sábado, 6 de marzo de 2010

Retales de política exterior. Por David Jiménez Torres

En esta mini-escandalera, que sólo implica el apoyo de un Estado a un grupo terrorista que asesina a personas en otro, las explicaciones del embajador o de quien corresponda, ni están ni se les espera. Ni siquiera se piden.

Dijo Rubalcaba ayer en su entrevista en Los Desayunos de TVE que "dos no rompen si uno no quiere". Vaya por delante que la frase se refería al PP y al Pacto Antiterrorista, y no guardaba ninguna conexión con sus anteriores declaraciones de que Venezuela debía ayudar "rotundamente" en la lucha contra ETA. Pero la frase parece resumir lo sucedido estas últimas semanas en eso que todavía llamamos política exterior española. Una política que parece, en el mejor de los casos, un pobre enamorado/a que hace la vista gorda ante las muestras más que evidentes de que su novio/a no es de fiar, se comparte como una mala persona y probablemente le está poniendo los cuernos.

Recordaremos que cuando la muerte de Orlando Zapata, Moratinos aclaró que un incidente así no iba a cambiar la estrategia española con respecto a Cuba, ese acercamiento y negociación en pos de un fin sólo factible a través del buenismo: la nada. A pesar de la nueva muestra de la falta de voluntad de los Castro de rectificar su política opresora, España seguiría aportando incentivos e ignorando a la disidencia cubana en las visitas diplomáticas a la isla. Esta semana, reedición del mismo melodrama: no un tertuliano, ni un telediario, ni siquiera un periódico, sino todo un juez de la Audiencia Nacional declara que existen indicios de que Venezuela facilitó los contactos entre ETA y las FARC. ¿Amenaza España con tomar medidas económicas o diplomáticas, siquiera con paralizar la venta al ejército chavista de cuatro buques de vigilancia del litoral que comienza esta misma semana, si el embajador o Chávez no dan explicaciones inmediatas? Pero señores, qué se creen, ¿que esto es comparable a lo de la foto del FBI de Bin Laden con el pelo de Llamazares? Porque recordemos que cuando ese escandalazo al más alto nivel diplomático y de gravísimas consecuencias para la vida de todos los españoles, la embajada de Estados Unidos ofreció inmediatamente explicaciones al ex coordinador general de IU, y cuando él persistió en el berrinche, se las volvió a ofrecer. En esta mini-escandalera, que sólo implica el apoyo de un Estado a un grupo terrorista que asesina a personas en otro, las explicaciones del embajador o de quien corresponda, ni están ni se les espera. Ni siquiera se piden.

Y es que dos no rompen si uno no quiere. Y aquí el tonto que no quiere es España. Y Zapatero y Moratinos, los dos enamorados que se niegan a afrontar la más que necesaria ruptura, por una razón tan boba e inmadura como que es muy duro renunciar a la idea que uno se formó sobre la otra persona. Pensar que Cuba la bella, antigua amada de juventud a la que le hemos dado mil y una oportunidades, sigue tan cruel e irredenta ahora como antes. Pensar que la potente Venezuela chavista, imaginada redención de nuestra fe perdida y tabla de salvación de nuestras ideas juveniles sobre el amor, nos está poniendo los cuernos con todos los matones de la herriko taberna. Como diría la canción: "hay que ver qué puntería / no te arrimas a una buena". Pero antes que hacer autocrítica, antes que intentar afrontar ese futuro gris y frío sin el cálido manto que nos envolvió al nacer, Zapatero y Moratinos prefieren refugiarse en el autoengaño. Y empieza el carrusel de excusas, con Willy Toledo de portavoz: en realidad ellos no son tan malos; en realidad, los malos somos nosotros.

Es de suponer que los ciudadanos seremos los invitados cuchicheantes y maldicientes de la boda. Tampoco parecemos querer ser más.


Libertad Digital - Opinión

Suspenso en igualdad

Las políticas de igualdad han sido una prioridad máxima del Gobierno socialista en sus seis años de mandato y un eje fundamental de buena parte de sus medidas sociales.

La creación del Ministerio de Igualdad supuso precisamente la materialización de esa voluntad del Ejecutivo de corregir un desequilibrio tan gravoso para el país. Sin embargo, a pesar de ser positivo el mensaje de la Administración en cuanto a la mentalización colectiva sobre un problema que afecta a miles de mujeres, y pese a los loables progresos en esta materia, hemos entendido desde siempre que la igualdad era más un instrumento propagandístico al servicio de una fabulosa operación de márketing político del PSOE que un compromiso real para construir una sociedad más justa. El Gobierno no ha dejado de esgrimir en este tiempo al Ministerio de igualdad como el símbolo inobjetable de su vinculación con una causa necesaria. Pero, ¿y los resultados? Con o sin Ministerio, ¿España es hoy un país que puede presumir en este campo? Las respuestas han partido de la propia Comisión Europea. LA RAZÓN adelantó el viernes en exclusiva que España está muy lejos de aprobar la asignatura de la Igualdad.

