centrífugas y avanzar en la solidaridad interterritorial. Y es que detrás de tanta perorata victimista, no se esconde, tras la perenne invocación de anacrónicos derechos históricos, sino la indisimulada apetencia por el privilegio, el anhelado tratamiento desigual y el reconocimiento preferencial. No está de más recordar el inicio del artículo 2 de la Constitución de 1978: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española». España es, por tanto, un prius a la Constitución, que no crea la Carta Magna, sino que la reconoce. De aquí la trascendencia del juego interdependiente de nuestros tres grandes principios constitucionales en materia de ordenación territorial: unidad, autonomía y solidaridad. Una autonomía que no es soberanía y que sólo se entiende desde el fundamento de la unidad y con la mirada puesta en la satisfacción de la solidaridad.

Segundo: Una interpretación schmittiana de la Política, asentada en la inacabable bronca y en la agria gresca, que no perdona a nadie, que no transige en nada, que ha olvidado el sentido del diálogo fructífero. Una acción política construida sobre la marginación, el menosprecio y la persecución de los otros. Los tiempos de consenso, de acuerdo, de compromiso, en aras a forjar un aggiornamento común, no se recuerdan. En este estado de cosas, algunos habrían resuelto además, de manera frívola, desmantelar los logros arduamente alcanzados entre todos: los de aquí y los de allí, los de acá y los de allá. Los demás no son nunca, ¡faltaría más!, los suyos. Nos quieren transformar en sartrianos. Como Sartre, parte de la clase política, y me preocupa que el virus pueda propagarse irresponsablemente a la ciudadanía, entiende que «no es necesaria la Parrilla; el infierno, son los Otros.» (Huis Clos V). ¿Será cierto -¡espero que no!- que los dioses modernos, como antes los griegos, hayan resuelto cegar a los habitantes y dirigentes de este viejo y gran país?

En este contexto, somos muchos, sino la práctica mayoría de ciudadanos, los más allegados a los de aquí, como los más próximos a los de allá, incluyendo los que de forma natural no se sienten de acá, ni de ninguna parte, los decididos a conservar lo conquistado, a fortalecer la integración, a incidir -desde el respeto a la singularidad- en los elementos comunes, a que se gobierne para todos y cada uno de los españoles en cualquier parte del territorio nacional, a finalizar con tanta división y antagonismo, a mitigar la crispación, a poner término al enfrentamiento de todos contra y frente a todos. ¿Es tan difícil actuar y accionar para con todos, para los unos y para los otros, sin sectarismos, banderías, grupos, partidismos y facciones? ¿No se puede hacer Política desde la generosidad, con altura moral y grandeza de miras? De nuevo Don Juan Carlos, haciendo seguramente más hincapié que en ocasiones anteriores, ha solicitado una política participada entre las diferentes fuerzas políticas: «No nos podemos permitir que las legítimas diferencias ideológicas resten energías al logro de los consensos que piden nuestros ciudadanos.» Los españoles pedimos así a la clase política, al Gobierno y a la Oposición, un inequívoco respaldo a nuestro régimen constitucional de 1978, y un acuerdo en las grandes políticas de Estado -modelo territorial, educación, inmigración, sanidad, política, exterior...- Unas políticas que no pueden venir definidas por el cortoplacismo, el egoísmo y la improvisación. Que han de ser, por el contrario, codecididas, firmes y perdurables. La coparticipación en tan esenciales menesteres es sinónima también de eficiencia política y de modernidad constitucional.

Tercero: El inexcusable sometimiento a la Constitución y la obediencia a la ley. Una Constitución y una ley que en una España constitucional no son, de nuevo el ginebrino, sino la expresión de la voluntad popular manifestada a través de unos representantes democráticamente elegidos. Una sumisión a la que no pueden escapar los propios actores políticos. Las leyes, esgrimía Montesquieu, «son relaciones necesarias que derivan de la naturaleza de las cosas... el hombre tiene leyes.» (De l ´esprit de lois, i, 1). Y, de manera paralela asimismo, el reclamable cuidado que exigen nuestras instituciones; unas instituciones demasiado criticadas, ninguneadas y vapuleadas. Un respeto, en todo caso, al que estas han de saber hacerse recíprocamente acreedoras.

