viernes, 23 de abril de 2010

Descomposición total. Por Agapito Maestre

No menos chocante es que la campaña antifranquista de los hijos del franquismo (sic), dura, cruel y zarrapastrosa "ideología" de los socialistas en el Gobierno, apenas roce a Samaranch a pesar de su pasado fascista, falangista y franquista.

No hay política democrática en España. Todo es ideología. Prueba mayor de la descomposición total que vivimos es el aquelarre "político" montado en torno a la muerte de Samaranch. No niego la figura de este hombre público, pero creo que es exagerado y, naturalmente, ideológico el tratamiento que el poder político ha hecho de su muerte. Por ejemplo, resulta extraño, e incluso me llena de perplejidad, que el Rey pasara del entierro de Miguel Delibes, pero se haya entregado en cuerpo y alma a cantar las loas de Samaranch en el COI, según dicta el canon socialista. No menos chocante es que la campaña antifranquista de los hijos del franquismo (sic), dura, cruel y zarrapastrosa "ideología" de los socialistas en el Gobierno, apenas roce al muerto a pesar de su pasado fascista, falangista y franquista.

Tiendo, pues, a pensar que el trato dado por el poder político y, por supuesto, por los poderosos medios de comunicación a la muerte de Samaranch, que en cualquier país normal no pasaría de un serio y merecido obituario, dice mucho de la situación por la que pasa España. Las honras fúnebres que los socialistas y nacionalistas dedican a Samaranch, el bochornoso espectáculo de apoyo de los socialistas y nacionalistas contra el procesamiento a Garzón, la campaña socialista a favor del pañuelo de la niña musulmana y otros tantos sucesos son buenas excusas para ocultar lo real: el paro y la crisis económica, la ruptura del Estado-nacional y las altas tasas de fracaso escolar, el "bi-polio" de los partidos que tienen blindado el sistema electoral, millones de españoles que no saben bien su lengua, desigualdades reales y legales entre todos los españoles, etcétera.

Nada de esa cruel realidad parece preocuparle al Gobierno. Pasa de lo real para instalarse, como hicieran los políticos socialistas de la Segunda República, en el ámbito ideológico. El engaño es todo para mantenerse en el poder. Cuanto más se fragmenten la nación y el Estado, elucubra Zapatero, mejor le irá al PSOE y a los nacionalistas. La relectura cainita del pasado y el rencor con el que se dibuja el inmediato futuro son las dos máquinas para mantenerse en el presente. ¿Y enfrente que hay? Poco. Quizá un par de medios de comunicación lo intenten, pero, lo real, es que la discusión pública no tiene lugar en la vida nacional, entre otros motivos porque la nación está destruida.

En efecto, podemos tener mucha fe en el poder intelectual, o mejor, en los medios propios de la vida intelectual, por ejemplo, la crítica, la comunicación pública, la argumentación, la investigación, etcétera, pero nada de eso, reitero, tiene lugar en el espacio público. Y si no existe una vida pública normal en el ámbito intelectual, entonces no vale para nada tener una idea imaginativa, una solución técnica contra la crisis económica o, sencillamente, exhibir el poderío público de un buen argumento. En otras palabras, podemos seguir trabajando por un público vivo, exigente, despierto, pero reconozcamos lo obvio: no se crea opinión pública. La mayoría de los medios de comunicación, incluidas las tertulias políticas radiofónicas o televisivas, lejos de crear una comunicación política sana, están al servicio del Gobierno.


Libertad Digital - Opinión

Catalán, español, universal. Por José maría Carrascal

ESO de que hablen bien de uno tanto la derecha como la izquierda es tan extraño en la España de nuestros días que resulta casi sospechoso. Si además, se ha alcanzado relieve mundial, al frente de una de las organizaciones que más multitudes y dinero mueve, el comentario se hace obligatorio.

Juan Antonio Samaranch personifica la Transición española como pocos, no porque la protagonizase, sino por haberla personalizado. Sirvió con igual entrega y eficacia al franquismo y a la democracia, a Cataluña, a España y a la comunidad internacional. Era el más español de los catalanes y el más catalán de los españoles. Nunca se dejó llevar por las ideologías, siempre se guió por los intereses, procurando que todos salieran beneficiados. Era, en fin, un pragmático y como tal, sabía que lo perfecto no existe en este mundo, por lo que se impone encontrar el compromiso entre las distintas opciones. Todo ello lo hizo dentro de la más absoluta normalidad tanto en su persona como en sus actos, algo raro entre nosotros, que tendemos a los extremos, a la búsqueda del ideal, en lo que gastamos la mayor parte de nuestro tiempo y energías. Y a quien me diga que los catalanes no son así, le apuntaré a su actual clase política, empeñada en alcanzar un ideal que sólo existe en su cabeza. Consiguiendo que Cataluña pierda puestos sin avanzar hacia su objetivo, como está ocurriendo con el nuevo estatuto. Nos hubiera gustado saber qué opinaba Samaranch sobre él, pero no lo expresó, posiblemente por considerarlo ocioso y, puede, perjudicial.

