martes, 26 de enero de 2010

Un empresario planta cara a la imposición lingüística en Cataluña

Su delito: rotular sólo en castellano en su negocio, por lo que se le puso una multa de 1.200 euros. En un argumentado y claro escrito recurriendo la sanción, el empresario saca las vergüenzas de la Agencia Catalana de Consumo y vuelve a evidenciar la imposición ligüística que se vive en Cataluña.

Xurde Rocamundi es uno de los muchos empresarios catalanes sancionados por rotular solamente en castellano en su negocio. En un argumentado y extenso recurso de alzada, pide al director de la Agencia Catalana de Consumo que deje sin efecto el expediente sancionador y la multa de 1.200 euros que lleva aparejado.


Su negocio es una inmobiliaria de la localidad de Arenys de Mar cuyo rótulo y carteles informativos del escaparate y los contratos tipo que se usan en la oficina están redactados en castellano.

Según relata el empresario en el recurso, al que ha tenido acceso LD, una inspección de la Agencia Catalana de Consumo derivó en un acta por no tener los contratos y la rotulación en catalán. Se consideraba que el no tenerlos en catalán vulneraba la Disciplina de Mercado y se proponía una sanción.

Ante esto, Rocamundi presentó una alegación en la que defendía su derecho a usar el castellano. Pero al subdirector general de Disciplina de Mercado de la Agencia Catalana de Consumo, tal y como se desprende de estas conclusiones, le dio igual y le impuso una multa de 1.200 euros. Y calificó los hechos como “una infracción de la disciplina de mercado y defensa de los consumidores y usuarios”. Realmente la indisciplina consiste en no haber optado por el catalán.

Además, para más inri, no se puede esgrimir que en esta localidad el catalán es una lengua minoritaria, pues el 90% de los comercios rotulan en catalán. A estos, claro, no se les sanciona por no rotular, al menos, también en castellano.

“Si estuvieran sólo en catalán (carteles, rótulo y contrato) no habría sanción alguna, pero al estarlo sólo en castellano sí la hay. El eufemismo al menos en catalán significa, en la práctica y como se demuestra en el presente expediente, que obligatoriamente debe estar en catalán”, denuncia Xurde Rocamundi. “Se trata, en definitiva, al castellano como una lengua extranjera”.

Continúa exponiendo el empresario catalán que, “según la resolución, debemos entender que cuando se hace sólo en catalán o como mínimo en catalán no se vulneran los derechos lingüísticos de los consumidores y/o usuarios”.

Y es que la resolución de la Agencia Catalana de Consumo podría estar amparada en las leyes autonómicas catalanas como la Ley de Política Lingüística y la Ley del Estatuto del Consumidor. “No obstante –señala Rocamundi– la resolución y las normas que le dan cobertura son inconstitucionales porque introducen un trato discriminatorio entre el uso del catalán y el castellano, entre las personas, los ciudadanos, los españoles, que eligen un idioma u otro como herramienta comercial y, en definitiva, de uso cotidiano, salvo que sólo pueda elegirse la lengua en la intimidad”.

Xurde Rocamundi habla de coacción y discriminación. Sobre la primera cuestión, el empresario catalán señala que "la propuesta y la incoación del expediente sancionador ya supone una coacción para el que lo decepciona y una limitación a su libertad (…), pero la sanción impuesta materializa en castigo al desobediente y, además, es usado de ejemplo social a modo de prevención general”.

Y sobre la discriminación, pone de manifiesto que existe en cuanto no existe sanción para quien rotula exclusivamente en catalán. “Igualmente, conlleva otras vulneraciones constitucionales como el derecho al uso del castellano que se reconoce en el artículo 3.1 de la Constitución Española y del principio de libertad lingüística (…)”.

Por todo ello, el empresario de Arenys solicita la revocación de la sanción por supuesta infracción de la disciplina de mercado y defensa de los consumidores y usuarios.

“Por una Cataluña en libertad. No a las multas lingüísticas”

Para denunciar este caso y el de otros numerosos empresarios que están siendo sancionados por la utilización del castellano en sus empresas por la Agencia Catalana de Consumo, la semana pasada se constituyó la Coordinadora “Por una Cataluña en Libertad. No a las multas lingüísticas", Coordinadora en defensa de la libertad de elección de los empresarios catalanes que actualmente están siendo sancionados por presuntos incumplimientos de la Ley de política lingüística.