¡Qué quieren que les diga! Como ciudadano me resisto en dar la razón a Rousseau sobre la situación de esclavitud en que caen los pueblos una vez celebrados sus comicios. Deseo abrazar otra visión diferente: la optimista opinión del filósofo ginebrino sobre las bondades del mantenimiento de nuestro Pacto social, que de esto hablamos: «cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general; y nosotros recibimos corporativamente a cada miembro como parte indivisible del todo» (Du contract social, I, 6). Ni tampoco creo, como el referido Jean Paul Sartre, que «la historia de una vida cualquiera que sea, es la historia de un fracaso» (L´ Étre et le Néant). No al menos en esta España mía y nuestra; una España de todos. Una España de ciudadanos libres e iguales, que impele urgentemente a su clase política, y a su ciudadanía, a un brusco cambio de hoja de ruta. ¿Qué más ha de pasar para ello?

Pedro González-Trevijano, Rector de la Universidad Rey Juan Carlos


ABC - Opinión

De curas y banqueros. Por Carlos Rodríguez Braun

Los sindicatos no intentan proteger a los trabajadores de la voracidad fiscal sino castigar fiscalmente a aquellos grupos que no les gustan. No quieren limitar el poder del Estado sino utilizarlo sólo contra algunos.

En la notable galería de fotos de Fernando Díaz Villanueva en Libertad Digital sobre la reciente manifestación sindical podían verse las siguientes pancartas: "A curas y banqueros, de mis impuestos, cero"; "A banqueros y clero, de mis impuestos, cero"; "Cada Papa o Califa se pague sus visitas".

Esto tiene mucho interés porque se trata de consignas liberales. Sospecho que es más que probable que un número significativo de quienes amablemente hayan leído esta columna en la última década compartan la idea de que las iglesias deben autofinanciarse, y muchos seguramente piensen que el mejor sistema bancario es uno que no descargue el pago de sus contratiempos sobre los contribuyentes. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es que nuestros sindicalistas han pasado de ser liberados a ser liberales?


Por desgracia, tal mutación no ha tenido lugar. Si así fuera, los sindicatos deberían empezar por reclamar su propia autofinanciación y a continuación extender ese criterio protector de los ciudadanos al ilimitado campo de la financiación pública. No lo hacen, ni lo harán, claro, con lo cual debemos concluir que no intentan proteger a los trabajadores de la voracidad fiscal sino castigar fiscalmente a aquellos grupos que no les gustan. No quieren limitar el poder del Estado sino utilizarlo sólo contra algunos.

Por si hubiera alguna duda, Fernando Díaz Villanueva fotografió una pancarta abandonada en el Paseo del Prado donde se leía: "Liberal el robar". Está claro que quien cree que dejar al prójimo en paz equivale a asaltarlo es capaz de creer cualquier cosa, y así lo demostraron los líderes de UGT y CCOO al reprocharles a los empresarios por "dirigir sus miradas sólo al beneficio y no a las personas", al reclamar al Gobierno "anteponer la protección social a combatir el déficit público", y al fantasear con que quien ha prevalecido en el mundo es "el capitalismo neoliberal".


Libertad Digital - Opinión

Moratinos y las alucinaciones. Por José María Carrascal

«El Gobierno no negocia con terroristas ni paga rescates» Miguel Ángel Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores español, dixit. Primera mentira: que no negocian con terroristas. ¿Qué hubo entonces con ETA? ¿O no son terroristas? Son capaces de decirlo. Segunda mentira: que no pagan rescates. ¿quién pagó entonces el del Alakrana? ¿Quién se dispone a pagar el de los cooperantes apresados en Mauritania? ¿No dicen que han movilizado todos los recursos para liberarles? ¿O también eso es mentira? Tampoco nos extrañaría. Aunque Moratinos dejó la traca para el final: «Este Ministerio ha demostrado que tiene instrumentos, capacidad e influencia que ofrecen resultados».

Lo que ha demostrado ese Ministerio es que no tiene instrumentos, ni capacidad ni influencia para resolver los problemas que se plantean a España y a los españoles en tierra, mar y aire, en África, Asia, Europa, América y no digo Oceanía porque, afortunadamente, no se nos plantean allí, pues de planteársenos, los perderíamos. Resolver los problemas no es pagar el rescate a los piratas, ni aceptar los expulsados de otros países, ni firmar las declaraciones que nos exigen otros gobiernos, ni permitir que detengan a nuestros barcos, ni disculparnos porque nuestras patrulleras persiguen a contrabandistas, como ha hecho nuestro Gobierno en los casos de los piratas somalíes, del petrolero en Guinea Bissau, de la señora Haidar y de Gibraltar. Por no hablar ya de los infinitos desplantes que se han hecho a nuestro ciudadanos y empresas en países «hermanos», como Argentina, Bolivia o Venezuela, donde el Gobierno español lo único que sabe es ofrecer un pañuelo a los damnificados para que se sequen las lágrimas.