Según el Eurobarómetro, el 71% de los españoles opina que las diferencias de género están extendidas, lo que nos coloca como el segundo Estado miembro con mayor percepción de la desigualdad, sólo por detrás de Francia. La media europea se queda en el 62% de la ciudadanía. ¿Cómo explicar la paradoja de que una gestión política que supuestamente se vuelca en combatir la discriminación en todos los ámbitos de la vida dé como resultado el segundo país europeo con mayor percepción de la desigualdad? Creemos que la respuesta sólo puede ser que las políticas desarrolladas por el Ministerio han sido puro maquillaje al servicio de un sectarismo ideológico, con tintes incluso revanchistas. Una labor ministerial que ha permitido que las mujeres sigan cobrando menos que los hombres por el mismo trabajo, que desempeñen menos puestos de alta responsabilidad que los hombres, que tengan importantes dificultades para conciliar la vida laboral y familiar o que aumente el maltrato psicológico, coercitivo y constante tanto en el hogar, como en el trabajo («mobbing»), o en el colegio («bullyng»), sólo puede ser calificada de fracaso. Por no hablar, obviamente, de las alarmantes cifras de violencia de género, que se mantienen inalterables. Resulta significativo también que el principal proyecto del Ministerio de Bibiana Aído, un departamento, por lo demás, con menguante presupuesto y confusas competencias, el que ha justificado su razón de ser para la izquierda española, haya sido la nueva Ley del Aborto.

La realidad es que, seis años después de presuntas políticas de progreso social, la sociedad española padece un reconocible déficit en igualdad. Como acertadamente precisó la vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, «un Ministerio no soluciona los problemas». España es la prueba palpable de ello.

Las políticas eficientes contra las diferencias de género no pueden cimentarse en las cuotas o en los ministerios, sino en intensas políticas de educación y de concienciación, de trabajo con las empresas para estimular una autorregulación y, en último extremo, de sanciones contra situaciones de abuso. Más iniciativas eficaces y discretas y menos circo al servicio de una determinada opción política.


La Razón - Editorial

La que nos viene. Por M. Martín Ferrand

RESIGNOS, como estamos, a no verlas venir y dejarlas pasar hemos asistido esta semana a un nuevo record en el precio de la gasolina. No pasa nada. Un Gobierno incapaz se corresponde con una oposición inactiva y una sociedad insensible para que el asunto dominante del momento sean las próximas vacaciones de Semana Santa. Ignoro si es consecuencia del fatalismo tradicional en la vida española o un efecto del regusto masoquista que la socialdemocracia tiende a inocular en la ciudadanía. Los oráculos se desgañitan previniéndonos de la catástrofe. Todas las señales perceptibles resultan alarmantes; pero el Gobierno, lejos de modificar las estructuras políticas y económicas en las que se cimenta nuestro fracaso colectivo, habla ahora de perseguir el fraude fiscal. Como Ásterix decía de los romanos, están locos estos (líderes) hispanos.

Más clarificador y sensato resulta escuchar la voz de los empresarios capaces de crear riqueza y generar empleo, no tanto de los banqueros y constructores que viven escalas, intereses y entramados distintos que la mayoría de los empleadores y sus empleados. En ese sentido conviene prestarle atención a Juan Roig, presidente de Mercadona, una empresa con 1.300 tiendas abiertas y una facturación de 15.500 millones de euros. Dice el rector de tan floreciente negocio, con 60.000 trabajadores fijos en su plantilla, que «la que nos viene es gorda». Así, con lenguaje que todos podemos comprender, muy distinto del que usan nuestros representantes, quedamos avisados de que la crisis tiende a engordar y nos costará mucho sacudírnosla si no se toman las drásticas medidas que exige la situación.

