viernes, 12 de febrero de 2010

A Zapatero lo dejan fuera. Por Guillermo Dupuy

Aunque sólo fuese por cortesía diplomática ante quien ostenta la presidencia semestral de la UE, los que de verdad mandan en Europa deberían haber dejado entrar a Zapatero a esa determinante reunión, aunque sólo fuese como oyente.

Por mucho que nuestro Gobierno exagere el muy relativo voto de confianza que le ha brindado el Financial Times tras la visita de Salgado, el clamoroso desprecio que Sarkozy, Merkel y los presidentes del Consejo y la Comisión Europea han demostrado este jueves a Zapatero al dejarlo fuera del decisivo encuentro que ha diseñado el plan de ayuda a Grecia, roza la bofetada política.

Aunque sólo fuese por cortesía diplomática ante quien ostenta la presidencia semestral de la UE, los que de verdad mandan en Europa deberían haber dejado entrar a Zapatero a esa determinante reunión, aunque sólo fuese como oyente. El caso es que ni siquiera le han dejado que apareciera en la foto en el momento en que Van Rompuy y Durao Barroso han anunciado lo acordado.


Desgraciadamente, no podemos, sin embargo, reprochárselo. Una cosa es que España no sea Grecia, tal y como admite el Financial Times, y otra muy distinta que las cuentas públicas de España dejen por ello de ser alarmantes para nuestros socios comunitarios. Un presidente de un Gobierno como Zapatero, que es responsable de uno de los déficits públicos más elevados de la UE, el de mayor ritmo de crecimiento de su deuda y el del mayor número de desempleados, no es el mejor portavoz para transmitir un mensaje de rigor, seriedad y disciplina como el que se quiere transmitir y exigir a Grecia. Una cosa es –insistimos– que España no esté –todavía– tan enferma como Grecia –por ejemplo, en su nivel de endeudamiento–, y otra muy distinta que nuestro presidente de Gobierno pueda transmitir una imagen de sanador.

Téngase en cuenta que lo que el eje franco-alemán ha venido a ofrecer a Grecia en nombre de la UE es básicamente un "compromiso político" que, si bien puede llegar a ser "de solidaridad, si fuera necesario", por ahora se reduce, afortunadamente, a fiscalizar las cuentas del Gobierno griego y a exigirles que haga los deberes necesarios. Para transmitir un mensaje de esta naturaleza, la imagen de Zapatero es tan inapropiada como lo sería la de Herodes para fomentar el cuidado de la infancia.

Es por ello por lo que, a pesar de que Salgado anunciara que los españoles íbamos a ser "protagonistas de la solución", no lo hemos sido ni en la forma ni en el fondo, ni siquiera en la condición de ostentar la presidencia rotativa de la UE.

Cosa muy distinta es que, en el caso de que ese "compromiso político" exigiera en el futuro conceder a Grecia avales, préstamos u otro tipo de ayuda, el Gobierno de Zapatero sea capaz de prestar hasta el dinero que debemos con tal de figurar y sostener la ficción de que somos parte de la solución y no del problema.

Que nadie crea que exagero. Recuerden que Zapatero nada más llegar al Gobierno, y con tal de sostener la ficción de que con él nos dirigíamos al "corazón de Europa", cedió ante el eje franco-alemán todas las posiciones favorables que el Gobierno de Aznar había logrado para España en el acuerdo de Niza.

Por la foto y la propaganda, Zapatero es capaz de todo. Hasta de chuparse un desayuno de oración y hasta de recibir un balón de oxigeno –aunque sea por poco tiempo– del mismísimo Financial Times.


Libertad Digital - Opinión

Recesión o suspensión de pagos, esa es la cuestión. Por Emilio J. González

Si el Gobierno ahora defrauda las expectativas de los mercados acerca del ajuste prometido, el poco crédito que ha conseguido desaparecerá por completo y por largo tiempo.

A todos los que, como Zapatero, eligen como estrategia política la huida permanente hacia adelante en lugar de encarar los problemas, tarde o temprano se les acaba el espacio y, cuando llega ese momento, suelen encontrarse con una situación bastante peor que aquella otra que no quisieron atajar desde un principio. Por lo general, el final del camino viene marcado por algo así como la alternativa del diablo, esto es, la necesidad de escoger entre dos males, en nuestro caso, entre más recesión o la suspensión de pagos. Es lo que ahora le toca a ZP.


Esta semana el Gobierno se ha puesto de los nervios ante las dudas más que razonables de los mercados acerca de la capacidad de España para satisfacer sus compromisos con sus acreedores externos. Y en medio de paranoicas acusaciones de conspiración de los mercados contra ZP, el insigne justiciero que pretende reformarlos para que no se vuelva a repetir algo como la actual crisis financiera, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, y el secretario de estado de Economía, José Manuel Campa, tuvieron que irse apresuradamente a Londres, primero, y luego a París para tratar de convencer a los inversores internacionales y a la prensa económica más influyente del mundo de que el Ejecutivo socialista estaba firmemente comprometido a rebajar el déficit público hasta el 3% en 2007. Y para conseguir tranquilizar a los mercados, pusieron sobre la mesa un fuerte ajuste presupuestario y una promesa de verdadera reforma laboral. Ambas cosas están aún por verse.

