martes, 9 de marzo de 2010

Los arrestos de Garzón. Por Tomás Cuesta

RODRÍGUEZ Zapatero, con un fervor impropio de su perfil pastueño, ha pregonado a voz en cuello la valentía de Garzón, su arrojo y su entereza, su denuedo y su temple. Es decir, ha hecho una loa a sus arrestos, que es lo que cumple a un juez y, además, viene a huevo. En cualquier caso, es obvio que al señor presidente lo que le desazona es que la veda del faisán, que es animal de pluma, se abra antes de tiempo y con ella las fauces de un jaquetón de pelo en pecho. O sea, que el solemne ditirambo es, punto por punto, lo mismo que parece. Una advertencia explícita a quienes, bien por ingenuidad o bien por decencia, se obstinan en aplicar la ley sin excepciones, sin reservas, sin tentarse la ropa y sin que les de vergüenza.

A esos que denuncian que hay un Estado de Excepción que se solapa con el Estado de Derecho. Que el único poder es el poder ejecutor y la justicia es la liturgia del ajusticiamiento. Mientras, hemos dejado atrás el espejismo y buscamos a tientas nuestro rostro en el abismo de azogue que condensa el espejo. Alicia se ha fugado con Tim Burton y allí donde no va la sociedad del espectáculo apaga y echa el cierre. La Reina Roja continúa en sus trece: («¡Primero, la condena, que el veredicto aguarde!») amplificando el eco obsceno de Zapatero y de Garzón, de Caamaño y de Blanco, de Diego y de Bardem, de Bono y de Toledo, el mazapán y el pleonasmo. Güili Toledo, casi nada (la nadería habitual, un bigarillo, palmo arriba, palmo abajo).

Sometidos a la pena de telediario (la cadena perpetua en diversos formatos), los reos de Garzón se antojan más culpables que don Pedro Jiménez, cuarenta y dos años «o´clock», veintiséis en el trullo, cuarenta días suelto en la jungla de asfalto, siete violaciones, dos asesinatos. Un asunto vulgar, deslucido, macabro. A Correa, por contra, le corrieron en crudo y se lo merendaron a la plancha. Apenas vuelta y vuelta: de profesión, culpable.

No obstante, el imperio de la ley no discrimina a los acusadores de los acusados. Permite que los facinerosos se defiendan y dictamina a qué se juega, de qué manera y en qué campo. Vale lo que es válido y no lo que discurra un valentón ensimismado. Correa es un «corruto», un tentador de currutacos, posiblemente un miserable y quizá -¿por qué no?- un dechado de coraje. Tal que Garzón, mal comparado. La osadía de un juez (Voltaire, al habla) no avala su excelencia ni sus capacidades. Echándole garzones no se instruyen los pleitos, se pierden los papeles y extravían los plazos.

Que un magistrado se considere victimado no es una maldición lírica sino un ripio capón y atrabiliario. ¿Así qué rimas vienen? Quevedo recoge el guante. Transcribir el soneto es un lujo excesivo si las entendederas son cortas y tarascas. Que los tercetos, pues, transmitan el recado:

«No sabes escuchar versos baratos,
y sólo quien te da te quita dudas;
no te gobiernan textos, sino tratos.
Pues que de intento y de interés no mudas,
o lávate las manos con Pilatos,
o, con la bolsa ahórcate con Judas».

ABC - Opinión

Miguel Bosé. Por José García Domínguez

Bosé ha dado en sentenciar la estricta equivalencia moral entre esos cerca de diecisiete mil cadáveres que pueblan el armario ropero de los hermanos Castro y la retirada de cuatro fotos en un mueso de Valencia.

Continúa la cascada de pronunciamientos de las supremas atalayas del pensamiento hispano a propósito de Cuba. Ahora, tras el docto magisterio de Willy, acabamos de conocer el posicionamiento oficial de Miguel Bosé. Ya sólo resta, pues, disponer del comunicado institucional de Belén Esteban al respecto, saber de lo meditado por Karina acerca de la cuestión, y acusar recibo de la valoración conjunta de Paquirrín y el Julián.

