viernes, 26 de febrero de 2010

El costo del asesinato de Zapata Tamayo. Por Carlos Alberto Montañés

«Hoy, 25 de febrero, lo enterramos». Lo gritaba Reyna, la madre desesperada.

La cadena SER de Cataluña la entrevistaba. Era como una fiera herida. «Fue un asesinato premeditado», gemía y denunciaba. Ella era una mujer negra y humilde, como su hijo, un simple albañil que quería ser libre. Reyna quiso llevar a su hijo en brazos hasta el cementerio, acompañada por unos cuantos amigos consternados, todos demócratas de la oposición. No pudo. La policía política lo impidió. Siempre la policía política intimidando, castigando, escarmentando a la sociedad para que obedezca en silencio. Son los perros que cuidan al rebaño.

¡Pobres madres! Hace unas semanas había muerte en Cuba otra como ella, pero más vieja y blanca, Gloria Amaya. Tuvo tres hijos presos. A uno de ellos, Ariel Sigler Amaya, lo están matando por rebelde, como le sucedió a Orlando Zapata Tamayo. Entró en la cárcel pesando 90 kilos. Hoy pesa 50 y está en una silla de ruedas. Me dice su hermano que le queda poco. A doña Gloria, que era una ancianita frágil y diminuta, la policía política le rompió dos costillas de una patada en el pecho. Había protestado porque maltrataban a su hijo, preso político, y casi la matan a ella. Desde el suelo, retorcida de dolor, siguió pidiendo por su hijo. Y dice Raúl Castro que en Cuba no se tortura. ¡Mentiroso!.


La muerte de Zapata Tamayo tiene tres consecuencias internas graves para la dictadura de los hermanos Castro. Para los demócratas de la oposición, dentro del país, ese sacrificio refuerza el compromiso de lucha. Tal vez es un rasgo de nuestra cultura: la lealtad a los que dieron la vida no se traiciona nunca. Pero la sangre de Orlando tiene otro efecto interno. Avergüenza a los comunistas. Los desmoraliza y debilita. Los coloca en el bando de los asesinos. Hace unos años, cuando la policía política exterminó, ahogándolas, a 32 personas que intentaban huir del país a bordo de un barco llamado “13 de marzo”, la mayor parte mujeres y niños, hubo muchos militantes que abandonaron el Partido llenos de asco. Eso era demasiado.

Fuera del país, este nuevo crimen galvaniza a los exiliados tras una causa justa. El día en que murió Orlando, la noticia de mayor divulgación en Twitter fue ésa. Una ola de cólera y solidaridad recorrió a una comunidad dispersa que, descendientes incluidos, se acerca a los tres millones. Los periódicos del mundo entero le dieron las primeras páginas a la triste información llegada de La Habana. Muchos telediarios comenzaron sus transmisiones contando, consternados, lo que había sucedido. La imagen de la dictadura cayó por los suelos estrepitosamente y ese estruendo, claro, tuvo una honda repercusión política: se espera que el canciller español Miguel Ángel Moratinos le ponga fin a su absurda campaña dedicada a tratar de demoler la posición común de la Unión Europea frente a la dictadura cubana. Jamás se ha visto mayor terquedad en la defensa de una causa innoble que la de Moratinos por beneficiar a la tiranía de los Castro.

El aparato cubano de difamación, por supuesto, ya prepara su contraataque. Uno de sus peones menores comenzó por decir que quienes condenaban esta muerte horrenda vertían lágrimas de cocodrilo. Otros dirán que Zapata Tamayo era un delincuente o un terrorista al servicio de la CIA. Carecen del menor vestigio de decencia. Dicen cualquier cosa. Pero la verdad inocultable es otra: como gritó, llorando, su madre Reyna, a Orlando lo asesinaron premeditadamente por pedir libertad para él y para su pueblo. Su ejemplo gravitará mucho tiempo en la historia de Cuba.


ABC - Opinión

Un acuerdo con quien no sabe lo que quiere. Por Guillermo Dupuy

Nadie debería ya dudar de que lo único que quiere este Gobierno con el consenso de marras es encubrir su propia falta de criterio para combatir la crisis y eludir su responsabilidad a la hora de gobernar.

Visto el bochornoso espectáculo que ha supuesto la primera reunión de la llamada "Comisión Zurbano", que supuestamente busca un consenso contra la crisis, lo primero que tendrían que hacer los miembros del Gobierno es ponerse previamente de acuerdo entre ellos en cuáles son sus propuestas y qué es lo que quiere negociar con los demás.

Lejos de hacer llegar sus propuestas con la suficiente antelación a los partidos convocados, lo que ha hecho el Gobierno es remitirles, a tan sólo doce horas de la reunión, un guión de únicamente tres folios donde no aparece ni una sola propuesta concreta que someter al consenso. Para colmo del ridículo, la poca concreción se ha dado en alguna "propuesta" que, como la referida al desarrollo de un nuevo modelo portuario en España, ya estaba firmada por el PSOE y el PP desde el pasado 5 de octubre.


No menos bochornoso ha sido el capitulo de los planes de congelación salarial que el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, ponía sobre la mesa en la víspera de la reunión, pero que ahora ha sido desmentido por Fernández de la Vega, Chaves y hasta la propia Salgado.

De auténtica tomadura de pelo cabe calificar también la decisión del Gobierno de no incluir en el guión de la reunión algo tan esencial y relacionado con la crisis como es la reforma de nuestro mercado laboral. Pero, ¿qué cabe esperar de una comisión anticrisis de la que queda excluido el propio ministro de Trabajo?

El esperpento ha continuado con las reacciones que han tenido los asistentes a la salida de la reunión. Mientras Salgado salía de la cita asegurando que había sido "muy positiva" y que así lo valoraban todos los grupos incluido el PP, Montoro no salía de su "desconcierto" y de su "perplejidad" ante la clamorosa falta de contenido de la misma. Más expresiva aun ha sido la reacción de Duran y Lleida que directamente ha advertido que CiU se "levantará de la mesa" si lo que busca el Gobierno es "una coartada para ganar tiempo".

