martes, 13 de abril de 2010

Los «PIGS» y el euro. Por Alvaro Vargas Llosa

LOS expertos que observan el drama económico de los «PIGS» -Portugal, Italia, Grecia y España- insisten, razonablemente, en que no se puede tener una economía sur europea y un tipo de cambio alemán.

Quieren decir que el euro, dominado por la poderosa y disciplinada Alemania, se ha convertido en una camisa de fuerza para las economías deficitarias, endeudas e improductivas que no pueden devaluar su moneda para salir de la crisis por haber cedido el control monetario al Banco Central Europeo.

Pero esos expertos son demasiado razonables. Sugiero lo opuesto. Precisamente porque un tipo de cambio fijo entre economías tan desacompasadas entre sí es una idea descabellada, la trampa en la que se encuentran los «PIGS» es la única posibilidad, aunque mínima, de que transformen su modelo socioeconómico. Como ciudadano español que ha pasado un tercio de su vida estudiando o trabajando en Europa, ha sido para mí doloroso ver a la economía de España, cuya transformación en los años 80 y 90 adquirió contornos de leyenda, despertar metamorfoseada en un insecto kafkiano. Con uno de cada cinco adultos y cuatro de cada diez jóvenes sin empleo, millones de propiedades por debajo del valor de sus hipotecas, la mitad de las Cajas de Ahorro en estado de virtual insolvencia y una deuda privada que duplica el tamaño de la economía en su conjunto, España pasa por una crisis existencial.


El rudo despertar de España es particularmente cruel desde una perspectiva histórica. Aislados de sus modernos vecinos durante las largas décadas del régimen franquista, la adhesión de los españoles a la Unión Europea fue algo más que alcanzar la mayoría de edad política o económica: equivalió a un acto de exorcismo contra sus demonios históricos, es decir, la decadencia que abarca desde finales del siglo XVII hasta la muerte de Franco. Para Portugal y Grecia, fue el salto del tercer al primer mundo; España la adoptó como una transformación espiritual.

Lo cual explica dos cosas. Primero, el pasmo de España tras enterarse de que ser miembro de la Unión Europea implica costos y sacrificios terrenales. Segundo, y haciéndose eco de sentimientos similares en Grecia y Portugal, el rechazo general a considerar siquiera la posibilidad de abandonar el euro.

Si su moneda pudiese reflejar los déficits, los altos costos laborales y la baja productividad de España, ya se habría devaluado de forma natural. Sin esa posibilidad, España se enfrenta a un doble castigo si desea evitar una depresión interminable: la dislocación social que inevitablemente acarrearán los esfuerzos por volverse disciplinada y competitiva, y el costo de tener que experimentar una deflación de precios y salarios ante la ausencia de flexibilidad monetaria en el corto plazo. España tendrá que tomar una decisión fatídica: ¿quiere ser como Alemania y aceptar que la prosperidad es la recompensa del esfuerzo, o pretende que el resto de Europa se una a los «PIGS»?

Es un error centrarse en el euro como la esencia del problema. La moneda común ha contribuido de linda manera al delirio de la economía española brindándole un poder adquisitivo utópico y le está haciendo doblemente difícil superar la recesión al no permitirle, como lo hicieron por ejemplo las economías nórdicas cuando se metieron en problemas en los años 80 y 90, devaluar el tipo de cambio. Pero la causa real de lo que está sucediendo es que la nación confundió el crédito fácil, los subsidios y la protección social con la verdadera riqueza.


ABC - Opinión

Garzón no hizo nada. Por Cristina Losada

Hay algo aún más asombroso que esa llamada a sumergirnos en una dudosa terapia de grupo. Y es dar por sentado que el aludido juez estuvo trabajando seriamente en la investigación de los crímenes del franquismo.

"España necesita un honesto ajuste de cuentas con su problemático pasado", decía el New York Times a propósito de la más publicitaria de las causas abiertas contra Garzón.