Mientras tanto, y decidido a desbordar incluso el listón analítico de Willy, Bosé ha dado en sentenciar la estricta equivalencia moral entre esos cerca de diecisiete mil cadáveres que pueblan el armario ropero de los hermanos Castro, los cientos de miles de exiliados, el exterminio sistemático de la sociedad civil o los campos de concentración para homosexuales, por un lado, y la retirada de cuatro fotos en un mueso de Valencia, por el otro. En todas partes cuecen habas, vino a reflexionar, equidistante, el acreditado politólogo tras su gallarda denuncia.


Ocurre que las personas decentes están predispuestas para esperar cualquier cosa del Mal; todo, salvo el cretinismo ontológico. De ahí ese instante de parálisis intelectual, de atónita perplejidad, que invariablemente le asalta a uno tras asistir a deposiciones de semejante calibre. Abyectas analogías tan iguales, por lo demás, a aquélla de los mamporreros del "proceso de paz", cuando otros risueños miserables insistían en comparar las cifras de los asesinados por ETA con los muertos en accidentes de tráfico durante el fin de semana. Grotescos retablos de la bajeza humana, en fin, como la muy compungida estampa de Zapatero, al confesarle a Irene Villa que él también ha sufrido mucho porque le mataron al abuelito en la Guerra.

Cuesta admitir la idea central de Hannah Arendt, ésa de la banalidad del mal, aplicada al nazismo. Los nazis no eran banales. Al contrario, creían con sincero fanatismo en lo que hacían; para muchos de ellos, constituía la razón última de su existencia. ¿Qué pensar, sin embargo, de gentucilla como Bosé? Alguien dispuesto a bendecir cualquier crimen a cambio de un minuto de efímera gloria promocional en los telediarios. Sólo, exclusivamente por eso. "En todas las ciudades hay mil tipos dispuestos a aplaudir a quien sea y a su contrario", garrapatearía Hitler en Mi lucha. Así, obsoleto y banal, Bosé.


Libertad Digital - Opinión

Fracasados y ridículos. Por Hermann Tertsch

UN país puede llegar a reconquistar respeto en un par de generaciones. A éste nuestro le costó mucho. Con la inversión de la lealtad institucional, el amor patriótico y el compromiso de toda una generación de políticos de todas las tendencias, lo consiguió. Con el esfuerzo y la dedicación de gente honesta por lo menos al final de una difícil singladura. Comprometida con la labor de sacar a nuestra nación del pozo negro en que la historia en que los años malditos, los años treinta, pero también los doscientos años anteriores, la habían hundido. Este país se recuperó gracias a hombres y mujeres que creían en la dignidad y en el respeto que los españoles nos debemos a nosotros mismos. Y la cosa funcionó. Y estuvimos muy orgullosos todos los ciudadanos de todas las tendencias salvo los resentidos y los miserables. Este país cogió el ritmo de las naciones avanzadas , de los estados que se gobiernan con sentido común por muchos errores que puedan cometer en sus diagnósticos y búsqueda de soluciones, Se declaró presente España en el concierto general europeo. Todos los que sabemos algo de dictaduras y de miedo, de represión y angustia, fuimos en algún momento felices. Nos sentimos retribuidos. Nos sentimos españoles emocionados y retribuidos por haber convertido nuestro país en un lugar decente, en una patria compasiva, en un hogar intelectualmente probo.

Eso es lo que aumenta nuestra actual tragedia. Porque todo lo que se hizo en su día se ha ido por las cañerías de la historia. En tan poco tiempo hemos hundido todo lo que habíamos hecho, por fin, bien. En concordia y acuerdo. Un país en plena reivindicación de su esencia y competencia, de su identificación con los mejores Estados que en el mundo han existido, por civilidad, compasión y justicia, ha derivado a la mediocridad más cruel, a la miseria zarrapastrosa y a la vulgaridad, arbitrariedad, intimidación y amenaza, iguales las habidas en los peores momentos de nuestra triste y agitada historia. Un accidente de trenes nos trajo un Gobierno que aun nos habremos de explicar en las próximas décadas. Muchas décadas habrán de pasar para que los historiadores sean capaces de ver como una banda de inútiles o psicópatas y acomplejados se hicieron en este país con el poder y lo llevaron a esa ruina que amenaza a nuestros hijos y nietos.