Hasta tal punto han sido discrepantes las reacciones, que el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, se ha visto obligado a contradecir a su vez a la ministra Salgado al afirmar que ve "muy difícil, si no imposible" un acuerdo con el PP.

Para remate del desconcierto, Salgado ha anunciado una "importante reducción de empresas públicas", pero sin informar de qué empresas se tratan o con qué ministerios se relacionan, en un anuncio que pillaba por sorpresa a todos los asistentes a la reunión.

Mientras tanto, la Comisión Europea ha hecho pública una previsión de caída del PIB español para este año del 0,6%, que es el doble a la prevista por el Gobierno de Zapatero.

Así las cosas, nadie debería ya dudar de que lo único que quiere este Gobierno con el consenso de marras es encubrir su propia falta de criterio para combatir la crisis y eludir su responsabilidad a la hora de gobernar. Esperemos que la oposición, una vez abandonada su "perplejidad" y "desconcierto", desmonte su coartada.


Libertad Digital - Opinión

Un pato cojo. Por Fernándo Fernández

LAME duck, así llaman en Estados Unidos al presidente a partir del ecuador de su segundo mandato.

Rodríguez Zapatero es lo más parecido a un pato cojo que ha producido la democracia española. No lo fueron desde luego ni González ni Aznar, aunque éste renunciara voluntariamente a un tercer mandato, porque ambos mantuvieron el control de su partido y lo que es más importante, siguieron siendo durante mucho tiempo su principal activo electoral. Zapatero está terminado, es un secreto a voces, pero precisamente por eso puede hacer un gran servicio a España. Puede convertirse en el gran estadista que el país necesita para continuar los años de prosperidad y crecimiento. O puede pasar a la Historia como el líder que precipitó la decadencia y perdió una gran oportunidad, con la complicidad de unos partidos menores más interesados en sacar tajada de su debilidad que en sentar las bases de un nuevo milagro español.

Nada en el historial de este político leonés invita al optimismo. Llegó al poder en 2004 con un país traumatizado por un tremendo atentado terrorista que fracturó a la sociedad y en vez de curar la herida, se puso a la cabeza de la media España que quería responsabilizar a la otra media para así tranquilizar su conciencia y comprar su seguridad. Se ha mantenido en el mismo con una política sectaria diseñada para aislar al Partido Popular, o sea a diez millones largos de españoles, y deslegitimar a la oposición utilizando una retórica y algunas actuaciones más propias de un caudillo de novela latinoamericana que de un gobernante democrático. Su respuesta a la crisis económica, como en política antiterrorista, el Estatuto de Cataluña o la cuestión migratoria, ha consistido en negar la realidad hasta que ésta le ha explotado en las manos. La convocatoria ayer de una reunión asamblearia para alcanzar un presunto pacto de Estado, con un guión que parece una carta a los Reyes Magos hecha por un padre torturado que omite deliberadamente los juguetes políticamente caros que sin embargo sabe sus hijos necesitan, es un nuevo ejemplo de improvisación y mercadotecnia salida de la factoría de ideas mediáticas que dirige la política española. Pero todavía puede rectificar. Precisamente porque está acabado, porque es un hombre joven condenado a la jubilación anticipada.

Las reformas que España necesita, y que se están haciendo más urgentes a medida que se complica el drama griego entre rumores de que los funcionarios del FMI y la Unión Europea consideran vacío el ajuste fiscal prometido, afectan a la naturaleza del Estado que hemos construido desde 1978. ¿Quién mejor que un presidente que es un pato cojo para hacerle un gran servicio al país y lidiar con esos miuras? Un líder con grandeza puede propiciar un gran pacto para encauzar el Estado de las Autonomías y poner coto a la erosión constante de la unidad de mercado y recuperar mecanismos de disciplina fiscal necesarios para revertir la trayectoria explosiva del gasto público. Un líder sin más ambiciones personales puede reconocer que el modelo de relaciones laborales dibujado en el Estatuto del Trabajador a la salida del franquismo está completamente obsoleto y es el principal obstáculo para recuperar la competitividad internacional. Un hombre de Estado puede fortalecer la autoridad del Banco de España para disciplinar a tirios y troyanos y forzar una reestructuración eficiente del sistema financiero. Son medidas difíciles porque lesionan gran parte de los derechos adquiridos por esas minorías políticas, económicas y sociales que supieron colocarse como ganadoras con la llegada de la democracia. También hace falta un hombre de Estado para favorecer el entendimiento y la movilidad de las élites dirigentes. No es que me fíe mucho del presidente Zapatero, es sólo que su alternativa personal es mucho peor, el ostracismo.


ABC - Opinión

Emborrachando a los españoles. Por Juan Ramón Rallo

Señores optimistas, enséñenme las historias de éxito que se deriven del Gobierno y yo les mostraré cuatro millones y medio de parados, un agujero presupuestario de 120.000 millones y una red de cajas de ahorros tambaleantes, politizadas y medio quebradas.

"El pueblo unido –ese mismo pueblo que encumbró por mayoría al presidente español más manirroto de todos los tiempos– jamás será vencido". Es el mensaje que periodistas, deportistas, escritores y famoseo vario tratan de transmitirnos en una campaña publicitaria para devolver la confianza a los españoles.

Nos instan a que busquemos historias de éxito, de esas que seguro que las hay a miles en España. Y no es para menos, pues ellos mismos son el ejemplo viviente de cómo medrar, prosperar y enriquecerse sobre los cimientos de un mensaje tan vacío como las arcas públicas españolas.

Porque historias de éxito, incluso en medio de esta durísima crisis económica, las hay a centenares. Basta con echar una ojeada a las resultados anuales de nuestras compañías para comprobar qué empresarios han tenido más aciertos que errores y cuáles han fracasado. El problema no es que no conozcamos el éxito; ni siquiera que exista el fracaso. Al fin y al cabo, el capitalismo se asienta sobre la prueba y el error, la revisión continua de los planes económicos conforme éstos se van mostrando obsoletos e insostenibles.