Pero hete aquí que el Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de publicar el adelanto del PIB del cuarto trimestre, el cual, por supuesto, no sólo no es bueno, sino que demuestra una vez más hasta qué punto este Gobierno nos miente con las cifras. ¿Recuerdan a Zapatero diciéndonos hace una semana, hasta con tono poco menos que amenazador, que el crecimiento intertrimestral de la economía entre octubre y diciembre iba a ser ligeramente positivo? Pues toma nueva caída, de una décima, eso sí, más moderada que en trimestres precedentes. Claro que esa moderación tiene trampa, como explica el Banco de España, porque se debe a todos los miles de millones de euros que el Ejecutivo está tirando a espuertas con tal de mejorar las cifras de crecimiento, aunque sea de forma temporal, que es lo que está sucediendo verdaderamente. Porque sin esos estímulos de gasto público, la recesión sería más profunda de lo que ya está siendo. Y aquí viene la gran cuestión: si ahora el Gabinete retira las medidas de apoyo, la recesión volverá a ir a más, y no digamos ya los tan escandalosos como dramáticos niveles de paro, que están poniendo a la sociedad española al límite de su capacidad de resistencia. ¿Qué va a hacer entonces Zapatero? ¿Optar por más recesión, agravada y ampliada por la segunda oleada de morosidad del sector inmobiliario que se avecina? ¿Pasar olímpicamente de los mercados? Lo cierto es que ZP, en realidad, posiblemente no tiene capacidad de elección y serán otros quienes, al final, decidan por él, le guste o no. ¿Por qué?

Si el Gobierno ahora defrauda las expectativas de los mercados acerca del ajuste prometido, el poco crédito que ha conseguido desaparecerá por completo y por largo tiempo, y el castigo que van a aplicar a España será tal que el Tesoro no tendrá forma alguna de colocar los cientos de miles de millones de deuda pública que tiene que emitir este año. Sin ese dinero, o Zapatero corta de raíz los estímulos presupuestarios al crecimiento económico, por no hablar de la falta de capacidad para seguir financiando sus mal llamadas políticas sociales, y deja que la recesión empeore, o declara la suspensión de pagos del Reino de España. Esa es la cuestión. ¿Qué haría un político racional? Optar por el agravamiento de la recesión, porque de ella se acaba por salir, mientras pone en marcha las reformas y el ajuste que necesita este país y se dejan de ocultar como sea dos realidades que no quiere ver este Gobierno: que buena parte del sector inmobiliario está quebrado y que lo mismo ocurre con un buen número de entidades crediticias. Porque de lo que no se sale tan fácilmente es de las consecuencias de una suspensión de pagos, que implican largos años sin acceso a la financiación internacional y, por tanto, de depresión y altos niveles de paro y miseria. Pero claro, eso es lo que haría un político racional. Sin embargo, conociendo como conocemos ya a ZP, la racionalidad es algo que ya no se le puede suponer.


Libertad Digital - Opinión

Mucho cariño, pero ni un duro. Por Fernando Fernández

LA Unión Europea, es decir Francia y Alemania con la presencia física de Von Rompuy y la desaparición planetaria del presidente de turno, han hecho exhibición de solidaridad con Grecia pero le han negado dinero contante y sonante. Las bolsas europeas han vuelto a caer y el euro a depreciarse frente al dólar. La opinión dominante será probablemente hoy un lamento generalizado sobre la incapacidad política de Europa. Yo sin embargo me alegro, aunque se note el efecto Zapatero, en la pésima gestión del problema heleno.

Orgullo y contagio eran las razones aducidas para justificar el incumplimiento material del Tratado de Maastricht. Europa no puede permitir que el FMI tenga que rescatar a uno de los suyos. Lo hemos leído estos días hasta la saciedad, incluso en la prensa británica normalmente poco proclive a efluvios europeístas, olvidando que ya lo ha hecho en el caso de Letonia, Rumania y Bulgaria pero estos parecen ser socios menores, de segunda hornada que no pueden esperar un trato preferencial. Yo pienso sin embargo que la doctrina Monroe es una peligrosa excursión histórica que nos hace retroceder en el necesario multilateralismo y que acabaría a medio plazo con el propio FMI, al que el por cierto el G-20 acaba de poner en el centro de la nueva arquitectura financiera. ¿Qué impediría a los asiáticos a crear un Fondo asiático si les sobran las reservas internacionales?, ¿por qué iba a permitir EEUU que los europeos intervinieran en su patio trasero? Aparte de que una intervención europea en Grecia supondría, para tener alguna posibilidad de éxito, una injerencia directa en la soberanía fiscal de ese país que cambiaría la percepción de Europa de ser el tío rico en América al cobrador del frac.

El riesgo sistémico se nutre del síndrome Lehmann Brothers. Se afirma generalmente que la Reserva Federal americana se equivocó dejando caer a ese banco y precipitó urbi et orbi la crisis financiera. Lo mismo se dice de Grecia, que el problema no es el pequeño país heleno sino el miedo a que su suspensión de pagos pueda contagiar a países europeos que tienen buenos fundamentales -no quiero citar a ninguno para que no me acusen de conspirador antipatriota-. Es un argumento irrebatible porque no hay contra factual posible, pero no acabo de comprender por qué un país que tiene problemas de liquidez, si ajusta gastos y aumenta ingresos va a tener que suspender pagos. Y si no cumple, ¿por qué hay qué rescatarlo?, ¿por qué tienen los contribuyentes europeos que pagar su irresponsabilidad? La Unión Monetaria puede funcionar perfectamente con diferenciales de tipos de interés elevados entre los distintos países, porque la desaparición del riesgo de tipo de cambio no implica que no exista riesgo de impago, que se lo digan a las cajas que han prestado al inmobiliario. Otra cosa es que en la locura colectiva de dinero fácil en el que estábamos todos instalados antes de la crisis y en el frenesí de gasto público en el que han entrado muchos gobiernos para intentar aplazar las inevitables consecuencias de esa misma crisis, pareciera que todo el monte era orégano y nadie tendría que pagar.