Ya sé que en España por grandes que sean las desgracias no suele pasar nada. Hasta que pasa. Las desgracias se las reparten las víctimas entre sí. Y la indolencia de los compatriotas suele ser endémica. La empatía con el dolor en este país parece ser un lujo y no precisamente de los intelectuales. Los que lloramos por los muertos por el terrorismo y nos sentimos hundidos o simplemente afligidos por los millones de españoles que no saben nada de un futuro que se augura triste e insolvente somos unos traidores de mierda que no confiamos en esa especie de líder de «cómic» que expresa sus inmensas descompensaciones por esas manos incansables, esos ridículos trajes de manga larga, esos gestos grotescos de sobreactuación y una señora que siempre se antoja la jefa. Y que nos mandaría a la Cheka antes de estrenar un traje.

Todo puede pasar de siniestro a patético y ridículo. Gracias a nuestros gobernantes lo hemos logrado en unos años que pasarán a nuestra historia como el periodo de la mentira e ignominia. ¡Pena de traición a los españoles de buena voluntad! Treinta años hemos intentado ser un país europeo sano y normal y hoy volvemos a ser Venezuela. La peor Venezuela. La del milico cutre de botas y boina, prepotente y gamberro verbal. Como la del vallisoletano mentiroso que se cree leonés. La del nieto de Lozano, el militar ejecutable por todas las partes de la contienda trágica de nuestro país. Nuestro nieto de Lozano hizo tan buenas migas con los terroristas de ETA como para ofrecerles todo tipo de carantoñas. Nuestro nieto del fascista que era el otro abuelo nos engaña con una obscenidad que es un insulto permanente. Les aseguro que a este nieto lo recordarán nuestros nietos. Con pesar.


ABC - Opinión

El Gobierno de los jueces nos regaña con razón. Por Antonio Casadode

Oportuna, sensata, medida y absolutamente necesaria la declaración institucional que ayer hizo pública el Consejo General del Poder Judicial en defensa de la función de los jueces y los tribunales españoles. Nos regaña con razón. Y nos ayuda a recuperar la perspectiva. La perdemos, empezando por el abajo firmante, cuando nos empeñamos en acampar donde lo judicial se cruza con lo político. El cambiante viento de la oportunidad siempre se lleva por delante los anclajes fijos de la legalidad sobre la que se asienta el llamado Estado de Derecho. España no es Venezuela. Ni Cuba.

Esos vicios ocultos se detectaron en las recientes declaraciones del presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero (PSOE), en las que apoyaba al juez Garzón y olvidaba al juez Velasco. Pero también en las de Mariano Rajoy (PP), en las que apoyaba al juez Velasco pero se olvidaba de conceder al juez Garzón no ya el beneficio de la duda sino la presunción de inocencia, una institución del Estado tan respetable como el fuero de un juez español mancillado por el Gobierno de Venezuela y su extravagante presidente.


No nos vendrá mal un poco de pedagogía. Marca de la casa de Carlos Dívar, tan poco amigo de los vientos ocasionales. En su declaración de ayer el CGPJ exige “el máximo respeto nacional e internacional hacia la independencia y la función jurisdiccional”. Aunque es de general aplicación, el recado se dirigía a políticos españoles y extranjeros (Hugo Chávez, Maduro, Zapatero, Rajoy, Bono) que han comentado en clave política o partidista las querellas tramitadas en el Tribunal Supremo contra Garzón y el auto del juez Eloy Velasco sobre los indicios de cooperación del Gobierno venezolano con ETA y las FARC.

Esos comentarios y sus ecos mediáticos tratan de influir en los procedimientos judiciales en curso y tienden a producir “un inmerecido efecto deslegitimador de la labor de los jueces, provocando la desconfianza en un poder básico del Estado”. Amén. Y como de respetar los procedimientos se trata, por encima de simpatías o antipatías que anidan en el órgano de gobierno de los jueces, donde conviven dos “sensibilidades”, vamos a atenernos a los trámites a seguir por el CGPJ de cara a la rumoreada suspensión de funciones del Garzón.

Hoy mismo se reúne la comisión permanente del CGPJ, en la que muy posiblemente se tratarán algunos aspectos del escrito de alegaciones presentado por Garzón con el fin de evitar su suspensión. Las recusaciones planteadas, por ejemplo. Pero no de la suspensión misma. Por dos razones. Primera, porque eso debe hacerlo el pleno (el próximo se celebrará el miércoles 24), Y segunda, porque no es el momento procesal de hacerlo, en contra de lo que se está diciendo.

