viernes, 16 de abril de 2010

Los banqueros de la ira. Por Carlos Herrera

Que unos querellantes argentinos pretendan investigar a falangistas del 36 y a Suárez y Fraga y el Rey es un disparate.

Que unos supuestos generadores de cultura de consumo propongan encerrarse en protesta antifranquista treinta y cinco años después de la muerte del dictador es un disparate. Que un fiscal sectario y reaccionario, que ya ejercía sus labores en el año 62, acuse a los jueces del supremo de torturadores y corruptos es un disparate. Que un rector ideologizado y partidista ceda de forma poco reglamentaria locales de la Universidad para un acto prácticamente golpista es un disparate. Que unos sindicatos paralizados en la agitación contra el paro que acogota a cuatro millones y medio de españoles anuncien movilizaciones a cuenta de un juez amigo al que se le va a juzgar por prevaricación es un disparate. Que algunos sectores políticos y sociales parezca que hayan despertado repentinamente de un letargo invernal y pretendan dinamitar la Transición con la excusa de que se pusieron una venda en los ojos es un disparate. Que un ministro del Gobierno se lamente de que un partido como Falange acceda a la Justicia como cualquier otro partido legal y que no recuerde, por ejemplo, que partidos hoy ilegales como Herri Batasna pudieran sentar en el banquillo de las sospechas a guardias civiles bajo denuncia falsa de torturas es también un disparate. Que altos cargos del Gobierno acudieran con espíritu excursionista a un zarandeo de la estructura del Estado en el que la agitación se asemejaba a un mal movimiento asambleario es un disparate. Que no se les llame la atención es otro disparate. Que nadie reclame desde el Gobierno o desde la Organización Judicial un poco de cordura y que no lo haga firme y severamente es un disparate aún mayor.

Disparate tras disparate, la dinámica política en España ha derivado en un parque temático repleto de personajes predemocráticos soltando soflamas por doquier y mostrando una capacidad de resentimiento de dimensiones considerables. Merced a esta dinámica revisionista, no es de extrañar que se acabe cuestionando todo y se pretenda poner en práctica la ruptura que no se hizo entonces, en la segunda mitad de los setenta, y que no comparten ni siquiera muchos de los que entonces eran partidarios de ella. Ayer hablaba José María Fidalgo del nuevo libro de uno de los pensadores más interesantes y originales del momento, Peter Sloterdjik, «Ira y Tiempo», en el que maneja un argumento particularmente interesante llamado «la bancarización de la ira». Se pregunta Sloterdjik por los mecanismos que han servido a los movimientos revolucionarios para presentarse como administradores de una especie de banco mundial de la ira. La ira se acumula en burbuja y es secuenciada en momentos concretos de la historia contemporánea: en España, ahora, en estos cinco o seis últimos años, parece haberse abierto una línea de crédito y la ira es liberada a la circulación con una generosidad desconocida. La ira no es ajena a la historia de ningún pueblo; el español conoce bien alguno de esos pasajes recientes en los que su manejo ha sido profuso y particularmente diestro, en los que han incendiado todas las relaciones transversales de los ciudadanos y en los que las consecuencias han sido, evidentemente, sangrientas. Ahora, en el 2010, la ira está tintando las estrategias de los arqueólogos de fantasmas y espectros hasta el punto de movilizarse en pos de desestructurar el pacto de convivencia sin revanchismos ni rencores que los ciudadanos nos hemos venido dando. Quienes están incendiando la mecha, quienes están echando gasolina a las brasas de un fuego condenado a apagarse, quienes hacen del odio un argumento político, quienes quieren reverdecer enfrentamientos fraticidas, quienes viven en la nostalgia del guerracivilismo, están prestando un pésimo servicio a su país y puede que también a ellos mismos. Los banqueros de la ira han abierto oficina y están dispuestos a poner en marcha una agresiva campaña comercial.

ABC - Opinión

¿Habrá sentencia?. Por Raul Vilas

Los magistrados no discuten, Constitución en la mano, argumentos jurídicos; negocian, carné de partido en la boca, un arreglo lo menos dañino para sus amos, los políticos.

No tengo ni repajolera idea. Dada la deriva del Tribunal Constitucional desde que se aprobó el requeteinconstitucional Estatut de Zapatero, cualquiera hace pronósticos sobre la cuestión. Los caminos de María Emilia son inescrutables para el común de los mortales, aquellos que no tenemos acceso la tribuna de autoridades en los desfiles militares para dedicarle reprimendas públicas, como la vice De la Vega. La separación de poderes, oiga.