El Times quiere que nos tumbemos en el diván, confesemos nuestros pecados colectivos y lleguemos a una catarsis de verdad y justicia, con nuestros seis lustros de democracia a la espalda y una reconciliación sellada en la Transición. Una propuesta adanista muy del gusto de quienes continúan viendo a España con ojos de los años treinta. Sin embargo, hay algo aún más asombroso que esa llamada a sumergirnos en una dudosa terapia de grupo. Y es dar por sentado que el aludido juez estuvo trabajando seriamente en la investigación de los crímenes del franquismo.


Las asociaciones de la memoria histórica padecen de similar ceguera. Han presentado una querella contra el magistrado Luciano Varela, ante la cual nada puede objetarse. Están en su derecho de seguir los pasos que, en sentido contrario, dieron Manos Limpias y Falange. Sus razones, aparte de jurídicas, son de orden moral. Encausar a Garzón, aseguran, es "un ataque frontal" que deja a las víctimas del franquismo "en total desamparo". Creen, pues, o fingen creer, que el mentado juez iba a encontrar a sus desaparecidos y a procesar y condenar a los culpables de sus muertes. Es más, creen que era el único dispuesto a hacerlo, de lo que se infiere que han estado vilmente arrinconadas y desprotegidas por los demás jueces, el Gobierno y, cómo no, la Fiscalía.

Los hechos, sin embargo, cuentan otra historia. Garzón abrió la causa y no movió un papel durante un año y medio. Se ve que no sentía una gran urgencia humanitaria. En los seis meses siguientes fabricó un tortuoso procedimiento para burlar los límites de sus competencias, aunque sólo para regresar al punto de partida. Lo esencial, en cualquier caso, es que declaró extinguidas las responsabilidades de los protagonistas del 18 de julio, como no podía ser de otro modo, pues estaban muertos. Y que a lo largo de los dos años que tuvo en sus manos la causa, no realizó averiguación alguna sobre las desapariciones denunciadas. En eso, o sea, en nada, consistió su trabajo sobre los crímenes del franquismo. Garzón en estado puro.


Libertad Digital - Opinión

Testosterona. Por Ignacio Camacho

SOBRE la piel de rinoceronte del veterano, que no viejo, Álvarez Cascos han rebotado las maniobras torticeras que pretendían implicarlo de refilón en la vidriosa trama Gürtel, y el político de raza que habita bajo esa coriácea epidermis se ha venido arriba en la agresiva reivindicación de su honorabilidad cuestionada.

Antiguo azote de la corrupción felipista, Cascos se ha blindado con actas notariales antes de pasar a una contraofensiva frontal y destemplada cuya aspereza ha levantado ronchas en el delicado cutis de la dirección marianista del PP, donde temen que la desabrida reaparición del antiguo número dos avente los fantasmas peor perfilados del aznarismo y no saben de qué perfil ponerse ante sus indisimuladas aspiraciones de retorno con bríos y maneras de paquidermo en cacharrería.

Cascos, a quien el propio Aznar tuvo que dar de lado para lijar las aristas de su proyecto en busca de una mayoría de centro, representa un estilo de testosterona política que está hoy por hoy en las antípodas de la estrategia del Partido Popular. Después de una legislatura fracasada en el empeño de un abordaje por las bravas, rudo y arriscado, contra la liquidez zapaterista, Rajoy optó por desplazar el ataque a la amura contraria, a ver si por el flanco de la levedad consigue abrir la cerrada defensa socialdemócrata. A base de rebajar dosis hormonales y dotar al partido de un toque político hermafrodita ha conseguido un progreso lento pero constante que se antoja insuficiente para los nostálgicos de la llamada «derecha sin complejos», añorantes de un talante ofensivo más cimarrón y montaraz.


Por eso la irrupción del antiguo dóberman ha provocado sarpullidos entre los defensores del mestizaje táctico; los actuales dirigentes del PP temen que la comprometida denuncia de conspiraciones policiales en el caso Gürtel -que complica de manera indirecta la línea defensiva oficial ante las evidencias de corrupción- no constituya sólo el ejercicio de la legítima defensa de un honor agredido, sino un posicionamiento operativo en toda regla ante las solapadas primarias que Cascos libra para aspirar a la presidencia regional asturiana.