Esta Coordinadora, integrada por Ágora Socialista, Asociación por la Tolerancia, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, Impulso Ciudadano, Partido Popular de Cataluña y Unión Progreso y Democracia, ha convocado una concentración que tendrá lugar el próximo día 30 de enero a las 12:00 en la Plaza de la Iglesia de Arenys de Mar, con el lema “Por una Cataluña en libertad, no a las multas lingüísticas” para denunciar estos hechos y defender la libertad de opción lingüística y la libertad de empresa en Cataluña


Libertad Digital

El chiste del dentista. Por Ignacio Camacho

SUCEDE algo raro en el aparato de la seguridad del Estado cuando un director general de la Policía utiliza teléfonos con tarjeta de prepago. Evidentemente anónimos y desechables, como los que el malayo marbellí Roca empleaba para gestionar sus operaciones urbanísticas: solía llevar siete u ocho, uno por mangazo, que portaba en una bolsa de Vuitton. Por una de esas líneas que nunca se usan para asuntos transparentes, al parecer vinculada al entonces responsable policial de Interior, circularon las conversaciones del chivatazo del bar Faisán, cuyo itinerario aparece rastreado en la compleja investigación que anduvo por las mesas de los jueces Marlaska y Del Olmo antes de recaer, no se sabe muy bien cómo ni por qué, en la de Baltasar Garzón. En esa opaca trama de telefonazos clandestinos desfilan terroristas, intermediarios y altos mandos oficiales enfrascados en el malogrado proceso de negociaciones con ETA, unidos todos ellos por el hilo de Ariadna de un registro digital de llamadas inconfesables que puede convertirse en una bomba de racimo política lista para detonar bajo los sillones del Gobierno. Pero el hombre que tiene el detonador en sus manos, el magistrado Garzón, se sienta a su vez sobre una butaca inestable a punto de transformarse en el incómodo asiento del banquillo de acusados.

De este modo, y por razones que quizá no quepa del todo atribuir al azar, la justicia y el poder en España se tienen mutuamente cogidos «por do más pecado había», amenazándose con hacerse daño como en el chiste del dentista, aquel al que el paciente agarraba los testículos cuando lo veía venir con el torno en ristre y las intenciones protervas de sir Lawrence Oliver ante Dustin Hoffman en «Marathon man». Si Garzón comprime su mano procesal, Rubalcaba y Zapatero van a tener un doloroso problema. Y si el Supremo aprieta las tuercas al juez y lo encausa por prevaricación en el asunto de los crímenes franquistas -aquel esperpéntico expediente en el que su señoría pidió el certificado de defunción del dictador-, será el magistrado quien se vea frente a una delicada tesitura para su nunca bastante prometedora carrera.

Así las cosas, parecen haberse producido ciertas subterfugiales maniobras gubernativas y casuales ofertas de promoción profesional a algunos ropones con capacidad de tomar decisiones comprometidas. Bicocas y canonjías a cambio de sacar sus manos de esos sumarios tan calientes que desprenden un fuerte olor a chamusquina. Dulces tentaciones en medio de un juego siniestro que, pese a todo, manifiestan la sofisticada evolución de las presiones políticas; en otro tiempo le metían a la gente un caballo degollado en la cama. Produce un gran alivio comprobar que ahora estamos entre caballeros que sólo son capaces de pasarse la independencia judicial por el mismo sitio en que se sienten agarrados por ella.


ABC - Opinión

Mucho sermón y poco trigo. Por M. Martín Ferrand

PARA mayor gloria y provecho del inane José Luis Rodríguez Zapatero y de su proteico PSOE, María Dolores de Cospedal y Javier Arenas, notables entre los notables del PP, han decidido dirimir sus diferencias en la pista central del circo que dirige Mariano Rajoy. Cospedal, como las tablas de logaritmos, tiene doble entrada. Puede vérsela como secretaria general y número dos del partido de la gaviota o como aspirante a la presidencia de Castilla-La Mancha. Le sobran capacidad y brío para enfrentarse a las dos tareas a la vez; pero, ¿cómo podrá superar las contradicciones y los conflictos de intereses que, inevitablemente, genera una situación dual?

Tenemos a Juan Pedro Sánchez, militante del PP y alcalde de Yebra, como motor de la discordia en curso. El edil, en uso de sus prerrogativas y en obediencia al mandato mayoritario de los yebreros, aspira a que su municipio sea sede de un depósito de residuos nucleares. Ello le incomoda a Cospedal en sus aspiraciones al gobierno regional y, sin más, quiere abrirle un expediente a quien sólo busca la prosperidad de sus vecinos dotándo al municipio de un, aunque polémico, manantial de empleo y riqueza. Arenas, a quien en este caso asiste la razón política, no perdió la oportunidad de zaherir y desautorizar a su superiora jerárquica e igual en ambiciones de poder autonómico. ¿No serán capaces de llamarse por teléfono y dirimir en privado sus diferencias sin necesidad de convertirse en un hazmerreír de inevitable costo electoral?


La anécdota que reseño sirve para señalar un mal de mayor hondura: la falta de liderazgo que padece el PP y que, dadas las escaseces y fracasos del Gobierno de Zapatero, pasa a ser un motor del miedo nacional, el gran principio activo de nuestra conducta colectiva. Le tenemos miedo al pasado, al futuro y al presente. A lo que es, a lo que podría llegar a ser e incluso a lo que no tiene posibilidad de ocurrir. Después de tantos siglos de miedo a lo sagrado y a lo profano, a lo civil y a lo militar, a lo culto y a lo bárbaro, se exige la serenidad y el valor de buscar nuevas emociones. Como dice Javier Villán -periodista grande, crítico excelso e inmenso poeta- en su recién nacido Aquelarre de sombras: «Lo peor es el miedo. El miedo se inventa otros dolores y otros miedos. Lo malo es desconocer el límite». ¿No ha de haber un espíritu valiente, como preguntaba un notable colega de Villán?