No, el problema es que la dureza y la extensión de los millones de historias de fracaso españolas son responsabilidad directa de un Gobierno sectario, ideologizado, mendaz y, no lo olvidemos, izquierdista, que se ha obcecado en no cuadrar las cuentas y en no liberalizar los mercados: esto es, en aplicar una política económica sensata.

Señores optimistas, enséñenme las historias de éxito que se deriven del Gobierno y yo les mostraré cuatro millones y medio de parados, un agujero presupuestario de 120.000 millones de euros y una red de cajas de ahorros tambaleantes, politizadas y medio quebradas. Si esto les transmite confianza, si creen que ante semejantes datos es el momento de brindar de cara al Sol, entonces es o que no entienden absolutamente nada o que prefieren que recurramos al alcohol para ahogar las penas.

La manera más rápida para salir de la crisis no es desviar la atención de los culpables, sino delimitar la identidad de los responsables. El chute de euforia colectiva que ahora nos piden ya lo hemos venido experimentando desde 2003, ¿recuerdan? Sí, fue entonces cuando la mayoría de los españoles, entusiasmados con las burbujeantes perspectivas de futuro, se olvidaron por un momento de la realidad y se lanzaron a endeudarse muy por encima de sus posibilidades para adquirir una vivienda a precios desorbitados. Total, si los pisos siempre subían, si bastaba con que confiáramos en nosotros para que un mileurista pasara a comprar el precio que debería haber alquilado a un coste casi 10 veces superior a su salario, si los bancos podían invertir en cualquier pufo el dinero de sus depositantes sin ver caer ni un cero de sus beneficios, si nos bastaba con construir por año más viviendas que Alemania, Francia e Inglaterra juntas para ser, a fuer de creérnoslo, cada vez más ricos, si todo esto ya lo logramos con éxito, ¿por qué no repetirlo ahora? ¿Por qué no mentirles a los españoles para convencerles de que lo peor de la crisis ya ha pasado? ¿Por qué no convencerles de que, para salir adelante, basta con que se lancen al ruedo sin mirar antes por dónde anda el bravo? ¿Por qué no dejar que el Gobierno siga dilapidando nuestro dinero a manos llenas mientras impide que quien quiera encontrar un trabajo lo encuentre? ¿Por qué, en definitiva, no nos olvidamos por un momento de esos antipatriotas cojoneros que nos llevan aguando la fiesta desde hace años cuando ya nos advirtieron de que la fiesta había terminado?

Tengamos confianza en nosotros mismos. Eso es lo esencial para salir del hoyo. Seguro que a los inversores extranjeros, que tienden a mirar a los países con más objetividad que sus apparatchiks, semejante locura e irresponsabilidad colectiva les tranquiliza sobremanera. Ya lo verán.


Libertad Digital - Opinión

El cáncer y la crisis. Por José María Carrascal

¿QUIÉN está a favor de curar el cáncer? Si hiciésemos esta pregunta en una sala, veríamos alzarse un bosque de brazos. Todo el mundo está a favor de curar el cáncer. Pero si la pregunta fuera: ¿Quién está a favor de que le bajen el sueldo para curar del cáncer?, seguro que ya no habría tanta unanimidad. Unos porque apenas les llega el sueldo para vivir, otros por apostar a no caer enfermos de ese mal, preferirían seguir ganando lo de siempre.

Pues eso exactamente es lo que ocurre con las propuestas del Gobierno para salir de una crisis, cuya semejanza con el cáncer es terrorífica. ¿Quién no está de acuerdo con aumentar de la competitividad de nuestras empresas? ¿O de hacerlas más productivas? ¿Quién no está a favor de reducir el desbocado déficit público? ¿O de que las administraciones salden antes sus deudas con sus suministradores? ¿Quién puede oponerse a que se faciliten créditos a las empresas, para que puedan crear puestos de trabajo? Habría que estar muy loco o ser muy tonto para oponerse a las propuestas que contiene el escuálido documento presentado por el Gobierno a los demás partidos.


El problema es: ¿cómo se consigue todo eso? ¿Qué criterios se aplican para lograrlo? Porque no basta decir: «Vamos a ser competitivos», para serlo, o «Vamos a ayudar a las empresas», para conseguirlo. Hace falta disponer de los medios adecuados y elegir las prioridades necesarias. ¿Se rebajan los impuestos o se suben? ¿Se recorta el gasto público o se aumenta? Y en el caso de que se reduzca, ¿dónde?, ¿cuándo? Lo que no se puede es exponer a la redacción del «Financial Times» los detalles del ajuste económico previsto por el Gobierno, y declarar poco después ante un foro laborista que «el ajuste no se hará hasta que haya empezado a crearse empleo», como acaban de hacer en Londres el presidente español y su «zarina» económica.

Como no se puede decir un día que la edad de jubilación se retrasará a los 67 años, devolverla al siguiente a los 65 actuales, y restituirla nuevamente a los 67. O rechazar la rebaja del sueldo de los funcionarios, presentarla luego como alternativa y volverla a rechazar a continuación, como acaba de ocurrir. Así no se logra un pacto. Así se pierde toda credibilidad, que es la clave en este tipo de situaciones. Nada de extraño que el «Wall Street Journal», al que no parecen haber convencido los argumentos de la señora Salgado, titule: «La próxima batalla del euro, en España», añadiendo que nuestro país «puede determinar si la divisa de los 16 países se cae o se mantiene». Por no hablar ya de España, que quedaría para el arrastre. ¿Conspiración anglosajona? Mejor que buscar culpas en el exterior, sería ocuparnos de buscar las nuestras, viviendo por encima de nuestras posibilidades, montados en el tren de una moneda mucho más fuerte que nuestra economía, sin querer oír las voces que advertían del descarrilamiento que se avecinaba.