Su cualidad más destacada, y a la vez más misteriosa al tratarse de un instinto que va con la persona y nada tiene que ver con la cuna o formación, fue haber sabido en cada momento hacia dónde tiraba la historia. Algo que no es simple oportunismo, sino saber montarse en la ola, como el surfista en su tabla, para aprovechar su fuerza y dirección, hasta llegar al lugar apetecido o al menos el más próximo. No buscando el poder por el poder, sino utilizándolo para encauzar la historia, en vez de oponerse a ella. Parece muy fácil, pero sólo los elegidos lo consiguen, por ese olfato especial para adivinar el futuro, que a veces marcha en sentido contrario a lo que anuncian los titulares de los periódicos.

Samaranch se dio cuenta muy pronto de que el deporte iba a ser uno de los protagonistas del mundo del futuro. Y no sólo el fútbol, sino todos los deportes, incluidos los más humildes, como el hockey sobre patines, a cuyo frente consiguió para Cataluña y España honores que nunca habían conseguido. Ello le valió ser concejal de Deportes de Barcelona y, luego, delegado nacional de Educación Física y Deportes, plataforma que le abriría la puerta de la política. Pero ya en ella surge otra de sus intuiciones: la política que él vivió, tanto la española como la mundial, la política de la confrontación y de los bloques, no era la política del futuro, sino del pasado. El mundo pedía coexistencia, no guerras frías ni calientes. Las únicas guerras que deseaba era en las pistas y los estadios. Su carrera deportiva le abre las puertas de la embajada española en Moscú y la estancia en Moscú le abriría las puertas de la presidencia del Comité Olímpico Internacional, al haber muy pocos hombres que contasen con la confianza de soviéticos y norteamericanos.

Al frente del COI, Samaranch volvió a mostrar su pragmatismo: el viejo ideal olímpico no se sostenía. Era absurdo mantener la división entre atletas profesionales y aficionados, cuando en el Este eran funcionarios del Estado, y en el Oeste, empleados de las grandes marcas deportivas. Ello trajo a las Olimpiadas a las grandes figuras del deporte, al tiempo que las convertía en los mayores acontecimientos deportivos, en una maquina de hacer dinero y en una muestra de la pujanza de un país, por lo que todos se las disputaban.

Algunos se lo han criticado. Pero dio a Barcelona más de lo que Barcelona le dio a él, y quiso dárselo a Madrid, sin conseguirlo, al estar ya en su ocaso. Pero dio a la España democrática más relieve que ninguna otra personalidad -aparte del Rey,como demuestra el obituario a toda página que le dedica el New York Times. A los españoles sólo nos queda la duda de si con él se va el último espíritu de la -imperfecta, pero única posible- Transición.


ABC - Opinión

La proclama golpista de Mas. Por Guillermo Dupuy

Exigír a los miembros del Constitucional que se "auto declararen incompetentes para juzgar la constitucionalidad" del estatuto es, lisa y llanamente, golpismo y una incitación a que los magistrados perpetren un delito de prevaricación.

Ignoro en su literalidad cuáles han sido las declaraciones que el dirigente de CiU, Artur Mas, ha hecho este jueves a Antena 3, pero las que pronunció el miércoles por la noche en el programa de TVE 59 segundos, y en las que exigía a los miembros del Tribunal Constitucional que se "auto declararen incompetentes para juzgar la constitucionalidad" del nuevo estatuto catalán son, lisa y llanamente, una proclama golpista contra nuestro Estado de Derecho y una abierta incitación a que los magistrados perpetren un delito de prevaricación.

Si repugnantes han fueron las numerosas presiones al Tribunal Constitucional para que, más que en nuestra Ley de Leyes, se fije en el respaldo que "el pueblo catalán" ha dado al estatuto soberanista –refrendado en realidad, dicho sea de paso, sólo por una tercera parte de los ciudadanos catalanes con derecho a voto–, lo que ya resulta de juzgado de guardia es que un dirigente público incite abiertamente, y desde una televisión pública, a los magistrados del Constitucional para que dicten a sabiendas una resolución clamorosamente injusta, tal y como sería su delirante autodeclaración de incompetencia, en términos de legitimidad y legalidad, para hacer aquello que la Constitución precisamente les ha encomendado.

