domingo, 7 de marzo de 2010

Disculpándose ante Chávez. Por José María Carrascal

«LOS gobiernos de España y Venezuela ratifican su más enérgica condena del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones», dice el comunicado conjunto hecho público por ambos gobiernos.

¡Pues vaya cosa! Sólo faltaría que apoyaran el terrorismo. Pero ¿qué hay del auto del juez Velasco, donde se habla de la cooperación gubernamental venezolana con las FARC y ETA y se pide al Ministerio de Asuntos Exteriores español que «practique las gestiones pertinentes ante las autoridades venezolanas para que cooperen en la entrega de algunos de los procesados», concretamente la de los residentes en Venezuela, uno de ellos, Arturo Cubilla, que ha ocupado cargos en aquel gobierno? Pues miren ustedes lo que hay, según el comunicado conjunto que Moratinos ha presentado como un triunfo: «El gobierno venezolano refuta y desmiente las informaciones publicadas sobre una supuesta colaboración con la organización terrorista ETA, cuyas actividades rechaza sin paliativos». O sea, que el auto del juez Velasco es una patraña. Tras lo cual, que ambos gobiernos reiteren su compromiso de seguir colaborando en los ámbitos judicial y policial parece más un chiste que un documento oficial. Si querían colaborar de verdad en esos ámbitos, España hubiese tenido que haber enviado ya ese auto a Venezuela, cosa que aún no ha hecho, y Venezuela hubiese tenido que demostrar que es una patraña. En vez de eso, lo que hacen es salirnos con una declaración rebosante de términos pomposos y orgullos heridos. Lo que nos advierte que si este asunto empezó mal, está terminando peor. Peor para España, naturalmente, pues a Chávez le ha dado la oportunidad de sacar otra vez a relucir todo el resentimiento que puede acumular un matoncillo ante quienes se achantan ante él, que es lo peor que puede hacerse ante los matones.

Moratinos lo hizo, al asegurarle que Zapatero no había pedido «explicaciones» -como todos le oímos- sino «aclaraciones» a Venezuela por la colaboración con ETA denunciada por un magistrado español. Y ahora ha tenido que tragar que el gobierno venezolano desmienta tal denuncia. ¿Cuál va a ser la próxima? ¿No dar curso al auto del juez Velasco por tales o cuales razones jurídicas? ¿Movilizar a todos sus peones en la justicia española para paralizar al magistrado de la Audiencia Nacional? ¿Aceptar el no rotundo de Caracas? ¿O no insistir si da la callada por respuesta? Capaz es de cualquiera de esas cosas y de otras más graves. A fin de cuentas, la presencia y actividad de ETA en Venezuela no es que sea un secreto a voces, es que ni siquiera es un secreto. ¿La última prueba? José Lorenzo Ayestarán, miembro del comando detenido hace poco en Francia, procedía de Venezuela, donde se había «recuperado» de su labor asesina. Esperemos que Moratinos no se haya disculpado por su detención.

ABC - Opinión

Los amigos de Garzón

DURANTE muchos años, Baltasar Garzón ha ejercido a conciencia el papel de juez «estrella» con un protagonismo mediático que no se corresponde con la imagen propia de los miembros del Poder Judicial.

Ya fuera en el «caso Pinochet» o en cualquier otro asunto conflictivo, el magistrado ha exprimido la legislación procesal en busca de resquicios para asumir todo tipo de competencias, a veces discutibles. Ahora resulta que, en el estricto ejercicio de sus funciones, la sala de lo Penal del Tribunal Supremo estima que Garzón podría haber incurrido en un delito de prevaricación por extralimitarse en su investigación sobre determinadas víctimas del franquismo al aplicar a su manera la mal llamada «memoria histórica». Cuando las cosas no funcionan a su gusto, los entusiastas protestan ruidosamente y descalifican las reglas básicas de la normativa vigente que permiten al órgano competente exigir responsabilidades al magistrado. Al parecer, es obligatorio jalear a Garzón cuando interesa al Gobierno, por ejemplo, por su hiperactividad en trama Gürtel o su pasividad en el «caso Faisán». Por el contrario, hay que acusar a los magistrados del Supremo que admiten la existencia de indicios suficientes para imputarle por una posible conducta que consiste en dictar a sabiendas una resolución injusta. Es evidente que algunos manejan una doble vara de medir, con el argumento -jurídicamente intolerable- del supuesto «progresismo» de unos y de otros.