ABC - Opinión

El sobrino de don Manuel. Por Cristina Losada

Mientras don Manuel reprocha a Rajoy que no defienda con mayor firmeza la unidad de España, su sobrino, por él encumbrado, disculpa y justifica a los que viven de atizar el odio contra ella. Esperpento.

La tropa del nacionalismo gallego se manifestó en Compostela contra el decreto de Feijóo. Nada nuevo bajo el sol o la lluvia. La algarada callejera, junto a la coacción, el boicot y la amenaza al discrepante, son sus instrumentos básicos. Añádase, para completar el cuadro, la agitación previa en los centros de enseñanza y el carretaxe de profes y alumnos en autobuses. Pura repetición de fenómenos meteorológicos. Ni es novedad tampoco que el Partido Socialista de Galicia se uniera al cortejo del fanatismo lingüístico. Para encontrar sorpresas, hemos de mirar hacia las filas del PP de Galicia.


Resulta que en medio de la manifa unos encapuchados procedieron a la quema de una bandera española. Fueron, como es natural, aplaudidos in situ. El odio a España es el sentimiento que los une y hace felices. Doblemente felices en este caso, pues en quien hallaron más comprensión fue en el diputado y dirigente del PP, Pedro Puy Fraga. Así como los convocantes se desmarcaron de la quema y alguno llegó a tildar a los autores de imbéciles, el sobrino de don Manuel se apresuró a invocar la libertad. "Comparto la opinión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de que quemar banderas es una forma de ejercer la libertad de expresión", afirmó Puy, de quien esperamos una pronta iniciativa para modificar el Código Penal en el sentido que ya propusiera Esquerra. Banderas, dijo, en plural. ¿También las de las comunidades autónomas? Aclárelo el sobrinísimo.

Hay algo que sí dejó claro el portavoz económico del PP y muñidor de una nueva ley de Cajas más intervencionista, si cabe, que la anterior. Su simpatía por quienes se manifestaron contra su Gobierno. Como si fuera también su portavoz, rogó que no se descalificara a aquellas buenas gentes por el episodio de prenderle fuego a la enseña. A fin de cuentas, la bandera de Puy Fraga es el galleguismo de conveniencia, ese pabellón de la derecha vergonzante al que muchos se acogieron para enterrar un pasado franquista. Mientras don Manuel reprocha a Rajoy que no defienda con mayor firmeza la unidad de España, su sobrino, por él encumbrado, disculpa y justifica a los que viven de atizar el odio contra ella. Esperpento.


Libertad Digital - Opinión

El sentido de las palabras. Por Hermann Tertsch

POR fin, después de una larga travesía por el páramo de los eufemismos, las palabras hueras, los conceptos tontilocos, las mentiras descaradas y la baba semántica, nos topamos con un concepto muy claro, que no es otro que el pronunciado por fin por algunos españoles en alta voz como merece: «alta traición». Sería maravilloso que estas palabras tan fuertes fueran el comienzo del retorno a la utilización de la lengua, de la palabra, como ellas y nosotros merecemos. Nunca me cupo la menor duda de que era el término a utilizar para el escándalo del Bar Faisán de Irún, «alta traición». Cuando unos gobernantes tienen en guerra a miles de policías, guardias civiles y otros miembros de la seguridad del Estado, jugándose la vida contra los terroristas y se dedica a ayudar a éstos en contra de aquéllos, difícilmente hay otro término que utilizar. Cuando unos personajes que han jurado defender la Constitución se dedican, por conveniencia política o de cualquier otra índole, a colaborar con los enemigos de la misma, con sus enemigos armados y asesinos, con los que la sociedad española está en guerra desde hace cuarenta años, no cabe otro calificativo que el de traidores. Es bueno y saludable que volvamos a llamar a las cosas por su nombre. Porque nos ayudará a todos a entender que es posible una ofensiva contra la manipulación semántica, que siempre ha sido un instrumento clave en la lucha de quienes nos quieren hacer súbditos, arrebatarnos la individualidad y la ciudadanía e imponer su pensamiento único de la mentira amenazante.