Mientras tanto, las Cámaras de Comercio, el último sindicato de afiliación obligatoria que queda en Occidente, se han convertido en guardaespaldas gubernamentales haciéndonos creer, en una campaña obscena, que «esto lo arreglamos entre todos». Aparte de que el Tribunal de Cuentas debiera revisar las de las Cámaras, para las que trabaja como cobrador la Agencia Tributaria, no es serio gastar dinero, venga de donde venga, para pregonar una falsedad. Esto lo arreglan empresas solventes, grandes como Mercadona o pequeñas como la tintorería de la esquina; pero sólo si cuentan con un marco legal que nos permita alcanzar una productividad como la media de la UE. Es decir, no sin un Gobierno dispuesto a perder el amor sindical y la adhesión funcionarial.


ABC - Opinión

Pazo y Moseñe. Por Maite Nolla

Teniendo en cuenta que el señor Pazo te denuncia por menos de eso, a ver quién le dice que su denuncia por no rotular en catalán ha acabado con una sentencia en castellano. Usted misma, señoría.

Afortunadamente, la sentencia que confirma la sanción al señor Nevot por no rotular en catalán suficientemente no crea jurisprudencia. Es más, de la docena larga de juzgados del contencioso-administrativo que hay en Barcelona, es posible que alguno decida que la Constitución aún rige en Cataluña y dicte una sentencia declarando esto ilegal por inconstitucional. Otra de las cosas buenas que tiene esta sentencia es que no entra, en ningún caso, a valorar si que te multen por rotular en castellano es o no legal, aunque parezca un contrasentido. Se limita a reproducir el criterio del Tribunal Constitucional sobre la política lingüística en Cataluña, alegando una sentencia del noventa y cuatro, anterior, por tanto, a la ley actual y que no dijo nada sobre si multar por rotular en castellano es o no constitucional, porque no se planteó.

Contra las sentencias de los juzgados del contencioso-administrativo en materia de sanciones y en cuantía inferior a dieciocho mil euros no cabe recurso. Éste es un elemento clave para entender esta sentencia. Yo no entro a valorar por qué a la señora Moseñe le parece constitucional que se multe a alguien en España por rotular en castellano. No sé si le parece bien, mal, está a favor, le da igual, está "más de acuerdo", como Zapatero, o quiere hacer méritos. Pero que no hubiera dictado esta sentencia de poder ser recurrida, seguro.

La base de la sentencia es la que ya les he mencionado del noventa y cuatro y el resto, con el debido respeto, como dicen los mafiosos, es un lío al más puro estilo Gómez Bermúdez, decorándose con continuas referencias a que esto no es una imposición y que es un error pensarlo y que nada más lejos de la realidad. Esto en la parte en la que se esfuerza en justificar la sanción, que en el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad se lava las manos directamente.

Y después del jardín jurídico, la señora Moseñe justifica que se imponga una sanción por no rotular en catalán, aunque hubiera un cartel en catalán, porque el cartel que definía la "oferta de servicios" estaba en castellano. Un ejercicio de finura jurídica si tenemos en cuenta que un cartel rezaba "Finques Nevot" y el otro –el delictuoso– "Fincas Nevot Api compra venta pisos solares y rústicas". ¡Ajajá! ¡Aquí te hemos pillao! ¿Aprecian ustedes la sutileza? El señor Nevot se la quería colar a la Administración y a su señoría –jurídicamente, claro–, pero la señora Moseñe ha estado lista viendo la jugada.

Una de las curiosidades de este lance es que el honrado ciudadano que delató a Nevot y que sintió vulnerados sus derechos lingüísticos responde al nombre de Víctor Manuel Pazo Ortiz, como se dice en la sentencia. Y el señor Pazo Ortiz ha recibido el amparo de la señora Moseñe en castellano; porque la sentencia está redactada en castellano, lo que añade a la injusticia, la desidia, ya que los jueces disponen de un servicio de traducción de sentencias y, en general, de toda su producción literaria. Teniendo en cuenta que el señor Pazo te denuncia por menos de eso, a ver quién le dice que su denuncia por no rotular en catalán ha acabado con una sentencia en castellano. Usted misma, señoría.


Libertad Digital - Opinión

¿Maquiavelo?. Por Ignacio Camacho

PARA ser «el Maquiavelo de León», como ha titulado José García Abad su interesante retrato psicopolítico del presidente y de su círculo de poder, a Zapatero le falta profundidad intelectual y perspicacia política. Las sustituye por intuición propagandística y pragmatismo maniobrero, como bien explica el citado libro de moda -demoledor en sus resultados aunque no sé si en sus intenciones-, pero el presunto maquiavelismo presidencial es más bien fruto de una indiscutible sagacidad para la treta y la intriga que de un proyecto estratégico. El propio García Abad perfila a ZP como un gobernante desordenado, improvisador, superficial y atento sólo -a veces con escalofriante frivolidad- a los detalles más triviales del marketing político; ninguno de estos aspectos figura entre las cualidades con las que el pensador florentino adornaba el liderazgo ideal de su príncipe, dibujado con una hondura conceptual y una longitud de mirada de la que carece nuestro primer ministro.

