jueves, 4 de marzo de 2010

Gorilas sin fronteras. Por Alfonso Rojo

Nos mean encima y para mayor escarnio, quieren que digamos que llueve.



Y si no lo hacemos, van, se enfadan y nos tildan de «colonialistas trasnochados» o de ser instrumentos del «imperio yanqui». Y el asunto tendría un pase si el aquejado de incontinencia urinaria fuera sólo Hugo Chávez, pero se suman al coro de meones los Willy Toledo de turno y esa patulea de progres, a los que el dogmatismo y la pereza moral impiden distinguir entre agresores y agredidos.

La complicidad entre el Gorila Rojo y los asesinos de ETA no es algo nuevo. Ni siquiera único. Lo innovador es el auto del juez Velasco, pero hace muchos meses que sabíamos que Chávez tiene al etarra Cubillas en su gobierno y que da apoyo a los narcoterroristas de las FARC que planeaban venir a España a asesinar al presidente Uribe o a quien se pusiera por delante.

También que el Gobierno socialista no iba a mover un dedo. Hace muchos años, cuando andaba de reportero audaz por Nicaragua, se me presentaron tres tipos, con carnets de Cambio 16. Venían recomendados por un abogado vasco y supuestamente, querían entrevistar al ministro de Defensa de El Salvador.

Hablé con ellos en un piso, muy cerca del obispado y me mosqueó que se tocaba los pies el más gordo y que sólo les interesase saber qué controles de entrada había antes del despacho del ministro.

Quiso la casualidad que a los pocos días cayera en mis manos un ejemplar del extinto «Ya» y que en portada apareciera la foto de uno de los tres. Se le identificaba como «responsable internacional» de ETA.

No tardé ni un segundo en contarle la historia a Gregorio Peces Barba. También a Luis Yáñez. Fui a ver incluso al comisario Ballesteros. ¿Y saben ustedes lo que pasó? Nada: nuestro Gobierno siguió manteniendo amistosas relaciones con los sandinistas. Como ahora con Chávez o con Castro.


ABC - Opinión

Seis años de oscuridad y tres de silencio. Por Gabriel Moris

Mi deseo como víctima y como ciudadano es que a partir de hoy mismo se comiencen a rectificar los errores, se investigue lo no investigado, se juzgue lo no juzgado y se pida perdón públicamente por las mentiras e insidias vertidas sobre este asunto.

Parece inacabable la Vía Dolorosa en la que nos metieron los que tuvieron la diabólica idea de llevar a cabo la mayor masacre terrorista cometida en la España de la Unión Europea. No sólo las víctimas de aquel atentado, también todos los ciudadanos de bien recordaremos el próximo día 11 de una forma especial. No porque los aniversarios anteriores hayan pasado inadvertidos, sino porque cada año que pasa y cada día de silencio, los percibimos como el cierre del capítulo más triste de nuestra reciente historia en democracia. El silencio y el olvido jamás podrán ahogar la sed de Verdad y de Justicia que inundan nuestros corazones y nuestras almas.

La memoria histórica y el perdón practicado por algunos herederos de aquel horrible cementerio fabricado por los españoles, no nos permite entender la falta de memoria y de espíritu de reconciliación para con el gran atentado de nuestro siglo.


Recuerdo palabras pronunciadas durante estos seis años:
"Ha sido ETA"
"Hay terroristas suicidas en los trenes"
"España no se merece un gobierno que nos mienta"
"Ha aparecido nitroglicerina"
"El explosivo utilizado ha sido Titadyn con cordón detonante"
"Ha sido Al Qaeda por nuestra participación en la guerra de Irak"
"Ha sido un grupo islamista radical"
"Para encontrar a los culpables no hay que buscar en desiertos remotos ni en montañas lejanas"
Sin ser exhaustivos, estas frases se pronunciaron por responsables políticos en el período comprendido entre el 11 de marzo del 2004 y el cierre de la Comisión de Investigación en Junio del 2005. Con la perspectiva de seis años, creo que cualquier ciudadano medianamente informado puede concluir que ninguna de las frases o afirmaciones citadas anteriormente se han mostrado verdaderas hasta el día de hoy. Perdón, sólo la presencia de nitroglicerina en una muestra de los focos de explosión se ha revelado cierta.

Cerrada la comisión de investigación, se decidió sustituirla por una Comisión de Expertos Independientes. Nada más útil para los encubridores del crimen que decidir crear otra comisión de investigación que no llegó a crearse. No hubo necesidad de interrumpir su andadura. De dicha comisión salió la frase que todos recordamos: "Dejemos que hable la justicia". Y la justicia habló.

Habló por boca y hechos del juez instructor del Olmo que consintió el desguace de los trenes en los días siguientes a la masacre. El mismo que no fue capaz de incluir en el sumario los análisis de las pocas muestras que se analizaron procedentes de los focos de explosión. Sí incluyó los análisis de todas las muestras que se tomaron en zonas alejadas de los focos y que no habían causado los estragos sobre las víctimas inocentes. La Justicia habló por boca del mismo juez que cerró a cal y canto el sumario impidiendo cualquier tipo de sugerencia por las partes del mismo. El mismo magistrado que parecía tener una predilección especial por la autoría islamista, aunque los hechos no eran plenamente acordes con la misma.

La Justicia también habló por boca del tribunal de la Casa de Campo. De los veintinueve imputados, solamente uno fue condenado como autor material por su presencia en los trenes. Resultado que debe sonrojar a toda una Administración de Justicia del Estado. Nada de Al Qaeda, nada de guerra de Irak, nada de Ben Laden y nada de autores intelectuales. Del arma homicida se dijo que procedía de Mina Conchita, pero sin un argumento sólido para ello. Ni los móviles del atentado, ni la logística del mismo, ni los hechos de Leganés quedaron esclarecidos. Como no podía ser de otro modo, el Tribunal Supremo rectificó la sentencia de la Audiencia Nacional en el sentido de levantar la condena que pesaba sobre los cadáveres encontrados en Leganés. Resultaba muy fuerte la condena sobre un reo que no pudo defenderse en el juicio.