Ayer el Consejo de la Unión tomó una decisión correcta que ha evitado un peligroso desplazamiento por la vía de facto, y sin consulta a los ciudadanos, hacia la pérdida de soberanía fiscal, un alejamiento definitivo de los países anglófilos del proyecto europeo y el encarecimiento a medio plazo del coste de financiación para las empresas europeas y para todos los países que se comporten con responsabilidad fiscal, porque la prima de riesgo ya no tiene que incorporar el coste de los posibles rescates. La puesta en escena ha sido pésima, imperdonable, pero si el daño resultante es una cierta debilidad del euro, bienvenida sea. Ahora sólo queda mantener el tipo y no ceder como hizo la Fed con la aseguradora AIG. El mercado pondrá a prueba la solidez de las convicciones europeas.


ABC - Opinión

Otra vez la pérfida Albión. Por Emilio Campmany

Muchos españoles creen que nada importa mientras Zapatero atienda a sus necesidades con subsidios, sin darse cuenta de que el saco de donde los saca está a punto de quedarse vacío. Es imposible que ZP haga lo que hay que hacer porque no cree en ello.

Hay que ver lo poco que dura la alegría en la casa del pobre. Hace unas horas, la ministra Salgado le enseñaba orgullosa a su señorito el editorial que había comprado para él al Financial Times y enseguida va y viene otro acorazado del mismo grupo editorial, el The Economist, y le mete un sartenazo de cuidado al pobre Zapatero, que no gana para disgustos. Parece mentira que los españoles no escarmentemos. Lo de la "pérfida Albión" no es broma, es una verdad como un templo. Los prusianos lo saben desde la Guerra de los Siete Años y nosotros deberíamos saberlo desde mucho antes, desde los tiempos de las guerras entre Francisco I y Carlos V, cuando Enrique VIII cambiaba de aliado con más facilidad que cambiaba de esposa. Debe ser que en Pearson tienen por costumbre que su mano derecha (The Economist) no sepa lo que toma su mano izquierda (Financial Times).


No sabemos cuánto nos habrá costado que el periódico económico haya recordado la obviedad de que España no es Grecia. Lo que es seguro es que no ha sido suficiente para callarle la boca a la influyente revista del mismo grupo. Su editorial dice lo mismo, que España no es Grecia, pero añade: "Colaboradores de Zapatero (...) afirman que España está siendo víctima no sólo de un ataque especulativo, sino también de una conspiración encabezada por la prensa anglo-sajona para destruir el euro. A estas tonterías sólo se puede responder una cosa: madura". Y dice más: Zapatero "se ha dedicado a repartir dinero público, subir las pensiones y los sueldos de los funcionarios mientras rehuía la reforma. Los mercados se han dado cuenta de que, si insiste en este camino, será la ruina. Van un paso por delante del Gobierno, que ha reaccionado con aturdida confusión, lanzando abruptamente un plan de austeridad y un vago proyecto de reforma del mercado laboral sólo para retirarlos al primer atisbo de protesta".

Bien. Con estos amigos ¿quién necesita enemigos? La verdad es que tanto el periódico como la revista no han hecho otra cosa que decir, con mayor o menor amabilidad según haya sido con o sin visita de Salgado y sus mercedes, lo que todos sabemos, que Zapatero está a punto de arruinarnos. Muchos españoles creen que eso no importa mientras Zapatero atienda a sus necesidades con subsidios, sin darse cuenta de que el saco de donde los saca está a punto de quedarse vacío. Y es que es imposible que Zapatero haga lo que hay que hacer porque no cree en ello. Sólo le importa subsidiar a quienes él cree que tienen que votarle. Eso y convencerles de que, si gobernara la derecha, los abandonaría a su suerte.

Con todo, lo que más le habrá gustado a nuestro presidente del artículo es lo que la revista británica le dice al final. Después de hablarle de la necesidad de alcanzar acuerdos con los sindicatos, la patronal y la oposición, le menta a Felipe González y su capacidad de estadista, y finalmente escribe: "Sólo tiene unos meses para demostrar que puede tomar las decisiones necesarias para evitar años de estancamiento. (...) Si él no se siente capaz de hacerlo, muchos en su propio partido, como el resto de los corrientes españoles, pueden empezar a preguntarse por qué es él quien ocupa el palacio de la Moncloa". ¿Con quién han hablado los de The Economist? Seguro que es alguien de arriba.


Libertad Digital - Opinión

Dictadura del funcionariado. Por M. Martín Ferrand

YORGOS Papandreu, de los Papandreu socialistas de toda la vida, le ha prometido a la Unión Europea un drástico plan de austeridad para Grecia. Angela Merkel y Nicolas Sarkozy -la Europa que prospera- se han apresurado a encabezar una operación, más benéfica que beatífica, que ayude a la salvación de un Estado que, por ser parte del euro, a todos conviene su estabilidad. Es muy posible que si Papandreu padre, Andreas, no hubiera derivado hacia el socialismo durante su largo exilio en los EE.UU., y hubiera vuelto a Atenas para fundar una versión liberal de su PASOK (Movimiento Socialista Panhelénico) la historia griega de estos últimos treinta años hubiera sido muy distinta e, incluso, hubiera podido superar con holgura la mala herencia que, germinada por el fascismo de Metaxas, se asentó en el país tras su colaboracionismo nazi tras la II Gran Guerra; pero la libertad, especialmente en sus expresiones políticas y económicas, resulta incómoda incluso en la tierra en la que el hombre aprendió a pensar y en la que se fundamenta la raíz europea.