Ante este anhelo de regreso de su antiguo compañero de ejecutiva, y en general ante los movimientos desestabilizadores de todo el tardoaznarismo, Rajoy se ve en una tesitura similar a la que Lyndon B. Johnson tuvo que afrontar con el intrigante Hoover: indeciso sobre la conveniencia de convivir con el incómodo indio dentro de la tienda, para que orine hacia fuera, o dejarlo fuera con el riesgo de que miccione dentro. A Cascos, tan marcado por su desapacible hosquedad, quizá prefiera en el fondo mantenerlo en el exterior; el problema es que a Aznar no lo puede sacar del tippi pese a que el ex presidente anda tan a su aire que ha dado últimamente en mearse dentro. Y no es un indio cualquiera, sino el jefe moral de la tribu.


ABC - Opinión

La cláusula Camps. Por José García Domínguez

De las temblorosas manos de María Emilia Casas depende, entonces, que las tres provincias se transmuten en flamante nación; asuman al fulminante modo esos arcanos derechos atávicos de Cataluña que, por lo demás, aún nadie ha acertado a precisar.

Un Serafín Castellanos, consejero áulico de Camps, acaba de anunciar al mundo que "no vamos a renunciar a un solo derecho que se le otorgue a otras comunidades en detrimento de los valencianos". En consecuencia, de creer a Serafín, no habrá pequeña necedad, suprema tontería o flagrante aberración cometida en estatuto alguno que Valencia no vaya a hacer suya más pronto que tarde. Tal que así, el Gobierno de Camps amenaza con poner en marcha la cláusula ídem ya mismo. En fin, que se vayan preparando, sin ir más lejos, en Andalucía.

Porque si la "investigación, promoción, difusión y conocimiento del cante flamenco" eran competencia exclusiva de la Junta, ahora Valencia reclamará su legítimo derecho a legislar sobre el arte jondo, el zapateado y los lunares de las batas de cola. ¿Y qué decir de las aguas del Tajo, un río que como nace en Aragón y muere en Lisboa, es propiedad de Castilla-La Mancha, según ordena, taxativo, su nuevo Estatuto? Bueno, o eso seguirá creyendo Barreda mientras Camps no se anime a asignarle un nuevo cauce por decreto.


Ya lo ha advertido muy en serio Serafín: "No vamos a renunciar a un solo derecho...". Así que sosiéguense los alicantinos, porque no habrán de continuar mirando con envidia hacia el norte. Merced a Camps, ese fuero inalienable que el Estatut regala a los catalanes, el que según memorable redactado les concede "gozar de los recursos del paisaje en condiciones de igualdad", pronto será suyo también. Pues es sabido que cuanto decida el Tribunal Constitucional para Cataluña, al punto, será de perentoria aplicación en Valencia.

De las temblorosas manos de María Emilia Casas depende, entonces, que las tres provincias se transmuten en flamante nación; asuman al fulminante modo esos arcanos derechos atávicos de Cataluña que, por lo demás, aún nadie ha acertado a precisar; clonen idéntica financiación cantinflesca, esto es, específica aunque genérica, diferenciada pero común y particular si bien ordinaria; expulsen ipso facto al defensor del Pueblo (español) más allá de la frontera con Murcia; y acaben presto con el teórico bilingüismo que aún regía en el mojado papel de la Ley, tal como han hecho los barandas del tripartito, sus nuevos amiguitos del alma. Un traje a medida, que diría El Bigotes.


Libertad Digital - Opinión

Tragedia y excelencia de Polonia. Por Hermann Tertsch

LA trágica muerte de gran parte de la cúpula estatal de Polonia, incluido su presidente, Lech Kazynski, en un accidente aéreo es un hecho sin precedentes en tiempos de paz.

Es una maldición de la historia, que ninguna mente por perversa que fuera se habría atrevido a fabular, que el avión con toda la delegación cayera además precisamente sobre los bosques de Katyn. Cuando volaba toda la delegación presidencial a presentar honores a los 22.000 hombres polacos asesinados en 1940 precisamente allí, cada uno con un tiro en la nuca. En una labor asesina ingente del NKVD. Stalin, Woroswhilow y Molotov habían firmado la orden cuyo fin era exterminar a las elites de la nación polaca. Todo fue consecuencia del Pacto Hitler-Stalin por el que Alemania y la URSS -comunismo y nazismo, las dos ideologías asesinas- se repartían entre ambos Polonia. Y la hacían desaparecer del mapa como ya había sucedido antes en la historia. Pero esta vez no se trataba sólo de hacerla desaparecer como Estado, sino de aniquilar a los líderes, a la excelencia polaca y a los portadores de la memoria. Se trataba de descabezar a una nación para que permaneciera por siempre postrada.