Alta traición. Eso es lo que cometió en su día el coronel Alfred Redl, en principio brillante oficial del servicio de información del Ejército austrohúngaro, jefe del Estado Mayor del VIII Mando con sede en Praga. Trabajó para el enemigo hasta que, sabiéndose delatado, se pegó un tiro en Viena. En caso de no haberlo hecho, habría sufrido más. Primero, el oprobio y después, un fusilamiento. Tranquilos todos, que nos vamos conociendo. Nadie interprete esto como una llamada a utilizar los métodos expeditivos de antaño. Ni siquiera es una llamada al respeto a un cierto código de honor que los personajes implicados en el caso que nos ocupa probablemente no conozcan. Y de conocerlo les importaría un bledo. En realidad, lo que ha sucedido es que al código del honor o de la fe lo ha sustituido ese código implacable de la conveniencia. Tiene razón Jaime Mayor Oreja cuando dice que el caso Faisán sólo es una parte de la gran operación lanzada por los socialistas y nacionalistas para despojar de derechos y libertades a media España aliándose con la banda terrorista. Así empezó todo en el Tinell y en Perpignan. Y ahora estamos aquí, con la certeza de que altos mandos policiales y políticos traicionaron a sus subordinados, convencidos de que así tendrían un beneficio propio. Ayudaron a los asesinos de cientos de policías y guardias civiles, de trabajadores y empresarios, también de algún niño, para lucrarse en su carrera o promocionar su poder. ¿Verdad que dicho así suena bastante tremendo lo sucedido? Pues creo realmente que no hay otra forma de decirlo. Como dice el gran Santiago González, no tenemos versión más verosímil. El código de la conveniencia, que en este país nadie simboliza mejor que el juez Baltasar Garzón y su gemelo moral, que es el presidente del Gobierno, todo lo hace factible y explicable desde un escudo hipócrita de buena voluntad. Pero no desesperemos. Nuestro Fouché Rubalcaba va a tener dificultades en explicar toda la «normalidad» de las conversaciones entre sus protegidos en aquel momento en el que su Ministerio hizo un pacto, una alianza, con quienes mataban y matan a quienes están a sus órdenes. Suena fatal esto último. ¿Verdad? En eso radica muchas veces el sentido de las palabras.

ABC - Opinión

Montilla y Barreda, socialistas a la contra del gobierno socialista . Por Antonio Casado

Hoy a mediodía sabremos si el Ayuntamiento de Ascó (Tarragona) se une al de Yebra (Guadalajara) como aspirantes al almacén de residuos nucleares (ATC) en el concurso público convocado por el Gobierno de España. Es la idea apoyada por el alcalde, Rafael Vidal, y los concejales de CiU, más el socialista y el ex alcalde. Total, seis votos.

Suficientes para entender por qué apenas había quince o veinte vecinos del pueblo entre los 2.000 manifestantes que el domingo acudieron a Ascó para oponerse a la instalación de un ATC. Suficientes también para dejar la pelota en el tejado de los jefes de fila de estos concejales cuando toque explicar su forma de entender la autonomía municipal.


Hasta ayer mismo, al presidente de la Generalitat, José Montilla, se le había llenado la boca con palabras de respeto a la voluntad democrática de los vecinos. Se podía deducir su posición si, junto al confesado respeto por la autonomía municipal, en su historial político figura el copyright de los ATC. En el reclamo de un almacén centralizado de residuos radiactivos para antes del 31 de diciembre de 2010 (a partir de esa fecha Francia nos ha de devolver los residuos de Vandellós 1), la firma que aparece en el BOE es la de José Montilla, como ministro de Industria en el año 2006.

El ahora president acudió ayer a la tele para responder a quienes estos días venían acusándole de mirar hacia otro lado. Antes de pasar al plató de Antena-3, tuve ocasión de hablar con él y descubrir que su previsible discurso de ex ministro de Industria (ATC necesario, nada contra la energía nuclear, respeto a la voluntad de los Ayuntamientos), había incorporado dos elementos nuevos. Uno, “consenso social”. Y dos, “equilibrio territorial”. Lagarto, lagarto.

ATC sí, pero...

Minutos después, ante las preguntas de Susanna Griso, se quitó la careta: “No quiero un almacén nuclear en Ascó”. Acabáramos. Montilla se mimetiza de este modo con los dirigentes de su principal adversario político (CiU) y de sus propios socios de gobierno en la Generalitat (ERC e IC) para que nadie tome ventaja electoral de cara a las elecciones catalanas del próximo otoño. También se mimetiza con el también socialista José María Barreda, presidente de Castilla.La Mancha. Éste en relación con la candidatura ya fletada de Yebra (Guadalajara). Y aquél en relación con la candidatura de Ascó (Tarragona), si es que hoy supera las tremendas presiones recibidas durante las últimas cuarenta y ocho horas.

Dos presidentes socialistas de sendas Comunidades Autónomas se pasan por el arco del triunfo la necesitad de un ATC decretada por el Gobierno socialista de la Nación. Con el agravante de que uno de ellos, Montilla, fue quien puso en marcha el expediente para buscar un emplazamiento adecuado a los residuos nucleares. Tres años después, como president, dice que ATC sí, pero no en Cataluña. Lo mismo que Barreda: ATC, sí, pero no en sus tierras castellano-manchegas. Nadie lo quiere. Como la falsa moneda, que de mano en mano va y ninguno se la queda. Ni siquiera se la queda el PP, gran defensor de la energía nuclear pero siempre que no afecte a los intereses electorales de su secretaria general, María Dolores de Cospedal, como aspirante a la presidencia de Castilla-La Mancha.

El mercado el voto, como telón de fondo. De nuevo, la puja electoral. En vez de aportar elementos de juicio al debate, para formar el criterio de los votantes, la clase política prefiere quedarse en la explotación electoralista del incierto temor de los ciudadanos a la energía nuclear. Me parece una irresponsabilidad, pero esto es lo que hay.


