viernes, 8 de enero de 2010

España torpe, pero una. Por M. Martín Ferrand

ES muy discutible, contra lo que afirma la ministra de Defensa, que «la condición de ciudadano no pueda detenerse a las puertas de los cuarteles». Por razones generacionales, Carme Chacón debe de haber visto Barrio Sésamo y, sólo por ello, estar en condiciones de distinguir entre «alto» y «bajo», «ancho» y «estrecho» e, incluso, entre «civil» y «militar». La grandeza de la profesión castrense se sustenta, precisamente, en la renuncia que exige a sus miembros para mejor defender los derechos civiles de los demás. Del mismo modo que no se puede conciliar el grado de coronel con la condición de alcalde, tampoco es posible, ni deseable, que un sargento ejerza como enlace sindical. Son territorios diferentes y la situación laboral de los militares exige un tratamiento distinto, adaptado a la funcionalidad y responsabilidad de su función, del que resulta válido para los trabajadores civiles. El progresismo entendido como formulación demagógica es lo que debe detenerse a las puertas de los cuarteles.

En lo que sí acierta Chacón es al afirmar que «no puede haber unas Fuerzas Armadas a la medida de cada Gobierno». Aquí, sin grandes diferencias entre los distintos colores políticos, cada Gobierno ha querido implantar «su» Educación, «su» Justicia, «su» Sanidad, «su» Política Exterior y, naturalmente, «su» Defensa. El resultado es espasmódico y, perfeccionado por las variables que aportan las distintas Autonomías, surge un puzle en el que no ajustan las piezas ni es único el dibujo que trata de componerse. La idea del Estado como prioridad y la Nación como prevalencia parece repugnar al caciquismo anacrónico a que nos ha llevado el desmedido desarrollo del Título VIII de la Constitución en el que ya pueden vislumbrarse diecisiete bilateralidades distintas entre España y cada una de sus Autonomías. Un disparate previsible, aunque no previsto, en el que se fundamentan las principales tensiones internas que padecemos. Si se le añade al caso una política socioeconómica disparatada, de inspiración sindical y obediencia gubernamental, tendremos el marco de un cuadro terrorífico. «Una torpe España», como dicen los colegas del Financial Times. En los grandes diseños de futuro, desde la Educación a la Defensa, es exigible el acuerdo previo de, al menos, los dos grandes partidos que todavía se dicen nacionales, aunque no lo sean tanto en sus prácticas periféricas.

ABC - Opinión

Cuando la culpa la tiene el denunciante. Por Guillermo Dupuy

Culpar al PP del hecho de que las medidas del Gobierno no han evitado que un creciente número de ciudadanos pasen a depender de la caridad, es una desfachatez sólo comparable a la de culparle de una eventual declaración de inconstitucionalidad del Estatut.

Aunque las pruebas de la ilimitada desfachatez de los socialistas sean muy numerosas y vengan de largo, permítanme que les ponga nuevos ejemplos con ocasión de la reciente visita de Rajoy a un comedor social y, más recientemente, con la nueva vuelta de tuerca que el presidente de la Generalidad catalana ha dado a la presión que viene ejerciendo sobre el Tribunal Constitucional en defensa del "estatuto" soberanista catalán.


En cuanto a lo primero, es evidente que el gesto de Rajoy al ejercer de cocinero voluntario en ese comedor social no sólo fue un acto de solidaridad sino, sobre todo, un oportuno ejercicio de denuncia política destinado a poner el foco de atención sobre la situación, extremadamente grave, que viven muchos conciudadanos.

Teniendo en cuenta que la asistencia a los comedores de Cáritas casi se ha duplicado en el último año, y que el número de parados que carecen de cualquier clase de ingresos ha aumentado al millón y medio de personas, ya sería bastante desfachatez por parte del Gobierno de Zapatero alegar, como en otras ocasiones ha hecho, que no hay que hacer un "análisis catastrofista" de la situación o bien que ésta pronto va a mejorar.