Después de lo que antecede, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que a día de hoy no conocemos la verdad de la masacre cometida el 11M; no obstante, si alguien está en disposición de demostrarme lo contrario, con mucho gusto procedería a la rectificación del contenido de este artículo.

Lo más grave resulta ser la unidad de criterio para silenciar y olvidar este crimen por parte de todos los órganos del Estado: Jefatura del Estado, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo y muy especialmente el Ministerio del Interior desde el día del atentado hasta hoy.

Mi deseo como víctima y como ciudadano es que a partir de hoy mismo se comiencen a rectificar los errores, se investigue lo no investigado, se juzgue lo no juzgado y se pida perdón públicamente por las mentiras e insidias vertidas sobre este asunto. Éste es el único homenaje digno que podríamos rendir a los que perdieron su vida aquella mañana por el "delito" de ir a trabajar, y a los lesionados física, mental y moralmente por la cruel barbarie que cambió para mal el curso de nuestra historia contemporánea.


Libertad Digital

La cultura de la farsa. Por Hermann Tertsch

RESULTA conmovedor ver en el Parlamento catalán a partidarios y detractores de la Fiesta nacional exponer ante sus señorías sus respectivas posiciones respecto a las corridas de toros. Con toda la buena fe, los partidarios de la Fiesta se esmeran en defender lo que consideran un gran valor de nuestra cultura, un arte sin igual, siempre respetada por todos las ideologías en toda España, incluidos por supuesto Cataluña y el architaurino País Vasco. Lo siento por ellos y por la Fiesta, pero viendo las imágenes, su defensa me parece tan ilusoria como pudo ser la de Thomas Beckett, Giordano Bruno o Miguel Servet frente a sus enemigos y acusadores. O en los juicios dirigidos por el juez Freisler en Berlín o el fiscal Vishinsky en Moscú. Esta especie de comisión general sobre la Fiesta de los Toros en Cataluña es una farsa tan evidente y obscena que hay que ser muy ingenuo para no irritarse con ella. Y muy bienpensante para, como defensor de la lidia, creer que su argumentación, por mucha probidad y raciocinio que contenga, vaya a tener influencia sobre la sentencia. La Fiesta taurina es española y es por eso por lo que ha de ser liquidada en Cataluña. Es la decisión de la cúpula del régimen nacionalista, no de centenares de miles de aficionados catalanes que la defienden y millones que, si no la siguen, para nada se sienten ofendidos por la tauromaquia. Son los amantes incondicionales de la butifarra, hecha con carne de un cerdo torturado en una cochiquera miserable durante su breve existencia de engorde antes de ser degollado entre terribles gritos del animal -por cierto también en un festejo-. Esos que no tienen a los cerdos corriendo en libertad por una dehesa como sucede en Extremadura, sino en cajones insalubres en los que apenas ven la luz en su corta vida. Esos son los que claman contra una fiesta cultural única que hace posible la existencia del toro de lidia que vive en plenitud, gozo y libertad durante cinco años en el campo antes de morir siguiendo sus instintos.

Pero lo dicho, es sólo una farsa más. Peor es cuando se juzga la calidad o probidad identitaria de personas. O se establecen castigos ejemplarizantes por el mero hecho de utilizar la libertad que la Constitución nos debía otorgar a todos. La Generalidad es la mano ejecutora y el Gobierno central, el cómplice que permite que se cometan continuos desafueros contra españoles en diferentes puntos de la geografía nacional. Especialmente donde gobierna Iznogud Montilla de Iznajar, cuya mujer ha sido tan sincera como para decir que manda a sus hijos al colegio alemán porque con una hora de catalán a sus niños les sobra. Y que lo importante son el inglés y el alemán. Los menos pudientes mientras han de tragarse todo el bachillerato en catalán y salen de allí con un español de comanche, incapaces de escribir una frase sin faltas de ortografía, en español y en catalán. Y quienes rotulan en español, perseguidos sin descanso.

Estaba claro desde que Rodríguez Zapatero nos expuso su convicción de que «la palabra está al servicio de la política» que la mentira, la tergiversación y la manipulación de las palabras se habrían de convertir en los fundamentos de la nueva cultura política a imponer en su nueva España. Fue uno de los pocos conceptos con contenido expresados por el presidente en seis años. Aunque fuera venenoso. Ahora estamos ante la farsa perfectamente grotesca del «arrimar el hombro» y el «juntos lo arreglamos». Resulta que todos, la oposición y la ciudadanía, debemos asumir la responsabilidad de la catástrofe generada por el Gran Timonel y sus remeros tontilocos. Y si no lo hacemos, todos traidores. Hace dos años, para no ser traidores exigía que negáramos la crisis. Cargaremos y sufriremos la crisis porque no nos queda más remedio. Pero la responsabilidad, ante nosotros y nuestros hijos, la tienen el gran farsante y sus secuaces. Cargará siempre con ella.


ABC - Opinión

Franco fue el precursor. Por Cristina Losada

Lo terrible para los victimistas del idioma sería aceptar que la semilla de esa planta que cultivan con obsesión la había puesto Franco, su enemigo.