El confidencial - Opinión

No en mi comunidad

Ningún dirigente territorial quiere tener cerca un almacén nuclear que se aprobó por unanimidad

Si el pleno del Ayuntamiento de Ascó (Tarragona), controlado por CiU con apoyo socialista, mantiene lo anunciado, hoy aprobará su candidatura para albergar el almacén centralizado que debe conservar los residuos nucleares de toda España, el ATC. Esa candidatura se uniría a la ya presentada por Yebra, Guadalajara. La decisión de optar al ATC es competencia municipal, según recordó ayer la ministra de Medio Ambiente. Pero tanto CiU como los socios del PSC y, finalmente ayer, el presidente catalán, el socialista José Montilla, han expresado su rechazo a que Ascó acoja dicho almacén.


El debate sobre cómo almacenar los residuos es independiente de la opción a favor o en contra de la energía nuclear. Tanto si se abren más centrales como si se cierran las existentes, sus residuos deberán ser almacenados. Hay para ello tres soluciones: mantenerlos dispersos en instalaciones anexas a las centrales, como ahora; enviarlos a almacenes ubicados en Francia, como también se hace con una parte de los residuos (lo que a partir de diciembre costará 60.000 euros al día); o construir un almacén centralizado de máxima seguridad, preferentemente donde ya haya alguna central. El Congreso aprobó en 2004, por unanimidad, instar al Gobierno a adoptar esta tercera fórmula, avalada como la más eficiente desde el punto de vista de la seguridad.

Los argumentos de Montilla, presionado por sus socios de Gobierno (uno de los cuales, ICV, amenaza con romper el tripartito), son que no hay suficiente consenso para la candidatura de Ascó y que Cataluña ya ha cubierto su cuota de solidaridad con sus centrales, que producen el 40% de la energía nuclear española. En eso coincide con su homólogo castellanomanchego, José María Barreda; la líder del PP en esa comunidad, María Dolores de Cospedal, y el convergente Artur Mas: sí a un ATC, pero no en mi comunidad.

Este doble lenguaje refleja un problema de fondo de la política española: algunos dirigentes autonómicos buscan legitimarse ante su electorado, no tanto por sus posiciones políticas (en este caso, acerca de la energía nuclear), como por la explotación de supuestos agravios frente a otros territorios y la reafirmación de la independencia respecto al poder central y el propio partido. Una estrategia en la que José Bono reveló ser un maestro.

Equilibrios que a menudo les obligan en incurrir en contradicciones. Montilla, por ejemplo, apostó por el almacén centralizado en 2004, como ministro de Industria, y en 2006 impulsó la campaña televisiva en la que invitaba a los ayuntamientos a optar al ATC. En 2008, siendo ya presidente de la Generalitat, su partido se opuso a una moción del Parlamento catalán contraria a la instalación del ATC en Cataluña. Cospedal es a un tiempo la número dos del PP nacional, fuerza que votó el ATC, y la presidenta del partido en Castilla-La Mancha, que expedientará a los concejales de Yebra por presentar su candidatura al mismo.


El País - Opinión

«Cojáimela». Por Alfonso Ussía

Santiago Amón–como Jaime Capmany con su «Diccionario de Tontos»– inició un «Diccionario de Cojos» que nunca vio la luz. Santiago era renco y tuvo a bien intentar clasificar a los suyos. Desde el «engañabaldosas» y el «cojo bicicleta» pasaba por todos los claudicantes posibles y probables. Entre ellos destacaba el «cojáimela», una especie de cojo del que decía que simulaba con pericia la dirección de su paseo, de tal modo, que al mover la pierna afectada ocultaba su intención de ir o venir. El «cojáimela» es, por lo tanto, un cojo confuso que extiende la confusión a los demás.

Antonio Mingote, que termina de cumplir sus primeros noventa y un años de vida, dibujaba plácidamente en su luminoso hogar cuando sonó el timbre de la puerta. Isabel, su mujer, ingresó en su despacho con la buena noticia. «El Gobierno, por tu brillantez y genialidad te acaba de conceder la Gran Cruz del Mérito Civil». Antonio continuó dibujando a pesar de la Gran Cruz, cuando el timbre de su dulce hogar se hizo notar de nuevo. Isabel ingresó en su despacho con la preocupante noticia. «El Ministro de Trabajo se ha querellado contigo porque has menospreciado al honesto gremio de los panaderos. Tienes que personarte ante el juez de inmediato o vendrá la Policía a buscarte». En el mismo día, el Gobierno condecoraba y amenazaba a Mingote con mandarle a los guardias simultáneamente. Un hecho confuso que extendió la confusión a los demás, principalmente a Isabel y Antonio.