Y el primero que tendría que hacerse esa reflexión es el principal responsable, el Gobierno, que antes de preguntar a los demás partidos qué medidas proponen para resolver la crisis, tendría que tener claro y exponer aún más claro cuáles son las suyas. Porque trazar unas directrices generales sin hacer ni una sola propuesta concreta, como ha hecho en el famoso papelito, son ganas de aumentar la confusión y de sembrar la desconfianza. Abriendo la puerta a la sospecha de que intenta que los demás le hagan el trabajo sucio -adelantar las propuestas más impopulares- para poder decir al electorado: «¿Veis? Me lo piden los demás, así que no tengo más remedio que adoptarlas». Para, si salen bien, llevarse los laureles, y si salen mal, la culpa es de los otros.

¿Conspiración? Sí, la de aquí dentro.


ABC - Opinión

España, refugio de terroristas. Por Emilio Campmany

Lo que tendría que hacer Rubalcaba, en vez de llenársele la boca explicando los muchos derechos de los que va a disfrutar Walid en nuestro país, es ordenar su detención y ponerlo a disposición judicial.

Se supone que esta España progre y faldicorta que nos dibujan los socialistas es antiamericana. Luego, resulta que llega Obama y ya no lo somos tanto. Y henos aquí dándonos con los talones en el trasero para correr a ayudarle a cerrar Guantánamo.

El origen del problema estriba en un cambio de calificación jurídica. Los terroristas detenidos eran considerados por la administración Bush como prisioneros de guerra. Serían liberados al final de las hostilidades, sin perjuicio de que los que fueran responsables de actos de guerra criminales (léase, atentados terroristas), serían juzgados por consejos de guerra. Obama ha cambiado este planteamiento. Los presos de Guantánamo son ahora presos comunes que deben ser juzgados por tribunales ordinarios. Aquellos de quienes no se tengan pruebas suficientes para ser condenados, serán liberados. Como en Estados Unidos no existe el delito de "pertenencia a organización terrorista", los que fueron hechos prisioneros mientras se entrenaban en los campamentos de Afganistán y Pakistán, pero que no habían cometido todavía ningún atentado, deben, según la nueva doctrina Obama, ser puestos en libertad.


Pero a muchos de ellos no quiere enviarlos a sus países de origen porque allí serían detenidos y encarcelados y acabarían echando de menos Guantánamo. Y tampoco quiere liberarlos dentro del territorio de los Estados Unidos porque, si se entrenaron para ser terroristas, lo probable es que lo sigan siendo.

Entonces va y viene Zapatero y le dice a Obama que no se preocupe, que en España todavía hay sitio para algún terrorista islámico más y que puede mandarnos cinco sin remordimiento. La primera alhaja ha llegado a Madrid. El sujeto se llama Walid Ibrahim Abu Hijazi. Recibió entrenamiento en el campamento de Farouq. Fue capturado poco después del atentado del 11 de septiembre tras haberse herido con una granada de mano que manipulaba un compañero.

Nuestro Código Penal en su artículo 576, tras decir que será castigados con penas de prisión de cinco a diez años quien lleve a cabo cualquier acto de colaboración con una organización terrorista, tipifica el delito diciendo que "son actos de colaboración (...) la organización de prácticas de entrenamiento o la asistencia a ellas". De modo que, en España, Walid es reo de un delito de colaboración con organización terrorista. Antes, podría haberse alegado que el crimen había sido cometido fuera de nuestras fronteras, pero resulta que ahora los tribunales españoles, en materia de terrorismo, tienen jurisdicción universal y pueden perseguir delitos de terrorismo cometidos por extranjeros en el exterior si el terrorista en cuestión se encuentra en España, como es precisamente el caso. Lo que tendría que hacer Rubalcaba, en vez de llenársele la boca explicando los muchos derechos de los que va a disfrutar Walid en nuestro país, es ordenar su detención y ponerlo a disposición judicial. Con nuestras leyes en la mano, lo lógico es que fuera condenado. A lo sumo, un buen abogado podría conseguir que el tribunal considerara que el tiempo transcurrido en Guantánamo se descuente del cumplimiento de la pena, cosa no tan fácil porque Walid estuvo allí en calidad de prisionero de guerra y no en prisión preventiva por el delito del que debería ser acusado en España.

Naturalmente, Rubalcaba no va a hacer nada de eso, pero a lo mejor una asociación de víctimas del terrorismo se atreve a presentar una denuncia en la Audiencia Nacional. Me muero por ver las caras de Zapatero, Rubalcaba y Moratinos y oír cómo se lo explican a Obama si finalmente un juez valiente ordena la detención de Walid.


Libertad Digital - Opinión

Palacios y ensueños. Por M. Martín Ferrand

LLAMARLE «documento» a los tres folios que el Gobierno envió anteanoche a los partidos que ayer acudieron al Palacio de Zurbano, en el que se reunió la comisión pluripartidista que, con dos años de retraso, debe buscar soluciones a la crisis que nos aflige, denota una cierta manía de grandeza en Elena Salgado.

Afortunadamente el anfitrión del encuentro fue el más pragmático José Blanco que, en el salón de los espejos del que fue palacio de los Mora y Aragón, acogió al pluriempleado Cristóbal Montoro y al neófito Álvaro Nadal, los enviados del PP y convidados de piedra en el acontecimiento, y a los demás parlamentarios delegados por sus respectivas formaciones, entre ellos Josep Antoni Durán y Lleida y Josep Sánchez Llibre que son, en principio, los más asequibles -bizcochables, diría un castizo- entre los asistentes.