La reacción de los socialistas en esta ocasión, sin embargo, no fue ésta, sino una todavía más desvergonzada como es la de culpar de la situación al Partido Popular. Aunque parezca delirante, la airada nota de prensa de los socialistas culpaba al principal partido de la oposición con la cantinela de que no "había arrimado el hombro" para apoyar las medidas tomadas por el Gobierno. Por citarla textualmente, la representante socialista Marisol Pérez afirmó que "muchos de los que hoy han comido el cocido de Rajoy no tendrían que haberlo hecho si el líder del Partido Popular hubiese gastado un solo segundo en arrimar el hombro en favor de las iniciativas sociales del Ejecutivo".

La nota pone como ejemplos de la falta de apoyo del PP la financiación autonómica, el Fondo de Inversión Local e, incluso, los Presupuestos Generales del Estado, cuando lo cierto es que el PP, a pesar de su oposición, no ha podido impedir que el Gobierno las sacara adelante gracias a sus aliados parlamentarios. Algunas otras, como el plan de rescate bancario a cargo del contribuyente, que se aprobó también con la cantinela del apoyo a las familias, el Gobierno las sacó adelante con el apoyo incluso del partido de Rajoy.

Culpar al PP del innegable hecho de que las "medidas sociales" adoptadas por el Gobierno no han evitado que un creciente número de ciudadanos pasen a depender de la caridad para poder subsistir, es de una desfachatez sólo comparable a la de José Blanco al culpar de una eventual declaración de inconstitucionalidad del Estatut al Partido Popular; partido que, como es notorio, ni redactó ni apoyó dicho engendro soberanista.

Al pedir a los catalanes que "no olviden" que si el Estatuto "sufre algún recorte" es "porque un partido lo boicoteó", en referencia al recurso planteado por el PP ante el Tribunal Constitucional, Blanco no sólo culpa de la inconstitucionalidad del texto al partido que la denunció, sino que deja en evidencia que habría preferido que esa ilegalidad hubiera pasado desapercibida. Qué tropa.


Libertad Digital - Opinión

Cataluña, camino del régimen

EL empeño del tripartito catalán en coaccionar al Tribunal Constitucional ha protagonizado las primeras declaraciones políticas de sus máximos representantes en el año nuevo, certificando así que la estrategia preventiva de deslegitimación del orden constitucional es la prioridad de la coalición social-nacionalista catalana. El coste de esta contumaz y desleal actitud de desafío al Estado va a ser, a este paso, la implantación de un régimen en Cataluña, dominado por el dogmatismo nacionalista y la sacralización de un estatuto convertido en excusa para mantener el victimismo contra el resto de España. Así es como el presidente Montilla no ha tenido reparo en dirigirse por carta a dos centenares de instituciones catalanas para agradecerles el apoyo al editorial conjunto que publicaron varios medios de comunicación para presionar al TC. La imagen que transmite esta iniciativa de Montilla desvela un panorama de subordinación de la sociedad civil a los dictados políticos, anulando la autonomía que toda sociedad democrática debe tener para mantener su capacidad crítica y su propia identidad frente a los poderes públicos. La confusión entre ideología y sociedad es el primer paso para la instauración de un auténtico régimen monopolístico.

Por eso, el problema de fondo de Cataluña es consigo misma, no con el resto de España, porque la dominación que ejerce sobre ella la clase política es patológica. La defensa del estatuto frente al TC es la coartada de esta enfermedad, como ayer expuso crudamente, sin quererlo, el consejero de Economía y Finanzas, Antoni Castells, quien apostó por replantear las relaciones entre Cataluña y España, sea cual sea el fallo del TC, porque la Transición no ha funcionado. Esta descalificación del pacto constitucional es la base de la actitud desleal de la alianza que gobierna Cataluña, más allá de lo que, en efecto, diga el TC sobre el estatuto. Por tanto, con estatuto o sin él, el problema seguirá vivo, pero agravado porque en su origen inmediato se sitúa la irresponsable decisión de Rodríguez Zapatero de inocular en el ordenamiento jurídico el virus de la cosoberanía, la relativización de la Nación española y la deslegitimación del pacto constituyente. Pretendiendo impostadamente -porque lo buscado era un mero reparto de poder- que Cataluña se sintiera «cómoda» en España, Zapatero ha conseguido que la crisis territorial sea más aguda que nunca desde 1978.

