domingo, 11 de abril de 2010

El Omeprazol. Por Alfonso Ussía

Mariano Rajoy, al que mucho en lo personal respeto, no parece animado a ganar en las próximas elecciones. No quiere.

Se ha empeñado en reducir sus posibilidades. Lo malo es que somos muchos los millones de españoles que dependemos de la bondad natural de Rajoy. Sólo un triunfo holgado del Partido Popular puede terminar con la pesadilla de sabernos gobernados por un especimen inclasificable como Zapatero. Pero Mariano Rajoy no se enfrenta a su mal. Se limita a engañar las molestias con medidas pasajeras. Es como el Omeprazol, un fármaco formidable que alivia y elimina los dolores esofágicos pero no sana la enfermedad. Lo de Bárcenas no tiene sentido. Que el tesorero imputado en el «caso Gürtel» pida la baja del Partido Popular, le sea concedida y conserve el escaño de senador manteniéndose en el Grupo Popular es de coña marinera. A estas alturas, Bárcenas habría de llevar más de un año fuera del Partido Popular y sin escaño, que rima. Mientras no se demuestre lo contrario, Bárcenas es inocente. Pero en un partido político que asegura combatir la corrupción, esas presunciones no sirven para nada. Las imputaciones que pesan sobre Bárcenas son de una gravedad alarmante. Tendría que haberse ido voluntariamente, pero nadie le animó a hacerlo. La solución del problema ha sido tardía y ridícula. Se ha renunciado a la cirugía a cambio de una pastilla de Omeprazol. Ya pasará el escándalo. Y los socialistas, frotándose las manos con entusiasmo y razón.

Bárcenas no puede conservar el escaño fuera del Partido Popular, ni seguir perteneciendo a su grupo parlamentario si ya no forma parte del Partido Popular. De demostrarse su inocencia en el futuro, Bárcenas puede ser objeto de toda suerte de homenajes y reivindicaciones, pero la sola imputación de haber cometido un delito de corrupción es motivo suficiente y sobrado para ser dado de baja, no a petición suya, del Partido Popular, exigiéndole su buena voluntad para dejar libre el escaño senatorial. Pero Rajoy lleva un año huyendo de su enfermedad, la pusilaminosis, y ha preferido eliminar sus dolores con pastillas de Omeprazol. ¿Bárcenas imputado? Bárcenas a la calle. El PSOE está podrido de casos de corrupción, pero tiene una ventaja sobre el Partido Popular. No le importa y, menos aún, a sus votantes. No se puede hacer una oposición ejemplar adoptando medidas humillantes. Sucede con los políticos. No piensan que sus malas decisiones afectan a la vida y el futuro de millones de personas, que están por encima de amistades, gratitudes personales, componendas o debilidades anímicas. Bárcenas se ha convertido en un grave problema para el porvenir de un amplio sector de nuestra sociedad por su culpa y la de Rajoy, que no ha sabido atacar la enfermedad a tiempo aliviado momentáneamente con la pastilla de Omeprazol.

Así no se gana la confianza de los electores. Los socialistas no necesitan pedir perdón a la sociedad, porque no entra en su código moral. Rajoy sí. Rajoy está obligado, por su propia formación personal, a olvidarse del Omeprazol, cortar simbólicamente las cabezas de los imputados en un caso de corrupción, y pedir perdón por su lentitud pusilánime. Siempre que quiera ganar las elecciones que tiene ganadas. Siempre que quiera, claro.


La Razón - Opinión

Insostenible indecisión

La elevada tasa de paro español, agravada por la crisis económica y financiera, y el envejecimiento de la población están poniendo en jaque nuestro Estado de bienestar.

A los tradicionales cantos de sirena de que el sistema será incapaz de garantizar las pensiones futuras se han sumado los Gobiernos autónomos de Cataluña, Galicia y Valencia planteando por vez primera una reflexión sobre el proceso de aplicación completa de la Ley de la Dependencia. Ello se suma al hecho de que algunos Ejecutivos regionales del PP, como los de Madrid y Murcia, ya están aplicando, de facto, una moratoria. Esta norma puede ser la víctima más propicia a corto plazo de esta crisis. Las arcas públicas adelgazan en plena aplicación de un derecho que, por novedoso, algunos creen que bien puede esperar. Pero hacer ahorros en ese capítulo es una tentación tan fácil como estéril.