En El Catoblepas, la revista en internet de Gustavo Bueno, siempre encuentra una sorpresas. Así, en su último número, un artículo del profesor Enrique Prado Cueva, documenta que fue el dictador Francisco Franco quien introdujo el gallego, el vascuence y el catalán en la enseñanza. No es broma, sino un Decreto de 1975. Lo firmó el Caudillo en mayo y su contenido fue ampliado unos meses después por otro que suscribiría el Rey Juan Carlos. Todavía técnicamente en el franquismo, esa segunda disposición establecía que "las lenguas regionales son patrimonio cultural de la Nación española y todas ellas tienen la consideración de lenguas nacionales", así como que "su conocimiento y uso será amparado y protegido por la acción del Estado y demás Entidades y Corporaciones de Derecho Público".

Esos dos gloriosos precedentes del reconocimiento de las lenguas y de su enseñanza figuran en el BOE de la dictadura. Ahí han permanecido sepultadas esas muestras de la terrible persecución que sufrieron "las lenguas" en tiempos preconstitucionales. Aunque lo terrible para los victimistas del idioma sería aceptar que la semilla de esa planta que cultivan con obsesión la había puesto Franco, su enemigo. Pues qué harían esas interesadas plañideras sin el monstruo que, según clamaba Jordi Pujol hace unos días, perpetró la destrucción del catalán. Qué de los negociantes en identidades, sin el ogro que devoró a las pobres lenguas indefensas. Con qué rellenarían tantos juntaletras sus piezas lacrimosas sin el nacionalista español que impuso a sangre y fuego el castellano imperial. Y qué les contarían a los escolares los profesores adictos a su ideología e infieles a su oficio, sin un genocida cultural en sus fábulas.


"Quien controla el pasado, controla el futuro; quién controla el presente controla el pasado", rezaba uno de los lemas del Partido en 1984 de Orwell. El nacionalismo y sus sucedáneos han tenido buen cuidado de reescribir el pasado a su medida. Su Cuéntame ha levantado una memoria selectiva sólo comparable en su afán de falseamiento a la que cursa bajo el nombre de "histórica". Y es que hay mucho que ocultar, empezando por el racismo originario, el fascismo de algunas de sus vacas sagradas y el apoyo de no pocas de sus figuras al golpe militar del 36. Un hilo conductor que nos lleva a la noticia: Franco puso la primera piedra de la "normalización lingüística".

Libertad Digital - Opinión

El autofundamentalismo de Zapatero. Por Valentí Puig

ADENTRARSE en las asperezas de la recesión económica no aproxima el PSOE al pragmatismo necesario; al contrario, le reinstala al menos aparentemente en las inercias anacrónicas de una izquierda propensa a una política exterior de mitos, a la ideología ultralaicista y a la acomodación al sindicalismo. Para la economía, sólo medidas de quita y pon, rectificación tras rectificación. Si la estrategia de la «memoria histórica» fue un desmentido de los consensos de 1978, el intento de emboscar a la oposición en unos pactos tan sólo escenográficos reproduce la vieja animadversión al reformismo político.

En realidad, ¿cómo definir la fase actual del PSOE? No es postsocialdemócrata, ni tan siquiera socialdemócrata. Ni reformista. Asume rasgos de nueva izquierda anticapitalista, sigue en el antiamericanismo a pesar de haber orado con Obama, lanza torpedos contra el sentido económico-empresarial, diverge en lugar de converger porque casi nada hay en común entre lo que hace Patxi López en el País Vasco y lo que hace José Montilla en Cataluña. Hay que empeñarse mucho en el juicio de intenciones para saber si el PSOE es lo que parece o si sólo hace lo que parece que hace porque todavía busca fidelizar un electorado joven, en frentes radicalizados. Zapatero, sin duda, lo llamaría voto idealista, a sabiendas de que en momentos políticos y económicos como los actuales el idealismo y la hipocresía andan embarullados.


Síntomas varios apuntan a la hipótesis de un inmovilismo general del zapaterismo. Es la única alternativa a las estampidas que provoca el pánico político. Truncada la evolución del felipismo, ¿qué representa el zapaterismo? Es algo muy personal, prácticamente intransferible, un mensaje unipersonal de salvación, la mera gestualidad como respuesta al SOS de una crisis, el poder por el poder que no afronta el deber público de asumir un riesgo de impopularidad cuando lo requiere el bien común. Zapatero no es maniqueo, sino ambivalente. Por eso, entre tantos de sus cálculos, no aparece la posibilidad de ser riguroso con la economía, arriesgarse a una huelga general que quizá fuese pólvora mojada y recuperar votos de centro en su día, porque el electorado no es racional ni irracional, sólo es humano, sobre todo humano, afortunadamente humano.

Entre el inmovilismo y las pulsiones de improvisación, el vacío es muy determinante. Es como una tierra de nadie en la que operan los mercados, el euro, la economía real y la sumergida, el sálvese quien pueda de una sociedad que desconfía y se desvincula. De una parte, comisiones y documento tras documento; de otra, la sospecha, el desgobierno. Historiadores como Niall Ferguson describen los grandes poderes como sistemas complejos, de muchos componentes asimétricos que asemejan su construcción más a la de una termita que a una pirámide egipcia. El símil es aplicable a lo que está ocurriendo en España. Son sistemas que pueden actuar con estabilidad por un tiempo, reequilibrándose, hasta que de repente entran en fase crítica activada por un factor de apariencia menor. Dicho de otro modo: la acción de gobierno de Zapatero ha llevado su frivolidad hasta el extremo de introducir elementos tóxicos en el sistema político-económico, sumando de esta manera más factores endógenos a lo que según el manual de La Moncloa era una crisis estrictamente exógena generada por la codicia norteamericana, la prensa económica anglosajona, Honduras, el neoliberalismo, el Vaticano y Aznar. En estas cosas, Zapatero es simplemente un fundamentalista de sí mismo.


ABC - Opinión

Nacho Uriarte. Por José García Domínguez

¡Ni siquiera bebe! ¿Cómo explicar, pues, que, a sus treinta sobrios abriles, el ni-ni de cabecera de don Mariano todavía no haya dado un palo al agua?