Naturalmente, los primeros en reaccionar contra las medidas de austeridad proclamadas por Papandreu han sido los funcionarios, esa casta que tiende a esclerotizar al Viejo Continente y que, con más derechos que obligaciones, se ha adueñado de la propiedad de su puesto de trabajo, al que incluso considera hereditario, y pretende vivir sin la incertidumbre que acompaña a los ciudadanos que, con sus impuestos, les retribuyen y mantienen. El sector público helénico no está dispuesto a soportar el veinte por ciento de rebaja salarial que, según los cálculos gubernamentales, resulta imprescindible para que el Estado pueda reducir su déficit y adelgazar su endeudamiento en los niveles que exige la eurozona.

Es una de las grandes paradojas contemporáneas. Los llamados servidores públicos no quieren servir, pretenden ser servidos. Es una nueva revolución a la que habrán de enfrentarse, empujados por la crisis, los gobiernos continentales que han hecho bandera del Estado del bienestar y, con ello, de la dictadura del funcionariado. Aquí, en España, ha dicho Elena Salgado que «no está previsto tocar el sueldo de los funcionarios» y, al tiempo, anuncia la vicepresidenta que tendremos «protagonismo» en la ayuda a Grecia. Habrá que preguntarle a Salgado, como a la chica del cuplé de Olga Ramos: «¿De dónde saca pa tanto como destaca?».


ABC - Opinión

Garzón, garzonada, garzonazos, garzibruptos… ¡Bravo por el juez Varela! Por Federico Quevedo

Que por fin un juez haya puesto en su sitio al magistrado Baltasar Garzón es un rayo de luz que aporta esperanza en el oscuro mundo de una justicia dependiente y entregada a la arbitrariedad del poder. Que por fin un juez haya puesto en su sitio al magistrado Baltasar Garzón es una satisfacción para todos aquellos que creemos que la justicia no puede aplicarse bajo el criterio del interés personal y espurio, sino que debe ser el fruto de una acción imparcial e igual para todos.

Pero que por fin un juez haya puesto en su sitio al magistrado Baltasar Garzón supone el reconocimiento de que, en efecto, la justicia en este país no es ni imparcial, ni independiente, ni igual para todos, porque no se aplica con la misma vara de medir la justicia a un juez que a un particular: el primero, en este caso Garzón, ha estado protegido siempre por un exceso de corporativismo que le ha librado durante demasiado tiempo de tener que dar cuenta de sus excesos. Pero el ‘caso Garzón’ va más allá de la personalidad del propio juez, porque pone de manifiesto hasta que punto nuestra Justicia, con mayúsculas, necesita de una revisión urgente ante su grave estado de corrupción que la afecta como un cáncer cuya metástasis se extiende imparable por todas sus ramificaciones.

El ‘caso Garzón’ no es más que la punta del iceberg de esa enfermedad que ataca al cuerpo jurídico de este Estado de Derecho, y estando enfermo el cuerpo jurídico, el Estado de Derecho se resiente inevitablemente de los males de esa enfermedad. Males que pueden citarse en cómo jueces y fiscales compadrean en famosas cacerías acompañados de ministros del ramo; en cómo la Fiscalía actúa con una absoluta arbitrariedad al servicio de los intereses del Gobierno de turno, en lugar de servir al Estado que le da cobijo y al interés general; en cómo se permite a magistrados bajo sospecha llevar adelante procesos sumariales que no les pertenecen, y jugar con ellos como el que juega a la ruleta rusa pero apuntando a la sien contraria; en cómo se mira para otro lado ante casos clamorosos de prevaricación; en cómo se permite a ‘magistrados estrella’ utilizar a los medios de comunicación en provecho propio; en cómo mientras todo eso ocurre en los juzgados de la Audiencia Nacional se amontonan casos que nunca tendrán reconocimiento mediático y, por tanto, son conscientemente desplazados por los jueces que deberían instruirlos…

Lo políticamente correcto

¿Puede un juez abrir un proceso sumarial para el que no tiene competencias y escabullirse de las consecuencias? ¿Puede un juez recibir dinero de un banco –el Santander- sobre el que tiene que tomar una decisión judicialmente grave para esa entidad? ¿Puede un juez permitir que se graben conversaciones entre clientes y abogados sin mediar la premura de la lucha contra el terrorismo? ¿Puede un juez irse de cacería con las partes implicadas en un caso claro de persecución política? ¿Puede un juez ver como partes importantes de ese sumario se filtran a la prensa sin hacer nada para evitarlo? ¿Puede un juez, en definitiva, instruir un sumario contra un partido político del que ha sido adversario y además lo ha dicho en público? ¿Puede un juez que ha participado de la política volver a la judicatura? Todas esas son las cuestiones que, de alguna manera, se están poniendo sobre la mesa en la causa que contra Garzón se instruye en el Supremo, y por eso es tan importante el auto del juez Luciano Varela: ha puesto el dedo en la llaga de la realidad que rodea a Garzón al señalar la presunta prevaricación que rodea todos sus actos, y al establecer que como ocurriría con cualquier otro imputado en una causa debe ser apartado de su cargo. ¿No exigimos lo mismo cuando se imputa a un responsable político?

