lunes, 29 de marzo de 2010

Tres socialistas. Por Carlos rodríguez Braun

Los que no pagan impuestos son insolidarios, y los que sí los pagamos somos solidarios. Curiosa tesis, doña Ángeles: ¿no se le ocurre a usted pensar que igual los que no pagan es porque pueden hacerlo y los que pagamos es porque no tenemos otra opción?

He leído reflexiones interesantes de tres señoras de izquierdas. La escritora Isabel Allende publicó en El País un emocionado y bello artículo sobre su Chile natal, donde reconoció la espectacular reducción de la pobreza registrada en las últimas décadas. Presa, sin embargo, de la corrección política, encuentra un defecto: la falta de intervenciones políticas suficientes, porque las que ha habido "no han nivelado a la gente". Y ¿por qué hay que nivelar a la gente? Esto es un puro prejuicio, que simplemente declara, pero no demuestra, la necesidad de la coacción. A veces parece que si la pobreza del mundo desapareciera por completo pero los ricos se enriquecieran tanto que la desigualdad aumentase ¡habría que protestar!

La ministra Bibiana Aído, entrevistada en Negocio, sugirió que toda coacción política está justificada en aras de la igualdad, proclamó en la más clásica línea totalitaria la perversión de quienes la critican ("Hay un rechazo frontal de determinados sectores contra todo lo que suponga un avance en derechos sociales"), y afirmó, plena de corrección política: "Las sociedades más igualitarias son las más productivas"; vamos que Cuba es más productiva que Estados Unidos.

Pero la más izquierdista de las tres es Ángeles Olano, diputada del PP en el Parlamento de Cataluña y Portavoz de la Comisión de Economía. Dirá usted ¿cómo es posible que alguien del PP sea socialista? Pues vea.

Doña Ángeles escribió en Expansión sobre el fraude fiscal, y dijo que en la lucha contra el fraude hay que mirar hacia Europa, donde es clave "la colaboración de las Administraciones y los ciudadanos". Usted habría dicho que la clave es que allí pagan aún más impuestos que nosotros, y habría subrayado el misterio de la "colaboración" entre los ciudadanos y la coacción. Pero usted no es la señora Olano, que continuó: "los ciudadanos quieren... que se aborde el problema del fraude y que se haga de forma integral". Caramba, doña Ángeles, y yo que pensaba que lo que los ciudadanos quieren es pagar menos impuestos. Pues no, parece que lo que queremos es más coacción, y entonces la ilustre diputada cae rendida de admiración ante la OLAF, esa burocracia con nombre de vikingo que le encanta porque es grande y controladora, y por "el carácter multidisciplinar de sus investigadores, que proceden del ámbito policial, judicial, aduanero y financiero". Notable. Y por supuesto lo que le gusta no es que los impuestos bajen sino "la armonización fiscal".

Dicho esto, que ya es mucho, apunta que el fraude "no es otra cosa que la consecuencia de la pérdida del sentimiento de solidaridad". O sea que los que no pagan impuestos son insolidarios, y los que sí los pagamos somos solidarios. Curiosa tesis, doña Ángeles: ¿no se le ocurre a usted pensar que igual los que no pagan es porque pueden hacerlo y los que pagamos es porque no tenemos otra opción?

Una última perla: "Hemos de actuar contra el fraude en todas sus vertientes al tiempo, y sin dejar de practicar políticas que generen confianza del ciudadano en lo público". Claro, forzar a cada vez más gente a pagar cada vez más es, sin duda alguna, algo que genera confianza del ciudadano en lo público.

Cuánta razón tenía el viejo Hayek con su celebrado apotegma sobre "los socialistas de todos los partidos". Los y las socialistas, añado.


Libertad Digital - Opinión

Paz social y nubes de tormenta. Por José María Carrascal

SORPRENDE a los observadores nacionales y extranjeros la calma que reina en nuestro país. «Con el paro camino del 20 por ciento y un déficit disparado, la situación tendría que ser, cuanto menos, tensa. Basta ver lo que está ocurriendo en Grecia», dicen.

Pero es que la situación española no es la griega, y en eso hay que dar la razón a Zapatero. En Grecia, los funcionarios públicos han visto recortados sus sueldos; los trabajadores, sus derechos y los parados ven amenazada la prestación de desempleo. Mientras los funcionarios españoles no sólo conservan íntegros sus sueldos, sino que los han visto incrementados en un pequeño porcentaje; otro tanto ocurre a los trabajadores con empleo fijo, cuyo salario incluye la subida anual pactada en el convenio, mientras los parados tienen garantizado seguir recibiendo la subvención por desempleo, al «no haber recorte del gasto social», como ha dicho el presidente.