ABC - Editorial

Qué raros somos los daneses. Por Cristina Losada

Ese rigor danés a la hora de aplicar la ley resulta sorprendente en la flexible y tierna España. Nunca trataríamos como a delincuentes a unos chicos que sólo querían llamar la atención sobre la futura catástrofe planetaria. ¡Aún habría que agradecérselo!

Los hay habituados a flotar en la estratosfera de la impunidad. El caso de los miembros de Greenpeace detenidos en Dinamarca se ha hecho digno de enmarcarse. Irrumpieron en una cena oficial para desplegar una pancarta y, por una vez, su acción no les salió gratis. De haber suscrito la broma un pirado carente de unas siglas buenas que le amparasen, no estaríamos escribiendo de ello. El individuo habría dado con sus huesos en la celda sin concitar ni un mísero ritual solidario. Los cargos de allanamiento de morada, suplantación de autoridad pública y falsificación de documentos le habrían caído encima y santas y carcelarias pascuas. La justicia danesa tiene la osadía de tomar la ley en serio y creer que ante ella todos son iguales. Con los militantes ecologistas no hizo excepciones.


Ese rigor danés a la hora de aplicar la ley resulta sorprendente, inaudito y cruel en la flexible y tierna España. Nunca trataríamos como a delincuentes a unos chicos que sólo querían llamar la atención sobre la futura catástrofe planetaria. ¡Aún habría que agradecérselo! Aquí la ley suele mirar a quién. Hay bula para estropicios perpetrados al abrigo de reclamaciones políticas o sindicales. Si unos huelguistas asaltan un edificio oficial y rompen lo que encuentran, que no se le ocurra a un juez condenarlos. Llámate activista y tienes el perdón o el clamor asegurados. Natural, pues, que el director de Greenpeace España mostrara su estupefacción: "En España hemos hecho protestas similares y ni siquiera nos han detenido". Lo extraño es que, en tales ocasiones, no les hicieran sitio en la mesa y les pusieran un cubierto. Ahí se ve cuán demócratas y tolerantes que somos. Un ejemplo para el mundo.

Como el Ministerio de Exteriores. No sólo se aplicó con inusual diligencia a rescatar a los ecolos de las garras judiciales de un Estado democrático. Pidió, además, que no mezclaran a los presos verdes con los presos comunes. Según el Gobierno, entonces, hubo en Dinamarca "presos políticos" durante tres semanas. Asombroso. Menos mal que aún quedan diplomáticos. El embajador considera que nada hay que objetar al trato dispensado al cuarteto climático intruso. Resulta que, en aquellas tierras, los jueces no se dejan intimidar, aplican la ley sin mirar a quién y no atienden a las intenciones de los autores de un delito. Sólo al delito. Mira que somos raros los daneses.


Libertad Digital - Opinión

La cuestión catalana. Por José María Carrascal

ESE señor que pide a todos los catalanes hacer frente común contra una posible devaluación del Estatut es el mismo que ha sido incapaz de poner de acuerdo a los tres partidos del gobierno que preside sobre algo tan elemental como las veguerías o administraciones supramunicipales catalanas. Como sobre casi todo menos sobre mantenerse en el poder a toda costa. Y si actúan así en el gobierno, no quiero decirles cómo actuarán en la oposición.

Es este un aspecto apenas estudiado de la «cuestión catalana», por gastarse toda la pólvora en el contencioso contra España, especie de niebla que oculta las debilidades catalanas, ya que las españolas han sido expuestas, analizadas, denunciadas y caricaturizadas mil veces. Pero ¿se imaginan la que se armaría al día siguiente de obtener la reclamada autodeterminación? ¿Se imaginan un Parlament con personajes como Carod Rovira, Mas, Puigcercós, Laporta, Carme Chacón, Toni Comín, Alfons Tena, ya sin una España a quien poder echar la culpa de todas las desgracias que caen sobre Cataluña? Porque España es la gran reserva del nacionalismo catalán, su frontón en el que estrellar todas las pelotas. En realidad, lo único que les une, al tiempo que su gran coartada para no presentar un programa como nación y como estado. En el momento que se quedaran solos, aquello iba a ser un gallinero alborotado.