La Fiscalía, sin embargo, ha acudido en ayuda del juez que tanto servicio ha hecho a la causa del totalitarismo en este país, vulnerando las reglas del juego y sirviéndose de la justicia para utilizarla contra el adversario político. Eso es lo que pone de manifiesto hasta qué punto las distintas arterias por las que debería viajar la sangre limpia de una Justicia independiente para todos, se encuentra aquejadas de una leucemia que mata las células sanas de esa sangre y la ensucia y pervierte al servicio de la arbitrariedad del poder.

El juez Varela, por ser además un juez progresista, tiene el mérito de no haberse dejado llevar por lo políticamente correcto y haber actuado con una absoluta independencia de criterio, y eso es muy de agradecer. No lo hizo así el CGPJ durante mucho tiempo, pero va siendo hora de que deje atrás ese mal entendido corporativismo y por el bien de la Justicia y del Estado de Derecho empiece a tomar cartas en el asunto de muchos males que la aquejan. Empezando por apartar al juez Garzón de un puesto al que nunca debió de haber accedido.


El Confidencial - Opinión

¿Un pacto de qué Estado? Por Ignacio Camacho

PARA hacer un pacto de Estado, aunque sea sobre la economía y el empleo, lo primero que hay que tener es una idea más o menos común del Estado. La crisis política española es de tal envergadura que ni siquiera existe ese concepto elemental en torno al que se puedan acercar los distintos partidos, porque el zapaterismo ha destruido los consensos vigentes desde la Transición hasta poner en cuestión la estructura del Estado mismo, la idea de la nación como ámbito igualitario de convivencia. En este momento los socialistas, los populares y los nacionalistas no están en condiciones de acordar ninguna política para España porque antes tendrían que ponerse de acuerdo sobre qué es España. El conflicto sobre la estructura y el modelo territorial interfiere incluso la toma de medidas contra la recesión; el Estado central propiamente dicho, es decir, la Administración bajo la dirección del Gobierno, apenas controla el 25 por ciento del total de un gasto público en el que las autonomías campan como por viña sin vallado.

El prestigio de los grandes acuerdos políticos y sociales arraigó en el imaginario colectivo durante el tiempo liminar en que alboreaba la democracia, pero ese espíritu de concordia generosa y transversal es el que Zapatero se ha empeñado en liquidar durante seis años de gratuito trincherismo. Aun zarandeado por una crisis que pasó directamente de negar a darla por superada con idéntica contumacia en el error, el presidente se empeña en establecer líneas ideológicas a la hora de combatir el paro: cree que hay un desempleo liberal y otro socialdemócrata. En esas condiciones ya puede clamar por un pacto el pueblo, la prensa o el Rey, que ayer volvió a retomar el discurso de Nochebuena. Todo es prédica en desierto; para que exista un acuerdo tiene que estar dispuesto a ceder en primer lugar el que tiene la responsabilidad de aplicarlo... que es precisamente el que más ahínco ha puesto en establecer diferencias y el que más se ha negado a aceptar sugerencias, consejos y propuestas.

Todavía a día de hoy Zapatero está convencido de que su política de subsidios, que él confunde con derechos, va a sacar al país de la recesión y le servirá para vencer al PP acusándolo de antipatriotismo apocalíptico; le interesa más derrotar al adversario que a la crisis. Por su parte, la oposición tiene motivos para desconfiar del hombre que hasta ahora no ha hecho otra cosa que engañarla, y al que ya considera un problema tan grave o mayor que el de la economía. Seis años de cainismo fundamentalista han dejado demasiadas heridas y han provocado un colapso político que se ha llevado por delante la mínima confianza institucional propia de un orden democrático. La recuperación de ese espacio de encuentro es primordial, pero no parece próxima; el primer objetivo de un acuerdo de Estado tendría que ser el de que siga existiendo el Estado.


ABC - Opinión

El circo internacional de Baltasar. Por Cristina Losada

Décadas después de la Transición todavía hay quienes creen, y quienes quieren hacer creer, que hablar o escribir sobre la Guerra Civil y el franquismo era tabú hasta que llegó el gran Zapatero.

Garzón ha movilizado a magistrados de distintos países para que le salven de un tirón de orejas. España, da a entender el juez cazador, carece de un sistema judicial comme il faut y han de venir de fuera a enseñarnos. Desde luego que la justicia española padece de patologías graves y una de ellas, llamémosla politización, permite que individuos como el mentado hagan carrera y dinero. Pero la citación de ese "selecto grupo" de "juristas de enorme prestigio" encierra una acusación más grave. Sugiere que son necesarios observadores internacionales en todo cuanto se relacione con el franquismo, pues nuestra democracia aún sigue bajo su sombra negra. Y pretende significar que la instrucción contra Garzón por parte del Supremo es una venganza por su valeroso intento de sentar en el banquillo al cadáver de Franco. Eso, si el general estaba muerto, cosa de la que dudaba el juez estrella.


Tal es la estrategia de Garzón y sus aliados circunstanciales, y dada la vigencia de la leyenda negra por el ancho mundo, es posible que engañe a más de uno allende las fronteras. Décadas después de la Transición todavía hay quienes creen, y quienes quieren hacer creer, que hablar o escribir sobre la Guerra Civil y el franquismo era tabú, que la gente vivía en el miedo a las represalias, que las víctimas "republicanas" de la contienda carecían de derechos y que los familiares tenían prohibido buscar los restos de los desaparecidos hasta que llegó el gran Zapatero. Y, claro, hasta la entrada en escena de Garzón, el héroe que iba a castigar a los culpables con un retraso tan considerable como sospechoso, el único que no se arredraba ante el oscuro y enorme poder de los fascistas que pueblan, más o menos disfrazados, las tierras e instituciones de España.

