sábado, 20 de marzo de 2010

Todavía estamos a tiempo. Por José María Carrascal

Todavía estamos a tiempo de que la crisis no se convierta en desastre para España, pero estamos en el último cuarto de hora para evitarlo.

Si seguimos cerrando los ojos a la realidad y poniéndole meros parches, el desastre es inevitable. Quiero decir que nos convertiremos en otra Grecia, pese a las diferencias entre ambos países. Ya han oído a Ángela Merkel: «Los países que no ajusten sus cuentas deberían salir del euro.» ¿Estamos ajustando las nuestras? No. Y les pongo dos ejemplos:

La otra mañana, en no recuerdo qué tertulia, un oyente de Sevilla expuso su situación: «Trabajaba en una empresa que cerró -dijo-, por lo que tuve que aceptar un trabajo donde gano menos de la mitad que antes. Mientras, mis ex compañeros están en el paro, cobrando más que yo. Cuando les veo de charla al volver del trabajo, me pregunto si no sería mejor que el próximo mes me apuntase también al paro.»


Cuando conté esta anécdota a un vecino, ante mi sorpresa me respondió: «A mi hermana le ha pasado algo parecido. Tenía un buen empleo hasta que la despidieron. Buscó otra cosa, pero todo lo que le ofrecieron era con sueldos muy inferiores, por lo que ha decidido apuntarse, desde el paro, a un curso de capacitación, hasta que encuentre algo mejor.»

Un país no puede funcionar así. Pero es como viene funcionando España desde que se inició la crisis, hace ya más de dos años. Y así nos va. Con un dispararse astronómico del déficit y del paro. La única medida efectiva que ha tomado el Gobierno ante ella es ésa: ayudar a los que van quedándose sin trabajo y esperar a que los demás países se recuperen, para que tiren de nosotros. Pero medidas auténticas, ajustes serios, correcciones reales de las taras de nuestra economía, no se ven por ningún sitio. Lo que es una fórmula segura para el suicidio económico.

Esta no es una crisis como las demás. Ni siquiera es una crisis económica. Es una crisis de valores, una crisis social, una crisis individual y colectiva, basada en el autoengaño. No se puede ganar cada vez más trabajando cada vez menos. No se puede premiar al que está en paro ni al que se jubila prematuramente, ni al mal estudiante, ni al que más se endeuda, y penalizar al que más trabaja, al que más estudia, al que más ahorra. No se puede estar jubilando a gente con cincuenta y pocos años, ni tener uno de los índices de fracaso escolar mayores de Europa, ni más «puentes» que nadie, ni que el presupuesto de festejos sea uno de los mayores en ayuntamientos, autonomías e incluso Estado, ni que se pueda faltar al trabajo un par de días con la simple excusa de «no sentirse bien», ni pasar curso con tres o cuatro asignaturas pendientes, so pena de acabar, como estamos acabando, en el pelotón de los torpes. No se puede, en fin, presumir y actuar como ricos, mundo adelante, como he visto tanto a delegaciones oficiales como a individuos, por la sencilla razón de que no lo somos. España no es un país rico, pese a lo que nos han dicho nuestros políticos, y hemos terminado por creérnoslo. La riqueza de un país viene de sus riquezas naturales o del trabajo de sus habitantes.

Nuestra única riqueza natural es el sol, el turismo. Pero el turismo depende de la coyuntura económica, que hoy es mala, aparte de tener cada vez más competidores. En cuanto al esfuerzo, sí, hubo épocas en que los españoles trabajamos mucho, incluso teníamos varios empleos. Pero últimamente, más que a trabajar, nos dedicamos a disfrutar, lo que no es un pecado. Siempre que se lo haya ganado uno antes. Donde está precisamente nuestro fallo. La riqueza de nuestros padres venía de lo que ahorraban, de lo que no gastaban de sus sueldos. La riqueza actual viene justo de lo contrario: de endeudarse. De comprarse un piso, sin tener dinero, naturalmente, y dejar que el piso se revaluase solo, como si fuera una hucha de cemento, hasta hacernos millonarios. Y eso no fue lo peor. Lo peor fue que los bancos que nos habían dado esas hipotecas las «empaquetaban» como productos financieros de primera calidad y las colocaban en Bolsa como si tuvieran detrás un valor real. Cuando lo que tenían eran miles de hipotecas a pagar a veinte o treinta años, de gentes que dependían de su sueldo. Es decir, que las pagarían o no, según mantuviesen o no su empleo. Aunque, eso sí, los banqueros que nos habían concedido esas hipotecas se cobraban ya ahora sus suculentas primas como si se tratase de dinero contante y sonante. En realidad, se trataba de una estafa tipo «pirámide» a escala mundial y con permiso estatal. El pecado de Madoff fue hacerlo por su cuenta ... y riesgo de los demás. Cuando la «pirámide» se vino abajo, descubrimos lo que suele descubrirse en estos casos: que en vez de tener millones, lo que teníamos eran deudas. Todos sin excepción. Deudas que hay que pagar.