Una personalidad de las letras catalanas, cuyo nombre no voy a dar para que no sea arrastrado por el fango, me decía en un momento de amargura: «Lo que siempre ha faltado a Cataluña han sido líderes. Hemos tenido muchos trovadores y muchos tartarines, pero líderes de verdad, enérgicos, decididos, dispuestos a cortar por lo sano y llegar hasta el final, ninguno». Sigue sin tenerlos. Tan escasos andan de líderes que han tenido que echar mano de Montilla, que tiene de líder lo que yo de obispo. Y sin líderes no se va en política a ninguna parte, se queda uno donde está, quejándose, gimiendo, reclamando... y mostrando la falta de proyecto conjunto, la ausencia de cohesión interna. Ni siquiera sobre esas jaleadas «consultas populares» se ponen de acuerdo los nacionalistas catalanes, con unos dispuestos a seguir con ellas y otros considerándolas prematuras, inútiles o incluso peligrosas.

El nacionalismo catalán se ha detenido en el «hecho diferencial» respecto a España. Pero no se ha atrevido a dar ni un solo paso hacia algo tan importante como son los hechos diferenciales dentro de Cataluña. Que son múltiples y tan «cainitas» -palabra usada más de una vez recientemente en «La Vanguardia»- que les impide ponerse de acuerdo incluso sobre las veguerías.

Lo que demuestra que son tan españoles como los demás. O ¿qué se creen, que los demás no somos también diferentes y no nos gusta poner verde a España? Sólo que no vivimos de ello.


ABC - Opinión

La parcialidad de Garzón y la negación de la Justicia. Por Jesús Santaella

No debió ser especialmente feliz para Baltasar Garzón el día de su santo. La Sentencia del TEDH en el caso Rafael Vera no sirve seguramente para enriquecer el currículum de nuestro Juez más internacional, a pesar de que concluya que no hubo violación de derecho fundamental alguno. Todos los miembros de la Sección Tercera del tribunal han coincidido en que Garzón debió haberse abstenido en 1994 a la hora de instruir el sumario de Segundo Marey, que concluiría finalmente con la condena junto a otros antiguos altos cargos de Interior del ex Secretario de Estado de la Seguridad por el secuestro de aquel anciano en el País Vasco francés. En otras palabras, fue parcial. Y la parcialidad es la negación misma de la Justicia. El Juez parcial es el ‘no Juez’ y eso lo han dicho de Baltasar Garzón, que ha buscado hasta la saciedad el reconocimiento mundial de esa irreprochable condición, nada menos que siete Jueces de Estrasburgo. Ésa es la esencia de la decisión. Otra cosa son los matices.

La defensa de Rafael Vera consiguió que dos de sus alegaciones –la ausencia de imparcialidad de Garzón como Instructor y la insuficiencia de pruebas para destruir la presunción de inocencia- fueran examinadas. Al final, por el ajustado resultado de 4 a 3 han sido rechazadas y los disidentes han formulado sendos votos particulares. Las posibilidades de que la Grande Chambre en vista pública reestudie el caso a instancia de la parte son altas a la luz de los precedentes y las características del debate.

Para la mayoría el Juez incurrió en falta de imparcialidad objetiva, porque pudo resultar contaminado como consecuencia de su paso previo por Interior al frente de la Delegación del Gobierno sobre el Plan contra la Droga. En este sentido, Estrasburgo recuerda cómo precisamente a finales de los 90 hubo de modificarse la Ley Orgánica reguladora del poder judicial para introducir un período de carencia de tres años antes de reincorporarse a la carrera judicial aquellos que hubiesen ostentado cargos políticos. Y debió haberse abstenido entonces de instruir el caso Marey contra ex altos cargos de Interior, pero también de cualquier otro que afectase a aquel departamento ante el riesgo de haber accedido a alguna suerte de información privilegiada en su etapa política. El Tribunal considera que ese deber afecta también al Juez Instructor, aunque no esté llamado a enjuiciar finalmente el asunto, de acuerdo con lo que fue el voto particular de García Manzano en el recurso de amparo previo a la demanda de Estrasburgo.