El equipo que encabeza Salgado, dirige Blanco y adorna Miguel Sebastián busca cómplices, no colaboradores. Nombres y siglas que le alivien al PSOE el peso de impopularidad que, inexorablemente, arrastrará cualquiera de las medidas que, solo o en compañía de otros, pueda tomar el Gobierno. Las amputaciones oportunas han salvado centenares de vidas en todos los quirófanos, pero a nadie le complace ser cojo por eficaz y funcional que resulte la prótesis sustitutoria de su cercenada extremidad. Ante la crisis todos saben lo que debe hacerse, pero nadie quiere enfrentarse al coste de la operación.

Resulta alegórico que por los salones del palacio de tan singular encuentro, correteara de niña y jovencita la que fue reina de los belgas, Fabiola de Mora y Aragón, y que allí, quizás inspirada por los frescos con que adornó las estancias Arturo Mélida -mucho fauno y muchísimo caramillo-, escribió «Doce cuentos maravillosos», un libro que vió la luz en los cincuenta y en el que se desarrollan historias de hadas buenas y benéficas. Dado que España es, dramáticamente, diferente no se puede negar, por absurda que parezca, ninguna hipótesis de relación entre las causas y sus efectos. No olvidemos que un Gobierno que negó cerrilmente la evidencia de una crisis demoledora convoca ahora a los partidos para solucionarla y que, después de que la decadente vicepresidenta primera garantizara la estabilidad salarial de los funcionarios, ya solo se discute, con mentís o sin él, la cuantía de la rebaja y su fecha de aplicación. El poder es un ensueño degradado por la realidad.


ABC - Opinión

Un minuto vergonzoso. Por Cristina Losada

¿Qué ha hecho el Gobierno de España durante los 85 días de huelga de hambre de un albañil cuyo único delito era pedir democracia? Díganlo.

Tras un silencio tan deliberado como infame, el presidente del Gobierno ha dedicado un minuto al martirio del preso político cubano Orlando Zapata. Un minuto que le ha arrancado, a todas luces, el escándalo causado por su decisión de no referirse a la última víctima mortal de la dictadura castrista en la sala de los Derechos Humanos de la ONU. Allí, bajo la cúpula de Barceló sufragada por España, Zapatero hizo lo que quería hacer: evitar cualquier pronunciamiento desfavorable hacia un régimen que, no importan sus crímenes, continúa siendo un icono para la generalidad del progresismo. El mito de la Revolución hace ciegos voluntarios y hasta gozosos. ¿Oponerse a las dictaduras? Nunca a las nuestras.

Los sesenta segundos, y ni uno más, del presidente le han concedido titulares inciertos, pues no ha reclamado Zapatero, como dicen, la libertad de los presos políticos cubanos. Amparado en un plural mayestático, escondido tras las faldas europeas, afirmó que la "debemos exigir", que no es lo mismo. Y su ministro de Exteriores procedió a idéntica maniobra en una reunión de la UE, cuando transformó la propuesta de suscribir una condena en el deseo de llegar a una "posición común sobre los acontecimientos que lamentablemente se vivieron ayer en Cuba". Se guarda bien Moratinos de llamar al crimen por su nombre. Para él, es un mero acontecimiento, lamentable, como mucho, igual que un accidente.

Una impresionante, por bochornosa, nota del Congreso manifestaba el apoyo a unas "gestiones realizadas por todas las instancias políticas" a favor de los presos de conciencia cubanos. ¿Gestiones? Se sabe que Estados Unidos pidió que se le prestara a Orlando Zapata la atención médica necesaria. ¿Qué ha hecho el Gobierno de España durante los 85 días de huelga de hambre de un albañil cuyo único delito era pedir democracia? Díganlo, a fin de que se pueda evaluar esa política suya de colaboración, diálogo y buen rollo con la dictadura comunista.

Más notorio es lo que no se ha hecho una vez consumada la iniquidad. Ni el PSOE ni ninguno de sus amigos, tan activistas ellos, han convocado las manifestaciones, vigilias y encierros a las que se muestran más que dispuestos cuando se trata de sus causas. Pero la causa de los disidentes del comunismo no es –no ha sido nunca– la suya. Para ellos, sólo silencio, cuando no insultos. Razón tenía Revel cuando escribió que el Muro había caído en Berlín, pero no en las conciencias.


Libertad Digital - Opinión

El desgobierno. Por Ignacio Camacho

ESTO no es un Gobierno. No tiene coordinación, ni coherencia, ni criterio.

No hay quién dirija. Ni siquiera es una banda de amiguetes porque la mayoría no habla entre sí ni están organizados. El presidente sólo despacha, y por separado, con media docena. La sensación de caos es absoluta; el descontrol, inmenso. El Gabinete como tal no existe ni cuenta con un funcionamiento sistemático; se mueve desde el principio por ocurrencias impremeditadas, por impulsos fugaces que si antes duraban al menos un año -como el Plan E o los 400 euros-ahora no se sostienen más allá de un par de semanas, como ha ocurrido con la reforma de las pensiones. A veces, ni siquiera duran horas; ayer la vicepresidenta primera descartó de un plumazo la congelación salarial de los funcionarios que en la víspera había planteado la vicepresidencia segunda. Hay pulsos de poder por el poco poder que Zapatero les deja.

Encerrado en su estrecho círculo de pretorianos, el presidente ha descolegiado el Consejo de Ministros al entregar el mando de operaciones a una comisión tripartita en la que José Blanco ejerce de vicepresidente de hecho sin competencias legales. De la Vega ha caído en desgracia y está cansada, aislada y molesta. Salgado declina responsabilidades y Chaves simplemente no las tiene. Los sindicatos gozan de derecho de veto. Miguel Sebastián sube y baja en influencia según el humor cambiante de Zapatero, que vive refugiado en una burbuja cuyo acceso controla su propio primo. Los decretos de estructura orgánica son papel mojado y nadie sabe a quién dirigirse ni cómo. El armazón organizativo del Estado se tambalea porque su suporte administrativo ha sido desmantelado como se desatornilla un andamio. Se trata de un desbarajuste institucional sin precedentes, propio de un sistema de poder personalista cuyo mayor problema reside en la propia inconstancia de quien lo dirige, que además aparece y desaparece según la agenda de la Presidencia semestral europea.