Dentro de muchos, muchos años, el lejano día en que ese Nacho Uriarte pierda por fin el miedo cerval a convertirse en don Ignacio, el guardián en el centeno de Génova comprenderá lo muy ridículo de su compungido mea culpa a cuenta de la célebre curda sabatina. "Me equivoqué, cometí una imprudencia, pido perdón", anda gimiendo Nacho ante un imaginario tribunal mormón de Utha. Inconsciente el hombre, sin duda, de que un folio en blanco inmaculado, al modo de su expediente civil, sólo podría salvarse con la coartada clínica de una crónica adicción al alcohol.

Si Nacho hubiera sufrido desde niño patológica dependencia de la bebida, quizá se podría comprender –y hasta justificar– que a su señoría no le quepa llenar ni una triste línea en un currículum profesional o académico. Siendo víctima el tribuno de semejante afección, sabríamos ser indulgentes con el desolado desierto que retrata su historial laboral. "Cómo habría Nacho de trabajar en nada cargando con tamaña cruz", nos susurraríamos unos a otros, compungidos. Y de sacarse una carrerita, por facilona que fuese, en semejantes condiciones, ni hablar, claro. De hecho, si Nacho albergara el más rudimentario sentido del pudor, ahora mismo pediría perdón de rodillas a la sociedad no por aquel aciago par de copas, sino todo lo contrario: por ser casi abstemio.

Al cabo, lo inaceptable, lo en verdad escandaloso del tal Nacho es que, al parecer, no bebe. ¡Ni siquiera bebe! ¿Cómo explicar, pues, que, a sus treinta sobrios abriles, el ni-ni de cabecera de don Mariano todavía no haya dado un palo al agua? Sí ha encontrado tiempo, sin embargo, nuestro improbable doncel con tal de vindicar su sagrado derecho a la inmadurez. Nacho, que se sabe pueril, exige de los adultos que respetemos su inalienable fuero, el propio de todo gozoso infante. "Un error no deshace un joven" (sic), ha sentenciado, cualquier cosa que la frase pretenda significar. Vaya usted a saber, tal vez la juventud, contra lo que suponemos los reaccionarios, ya no sea un estado transitorio de la biología que se termina curando con el tiempo, sino toda una categoría ontológica, una nueva bioclase social asistida de la legítima prerrogativa a dormir el sueño de la infancia interminable. Y Nacho, su profeta.


Libertad Digital - Opinión

El ladrillo progresista. Por Ignacio Camacho

DESPUÉS de haberlo condenado a muerte, el Gobierno va a rehabilitar el ladrillo como si fuese un difunto de la memoria histórica, aunque esté reciente el momento en que Zapatero lo arrojó a la cuneta del pasado tras sentenciarlo como culpable de la crisis. Recuerden la demoledora sinécdoque fundacional del mantra sostenible: «Menos ladrillo y más ordenadores». Ya no le queda al zapaterismo ocurrencia que rectificar, profecía que incumplir ni pronóstico que fallar. Lo único más insostenible que las previsiones gubernamentales es la palabra del presidente; si éste no es el Gabinete más inconsecuente de la democracia es desde luego el menos coordinado: no se pone de acuerdo ni consigo mismo.

El sector de la construcción fue señalado por la socialdemocracia con la etiqueta ideológica de un liberalismo neocon y salvaje, a cuya codicia aliada con los créditos fáciles se imputaba la quiebra de un modelo económico caduco e irracional.


No le faltaba razón pero ahora, acuciado por el paro rampante, el Gobierno de progreso emprende como mal menor la apresurada restitución de un prestigio erosionado por sus propios denuestos, y se dispone a subvencionar con préstamos y avales las chapuzas de albañilería doméstica. Para disfrazar su enésima turborrectificación, la izquierda zapaterista pretende distinguir entre un ladrillo bueno, socialdemócrata, de escala pequeñoburguesa, y otro malo, masivo y neoliberal, responsable de una odiosa burbuja inmobiliaria que, de volver, acaso fuese hoy recibida con los brazos abiertos con tal de que frenase la escabechina del desempleo. Lo malo es que el ladrillo izquierdista tampoco parece destinado a remediar gran cosa, y en el mejor de los casos la sensata rebaja fiscal a las rehabilitaciones de viviendas será imperceptible en un sector dominado por la economía sumergida.

El lábil criterio de Zapatero ya no resulta coherente ni con su propia ideología; los asertos más contundentes le duran lo mismo que los caprichos y su mayor profundidad conceptual tiene la hondura de una chapa de hojalata. Sus definiciones resultan mera quincallería retórica, plastilina intelectual moldeable según las conveniencias. Nos quedamos sin saber si bajar los impuestos era de izquierdas porque lo único que ha hecho es subirlos, y si al final aplaza el incremento del IVA se quedará en un vago e indeciso centrismo: ni arriba ni abajo sino todo lo contrario, según las circunstancias y hasta nueva orden. Con el vilipendiado ladrillo va a suceder algo similar: después de haberle culpado de todos los males modernos de la patria quiere rescatar en él unas supuestas propiedades virtuosas que servirían para improvisar el andamiaje propagandístico de un ladrillismo progresista. El ladrillo industrial -o sea, el que creaba empleo- seguirá siendo esencialmente insostenible, retrógrado y maligno. Es decir, de derechas.


ABC - Opinión

Ese otro planeta en el que vive Salgado. Por Federico Quevedo

La escena es, más o menos, como sigue: se reúnen la troika gubernamental, por un lado, y la delegación del PP por otro. Al terminar aparece la ministravicepresidenta Salgado y dice que todo ha ido muy bien y que hay puntos de acuerdo y que está muy satisfecha, y después sale Montoro que dice justo lo contrario, o sea, que de acuerdo en lo fundamental nada de nada, y que al Gobierno y al PP les separa un abismo. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película?

