domingo, 28 de febrero de 2010

Ironía y broma. Por Alfonso Ussía

Ha dicho Rajoy que pactar con Zapatero sería traicionar a los españoles.

Demasiado solemne. A los españoles se les traiciona tomándose en serio a Zapatero. Me lo pregunta Antonio Mingote todos los lunes. ¿Y Rajoy, por qué no se ríe de Zapatero en lugar de darle importancia? Le sobra razón al genio aragonés. Rajoy, que en privado tiene un humor sutil y gallego –Wenceslao, Camba, Cunqueiro, Cela, Castroviejo y Alvite, entre otros–, en público se transforma y se muestra casi siempre enfadado. Las encuestas le conceden una clara ventaja sobre el PSOE, pero creo que aún sería mayor si los españoles interpretaran a un Rajoy serio ante lo fundamental y cachondo con las majaderías del Gobierno. Para ello, tiene que remodelar su equipo de comunicación y portavocía, porque María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría no presentan, entre sus muchas virtudes, la del exquisito sentido del humor.

Si Rajoy, un día cualquiera, aprovechara el tiempo reglamentado en el Parlamento para recordar, fuera de ideas y principios, todas las gamberradas, tontadas, bobadas y gansadas que ha dicho o hecho Zapatero en los últimos años, sería sacado a hombros del Palacio del Congreso. Lo que no puede hacer es responder a una sandez de Zapatero con aleccionadora y severa contundencia. Ello le lleva a compartir su misma altura intelectual, que en Zapatero es de vuelo rasante, o como escribió Miguel Hernández en su elegía a Ramón Sijé, de primer andamio de las flores. No hace bien Rajoy enfadándose tanto con un cenutrio cultural y político. Dedíquele sonrisas. Aplíquele palmaditas en la espalda cuando se vean. Deséele suerte en sus intervenciones. Pero no se lo tome en serio, que es el único objetivo de Zapatero si exceptuamos la pulverización de España. O la sonrisa o la valentía clara y sin matices, como la del académico Arturo Pérez-Reverte, al hablar de la Ley de la Memoria Histórica: «Que un político analfabeto, sea del partido que sea, que no ha leído un libro en su vida me hable de memoria histórica porque le contó su abuelo algo, no me vale para nada. España es un país gozosamente inculto, deliberadamente inculto, y con gente así, hacer esa Ley de Memoria Histórica es ponerle una pistola en la mano». Todo dicho en muy pocas palabras y con suficiente sencillez para que sea entendido y asimilado por cualquiera. Y si un día Zapatero dice que tal, la vicepresidenta primera que cual, la segunda que tal cual, y el portavoz Alonso que podría ser tal, cual y tal cual, Rajoy no acierta si comenta con severidad tan repetido cachondeo. Con decir «hoy no estoy para chistes», le basta y le sobra.

El gran fallo, la principal asignatura pendiente del Partido Popular, es su nefasta falta de dominio en el oficio de la comunicación, que en los tiempos que corren se me antoja fundamental. Hay que sonreír más, hay que decir más cosas con menos palabras y mejor elegidas, hay que demostrar sentido del humor y vestir la severidad de ironía. Para ello, hay que colocar frente a la opinión pública a gente tan preparada como flexible, tan culta como irónica. La excesiva pasión por la militancia elimina el sentido común y el sentido del humor. Se ponen en el PP muy serios con las chorradas de Zapatero. Y responder con seriedad a las chorradas es una chorrada mayor. Más humor y menos regaños.


La Razón - Opinión

El mayor déficit español. Por José María Carrascal

NO estoy hablando del que señalan la prensa financiera anglosajona, las agencias de calificación y los expertos económicos. Me refiero a un déficit de mucho más calado y trascendencia: al que existe en nuestra política, nuestra actitud y nuestra situación.