En este marco de anarquía, el supuesto pacto con la oposición resulta una quimera, un desvarío. Nadie sabe con quién hay que hablar ni para qué. El nuevo tripartito apenas ha podido preparar un papel insultante, un documento que serviría para despedir a un becario. El consenso es una mera categoría propagandística urdida con la intención de diluir responsabilidades. Lo peor que le podría pasar al zapaterismo sería que el PP se aviniese a una negociación seria: tendrían que alumbrar alguna idea, coordinar proyectos, y quedaría al descubierto el clamoroso vacío en que se ha convertido la gobernanza. No tienen nada que ofrecer, y las únicas propuestas coherentes, de inmediato desautorizadas, parten de un par de secretarios de Estado.
El caso sería grave en cualquier circunstancia; con la crisis enquistada y el país en quiebra, se trata de un problema mayúsculo. Nada menos que un Estado sin respuestas.


Abc - Opinión

Cuba irrumpe de nuevo en la reyerta política nacional. Por Antonio Casado

Cuba vuelve a ser un asunto interno de España. No sólo ocurre con Cuba. También ocurre con el Sáhara. Dos territorios colgados por la historia en nuestra memoria colectiva. Y si el suceso lleva carga política, como la reciente huelga de hambre de una renombrada activista saharaui, Aminatur Haidar, queda asegurado el éxito de crítica y público. Aplíquese el cuento a la muerte de Orlando Zapata, víctima de la dictadura cubana, tras una huelga de hambre de 85 días.

Quién no se lo aplicó fue el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero. Había conocido la noticia momentos antes de intervenir ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra. Sin embargo su falta de reflejos, precisamente en el lugar indicado para denunciar los atropellos a la dignidad humana, le impidió ser explícito en la condena de quienes han creado las condiciones que han llevado a Orlando Zapata a sacrificar su vida en nombre de la libertad.


A nuestra inefable derecha sin complejos le faltó tiempo para colocar a Zapatero “cerca de la dictadura cubana y lejos de sus víctimas” (Moragas dixit). Un exceso verbal ocasionalmente rentable. La enormidad sirvió para que el presidente del Gobierno compensara su falta de reflejos de anteayer en Ginebra con la contundencia de ayer en el Congreso. Ante un nutrido grupo de parlamentarios de países miembros de la UE, exigió al régimen castrista que devuelva la libertad a los presos de conciencia y respete los derechos humanos, como exigencias insoslayables de la comunidad internacional. Con veinticuatro horas de retraso dijo lo que tenía que decir.

El castrismo se lo ha puesto muy difícil a la presidencia española de la Unión Europea, que intentaba suavizar su política común a cambio de “gestos”, como diría el ministro Moratinos, en materia de apertura política y libertades ciudadanas. Pero el sacrificio de Zapata y el exagerado despliegue policial destinado a reprimir el desahogo de quienes acudieron ayer al entierro del activista, a 700 kilómetros de La Habana, no son precisamente los gestos que convienen a la política de interlocución y acercamiento propiciada por España, cuyo efecto más visible fue la reanudación de la cooperación bilateral en octubre de 2008, tras una serie de pasos previos, como la congelación en 2005, a petición del Gobierno Zapatero, de las sanciones por el encarcelamiento de 75 disidentes en 2003, Orlando Zapata entre ellos.

La doctrina Moratinos sobre Cuba siempre sostuvo que el embargo americano y la política de confrontación pregonada en España por Aznar solo sirvieron para inducir el enroque del castrismo. Y de esa tensión interna viene esta estúpida contienda doméstica donde, cada vez que el castrismo muestra su verdadera cara, como ha ocurrido ahora con la muerte de Zapata, nos dedicamos a medir la distancia entre la boca y la bocina cuando toca condenar al régimen cubano, aunque ya hace mucho tiempo que ningún demócrata cabal lo defiende.

Por el mismo precio podría abrirse otra competición para ver quién condena más y mejor la situación ilegal de los presos de Guantánamo, quién condenó más y mejor la dictadura de Franco, quién se opone más o menos a la aplicación de la pena de muerte según sea en Cuba o en EEUU, quién fue más o menos benevolente con la dictadura de Pinochet o cómo se posicionó cada uno ante la posibilidad de llevar al sanguinario general chileno ante la justicia internacional. De hecho, todavía nos enredamos de vez en cuando en semejantes carreras de sacos por ver quien es más demócrata y quien denuncia con más brío al régimen cubano.


El Confidencial - Opinión

Poca seriedad para empezar

La comisión para el pacto echa a andar dando tropiezos, pero aún no se ha caído

Con más pena que gloria, ayer echó a andar la comisión creada por el Gobierno para negociar con los partidos un pacto económico. Los prolegómenos han sido innecesariamente tensos, plagados de reproches mutuos y trufados de desconfianza, debido en parte a que los anfitriones no han sabido o no han querido ejercer como tales. En vez de facilitar un clima propicio al diálogo, los portavoces del Gobierno se han dedicado a calentar las horas previas con descalificaciones y juicios gratuitos, como si desearan que el PP no se sentara en la comisión. Tampoco ha ayudado lo más mínimo que el Gobierno retrasara hasta última hora el guión de la reunión y que su contenido fueran cuatro generalidades.