Sentado lo anterior, la mayoría considera sin embargo que las consecuencias de tal infracción fueron convalidadas por la renovada instrucción que hizo del caso en el Tribunal Supremo el Magistrado Moner. Todos los Jueces han descartado la existencia de enemistad subjetiva y manifiesta entre Garzón y Vera, sobre todo por la dificultad de su prueba. Y concluye la sentencia con que tampoco hubo violación del derecho a la presunción de inocencia porque hubo pruebas suficientes para justificar la condena, entre las que de manera esencial figuró el testimonio de varios coimputados –los de Julián Sancristobal, Francisco Alvarez y Miguel Planchuelo-.

La doctrina de los frutos del árbol envenenado

Frente a ello se alzan dos de los votos discrepantes, que recuerdan la tradicional doctrina del TEDH en estos casos. Lo radicalmente nulo, sostienen los discrepantes, no puede ser convalidado y la condena basada en las mismas diligencias practicadas por el Instructor contaminado, luego repetidas ante el válido, y no otras, infringe la doctrina de los frutos del árbol envenenado. No parece descaminado pensar que si fueron ésas –fundamentalmente el cambio de testimonio de algunos coimputados, luego de haber padecido prolongada prisión por decisión del Juez parcial quizá para ablandar actitudes-, las pruebas determinantes de la condena, por mucho que se hubieran repetido ante el nuevo Instructor, la defensa de Rafael Vera puede estar acertada. Ahí puede haber materia para una nueva decisión en la Grande Chambre.

Otra trascendencia tiene el disentimiento del Juez Zupancic que cuestiona con carácter general la imparcialidad objetiva de todo Juez de Instrucción al que califica desde esa perspectiva como una “contradictio in terminis”. Porque, por definición, el Juez de Instrucción trata de investigar cual policía togado el crimen cometido, de manera que es fácil que perfile una hipótesis previa a la que tratará que se acomode todo aquello que instruya. Es decir, el Juez de Instrucción es el candidato perfecto a tener pre-juicios, y esa es la mayor de las parcialidades. Así, llama la atención para que de una vez por todas la Grande Chambre se pronuncie y proscriba definitivamente lo que considera un arcaísmo procedente del viejo procedimiento inquisitorial.

Muy en la línea de las ideas del Ministro Caamaño y de su anunciado propósito de modificar en tal sentido nuestra decimonónica Ley de Enjuiciamiento Criminal, en defensa de la instrucción a cargo de los Fiscales y la creación de un Juez de garantías que actúe en materia de prisión, registros e intervención de comunicaciones.

Y, a todo esto –no podía ser de otra manera cuando de Garzón se trata-, dicen que la sorpresa en Estrasburgo fue mayúscula al comprobar la filtración de la Sentencia llamada a ser colgada en la web oficial el día 14. Sin esperar la tradicional “toilettage” a que se someten las decisiones del TEDH, hubo de anticiparse a toda prisa la difusión oficial a la tarde del 6 para evitar seguramente -¿ o como consecuencia de?- la protesta de la defensa de Rafael Vera. Cuando las sentencias de Batasuna también se madrugó el conocimiento. ¿Será que el indiscreto siempre es español?


El confidencial - Opinión

Espectro radioeléctrico socialista

Precisamente porque el espectro radioeléctrico es escaso debería existir un sistema más enfocado a la propiedad privada. Ésta tiene sentido cuando de bienes escasos se trata. Que sea el Estado quien los distribuya tiene un nombre: socialismo.