La única realidad es que el peso de España en la escena internacional no ha hecho más que disminuir desde que Moratinos se hizo cargo de su política exterior. Sus colegas europeos desconfían de él por considerarle antiisraelí y procastrista. Mientras en Gaza, la Habana y Caracas, le desdeñan por considerar que la política exterior española está sometida, hoy más que nunca, a la de Washington. Por si ello fuera poco, acaba de sufrir dos señaladas derrotas. En Honduras, su apoyo incondicional al ex presidente Zelaya nos deja sin representante en aquel país y con un nuevo presidente resentido con España. Mientras en Chile, la más que probable llegada al poder de un conservador que pone fin a la era post Pinochet, deja al Gobierno español, como vulgarmente se dice, colgado de la brocha.

En resumen, que la España democrática alcanza con Moratinos su nivel más vulnerable y menos influyente en la arena internacional, situación por cierto que coincide con la de su escena interior.

Y no les digo nada cuando conozcan de cerca a Zapatero en Bruselas.


ABC - Opinión

La paz de Rodríguez y Gobierno ilegítimo Por Pio Moa

LA PAZ DE RODRÍGUEZ.

Dije en otra ocasión que el "rojo" presidente del gobierno actual tiene bastantes cosas en común con Hitler. Por los años 20 y 30, los rojos trataban de asaltar las democracias "burguesas" para instaurar dictaduras de izquierda.



Lo intentaron en muchos países, entre ellos España, en 1934. Los nacionalsocialistas o nazis, al contrario, utilizaron el sistema de libertades para alcanzar el poder y, una vez en él, demoler la democracia. En 1934, el PSOE combinó el asalto armado a la república con algunas tácticas nazis, y lo hizo deliberadamente, como sabrá quien haya leído Los orígenes de la guerra civil. Pero es evidente que el ensayo más completo ha sido el actual. Desde el poder, Rodríguez y los suyos se han aplicado a liquidar la legalidad, vaciando de toda sustancia las instituciones, hundiendo el espíritu de reconciliación que caracterizó el comienzo de la actual democracia y poniendo en riesgo creciente la unidad de España. Proceso cuyos frutos envenenados percibe cada día todo aquel que no quiera cerrar los ojos y sobre el que he hablado abundantemente, por lo que no voy a extenderme ahora. Esta forma de ejercer el poder ilegitima tanto a Hitler como a Rodríguez, pese a haber llegado al gobierno de modo formalmente legal.

Otra semejanza entre los dos personajes es su afición a llenarse la boca con la palabra "paz". Pues las agresiones de Hitler se perpetraron bajo el lema y cobertura de la paz, la autodeterminación y similares, y los desmanes del actual presidente siguen la misma tónica.

Hay una tendencia inconsciente a creer que las palabras invocadas por los políticos reflejan la verdad de sus creencias y prácticas, pero en muchos casos la verdad es la contraria. Ya en la oposición patrocinó Rodríguez el Rojo la toma, a menudo violenta, de la calle, con destrozos de mobiliario urbano, asalto a supermercados y a sedes del PP, etc. Su llegada al poder vino inmediatamente precedida de una explotación indecente, violenta, embustera y golpista de la matanza del 11-m. Y seguida de la recompensa a los presuntos autores de la masacre mediante la retirada de tropas que en Irak ayudaban a los irakíes contra asesinos parecidos a los de Madrid, fueran estos islamistas o no.

Con motivo de los chanchullos del gobierno en el caso del Alakrana, Rodríguez ha acusado a sus críticos de querer resolver los conflictos por medio de la fuerza y no de la negociación. Pero hay formas legítimas e ilegítimas de emplear la fuerza, y negociaciones legítimas y otras que pueden ser criminales. Así, por ejemplo, la negociación con los asesinos de la ETA a costa de la legalidad, de las víctimas, de la unidad de España, es solo una criminal colaboración con el terrorismo que justifica y premia el asesinato como forma de hacer política. ¿Dónde está ahí el carácter pacífico de la política del Rojo? Y sin embargo, en el colmo de la infamia, ha bautizado esa colaboración como "proceso de paz".