Si Zapatero desea de verdad llegar a acuerdos con la oposición, debería exigirle a su equipo más rigor, más responsabilidad y menos declaraciones extemporáneas. Es cierto que no se pueden pedir resultados desde el primer minuto, pero si el presidente quiere lograr en dos meses lo que no se ha hecho en dos años convendría que se tuvieran muy claros los objetivos y los métodos. Para empezar, la comisión no puede convertirse en una especie de concurso de ideas en el que cada partido compita por presentar la más ambiciosa. Tampoco puede derivar en un debate parlamentario en miniatura, pues para eso ya existe el Congreso. A tenor de lo manifestado ayer por PP y PSOE, no se trata de llegar a un pacto de Estado global, sino a acuerdos determinados que permitan sanear las arcas públicas, reactivar la actividad económica y crear empleo. Pero le corresponde al Gobierno fijar con exactitud, con nombres, apellidos y cantidades exactas las medidas a adoptar. En este punto, el equipo económico de Zapatero está obligado a hacer un serio ejercicio de coordinación y a no prolongar el lamentable espectáculo de propuestas contradictorias, como anunciar por la mañana la congelación salarial de los funcionarios y desmentirla por la tarde. Si la vicepresidenta Salgado es incapaz de transmitir claramente a sus colaboradores cuál es la política a seguir, díficilmente podrá persuadir a la oposición. Es imprescindible, por tanto, que el Gobierno defina las actuaciones concretas, que no serán populares ni amables ni fáciles de trasladar a la opinión pública porque exigirán sacrificios. Por eso mismo, no suscitarán la misma adhesión entre los partidos, pues cada cual tiene sus propias recetas y algunas son incompatibles. Por poner un ejemplo, en la reunión de ayer había dirigentes que proponían la subida de impuestos y otros, la bajada. Así que el Gobierno tendrá que elegir con quién quiere llegar a pactos específicos, si con el centro derecha que va del PP a CiU, o con la izquierda en la que se ha apoyado hasta ahora. Dicho de otro modo, Zapatero tendrá que elegir entre los mismos aliados que le han apoyado en una política económica que ha disparado el déficit y el paro, o dar un fuerte golpe de timón para enderezar el rumbo con el respaldo del principal partido de la oposición.

Tras la reunión introductoria de ayer, cuyo único mérito es que se llegara a celebrar, todo apunta a que el trabajo serio empezará la próxima semana, con la reunión bilateral entre la comisión que integran Salgado, Blanco y Sebastián y los portavoces del PP. Cabe esperar que Salgado la prepare mejor y descienda de los enunciados inanes a la letra pequeña de la cruda realidad. Ha pasado ya el tiempo de la retórica y de la argucia electorera. Se impone trabajar con seriedad y rigor. Y si no, que se suprima la comisión.


La Razón - Editorial

Otra advertencia de que Zapatero va por mal camino

El presidente no está tomando las medidas oportunas según advirtió ayer el nuevo comisario europeo de Economía, Olli Rehn, que prevee malos tiempos para España

ZAPATERO está avanzando en la dirección equivocada, según advirtió ayer el nuevo comisario de Economía, Olli Rehn. Según las nuevas previsiones de la Comisión Europea, España registrará este año un crecimiento negativo del 0,6%, el doble de lo previsto por el Gobierno.

La estimación de Bruselas está en línea con la del Banco de España, que, según desveló EL MUNDO, contempla una caída del PIB del 0,5% para este ejercicio, y coincide exactamente con la del FMI.

Rehn vaticinó que habrá una ligera recuperación en el segundo trimestre, pero que la subida del IVA y los impuestos indirectos provocará una recaída en los seis últimos meses del año. Parece obvio que, en una situación de fuerte declive del consumo y la inversión, el alza de la presión fiscal que va a llevar a cabo el Gobierno es un grave error. Eso es, al menos, lo que cree Bruselas y lo que ya han dicho numerosos expertos.


Elena Salgado insistió ayer en mantener la previsión del Gobierno de una caída del 0,3% del PIB, pero aun cuando tuviera razón sería un dato malísimo, ya que la bajada de 2009 ha sido del 3,6%, por lo que estamos hablando de un descenso sobre otro descenso.

El negro panorama que prevé la Comisión coincide con el comienzo de las negociaciones entre el Gobierno y las fuerzas parlamentarias para alcanzar un pacto económico. Ayer, el Gobierno se limitó a presentar un listado de temas, anunciando que la semana que viene efectuará una serie de propuestas concretas.

Veremos hasta dónde está dispuesto a llegar el Ejecutivo, pero de momento Elena Salgado se ha visto obligada a subrayar que respetará el alza del 0,3% de subida salarial laboriosamente pactada con los funcionarios por su colega De la Vega. El día anterior, el secretario de Estado de Hacienda había sugerido que el Gobierno estaba estudiando un recorte, palabras que suscitaron una reacción de indignación de los sindicatos.

El hecho es que los salarios de los funcionarios no sólo no se van a revisar a la baja sino que además van a subir por poco que sea. Lo que sí va a hacer el Ejecutivo es no reponer el personal que se jubile, lo que permitiría un ahorro de la masa salarial del 4% en cuatro años. Muy poca cosa porque el total de las remuneraciones de los tres millones de funcionarios de todas las Administraciones Públicas supone 120.000 millones de euros, por lo que estamos hablando de un ahorro de 4.800 millones al cabo de cuatro años.

Se pone así en evidencia el temor del Gobierno a meter la tijera en el gasto cuando ello implica posibles protestas de los sindicatos o de los funcionarios, que el año pasado tuvieron una subida bruta de sus salarios del 3,6%. El propio Zapatero matizó el viernes pasado en Londres que el ajuste presupuestario se llevará a cabo cuando se reactive la economía, lo que evidencia su escasa o nula convicción en la necesidad de reducir el gasto público.

Estas reacciones revelan que ni Zapatero ni Elena Salgado son conscientes de la magnitud del problema. Esperan a que la reactivación de la economía internacional tire de España, mientras aplazan cualquier iniciativa que pudiera significar un atisbo de impopularidad. ¿Cuáles son las medidas que ha tomado el Gobierno desde el pasado verano? La respuesta es ninguna. Han proliferado, eso sí, decenas de planes y anuncios, pero ninguna reforma concreta.

La última esperanza reside en un acuerdo entre los dos grandes partidos en la negociación que comenzó ayer, lo cual parece muy difícil a juzgar por la vaguedad del Gobierno y el burlón escepticismo del PP.