Si consiguiéramos olvidar el fantasma del paro que se cierne hoy sobre todos los españoles -algo difícil de olvidar-, me atrevería a decir que la mayoría está mejor que nunca, pues, garantizados sus ingresos, se encuentran con que la hipoteca del piso les ha bajado, los saldos en tiendas, supermercados y grandes almacenes les ofrecen auténticas gangas y otro tanto ocurre con las ofertas en viajes, hoteles y diversiones. Hay una minoría, sí -jóvenes sin trabajo, autónomos, familias que se han quedado sin ingresos- que lo están pasando realmente mal. Pero a la mayoría le está yendo bien. Es lo que explica esa paz social que tanto asombra.

El único problema es: ¿cómo está consiguiendo Zapatero esa paz social? Pues la está comprando con deuda. La deuda pública española se ha duplicado en los dos últimos años y todos los intentos que se han hecho de recortarla han sido inútiles porque, de hecho, no son recortes, son aumento de la deuda, a fin de mantener la paz social. ¿Qué va a pasar cuando la capacidad de endeudamiento del Estado español se agote? Pues lo que está pasando en Grecia; que no podremos pagar los altos intereses que nos exijan por nuestra deuda. Y ya hemos visto que los demás países europeos -con Alemania a la cabeza- no están dispuestos a ayudar a los que no han querido o sabido ayudarse a sí mismos. En otras palabras: que nos exigirán realizar esos dolorosos recortes que venimos posponiendo, cumpliéndose lo que el «Financial Times» nos advirtió hace ya un año: que cuanto más tardemos en hacer los reajustes, más penosos y costosos serán.

La «paz social» que reina hoy en España es por tanto una paz falsa, una paz engañosa que lleva en la panza, como algunas nubes, una tormenta. Disfruten ustedes de estas vacaciones de Semana Santa, que pueden ser las últimas antes de que estalle la tormenta, pues el tiempo, y el dinero, se agota.


ABC - Opinión

Bouvard González Pons. Por José García Domínguez

"Oh, sí, aquel asunto del apocalipsis hidrocarburado resultó ser una descomunal falacia, otra más. Qué le vamos a hacer, el chusco malthusianismo de toda esa literatura de cordel se ha revelado una radical impostura. ¿Pero a quién le importa la verdad?".

Como es fama, en el célebre Diccionario de lugares comunes, aquel exhaustivo catálogo que confeccionara Flaubert con las tonterías que siempre procede repetir en público a fin de pasar por un dilecto ciudadano de bien, se establece que el idiota canónico habrá de pontificar que los cipreses sólo crecen en los cementerios; que Maquiavelo fue un varón muy malo; que todos los juguetes infantiles debieran aportar algún elemento pedagógico; y que la bolsa de valores representa el mejor termómetro de la opinión pública, entre otras sandeces ad hoc. Lástima que la muy prematura muerte del de Rouen interrumpiese aquella magna empresa literaria llamada a catalogar el inagotable caudal de la humana necedad.

De ahí, pues, que ya nunca pudiera escribir el diálogo en el que un Bouvard González Pons al platónico modo apelara tal que así a su alter ego Pécuchet: "Mi querido Pécuchet, ¿ha reparado usted en que por mucho que se hayan demostrado falaces todos aquellos absurdos augurios apocalípticos del Club de Roma, nuestros votantes y su lerdo afán por el crecimiento económico constituyen la peor plaga que haya conocido la Tierra?". A lo que su igual replicaría: "Por supuesto, caro amigo, por supuesto. Al punto de que esa infecta plaga de ignorantes consumistas ni siquiera ha acusado recibo de que, tal como demostraron en su día las ilustres parteras del desarrollo sostenible, el petróleo tendría que haber desaparecido de la faz del planeta en 1990".