Stalin leía mucha historia. Sabía muy bien del éxito en la represión de la nación checa después del levantamiento nacional y religioso iniciado en 1618 y su aplastamiento tras la batalla de la Montaña Blanca en 1620. Entonces todos los líderes checos, aristócratas y hombres significados fueron ajusticiados por Viena. La nación checa se convirtió en la más sumisa y maleable del Imperio. Eso explica en gran parte que sí los héroes polacos han sido siempre aristócratas y guerreros patriotas indómitos, intelectuales comprometidos con el sufrimiento y la resurrección constante de su pueblo, los checos tengan por héroe al Bravo soldado Swejk, personaje inventado por Jaroslav Hasek, una especie de Sancho Panza pragmático, tramposo y cínico. Eso explica también por qué a lo largo de la historia los polacos han combatido a sus enemigos hasta la autoinmolación y destrucción total de sus ciudades mientras los checos tienen todas sus ciudades intactas y siempre se entregaron prácticamente sin lucha a las fuerzas exteriores superiores. Con todas las excepciones que se quieran ver y que por supuesto existen. Pero la historia marca el carácter de las naciones y los contrastes que se revelan entre estos dos vecinos, ambos eslavos, son posiblemente los más llamativos en Centroeuropa.

Stalin aplicó la política de intentar descabezar Polonia en su día porque sabía de la fuerza ejemplarizante de las elites polacas, esas que eran inexistentes en la nueva Checoslovaquia. Eso se produjo en Katyn. Pero ya lo había ensayado Stalin en España. Muy cerca de Madrid. En Paracuellos. Allí fue asesinada parte de la elite nacional nuestra. Se trataba también allí de convertir a todo el país en una masa amorfa sin columna vertebral ni referentes morales para que el totalitarismo no tuviera resistencia. Sin líderes ni memoria. Ahora ha sido al parecer una siniestra fatalidad la que priva a Polonia de muchos de sus mejores hombres y mujeres. La lista de los hombres y mujeres muertos junto al aeropuerto de Smolensk es casi un Who is Who de la política, la administración y las fuerzas armadas de aquel país. Se trata de un drama infinito del que una sociedad tarda mucho en recuperarse. Y la siniestra coincidencia que redobla la maldición de Katyn lo puede hacer aun más difícil. Pero Polonia es un gran país que se ha respetado a sí mismo como quizás sólo lo ha hecho siempre el Reino Unido. En la peor adversidad. Ejemplo de dignidad a través de los siglos. De unos siglos que han maltratado a este país como a pocos en el mundo. Por eso, además del luto profundo que comparto con toda la nación polaca, también tengo la seguridad de que Polonia tiene una sociedad que genera líderes, tiene una voluntad nacional a prueba de todas las diferencias políticas, una identidad y un patriotismo que ha resistido a todo y a todos. Y además un culto por la excelencia y la ejemplaridad, un reconocimiento a sus grandes hombres y mujeres que generan esta pujanza que no quiebra con tragedias aun mucho mayores. Ojalá pudiéramos suponer eso de otras de nuestras sociedades modernas.


ABC - Opinión

Bermúdez se luce otra vez

La sentencia de Bermúdez da alas a la ETA y hace retroceder casi una década la lucha contra el terrorismo que, mediante acciones como la de Egunkaria, había conseguido ganar una batalla crucial: la del soporte mediático, cultural y económico de la banda.

No por inesperado ha sido menos el estupor que nos ha ocasionado el auto de los magistrados de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, Ramón Sáez Valcárcel y Manuela Fernández de Prado por el cual se censura el cierre del diario abertzale Egunkaria hace siete años y se absuelve a sus principales directivos. Llega ahora, de un modo extemporáneo poniendo en ridículo a la propia Audiencia, que instruyó un caso totalmente distinto al que se ha terminado juzgando.