Otra cosa es que Zapatero sea en realidad un personaje mucho más retorcido de lo que aparenta, y que por el camino banal de la finta, el amago y la liquidez ideológica haya logrado objetivos de implacable contundencia. Ha eliminado a cualquier posible rival generacional aparentando liquidar a la vieja guardia socialista, y bajo el esquema formal del talante ha introducido en la escena pública española factores muy sectarios de confrontación y radicalismo. Pero carece de un proyecto estable y de unos principios sólidos; su estilo es de una fluidez casi gaseosa por falta de arraigo intelectual, si bien ese carácter atrevido y cínico lo vuelve, como sugiere Abad, peligroso, oblicuo y esquinado. Maquiavélico en el sentido más peyorativo del término.

Es probable que al propio presidente no le disguste la comparación con Maquiavelo, aunque venga envuelta en un retrato letal de su escurridiza personalidad y de sus dispersos métodos. El autor, veterano periodista de indubitable credo socialdemócrata, ha impuesto sobre su faceta ideológica un impecable profesionalismo, y desde su cercanía al felipismo y a sus fuentes ha trazado con una prosa desnuda y seca un bosquejo de notable objetividad psicológica, cuyas conclusiones quedan abiertas a la interpretación subjetiva de los lectores. El retrato final se parece a los que Goya hacía de la familia borbónica: fidelísimo de rasgos y bastante cruel de conclusiones.

Lo que en todo caso sugiere un texto así, lo pretenda o no quien lo ha escrito, es una reflexión sobre los filtros de selección que rigen en la actual política española, abiertos a que cualquier tipo sin más equipaje que la osadía y un par de golpes de fortuna acceda al núcleo duro del poder y pueda controlarlo a su antojo. En ese sentido, Maquiavelo se lamentaría; como modelo Zapatero apunta más al caótico y ambicioso César Borgia que al ponderado y lúcido Lorenzo de Médici.


ABC - Opinión

Nalgas de cemento armado. Por Pablo Molina

No hay nada que provoque más pavor en un sindicato de clase (alta) que la posibilidad de que alguien decida libremente si desea o no aceptar un contrato de trabajo.

Viendo por primera vez las imágenes de la campaña de la UGT en contra del contrato juvenil propuesto por la CEOE, con un esforzado liberado sindical ofreciendo sus cuartos traseros a la cámara, uno creía que se trataba simplemente de un homenaje La Moncloa, haciendo referencia a la posición anatómica que mantienen los sindicatos desde que Zapatero llegó al poder.

Pero no se trataba de una representación visual de la relación entre sindicatos y Gobierno, sino de la expresión del rechazo de los liberados sindicales hacia la posibilidad de que cualquier joven de España pueda encontrar un trabajo remunerado. Y es no hay nada que provoque más pavor en un sindicato de clase (alta) que la posibilidad de que alguien decida libremente si desea o no aceptar un contrato de trabajo, porque si el ejemplo cunde igual algún día la gente se da cuenta de que su labor es innecesaria y muchos de los actuales liberados tendrían que ponerse a trabajar, con el drama social consiguiente.

A todos nos gustaría tener un sueldazo fijo trabajando lo justo o más bien nada, pero para eso hay que ser diputado o sindicalista, porque en la vida real las cosas funcionan de otra manera. Sin embargo, si algún joven decide comenzar su vida laboral aceptando una modalidad de contrato menos exigente que las que existen normalmente en tiempos de bonanza económica, ahí están unos señores que supuestamente representan sus intereses para impedírselo.

Y es que la alternativa a aceptar un contrato liberado de cargas empresariales excesivas no es otro con mayores garantías en caso de despido, sino seguir engrosando las listas de desempleados y viviendo en casa de los padres. En momentos en que la economía crece es un agravio a la libertad del individuo, pero en momentos de gravísima recesión económica es sencillamente letal.

Por otra parte, sorprende que un gesto tan sencillo como el de la campaña del culito sindical necesite un manual visual de instrucciones detallando el proceso paso a paso, pero nadie mejor que la UGT para conocer el nivel intelectivo medio de sus afiliados y simpatizantes.