Inapelable aserto científico al que Bouvard González apostillaría: "Oh, sí, claro, aquel asunto del apocalipsis hidrocarburado resultó ser un descomunal enredo, otro más. Qué le vamos a hacer, el chusco malthusianismo de toda esa literatura de cordel se ha revelado una radical impostura. ¿Pero a quién le importa la verdad, dilecto Pécuchet? A fin de cuentas, lo único verdadero para nosotros ha de ser aquello que crea a pies juntillas la mayoría. Que además el asunto resulte cierto o no, debiera sernos por completo indiferente". "Bien, ¿mas qué hacer entonces con la funesta plaga?", susurraría Pecuchet. "Sensibilizarla. Sobre todo, sensibilizarla", terciaría al punto Bouvard. "¿Pero de qué?", interrumpiría algo inquieto el otro. "De que suya es la Culpa. Y sólo de nuestra mano arribará la redención", concluiría, solemne, Bouvard. Pues eso.

Libertad Digital - Opinión

El Estado, en manos del TC

LAS últimas deliberaciones del Tribunal Constitucional podrían haber cristalizado ya en una mayoría de 6 frente a 4, que, pese a estar formada en torno a la ponencia de la magistrada Elisa Pérez Vera, determinaría la inconstitucionalidad de una veintena de artículos claves del Estatuto de Cataluña.

Sin embargo, los borradores de la ponente han aumentado la exigencia constitucional sobre el texto, hasta el punto de que algunos magistrados claramente opuestos a considerarlo constitucional habrían aceptado una declaración de inconstitucionalidad selectiva, que recaería en aspectos sustanciales del Estatuto. No obstante, el historial de los debates del TC sobre el Estatuto catalán no permite descartar nuevas variaciones de criterio, aunque es creíble la inminencia del fallo. En efecto, la formación de una mayoría que hace innecesario el voto de calidad de su presidenta, María Emilia Casas, debe traducirse en la inaplazable votación del texto definitivo de la sentencia, del que se daría a conocer de forma inmediata su parte dispositiva, es decir, los artículos anulados por inconstitucionalidad, dejando para más adelante su publicación, que recogerá los votos particulares de los discrepantes.

Si la duda es hasta dónde llega la inconstitucionalidad del Estatuto, cabe confiar en que el fallo del TC rescate los principios constitucionales del Estado español, como Estado unitario organizado en comunidades autónomas. Es imprescindible que esa inconstitucionalidad selectiva por la que habría optado el TC deje claro que no es admisible un modelo confederal, ni bilateral en las relaciones del Estado con Cataluña; que la ciudadanía -derechos, obligaciones, lengua- es un concepto común para todos los españoles y que la legitimación de los poderes públicos en España sólo procede de la soberanía constituyente del pueblo español, no de derechos históricos inaprehensibles. El Estatuto de Cataluña, pese a las defensas buenistas que le dedica el presidente del Gobierno, cambió las reglas constitucionales del Estado, empezando por dar a una norma autonómica la categoría de norma constituyente y por convertir a una comunidad autónoma en un Estado dentro del Estado. Hay una sola oportunidad para evitar que este error se consolide y está en manos del TC.

ABC - Opinión

El maquillaje de Salgado

El Gobierno se ha visto obligado a aplazar diez días la reunión de la llamada Comisión Zurbano, prevista para hoy, ante el rotundo y general rechazo que las propuestas económicas remitidas por la vicepresidenta Salgado ha suscitado en los demás partidos.

Las críticas cosechadas han caído como un mazazo en La Moncloa, que confiaba en que al menos Coalición Canaria y CiU estamparan sus firmas al pie del documento y posaran para la foto que salvara a los ojos de la opinión pública dos meses de negociaciones. El «tridente» ministerial elegido por Zapatero para dialogar con los partidos no sólo no ha logrado el gran objetivo de alcanzar un pacto de Estado para afrontar la crisis económica; tampoco ha materializado el modesto deseo de llegar a acuerdos parciales de cierto calado. Las discrepancias son tan profundas que un aplazamiento de la firma no basta para solventarlas. No es cuestión de tiempo, como se ha aducido desde el Gobierno para justificar el fracaso, sino de fondo y de filosofía. Las cincuenta propuestas presentadas por Salgado son una mera acumulación de iniciativas ya debatidas en el Congreso, de cesiones particulares a partidos minoritarios como Coalición Canaria y de medidas cosméticas sin apenas recorrido, todo ello mezclado con otras más ambiciosas planteadas por CiU y el PP.