Propongo al foro concurso de ideas para titular este guión, pero obviamente me quedo con la versión de Montoro, no por nada, sino porque me parece la que más se acerca a la realidad. Es más, me consta –porque así me lo han dicho-, que en la reunión hubo palabras más que gruesas y reproches mutuos, y que lejos de ser cordial ambas partes estaban deseando que terminara, porque resultaba bastante violenta la situación.


Y es que no podía ser de otra manera, por razones más que lógicas. Lo que ayer hizo la ministravicepresidenta Salgado fue, en la tónica habitual de este Gobierno, contarnos una milonga, trasladarnos una nueva impostura que forma parte de esa impostura mayor que ahora el Gobierno llama Pacto de Estado pero que es el parto de los montes. Porque ni es pacto, ni de este paritorio va a salir nada más que una serie de parches, alguno más positivo que otros, que en ningún caso pueden considerarse parte de un ambicioso plan de ajuste para salir de la crisis, que es lo que realmente necesitaría la economía española. Aunque me temo que ya ni eso arreglaría a estas alturas nada y la única solución plausible parece ser la convocatoria de las urnas para que los ciudadanos se pronuncien sobre su futuro y sobre a quien quieren encargarle la ardua tarea de volver a poner este país en orden.

Falsas ideas

Pero, volviendo a la impostura, cada vez es más evidente -y el Gobierno ha quedado más al descubierto de sus verdaderas intenciones- que todo esto no es más que una manera de ganar tiempo, de intentar engañar a los ciudadanos españoles y a los mercados internacionales vendiéndoles la falsa idea de que los grupos políticos se han puesto de acuerdo en un conjunto de medidas para hacer frente a la situación. Mentira. Bajar dos puntos el IVA de las chapuzas –que por otra parte casi nadie paga-, el coche eléctrico o la vuelta por la puerta de atrás a la banca pública no pueden considerarse en ningún caso un plan serio para afrontar la crisis. Si lo que pretende Rodríguez es llegar lo más cerca posible de la convocatoria de las elecciones generales y que para entonces la situación económica se haya dado la vuelta, va listo.

Puede ser que a las puertas de 2012 la estadística oficial empiece a ofrecer algún que otro dato positivo, y ya veremos si es así, pero la economía real, la de la calle, va a seguir en depresión, y no hace falta más que darse una vuelta y pisar las aceras para darse cuenta, pero eso es lo que Rodríguez no sabe ni quiere hacer.

Además, aunque fuera cierto que al final de 2011 esto empieza a mejorar un poco, nada va a cambiar para Rodríguez, porque a estas alturas el nivel de desafección que ha conseguido acumular es brutal, el rechazo que suscita entre la ciudadanía es superior al que jamás haya conseguido acumular ningún otro presidente… Ya no es creíble, ni confiable, y la percepción general es la de que ha mentido y ha engañado, que ha hecho trampas, que ha jugado con la gente y se ha comportado como un trilero. Por eso el pacto es imposible, y por eso escuchar a Salgado es como escuchar a alguien que ha venido de otro planeta o que vive en la inopia.

El Gobierno no está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer, que es gobernar y tomar decisiones difíciles e impopulares, y mientras no haga eso no va a haber manera de trasladar un mensaje de confianza a la población, por mucho que se empeñen algunos en contarnos que estosololoarreglamosentretodos y de paso le hacemos un favor a Rodríguez, porque, en efecto, la única manera de hacerlo se llama democracia, es decir, las urnas.


El Confidencial - Opinión

Usuario español. Por A. Muñoz Ballesta

A veces no debería contestar encuestas telefónicas. El caso es que el otro día, por condescendencia, admití “unas cuantas preguntas sobre la situación actual española que no le llevará mucho tiempo”. La voz era la de una señorita muy simpática hispanoamericana. Todo se desarrollaba muy bien hasta que llegó la pregunta clave: ¿Se siente Usted ciudadano de la democracia española? –No, le tuve que contestar ante su asombro –ella que pensaba que no era una de las preguntas más significativas-, no, porque ser ciudadano es ser partícipe en el gobierno de tu país – le explicaba-, aquí en España, en cambio, los españoles nos sentimos más bien usuarios del Estado de partido español homologado, muy apresuradamente, a un Estado moderno europeo.

Nos sentimos personas que hacen uso de ciertos servicios públicos de un Estado pero que no pueden ejercer realmente su derecho a la elección de representante político en una moderna democracia representativa, y con más de treinta años esperando que alguna ley orgánica o reforma constitucional haga el milagro, ya somos conscientes de que no hay reforma que valga para conseguir una separación efectiva de los poderes judicial, legislativo y ejecutivo con el actual régimen de bipartidismo.

Usuario en tu propia patria. Es triste, pero así es. Los españoles nos sentimos como los turistas alemanes o ingleses en nuestras ciudades costeras: hacemos uso de los servicios estatales, autonómicos y municipales, pero sabemos que las decisiones del gobierno y del Estado, de la comunidad autónoma y el municipio están en mano de “extranjeros”. Es más señorita, cuando vamos de turistas a otros países nos sentimos más ciudadanos que en España.


Movimiento Cívico de la República Constitucional

Simples coincidencias

Moncloa trata de vender como pactos lo que no son más que puntos coincidentes

El Gobierno debería ser muy cuidadoso con el uso de los verbos, pues no es lo mismo coincidir que pactar. Pese al gran interés que pone la vicepresidenta Salgado en subrayar que el pacto con el PP es probable, lo cierto es que hasta ahora sólo hay puras coincidencias entre sus propuestas y las medidas presentadas ayer por Montoro en la comisión de diálogo. Es lógico que así sea, pues el Gobierno ha incorporado a su hoja de ruta mociones que en su día presentaron los populares en el Congreso, como la reforma de la Ley de Morosidad, la rebaja del IVA para las obras relacionadas con la vivienda o la agilización del crédito a las pymes; y también contiene medidas sobre energía y automoción que en su día ya fueron defendidas por CiU y PP.