Libertad Digital - Opinión

El chantaje de Al Qaida

CUANDO una partida de forajidos asalta una caravana de viajeros, los secuestra y se los lleva a punta de pistola para mantenerlos cautivos en su escondite, no se puede contar con la posibilidad de tratar con ellos como si fueran una asociación de bonancibles caballeros con los que sólo nos separan ciertas opiniones. Al Qaida -con todas sus ramificaciones y franquicias internacionales- es una organización terrorista que no escatima medios para luchar contra las sociedades libres y sus ciudadanos. En pleno siglo XXI se reproducen comportamientos medievales que creíamos superados: los piratas atacan a los pescadores y los terroristas islámicos toman como rehenes a los transeúntes que caen en sus garras para pedir rescate a cambio de sus vidas.

El Gobierno no debe olvidar que, cuando los terroristas secuestran a alguien, en realidad están atacando también a toda la sociedad libre, y que sólo la recomendación de no viajar por tal o cual lugar constituye una victoria para ellos. Nadie niega que la posición del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero en este atroz episodio del secuestro en Mauritania de los cooperantes españoles sea muy delicada, con vertientes humanas que no se pueden ignorar. Pero al mismo tiempo es su obligación recordar que resolver este lamentable secuestro no consiste solamente en hacer que esos tres conciudadanos regresen sanos y salvos a sus casas, sino prevenir que los terroristas obtengan una ventaja para seguir cometiendo fechorías, de modo que el resto de la sociedad pueda viajar a salvo de esas alimañas. La responsabilidad del Gobierno incluye también no hacer algo que pueda contribuir a desestabilizar aún más a un país muy cercano geográficamente del territorio español, como es Mauritania. El Ejecutivo está en su derecho de mantener cierta discreción en sus gestiones, pero, antes que nada, debe evitar sentirse también rehén de una pandilla de terroristas desarrapados e indeseables que se creen con fuerza suficiente para hacerle temblar frente a la opinión pública. Nada de lo que se pacta con delincuentes puede honrar a un Gobierno democrático ni puede ser bueno para sus intereses.

ABC - Editorial

El aspecto. Por Alfonso Ussía

Me llama un viejo amigo inglés. Habla un español perfecto con cerrado acento andaluz. Lo aprendió en Jerez. Estuvo a punto de solicitar la nacionalidad española cuando, llegando a Sevilla por la avenida de la Palmera una mañana de mayo, descubrió los azules y morados de los jacarandas y la explosión de las buganvillas y las lantanas. Coincidió su estancia en Jerez de la Frontera con mi servicio militar en Campo Soto, en la isla de San Fernando. Volvió a Inglaterra a ocuparse de sus negocios y se mantiene como el más andaluz de los británicos. Me llama y me dice: –Enhorabuena. Al fin os lo vamos a devolver–; –¿Gibraltar?–, le pregunto; –no, no, lo de Gibraltar ya lo arreglaremos en el futuro. Os vamos a devolver a De Juana Chaos–.

Le ruego su intervención, pero rechaza mi súplica. –«No se puede admitir su aspecto. Lo siento, pero tenéis unos asesinos con una pinta malísima. Nuestros terroristas del IRA, disfrazados de personas normales, pueden engañar. Vuestros terroristas son mucho más ordinarios»–. No he tenido argumentos rápidos para llevarle la contraria. En efecto, las fotografías de De Juana Chaos cuando abandonaba los juzgados de Belfast, son demoledoras. No se trata de su excrecencia humana. No se trata de su pasado sanguinario y su presente de asesino en paro obligatorio, que no voluntario. Se trata de su aspecto. Es un asesino de tan baja estofa que hasta tiene cara de serlo. En España le esperan otros dos añitos de cárcel, generosa propina que no merecen sus veinticinco asesinados. Lo que más ha animado a mi viejo amigo inglés para celebrar la muy probable extradición a España del forajido vasco ha sido la camiseta naranja que llevó De Juana a los juzgados. Una camiseta naranja con el rostro estampado de otro hijo de la gran puta como él –un tal «Jon», que ha desaparecido, según parece–, y con la leyenda «¿dónde está?». Por las fotografías se deduce que De Juana Chaos cree estar protagonizando con el mensaje de su camiseta naranja un acto heroico, cuando en realidad, una vez más, hace el ridículo. En lo único que no ha hecho el ridículo De Juana Chaos en toda su vida, ha sido matando. Ahí hay que reconocerle una estimable capacidad. Y en tirarse a Irati cuando era su novia, pero en este caso la estimable capacidad para llevar a buen fin sus actos hay que concedérsela al Gobierno de Zapatero, que se lo permitía por su condición de «hombre de paz».