Todas las personas son iguales ante la ley, incluidos los jueces y magistrados que integran el poder judicial, y también -aunque a veces no lo parezca- el ciudadano Baltasar Garzón. El grupo de amigos que organizó ayer en Jaén un homenaje ruidoso está integrado por artistas y juristas que, salvo alguna excepción, comparten una ideología que, por lo visto, no les permite actuar de forma objetiva. Con todas las garantías legales, como es propio del Estado de Derecho, el magistrado ahora imputado podrá defenderse de las graves acusaciones que se sustancian ante el órgano jurisdiccional competente y que, en su caso, podrían llegar al CGPJ a adoptar medidas provisionales. Todo ello en el marco de la ley, a la que el famoso juez está sujeto lo mismo que los demás, aunque algunos le otorguen patente de corso.

ABC - Editorial

Papelón diplomático

El Gobierno pacta con Chávez un comunicado que no responde al fallo judicial

Los gobiernos de España y Venezuela intentaron ayer zanjar la polémica suscitada tras el auto de la Audiencia Nacional en el que se acusaba al régimen de Hugo Chávez de colaborar con las bandas terroristas ETA y FARC. En una extraña e insólita pirueta diplomática, el Ministerio de Asuntos Exteriores hizo público a primera hora de la tarde un escueto comunicado conjunto en el que España y Venezuela ratificaron «su más enérgica condena al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones», y subrayaron su compromiso mutuo a la hora de cooperar en todos los ámbitos, especialmente la lucha contra la banda terrorista ETA, cuyas actividades Caracas «rechaza sin paliativos».

En la nota, «ambos gobiernos reiteran su compromiso de seguir colaborando en los ámbitos judicial y policial». Debemos entender, por tanto, que la diplomacia española se da por satisfecha con esta toma de posición retórica de un régimen absolutamente bajo sospecha y cuya política de hechos consumados desmiente constantemente sus pronunciamientos. Este último episodio es otra prueba de la condescendencia y el complejo de inferioridad que presiden las relaciones del Gobierno con Chávez. Desde que el juez Eloy Velasco hiciera pública una resolución, por lo demás absolutamente nítida, Exteriores ha desarrollado una estrategia de paños calientes, entorpecimiento y confusión, sin que se atisbara ánimo decidido de colaborar con la Justicia española. El interés primordial ha sido, por el contrario, no perturbar al caudillo venezolano, aun a costa de protagonizar rectificaciones públicas al propio presidente del Gobierno y ejercer de portavoz defensor del caudillo, como con la nota de ayer. En este punto, nos parece especialmente grave que el Ministerio esté trabando la acción de la Justicia en un asunto como la lucha antiterrorista y que el propio ministro Moratinos desviara el escrito del juez a la asesoría de su departamento «para clarificar una serie de cuestiones». La maniobra dilatoria del Gobierno no tiene un pase, porque la resolución del magistrado es clara y apremia a los ministerios de Exteriores e Interior a hacer las «gestiones pertinentes» para que Cuba y Venezuela «cooperen» en la detención y entrega de los presuntos etarras y miembros de la FARC procesados que se encuentran en su territorio.

Sobran, por tanto, los comunicados conjuntos con lugares comunes y faltan hechos y actuaciones. Un juez de la Audiencia Nacional ha reclamado el arresto de unos presuntos terroristas con delitos muy graves en su haber en función de una investigación policial seria y la obligación inexcusable del Gobierno es cumplir ese mandato y no frenarlo.

El papelón de nuestra diplomacia en general, y del ministro Moratinos en particular, demuestra de nuevo que no puede representar los intereses de la nación. Hablamos de delitos muy graves en un ámbito tan especialmente doloroso para los españoles como el terrorismo. Y hablamos también de un régimen como el de Chávez, que avanza a pasos agigantados hacia el totalitarismo, donde se persiguen derechos fundamentales. El comunicado conjunto de ayer hablaba de cooperación y de condena. LA RAZÓN publica hoy que Iberoamérica, especialmente Venezuela y Cuba, es santuario de ETA y que decenas de etarras disfrutan de una impunidad intolerable. Lo que corresponde es que Chávez conteste al fallo judicial español y persiga a los etarras que viven en Venezuela y que Moratinos, ya que no abandona su responsabilidad, sea exigente y tenga claro que su prioridad no es la seguridad y el bienestar del caudillo, sino los de los españoles.