A saber: el órgano de gobierno de los jueces sólo suspenderá a Garzón de sus funciones jurisdiccionales si el Tribunal Supremo decide abrir juicio oral contra él, por las tres causas que tiene abiertas, o por alguna de ellas, según fuentes seguras que ayer tuve ocasión de consultar. Insisto: el CGPJ suspenderá a Garzón en sus funciones sólo cuando el Tribunal Supremo le comunique la apertura del juicio oral, que en el procedimiento abreviado equivale al procesamiento.

Eso es lo que dice la jurisprudencia, lo que se ha hecho en otras ocasiones. Es verdad que en el caso juez Ferrín Calamita bastó la admisión a trámite de la querella para ser suspendido de sus funciones judiciales. La diferencia es que entonces el fiscal no solamente acusaba sino que se sumó a la querella. En el caso de Garzón, como es sabido, el fiscal no solamente no ha presentado acusación en el Tribunal Supremo, que es la vía jurisdiccional, sino que ante el Consejo General del Poder Judicial, que es la vía disciplinaria, ha presentado un escrito en el que estima improcedente la suspensión de funciones.


El Confidencial - Opinión

Aído fracasa en Bruselas

Justo en la jornada en la que se celebraba el Día de la Mujer trabajadora, la Presidencia española de la UE sufrió ayer un serio revés al ver cómo una de sus prioridades sociales para este semestre –la creación de un Observatorio Europeo sobre Violencia contra las Mujeres– se quedaba sin entidad propia, en una entelequia. Existirá, pero no será un nuevo órgano específico como defendía el Ejecutivo español, por lo que no tendrá ni una estructura propia ni, por supuesto, un presupuesto que le haga ser operativo y verdaderamente eficaz. Así lo decidieron los ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la UE, que derivaron sus competencias a dos agencias que ya existen: el Instituto Europeo de Igualdad de Género y la Agencia Europea de Derechos Fundamentales. La realidad –por mucho que la titular de Igualdad española maquillase el fracaso diciendo que veía lógico que las funciones del Observatorio las asuman agencias comunitarias que ya existen– es que Bibiana Aído no convenció a sus homólogos sobre la necesidad de su existencia como ente propio e independiente para establecer un «diagnóstico común» sobre el problema de la violencia de género y elaborar instrumentos europeos para combatirla. Sin embargo, para este camino no eran necesarias tantas alforjas. Con sentido común, el resto de los ministros con competencias en esta materia consideraron que se duplicarían competencias entre órganos de la UE, algo innecesario y gravoso para el ciudadano, más aún en tiempos de crisis. Así, una de las «iniciativas estrella» de la Presidencia española, se ha quedado en agua de borrajas.

Algo parecido sucedió la semana pasada cuando la otra iniciativa española para luchar contra la violencia de género –la orden de protección para las víctimas– también fue paralizada en la reunión de los ministros de Justicia de los 27. La propuesta española encallaba en un aspecto básico, ya que no se tenían en cuenta las diferencias legislativas entre los Estados miembros. Aunque Bruselas ha acogido bien estas dos propuestas, también cabe precisar que han reprochado tácitamente al Gobierno español la falta de un trabajo de base para que éstas prosperen y sean realistas y fructíferas.

La UE es consciente de que la violencia de género es un problema de primer orden que hay que atajar cuánto antes. Según el informe «Mujeres asesinadas por su pareja. España 2000-2009», 629 féminas fallecieron en nuestro país a manos de sus compañeros. El Gobierno español ha hecho de este conflicto una de las grandes bazas políticas por las que se medirá el éxito o el fracaso de su Presidencia. No en vano sería una reválida para el Ministerio de Aído, cuya existencia es tan cuestionada. Sin embargo, la pobre acogida que han tenido las dos propuestas, por irrealizables, revela que Igualdad no ha hecho bien los deberes. Ambos proyectos carecen del rigor necesario para convertirse en una realidad y evidencian un desconocimiento del funcionamiento interno de la UE que debería invitar a la reflexión. En vez de quedarse en una declaración de buenas intenciones, las acciones del departamento de Aído contra la violencia de género necesitan de propuestas más sólidas y mejor articuladas para ganar credibilidad en el ámbito comunitario.