Llevan reunidos dos días y anuncian que este viernes seguirán. En este negocio nuestro en seguida montamos revuelo. Necesitamos noticias como los yonquis un chute, y cuatro años de mono esperando una dosis tan importante como la sentencia son muchos años. La semana pasada, al conocerse la convocatoria de los dos plenos, las redacciones se convulsionaron. Ahora, cuando la calma había vuelto, se citan un día más y de nuevo el runrún. Basta que diga que no habrá sentencia para que sí la haya, o viceversa. Pero metidos a pitonisos, sería raro raro raro que, en caso de que algún día se resuelva el recurso del PP –no estaría yo tan seguro–, sea antes de las elecciones catalanas. De la Vega, la señorita rottenmeier particular de la presidenta del Constitucional, advirtió hace poco que los tribunales no interferían en las campañas electorales. Como indicio, no está mal.

Esta ópera bufa a la que asistimos desde hace cuatro años ha conducido a un desprestigio tan enorme como justificado del Tribunal Constitucional. A estas alturas nadie duda que su funcionamiento responde exclusivamente a criterios de conveniencia política, de obediencia a los partidos políticos, auténticos secuestradores de la soberanía: la partitocracia.

Que el Estatuto es inconstitucional de cabo a rabo –más aún, la voladura de la Constitución– es menos secreto que el sumario del Gürtel. Lo sabe desde Zapatero a los camisas pardas de la Esquerra y los meapilas de Unió, pasando por Rajoy y Alicia Sánchez Camacho, aunque todos desean que el TC diga lo contrario. Eso es lo de menos. Los magistrados no discuten, Constitución en la mano, argumentos jurídicos; negocian, carné de partido en la boca, un arreglo lo menos dañino para sus amos, los políticos. Si quitamos nación de aquí, la ponemos allí; si damos por buena la totalitaria imposición del catalán, recortamos un poquito la independencia judicial...

La fecha del parto no lo sabemos. Pero la naturaleza de la criatura sí: un apaño que rubricará la defunción de la soberanía nacional. De la democracia.


Libertad Digital - Opinión

Paro y sindicatos. Por José María Carrascal

Mientras esperamos que se aleje la nube volcánica sobre Europa y sobre el Tribunal Constitucional, ¿recuerdan ustedes cuando Otegui era «un hombre de paz»? ¿Y cuando trasladaron a De Juana en «huelga de hambre» a un hospital de San Sebastián, donde pudiera ducharse con su novia? ¿Y cuando Zapatero ofrecía a ETA -según Ibarretxe- más de lo que ofrecía al PNV? ¡Qué tiempos aquellos! Y qué metedura de pata del Gobierno, desoyendo las advertencias de que ETA no negocia, sólo asesina. Hoy, ese mismo Gobierno está haciendo lo que le decía el PP: perseguir a los asesinos. Lástima que se hayan necesitados varios muertos y bastantes seguidores de ETA en los ayuntamientos vascos para convencerle de su error.

Vienen estos amargos recuerdos a propósito de otro cambio de igual calado, esta vez en el mercado laboral. Hasta ahora, un tema tabú, que si se citaba era para decir que el PP quería el despido libre. Algo tan falso como que ETA quería negociar. Pero la maldita crisis está convenciendo a Zapatero y sus acólitos de lo que no habían podido convencerles todos los expertos económicos: que un mercado laboral rígido no crea empleo. Al revés, lo destruye. Es como vamos camino del 20 por ciento de paro, sin que las peonadas, subsidios y otros parches arreglen nada. Así que empiezan a recular, a su manera claro, esto es, mintiendo. Hablan de «modelo austriaco», de «crear fondos para cada trabajador en caso de despido», de «unificar» la indemnización a 33 días por año trabajado, no importa si el despido sea procedente o improcedente. O sea, abaratar el despido sin decirlo, sin reconocer que se habían equivocado y que hemos perdido dos años preciosos para ajustar nuestra economía a las exigencias de la crisis. Por eso estamos a la cola de la recuperación y seguiremos estando si no se toman medidas dolorosas como ésta.

Pues una cosa es clara: si un empresario sabe que no puede prescindir de un empleado -o le resulta extremadamente difícil o costoso- en momentos de apuro, no lo contrata. En cambio, si sabe que puede prescindir de él cuando las cosas van mal, ampliará su plantilla en cuanto van bien. Tan simple como eso.

El Gobierno empieza a comprenderlo tarde, lenta y sin admitirlo. Su problema es que, a diferencia de pasar de negociar con ETA a perseguirla, en lo que tenían al país detrás, en una reforma del mercado laboral tiene enfrente a unos sindicatos opuestos a ella. Unos sindicatos que representan a los cada vez menos trabajadores con contrato indefinido, a los «liberados» de trabajar, y a ellos mismos, que son los más liberados de todos, pues sólo organizan manifestaciones y actos como el de la universidad. Vamos a ver qué es lo que teme más Zapatero, al paro o a las manifestaciones.

Llevando las cosas a su extremo, podría incluso decirse que los mayores promotores del paro hoy en España son... los sindicatos.


ABC - Opinión

La Fiscalía y la insurrección contra el Supremo. Por Guillermo Dupuy

Con tal de desacreditar la denuncia contra Garzón, Conde Pumpido aspira a que la Fiscalía tenga una especie de monopolio sin cuya condescendencia o apoyo, no ya los falangistas sino ningún ciudadano tenga derecho a recurrir a los tribunales de justicia.