Bancos y Cajas de Ahorro españoles deben devolver 412.000 millones de euros de aquí a agosto de 2012, mientras el Estado debe devolver a plazo más corto 120.000 millones. La deuda de las Autonomías alcanzó el año pasado los 82.000 millones, y la de los particulares es una cifra aún por cuantificar. ¿Cómo se financiará esa deuda teniendo en cuenta que el superávit de que tanto presumíamos se ha volatilizado en un abrir y cerrar de ojos? Pues emitiendo más deuda. ¿Nos la comprarán o sólo la conseguiremos a intereses mayores, por el riesgo que significa para ellos, y la mayor carga correspondiente para nosotros, lo que traería un retraso de la recuperación? Es la pregunta del millón, o millones, que tiene como respuesta: dependerá de la credibilidad que ofrezca el plan de ajuste del Gobierno. Y el Banco Central Europeo acaba de criticar el actual plan por «insuficiente», el propio Almunia considera que las previsiones del Gobierno «pecan de optimistas» y la agencia S&P rebaja la calificación de la banca española. Pero el Gobierno sigue poniendo paños calientes a la crisis, en vez de recortar todos los gastos que no sean imprescindibles e imponer un severo plan de austeridad a las administraciones central, autonómica, municipal e incluso privada, como le piden todos los expertos nacionales e internacionales. Teme más los daños políticos que los económicos, piensa más en las próximas elecciones andaluzas que en el déficit y acusa al PP de «no tirar del carro», sin aceptar sus principales propuestas, lo que no es forma de buscar una colaboración. Algo así como si siguiera pidiéndole respaldo para continuar el diálogo con ETA, después de que ésta hubiera vuelto a asesinar. ¿Busca hacerle cómplice de las duras medidas de ajuste o, simplemente, convertirlo en culpable del desastre que se nos viene encima por no colaborar? Con esta gente que todo lo confunde y nada hace a derechas, es imposible saberlo. Lo único que sabemos es que estamos a mediados de marzo y seguimos discutiendo sobre la naturaleza de la crisis y sobre sus formas de afrontarla, como las liebres sobre los perros perseguidores.

¿Cuáles son las perspectivas? Santiago Niño Becerra, catedrático de Estructura Económica de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, que en 2006 predijo la «crisis de 2010» sin que nadie le tuviera en consideración, hace hoy el presente diagnóstico: «La crisis estallará a partir del próximo verano, cuando la capacidad de endeudamiento español llegará al máximo.» ¿Y entonces? «Entonces el Gobierno legalizará la marihuana para tranquilizar a la población.» Esto último, naturalmente, es una broma. Pero lo primero va completamente en serio. Los planes económicos del Gobierno no son mucho más que opiáceos. Nos queda hasta el verano para cambiar. Y para disfrutar, si uno tiene nervios para ello.


ABC - Opinión

Zapatero se aprovecha de la crisis

Zapatero sabe que lo más importante para asentarse en el poder no es adoptar medidas traumáticas como las que necesita la economía española para iniciar la recuperación, sino seguir comprando votos al tiempo que asume unas competencias cada vez mayores.

Rahm Emmanuel, el asesor presidencial de Obama, le aconsejaba no dejar pasar una crisis económica sin aprovecharse de ella. Desde siempre, los políticos han intentado emplear los tiempos difíciles para expandir y consolidar su poder. Cuando la sociedad atraviesa momentos desesperados, suele mostrarse dispuesta a ceder espacios de su libertad a cambio de promesas de prosperidad.

Así, la estrategia política durante la crisis suele consistir, por un lado, en lograr que cada vez un mayor número de personas dependan de las transferencias de renta del Estado y, por otro, en asumir un creciente número de competencias con las cuales poder controlar las vidas de sus ciudadanos.


El PSOE, siguiendo las consignas de la izquierda más radical que a ambos lados del Atlántico reclama aprovechar la coyuntura para acrecentar la esfera de "lo público", tiene muy bien aprendida la lección. Sabe que lo más importante para asentarse en el poder no es adoptar medidas traumáticas como las que necesita la economía española para iniciar la recuperación, sino seguir comprando votos con el dinero de todos los españoles, al tiempo que asume unas competencias cada vez mayores.

Este viernes los socialistas han vuelto a escenificar de qué forma la crisis supone para ellos una oportunidad a explotar y no un problema a resolver. En las horas más bajas del PSOE andaluz, el Gobierno ha trasladado a Sevilla su Consejo de Ministros para anunciar toda una batería de ayudas y gasto público dirigido a Andalucía: la condonación de la deuda histórica con el Estado, la ampliación del PER y la aprobación del plan Andalucía Sostenible y de un paquete de fondos para paliar los daños del temporal. En total, más de 1.200 millones de euros en una muestra del peor caciquismo que ha caracterizado la historia española.