El desafío al que se enfrenta la economía española y nuestro aún relativamente modesto Estado de bienestar es de una envergadura muy superior. Con una tasa de desempleo del 19%, una economía sumergida que, según estimaciones, superaría el 20% del PIB y una presión fiscal muy por debajo de la media europea, es difícil que cuadren las cuentas públicas. Pero la solución no puede pasar por recortar gastos en los servicios sociales esenciales, que también están por debajo de la media comunitaria, ni por frenar la extensión de un nuevo derecho, el de la dependencia, que nos aproxima a ese Primer Mundo al que queremos pertenecer y que apenas supone un desembolso anual del 0,5% del PIB.


Respondiendo seguramente a la inquietud general, el presidente del Gobierno ha repetido hasta la saciedad que no recortará gastos sociales. Pero la realidad es que es su propio Gabinete el que ha puesto sobre la mesa un cómputo distinto para calcular las pensiones, una prolongación de la vida laboral hasta los 67 años o una extensión del contrato laboral de despido más barato. El problema no es que se apliquen tales medidas, algunas de las cuales, como el retraso en la edad de jubilación, están plenamente aceptadas por los analistas europeos desde hace años, sino la ausencia de un diseño más amplio y ambicioso que despeje las dudas a medio y largo plazo que se ciernen sobre la sostenibilidad del sistema y que son anteriores a esta crisis. Más allá de las palabras, es lo que cabría esperar de un Gobierno que lleva la política social en su ADN. Lo contrario conduce a la paradoja de seguir el camino inverso del emprendido por Barack Obama y de alejarse del exitoso modelo nórdico que tanta admiración produce en el sur.

El margen para recortar gastos sociales es muy estrecho, pero existe, como lo demuestra el reciente pacto sanitario. Suprimir subvenciones no esenciales (como los 2.500 euros por natalidad) o racionalizar el gasto son vías a seguir explorando. Pero el desafío requiere valentía en la toma de decisiones. Las acometidas hasta ahora contienen aciertos, pero siguen siendo tímidas y parciales. El plan contra el fraude fiscal ha quedado corto, como la reforma del impuesto sobre las Sicav, ese refugio de las grandes fortunas cuyos beneficios siguen tributando inicialmente al 1%. Se necesita un sistema impositivo verdaderamente progresivo que obligue a pagar a los que más tienen y una revisión de la redistribución de la renta para no despilfarrar ayudas en quienes no las necesitan.

Salir de la crisis no es suficiente. Mantener e incluso seguir avanzando en nuestro Estado de bienestar como hasta ahora es incompatible con el recorte de impuestos que acometió en su día Zapatero y que el PP exige. Y la única manera de lograrlo es aumentar los ingresos, base sobre la que por cierto se asientan los beneficios sociales de las economías centroeuropeas que nos sirven de modelo.


El País - Editorial

Kaczynski, la derecha que nunca se avergonzó de sí misma

Kaczynski nunca pidió perdón por ser de derechas y durante el ejercicio de sus responsabilidades públicas, para bien o para mal, obró siempre en consonancia con las ideas que compartía con sus votantes.

La muerte del presidente polaco Lech Kaczynski, víctima de un accidente de aviación en tierras rusas, une a la tragedia nacional que supone perder de esa forma al máximo representante del país la circunstancia de que, con él, ha desaparecido también su esposa y una parte muy importante de los líderes políticos de Polonia. Un accidente mortal durante el aterrizaje se convierte de esta manera en origen de una crisis institucional que, por fortuna, la madura sociedad polaca y la integridad de sus dirigentes nacionales están solventando dentro de las reglas del estado de derecho. Vaya por delante nuestra solidaridad con el pueblo polaco y nuestra admiración hacia los políticos supervivientes, que siguen manteniendo la normalidad democrática con una solvencia digna de encomio.

Kaczynski fue el político que una gran parte de los ciudadanos europeos de derechas hubiera querido tener en sus países. Al margen de posiciones discutibles en torno a asuntos que tienen que ver con las expresiones de libertad individual, algo a lo que todos tenemos derecho y no sólo los que comparten las creencias o ideas de los dirigentes políticos, lo cierto es que el fallecido presidente polaco, a diferencia de la meliflua clase conservadora de la mayoría de los países europeos, nunca pidió perdón por ser de derechas y durante el ejercicio de sus responsabilidades públicas obró siempre en consonancia con las ideas que compartía con sus votantes.