Ignoro si la consideración de Conde Pumpido de que las "críticas" al Tribunal Supremo "se han excedido notoriamente de lo razonable" es la definitiva forma que tiene el fiscal general del Estado de anunciarnos que el Ministerio Público no ve consecuencias penales en las gravísimas calumnias lanzadas contra los miembros del Alto Tribunal durante el aquelalarre guerracivilista y totalitario celebrado el pasado martes en la Complutense en apoyo del presunto prevaricador Baltasar Garzón.

Lo que sí sé es que esta tibia consideración del fiscal general del Estado respecto a lo que es un gravísimo acto insurreccional contra nuestro Estado de Derecho, así como su retórica "petición de respeto" a sus instituciones, han ido acompañadas, siguiendo el hipócrita guión del Gobierno del que depende, de unas declaraciones que no hacen más que alentar esa antidemocrática sublevación con la que simulan no tener nada que ver. No otra cosa son sus nada respetuosas valoraciones de ese logro democrático y constitucional que constituye la acusación popular, y que Conde Pumpido ha denigrado tachándola de "fiscalías paralelas" que defienden "intereses espurios" que ponen en jaque a la Justicia con "querellas mediáticas" que trasladan a su administración "problemas que, o no existen, o no tienen como cauce adecuado de resolución el sistema de justicia penal, sino que deben ser resueltas en el foro político o en otras instancias sociales".

Y es que Conde Pumpido, con tal desacreditar la denuncia interpuesta contra Garzón, ha tenido la desfachatez de presentar la encomienda que la Constitución hace al Ministerio Fiscal para que defienda y promueva el interés general ante los tribunales como una especie de monopolio sin cuya condescendencia o apoyo, no ya los falangistas sino ningún ciudadano debería tener derecho, según él, a recurrir a la Justicia. El fiscal general del Estado ignora así un artículo de la Constitución, que, como el artículo 125, consagra explícitamente que "los ciudadanos podrán ejercer la acción popular".

No voy a negar yo, sin embargo, el desgraciado hecho de que algunos ciudadanos hayan podido ejercer ese derecho para interponer "querellas mediáticas" o de "contenido más político que jurídico". Pero para desestimarlas o archivarlas, no sólo está la Fiscalía, sino también los jueces y magistrados que tienen el derecho y el deber de dictaminar si lo denunciado tiene veracidad probable de ser algo constitutivo de delito penal.

Por otra parte, para causas mediáticas, de contenido más político que jurídico y que han ocupado la ya de por sí sobrecargada justicia penal, ahí está precisamente la surrealista causa penal que Garzón ha pretendido abrir contra el régimen franquista setenta años después de la guerra civil y treinta años después de la muerte del dictador. Por el contrario, lo que no es una causa mediática, ni histórica, ni política, sino un asunto jurídico de primer orden, tal y como han venido a reconocer los magistrados del Supremo, es dictaminar si un juez en el ejercicio de sus funciones se saltó a la torera y a sabiendas el ordenamiento jurídico vigente. Un ordenamiento jurídico como el que proclama la extinción de responsabilidad penal por fallecimiento, como el que en el Código Penal señala los plazos de prescripción de los delitos, o como el que recoge la ley de Aministía de 1977; un ordenamiento jurídico como que el que Garzón tampoco observó y que impide grabar las conversaciones entre un acusado y su abogado, como hizo en el caso Gürtel, o con la ley que le obligaba a apartarse de la causa que archivó contra el presidente del banco del que había recibido unos cuantiosos fondos para financiar sus cursos en Nueva York.

Por último, no puedo dejarme en el tintero lo obsceno que me resulta la inconstitucional pretensión de Conde Pumpido de que sólo su politizada y dependiente Fiscalía tenga el derecho de apelar a los tribunales cuando precisamente por culpa de ese monopolio que desgraciadamente sí tiene respecto a la observancia de la ley de partidos, el Tribunal Supremo no pudo ilegalizar en su día a las formaciones proetarras de ANV y PCTV al no reclamarlo una Fiscalía General del Estado que, como Garzón, brindó su apoyo a la paz sucia de Zapatero con evidente desprecio al ordenamiento jurídico vigente. Otro gallo hubiera cantado, y mucho antes, si los ciudadanos hubieran podido ejercitar, también en este terreno, la acción popular.


Libertad Digital - Opinión

La Internacional Antifascista de romería. Por Fernando Fernández

Bien pareciera que el gran problema de nuestros días es el franquismo. Los viejos rockeros nunca mueren.