Si tomamos la presente crisis económica como una emergencia -una indigestión, por ejemplo-, lo que procede es tomarse la medicina que corresponde y volver a la situación anterior cuanto antes, procurando que los daños sean los menos posibles. Es lo que están haciendo la mayoría de los países. Pero no lo que está haciendo España. En España, hemos perdido dos años discutiendo sobre la crisis, como los conejos que discutían sobre los perros que les perseguían, y poniéndola parches, como si se tratase de la gripe anual, en vez del mayor «crash» desde 1929. Ahora, con la crisis convertida en temporal, lo único que se le ocurre al Gobierno es proponer un gran pacto entre todos los partidos para capearlo. Pero un gran pacto político sólo es una solución si es auténtico. Si no lo es, no resuelve nada. Al revés, complica extraordinariamente la situación al dilatarla. Y ese pacto es imposible hoy en España al no haber acuerdo sobre la naturaleza de la crisis, ni sobre las medidas a tomar ni sobre quién correrá con los sacrificios. Por no haber, ni siquiera hay una idea común de Estado y de nación.


A estas alturas, todavía no sabemos con exactitud qué idea tiene el Gobierno de la crisis, cuya existencia empezó negando y cuyo fin nos anuncia cada poco, sin acabar de verse. En cuanto a las medidas, las que anuncia un día, las retira al siguiente, aparte de la incompatibilidad entre las que propone el Gobierno y el principal partido de la oposición. Tampoco existe voluntad de sacrificio, al no creer nadie que se distribuirán equitativamente ni estar nadie dispuesto a renunciar a sus derechos adquiridos. Por último, no existe el concepto de Estado o de nación común, al ir cada uno «a lo suyo, y el que venga detrás que arrée».

Ese es el mayor déficit de España, mayor incluso que el que pueda tener en el terreno económico y financiero, que no es pequeño. Y lo que dificulta tanto nuestra salida de la crisis. Es la consecuencia de habernos dedicado más a desunir que a unir, a abrir heridas que a cerrarlas, a mirar al pasado más que al futuro, a volar puentes en vez de a construirlos. Así hemos retrocedido hasta encastillarnos cada individuo, región o partido en sus estrechos límites, no dispuestos a ceder lo más mínimo. Cuando la realidad es que todos, vascos y andaluces, gallegos y catalanes, empresarios y obreros, estamos en el mismo bote.

Dan ganas de asomarse a la ventaba y gritar: ¿hay alguien por ahí capaz de recuperar el espíritu de cooperación y concordia?


ABC - Opinión

Colombia sin Uribe

El veto del Constitucional a un tercer mandato del presidente mejora la salud política del país

Un inacabable maratón preelectoral tocó a su fin al mismo tiempo que una novísima carrera comenzó el pasado viernes en Colombia. El presidente Álvaro Uribe Vélez no podrá desempeñar un tercer mandato porque la Corte Constitucional falló en contra de la celebración de un referéndum que le permitiera presentarse a la reelección el próximo 30 de mayo. Y todos, empezando por los colombianos y terminando por la propia salud de la política, salen ganando con esta decisión.

El maratón han sido los tres años en que el presidente ha mantenido nada patrióticamente en vilo a su país con el juego de me presento o no me presento; y la novísima carrera, una pugna electoral en la que ya no estará el presidente Uribe, que según sus numerosos partidarios ha dado al país paz y dignidad, aunque con la prosperidad no se haya lucido tanto; y, en cambio, según sus adversarios había llegado hacía ya mucho al límite de sus éxitos, a la vez que no contribuía, sino todo lo contrario, al refuerzo de las instituciones y de la democracia en Colombia.