Así, la política de subvencionar generosamente el desenterramiento de viejos odios a base de falsificar la historia, ¿qué tiene que ver con la paz? Tanto como el propio gobierno con la honestidad o la libertad. Nada de pacífica tiene, asimismo, su "alianza de civilizaciones", como bautiza su apoyo a tiranías como la de Castro y muchas otras de izquierdas. Y nada de pacífica, sino de muy alarmante para el futuro, tiene su apoyo tácito a las infracciones legales de los nacionalistas catalanes, que, como en verano de 1934, se han situado ya al margen de la ley, o del residuo de ella.

Una sociedad, compuesta de tendencias, intereses e ideas contradictorias, se mantiene en pie gracias a la ley. En 1934 y 1936, las izquierdas destruyeron la legalidad de la república y ello ocasionó la guerra civil. Hoy asistimos a un proceso similar, cuyo desenlace ignoramos, pero que solo puede ser desastroso. Si no es detenido a tiempo, algo que el PP ha renunciado a hacer.

ANTE UN GOBIERNO ILEGÍTIMO

Recordaré los puntos que hacen ilegítimo al gobierno español actual. Para empezar, su origen está estrechamente ligado a la mayor matanza terrorista perpetrada en Europa. Y no porque ella aumentase la votación a su favor (Rajoy había perdido gran parte de la ventaja con que había emprendido la campaña electoral), sino por la explotación violenta, calumniosa y demagógica que hizo el PSOE de la matanza y el premio que a continuación dio al terrorismo islámico, supuesto perpetrador de la misma. Pero en el ejercicio del gobierno, Rodríguez y los suyos han ido mucho más allá. Su llamado "diálogo" con los asesinos etarras ya era de por sí ilegal, y aumentaba su ilegalidad al convertirse en franca colaboración con la ETA, a la cual entregó reconocimiento nacional e internacional, dinero, sabotaje a la persecución judicial, reducción drástica de la persecución policial, silenciamiento de las víctimas y, sobre todo, el estatuto catalán, clamorosamente contrario a la Constitución.

Solo estas fechorías –coherentes con el nefasto historial del PSOE, causante principal de la Guerra Civil– muestran la clase de partido que está en el poder, y lo deslegitiman. Pero ha ido aún más allá con su ley llamada de memoria histórica, en realidad de exaltación de la cheka. Dicha ley tiene un doble objeto: por una parte, legitima a los asesinos del terror izquierdista antes y durante la guerra civil, y también, cómo no, a los etarras, presentando a unos y otros como "víctimas", igualándolos a los inocentes que también cayeron en la represión de derechas. Es difícil imaginar una ley más infame, amparadora del crimen, una ley contra el más elemental sentido de la justicia, que califica plenamente a sus promotores.

El segundo objetivo de la ley es la deslegitimación radical del franquismo, y por ello de cuanto procede de él, es decir, la democracia y la monarquía. Esa ley anula el espíritu y la letra de la transición, así como la reconciliación alcanzada bajo aquel régimen, que permitió, precisamente, la evolución relativamente tranquila a una relativa democracia. Esa ley pesa como la mayor amenaza involutiva sobre nuestra convivencia en libertad, unida a la corrosión de la independencia judicial y al arruinamiento de la Constitución por medio de hechos consumados. Ruina en la que colabora el PP de Rajoy.

Durante años, la mayor parte de la gente ha preferido cerrar los ojos ante estos desmanes o buscarles atenuantes. Pero admitirlos es admitir la bananización de la democracia alcanzada en la transición, democracia defectuosa pero en vías de enmendarse por el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Es admitir que la política se convierta en una especie de patio de Monipodio, en el que la ley solo sirva como motivo de irrisión.

¿Qué puede hacer el ciudadano? Un gobierno ilegítimo, en vías de transformarse en régimen gracias a una seudo oposición, puede y debe ser resistido por aquellos para quienes la libertad política significa algo. José Alcaraz, presidente de la AVT antes de que el PP de Rajoy la redujera a la impotencia, habla a menudo de "rebelión cívica". Esbozos de tal rebelión fueron las masivas manifestaciones de hace unos años, que Rajoy, una vez más, se encargó de anular. Los ciudadanos tienen dos vías: o someterse quejumbrosamente u organizarse a distintos niveles y con objetivos parciales. Pero además es preciso pasar de la mera crítica y elaborar un programa de regeneración democrática que oponga a la demagogia y confusionismo hoy reinantes un análisis preciso de la situación y unas medidas claras y sencillas para corregir las derivas de estos años. Como dije, el mayor delito del actual gobierno fue transformar el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo en pacto con el terrorismo y los separatismos contra las libertades y la integridad nacional. Aquel Pacto marca la orientación general, y debe desarrollarse.


Libertad Digital