Y mientras con una mano compraba votos, con la otra incrementaba sus competencias con la excusa de combatir la crisis. Ayer también, el PSOE por fin aprobó su mal llamada Ley de Economía Sostenible, donde en medio de alguna propuesta aislada aparentemente bien encaminada (como la simplificación de los procedimientos administrativos) podemos encontrar todo un despliegue de medidas cuya finalidad es la de seguir orientando la economía en la dirección que desean los políticos socialistas y no los consumidores, ahorradores, empresarios e inversores españoles; a saber, una economía apoyada en unas energías tan caras e ineficientes como son hoy las renovables. La ley apuesta por seguir cebando esta burbuja en la línea marcada por la consigna ecologista radical del llamado "20/20/20": reducir para el año 2020 las emisiones de CO2 un 20% y lograr que el 20% de la energía provenga de las onerosísimas fuentes ‘verdes’. Si algo no necesita la escasamente competitiva economía española es que le coloquen corsés adicionales a los ya padece, encareciendo su energía a costa de un incremento del gasto público que alimente aún más nuestro déficit.

Pero además la Ley de Economía Sostenible también contiene una disposición específica nada relacionada con la crisis pero sí con las restricciones de las libertades de los ciudadanos: la denominada Ley Sinde (que más bien debería llamarse "Ley Zapatero") que habilita el cierre de páginas web a través de una comisión mixta entre políticos y la Audiencia Nacional.

Como si se tratara de un capítulo más dentro de un amplio abanico de planes contra la crisis y a favor de la sostenibilidad de nuestra economía, Zapatero ha sacado adelante una normativa que le permitirá colocar bajo su control internet, cerrando cualquier sitio web que enlace contenidos protegidos por "derechos de autor" (esto es, casi todas las páginas de internet), cuando esto último ni siquiera constituye un delito. Un paso más para introducir al Estado en internet y a partir de ahí ir eliminando ese oasis de libertad que constituía la red.

Vemos, pues, que nuevamente las crisis sirven a nuestros políticos para comprar votos y extender sus tentáculos sobre la sociedad. Al margen de los dramas particulares que puede suponer una depresión económica, lo realmente grave es la oportunidad de oro que representa para que el Estado medre y recorte nuestras libertades. Las crisis tarde o temprano terminan, los regímenes políticos liberticidas tienden a perdurar demasiado tiempo.


Libertad Digital - Editorial

Economía insostenible

EL Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de Ley de Economía Sostenible, después de haberlo anunciado hace más de diez meses como el instrumento necesario para provocar ese pretencioso cambio de modelo productivo por el que aboga el Gobierno.

Tan urgente y tan eficaz no será este proyecto cuando el Ejecutivo socialista está tardando tanto en ponerlo en marcha y, sobre todo, cuando tiene a su disposición el Real Decreto-Ley para aquella medidas económicas que considere apremiantes. Quedan dos años de legislatura, en los que no cuentan los últimos seis meses por la proximidad de la disolución de las Cámaras. Este proyecto nace sin consenso y sometido a los cada día más difíciles equilibrios parlamentarios a los que se ve obligado el Gobierno para sacar adelante sus iniciativas. Si la esperanza del PSOE está depositada en los votos nacionalistas, mal futuro se le puede pronosticar a una reforma legal que, si algo podría aportar a la recuperación económica, es un tratamiento homogéneo de los intereses nacionales y la creación de herramientas jurídicas para una política de cohesión. La alternativa debería ser el pacto con el Partido Popular, una opción que el PSOE descarta de antemano, salvo para cuestiones de segundo orden, porque, el trasfondo de estos movimientos de cara a la galería -y una sedicente ley de «economía sostenible» lo es- no es otro que el período electoral que se le viene encima al Gobierno, con dos citas a medio plazo en Cataluña y, después, en 2011.

Es notorio el interés del Ejecutivo por no tomar decisiones incómodas electoralmente, de manera que su directriz política va a seguir guiada por los mensajes populistas sobre los derechos sociales y las medidas de terapia indolora -e ineficaz- frente a la crisis. La reducción de las peonadas para cobrar el desempleo agrícola, acordada también ayer por el Consejo de Ministros, recupera el sesgo del clientelismo más extremo, bajo la apariencia de ayuda económica frente a las inundaciones de los últimos meses, con el efecto perverso añadido de aliviar artificialmente las cifras del paro, aunque no su coste económico.El alumbramiento de la ley de Economía Sostenible reproduce los esquemas ya habituales de la factoría socialista. El objetivo es ilusorio, incluso una defraudación política -un modelo productivo no se cambia por ley y menos cuando la recuperación depende de los sectores tradicionales, como vivienda, turismo y automóvil-, pero el Gobierno está instalado en una estrategia ciega de mera supervivencia que empieza a justificar cualquier medio.

ABC - Editorial