sábado, 10 de abril de 2010

El parto de los montes

Las treinta y una medidas económicas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros quedan muy lejos de las expectativas creadas por el Gobierno con la llamada Comisión Zurbano, al frente de la cual puso nada menos que a tres de sus más valiosos ministros: Salgado, Blanco y Sebastián.

El loable propósito de alcanzar un pacto con las demás fuerzas políticas para reactivar el pulso económico ha fracasado y, tras un mes largo de reuniones, borradores y propuestas, los resultados no tienen más entidad que el ratón del parto de los montes. Con decir que lo más llamativo del decreto es la rebaja del «IVA del fontanero» y que esta medida ya fue aprobada en el Congreso poco antes de Semana Santa, basta para poner de relieve la escasa ambición del Gobierno y el fiasco de una iniciativa que se presentó a bombo y platillo como la panacea a la crisis económica. Es verdad que la mayoría de esta treintena de medidas es positiva y mejora en algún aspecto la propuesta anterior que Salgado trasladó a los partidos.

Pero por otro lado, al eliminar una veintena de iniciativas, la vicepresidenta se ha dejado fuera las relacionadas con el recorte del gasto público y otras destinadas a fortalecer el marco industrial y los sectores turístico y agroalimentario. De paso, también ha eliminado, con buen criterio, propuestas menores y un tanto exóticas como las relacionadas con el equipaje aéreo o el impulso empresarial en África Occidental. Por lo demás, acierta el Gobierno en seguir adelante con su apoyo a pymes y autónomos mediante la reducción de cargas administrativas y la más pronta recuperación del IVA de las facturas impagadas, así como en estimular los flujos crediticios dándole mayor protagonismo al ICO para que conceda créditos directos de hasta 200.000 euros. La apuesta por el sector de la construcción también es adecuada, tanto en lo que beneficia a las inmobiliarias (se aplaza hasta final de 2011 la aplicación de la Ley del Suelo en lo relativo a la valoración de los suelos urbanizables), como en lo relativo a la rehabilitación de viviendas. A este respecto, no sólo se rebaja a la mitad el «IVA del fontanero»; también se aplica un 10% de desgravación en el IRPF y se amplía el umbral de renta, hasta los 53.000 euros anuales, para acogerse a estas ventajas. Salgado confía en que así se generarán más de trescientos mil empleos y se amortigue la agonía del ladrillo. En síntesis, se faltaría a la objetividad si se tachara de inútil este paquete de medidas, porque va en la buena dirección. Pero se engañaría a los ciudadanos si se presentara como el impulso que necesita la economía española para salir de la crisis. Lo aprobado ayer no es más que un aseado maquillaje, pero a todas luces insuficiente para lo que se necesita, que es un tratamiento de choque en la reducción del gasto público y una reforma laboral de calado. A diseñar y pactar esa cirujía de hierro estaba destinada la Comisión Zurbano, creada poco después de que el Rey llamara a los partidos a unirse contra la crisis. El artefacto ha fracasado y de ello debe culparse única y exclusivamente al Gobierno, que nunca demostró interés alguno en un pacto de Estado, más allá de su retórica buenista de cara a la galería.

La Razón - Editorial

Los cuentos de Bibí. Por Alfonso Ussía

El Ministerio de la Igualdad y su Instituto de la Mujer, con doña Bibí y doña Laura Seara a la cabeza –la de los mapas del clítoris–, se han propuesto desplazar o prohibir los cuentos de Blancanieves, la Cenicienta y la Bella Durmiente del Bosque por machistas y trasnochados.

En esto se gastan el dinero de los españoles, con el apoyo de la UGT, que manda narices. A Caperucita Roja la dejan en paz por ahora por el color de la capucha, que si fuera naranja, verde o azul, no quedaba de Caperucita ni la cesta de la merienda ni el rabo del pobre Lobo Feroz. La medida adoptada es una de las fundamentales de la nueva campaña de doña Bibí «Educando en Igualdad». Ay, esos cuentos machistas. Propongo que en lugar de arrinconarlos, se adapten al progresismo intelectual que doña Bibí representa, encargando las nuevas versiones al poeta oficial García Montero –también sirve Suso de Toro–, y encomendando la cuidada edición de «Los Cuentos de Bibí» al editor Chus Visor, con subvención asegurada, claro está. De esta manera, nada saldría de casa. «Bambi» también se salva de momento, por temor a la reacción de las hermanas góticas. Algo es algo.

La Cenicienta es intolerable. Sumisa, obediente, humillada por una tía y unas primas asquerosas, y con unas pretensiones sociales inaceptables en una mujer de hoy. Recomiendo al autor de la nueva versión que Cenicienta sea una agente cubana o palestina, que soporta toda suerte de desprecios y desaires –barrer, fregar y lavar la ropa de las guarras de sus primas–, para pasar desapercibida y culminar su objetivo. Asesinar al Príncipe. Se suprimiría el episodio del zapato de cristal, porque no encaja en la nueva visión de la Cenicienta. Y a la tía y las primas se les aplicaría la Ley de Memoria Histórica, con Garzón o sin Garzón, con severas penas de reclusión.