Sindicatos artistas, intelectuales sartrianos y algún despistado suelto reviven viejos tiempos y se encierran en la Universidad ante el peligro fascista. Contra Franco vivían mejor. Se perdieron por edad, despiste o comodidad aquella explosión de alegría que constituyó la Transición; se les ha muerto el mito de Fidel y Chávez no está a la altura porque él sí huele a azufre, a azufre de petróleo y corrupción; no pueden tomarla con el imperio yankee porque está su Obama. Sólo les queda sacar a pasear a Franco, y lo hacen con un fervor digno de mejor causa. Porque nada es casual, como suelen decir ellos mismos. No puede ser casual que surja ahora un movimiento antifascista en España, precisamente ahora que la izquierda pierde en las encuestas y ve amenazado su poder. Ahora que el tardío e insuficiente ajuste económico va a producir recortes de derechos sociales. Ahora que el Gobierno sigue inmerso en una guerra en Afganistán que una opinión pública educada en el pacifismo no entiende. Ahora es cuando les hace falta Franco para movilizar a su electorado. No basta con el dóberman, ni con el cuento de las pensiones, porque son ellos quienes las van a rebajar y a retrasar la edad de jubilación.

Su ejercicio totalitario de agitación y propaganda tiene un pequeño problema: Franco murió hace treinta cinco años y el franquismo, mal que les pese, no tiene expresión política alguna. Como sí la tiene la izquierda totalitaria. La derecha rompió hace muchos años con esa parte de su historia; ése es el gran servicio que Fraga ha prestado a la democracia española. La izquierda, que lo intentó y casi lo consigue con Felipe González y su Bad-Godesberg particular, ha sido secuestrada por una pandilla de irresponsables que añoran los tiempos del Lenin español. Cuánto echamos de menos algunos que personas sensatas, que gozan de autoridad moral en la izquierda española, ejerzan su predicamento y le devuelvan la cordura. Porque la deriva de golpismo institucional a la que la quieren conducir es aterradora. Produce escalofríos leer algunos periódicos que ayer se proclamaban demócratas y europeístas. Por qué tirar por la borda el prestigio acumulado en tantos años de duro ejercicio de independencia y profesionalidad. He escrito alguna vez que los países también se suicidan, miremos a Argentina, que en los años cuarenta tenía la renta per cápita de Estados Unidos.

Los avatares judiciales del señor Garzón son sencillamente el ejercicio del imperio de la ley. Los jueces justicieros también tienen límites en su actuación. Porque no vivimos en un Estado totalitario en el que el fin justifica los medios. Ese es precisamente el fundamento de la Inquisición. ¡Y cuántos Torquemadas había en el acto de la Complutense! No sé ni me importa, sinceramente, el resultado final del juicio. Lo que me importa es el Estado de Derecho, que en este caso se traduce en que un juez, por simpático u odioso que nos pueda parecer, sobre el que las personas competentes aprecian indicios racionales de prevaricación, ha de ser procesado como cualquier otro ciudadano particular. Perdón, más que cualquier particular porque los ciudadanos le hemos hecho entrega de nuestra soberanía al otorgarle el derecho a decidir sobre vidas y haciendas. Ha de ser procesado, sea el juez hijo de franquista o de la Pasionaria; sean los magistrados hijos de su padre. Tienen razón los sindicatos. Lo que está en juego es más importante que la economía. Porque si triunfa el atentado a la democracia que quieren perpetrar los encerrados, no habrá recuperación posible y habremos dado un paso firme hacia el abismo totalitario. Tienen razón aunque sus líderes, por enésima vez en esta crisis, hayan elegido el lado equivocado. Por eso esta semana he dejado la economía, que me perdonen los lectores.


ABC - Opinión

Zapatero en las Azores. Por Emilio Campmany

De lo que se trata ahora es de echar una mano a Obama, el nuevo santurrón de la izquierda europea que, haciendo como está haciendo todo lo que hizo Bush en Irak, en Afganistán y en Guantánamo, resulta ser el presidente más de izquierdas de EEUU.

Hoy hemos sabido, gracias al diputado popular Ignacio Cosidó, que Zapatero ha enviado guardias civiles a la guerra de Irak a ayudar a los norteamericanos a enseñar a los militares iraquíes a combatir la insurgencia. Pero, ¿no habíamos quedado que la de Irak era una guerra injusta? El asunto sería para desternillarse si no fuera porque la indignación que genera no lo permite.

Estamos hartos de ver cómo la izquierda y la derecha se mofan de Aznar por habernos metido en la guerra de Irak. Estamos ahítos de escuchar a sociólogos y politólogos de toda ralea explicarnos cómo fue un error participar en aquella guerra y que por eso perdió el PP las elecciones.