La Razón - Editorial

El problema con Chávez

Con un procedimiento judicial abierto, el asunto no se resolverá sólo con declaraciones políticas

El domingo, Zapatero se felicitaba de que el asunto de la supuesta cooperación del Gobierno venezolano con ETA hubiera servido para que Chávez emita "un pronunciamiento claro contra el terrorismo". En parecidos términos se pronunció el secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, para quien el comunicado conjunto firmado por ambos Gobiernos el sábado "zanja cualquier polémica". Es posible que ese escrito anuncie un cambio de actitud de Caracas al respecto, pero eso sólo se sabrá a la luz de las medidas que tome para investigar las acusaciones vertidas en el auto del juez Velasco.

De momento lo que hay es una declaración del ministro venezolano de Exteriores, Nicolás Maduro, en el que, lejos de mostrar su disposición a cooperar con el juez, le descalifica burdamente y aprovecha el viaje para arremeter contra el ex presidente Aznar en términos similares a los que provocaron el "por qué no te callas" del Rey a Chávez en la cumbre iberoamericana de noviembre de 2007 en Santiago. Dar por zanjado el asunto parece voluntarista: el Consejo General del Poder Judicial ha salido al paso de los insultos de Maduro contra el juez (le llama mafioso), y la oposición ha exigido una comparecencia parlamentaria de Zapatero para dar explicaciones sobre lo que considera actitud confusa, por un lado, y condescendiente con Chávez, por otra, del Gobierno.


El comunicado conjunto incluye un compromiso de colaboración judicial y policial (se supone que contra ETA), pero evita referirse al auto judicial. En su lugar lo hace a informaciones periodísticas, que es una forma de rebajar los indicios, de bastante peso, que contiene la resolución. El Gobierno español ha justificado esa mención diciendo que figura en una frase que sólo asume el Gobierno venezolano, y no ambos firmantes.

La primera reacción de Caracas fue decir que todo era fruto de una manipulación del ordenador del número dos de las FARC, Raúl Reyes, muerto hace dos años en un ataque del Ejército colombiano. Es cierto que la información de base del auto procede de las autoridades colombianas, pero ya en 2008 agentes de los servicios de información españoles viajaron a Bogotá para investigar los indicios, y poco después lo hizo el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. Fruto de su trabajo fue la apertura del sumario que ha dado lugar al auto ahora conocido.

No se trata, por tanto, de una mera especulación o de un show inspirado por Estados Unidos, como dijo Chávez, sino de un asunto grave, de naturaleza judicial, que no se va a disolver con declaraciones políticas o diplomáticas. El auto pide al Gobierno que realice gestiones para la extradición de los etarras y miembros de las FARC procesados, aunque será previa su detención, que deberá tramitarse a través de la Interpol. En 2002, Chávez (al margen de los procedimientos de extradición) ordenó la detención y entregó a España a dos etarras, Víctor Galarza y Sebastián Etxaniz, y de otro más en 2003.


El País - Editorial

Zapatero al rescate de Garzón

El lamentable doble rasero judicial que exhibe Zapatero da pie a pensar en que, quizás, no tenga más remedio que hacer lo que ya ha hecho: ponerse en un clamoroso ridículo que ni sus terminales mediáticos pueden dulcificar.

Lo que empezó como un triunfo de unaa Justicia que, por fin, estaba empleándose con Baltasar Garzón por sus innumerables irregularidades, se ha terminado convirtiendo en un indigno sainete político-judicial. Y todo a causa de las repetidas injerencias de Zapatero que, como ha afirmado el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, da fe de "una irresponsabilidad absolutamente supina y difícilmente superable". Es, aparte de inédito, inconcebible que el mismo presidente del Gobierno salga a la palestra para defender a un juez que se encuentra frente a tres querellas y muy desprestigiado de cara a la opinión pública.

Los jueces, por descontado, no deben ser inmunes a la crítica; de hecho es saludable si ésta proviene de la sociedad civil y está avalada por los hechos, pero esa crítica es inadmisible si quien la ejerce es el poder político, que, al menos en España, tiene en sus manos la elección de los miembros del Consejo de Gobierno de los jueces. Se trata, pues, de una amenaza velada sobre sus miembros y una intrusión injustificable en uno de los poderes del Estado, que deberían ser completamente impermeables a la política por una cuestión de elemental higiene democrática.