El Mundo - Editorial

Las tres causas contra Garzón

Garzón acaba de batir un récord, convirtiéndose en el único juez que ha tenido tres causas abiertas contra él en el Tribunal Supremo. Sus defensores deberían encontrar mejores argumentos para defenderlo. El problema, cabe sospechar, es que no los tienen.

Durante semanas se ha estado desarrollando una campaña capitaneada por el Grupo Prisa para intentar salvar por todos los medios la carrera del magistrado-juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. El principal argumento utilizado ha sido el patético intento de hacernos ver a quienes creemos que su actividad como juez hace muchos años que mancha la Justicia que se le está intentando empapelar por un noble intento de no dejar impunes los crímenes del franquismo.

Los jueces instructores se encuentran entre las personas que más poder acumulan en el diseño del Estado español. Pueden autorizar escuchas, indagar en todos los aspectos de nuestra vida y hasta meternos en prisión hasta cuatro años antes de que se celebre siquiera el juicio, entre otras potestades. Precisamente por eso, su actuación ha de estar severamente limitada por la ley, y sus excesos castigados como lo que son: un abuso intolerable de la confianza que se ha puesto en ellos para que hagan justicia.


Garzón no está siendo investigado por el Tribunal Supremo por haber querido "investigar el franquismo". Lo está porque los procesos penales, por esa ley que tiene la obligación de respetar, sólo pueden seguirse contra personas vivas, y por tanto tuvo que justificar sus actuaciones pidiendo los certificados de defunción del propio Franco y otros notables muertos hace ya muchos años, como si no supiera que ya no estaban entre nosotros. Ignoró también la ley de amnistía, la misma que enarboló hace una década para no perseguir penalmente a un criminal que sí estaba vivo entonces, y ahora, Santiago Carrillo. Que un mismo juez decida obedecer o ignorar la misma ley según su conveniencia política parece un caso de libro de prevaricación, pues no puede alegar ignorancia sobre un argumento jurídico que él mismo empleó.

Pero, en cualquier caso, sobre lo que se mantienen en general silentes sus defensores es sobre las otras acusaciones que existen contra él, acusaciones que también han sido admitidas a trámite por el Tribunal Supremo. La primera, el caso de su solicitud de fondos para organizar un curso, que empleó en parte para gastos que sólo pueden calificarse como personales. Una actividad que podría calificarse de moralmente censurable, especialmente porque los pidió dejando claro que lo hacía un "magistrado-juez de la Audiencia Nacional" –lo que se parece demasiado a un chantaje–, aunque no de delictiva de por sí. Sin embargo, tiempo después llegó a su juzgado una denuncia contra su benefactor y no sólo no hizo lo que debía, abstenerse, sino que rechazó esa demanda.

Por último, acaba de admitirse a trámite otra querella por su lamentable actuación en el caso Gürtel. Como defendimos en su momento, sólo cuando desapareciera Garzón del proceso podría empezar a hacerse justicia, dado que compartió cacería con el policía encargado de las investigaciones y el ministro socialista de Justicia el mismo fin de semana que comenzó a realizar detenciones. Pero además de la apariencia de imparcialidad, lo que no sabíamos entonces es que Garzón iba a violar el secreto de las conversaciones entre abogado y cliente, en contra de la ley, que sólo lo permite en casos de terrorismo, y ni siquiera entonces en todas las situaciones.

Garzón acaba de batir un récord, convirtiéndose en el único juez que ha tenido tres causas abiertas contra él en el Tribunal Supremo. Sus defensores deberían encontrar mejores argumentos para defenderlo. El problema, cabe sospechar, es que no los tienen. Y les importa más tener un juez amigo que defender la Justicia.


Libertad Digital - Editorial

Desgobierno

LOS primeros pasos de la comisión creada por Rodríguez Zapatero para negociar acuerdos concretos de carácter económico con los partidos políticos ha demostrado que se trata de una iniciativa destinada a entretener a la opinión pública con expectativas que, de antemano, están frustradas.

El hecho de que los partidos convocados a la primera sesión de la comisión, celebrada ayer, recibieran a última hora del miércoles el documento de trabajo -lleno de las mismas vaguedades oídas en los últimos meses-, es una evidencia de que el Gobierno prepara meticulosamente el fracaso de esta iniciativa para seguir eximiéndose de responsabilidad por la falta de medidas concretas. No es propio de un Gobierno que tiene la tarea de sacar a España de su crisis comportarse con esta falta de rigor y profesionalidad.

Dos años después de que empezara un profundo declive económico, agravado por el desplome del empleo, el Ejecutivo sólo ofrece movimientos tácticos, sin contenido, despreciando la gravedad de la situación y la urgencia de tomar medidas drásticas y estructurales en materia de empleo, gasto público y fiscalidad. Ayer mismo, el comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, vaticinó que la subida del IVA a partir del mes de julio va a provocar una nueva contracción del consumo en España y, por tanto, un nuevo retroceso de la actividad económica. Desde el momento en que el Gobierno anunció la subida del IVA, fue advertido de los efectos perversos que causaría esta medida. Y si el propio Gobierno considera que esa subida de impuestos es intocable en la negociación con los partidos, las posibilidades de acuerdo con el Partido Popular están condenadas al fracaso, porque los populares han pedido, como una de esas medidas concretas que se le reclaman, que se suspenda la entrada en vigor de esta subida impositiva. Pero, además, si el propio Gobierno se contradice de un día para otro, es imposible generar autoridad para reclamar a los demás su adhesión o apoyo. En menos de veinticuatro horas, el Gobierno pasó -por boca del secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña- de sugerir o anunciar una revisión de las nóminas de los funcionarios, a negar en rotundo esta posibilidad, a través de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. No hay en Europa un equipo económico más desautorizado por su propio Gobierno que el dirigido por Elena Salgado, ni un Gobierno internamente más contradictorio que el presidido por Rodríguez Zapatero.

ABC - Editorial