Todos sabemos cuáles son las costumbres del PSOE cuando pone las manos en el sector audiovisual. Todo para los amigos, nada para los demás. Entre otras hazañas está la legalización del antenicidio o la concesión de cadenas a sus amigos, en ocasiones incumpliendo las propias reglas que se había marcado. Así, es lógico y hasta obligado que la nueva ley audiovisual sea recibida con desconfianza, especialmente si las principales características de su aprobación en el Congreso han sido la falta de consenso y las prisas para tramitarlo.


En concreto, entre todas las medidas añadidas a última hora destaca la propuesta de Coalición Canaria, que promueve la elaboración de un mapa con todas las radios que emiten con licencia en frecuencia modulada para después poder cerrar por vía administrativa las que no estén incluidas en el mismo.

A primera vista, puede parecer razonable. Las licencias se dispensan para que no se sature el espectro radioeléctrico, que es un bien escaso, y evitar que unas radios ocupen la frecuencia de otras, impidiéndoles emitir. Para que este esquema funcione, aquellos que emitan sin licencia deben dejar de hacerlo.

Sin embargo, examinado más de cerca las contradicciones empiezan a florecer. Si hay más de 3.000 radios emitiendo ilegalmente es que el espectro está muy lejos de saturarse con las licencias que los políticos han tenido a bien conceder a lo largo de los años. Además, parece claro que hay proyectos radiofónicos de todo tipo que resultan rentables y no ocupan el espacio que ha sido otorgado legalmente a otros. ¿Por qué cerrarlos, entonces?

La respuesta que los distintos gobiernos, central y autonómico, y quienes los ocupan no están interesados en que el espacio radioeléctrico sea aprovechado al máximo en beneficio de los consumidores. La radio es un poderoso medio de comunicación, con una gran capacidad de influencia entre sus oyentes. Controlar y someter las voces que emiten en las ondas es una prioridad política de primera magnitud. De ahí que sólo se concedan licencias con cuentagotas y a amigos de los poderes políticos. Permitir el cierre administrativo de las miles de emisoras sin licencia no hará sino permitir a los gobiernos quitarse de encima a quienes los molesten, destruyendo empleos y proyectos empresariales en algunos casos muy sólidos, además de ahogar la libertad de expresión.

El sistema de licencias implantado en España permite que cadenas de radio con muy poca audiencia dispongan de numerosas licencias por toda la geografía mientras otras que el público está deseando escuchar no pueden emitir más que en unos pocos lugares. Y es que precisamente porque el espectro radioeléctrico es escaso es por lo que debería existir un sistema más enfocado a la propiedad privada para su aprovechamiento. La propiedad tiene sentido de hecho cuando de bienes escasos se trata. Que sea el Estado quien los distribuya tiene un nombre: socialismo.

¿Cómo podría estar organizado un sistema más libre y eficaz? Si no se quiere abandonar del todo el control administrativo, podrían concederse licencias de forma más automática y menos arbitraria simplemente con cumplir una serie de requisitos, como contar con un capital mínimo no muy alto y dependiente de la región sobre la que se emitiría, la creación de una serie de empleos, etc., disponiendo de mecanismos para retirar el permiso a quienes abandonen la emisión. Otra vía podría ser la privatización del espectro, concediendo títulos de propiedad a quienes ahora tienen licencias y otorgando las demás a quienes las soliciten, organizando subastas en caso de que haya más de un pretendiente.

Pero como en tantas otras cosas, resulta difícil tener esperanza en que se opte por un sistema más racional y menos controlado. El principal partido de la oposición, cuando llegó al poder, no cumplió la sentencia que declaraba ilegal el antenicidio. Ahora, ante esta ley que ha criticado duramente, ha decidido abstenerse. Haría mejor en proponer un sistema más libre, justo y acorde con lo que desean sus votantes.