Los propios españoles, de cualquier ideología, nos hemos comentado unos a otros que era muy difícil pasar por lo de Irak y por lo de las armas de destrucción masiva y por ir a una guerra no autorizada por la ONU. Toda la argumentación de la Fiscalía en el atentado del 11-M se basó en que el ataque fue una represalia por ir a la guerra de Irak. La asociación de víctimas del 11-M que preside Pilar Manjón hace a Aznar directamente responsable del atentado. Los del PP, con la honrosa y honorable excepción del propio Cosidó y pocos fieles más, reniegan de la participación en Irak y hacen suyas las críticas de la izquierda, cabizbajos y avergonzados por no haber dicho nada cuando Aznar tomó la decisión. La figura de Rato se acrecienta día a día gracias a haber sido el único popular que se opuso tímidamente a la implicación de España en la guerra. Zapatero, consciente de que ganó las elecciones por la acción combinada de su oposición a ir a Irak y el atentado del 11-M, lo primero que hizo cuando llegó al Gobierno fue retirar nuestras fuerzas de allí sometiéndolas a una de las mayores humillaciones que ha sufrido el Ejército español a manos de sus gobernantes y mira que las ha padecido gordas.

Y ahora resulta que Cosidó descubre que estamos enviando militares a la guerra de Irak para ayudar a los norteamericanos y la noticia apenas la recogen El Mundo y Libertad Digital. ¿Y el resto? Pues el resto, como los de la ceja, como los que se manifestaron con el "No a la guerra", como los que en el PP han renegado de Aznar y como el país entero, a callar y a no rechistar porque de lo que se trata ahora es de echar una mano a Obama, el nuevo santurrón de la izquierda europea que, haciendo como está haciendo todo lo que hizo Bush en Irak, en Afganistán, en Guantánamo y en materia de violación de los derechos civiles interviniendo todo tipo de comunicaciones, resulta que, por ser el presidente más de izquierdas que hayan podido padecer los Estados Unidos, hay que volver a Irak si el ex senador de Illinois (de Chicago tenía que ser) lo pide.

Es curioso que los del PSOE, sabedores de lo que la decisión implicaba, hayan hecho lo imposible por mantener la noticia en secreto desde enero. Se ve que no conocen bien el país que tiranizan. Hoy se ha sabido la noticia y no ha pasado nada. Cuatro voces indignadas y poco más. La verdad es que, si nos tragamos esto, es que somos capaces de tragárnoslo todo. Descanse en paz la nación.


Libertad Digital - Opinión

Constitución y retranca. Por M. Martín Ferrand

Todos, personas e instituciones, tenemos algún gato en la barriga. Vamos arrastrando nuestras miserias como señal de identidad. Lo que convierte en verdaderamente singular al Tribunal Constitucional es que, contra lo acostumbrado, parece disfrutar exhibiendo al público sus imperfecciones.

Así nació -no olvidemos su poco ejemplar trayectoria- y así continúa, como si ello fuera una fatalidad inexorable asociada a su composición y funcionamiento. Ahora, mientras el Gobierno alimenta todas las calderas institucionales para que el calor de una docena de escándalos impida la contemplación de sus errores en materia económica, el TC brilla con luz propia. En las casas de apuestas clandestinas, que de todo hay en el país del esperpento, cotiza tres a uno la opción de una sentencia para antes del verano. Cinco a dos si se puja por la opción de sentencia con voto de calidad de la presidenta.

Tampoco es cosa de demonizar al TC, un lujo más de los muchos con que la Transición quiso anular los vicios del pasado y vestir el futuro con ropajes garantistas. Un TC como el nuestro es, en su innecesariedad -hubiera bastado con una Sala especializada en el TS-, algo que concuerda con una Constitución como la que nos ampara; algo, como dicen que está el cielo, empedrado de buenas intenciones. Cuatro años de trabajos preparatorios para una sentencia que de respuesta a los recursos de inconstitucionalidad que provocó el Estatut no es un síntoma de pereza institucional. Es, en profundidad, una evidencia de la imprecisión que domina nuestra Ley de Leyes y una consecuencia del gran problema pendiente en España desde, por lo menos, la Primera República: la concreción territorial del Estado sobre supuestos de lealtad y unívoco sentido nacional.

Hoy -¡en viernes!, lo nunca visto- volverán a reunirse los magistrados del TC. ¿Alcanzarán la mayoría que pretende su presidenta? Más probable parece que, ante el empate asentado, terminen votando artículo por artículo con el desgaste que ello conlleva para el prestigio del Estado y la certeza constitucional que tanto escasea entre nosotros. Algunos han pretendido a lo largo de esta compleja y viciosa peripecia estatutaria, alimentada por el ímpetu insolvente de José Luis Rodríguez Zapatero, reformar la Constitución sin atenerse a lo establecido para ello. De ahí el espectáculo institucional y la fatiga ciudadana.


ABC - Opinión

Haga su Nürenberg, Zapatero. Por Cristina Losada

Llame a declarar a quienes gobernaron entre 1936 y 1977. Los primeros, Fraga y el Rey. Saque a Suárez de su retiro y llévelo. Vayan los mandos del ejército, la Guardia Civil y todos los demás. Los jueces de los tribunales especiales, TOP incluido.