No se antoja correcto que nos lo devuelvan. Dos años de cárcel en España son mucho más llevaderos que dos semanas en Belfast con plena libertad. Belfast es más triste y aburrida que fregar la pista de un circo. Y no sabiendo ni patata de inglés, aún más. Aceptaría el canje a cambio de Gibraltar. Nos devuelven Gibraltar y nos quedamos con el monstruo. Pero que nos encajen al criminal imbécil y se queden con el peñón es como para presentarse en el Palacio de Buckingham y liarse a patadas con los perros de la Reina. Que se quede en Belfast para el resto de sus días, que dos años pasan muy deprisa y este canalla no merece disfrutar de la libertad y los paisajes que llenó de sangre inocente.

Quedaos con el de la camiseta naranja, que en España no cabe un hijoputa más.


La Razón - Opinión

Gallegos. Por Manuel Rivas

En ocasiones el político tiene que tragarse sus propias palabras e incluso puede descubrir, como constataba Churchill, que esa práctica ayuda mucho a conseguir una dieta equilibrada.

Según las últimas encuestas, Rosa Díez pasa por ser la política mejor valorada de España. Podríamos decir, "más mejor", pero sería incorrecto. Esta líder tan emergente lleva unos días atascada de forma absurda en el medio de una escalera, desde que se le ocurrió contestar con un desliz xenófobo a la pregunta de Gabilondo, en CNN+, de qué pensaba sobre Zapatero: "Es gallego, en el sentido más peyorativo del término". No era una primicia. En octubre pasado había recurrido a la misma perla para definir a Núñez Feijóo. La construcción gramatical es tan absurda como el contenido, y un lapso repetido puede revelar un inconfesable prejuicio. Lo peyorativo, sea "más" o sea "menos", es siempre peyorativo. Pero, ¿qué sentido tiene utilizar reiteradamente un gentilicio para descalificar a los rivales políticos? Gabilondo le preguntó también por Rajoy. Aquí la respuesta fue de bingo: "¡Es gallego!". La señora Díez cuenta con mentores intelectuales de gran inteligencia, gallegos incluidos, por lo que resulta sorprendente que, al final, su programa se limite a calzar el adjetivo "gallego" a diestra y siniestra. Si además su propósito es salvar España, en el sentido "más mejor" del término salvar, podría intentar convocarnos a la tarea con un estilo más cosmopolita y menos "cantonal y pueblerino", que diría Arcadi Espada. El problema para algunos es de sentido de humor. Es lo que suelen alegar los paletos metropolitanos cuando pretenden reírse de los que consideran paletos "de aldea". Eso ya lo dejó bien zanjado Octavio Paz: puede ser más cateto un figura de Wall Street que un pelao del último ranchito. Además, no le veo vocación humorística a la señora Díez. Lo peor no es que nos quiera salvar. Lo peor es que nos quiere aburrir en nombre de España.

El País - Opinión

Garzón, de la megalomanía a la paranoia

Garzón sabe que está al borde del precipicio por sus errores y ha decidido huir hacia delante, algo que sólo sirve para ponerse en evidencia.

RESULTA muy frecuente en la psiquiatría que la megalomanía, caracterizada por los delirios de grandeza, evolucione a una paranoia por la que el sujeto se fabrica una realidad conspirativa que sólo existe en su mente. Es el caso de Baltasar Garzón, que ayer elevó un disparatado escrito al Consejo del Poder Judicial en el que se declara víctima de una «cruel campaña de acoso y desprestigio», encaminada a su expulsión de la carrera judicial.

Dice Garzón que está siendo objeto de «una persecución sin precedentes» por parte de EL MUNDO, que actúa por «resentimiento». El superjuez sostiene que este periódico no deja pasar ninguna oportunidad para buscar su «denigración» desde que un juzgado de Pozuelo de Alarcón condenó en 2007 a su director. Preso de su manía persecutoria, Garzón se refiere a un pleito irrelevante en el que él mismo englobó artículos de diferentes autores de este periódico para presentar una demanda civil contra el director de EL MUNDO. El tribunal se limitó a obligar al periódico a publicar la sentencia. Como es tan chapucero, Garzón subraya en su escrito que ese fallo fue ratificado por la Audiencia de Madrid en la misma fecha en la que se pronunciaba el juzgado de Pozuelo, lo cual es imposible metafísicamente.


Tras descalificar a este periódico, Garzón dedica sus iras al PP, que, según sus palabras, pretende «depurarle» por su papel en la investigación del caso Gürtel. Arremete contra Esperanza Aguirre y Federico Trillo y subraya que el partido de Rajoy no ha cejado con sus «insistentes denuncias» en intentar acabar «a las bravas» con su carrera profesional.