Libertad Digital - Editorial

La amenaza de la igualdad. Por Hermann Tertsch

Esta reflexión podría llamarse también «el éxito y la justicia de la desigualdad», si me dejan proponerles otro título que a tantos parecerá aún más provocador. Se lo parece a casi todo el mundo, ya que, salvo una minoría de irredentos, todo el espectro político ha asumido casi por igual la sacralidad incuestionable de la igualdad entre los individuos y las culturas. A quienes discuten esta religión del igualitarismo -con todos sus muchos dogmas- lo convierten directamente en paria o enemigo del bien, nada menos. Y cualquier medio es bueno para combatirlo. El fin del igualitarismo es tan sagrado que todos los medios contra los herejes gozan automáticamente de justificación y eximente plena. Esto no es nuevo. La pérdida de la libertad a través de la dictadura de la igualdad preocupaba ya a Tocqueville. Pero ya sabemos que éste era un puñetero aristócrata francés que merece estar más olvidado aún que Montesquieu, aquel maniático defensor de la separación de poderes. ¡Cuántas veces se ha hecho ya a lo largo de la historia! Acabar con la libertad en nombre de la igualdad. Volvemos a las andadas. Es una lacra intelectual con hondas raíces en la cultura occidental. Pero mientras las sociedades más sólidas cuentan con resistencias claras a esta imposición forzosa del mínimo denominador común, otras más débiles -claramente la nuestra- se revelan inermes ante la ofensiva de este igualitarismo que quiere convertir nuestra sociedad en una inmensa granja de experimentación avícola. En la que recortar las alas a todas las aves de la fauna para que tengan el vuelo de las gallinas.

«Es una lacra intelectual con hondas raíces en la cultura occidental. Pero mientras las sociedades más sólidas cuentan con resistencias claras a esta imposición forzosa del mínimo denominador común, otras más débiles -claramente la nuestra- se revelan inermes ante la ofensiva de este igualitarismo que quiere convertir nuestra sociedad en una inmensa granja de experimentación avícola.»

Y después convencerlas de que todas son aves de corral. Pocos lo explican mejor que el filósofo alemán Norbert Bolz en su gran libro titulado «El discurso de la desigualdad» (edit. Wilhelm Fink, Munich) que ha pasado desapercibido a las editoriales españolas. Quizás alguna se haya despistado a propósito porque parece un tratado sobre el origen de la miseria moral, intelectual y política de la España de Zapatero. Tampoco se ha traducido el éxito de ventas del escritor judío-polaco-alemán-austriaco, Henryk M. Broder, con su explícito título «Hurra, nos rendimos». Ni su último libro «Crítica de la tolerancia pura» (edit. Panteon, Berlín). En este principio de siglo nos caracterizan paradójicamente la igualdad impuesta y la tolerancia total. Esa tolerancia que, como dice Broder, no hace sino aumentar la osadía y la falta de escrúpulos de los enemigos de nuestra sociedad. Esa tolerancia que parte de la equiparación de todos los sistemas de vida, buenos, peores y fatales. Y que siempre es una cesión unidireccional, hacia los peores, hacia delincuentes, fanáticos y terroristas. «Esa tolerancia, dice Broder, que pacta con los agresores contra las víctimas». ¿Les recuerda a los españoles algo todo esto? ¿Quizás al pacto del Gobierno del PSOE con ETA? ¿Al caso Faisán? ¿A la simpatía hacía el terrorismo islamista que siempre asoma la patita tras los comentarios y análisis del izquierdismo español? ¿A su antisemitismo patológico?

Todo parte del secuestro del principio de que todos los seres humanos nacemos iguales en derechos ante la ley -fundamento de la democracia y la sociedad libre que nadie discute-. Nacemos iguales ante la ley y lo somos. Pero eso es todo. Lo cierto es que todos nacemos distintos. Y que las diferencias entre los individuos no dejan de aumentar con el tiempo, según las circunstancias, el talento y la biografía. En este sentido, Bolz y Broder nos advierten ambos sobre la profunda injusticia y las terribles consecuencias que tiene esa imposición del pensamiento débil que considera que debemos ser forzados a la igualdad por el bien de una sociedad supuestamente homogénea y sentimentalmente satisfecha con los dogmas de la religión del igualitarismo. Y que todas las culturas -civilizaciones las llama Zapatero- son iguales y merecen igual trato. Del mismo modo que no pueden ser tratados de igual forma un niño que obedece a sus padres y otro que los pega, ni un delincuente habitual y un ciudadano honrado, ni un trabajador esmerado y cumplidor y otro haragán y traicionero. Ni un héroe y un traidor. Ni puede equipararse a la cultura democrática occidental, que surge de la idea cristiana de que toda vida humana es un valor supremo, con las culturas medievales en las que el individuo no vale nada. Y no busca la felicidad del mismo sino imponer por la fuerza y la muerte sus designios fanáticos. ¡Ay, la tolerancia esa! ¡Ay de esa idea de la igualdad! Es la misma hipocresía que subyace a la promesa zapateril de que «de la crisis saldremos todos juntos». Como si todos fuéramos o estuviéramos igual en la crisis.