Sí, señor presidente, es una vergüenza. Escuche a esos ancianos. Sus testimonios están en su periódico favorito. Los habrá leído. Darío Rivas, 90 años, hijo de un alcalde asesinado por los falangistas. Desde Buenos Aires, acusa a España de seguir viviendo como en la época de la dictadura. María Martín, 86 años, perdió a su madre en la Guerra. Cuando el padre reclamaba sus restos, las autoridades le decían que se los darían "cuando las ranas criaran pelo". Todavía espera. Hilda Farfante, 79 años, sus padres, maestros ambos, asesinados. Cree que "el franquismo sigue gobernándolo todo". ¿No se da por aludido?

Farfante llora. Se siente culpable de las tribulaciones de Garzón. Pero el culpable es usted. Fue usted quien alimentó las esperanzas de esas personas y es usted el responsable de su decepción. Usted ha conseguido desviar la carga, endosársela a los jueces. Pero no se esconda detrás de las togas. Si quisiera podía organizar ahora mismo un proceso por genocidio. Es el presidente, tiene mayoría, otros grupos le iban a apoyar. Derogue la Ley de Amnistía. Puede que no haga falta, pero así despejará el camino. Y ordene que se siga el rumbo que ha marcado la querella presentada en Argentina.


Déjese de palabrería y prepare un estadio de fútbol para nuestro Nüremberg. Llame a declarar a quienes gobernaron entre 1936 y 1977. Los primeros, Fraga y el Rey. Saque a Suárez de su retiro y llévelo. Vayan los mandos del ejército, la Guardia Civil y todos los demás. Los jueces de los tribunales especiales, TOP incluido. Los del sindicato vertical. Y los que pastorearon la propaganda del Régimen, ¿o quiere librar al último jefe de informativos de la televisión franquista? Escuche a Pérez Esquivel. No importa que muchos estén muertos, dice. Representen a los fallecidos con maniquíes que lleven un cartel con su nombre, aunque no es preciso que los quemen, como hacía la Inquisición. Las víctimas sólo quieren recuperar la memoria. Es lo que usted dijo que haría.

Será mala suerte si ese proceso afecta a su amigo Carrillo. Si los familiares de los asesinados en Paracuellos y en las checas, los del POUM, los anarquistas, el maquis y los comunistas liquidados por el PCE exigen su porción de memoria y justicia. Daños colaterales. Deje de jugar con el dolor de tanta gente y hágalo de una vez. ¿Qué se lo impide?


Libertad Digital - Opinión

El retorno de los brujos. Por Ignacio Camacho

No se trata de salvar a Garzón, sino de rescatar a Zapatero. Agarrados al espantajo de Franco como a un fetiche de combate, los socialistas y su red de apoyo han situado el debate político nacional en el punto donde más a gusto se sienten: en la confrontación, el radicalismo y la discordia.

Son expertos de la provocación, que utilizan con grave irresponsabilidad como una eficaz herramienta de marketing. En esa bronca que invoca demonios históricos como en una ouija siniestra, las expectativas electorales del PSOE crecen siempre al amparo de una niebla de visceralidades que cubre los defectos y tapa las carencias de una gestión estéril. A falta de soluciones acuden a la trifulca; en ausencia de logros apelan al alboroto para agitar los fantasmas primarios de una izquierda social desencantada. A costa de provocar crispación y desestabilizar las instituciones, dramatizan el efectismo ideológico para disimular un fracaso político.

Cada vez que el presidente está en apuros echa mano de las banderas del izquierdismo de barraca. La crisis lo ha dejado sin argumentos y no encuentra el modo de levantar las encuestas, así que ha decidido incendiar los rastrojos del divisionismo para movilizar a unas bases sociales cada vez más frías ante su poder de seducción. El espectro del franquismo, por gastado que esté, funciona siempre como galvanizador de reyertas; simplifica los esquemas y provoca una enorme humareda sociológica. Cuando no hay manera de crear un «marco conceptual» más sofisticado, el zapaterismo dibuja escenarios de brocha gorda.


El del retorno de los brujos de la dictadura debería ser un señuelo demasiado burdo en una sociedad que lleva treinta años de sólida democracia, pero por alguna razón relacionada con nuestros viejos atavismos cainitas todavía funciona para aglutinar el entusiasmo de la izquierda exaltada y remover las pasiones de una derecha confusa. Zapatero necesita que sus huestes más radicales sientan hervir la sangre para olvidar el desastre de un gobierno catatónico. Lo va a conseguir; estas historias truculentas de tumbas removidas y siniestros fantasmones emboscados tienen un inquietante poder de sugestión simbólica. El precio de esta frívola estrategia de espiritismo político es el desgaste institucional de la muy denostada justicia y el desprestigio internacional de un país que ya está perdiendo relevancia económica, peso específico e influencia; pero, sobre todo, supone un espeluznante retroceso del clima interno de convivencia. Todo eso lo malbarata el Gobierno a cambio de un par de puntos en los sondeos y una semana más de iniciativa ante una oposición a la defensiva y sin brújula. Ha soltado a una jauría extremista para intimidar y empequeñecer a la España moderada, que de nuevo se ve emparedada entre dos frentes soliviantados. Garzón no es más que el pretexto de un drama artificial destinado a crear coaliciones de rencor y abrir trincheras de resentimiento.