La Razón - Editorial

Con ETA se fue más lejos de lo que se dijo y hubo presión a los jueces

Así lo reflejan las actas de ETA. La claudicación política ante la banda terrorista incluía concesiones intolerables en el ámbito judicial.

TAL y como refleja la parte de las actas de ETA incautadas en Francia que hoy desvelamos, en la negociación con la banda los representantes del Gobierno pusieron sobre la mesa la denominada doctrina Parot -establecida en 2006 por el Tribunal Supremo-, que implica que los beneficios penitenciarios deben aplicarse sobre cada una de las condenas del reo y no sobre la pena acumulada, lo que limita notablemente la reducción de ésta. «No tenéis ni idea de la pelea que tenemos para modificar esa doctrina... si no hubiera más remedio habría que cambiar las leyes», llegan a confesar los enviados del Gobierno. Cuando éstos negociaban con los etarras, tal interpretación, aplicada al sanguinario Henri Parot, era firme, pero aún no se había extendido a otros reos de la banda cuya liquidación de penas ya estaba establecida con sensibles reducciones gracias a los beneficios penitenciarios que permitía la fórmula anterior a la sentencia del Supremo.

Del contenido de las conversaciones se deduce que el Ejecutivo tenía una «pelea» con los magistrados para convencerles de que fueran condescendientes para facilitar así el proceso de paz, pero que, en última instancia, estaba dispuesto a «cambiar» el Código Penal para beneficiar a los etarras encarcelados. Más enigmática es la afirmación de los interlocutores del Gobierno -cuya identidad se desconoce en este caso- en cuanto a que había una correlación de fuerzas del 70-30 y creían que podrían conseguir otra del 95-5. Todo apunta a que se referían a la suma de voluntades que habían logrado en el estamento judicial a favor de sus propósitos, ya fuera en el Supremo, ya en el Constitucional, donde acabó desembocando la doctrina Parot.

Por oprobioso que pudiera resultar, nada cabría reprochar formalmente al Gobierno si hubiera decidido cambiar la ley dando la cara en el Parlamento y asumiendo el coste político correspondiente. Sin embargo, es indignante que intentara conseguir sus objetivos políticos de forma subrepticia, presionando a los jueces.

Si a este episodio añadimos que, según publicamos días atrás, el abogado Gómez Benítez, en otra reunión de esta serie de contactos con ETA, ofreció a la banda mediar ante el Supremo para lograr la impunidad de Jarrai y PCTV, quedan patentes dos cosas: que el Gobierno indujo a varios magistrados para que actuaran en función de su interés con absoluto desprecio a la independencia judicial y también que incluyó concesiones políticas en la negociación, por lo que Zapatero no dijo la verdad en torno a las líneas rojas que había fijado en ese proceso.

Dado que el diálogo con la banda fracasó, podrá argumentarse que al final no hubo claudicación, pero aun así, la imagen del Gobierno sale muy dañada. En las actas queda retratada su bisoñez y frivolidad al tratar a pecho descubierto unos asuntos que, en el caso de saltar algún día a la opinión pública -como así ha sido-, le pondrían a los pies de los caballos. En definitiva, lo que demuestran esos documentos es que el Ejecutivo fue más allá de lo prudente, y también su error de cálculo, ya que la situación no estaba tan madura como suponía.


El Mundo - Editorial

El problema de confiar en el Estado. Por Emilio J. González

De lo que ahora sucede con las pensiones no se puede culpar en exclusiva a los políticos, porque los ciudadanos también tienen su buena parte de responsabilidad por confiar tan ciegamente en el Estado.