No faltan, incluso, algunas propuestas exóticas sobre el África Occidental o sobre las tiendas de los aeropuertos, que provocan gran perplejidad. El conjunto, en resumen, resulta anárquico, sin cohesión ni congruencia interna, y su capacidad para revitalizar el tejido económico no se alcanza a ver por ningún lado. Es verdad que el documento de Salgado incorpora incentivos para las pymes y dota de mayor protagonismo al ICO para impulsar los flujos de crédito hacia las empresas. Pero el balance se antoja muy escuálido y, sobre todo, frustrante para las esperanzas que había generado entre los ciudadanos después de que se presentara la Comisión Zurbano como la fórmula ideal para llegar a un pacto. Si esto es todo lo que el Gobierno es capaz de poner sobre la mesa para forjar un frente común, habría sido mejor no crear nada, ni alimentar falsas expectativas ni invocar el patriotismo de la oposición. Da la impresión de que con ese artefacto sólo se ha querido calmar los ánimos de un país que pide a sus dirigentes políticos menos retórica y más acuerdos palpables. La crisis por la que atraviesa España, con un número de parados que roza los cuatro millones y medio, con una imagen internacional severamente deteriorada y con un clima interno de pesimismo cada vez más acusado, no se supera con maquillajes como el de Salgado. Por el contrario, requiere de una cirugía profunda, necesita que se tomen decisiones difíciles pero imprescindibles y exige, en suma, dejar a un lado los cálculos electorales porque nunca será popular apretarse el cinturón, reducir el gasto público y reformar el mercado laboral. El Gobierno no puede serguir eternamente esquivando su papel, dilatando sus deberes o, como se dice popularmente, mareando la perdiz. Para lograr que la oposición firme un pacto hay que demostrar más seriedad y más responsabilidad.

La Razón - Opinión

Viva la electricidad

Lo que les interesa no es proteger el medio ambiente, sino terminar con el capitalismo, la libertad y el progreso científico; las tres fuentes de las que ha nacido nuestro control sobre la electricidad.

Uno de los grandes hitos de la historia de la humanidad, comparable a la invención de la rueda o al descubrimiento del fuego, ha sido sin duda alguna el control del hombre sobre la electricidad. La electricidad no sólo nos ha permitido prolongar nuestra vida útil al incrementar las horas de luz disponibles cada día, sino que ha abierto la puerta a utilizarla en todo tipo de procesos productivos: desde la agricultura a la medicina, pasando por la industria, los transportes o la informática.

No es osado afirmar que no podríamos concebir un mundo sin electricidad. Sus consecuencias serían devastadoras desde un punto de vista económico y humano: sin electricidad seríamos incapaces de sostener nuestros niveles actuales de producción agraria y nuestros mecanismos para distribuirla entre los individuos, deberíamos renunciar a cualquier avance médico y tecnológico, no podríamos desarrollar nuestras vidas más allá de las 21.00 de la noche –para divertirnos, trabajar, leer o escribir–, e instrumentos tan esenciales como internet, los frigoríficos, los microondas o los calentadores de agua dejarían de estar a nuestro alcance.


En otras palabras, sin electricidad renunciaríamos a lo que hoy conocemos como nuestra civilización, asentada sobre un progreso científico que ha permitido precisamente nuestro control sobre la misma. Los bajos costes de producción eléctrica son uno de los motores principales de nuestra prosperidad y de la generación de riqueza.

La mal llamada ‘Hora del Planeta’ es inequívocamente un ataque contra la electricidad y, a partir de ahí, contra la ciencia, la civilización y el ser humano. El mero hecho de proponer como señal de protesta que renunciemos al consumo eléctrico pone de manifiesto que el progreso económico y científico que permite esa electricidad les molesta. Su imagen soñada e idealizada es la de ciudades y países enteros a oscuras, con individuos incapaces de desarrollar otra actividad durante una hora de sus vidas, que no sea odiar el sistema económico y social que nos ha permitido alcanzar nuestras mayores cotas de bienestar.

El ser humano, gracias al uso de su razón, ha sometido a la naturaleza para adaptar el medio a sus necesidades. Esto es justo lo que aborrecen los ecologistas radicales: la posición de preeminencia del ser humano sobre su entorno. Atacados por una suerte de primitivismo, anteponen las supuestas necesidades de un artificio cuasirreligioso como es Gaia a las del ser humano: para ellos el hombre es un parásito que modifica la disposición natural del medio ambiente, una lacra que distorsiona la armonía de la Tierra y que por tanto debe minimizar, si no erradicar, su nefasta influencia sobre la misma.