Es muy positivo, sin duda alguna, que se registren estas coincidencias, pero eso no significa, como proclamó ayer Salgado, que se «hayan establecido espacios de acuerdo». Al Gobierno le resulta muy tentador políticamente dar la imagen de que se esfuerza por alcanzar un pacto con la oposición, que recurre al diálogo paciente para aunar voluntades frente a la crisis y que su máxima preocupación es que todos arrimen el hombro. Después de seis años ejerciendo el poder de manera prepotente contra el PP, al que no se le aceptó jamás una enmienda de calado, este cambio de actitud del Gobierno no es inocente ni sincero: es una hábil estrategia política para diluir su pésima gestión de la crisis y corresponsabilizar de ella a la oposición. De ahí el interés de Salgado en presentar como acuerdos lo que no son más que posturas similares. Porque no puede hablarse de pacto ni de consenso mientras no se aborden las tres grandes cuestiones de fondo, a saber: cómo reducir drásticamente el gasto público, cómo hacer frente al déficit sin subir los impuestos y cómo reformar el mercado de trabajo para facilitar la contratación. El PP llevó ayer proposiciones muy concretas, desde la supresión de una Vicepresidencia, dos ministerios y el 25% de los altos cargos, hasta la congelación del IVA y los estímulos fiscales al ahorro, pasando por nuevos contratos laborales. Esto es lo sustancial, el meollo de una cuestión que determinará si realmente se puede hablar de pacto entre PP y Gobierno. Todo lo demás es accesorio y el equipo económico de Zapatero ya está tardando en llevar al Congreso esas veinte iniciativas en las que coinciden PSOE, PP, CiU y PNV. Es más, resulta sorprendente que hayan pasado dos años en barbecho, desde que estalló la crisis, sin que los gobernantes socialistas hayan adoptado medidas que ahora parecen poco menos que el bálsamo de Fierabrás.

Por lo demás, sería de agradecer que, paralelamente, sindicalistas y empresarios avanzaran en la reforma de la negociación colectiva y en las nuevas modalidades de contratación de manera ordenada, con responsabilidad y sin demora. No se puede decir que la propuesta emanada anteayer desde la CEOE sobre el nuevo contrato para jóvenes haya sido afortunada u oportuna; de hecho, la escandalera que ha provocado entre unos sindicalistas con ganas de ejercitar sus músculos atrofiados sólo ha servido para tapar otras propuestas de Díaz Ferrán llenas de sensatez y buen criterio. En un país que va camino de los cinco millones de parados, los llamados agentes sociales tienen la obligación moral de acelerar las reformas que demanda la sociedad. Y si no hubiera acuerdo, le corresponde al Gobierno ejercer su responsabilidad, en vez de esconderse detrás de los sindicatos o de vender pactos inexistentes con la oposición.


La Razón - Editorial

Sin recorte del gasto público no habrá pacto

El Gobierno, reacio a aplicar medidas de ajuste en las cuentas como propone el PP

A JUZGAR por sus declaraciones, Elena Salgado y Cristóbal Montoro asistieron ayer a reuniones distintas. Mientras Salgado calificaba de «positivo» y «útil» el encuentro con los representantes del PP, Montoro decía exactamente lo contrario: «Chocamos frontalmente. Que quede claro y establecido».

Ninguna de las dos valoraciones refleja lo que sucedió en la reunión bilateral entre el Gobierno y el PP porque es cierto, como resaltó la vicepresidenta, que hubo acuerdos en un considerable porcentaje de las propuestas de ambas partes, pero también es verdad que los negociadores no alcanzaron consenso alguno en los tres asuntos más importantes: la subida del IVA, la reforma de las cajas de ahorros y el recorte del gasto público.


El PP acepta de entrada algunas de las medidas planteadas en el documento del Gobierno como la reducción del IVA a la rehabilitación de viviendas, que podría ser aprobada en el Parlamento sin ninguna demora. Está también dispuesto a apoyar la concesión de créditos a las pequeñas empresas por parte del ICO, con la condición de establecer garantías de la recuperación de esos préstamos.

Pero, como Montoro subrayó ayer, estos acuerdos puntuales no constituyen un pacto de Estado ni van a solucionar los graves problemas estructurales de la economía española. Los ciudadanos esperan mucho más del Gobierno y de la oposición. La iniciativa lanzada por Zapatero sólo tiene sentido si los dos grandes partidos unen sus fuerzas para llevar a cabo ajustes y reformas que probablemente no podrían acometer por sí solos por su elevado coste social y político.

Elena Salgado dejo claro que el Gobierno no va a reconsiderar la subida del IVA en julio, lo que nos parece un grave error porque tendrá consecuencias negativas para el consumo. Pero se trata de una medida discutible, en la que PSOE y PP no están de acuerdo.

En lo que sí hay una coincidencia en los planteamientos teóricos del Gobierno y del PP es en la necesidad de recortar el gasto público. De hecho, el Ejecutivo se ha comprometido a un tijeretazo de 50.000 millones de euros en cuatro años en el programa de estabilidad presentado en Bruselas. Pero obras son amores.

El PP propuso ayer un pacto con el Gobierno para imponer topes de gasto a las comunidades autonómas con sanciones en caso de incumplimiento, lo que supondría reformar la ley de estabilidad presupuestaria, pero Elena Salgado se negó a ello. La vicepresidenta defendió como alternativa la subida del IVA que permitiría este año reducir el déficit con un recorte del gasto público mucho más limitado que el que propone el partido de Rajoy.