Como para apuntalar ese esperpéntico retrato de la democracia y la justicia españolas, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel de Juanes, va y dice que en el caso "subyacen planteamientos ideológicos previos". Confieso mi preocupación y diversión ante las disensiones que se observan entre los dizque progresistas de Jueces para la Democracia. De Juanes es miembro, pero también Luciano Varela, el que quiere acusar de prevaricación al ídolo del antifranquismo retrospectivo. Sus contradicciones, sin embargo, son triviales al lado de las del Gobierno, que tras atizar el fuego del resentimiento y revivir odios obsoletos, frenó la mascarada de Garzón en seco. Que juzguen a Zapatero y su fiscal por impedir que se procese a los huesos de Franco, Mola y Queipo de Llano.


Libertad Digital - Opinión

No olvidar a las víctimas

HUBO un tiempo en que el Gobierno no tenía problemas de agenda para acompañar a las víctimas del terrorismo en sus encuentros y actos. Lamentablemente, Rodríguez Zapatero no ha tenido hueco para asistir a ninguno de los Congresos de Víctimas del Terrorismo organizados por la Universidad San Pablo CEU. El último comenzó ayer, en Salamanca, y sólo gracias a la indignación de la víctimas, la vicepresidenta Primera del Gobierno rectificó a última hora el primer error de enviar sólo a la subsecretaria de Justicia -dignísimo cargo, pero insuficiente- y comunicó que el ministro de Justicia acompañaría a los Príncipes de Asturias durante la inauguración. Ni el presidente del Gobierno -que ni ha disculpado su ausencia-, ni uno de los tres vicepresidentes, ni el ministro del Interior. Sobrevenidos de agenda, sin duda.

No es nueva esta insensibilidad del Gobierno hacia las asociaciones de víctimas, especialmente a las víctimas de ETA, porque a otras víctimas dedicaron tiempo, gestos y discursos generosos y oportunistas cuando era políticamente necesario. Pero las víctimas de ETA molestaban, por un lado, porque se las asociaba al Partido Popular, cuyos gobiernos sí hicieron real el principio de memoria, dignidad y justicia; por otro, porque eran el escollo más difícil para el infamante proceso de negociación con ETA. Enhorabuena al Gobierno por sus éxitos contra ETA, pero el trato a las víctimas de ETA es inaceptable.

Las víctimas de ETA y del terror islamista son ejemplares, auténticos modelos de los mejores valores de la democracia y la paz. Para un Gobierno que se llena la boca con diálogo, consenso y pacifismo, estas víctimas tendrían que ser su prioridad, porque nunca han pedido venganza, no se han apartado de la ley, no han buscado justicia fuera de los tribunales. Estas víctimas representan la virtud cívica máxima a la que puede aspirar una sociedad basada en la convivencia y en la legalidad. Lo que no les ha fallado -nunca les ha fallado- ha sido la Corona, representada por los Príncipes de Asturias, cuyo afecto tanto reconforta a las víctimas, porque es el de todos los españoles.


ABC - Editorial

Ejercicio responsable

La cumbre europea se compromete a no dejar caer a ningún socio en la suspensión de pagos.

Los dirigentes de los países del euro tomaron ayer una decisión colectiva de gran calado: no dejarán caer en la suspensión de pagos a ninguno de sus miembros. Ni a Grecia ni a ningún otro. Esta voluntad política puede y debería salvar la primera crisis especulativa a la que se enfrenta el euro en su decenio largo de historia. Para ello, los ministros del eurogrupo saben traducirla en medidas concretas y eficaces. Supone, en todo caso, un giro en la deriva declinante y dispersa que la UE viene registrando desde hace años.


El compromiso sobre el papel es claro. Adoptarán "medidas decididas y coordinadas, si es necesario, para salvaguardar la zona euro en su conjunto". Y de efectos sustanciales, pues responde a todas las grandes incógnitas suscitadas en los últimos días. Quedan, pues, despejadas las dudas sobre si el nuevo Tratado de Lisboa permite o no una operación de rescate: la permite. Envía a los mercados una señal clara de que habrá reacción rápida para evitar desgastes: no es una anécdota menor a estos efectos que la reunión preparatoria de los ministros de Economía se desarrollase por videoconferencia. Y compromete a los socios a intervenir colectivamente y resolver el posible problema por sí solos, sin transferir responsabilidades al FMI, para desgracia de los euroescépticos, encabezados por Reino Unido.

Se engañarán los mercados si interpretan que la ausencia de mención a instrumentos concretos devalúa esa explícita voluntad política. Mal podía decidirse ya qué método de ayuda usar para un país en peligro, como Grecia, si éste aún no la ha solicitado. Los instrumentos pueden ser múltiples, desde el aval a la deuda del país débil hasta la compra de bonos (aunque no por el BCE), pasando por créditos del BEI o adelantos con cargo a los fondos estructurales. Pero tampoco conviene demorarse mucho.

Al mismo tiempo, los líderes han despejado otro peligro, la percepción de que un sistema genérico de ayuda y no ad hoc (como se prefigura) indujese a los Estados más incumplidores a relajarse. El apoyo rotundo a Grecia se condiciona a que haga "todo lo necesario" y más para cumplir sus compromisos de austeridad. No es un cheque en blanco, sino una severa exigencia, que ya está costando al Gobierno de Papandreu revueltas sociales.