Como la igualdad es imposible sólo se puede simular con la mentira. Después se sorprenden muchos bienpensantes que surjan movimientos y líderes que aprovechen la rabia popular ante la sangrante injusticia que es la imposición de la tolerancia ante lo intolerable. Y se sorprenderán cuando ese acatamiento del dogma haga volcarse al péndulo hacia posiciones radicales de otro tipo. Esa política del pensamiento débil y dócil conlleva tanto peligro en su aplicación como en la reacción que puede provocar. Ironía es que esta política de la tolerancia sólo se puede imponer mutilando la libertad. Amedrentando a quienes se rebelan contra el bombardeo ideológico y sentimental del poder y la mayoría de los medios de comunicación. Es el páramo de la docilidad. Por convicción, dependencia o miedo a la hegemonía cultural y política del «Gutmensch», del buenismo. Y por miedo a ser castigado por destacar. No recuerdo si fue Schiller, Goethe o Lenz -alguno del «Sturm und Drang»- quien exclamó que no hay mayor envidioso que el que se cree igual a todos. Y la envidia genera odio hacia quienes no quieren ser iguales. La igualdad se convierte así en la peor amenaza para la libertad. De los individuos y de las sociedades.

«No recuerdo si fue Schiller, Goethe o Lenz -alguno del «Sturm und Drang»- quien exclamó que no hay mayor envidioso que el que se cree igual a todos. Y la envidia genera odio hacia quienes no quieren ser iguales.»

La sociedad que obliga a sus miembros desde la infancia a adaptarse al nivel del peor es una sociedad abocada al fracaso. Porque estrangula la formación de elites y así la movilización de la sociedad en el progreso real. Que está en la creación de riqueza y mayores posibilidades para cada vez mayor número de individuos. No en la repartición de las existencias confiscadas por el Estado para comprar voluntades y obediencia. No hay mecanismo eficaz de progreso sino el reconocimiento de la justicia de la desigualdad y la voluntad de los individuos y colectivos de superarse y superar a los competidores. «El proceso de civilización depende de que cada uno pueda utilizar libremente las circunstancias que la vida le otorga» dice Bolz. El ser humano tiene el derecho inalienable a buscar la felicidad, dice la Constitución americana. Nadie tiene derecho a impedírselo igualándolo por la fuerza a quién fracasa en ello. Es la cultura de la excelencia y la competencia. De la emulación y ejemplaridad. La que hizo de las sociedades occidentales las más ricas, pacíficas, abiertas y compasivas de la historia.

Ahora volvemos a estar en manos de experimentadores sociales. Que necesitan que olvidemos principios y valores, nuestra identidad. Bolz y Broder hacen la llamada de atención más lúcida habida en años sobre las consecuencias de un pensamiento único que reprime el debate en todos los problemas reales. Con éste, la selección negativa -tan evidente en la clase política española- está asegurada. Los nuevos dogmas serán triste consuelo para una sociedad postrada moralmente. Es el fruto de esa corrección política que dicta que la verdad es relativa, la libertad un valor secundario y la palabra un instrumento al servicio de la política. Que combate implacablemente a sus enemigos. Por todos los medios a su alcance, las leyes, los aparatos del Estado, la intimidación y, por supuesto la mentira. Y llegado el caso, no lo dudo, por cualquier otro.


ABC - Opinión