El Partido Popular, hasta lo que he podido deducir a lo largo de las últimas décadas, es partidario de la energía nuclear. Los ingenieros y científicos aseguran que es la energía más limpia y segura. Los «verdes sandía» y una buena parte del retroprogresismo se muestran indocumentadamente contrarios. Apoyar la energía nuclear conlleva admitir los llamados cementerios y almacenes nucleares. El Ayuntamiento de la localidad alcarreña de Yebra, de acuerdo con su representación popular y democráticamente, ha considerado oportuno albergar un almacén de residuos nucleares en su soterra. Cinco votos de los representantes del Partido Popular contra dos de los socialistas. Existen almacenes y cementerios nucleares seguros en Francia y Alemania. Hasta ahí mandamos nuestros residuos. No es cuestión de pormenorizar ventajas e inconvenientes, sino de evitar confusiones. María Dolores de Cospedal se ha mostrado indignada con la actitud de los «populares» de Yebra, que han sido coherentes. Y Javier Arenas los ha defendido. María Dolores los quiere expedientar –¿de verdad o como a Cobo?– y ha desautorizado a Javier Arenas. En este asunto, creo que la coherencia y el sentido común están instalados con mucha más holgura en la nívea cabeza del dirigente andaluz que en la creciente belleza de la portavoz castellano-manchega. Si a estas alturas de la cosa resulta que el PP se ha posicionado en contra de la energía nuclear me barrunto que sus intereses son más electorales y demagógicos que respetuosos con su trayectoria y sus electores, que la verdad sea dicha, están siendo tratados como hielos en una coctelera. Espero con interés las noticias y el desenlace. ¡Qué derechita! ¡Cojáimelas!

La Razón - Opinión

La economía continúa sin levantar cabeza

El FMI ha vuelto nos ha vuelto a echar un jarro de agua fría en sus previsiones para este año.

La economía continúa sin levantar cabeza CUANDO el Gobierno empezaba a jactarse de una posible recuperación de la economía a partir de la próxima primavera, las malas noticias han cortado de raíz ese optimismo fundado más en los deseos que en las realidades. El pasado miércoles, el FMI arrojaba un jarro de agua fría al estimar que la economía española no saldrá de la recesión este año, con una predicción de una caída del PIB del 0,6% en 2010. El FMI pronosticaba crecimientos cercanos al 1,5% en Francia y Alemania y por encima del 2% en EEUU. Mientras se encarecía el coste de las emisiones de Deuda y se volvía a especular con una posible devaluación de la solvencia del Reino de España, el Ibex 35 caía un 5,5% en los tres últimos días de la semana, en un contexto de fuertes ventas de los inversores internacionales, que se están retirando del accionariado de las grandes compañías españolas.


Nada indica que el consumo y la inversión puedan recuperarse en los próximos meses, mientras crece la preocupación por el deterioro de las cuentas públicas, que expresa el creciente desfase entre lo que está gastando el Estado y lo que ingresa. El déficit de caja de la Administración Central se situó a finales de noviembre en 71.000 millones de euros, por lo que resulta más que previsible que el déficit del conjunto de las Administraciones del Estado haya superado el año pasado los 100.000 millones de euros, en torno al 10% del PIB. Aunque el Gobierno asegura que quiere abordar un recorte del déficit, será muy difícil que lo logre, como sus propias previsiones para 2010 indican. Los Presupuestos del Estado establecen una partida de 30.000 millones de euros para pagar subsidios de desempleo. Si a ello se añaden los 23.000 millones en concepto de intereses de la Deuda, el total de ambas partidas asciende a 53.000 millones de euros. Esta cifra supone más de la tercera parte de los 143.000 millones que el Estado espera obtener por impuestos directos e indirectos. Teniendo en cuenta que es muy posible que Hacienda no llegue a recaudar esa suma y que los gastos financieros por la Deuda van a ser más elevados con toda seguridad, nos podemos encontrar este año en una situación en la que casi el 50% de los ingresos fiscales del Estado se van a tener que dedicar a pagar intereses y desempleo. Jamás se había dado una situación tan catastrófica en nuestras cuentas públicas. El Gobierno ha anunciado un plan de austeridad para recortar el gasto, lo que suena a ironía cuando no ha hecho nada para evitar llegar a este enorme agujero negro. Por el contrario, ha firmado acuerdos como el de financiación autonómica que supondrán un importante aumento de la aportación del Estado a medio plazo al derroche de entidades regionales con ínfulas de superpotencias. En realidad, el Ejecutivo de Zapatero ha sido incapaz de acometer reformas tan esenciales como las del sistema financiero o del mercado de trabajo, que ha sido aplazada nuevamente. La única iniciativa visible ha sido el borrador de la etérea Ley de Economía Sostenible, un conjunto de buenas intenciones y de planes de futuro con nula incidencia sobre la dramática situación actual. En este contexto, resulta patético que el presidente del Gobierno se presente en Europa como el líder de una recuperación económica que no tiene visos de recalar en España. Todo indica que este año 2010 va a ser casi tan malo como el anterior, máxime cuando el abultado endeudamiento externo y el hundimiento del sector inmobiliario van a seguir pesando sobre una economía que no levanta cabeza.

El Mundo - Editorial

El Rafita. Por José García Domínguez

El pobre Rafita, a lo sumo, daría forma a un fracaso de la pedagogía moral comunitaria; en absoluto, a la muy personal e intransferible podredumbre de una soberana conciencia individual.