El tribunal presidido por Gómez Bermúdez echa por tierra todo el trabajo del juez instructor, que fue Juan del Olmo. Exactamente los mismos roles que ambos jueces representaron en el juicio por los atentados del 11-M. De sabios es, por lo tanto, no fiarse de ninguno de los dos. Pero no ya por su vergonzosa actuación antes, durante y después del juicio del 11-M sino, porque, en el caso Egunkaria, el primero ha dejado al segundo a los pies de los caballos dictando una sentencia que poco o nada tiene que ver con la instrucción. Sólo eso ya desautoriza completamente todo el proceso y, si no toda, sí parte de la sentencia.


Pero tras las bambalinas de la Audiencia Nacional, hay un tercer protagonista: la Fiscalía General del Estado que, en un principio, se sumó a la acusación y luego se echó para atrás coincidiendo con la tregua de la ETA. Hay razones fundadas para creer que este de Egunkaria fue la enésima contrapartida que el Gobierno, Gómez Benítez mediante, prometió a los etarras a cambio de entrar en razón. Precedentes no faltan y la errática actitud de Conde Pumpido al respecto sólo lleva a pensar lo peor.

Las razones que han llevado a Gómez Bermúdez a absolver a la cúpula de Egunkaria, poblada por señalados abertzales como Martxelo Otamendi, Xabier Oleaga o Txema Auzmendi, están, cuando menos, cogidas con calzador. El juez se apoya en un argumento tan peregrino y falaz como que los denunciantes –Dignidad y Justicia y la AVT– partían de la idea preconcebida de que el diario era una herramienta de la banda en el frente cultural vasco. A estas alturas Bermúdez considera que el interés de la ETA por promover el vascuence y la cultura vasca es “una falacia interesada, buscada por la banda terrorista”, pero que, a tenor de la sentencia, no se corresponde con la realidad. Con esto lo único que demuestra el juez Gómez Bermúdez es no conocer ni un ápice la naturaleza de la banda y sus mecanismos de penetración en la sociedad vasca.

No contento con eso, el juez del 11-M ha rechazado los informes que la Guardia Civil facilitó durante la instrucción y que fueron admitidos como pruebas periciales. Se escuda en que ese material "no se ha confeccionado utilizando conocimientos técnicos científicos, artísticos o prácticos”, sino “sobre la base de estudios hechos por los miembros de la Guardia Civil”, es decir, las pruebas aportadas por los principales expertos antiterroristas de España no valen por no se sabe bien que razones en las que el magistrado se enreda.

El juez no sólo devalúa la inestimable labor de la Benemérita, sino que, en una indescriptible canallada que hará las delicias de los asesinos de la ETA, da visos de credibilidad a las denuncias de tortura por parte de los agentes que todos los detenidos interponen de un modo automático. Se limita, claro está, a arrojar la piedra y esconder la mano porque, textualmente, no “puede llegar a conclusiones jurídicas penalmente relevantes sobre el particular”. Las denuncias por tortura son una vieja treta del entramado etarra para desviar la atención sobre sus propios crímenes y, sobre todo, para encender los ánimos de sus incondicionales. La propia ETA lo recomienda en sus comunicados internos.

La sentencia de Bermúdez, que vuelve a lucirse tras su triste papelón en el juicio del 11-M, da alas a la ETA y hace retroceder casi una década la lucha contra el terrorismo que, mediante acciones como la de Egunkaria, había conseguido ganar una batalla crucial: la del soporte mediático, cultural y económico de la banda. Habrá que temblar por las derivaciones de esta incomprensible sentencia. El nacionalismo vasco aprovechará la resolución para rehabilitar a Batasuna y a todas las marcas blancas que la ETA utilizó en el pasado a su favor.


Libertad Digital - Editorial

La alternativa del TC

EL Tribunal Constitucional decide a partir de mañana no sólo el futuro del Estatuto de Autonomía de Cataluña, sino también la solidez del sistema constitucional español para asegurar la continuidad del pacto constituyente de 1978, por encima de los compromisos partidistas y de las coyunturas de los gobiernos.