ABC - Opinión

El provocador. Por Alfonso Ussía

No corren buenos tiempos para el humor. España y su armonía social están en peligro. Zapatero lo ha conseguido.

Los que no vivimos ni la fracasada Segunda República ni la Guerra Civil, ya sabemos el ambiente que se respiraba. La izquierda en España, la guerracivilista, es una gran fabuladora histórica. Todo lo cambia, lo revuelve y lo dispone a su favor. Garzón es un instrumento. Un instrumento malvado, pero no más que una excusa. Las palabras del fiscal Jiménez Villarejo en el bochornoso acto de la Complutense son de guerra civil. Ahí estaba aplaudiendo el Rector Berzosa, otro reanimador del odio. Y la gran manipulación. «Garzón se sienta en el banquillo por investigar los crímenes del franquismo». País de analfabetos. Garzón será juzgado por un posible delito de prevaricación. Es decir, por no ser justo a sabiendas siendo juez. Y tiene otros dos casos pendientes. Con falangistas o sin falangistas, de lo que se acusa a Garzón es de tomarse la Justicia por el pito del sereno. De gravedad sin medida hay que valorar las palabras de José Blanco, ministro del Gobierno, que se suma al acoso del Tribunal Supremo. Su argumento, la necia manipulación. Detrás de todos ellos, moviendo hilos y gratitudes, está el propio juez, que se sabe expulsado de la Judicatura, pero no acepta su destino.

Se lo dijo Javier Gómez de Liaño, que no gozó de los apoyos de Garzón. Que se vaya con dignidad. No le faltará trabajo. Yo lo veo de embajador de España en una nación sudamericana. Se le adivinaba este final. Los hay peores. Y los titiriteros. No relaciono sus nombres por aburrimiento. La República de Garzón. La izquierda no reconoce sus barbaridades. Ayer, en la presentación de la nueva edición de la poesía de Miguel Hernández, todos sonrientes en torno al genocida superviviente. Ocho mil muertos y niños de 14 años entre ellos, enterrados en Paracuellos, y él zalameado, aplaudido y ovacionado por Alfonso Guerra, el profesional de jurados literarios García Montero, y los «aminatus» de siempre. Carrillo es un beneficiado de la Ley de Amnistía que Garzón despreció, pero el beneficio no justifica el homenaje, aunque fuera en la presentación de la obra de un gran poeta torrencial y comunista, Miguel Hernández, descubierto y apoyado por el escritor José María de Cossío, hoy olvidado por estos indocumentados. Se están afilando los odios y los rencores, y todo viene de esa parcialísima y deleznable Ley de la Memoria Histórica, alentada por un insensato vesánico y provocador. Ése que dicen que nos gobierna. Se ha quebrado la armonía. La vanidad, la soberbia, el empecinamiento y la tosquedad de un juez errado ha sido la excusa de la explosión de los resentimientos. España tiene una izquierda que todavía no ha superado la primera mitad del siglo XX. Un Gobierno que sostiene una campaña contra la independencia del Poder Judicial, es un Gobierno golpista y antidemocrático. Si eso lo hace un Gobierno del Partido Popular, hay tiros. Claro, que también habría estallado la violencia social con cinco millones de parados. Ahí la izquierda tiene suerte. Los sindicatos no protestan cuando quien los mantiene es de los suyos. Pero soplan muy malos vientos por España. Y el provocador, mira, contempla y sonríe.

La Razón - Opinión

No a la guerra con Bush, sí con Obama

En esta España en que nada es bueno ni malo en sí mismo, sino aceptable por ser de izquierdas e inaceptable por provenir de la derecha, el levantamiento por la guerra de Irak no fue más que un gigantesco ejercicio de hipocresía colectiva.

Libertad Digital fue uno de los pocos medios que defendió el apoyo dado por el Gobierno de España a la invasión de Irak, con el objetivo de derribar a Sadam Husein e intentar implantar una democracia en la región. Por tanto, que nuestro país vuelva a enviar efectivos a Irak no nos parece una mala noticia. Colaborar en la reconstrucción de Irak y entrenar a sus fuerzas policiales nos parece una misión digna del riesgo, cada vez menor, que pueden correr los guardias civiles en el empeño.

Pero claro, este es el Gobierno de "No a la guerra", el que llegó al poder en aquellos tres días de marzo en que cargaron sobre los hombros del PP la responsabilidad del 11-M, un atentado que muchos votantes creyeron que era una respuesta a la guerra de Irak al depositar su voto por Zapatero en las urnas. Tan arraigada quedó aquella convicción que los socialistas, aunque cada vez con menor intensidad, nunca han dejado de utilizarla como argumento con el que zaherir a los populares, quienes en muchos casos han asumido su culpa como si fuera real. La última, la semana pasada, como forma de librarse de las críticas por su apoyo a la dictadura cubana.