Sin el ex liberal formateado en independiente que ganó dos elecciones consecutivas (2002-2006), el panorama se distiende casi hasta el infinito. La primera rebatiña se librará entre sus propios seguidores para hacerse con ese 65% de votos expresados -poco más de un tercio del electorado potencial- que se reclaman del uribismo. Y entre media docena de postulantes a tan rico botín destaca el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, el mejor situado para recibir la preciosa unción del líder; pero también, Noemí Sanín -ex embajadora en España-, que aspira a representar al partido conservador, que estos últimos años ha sido una especie de caja B del uribismo; y fuera del poder, el candidato liberal Rafael Pardo; el independiente más independiente de todos, Sergio Fajardo; y Gustavo Petro, el hombre del Polo, la siempre dispersa y mal avenida izquierda colombiana.

Uribe ha ejercido dos mandatos en los que ha infligido, con la destacada participación de Santos, serias derrotas a las FARC, aunque nunca anduviera cerca del golpe de gracia; y puede ufanarse de un descenso visible -aunque vuelve a repuntar- de la violencia, conquistas que han hecho de Colombia un país de nuevo transitable, en especial para los que tienen con qué transitar. Pero, también, el país ha sido un museo de los horrores, como atestiguan las muertes de campesinos a manos del ejército, que se camuflaban como bajas de la guerrilla para mercar ascensos y premios.

Frente al estilo autoritario-populista del presidente, tan dado a dirigirse al votante por encima de los partidos, una Corte de impecable actuación democrática, una parte en aumento de la opinión pública y la ley de los rendimientos decrecientes han posibilitado que a la tercera no será esta vez la vencida. Colombia deberá aprender a componérselas sin su taumaturgo particular. Y se verá que no le cuesta tanto.


El País - Editorial

Reformas penales

EL fundamento del Derecho Penal es la respuesta del Estado proporcional a la gravedad de determinadas conductas que afectan a la convivencia social.

Al margen de criterios ideológicos, hay delitos que provocan auténticos dramas personales y familiares, de modo que sus responsables no deberían aprovechar las ventajas que otorga el ordenamiento jurídico para gozar en la práctica de una total impunidad. El caso de los menores de edad penal se ha planteado con toda crudeza en los casos de Marta del Castillo y Sandra Palo, a los que hoy dedica el suplemento D7 un amplio reportaje. La lógica alarma social ante el asesinato de estas dos jóvenes se suma a la indignación general por la situación de los agresores. «El Rafita», condenado cuando era menor por la muerte de Sandra, tiene que hacer frente ya a seis nuevas acusaciones por delitos de robo desde que alcanzó la mayoría. A su vez, las versiones contradictorias y la actitud fría e inhumana de los agresores de Marta han hecho imposible localizar el cadáver, añadiendo así al dolor de la familia un sufrimiento intolerable.

El Gobierno y los partidos políticos tienen que contemplar seriamente la posibilidad de reformar la legislación para reducir la edad mínima en materia de responsabilidad penal. La convocatoria de movilizaciones sociales en favor de esta medida no supone que se pretenda una represión injustificada, sino una respuesta razonable frente a delincuentes consumados a pesar de su corta edad. El Gobierno intenta calmar la irritación de los ciudadanos a base de retórica sin contenido y de fotos para la galería con los padres y familiares de las víctimas. Sin embargo, ha llegado la hora de hacer algo concreto, como reclaman también voces autorizadas desde el ámbito de la criminología. El «buenismo» aplicado a quienes no lo merecen genera una sensación de fortaleza e impunidad que sólo sirve para incitar a la comisión de nuevos delitos. Por eso hay muchos ciudadanos que apoyan la lucha por la justicia emprendida por los padres de las dos jóvenes y que exigen a los políticos soluciones a corto plazo y no palabras vacías. Existen buenos motivos para impulsar una reforma legal, tanto por razones de justicia y equidad como para prevenir riesgos futuros.

ABC - Opinión

Un varapalo judicial para Uribe y toda una lección para los chavistas

La Corte Constitucional de Colombia impide al actual presidente presentarse a una tercera reelección.