Blancanieves está preocupada por su mapa del clítoris, y los enanos se enfadan bastante. Llegan de la mina y la casa está desordenada, sin hacer. Además, Blancanieves ha comprado latas de conserva para no cocinar, y ha organizado en una dependencia de la casita un taller de masturbación. Termina liándose con el Mudito, queda embarazada, y a las doce semanas decide abortar porque lo que lleva dentro de sus entrañas es un ser vivo pero no humano, y además le puede salir enanito como su padre. La Bruja es Esperanza Aguirre y el Príncipe no tiene que darle un beso para que se despierte, porque a la Bruja le importa un bledo Blancanieves desde que es socialista, y no quiere saber nada del cuento.

Y la Bella Durmiente del Bosque, que siempre está cansada, se convierte en liberada de UGT y se dedica a hacer mapas del clítoris en colaboración con Almudena Grandes. Es decir, tres mujeres de hoy y no tres pesadas fascistas del ayer. Ardo en deseos de leer las nuevas versiones de tan deleznables cuentos, que tanto daño han hecho a cinco generaciones de mujeres de España, hasta que llegó Bibí.
Y una revelación final, que espero no dañe la sensibilidad de nuestra infancia. De buena tinta he sabido –no me pidan la identidad del informador porque he prometido mi silencio–, que Alicia, la del País de las Maravillas, no es virgen. Y todo, gracias a Bibí.


La Razón - Opinión

España, tras la sombra de Grecia

Es posible que Zapatero pueda permitirse seguir mareando la perdiz. Al fin y al cabo nuestros políticos tienen importantes prebendas garantizadas. Pero la economía española no puede. El caso griego lo acredita.

Todos los analistas coinciden en que la situación del país heleno es insostenible. Con una deuda pública del 115% del PIB y con unos pagos previstos para los próximos días de 10.000 millones de euros (más del 4% de su PIB) parece claro que el Gobierno griego será incapaz, por sí solo, de hacer frente a sus obligaciones. La cuestión parece estar más bien en si se producirá algún tipo de intervención o rescate externo que auxilie a los helenos o si, por el contrario, suspenderán pagos.

En principio el FMI ha mostrado su disposición a ayudar a los griegos tal y como ha hecho desde finales de 2008 con países tan variopintos como Islandia, Hungría, Letonia o Ucrania. Sin embargo, por ventajosas que resulten las condiciones de los préstamos del Fondo Monetario (que se producen a tipos de interés muy por debajo de mercado) no son ni mucho menos gratuitas. El FMI quiere asegurarse de que no está despilfarrando el dinero y de que aquellos países a quienes refinancia tendrán en el futuro una mayor holgura tributaria para amortizar el préstamo. De ahí que suela imponer un draconiano plan de ajuste a aquellos países intervenidos, consistente en hacer en muy pocos años todo lo que deberían haber hecho esas economías en décadas: reducción enérgica del gasto público (con todo lo que ello implica sobre el número y el sueldo de los funcionarios o las transferencias de renta), aumentos de impuestos y reducción de salarios para recuperar la competitividad.


Condiciones muy duras que normalmente las economías se niegan a cumplir. Como han estudiado en extenso Carmen Reinhart y el ex economista jefe del FMI Kenneth Rogoff, a lo largo de la historia las quiebras soberanas se han producido no porque los gobiernos no pudieran articular ninguna medida para devolver su dinero a sus acreedores extranjeros, sino porque el coste social de hacerlo era tan elevado que elegían directamente el preferían impagar. Una irresponsabilidad que, por cierto, esas economías arrastran durante décadas al verse expulsadas de los mercados crediticios internacionales, con el indudable coste en términos de crecimiento y prosperidad a largo plazo que ello acarrea.

El Ejecutivo griego está en esa dinámica: ni sus políticos ni una mayoría de griegos parecen entender en la dramática situación en la que se encuentran. Por ello, han rechazado el plan del FMI para rescatarlos que era bastante más laxo que el de Alemania. Parece que han confiado su suerte a la providencia, pues ni han realizado ajustes ni creen en la necesidad de hacerlo. De ahí que en unos días Fitch haya rebajado la calificación de su deuda a la categoría de bono basura, se haya producido una enorme huida de capitales del país y el coste de su deuda pública haya subido al 7%, cotas casi insostenibles para las economías modernas, en especial para los niveles de endeudamientos griegos.

Desde España no deberíamos contemplar la tragedia helena con distancia, como si no fuera con nosotros. Es cierto que Grecia no es España, pero España va camino de ser Grecia. Es un error pensar que los inversores internacionales discriminarán, ante un eventual impago griego, entre la deuda helena y la española. Las cosas no funcionan así: la crisis mexicana de 1994 se trasladó rápidamente a Argentina y la tailandesa de 1997 se generalizó a casi toda Asia, pese a que el "cuadro macroeconómico" de cada uno de esos países era muy variopinto. En el fondo, sin embargo, todos formaban parte de una misma economía con condiciones subyacentes muy similares e interrelacionadas, de modo que si México o Tailandia impagaban no era improbable que a medio plazo lo hicieran el resto de países de su entorno.