Parece ser que el ciudadano Rafael García Fernández, más conocido por el nombre artístico de El Rafita, ha vuelto a ser molestado por la Policía cuando en ejercicio de su libre albedrío procedía a apropiarse de un vehículo estacionado en la vía pública. Es sabido: se empieza secuestrando, violando y asesinando a una adolescente, y se puede acabar hurtando turismos sin conductor en La Latina.


Por lo demás, no recuerdo ahora si ha sido Rubalcaba o el propio Rafita quien, a raíz de la falta, ha dado en deponer, solemne, que "el sistema penal español es el más duro de Europa". Un rigor presunto, el reservado a los Rafitas por nuestra Ley, que, de existir más allá de la charlatanería al uso para consumo mediático, devendría inconstitucional. Tan inconstitucional, por cierto, como esa cadena perpetúa pero temporal, o temporal aunque perpetúa, que aún no me he aclarado, lanzada sobre el tapete electoral por el PP en las últimas horas.

Y es que, igual que la carta magna de la Albania comunista proclamó la inexistencia cierta de Dios, la española vigente proscribe de modo no menos hiperrealista la presencia del mal en el Universo. Repárese si no en la roussoniana literalidad de su artículo 25.2. Ese lacónico remedo de la autobiografía de Adán que reza: "Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados". ¿Quién dijo que fue Fraga, y no Foucault, el ponente constitucional de Alianza Popular?

El Rafita, pues, en ningún caso habría de ser castigado, ni antes ni mucho menos ahora. Al cabo, encarna a una víctima de la errada educación que se le proveyó en su día, otro fruto fatal de eso que no ha mucho procedía llamar "el sistema" con distendida naturalidad. Recuérdense las famosas "estructuras" y su interminable rosario de ineludibles imperativos sobre el humano proceder. Así, el pobre Rafita, a lo sumo, daría forma a un fracaso de la pedagogía moral comunitaria; en absoluto, a la muy personal e intransferible podredumbre de una soberana conciencia individual. Porque, al modo del mal, en verdad tampoco la voluntad existe, de creer a los sabios constituyentes. Roguemos indulgencia, entonces, al Rafita por los molestos incordios que entre todos hayamos podido causarle.


Libertad Digital - Opinión

Avisos de líos por parte de los liantes. Por Félix Ovejero

Muchos de quienes apoyaron el editorial conjunto de los periódicos catalanes negaron que constituyera una presión o coacción al Tribunal Constitucional. Se equivocaban, al menos para la teoría del lenguaje, curso primero. Una amenaza es un «argumento» muy especial. Se sostiene a pulso, en su propia invocación. No proporciona razones o las proporciona de manera esquinada. La «razón» básica, aunque no la única, para atenderla es el hecho mismo de que quien la esgrime advierte de que si no se le hace caso actuará de determinada manera. Si un editorial de este periódico afirma que «Estados Unidos podría responder si se siente provocado» está emitiendo una opinión más o menos argumentada, más o menos avalada por datos y razones. Si quien lo dice es Obama no estamos ante una opinión, sino ante una amenaza. El paso de la tercera persona a la primera convierte a la opinión en una coacción y ese paso estaba atado a la decisión misma de firmar un editorial colectivo. No era un editorial de un periódico que los demás aprobaban, sino un editorial que firmaban periódicos catalanes en tanto que catalanes y que hablaba, desde la primera línea, en nombre de la sociedad catalana, de una sociedad catalana que por medio del texto nos avisaría de lo que puede pasar si no se atienden sus requerimientos. Así las cosas, resultaban inevitables la prosa enaltecida y los sujetos imposibles, que empezaban, aunque no acababan, con la apelación a «La dignidad de Cataluña». Dignidad nacional, supongo.

Otra cosa es que la amenaza resulte creíble, que tenga fundamento. ¿A nadie le llama la atención que mientras los catalanes nos mostramos indiferentes -el único desapego perfectamente identificado- a los problemas de nuestros políticos, y sobre esto sobran los datos bien contrastados, la «sociedad civil catalana» se agite y, prietas las filas, suscriba proclamas como las recogidas en el editorial? (Para las dudas, véase, por ejemplo, el trabajo de Martínez-Herrera y Thomas Milley, "The Constitution and the politics of nacional identity in Contemporary Spain", a punto de aparecer en Nations and Nationalism), que confirma el sólido, y creciente, apoyo de los catalanes al pacto constitucional del 78, más allá de la «desafección» de sus élites políticas).

Algún día habrá que preguntar a la llamada «sociedad civil catalana» lo que ya deberíamos haber preguntado a la identidad: «¿hay alguien ahí?». Alguien más, claro, que los que pasan lista a los abajo firmantes y el que reparte las regalías, que vienen a ser los mismos. Que ese singular ecosistema es impermeable a lo que dice -o calla- la sociedad real catalana lo confirman sus lecturas eufóricamente nacionalistas de los resultados del reciente «referéndum», lecturas que deben estar haciéndose estremecer en su tumba a Galton y Pearson, los fundadores de la estadística social. A pesar del fracaso, al día siguiente, y desde entonces sin tregua, una batería de comentaristas, impermeables a la evidencia empírica, avisaban de que la larga marchar era imparable. Pierden por 10 a 0, pero ellos siguen haciendo la ola, como si tal cosa. Ateniéndose al guión.