Sus recelos ante el giro que la Unión Europea iba a dar definitivamente con la entrada en vigor del Traslado de Lisboa estuvieron también más que justificados. Para un pueblo tan sufrido a lo largo de la Historia como orgulloso de sus orígenes tal que el polaco, diluir la soberanía nacional en un marasmo burocrático extraterritorial nunca fue una buena noticia. Polonia sabe, mejor que cualquier otro país, lo que significa estar sometida al dictado de potencias extranjeras, y el hecho de cambiar Moscú por Bruselas no iba a significar más que una diferencia de grado. Kaczynski también lo entendió así y actuó en consecuencia hasta que, finalmente, dio su brazo a torcer firmando el tratado por cuestiones geoestratégicas, no sin antes exigir determinadas prevenciones que le llevaron a protagonizar sonoros encontronazos con la canciller Angela Merkel, en aquellos momentos al frente de la UE.

La diferencia con el europeísmo incondicional de los llamados centro-reformistas es notable, pero más aún si lo comparamos con otros presidentes como Zapatero, cuya única prioridad ha sido siempre “volver al corazón de Europa”, a toda costa y a cambio de desaparecer como protagonista de la escena política continental, precio que gustosamente ha pagado en nombre de todos los españoles.

Hay muy pocas naciones sobre la Tierra, y desde luego ninguna en Europa, que hayan sufrido tantas tragedias como Polonia. La casualidad ha querido que su último presidente haya muerto precisamente mientras acudía a conmemorar el exterminio en Katyn de su elite política, militar y social en 1940 a manos del ejército soviético. Kaczynski ya no estará más dirigiendo el devenir histórico de su querida nación, pero entrega a sus compatriotas el legado de su compromiso con las ideas en que siempre creyó y la honestidad intelectual y el valor político para llevarlas a cabo sin pedir perdón por ello. Que la tierra le sea leve.


Libertad Digital - Opinión

Garzón, a la desesperada

«EN consecuencia, todas las infracciones penales que se denuncian se incluyen sin excepción bajo la cobertura de la Ley de Amnistía». Esta afirmación, referida a los hechos que pretendió investigar el juez Garzón en la causa «contra el franquismo», no es de ningún querellante de ultraderecha ni de un fantasma resucitado del anterior régimen. Es la rotunda declaración que incluyó el actual fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, en el recurso de 20 de octubre de 2008 contra el auto por el que Garzón se atribuyó la investigación de los desaparecidos del franquismo.

Ahora el fiscal no acusa a Garzón de prevaricar, pero otras afirmaciones contenidas en ese recurso podían haber sustentado perfectamente tal acusación. En todo caso, sirven para poner de manifiesto que Garzón ha pasado a una reacción desesperada con su recurso contra el auto de imputación dictado por el juez Luciano Varela. Junto a argumentos de notoria calidad jurídica, el recurso incluye manifestaciones que deslizan la estrategia de Garzón hacia una convergencia con el movimiento partidista de apoyo a su persona. Sólo así se entiende que reclame el archivo de su causa por las «espurias motivaciones» de los querellantes, como si para Garzón la acción popular fuera un privilegio que debe reconocerse sólo a los querellantes con «buenas intenciones». Lo mismo sucede cuando defiende la peregrina idea de que se puede investigar un hecho aunque esté amnistiado, olvidando que las amnistías, como la de 1977, se dictan, precisamente, para no abrir causas penales por esos hechos o archivar las que estén tramitándose. Pero el colmo de la soberbia lo alcanza cuando se atreve a relacionar su futuro procesal con la desprotección «a las víctimas de los crímenes franquistas, condenándolos a no saber nunca qué pasó de sus padres y hermanos». No cabe mayor falsedad, porque fue Garzón el que se apartó de este sumario antes de que se lo ordenara la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y porque, en este momento, hay causas abiertas en diversos juzgados de instrucción por las desapariciones del franquismo. Es vergonzoso este nivel de victimismo y mesianismo con el que se presenta Garzón al apropiarse de la justicia que legítimamente reclaman las víctimas. Bien decía el fiscal en el citado recurso de 20 de octubre de 2008 que «es intrínsecamente injusto sostener que la protección de los derechos de las víctimas depende exclusivamente de que el órgano judicial «a quo» -es decir, Garzón- «pueda seguir adelante con la investigación penal».

ABC - Opinión