El protagonismo de Francia y Alemania (y el perfil demasiado bajo de la presidencia española) apunta al poco deseable esquema del directorio europeo. Pero cuenta con el atenuante de que ambos países son los únicos capaces de encabezar hoy cualquier rescate. Los Veintisiete adoptaron otra decisión importante, impulsada por su presidente, el discreto Van Rompuy: un programa de política económica inmediata, con medidas selectivas en vez de enciclopédicas, y estímulos o premios vinculantes. Es una idea para avanzar hacia un gobierno económico común mejor que la inane retórica de los papeles preparados por la Comisión para sustituir a la fracasada Agenda de Lisboa.


El País - Editorial

La última oportunidad de un gran pacto

La comparecencia de Zapatero y Rajoy en el Congreso la próxima semana debería servir para impulsar un acuerdo de Estado contra la crisis.

LA PRESIÓN política sobre el presidente del Gobierno para que impulse un pacto de Estado contra la crisis está arreciando después de constatarse que la economía española sigue en recesión -el PIB se contrajo un 0,1% en el último trimestre de 2009-, que el paro sigue creciendo, que el déficit está disparado y que los mercados internacionales castigan nuestras emisiones de deuda pública. El propio Rey instó ayer a la consecución de este pacto diciendo que «es hora de grandes esfuerzos y amplios acuerdos» para superar la crisis. No es la primera vez que Don Juan Carlos demanda esfuerzo y generosidad al Gobierno y a la oposición para este acuerdo -lo hizo también en el último mensaje de Navidad- pero en esta ocasión sus palabras adquieren un especial significado, habida cuenta de que la situación económica no sólo no mejora, sino que empeora con el paso del tiempo.


La idea del pacto ha sido resucitada esta semana formalmente por CiU -que ha visto la oportunidad de recuperar la centralidad perdida- y propuesta a Zapatero por sus portavoces en las sesiones de control. Duran Lleida llegó incluso a entrevistarse con Rajoy para hablar del asunto y al terminar dijo que ni el Gobierno ni el PP eran proclives al acuerdo. Zapatero lo ha rechazado hasta la fecha alegando que «razones ideológicas» le impiden pactar con el PP en materia económica.

Este periódico viene defendiendo editorialmente desde el comienzo de la crisis la necesidad de unos nuevos pactos de La Moncloa. A nadie se le oculta que hubiera sido más fácil hace un año y medio, sin elecciones a la vista, que ahora, cuando hay unas catalanas en otoño y unas autonómicas y municipales el año que viene. Aunque José Bono dice con gran voluntarismo que prefiere «ganar las batallas que se libran en favor de los ciudadanos que ganar las elecciones» no todos piensan lo mismo en su partido.

No obstante, podría haber una oportunidad para el pacto si realmente Zapatero estuviera dispuesto a dar un giro a su política económica impulsando un severo plan de ajuste para reducir el déficit público y una reforma para flexibilizar el mercado de trabajo. La iniciativa del Grupo Socialista que anunció ayer una ronda de contactos con el resto de las fuerzas parlamentarias para explorar la posibilidad de un entendimiento podría indicar un cambio de posición, aunque también es posible que se trate de una maniobra de distracción para quedar bien ante los ciudadanos que reclaman por abrumadora mayoría este pacto. De momento, las declaraciones formuladas ayer tanto por la vicepresidenta Salgado como por Zapatero son preocupantes, ya que el Gobierno puede tener la tentación de creer que el respiro que le han dado los mercados ha resuelto sus problemas. La ministra de Economía señaló que no tiene intención de «tocar» el sueldo de los funcionarios -cuando sería necesario al menos congelarlo en cualquier plan de ajuste de las finanzas públicas- y el presidente manifestó que el debate sobre el déficit público español «ha quedado superado».

A Zapatero le corresponde, pues, aclarar cuál es su posición y tiene una oportunidad -la última- en su comparecencia de la próxima semana en el Congreso. Si él hace una propuesta clara, todo el mundo, sobre todo el PP, tendrá que retratarse. Sería impensable que el PP se negara a respaldar un recorte del gasto público o una reforma laboral profunda. Los gobernantes son los que deben tomar la iniciativa, como ha hecho Barreda, el presidente socialista castellano-manchego que ha propuesto a Cospedal un pacto de «gobernabilidad» de la comunidad para una situación de «emergencia». Porque no cabe engañarse. Los pactos de Estado son para exigir sacrificios a los ciudadanos y eso suele ser impopular.


El Mundo - Editorial

¿Pacto de Estado? Dimisión de Zapatero

Cuando el único acuerdo que ha cumplido Zapatero es el del Tinell, que consistía precisamente en excluir al PP de todas las instituciones, considerar que puede ser el llamado a alcanzar unos segundos Pactos de la Moncloa es algo sumamente ingenuo.

Mientras el debate se centraba en la conveniencia de una moción de censura, o la convocatoria de elecciones anticipadas, el Rey ha reclamado un pacto de Estado para superar la crisis. En su literalidad, no podemos sino suscribir sus palabras. No cabe duda de que muchas de las medidas necesarias para salir cuanto antes y en la mejor disposición de la grave situación económica en que se encuentra España sólo son posibles, por su impopularidad, mediante un acuerdo entre los dos grandes partidos.