Sería dramático para España que el TC aplicara a su resolución condicionamientos derivados de los posibles perjuicios políticos que su decisión causaría en la estabilidad de tal o cual ejecutivo. Lo que está en juego no es un pacto de conveniencia entre partidos, sino la continuidad constitucional de España como un Estado unitario organizado en comunidades autónomas o su suplantación por una confederación entre Cataluña y el resto de España. Cada poder del Estado debe asumir sus propias responsabilidades, y al TC no le incumbe tapar las chapuzas cometidas contra la Constitución en el Estatuto catalán, sino depurarlas del ordenamiento jurídico, porque cualquier otra opción, por ejemplo, por vía interpretativa, sólo sería una fuente de conflictos latentes para los próximos años. Si de alguna forma el TC se desliza por el terreno de las funciones legislativas es mediante el empleo de las nefastas sentencias interpretativas. Mejor será para el Estado saber qué es constitucional y qué no, según esté escrito en la sentencia, y no según decida en cada momento el Gobierno catalán de turno.

Tampoco debería ser un gravamen para la libertad de criterio de los magistrados del TC el cúmulo de leyes de desarrollo estatutario aprobadas por el Parlamento catalán, con el aliento del Gobierno de Rodríguez Zapatero, el primer interesado en intimidar al TC con la magnitud de las consecuencias de una sentencia de inconstitucionalidad. Mucho más importante que la tranquilidad de Zapatero en La Moncloa es la estabilidad constitucional de España. La responsabilidad de aprobar una ley inconstitucional siempre es de la Cámara que la aprueba y del Gobierno o los partidos que la impulsan.
Sí es responsabilidad del TC la asombrosa dilación que ha sufrido este proceso constitucional, causa directa del desprestigio de la institución y de la presión política sobre sus magistrados. Más que problemas de valoración jurídica, el TC ha sido presa de una excesiva atención hacia el exterior, hacia los efectos políticos de sus decisiones. El empeño de la presidenta del TC en lograr una mayoría que evite su voto de calidad ha invertido las prioridades de esta institución, sustituyendo la recta defensa de la Constitución de 1978 por la comodidad de un consenso exculpatorio. Mañana tienen una oportunidad para enmendar este error.


ABC - Editorial

La familia Bono posee otros dos áticos en una urbanización de Estepona

En julio de 2006, el presidente del Congreso adquiría dos áticos en la lujosa urbanización Las Náyades, ubicada en Cabo Bermejo (Estepona). Lo hacía a través de la sociedad patrimonial Ahorros Familiares Saja, administrada por su mujer, Ana Rodríguez Mosquera, empresa también titular del ático ubicado en Madrid valorado en un millón de euros y sobre el que LA GACETA informó en el día de ayer.

En julio de 2006, el presidente del Congreso adquiría dos áticos en la lujosa urbanización Las Náyades, ubicada en Cabo Bermejo (Estepona). Lo hacía a través de la sociedad patrimonial Ahorros Familiares Saja, administrada por su mujer, Ana Rodríguez Mosquera, empresa también titular del ático ubicado en Madrid valorado en un millón de euros y sobre el que LA GACETA informó en el día de ayer. En esta sociedad, la mujer de José Bono ostenta el 80% de las acciones y el resto se reparte entre su marido y sus tres hijas –no está presente el hijo de ambos– con un 5% cada uno.

Las dos viviendas son contiguas y suman un total de 267 metros cuadrados. La propiedad se obtuvo por título de permuta, lo que implica que la familia Bono canjeó terrenos suyos por los dos áticos, o bien con el constructor o bien con el promotor del complejo residencial; en este caso el primero fue Construcciones Rebollo y el segundo Rafael Santamaría. De acuerdo con abogados urbanistas consultados por este periódico, lo habitual es que los solares objeto de la permuta se encuentren próximos al terreno donde se levantará la edificación, aunque es cierto que pueden situarse en cualquier parte de España.


El precio de venta de cada uno de los áticos es de 365.000 euros y 489.000 euros; en total, la familia Bono debía ser propietaria de un terreno equivalente al importe total de ambas viviendas, que suman 854.000 euros, para permutar un bien por otro. Y, además, haberlo comprado o heredado entre junio de 2004 y julio de 2006, momento en que se escritura este canje en el Registro de la Propiedad.