A juzgar por las declaraciones de Zapatero en Londres y por la posición mantenida por Elena Salgado, da la sensación de que el Gobierno es muy reacio a cumplir su compromiso de recortar el gasto público a corto plazo porque teme que ello le podría enfrentar con los sindicatos o perjudicarle electoralmente.

Ello dificulta muchísimo un acuerdo con el PP, que ha presentado el ajuste del gasto como uno de los requisitos para alcanzar ese pacto de Estado. Montoro sostiene, con razón, que si no se hace un serio esfuerzo de saneamiento de las cuentas públicas, la recuperación de la economía será muy difícil por no decir imposible.

Por utilizar un símil, el PP ha colocado la pelota sobre el terreno y le corresponde ahora chutar al Gobierno. Si Zapatero no da el paso de negociar una reducción muy sustancial de un déficit que se acercó en 2009 al de Grecia, el pacto será imposible porque el presidente no puede exigir a la oposición un acuerdo en lo pequeño sin comprometerse en lo grande.


El Mundo - Editorial

Paso adelante, paso atrás

El diálogo social se complica, pero el acuerdo con los partidos contra la crisis da tímidos pasos

El panorama de los pactos para resucitar la economía española ofrece tímidas gotas de optimismo y una buena dosis de decepción. La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, y el ministro de Fomento, José Blanco, proclamaron ayer tras la reunión con el PP que existe un amplio espacio de acuerdo en varias medidas económicas contra la recesión. La interpretación del portavoz de Economía del PP, Cristóbal Montoro, no fue tan optimista. Se pueden conseguir "acuerdos puntuales", dijo, pero "no puede haber un acuerdo global con un Gobierno que sube los impuestos, en especial del IVA". Es un avance.

La posición del PP se aprecia con claridad. Apoyará "a la carta" medidas que no le facturen costes políticos -reducción del IVA para la rehabilitación de viviendas o agilización de los créditos del ICO a las empresas- y seguirá escudándose en que no hay que subir impuestos para eludir el pacto político global. Las cartas están echadas y difícilmente cambiarán en el plazo de negociación marcado por el presidente del Gobierno (dos meses). La estrategia consiste en dejar que se deteriore la credibilidad del Gobierno y esperar un éxito fácil en las próximas citas electorales. Un pacto global, aunque tenga sentido para calmar a la comunidad financiera internacional, daría oxígeno al Gobierno en las encuestas, en opinión de la dirección del PP.

Al Gobierno le quedan los acuerdos anticrisis con otros partidos, como CiU. No es lo mismo firmar un gran acuerdo de Estado, en el cual todos los partidos avalen la estabilización financiera del Estado y la reforma de las cajas (es decir, el restablecimiento del crédito privado a la pequeña y mediana empresa), que un conjunto de consensos sobre medidas específicas que podrían negociarse en el curso parlamentario. Pero la bondad de los acuerdos radica en que se apliquen con rapidez. Por tanto, bienvenidos sean. Las pequeñas y medianas empresas no pueden depender del tacticismo de los partidos para acceder a créditos que marcan la línea entre la supervivencia y la desaparición.

Donde los avances se ven muy, muy lejanos, salvo rectificaciones, es en el diálogo social. Las últimas propuestas del presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán (despido más ágil y barato, y un contrato precario para los menores de 30 años, entre otras), irritaron ayer al Gobierno y a los sindicatos. No sólo por el estilo -Díaz Ferrán las expuso en un artículo en EL PAÍS-, sino también por sus contenidos. De hecho, la patronal no tuvo más remedio que volver a guardar en el cajón dicho contrato especial para jóvenes, con una duración de entre seis meses y un año, sin protección por desempleo y sin cotizaciones a la Seguridad Social. Un contrato de esa naturaleza sería inadmisible, por ser discriminatorio y porque equivoca el objetivo de la reforma. Que es aumentar el empleo estable, no la precariedad.


El País - Editorial

Del chivatazo a la prevaricación

La vomitiva oferta de Benítez a los terroristas demuestra hasta qué punto eran ciertas las, no por más genéricas menos repugnantes, palabras del propio Zapatero cuando antes de la tregua dijo que con ella "todo tendrá cabida, tenga el alcance que tenga".

Que el actual vocal del CGPJ, José Manuel Gómez Benítez, debería haber dimitido o cesado de su cargo, y haber sido citado para testificar ante otro juez que no fuera su amigo Garzón por el caso del chivatazo policial a ETA, es algo que hemos reclamado desde el mismo momento en que supimos que Benítez, como representante de Zapatero en las pasadas negociaciones con ETA, había presentado a los terroristas ese delito de colaboración con banda armada como prueba de la voluntad negociadora del Gobierno.

Por si esto fuera poco, este miércoles hemos sabido, también por el diario El Mundo y por los documentos que transcriben las reuniones de los representantes del Gobierno y ETA celebradas a mediados de diciembre de 2006 en Oslo, que Benítez también ofreció a los terroristas el compromiso del Gobierno de trabajar en pro de la impunidad de Jarrai y del PCTV.


Sin que se interprete como falta de consideración ni de agradecimiento a nuestros compañeros de El Mundo por su valiosísima revelación, hemos de añadir, no obstante, que esta no viene sino a demostrar hasta qué punto era cierta la información que publicaba El País el 22 de mayo de 2005, cuando, citando "fuentes socialistas", aseguraba que el Gobierno, "por una tregua cuanto antes", estaba dispuesto, no sólo a buscar una "solución a la situación de los presos" –léase impunidad–, sino también a "incluir a la izquierda abertzale" –es decir, a los representantes políticos de la banda– en las negociaciones para "superar" el Estatuto de Guernica. Ni qué decir tiene que ningún representante del Gobierno salió entonces a desmentir tan infames compromisos adquiridos.