LA CAMPAÑA electoral comenzó ayer en Colombia envuelta en una gran incertidumbre, tras conocerse el fallo de la Corte Constitucional que impide la reelección del presidente Uribe. Se agotan así sus aspiraciones de dirigir durante un tercer mandato el timón de uno de los países más pujantes -pese a su inestabilidad- de Latinoamérica. Pero, al mismo tiempo, la decisión del alto tribunal supone una loable demostración de fortaleza de la democracia colombiana. Toda una lección para la región, donde, por desgracia, la separación de poderes es ya pura entelequia en todo el bloque bolivariano.

Es indudable que Álvaro Uribe se equivocó en su intento de reformar ad hoc la legalidad constitucional, que en Colombia prohíbe la reelección presidencial para un tercer mandato consecutivo. Como garantía frente a la tentación del caudillismo democrático, casi todas las constituciones del continente establecen limitaciones temporales en el gobierno muy estrictas. Sin embargo, en la actualidad asistimos a un proceso muy peligroso en el que dirigentes como el venezolano Chávez, el ecuatoriano Correa o el boliviano Evo Morales ya han forzado cambios legales para perpetuarse en el poder. Por fortuna, en Colombia funciona la democracia, y Uribe se apresuró ayer a acatar el fallo constitucional y prometió seguir trabajando para fortalecer los principios del sistema.

Pero lo cierto es que muchos colombianos se sienten hoy conmocionados. Porque no se puede pasar por alto que la popularidad de Uribe alcanza cotas del 70%, muy por encima de la que lograron sus predecesores. Ello es debido a la eficacia y a los éxitos de su Gobierno ante los dos desafíos más graves del país: el terrorismo de las FARC, que después de cuatro décadas sigue sumiendo a Colombia en el sufrimiento y la violencia, y el narcotráfico. La decidida voluntad de Uribe para acabar con ambas lacras se ha visto recompensada con un amplísimo respaldo ciudadano. Al igual que su defensa de la democracia y de la alianza con EEUU, que le han valido el acoso y la guerra diplomática más sucia imaginable por parte de Chávez y de sus acólitos.

Ahora está por ver qué sucede en las urnas. Y aunque Uribe ha elegido como delfín al ex ministro Juan Manuel Santos, no va a tener nada sencilla la pugna en las filas del oficialismo con Noemí Sanín, ex embajadora en España, que aspira a ser la primera presidenta del país.


El Mundo - Editorial

Salgado y el abrazo del oso al PP

El Gobierno intenta involucrar al resto de partidos, y en especial al PP, en su alocada política, de forma que ante el electorado se repartan las culpas de una situación desastrosa que sólo cabe atribuir a la incompetencia manifiesta de Zapatero.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero es incapaz de ofrecer la más mínima esperanza de sacar a España de la crisis económica y ya ni siquiera lo disimula. Esa es la primera conclusión que cabe extraer del resultado de las consultas de la famosa comisión creada por Zapatero para aparentar que, aunque sea dos años después de su estallido, el Gobierno intenta hacer algo útil por la crisis que azota al país.


La vicepresidenta económica se presentó esta semana ante los miembros de la comisión parlamentaria creada para alcanzar un pacto de estado contra la recesión con un, llamémosle, documento de tres folios en el que supuestamente se establecen las claves para impulsar la economía y el empleo. Esos tres folios repletos de obviedades son, hasta el momento, la mayor aportación del Ejecutivo para luchar contra una crisis que está produciendo efectos cada vez más devastadores en el tejido productivo y el mercado laboral de España. Por si fuera poco, alguna de las propuestas incluidas en el legajo ya habían sido aprobadas en el parlamento con anterioridad, lo que muestra, de nuevo, la facilidad para la improvisación del Gobierno, su falta de rigor y una inexistente voluntad de trabajo aún en temas tan trascendentales para todos los ciudadanos.

La segunda conclusión que cabe extraer de la reunión mantenida por Salgado con el resto de fuerzas parlamentarias es que, una vez más, el Gobierno intenta involucrar al resto de partidos, y en especial al PP, en su alocada política, de forma que ante el electorado se repartan las culpas de una situación desastrosa que sólo cabe atribuir a la incompetencia manifiesta del partido gobernante.