En su escrito, Garzón recusa por enemistad manifiesta a tres miembros del Consejo General del Poder Judicial: su vicepresidente Fernando de Rosa, Gema Gallego y Margarita Robles. A De Rosa le descalifica por ser amigo de Camps. Insulta a la juez Gallego y pone en cuestión su honestidad profesional. De Margarita Robles dice que ha manifestado «una enemistad profunda» desde que él instruyó el caso GAL cuando la vocal era secretaria de Estado de Interior y que, por tanto, no puede ser imparcial al pronunciarse sobre su suspensión.

Habría que recordar a Garzón que fue precisamente Margarita Robles desde su puesto en el Ministerio del Interior quien luchó de forma muy valiente para que la Justicia no dejara impunes los crímenes de los GAL. Entonces estaba de su lado -por razones mucho más puras que las suyas- y no del de Rafael Vera, como parece aviesamente sugerir el juez de la Audiencia Nacional.

Tampoco se libra el Tribunal Supremo de la diatriba de Garzón, que considera que la Sala Segunda ha cambiado de criterio al admitir a trámite las tres querellas contra él, subrayando que siempre ha tenido el apoyo de la Fiscalía. Garzón afirma que las querellas carecen de fundamento, lo que es una manera de poner contra la espada y la pared al Supremo, al que acusa de «priorizar el interés de los querellantes».

La tesis que se desprende de los 26 folios de su escrito es que el PP y varios grupúsculos de extrema derecha, jueces del Supremo, vocales de distinto signo político del CGPJ y este periódico han formado una alianza contra natura para acabar con él, que es al parecer el único paladín de la Justicia en este país.

Pero su problema no es lo que digamos en este periódico ni lo que buena parte de la opinión pública y sus compañeros piensan de él. Su problema son los hechos, como escribía Tomás Vives, ex vicepresidente del Constitucional, que en un demoledor artículo explicaba las razones jurídicas por las que probablemente va a acabar en el banquillo.

Garzón sabe que está al borde del precipicio por sus muchos errores y ha decidido iniciar una huida hacia adelante que sólo está sirviendo para poner en evidencia su desequilibrio personal y su inconsistencia intelectual. El juez ve ahora las mismas conspiraciones de las que le acusaban a él de formar parte cuando instruía el caso GAL.


El Mundo - Editorial

Rosa Díez, síntoma del odio a España

No es de extrañar que tras 30 años de adoctrinamiento nacionalista haya aparecido toda una legión de jóvenes radicales que, empleando los métodos típicos del fascismo y del comunismo, ataque con saña al disidente.

En opinión del filósofo escocés David Hume, a largo plazo un régimen político sólo puede sobrevivir mediante la aquiescencia de la mayoría de sus ciudadanos. De este modo, un régimen político que cercenara las libertades de los individuos sólo podría implementar sus medidas represivas con la complicidad de una mayoría de esos individuos; en cuyo caso, la cuestión debería ser por qué esa mayoría termina aceptando –e incluso apoyando– que una camarilla de políticos ataque las libertades de sus vecinos, amigos y familiares; por qué una sociedad termina detestando ciertas manifestaciones de la libertad individual aun cuando no perjudiquen directamente a nadie.

Y la respuesta, más allá de casos puntuales y concretos, sólo cabe buscarla en el odio. Si ese sentimiento de repulsa consigue prender entre la mayoría de la sociedad, cualquier medida política que sirva para canalizarlo, con independencia de lo lesiva que sea para las libertades individuales, terminará prosperando. Todos los totalitarismos en algún momento han tenido que promover el odio de clase, de raza, de religión o de nacionalidad para asentarse y justificar sus atropellos.


En ciertas regiones de España, salvando unas distancias cada vez más estrechas, también se ha ido cultivando un odio hacia todo lo que simboliza lo español. La lengua y literatura castellanas o el himno y la bandera nacional se han convertido en ciertas partes del país en anatemas que son sometidos a todo tipo de abucheos, pitadas, censuras o quemas. El nacionalismo ha convertido el odio a España en su estrategia para consolidarse en el poder; pues en la medida en que los partidos no nacionalistas sean vistos como invasores o incluso agresores de las esencias comunitarias, sólo la propia tribu tendrá legitimidad para controlar las instituciones.