Con Grecia y España sucede algo parecido. Puede que España tenga un endeudamiento público que sea aproximadamente la mitad del heleno, pero la economía española está en coma profundo. No se trata, como piensa o dice pensar Zapatero, de que nuestros niveles de deuda sean comparativamente bajos, sino de que somos una nación sin capacidad para generar ingresos suficientes con los que amortizar la deuda: casi cinco millones de parados, una economía en recesión, una clase política incapaz de tomar decisiones necesarias e impopulares y unos sindicatos irresponsables dispuestos a alentar a la rebelión social.

A principios de febrero los mercados financieros nos dieron un primer aviso: o España cambiaba drásticamente de rumbo o los capitales no sólo no entrarían sino que saldrían de nuestro país. Zapatero y Salgado emprendieron un tour propagandístico por Reino Unido y Estados Unidos para tratar de convencer a los inversores de que eran conscientes de la delicada situación de la economía y que estaban decididos a tomar las medidas necesarias: reducción en 50.000 millones del gasto público y reforma del sistema laboral y de pensiones. En otras palabras, los socialistas prometieron hacer algo así como un plan de ajuste del FMI poco a poco, evitando unas brusquedades que nuestra economía no requería y que probablemente no digeriría.

Para sacar adelante un proyecto de semejante envergadura se requería un amplio consenso social que se bautizó como el pomposo nombre de Pacto de Zurbano, como tratando de rememorar los Pactos de la Moncloa. Ayer supimos que habrá consenso en Zurbano, pero no para sacar adelante las grandes reformas que necesita nuestra economía, sino para lavar la imagen del Gobierno. Ni reforma laboral seria, ni reducción drástica del gasto público ni cambios en el sistema de pensiones.

Es posible que Zapatero pueda permitirse seguir mareando la perdiz. Al fin y al cabo nuestros políticos tienen importantes prebendas garantizadas. Pero la economía española no puede. El caso griego lo acredita: cuando una economía en crisis se topa con una camarilla de políticos irresponsables, el resultado es catastrófico. El problema es que se nos está acabando el tiempo: si Grecia no acepta ser rescatada, los inversores volverán a mirar con desconfianza a España. Y esta vez puede que no haya giras internacionales que valgan.


Libertad Digital - Editorial

Política de mediocridad

EL Gobierno no ha tenido más remedio que conformarse con un Real Decreto-Ley para aprobar unas medidas urgentes que quería presentar como un gran pacto político contra la crisis económica.

La operación de propaganda ha fracasado una vez más, lo que no significa que tales medidas no vayan a ser respaldadas por los demás partidos. El Partido Popular ha anunciado su apoyo, sin entusiasmo y con mucho escepticismo, porque, de nuevo, el Gobierno ha optado por una fragmentación de respuestas al deterioro económico que no se enmarcan en un cuadro general de reformas estructurales. Los parámetros del gasto público -pese a los retoques de aparente austeridad-, el mercado laboral y el sistema tributario siguen intactos y las únicas modificaciones de calado acordadas hasta el momento generan inquietud, como el aumento del IVA a partir de julio. Difícilmente esta subida de impuestos va a aumentar la recaudación si las familias españolas, durante los primeros meses de este año, están incrementando su ahorro sin consumir tanto como el Gobierno esperaba que lo hicieran para evitar la repercusión del nuevo IVA. A esto se le llama miedo e incertidumbre sobre el futuro. Si no hay confianza, no hay consumo ni reactivación autónoma de la actividad productiva. Los buenos datos de la matriculación de vehículos responden a las subvenciones públicas, claro aviso de que el fin de estas ayudas puede dar paso a un nuevo declive de las ventas, como ya han alertado las empresas del sector.

El Real Decreto-Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros abunda en la política de medidas paliativas, pero sin ambición alguna a medio y largo plazo. No es temerario pensar que, con esta falta de apuestas por la productividad y la competitividad, el final de la crisis pueda no significar para España el comienzo de la recuperación -tantas veces anunciado como retrasado desde el Ejecutivo-, sino el estancamiento en la mediocridad. Incluso el Gobierno parece consciente de que no es capaz de poner en marcha ese anunciado cambio de modelo productivo y por eso se refugia en la economía del «No-Do»: ladrillo, coches y playa. Todas las acusaciones del Gobierno contra los malos fundamentos del anterior crecimiento económico -tan jaleados por Rodríguez Zapatero cuando decía que sus peores previsiones de paro serían siempre mejores que las mejores previsiones de paro con Aznar- se han quedado sin alternativas, reduciendo su oferta política a la sociedad española a más déficit público y más paro, los dos problemas que hacen imposible la recuperación económica.

ABC - Editorial