¿Por qué en España la importancia de los fondos privados de pensiones es tan poca, tanto en términos absolutos como en comparación con los países avanzados? Esta es una cuestión que siempre me ha llamado la atención, lo mismo que un segundo hecho muy relacionado con el primero: la negativa de muchos españoles durante tantos años a aceptar que, algún día, el sistema público de pensiones podía quebrar, por una simple cuestión de lógica demográfica. Hoy, sin embargo, muchos de esos que confiaron ciegamente en la solvencia del sistema o, peor aún, en que al final el Estado siempre proveería, asisten con desolación a las propuestas de reforma que empieza a desgranar el Gobierno, que se resumen, básicamente, en que habrá que trabajar más años para cobrar menos dinero cuando llegue el momento del retiro. Lo cual ha constituido para muchos una desagradable sorpresa que no están financieramente preparados para afrontarla porque en su momento rechazaron de plano la idea de suscribir un plan privado de pensiones y porque ahora, endeudados como están hasta las cejas por haber comprado un piso a precios astronómicos, no tienen margen para ahorrar de cara al futuro.

Desde luego, este Gobierno, el de Zapatero, no ha hecho mucho, precisamente, por estimular la contratación de planes privados de pensiones, al menos para que, cuando llegue el momento, la renta que proporcionen pueda complementar a una prestación pública que, para muchos, se adivina exigua. Es más, desde que ZP llegó al poder en 2004 su Ejecutivo ha estado buscando formas para desincentivar las aportaciones a los planes privados: desde el incremento de su fiscalidad a la eliminación de la desgravación en el IRPF de las aportaciones a los sistemas privados de previsión social, pasando por tratar de convencer a los autónomos de que incrementen voluntariamente sus cotizaciones a la Seguridad Social (lo cual, lógicamente, harían en detrimento de las aportaciones a los sistemas privados). Y es que para ZP había dos cosas importantes: allegar como fuese recursos a la Seguridad Social y, sobre todo, eso tan socialista de que es el Estado, y no el individuo, quien tiene que proveer para el conjunto de la sociedad. De esta forma, el presidente del Gobierno habría conseguido dos objetivos: controlar a la sociedad a través del sistema público de pensiones y ejecutar una de sus políticas sociales; la de subir las pensiones mínimas, sin que ello suponga mayores gastos para el Estado, porque esa medida ya la financiarían los cotizantes a la Seguridad Social, sobre todo quienes, en razón de su sueldo, más aporten. Por tanto, ZP nunca ha tenido el menor interés en que se desarrolle en España la previsión social complementaria, sino todo lo contrario.

El Partido Popular, a su vez, tuvo en su momento la posibilidad de llevar a cabo una verdadera reforma del modelo de pensiones, abriendo las puertas de verdad a los sistema privados, pero la desperdició, en parte porque decían que la sociedad no aceptaría esa reforma, que nunca le quisieron explicar, en parte porque en el PP los verdaderos liberales caben en un 600 y a todos los demás eso del Estado les pone. Así es que, entre unos y otros, la casa sin barrer.

No obstante, de lo que ahora sucede con las pensiones y la baja importancia, aunque afortunadamente creciente, que tienen los planes privados en nuestro país, no se puede culpar en exclusiva a los políticos, porque los ciudadanos también tienen su buena parte de responsabilidad por confiar tan ciegamente en el Estado.

Es cierto que muchas generaciones de españoles hemos sido educadas en la idea de que el Estado es un ente moralmente superior al hombre, pero la inteligencia enseña a mirar a la vida con actitud crítica y cuestionar muchas de las cosas que aprendimos de niños, como así ha ocurrido, unas veces para bien y otras para mal. Sin embargo, la confianza en el Estado proveedor apenas se ha cuestionado, en parte porque para muchos suponía la ruptura de un esquema de pensamiento cuya quiebra les arrojaba de lleno en brazos de la libertad, con sus deberes y responsabilidades.