De ahí que tanto los partidos estrictamente nacionalistas como los asimilados hayan cultivado con dedicación el odio a España y a los españoles y de ahí que tras 30 años de adoctrinamiento haya aparecido toda una legión de jóvenes radicales que, empleando los métodos típicos del fascismo y del comunismo, exterioricen aquellas ideas y sentimientos que el sistema de educación público les ha imbuido.

En otras palabras, para que en Cataluña se pueda perseguir a quienes rotulan en castellano o para que se pueda impedir a los padres escolarizar a sus hijos en la lengua familiar es necesario que el odio hacia España se encuentre muy extendido entre la sociedad catalana. Así, no es de extrañar que una parte de esa sociedad, la más ideologizada y totalitaria, convierta ese odio en agresiones físicas y trate de impedir que se exprese cualquier persona que ponga en cuestión todo el entramado de intereses creados en torno al nacionalismo.

Rosa Díez ha sido la última que, hasta el momento, ha recibido los frutos de ese modelo de sociedad que ha venido planificando y construyendo el nacionalismo: una sociedad rencorosa y asentada en el odio hacia sus conciudadanos. Como ella misma ha reconocido, "unos echan la leña y otros encienden la hoguera". El nacionalismo catalán –como en sus respectivas regiones, el vasco o el gallego– ha venido echando leña a la hoguera antiespañolista y poco ha costado que algunos hayan encendido ocasionalmente la hoguera.

Se trata de unos síntomas que, además de inadmisibles para un gobierno democrático que merezca tal nombre, deberían hacer reflexionar a la mayoría de los catalanes sobre los extremos a los que los ha conducido el nacionalismo. Una sociedad abierta no puede asentarse sobre un acorralamiento permanente del que discrepa de la verdad oficial, sobre todo cuando esa discrepancia supone defender una ampliación de las libertades.

Lo peor de las agresiones contra Rosa Díez es que muchos en Cataluña (y fuera de Cataluña) las encontrarán justificadas y proporcionales; las verán como una justa respuesta a una provocación anterior, a un ataque previo. Y ese es el drama de Cataluña y en general de todas las sociedades modernas que aceptan la represión estatal como principio rector: que la defensa de la libertad individual es vista como una ofensa. El odio les ciega y les impide ver más allá de los hombres de paja que les han colocado estratégicamente los nacionalistas.


Libertad Digital - Editorial

Una ley corrosiva

EN el mes de julio entrará en vigor la nueva ley de ampliación del aborto, si antes el Tribunal Constitucional no la ha revocado gracias al recurso de inconstitucionalidad que el Partido Popular se ha comprometido a presentar. Aunque el PP dispone de tres meses para impugnar la ley desde su publicación en el BOE -lo que sucedió el pasado jueves-, la presentación del recurso es urgente porque la Ley Orgánica del TC no prevé la suspensión del texto recurrido. Sin embargo, si en algún caso está justificada la suspensión de una ley, es éste, porque los perjuicios que puede ocasionar su entrada en vigor y posterior derogación serían trágicamente irreversibles. Por tanto, es apremiante que el PP impugne y que el Tribunal Constitucional resuelva.

Esta es una ley profundamente injusta y arbitraria, contra la que está legitimada toda acción legal y cualquier manifestación cívica de oposición, como las convocadas para mañana por asociaciones pro vida. Es una ley que vulnera la doctrina del TC, contraria al aborto libre, porque éste representa la pura y simple decisión de acabar con la vida de un ser humano. Además, es una ley que promueve directamente el aborto, al calificarlo como un derecho subjetivo de la mujer y al ordenar que sus disposiciones sean siempre interpretadas en sentido favorable a la decisión de abortar. No hay opción alguna para el feto.

Es también una ley basada en un falsedad continuada. No libera a la mujer de la cárcel, porque no hay una sola mujer en prisión por haber abortado; y tampoco establece límites al aborto. No hay límites de plazos, porque cerca del 91 por ciento de los abortos ya se practica en las catorce primeras semanas. Si hasta ahora hacía falta alegar un motivo -aunque fuera un formalismo- para abortar en este período, con la nueva ley, que suprime esta exigencia, el aborto se hará todavía más rutinario. Incluso el límite de veintidós semanas en caso de riesgo para la madre es una pura mascarada para prolongar el aborto libre hasta ese límite, porque legitima el feticidio por conveniencia, al utilizar la ley un concepto de salud comprensivo del bienestar «sociocultural» de la mujer. Y es también una ley contra la familia, al permitir a una menor de dieciséis años decidir libremente si informa o no a sus padres de la decisión de abortar. Una ley, en definitiva, corrosiva para una sociedad que se ha hecho un poco más primitiva desde el pasado jueves.


ABC - Editorial