El fracaso del apagón de este último sábado ha sido presentado por los calentólogos como un éxito. Y, sin duda, desde su perspectiva así debe ser observado. La convocatoria nunca tuvo como objetivo beneficiar al medio ambiente, pues de hecho un mayor seguimiento del apagón hubiese generado la necesidad de detener a las centrales renovables y concentrar la producción eléctrica en algunas fuentes de energía odiadas por los ecologistas como son los combustibles fósiles o las nucleares.

En realidad, la Hora del Planeta tenía un propósito mediático, ideológico y político, ámbitos donde el ecologismo sí puede felicitarse por su éxito. La mayoría de estratos de la sociedad ha terminado tragándose la propaganda calentóloga, hasta el punto de que casi todos los medios de comunicación se han sumado entusiastas a promover la convocatoria (lo que a su vez ha servido para realimentar su labor propagandística).

Los políticos a izquierda y derecha, los socialistas de todos los partidos que decía Hayek, no han tardado en aprovecharse de este tirón de la demagogia para justificar sus agresiones contra la libertad. Ayer, por ejemplo, el portavoz del PP, Esteban González Pons, declaraba que "está claro que el cambio climático es verdad y si no es verdad, es una gran idea". ¿Una gran idea para qué? Precisamente para que los políticos ataquen la libertad individual y el desarrollo científico con la excusa de cambiar la "relación del ser humano con el medio ambiente".

A la vista de lo anterior, cuando casi todos los políticos de casi todos los países están dispuestos a dar respuesta a los prejuicios calentólogos con tal de ampliar y conservar su poder, es lógico que los ecologistas celebren el resultado de la Hora del Planeta pese a su escasísimo seguimiento. Al final, lo que les interesa no es proteger el medio ambiente, sino terminar con el capitalismo, la libertad y el progreso científico; las tres fuentes de las que ha nacido nuestro control sobre la electricidad. Y para ello les basta con una población sumisa ante los desmanes de los políticos. Justo la sociedad que este tipo de campañas contribuyen a construir.


Libertad Digital - Editorial

Zurbano, la foto fallida

Una y otra vez, el Gobierno pretende aparentar que existe consenso en materia económica, sin duda con el objetivo de disimular su incapacidad para hacer frente a la crisis y adoptar medidas que faciliten esa recuperación de la confianza que necesita con urgencia la sociedad española.

Sin embargo, nadie quiere salir en la foto para compartir el fracaso del equipo económico de un Ejecutivo superado por las circunstancias. Las famosas reuniones en el Palacio de Zurbano no han servido para casi nada, a pesar de la tormenta mediática que intenta desatar una y otra vez la propaganda gubernamental. No habrá foto porque los demás partidos políticos rechazan con buen criterio asumir una cuota de responsabilidad que no les corresponde, aunque el PP haya apoyado en el Congreso algunas medidas razonables y otros grupos hayan salvado en más de una ocasión a Rodríguez Zapatero a cambio de ventajas particulares, como es el caso evidente de la Ley de Presupuestos. Así, Elena Salgado, José Blanco y Miguel Sebastián tendrán que posar solos ante las cámaras si persisten en el empeño de continuar aparentando un acuerdo que no existe, porque Zurbano ha sido una nueva experiencia fallida.

El Ejecutivo todavía intenta vender la Ley de Economía Sostenible como la gran panacea de todos los males, cuando apenas supone la yuxtaposición incoherente de una serie de ocurrencias, algunas de ellas inaceptables, como la referida a las descargas en Internet. Hay también algunas decisiones sensatas, entre ellas disminuir la burocracia para crear empresas o agilizar los pagos de las administraciones públicas. No obstante, faltan por completo las reformas imprescindible en el terreno del sistema financiero o en la flexibilización del mercado laboral que reclaman los organismos internacionales y los expertos más solventes. Tampoco existe el liderazgo imprescindible para establecer un verdadero principio de austeridad en el sector público y para exigir a las comunidades autónomas que contribuyan en serio a poner en marcha esos recortes de gastos superfluos. Rodríguez Zapatero sigue jugando a la política de imagen y su equipo lanza cortinas de humo para ver si cuelan con escaso éxito una y otra vez. No habrá foto porque no hay consenso ya que el Gobierno no lo busca con suficiente lealtad al interés general de España, sino que intenta esconder sus intereses de partido bajo el pretexto de llamadas ficticias al patriotismo y al sentido de Estado.

ABC - Editorial