Y es que la transcrita y vomitiva oferta de Benítez a los terroristas demuestra también hasta qué punto eran ciertas las, no por más genéricas menos repugnantes, palabras del propio Zapatero cuando poco antes de la tregua también manifestó que a cambio de ella "todo tendrá cabida, tenga el alcance que tenga".

Y ciertamente lo tuvo: dejando al margen la "solución a la situación del preso" Iñaqui de Juana Chaos, a la que el Gobierno también se puso manos a la obra una vez llegada la tregua, la Audiencia Nacional ya se descolgó poco antes del alto el fuego con una sentencia que, contra todo pronóstico y contra todo lo establecido con anterioridad, había considerado que los delitos por kale borroka o lucha callejera constituían una simple asociación ilícita y no colaboración con banda armada. Uno de sus firmantes era el amigo de Garzón, Santiago Pedraz.

Una vez llegada la comprometida tregua, el Gobierno de Zapatero y la Fiscalía General del Estado, además de sus reiteradas y bochornosas llamadas a jueces y fiscales para que tuvieran presentes "las nuevas circunstancias" y para que sus "togas no eludieran el polvo" de aquella sucia paz, dijeron no tener pruebas suficientes para promover la ilegalización de PCTV. Y lo dijeron a pesar de las numerosísimas pruebas que la policía tenía de su relación con Batasuna y a pesar de que el propio Otegui se había apropiado tan ufana como públicamente de la representación parlamentaria obtenida por él.

El caso es que, tal y como ahora sabemos que Benítez se había comprometido con los terroristas, el PCTV no fue considerado como un apéndice de ETA. Y no lo fue gracias a la pasividad de la Fiscalía y también gracias a que Garzón mantuvo congelado un sumario contra los dirigentes de este partido contra el que no se procedió hasta que ETA dio por concluida su tregua.

Es cierto que el Supremo terminó revocando el criterio de la Audiencia Nacional respecto a Jarrai, estableciendo que ésta sí era una organización supeditada a ETA. Sin embargo, este hecho no desmiente el compromiso de Benítez con los terroristas. En primer lugar porque la sentencia del Supremo se produce ya dos meses después de la ruptura oficial que supuso el atentado en la T-4. Y en segundo lugar, porque una cosa es que el representante de Zapatero asegurara a los terroristas que "nuestro interés es que (Jarrai) no sea considerada parte de ETA y estamos intentando negociar sobre este asunto", y otra muy distinta que el Supremo accediese a ello.

Lo repugnante de todo esto es que un representante del Gobierno que conocía la vinculación del PCTV y de Jarrai con ETA hasta el extremo de tratar de tranquilizar a los terroristas prometiendo la impunidad de ambas formaciones, ocupe actualmente además un cargo en el Órgano de Gobierno de los jueces.

Ante hechos de tan suma gravedad, que no han tenido el menor desmentido por parte de Benítez, ya va siendo hora de que el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, el mismo que en su día tuvo la valentía y el acierto de referirse a los ya mencionados llamamientos del Gobierno y de Conde Pumpido a jueces y fiscales como si de una "incitación a la prevaricación" se trataran, tome cartas en el asunto y promueva el cese inmediato de este representante de un Ejecutivo envilecido cuya presencia ahora envilece al Gobierno de los Jueces.


Libertad Digital - Opinión

El PP arrincona al Gobierno

EL encuentro, ayer, entre el PP y la comisión ministerial designada por Rodríguez Zapatero para alcanzar un pacto sobre la crisis económica puso de manifiesto la distancia que existe entre Gobierno y oposición sobre aspectos esenciales de la política económica. Desde el momento en que Elena Salgado comunicó que no habían abordado la reforma laboral, que había discrepancias con el PP en la forma de reducir el déficit público y que la subida del IVA -nociva para la recuperación económica-a partir de julio es innegociable, era evidente que la reunión había quedado totalmente devaluada. Sin embargo, en términos políticos, la jornada de ayer permitió al PP recuperar claramente la iniciativa, porque acudió a la reunión con un sólido documento de propuestas económicas, bien detalladas y argumentadas y, lo que es más importante, abordando todas las cuestiones que considera imprescindibles para el crecimiento económico y la creación de empleo. Las declaraciones del responsable económico del PP, Cristóbal Montoro, reflejaron la convicción de este partido en las medidas ofrecidas a la comisión, articulando un discurso sobre la crisis que deja sin bazas a quienes critican a Mariano Rajoy por no proponer alternativas al Gobierno.

La contundencia de las propuestas del PP sobre reforma laboral, rebaja de impuestos y reducción del gasto público ha descolocado al Gobierno, acostumbrado a mantenerse en la indefinición y la ambigüedad. El optimismo impostado que mostró la vicepresidenta Salgado sobre las posibilidades de acuerdos parciales se evidenció como una estrategia para desplazar hacia el PP la responsabilidad de que tales acuerdos no se alcancen o sean de escasa entidad. Porque lo cierto es que las coincidencias del Gobierno con el documento del PP se limitan a aspectos secundarios, pero no a las grandes líneas de reformas estructurales que defiende la oposición.

El PP dejó claro las cartas que juega en esta negociación y las condiciones mínimas para el acuerdo, que son, por otro lado, las únicas que históricamente permitieron a España superar su peor crisis económica y laboral de los noventa. Zapatero sigue apostando por el déficit y la subida de impuestos, mientras espera que el paso del tiempo dé a España alguna oportunidad de subirse al carro de la recuperación de las grandes potencias europeas. Toda la determinación que ha mostrado el PP con sus propuestas económicas es la que le falta al Gobierno socialista.


ABC - Opinión