El cable que ha echado Zapatero a su juez predilecto tiene, además, trampa y cartón. Destacando los méritos del magistrado en la lucha contra la ETA, el presidente del Gobierno oculta los méritos en sentido contrario, como las decisiones que tomó a favor de la banda cuando el Gobierno se encontraba enfangado en plena negociación, o la dilación en el caso Faisán. Esa es la trampa, el cartón consiste en que ninguna de las tres querellas que enfrenta Garzón en el Supremo tienen que ver con la lucha antiterrorista. La primera es por el intento de abrir una causa general contra el franquismo, la segunda por la inadecuada instrucción del caso Gürtel, y la tercera por haber recibido fondos del Santander durante su estancia de estudios en Nueva York entre los años 2005 y 2006 sin reconocer más adelante ningún conflicto de competencias para enjuiciar a sus benefactores. De las tres, dos de ellas sirvieron en su momento como pantallas judiciales para la acción del Gobierno.

Pero como las desgracias nunca vienen solas, Zapatero no sólo se mete donde no le llaman y donde no puede meterse, sino que se abstiene de intervenir donde sí debe de hacerlo, como es el caso de los duros ataques que otro juez, Eloy Velasco, ha sufrido por parte del Gobierno venezolano. Nicolás Maduro, ministro de Exteriores de Chávez, ha dicho bien alto que Velasco está vinculado con "la mafia de Aznar", un intolerable insulto para un miembro de la judicatura española con una hoja de servicios impecable. Pero Zapatero, tan solícito por defender a Garzón, no ha dicho nada respecto a Velasco, realmente ultrajado, y no por la Justicia, sino por un Gobierno extranjero y dictatorial.

El lamentable doble rasero judicial que exhibe Zapatero da pie a pensar en que, quizás, no tenga más remedio que hacer lo que ya ha hecho, poniéndose en un clamoroso ridículo que ni sus terminales mediáticos pueden dulcificar. Son bien conocidos los dosieres que han hecho de Garzón el juez más poderoso y temido de España. Una defensa tan apasionada del magistrado, aparte de los la afinidad ideológica que pueda tener con el Gobierno, da realmente que pensar.


Libertad Digital - Editorial

El PSOE rompe las reglas otra vez

LAS presiones del Gobierno y del PSOE al Tribunal Supremo para favorecer al juez Garzón son una temeridad que pone en crisis la división de poderes y la estabilidad del sistema democrático.

Es inaceptable que el máximo responsable del Poder Ejecutivo destaque «la valentía» de Garzón frente al terrorismo y que el presidente de Las Cortes califique de «disparate» la situación procesal de este juez. Ambos pronunciamientos demuestran la intolerancia endémica que muestra el socialismo hacia la independencia judicial cada vez que llega al poder y la preferencia que da a sus intereses políticos sobre el respeto a la reglas del juego democrático y, especialmente, al principio de legalidad. La actitud maniquea del Gobierno y de los socialistas al retratar a Garzón como víctima de una conspiración es un desprecio a todos los que, con el máximo respeto a la legalidad, demostraron ser, al menos, tan valientes como este juez frente a ETA. Muchos no viven para contarlo. Pero esta «valentía» no exime de responsabilidad a nadie cuando ha podido cometer un delito.

Nadie tan valiente frente a ETA como algunos de los miembros de la Guardia Civil destinados en Intxaurrondo, luego condenados por delitos muy graves cometidos en las personas de terroristas. Y valientes lo son otros muchos jueces y fiscales que, sin tanta protección política o mediática, se han enfrentado a ETA con todo en contra, como hizo el juez Grande Marlaska, que mantuvo la acción judicial contra el terrorismo etarra mientras el Gobierno negociaba políticamente con los terroristas y éstos recibían «chivatazos» que los alertaban de una inminente detención entre sus filas de extorsionadores. Hay que acordarse ahora de las acusaciones brutales que se dirigían contra Marlaska por ser coherente con su función constitucional, lo que a punto estuvo de costarle la vida en 2007, cuando un grupo de terroristas quiso matarlo con una bomba en su casa de Ezcaray. No es ningún «disparate» que un juez responda de sus actos, sea quien sea el que lo acuse. Gustarán más o menos las ideologías de quien lo acuse, pero la igualdad ante la Ley y la independencia judicial no puede eximir de culpas penales atendiendo a quién sea el acusador. Las palabras de Rodríguez Zapatero y José Bono -al fin contestadas ayer por el CGPJ con acierto- son impropias de los cargos que ocupan y retratan la deslealtad del socialismo español hacia las instituciones que no se pliegan a sus intereses políticos. No aprenden de sus errores.

ABC - Editorial