No se puede declarar que en Irak hay una guerra, y que ésta es ilegal, ilegítima e injusta y todos los adjetivos que comiencen por i y que se les puedan ocurrir, mientras se envía en secreto al país a un grupo de guardias civiles para preparar un despliegue más amplio. Que el Gobierno pretendía que no se supiera ha quedado claro, tanto por la sorpresa del segundo de Rubalcaba cuando Cosidó le ha preguntado por ello como por el hecho, denunciado por la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, de que tampoco dentro del cuerpo se habían enterado de nada, cuando lo habitual es que este tipo de convocatorias se publiciten.

Durante estos seis años, que un uniformado español pisara Irak suponía el mayor de los pecados posibles. Aznar merecía el fuego eterno del infierno laico por haber cometido semejante temeridad. Hasta han intentado convencernos de que lo de Afganistán no era una guerra mientras lo de Irak sí, cuando lo cierto es que en estos momentos las condiciones en el primero son bastante peores.

Ahora, en cambio, prácticamente nadie ha informado de los planes del Gobierno. Los artistas de la ceja están demasiado ocupados haciendo como que defienden a Garzón para hacer como que les preocupa el bienestar de los iraquíes o, ya puestos, los afganos. Quienes consideraron culpable al Gobierno de Aznar por el 11-M, ¿pensarán ahora lo mismo de Zapatero si sucede lo peor?

No parece el caso. Como en tantas otras cosas en esta España en que nada es bueno ni malo en sí mismo, sino aceptable por ser de izquierdas e inaceptable por provenir de la derecha, el levantamiento por la guerra de Irak no fue más que un gigantesco ejercicio de hipocresía colectiva. Y no sólo del PSOE o el famoseo progre, sino también y muy especialmente de los ciudadanos que entonces se manifestaron y no han vuelto a preocuparse de qué sucede en Irak. Aquellos que cogieron aquella bandera porque estaba de moda y les hacía sentirse bien consigo mismos, pacíficos, solidarios. Aquellos a quienes jamás preocupó qué vida les esperaba a los iraquíes entonces ni qué tienen hoy día por delante.

Nosotros, que siempre apoyamos que se destruyera aquel régimen infecto de Sadam, podemos ahora defender sin sonrojo que se envíen guardias civiles a ayudar a formar a las fuerzas de seguridad iraquíes. Otros, en cambio, deberían empezar ya a pedir perdón por todo lo que han dicho y hecho durante estos seis años y no parar hasta que los echen del Gobierno.


Libertad Digital - Editorial

El TC, al borde del colapso

EL pleno del Tribunal Constitucional finalizó ayer su segunda sesión de debate sobre el recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular contra el Estatuto de Cataluña sin que se formara un bloque suficiente -por mayoría o con el voto de calidad de la presidenta- para respaldar la quinta ponencia presentada por la magistrada Elisa Pérez Vera.

Hoy continuará el debate en el TC; pero es evidente que las propuestas de esta magistrada no concitan el apoyo mayoritario de sus compañeros, a pesar de las sucesivas modificaciones que ha ido introduciendo en ellas, y que su mantenimiento como ponente, sin variar sus criterios sobre la declaración que merece el texto estatutario, conduce al Tribunal a un bloqueo indefinido inaceptable. Es la presidenta de esta institución, María Emilia Casas, quien debe extraer las consecuencias de una situación que está perjudicando no sólo el crédito del TC, sino la seguridad jurídica de todo el sistema constitucional, pendiente de saber en qué queda convertido el Estado español, si en un Estado unitario organizado en autonomías, como prevé el Título VIII de la Constitución de 1978, o en una súbita confederación de Cataluña y España, por la vía simulada de una reforma estatutaria.

La asignación de la ponencia a alguno de los magistrados capaces de proponer una solución con respaldo mayoritario es la opción responsable, pero también la exigible legal y constitucionalmente. La falta hasta hoy de una respuesta del TC se acerca a una auténtica denegación de justicia, poniendo actualmente la identidad constitucional del Estado en una situación de precariedad. La soberanía absoluta del TC, el único órgano constitucional cuyas sentencias escapan a la revisión por otro poder, garantiza a sus magistrados la independencia suficiente para tomar la decisión que corresponda según la Constitución. Ningún otro criterio, sea político o social, debe interferir en la resolución de esta encrucijada, la más decisiva para la democracia española desde el proceso constituyente de 1978. Los efectos de su decisión se prolongarán indefinidamente y condicionarán desarrollos legislativos imprevisibles, sobre todo en el ámbito autonómico, donde ninguna comunidad estará dispuesta a tolerar distintos niveles de autogobierno, ni agravios en la concesión de privilegios. Por tanto, no es sólo el Estatuto de Cataluña o la relación de esta comunidad con el Estado lo que está en juego, sino también, y esto es lo principal, la paz constitucional de los próximos años.

ABC - Editorial