Los problemas de España –el paro, el déficit...– no se han solucionado por mucho que esta semana los mercados no nos hayan castigado tanto. Nuestro país necesita reformas en el mercado laboral, el sistema de pensiones y, también, la estructura del Estado, pues en momentos como éste se revela en toda su crudeza la dificultad de contener el gasto cuando las autonomías sólo tienen incentivos para gastar, ya que no son ellas quienes recaudan los impuestos ni quienes deben subirlos para hacerse cargo de sus déficit. Sólo con reformas de esta envergadura se recuperará la confianza de los inversores extranjeros que, no lo olvidemos, son quienes han financiado el gran crecimiento económico del que hemos disfrutado antes de la crisis, y cuya huida supondría nuestra quiebra o, más probablemente, el salvamento por parte del resto de la Unión. Un rescate que, desde luego, no nos saldría gratis.

Desgraciadamente, por más que sea imprescindible, no parece que nos encontremos en la mejor situación para un pacto de esta naturaleza. Llegar a un acuerdo no es un objetivo en sí mismo; lo realmente crucial es el contenido del mismo y la voluntad de las partes en llevarlo a buen término. Y es necesario un verdadero acto de fe para creer que con Zapatero al frente del Gobierno pueda cumplirse un pacto que tome medidas necesarias, pero completamente contrarias a lo que lleva predicando desde que llegó al poder.

Como ha recordado Rajoy, Zapatero ya se negó a llegar a acuerdos en materia económica por motivos ideológicos, de modo que resulta difícil verlo liderar un gran pacto de Estado que, entre otras cosas, reduciría lo que su ideario denomina "derechos sociales". Por otro lado, los compromisos alcanzados con el PP mientras dirigía el PSOE, el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo y el Pacto por la reforma de Justicia, fueron violados por Zapatero en cuanto se le presentó la oportunidad. Cuando el único acuerdo que ha cumplido Zapatero es el del Tinell, que consistía precisamente en excluir al PP de todas las instituciones, considerar que puede ser el hombre de estado llamado a alcanzar unos segundos Pactos de la Moncloa es, en el mejor de los casos, sumamente ingenuo; en el peor, una nueva forma de dar oxígeno a un Gobierno moribundo.

El Gobierno –que, no lo olvidemos, suele al menos conocer de antemano el contenido de los discursos del Rey– tiene todas las razones del mundo por querer alcanzar un pacto con la oposición que lo blinde ante las críticas y le permita diluir su responsabilidad. Pero un acuerdo de esta naturaleza requiere que quienes lo firmen estén convencidos de su bondad; Zapatero ha demostrado que no está por la labor, vista la nula firmeza con la que ha defendido la propuesta de reforma de las pensiones.

Sin duda, lo más adecuado para salir de la crisis de la forma menos mala pasa por un pacto de estado o un gobierno de coalición que permita hacer lo que debe hacerse. Pero sea cual sea la solución debe estar dirigida por una persona que, pertenezca a unas siglas o a otras, merezca la confianza de los dos grandes partidos y de la mayoría de sus militantes y votantes. Zapatero ha demostrado durante todos y cada uno de sus días al frente del Ejecutivo que no es el hombre adecuado. Y aunque su primera reacción ha sido sin duda acertada, es de temer que Rajoy acuda –como ha hecho en anteriores ocasiones en esta legislatura– al auxilio del Gobierno. No debería, a no ser que el pacto no sea un acuerdo descafeinado tanto en sus contenidos como en la forma de llevarlos a cabo.


Libertad Digital - Editorial

Lo que va de España a Grecia

ESPAÑA no es Grecia, pero desde luego tampoco es Alemania. El presidente del Gobierno tiene pocas razones para sustentar el triunfalismo con el que ha adornado su participación en la cumbre informal de Bruselas, porque los problemas de la economía española no se resolverán ignorándolos sólo porque un periódico británico publique un editorial más condescendiente que de costumbre. En Bruselas, los Veintisiete han trazado un plan de rescate -por el momento sin dinero contante y sonante sobre la mesa- pensando en el caso griego, pero también en cualquier otro país que dentro de la zona euro pudiera necesitar ayuda de emergencia, porque es evidente que además de Grecia hay otras economías que no están pasando su mejor momento. El mensaje de la cumbre es que los dos grandes, Francia y Alemania, no dejarán caer a los países que tengan problemas, pero que también estos están obligados a tomar las medidas necesarias para que esa ayuda tenga los efectos deseados. Es decir, que todas las menciones a una mayor coordinación de las políticas macroeconómicas de los países de la zona euro significan que el Gobierno español también se está comprometiendo a aceptar seguir las directrices que han tomado los países que ya han salido de la crisis, por más dolorosas o impopulares que le parezcan.

La economía española no va bien, como demuestran los datos sobre déficit presupuestario, la ausencia de crecimiento y la impresionante cifra de parados. Si antes no había que creer a los que La Monloa consideraba como agentes de una conjura, tampoco es necesario apoyarse en lo que dicen ahora, porque una visita a Lóndres de la vicepresidenta Salgado puede tener efectos puntuales en la imagen de su gestión, pero no ha cambiado en nada los hechos. Y si España fuera, como se empeñan en decir desde el Gobierno, «parte de la solución y no parte del problema», entonces el presidente del Gobierno habría estado junto a Angela Merkel y Nicolas Sarkozy tomando las decisiones esenciales para diseñar el plan de salvamento de las economías más débiles. La estrategia de negar que sea necesario tomar medidas de calado es como la de ignorar la existencia de la crisis, que ya sabemos dónde nos ha situado. A España, igual que a Grecia, le han dicho en Bruselas que debe hacer los deberes, empezando por reducir el déficit presupuestario, tanto si quiere ser parte de la solución como si se empeña en seguir siendo parte del problema.

ABC - Editorial