En junio de 2004, cuando cesó como presidente de Castilla-La Mancha para ocupar la cartera de Defensa, José Bono hizo su última declaración de bienes, rentas y actividades que fue publicada en el Diario Oficial de aquella comunidad. En ella aseguraba tener únicamente una parcela de terreno rústico en Salobre, de dos hectáreas y adquirida por herencia. Finca cuyo precio difícilmente podría ser superior a los 20.000 euros, dado que el suelo rústico en aquella zona oscila entre el euro y los cincuenta céntimos el metro cuadrado. Muy lejos por tanto del precio de venta de cada uno de los áticos adquiridos por el concepto de permuta en Estepona.

Coincidencias

Los áticos tienen 114 metros cuadrados y 153 metros cuadrados, respectivamente. Son contiguos y disponen de dos y tres dormitorios cada uno, junto a escaleras interiores que conducen a sendos solárium de uso privativo, además de las correspondientes terrazas. Cada piso lleva aparejada una plaza de garaje. El conjunto residencial Las Náyades cuenta con piscinas exteriores, piscina cubierta climatizada, gimnasio, jacuzzi, sauna y jardines con especies vegetales tropicales, que incluyen un lago artificial.

En el interior de las viviendas, los cuartos de baño principales son de mármol travertino, disponen de bañeras y duchas de hidromasaje y todas las habitaciones disfrutan de climatización e hilo musical independiente. La domótica de cada vivienda permite controlar el domicilio por Internet, además de tener habilitados sensores de inundación y detectores de presencia para activar las alarmas.

La familia de José Bono se hizo con estos dos áticos cuatro meses antes de que dos ediles del Ayuntamiento de Estepona pusieran en marcha con sus denuncias la investigación policial y judicial del caso Astapa. Sus declaraciones acerca de las irregularidades que presenciaron en el consistorio socialista desde 2003 apuntaban a posibles delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de dinero en el entorno del ayuntamiento, junto a la financiación irregular del PSOE.

Entre los detenidos se encontraba el ex alcalde socialista Antonio Barrientos quien, de acuerdo con el sumario instruido en el Juzgado número 1 de Estepona, puso su coche y a uno de sus escoltas al servicio de la mujer de Bono para trasladarla al campo de golf, donde le facilitó la asistencia de un profesor particular.

De nuevo Reyal

Este complejo residencial que se levanta a escasos 50 metros del mar Mediterráneo es obra del promotor Rafael Santamaría, propietario de Reyal Urbis y de una cadena hotelera. En junio de 2006, cuando tiene lugar la permuta con la familia Bono, este magnate del ladrillo se encuentra en plena expansión; ese mismo verano ha amarrado su entrada en la inmobiliaria Urbis y la Ciudad de Valdeluz en Guadalajara tiene en pie sus primeros bloques.

Este macroproyecto, hoy ciudad fantasma, se inició en 2003 cuando José Bono era presidente de la Junta de Castilla-La Mancha. Preveía la creación ya frustrada de 9.500 viviendas que alojarían a 35.000 personas, con la excusa de la cercanía a la estación del AVE en Los Yébenes, que permitiría llegar a Madrid en 20 minutos. Años después, en 2008, los habitantes de este proyecto, al estilo del de El Pocero en Seseña (Toledo) no rebasa el millar. Poco después Reyal Urbis tuvo que refinanciar 3.006 millones de euros de deuda.

En este grupo de Rafael Santamaría trabajó Ana Bono Rodríguez dentro de su gabinete de asesoría jurídica y llegó a formar parte de su consejo de administración como apoderada, si bien tan sólo durante tres semanas. Tal es la amistad entre este empresario y el presidente del Congreso de los Diputados que es en uno de sus hoteles-spa donde se aloja la familia de Bono al completo cuando disfruta del esquí; como suyo es el hotel de Madrid donde el socialista José Bono paga el alojamiento de los equipos de obreros que, procedentes de Albacete, reforman en la actualidad el piso que ha regalado a su hijo en el centro de Madrid.


La Gaceta - Política