Anticipo que no son pocas las perversiones del ideal democrático que andan por detrás de lo que está pasando con esa sociedad civil que responde a toque de pito. Algunas bastante inmediatas. Se imaginan que como presidente de mi comunidad de vecinos, elegido para cambiar las bombillas y poco más, yo anunciara públicamente que «los vecinos de Consell de Cent están a favor de la renta básica y del impuesto de sucesiones». Pues algo parecido hicieron muchos de los que suscriben el editorial, empezando por el inefable presidente del Barça, cada vez más Gil y Gil. Yo tengo un amigo, periodista colegiado, del Barça y colombiano de origen, que se abstuvo de votar el Estatut y que descubrió que había votado a favor del editorial. Tres veces: como culé, como periodista e incluso, ya ven, a cuenta de la «Fundación de Ateneos Colombianos». Empachado de sociedad civil.

Que la amenaza no resulte creíble no impide, sin embargo, que sea una amenaza. Sobre eso está casi todo el mundo de acuerdo. En primer lugar no pocos de los destinatarios. Se ha impuesto entre gentes de «Madrid» que uno conoce una resignada interpretación según la cual el Estatut es una insensatez, pero es una insensatez todavía mayor declarar su parcial inconstitucionalidad. Repárese en que las dos insensateces no son de la misma naturaleza. La primera es esencial: sencillamente alguna parte del texto es incompatible con la Constitución. Sobre eso nadie tiene duda informada y menos que nadie el Tripartit. Hasta Pérez Royo, tengo para mí. La otra insensatez es táctica, prudencial: si nos oponemos, será peor. Algo que saben bien los políticos nacionalistas. Desde hace mucho. Ellos proponen cosas desatinadas, a la luz de lo que dijeron ellos mismos no hace tanto tiempo, y sostienen que si no se aceptan sus propuestas, se va a liar una muy gorda: puro chantaje. En esos términos, ante el dilema entre la propuesta y el lío gordo, que no tiene otro sostén que su propia amenaza, ellos aparecen como moderados. Naturalmente, al poco tiempo, como ven que el método funciona, vuelta a empezar. El delirio de un día se convierte en el punto de partida innegociable del siguiente. Y en esa estamos y, que nadie se engañe, estaremos pase lo que pase con el Estatut. No especulo. Lo muestra el cómo hemos llegado hasta aquí y lo anticipan las declaraciones de los nacionalistas en las que ya dan el Estatut por amortizado. Tiren de Google si tienen dudas.

Pero que los nacionalistas adopten la estrategia del lío gordo no resulta asombroso. Les ha servido y está en la naturaleza insaciable de un proyecto político basado en la conquista, paso a paso, sin tregua, de un ámbito de soberanía. Lo inaudito es que apelen a la amenaza otros que se refieren a ella como si fueran sus víctimas pero, a la vez, actúan como sus protagonistas y pregoneros. Según ellos no cabe oponerse a una (supuesta) mayoría, a un sentimiento mayoritario. La tesis se escucha mucho por aquí y presenta dos versiones. La primera entre gentes del PSC-PSOE, empezando por el presidente de la Generalitat. Ellos invocan, como base de sus opiniones, a la mayoría para unirse a la mayoría. Como si sus propuestas no fueran con ellos. No dan razones independientes, como sucede con Convergencia o ERC. Estos primero «justifican» sus puntos de vista identitarios y, más tarde, extraen las implicaciones políticas. Con independencia de la solvencia analítica de sus puntos de vista, ese proceder resulta impecable estratégicamente. Los socialistas catalanes van a su aire. Ellos no dicen que lo que defienden esté bien o mal, sino que es lo que dice la mayoría. Una mayoría que no existiría si ellos no se sumaran a ella.
La otra versión es más llamativa por su procedencia. Se da entre algunos opinadores catalanes que han dejado escrito negro sobre blanco que el Estatut tiene graves problemas de constitucionalidad y que no responde a las preocupaciones de los catalanes y que, apenas unos meses más tarde, no apelan a otro argumento que al del lío gordo. Por acortarlo: sostienen que algo no resulta defendible, y que los catalanes no lo defienden, y, a la vez y sin un instante de sonrojo intelectual, que no hay que oponerse a ello, es más, que quien se opone es un irresponsable. Toma ya, principio de contradicción. Y toma ya, independencia de criterio. La puta y la Ramoneta, que decimos en Cataluña.

Y ahora navegantes, si tienen un momento, relean el editorial, al menos su último párrafo, ese que comienza: «Que nadie se confunda, ni malinterprete las inevitables contradicciones de la Catalunya actual. Que nadie yerre el diagnóstico, por muchos que sean los problemas, las desafecciones y los sinsabores. No estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad». Avisados quedan.

Félix Ovejero. Profesor de la Universidad de Barcelona


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