Para mucha gente es mucho más cómodo decir que debe ser el Estado quien se encargue de esto o aquello y, de esta forma, hacer dejación de sus responsabilidades. Por ejemplo, quien cree que se debe ayudar económicamente a los países más pobres pide que lo haga el Estado, en lugar de ser él quien se rasque el bolsillo, y así encuentra satisfacción moral aunque ello implique la dejación de una responsabilidad personal. Con las pensiones ocurre tres cuartos de lo mismo. Si el Estado se encarga de ello, yo no tengo por qué preocuparme de mi futuro, y más, decían muchos, cuando se tiene en cuenta que el valor de un plan de pensiones puede bajar en algún momento del tiempo, en función de las circunstancias económicas y de los mercados financieros; olvidando que para algo está la gestión prudente, por ejemplo, ese principio sencillo de entender que dice que el porcentaje de un plan de pensiones invertido en activos de riesgo, como acciones, debe ser igual a los años que a uno le resten hasta llegar a la jubilación. ¿Qué a alguien le quedan cinco años? Pues su plan no debería tener más de un 5% de su capital invertido en renta variable, con el fin de conservar los recursos con los que financiar la pensión. Claro que eso implica que uno se preocupe por sus cosas en lugar de dejar que sean otros los que decidan por él, porque luego pasa lo que pasa, que es un negro futuro cuando llegue la edad del retiro para quien en estos momentos tenga menos de 55 años.

También es verdad que muchos ciudadanos, en lugar de adquirir viviendas a precios que realmente se pudieran permitir, se han embarcado en compras imposibles, y el poco margen de ahorro que les pudiera quedar lo han dilapidado en vivir por encima de sus posibilidades, en todos los sentidos, porque confiaban en que el Estado proveería. Y ese es uno de los grandes problemas de nuestro país, esa confianza ciega en el Estado que lleva a la persona a hacer una verdadera dejación de sus responsabilidades individuales para echarse después las manos a la cabeza cuando quienes desde el Gobierno no tienen más remedio que reconocer que esto no da más de sí y que hay que apechugar con las consecuencias. Mi buen amigo Francisco Cabrillo escribía hace unos días en este mismo medio que lo que hacen falta son menos funcionarios y más empresarios, y tiene razón. Yo voy más allá y digo que lo que necesita España es menos confianza en el Estado y más en la propia persona a la hora de afrontar los retos de la vida.


Libertad Digital - Opinión

Un comunicado infamante

EL comunicado conjunto de los gobiernos español y venezolano sobre ETA constituye una claudicación ante las ofensivas declaraciones de Hugo Chávez contra la Justicia española y los claros datos que se han conocido de la relación de su régimen con la organización etarra. El documento suscrito por ambos ejecutivos desmiente los hechos que se recogen en el auto de procesamiento dictado por el juez Velasco contra miembros de ETA y las FARC, que ofrece informaciones muy precisas de la connivencia del régimen chavista con la alianza de ambas organizaciones terroristas. La firma del Gobierno español en ese papel implica que asume el desmentido del Ejecutivo venezolano a las manifestaciones del juez Velasco. En el colmo del sarcasmo, el Gobierno devolverá el auto al magistrado para pedirle aclaraciones. O sea, que, en lugar de pedir explicaciones a Chávez, se las pide al juez que apunta a la colaboración del régimen bolivariano con una banda terrorista que ha asesinado a casi mil compatriotas. No cabe mayor indignidad. Esta desautorización a la Justicia española es un acto inadmisible de desistimiento de los intereses nacionales. Por principio, un Gobierno de España no puede tomar partido por un régimen al que un juez español está atribuyendo un acto de colaboración con organizaciones terroristas.

En vez de poner en funcionamiento los mecanismos diplomáticos necesarios para preservar la dignidad nacional frente a las bravuconadas de Hugo Chávez, el Gobierno ha vuelto a optar por su sectarismo ideológico, dando prioridad a su identificación con los regímenes totalitarios de Centroamérica frente a sus deberes como máximo responsable político de los intereses nacionales. Es vergonzosa la rapidez con la que ambos gobiernos han urdido este comunicado conjunto. España se está convirtiendo en el palmero de las dictaduras populistas de Iberoamérica por efecto de una política exterior que premia el tercermundismo ideológico y abandona la seriedad y el rigor . No es gratuito el fracaso de la presidencia española de turno en Europa, ni la absoluta falta de respeto con que nos tratan los caudillos autócratas . Chávez no se merecía un comunicado conjunto que lavara su cara, ni a España le interesan sus declaraciones de condena a ETA: la colaboración se demuestra con hechos concretos -detenciones y extradiciones de etarras, desmantelamiento de campamentos conjuntos- y los hechos que se conocen evidencian que la Venezuela de Chávez se ha convertido en un santuario etarra.

ABC - Editorial