Y si en las formaciones minoritarias esta complicidad puede tener efectos positivos para dar una imagen de sentido de Estado del que la mayoría carecen, no es seguro que el Partido Popular necesite participar en un sainete parlamentario organizado exclusivamente en beneficio de los socialistas. Zapatero negó primero la crisis, después la minimizó, más tarde la agravó con su irresponsable política económica y aún hoy sigue siendo incapaz de adoptar cualquier medida en la dirección correcta para aliviar el desastre. Si en todo este tiempo ha rechazado cualquier consejo del PP sin ahorrarle adjetivos desdeñosos como el famoso “antipatriotas”, no hay razón para que los populares se presten ahora a fungir de orquestina mientras el barco se termina de ir a pique.

Tan sólo el proverbial temor de la derecha política española a ser caracterizada por su rival político como crispadora e insolidaria, puede explicar la decisión de Rajoy de participar en un espectáculo preparado por los socialistas con el único fin de involucrarle en un desastre del que Zapatero es el único responsable.

Colaborar con el Gobierno de la Nación sí, pero siempre y cuando demuestre que su único interés es solucionar un gravísimo problema social frente al que está desarmado de ideas y soluciones. Para enjuagues electorales ya hay otros candidatos que, además, representarán ese papel gustosamente. Los votantes de Rajoy no merecen otra actitud de su candidato.


Libertad Digital - Opinión

Un año de cambios decisivos

SE cumple ahora un año de dos cambios de gobiernos autonómicos que, cada uno en su ámbito y con su propia dimensión histórica, reorganizaron claramente el panorama político nacional.

La salida del PNV del poder y su sustitución por la convergencia del PSE y del PP, marcó un hito en la historia del País Vasco, normalizó su democracia -monopolizada por el nacionalismo y contaminada por el miedo a ETA- y certificó el gran acierto que fue aquella alternativa constitucional que impulsaron Jaime Mayor Oreja y Nicolás Redondo Terreros en 2001. Al final, el cambio en el País Vasco llegó por la única vía posible: el acceso del constitucionalismo al poder político. PP y PSE representaban la opción de gobierno que no había probado suerte en la sociedad vasca. Hasta entonces sólo se habían puesto en práctica las fórmulas que permitían al PNV mantener su hegemonía. Y de la misma manera que la aplicación de la Ley de Partidos Políticos a Batasuna no provocó ningún estremecimiento de la sociedad vasca, tampoco el paso del PNV a la oposición está provocando conflicto civil alguno. Por el contrario, la mayoría constitucionalista y autonomista de PSE y PP -sostenida, sobre todo, por la lealtad y el sentido de Estado de los líderes populares- sólo encuentra crispación en la oposición de un PNV aún consternado por haber perdido el poder.

En Galicia, la victoria por mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijóo fue un espaldarazo para su partido -especialmente para su líder nacional, Mariano Rajoy- y, en términos generales, demostró el fracaso de la alianza social-nacionalista en esa comunidad. Los abusos de la imposición lingüística y los escándalos de derroche y corrupción fueron letales para el bipartito de socialistas y nacionalistas del BNG. Ahora bien, los problemas de estabilidad que entraña este tipo de alianzas parecen endémicos, porque se han repetido en Baleares, abocada a elecciones anticipadas más pronto que tarde, y en Cataluña, donde son altos cargos del propio PSC y del gobierno autonómico los que afirman que el tripartito presidido por Montilla está agotado. Con su papel en Galicia y País Vasco, el PP tiene las credenciales que le permitirán afrontar las autonómicas de 2011 con ambición y mucha más autoestima, porque ha exhibido suficiente fuerza electoral y peso político, respectivamente, para desarmar la alianza del socialismo con el nacionalismo, que fue principal apuesta de Rodríguez Zapatero para marginar a la derecha.

ABC - Editorial