El dirigente de CiU argumenta su exigencia arremetiendo también contra esa institución básica de cualquier Estado democrático y de Derecho como es la división de poderes, y que Mas denigra como "choque de legitimidades entre los votantes y un tribunal". El golpe de Mas contra nuestro Estado de Derecho, aunque se enfunde de seda, es de tal dureza que de él saldría liquidado, no ya el Tribunal sino la propia Constitución. Y es que si aceptamos que basta que cualquier mayoría transitoria –incluida la que de forma tan ridícula refrendó el estatuto de marras– apruebe cualquier cosa, por inconstitucional que sea, para que sea definitivamente aceptada, ya me dirán ustedes para qué sirve en este asunto, no ya el Tribunal, sino la propia Constitución.

El Tribunal Constitucional no es que pueda juzgar normas aprobadas por refrendo popular, es que, desactivado el recurso previo de inconstitucionalidad, los únicos estatutos cuya constitucionalidad puede juzgar son precisamente aquellos que han sido aprobados por mayoría en refrendo popular. Y esto es así por la sencilla razón de que si no cuentan con ese apoyo no llegarían a ser aprobados y, por tanto ya no sería necesario que el Tribunal se pronunciara sobre ellos.

Si de verdad Mas no quisiera que el Tribunal Constitucional tuviera que juzgar ningún estatuto ya respaldado por referéndum, lo podría haber hecho legítimamente reclamando algo que jamás ha hecho en este asunto, como es el uso del recurso previo de inconstitucionalidad. Pero lo que hace Mas no es eso sino denigrar el equilibrio de poderes inherente a todo sistema democrático como si de un indebido choque de legitimidades se tratara. De esta forma Mas hace suya, "suaviter in modo", una concepción del derecho político y de la democracia propia del nacional-socialismo.

Esperanza Aguirre dijo en su día, con lúcida ironía británica, que cuestionar la competencia del Tribunal Constitucional para juzgar las leyes era "una idea original, pero antijurídica". Dar el paso, como ha hecho Mas, de exigir a los propios magistrados del Tribunal que sean ellos los que pronuncien en sentencia semejante afrenta contra nuestro ordenamiento jurídico y contra sus propias competencias, no es otra cosa que incitarlos a la prevaricación.


Libertad Digital - Opinión

«Corazón partío». Por M. Martín Ferrand

SI, como dicen y repiten los más próximos a José Montilla, «el PSC es el PSC»; ¿no le estará sobrando la «E» al PSOE?

La esquizofrenia funcional del socialismo catalán, que tiende a manifestarse con mayor intensidad cuanto más nos acercamos a las elecciones autonómicas del próximo otoño, tiene un componente de halago al electorado de las cuatro provincias cuatribarradas; pero, sobre todo, viene dado por las exigencias de los socios que, encaramados en el tripartito, le permitieron a Montilla ocupar el asiento que, en el juego de las mayorías, le hubiera correspondido a Artur Mas.

En ese difícil equilibrio entre quienes, con el mismo puño y la misma rosa, tratan de ser distintos en Madrid y en Barcelona sobresalen dos nombres que, por origen y afectos, tienen probada su adhesión al PSC y que, por obligación y empleo, se deben al PSOE y, más todavía, al Gobierno de Zapatero. No debe de resultar sencillo para Celestino Corbacho, ministro de Trabajo, ni para Carme Chacón, titular de Defensa, conciliar sus obligaciones con su devoción. En el PSOE histórico, desde Pablo Iglesias a Felipe González, siempre lució entre los encantos del socialismo español un toque jacobino que hoy, en la España constitucional y autonómica, resulta incompatible con la entrega y la diferenciación -el distanciamiento- que exigen las naciones sin Estado, esa gran superchería que tanto anima los rescoldos del más viejo caciquismo.

En el caso concreto de Chacón, una fama de laboratorio con aspiraciones de mayor cuantía, se alcanza la hipótesis de una gran contradicción. Mientras su líder territorial saca los pies del plato y se atreve a descalificar a los miembros del Tribunal Constitucional porque «están vendidos» al PP, acusación gravísima en función de quien la emite, ella tiene la responsabilidad de las Fuerzas Armadas que «tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional». Ni aquí, ni en ninguna parte, ocurre con la política nacional lo que con las tablas de logaritmos, que tienen doble entrada. La entrada es única y, en casos de conflicto, excluyente de cualquier otra. Alguien debiera explicárselo a Montilla para evitarle a Chacón, pobrecita, el sofoco que no sería raro en la bipolaridad a la que la someten las circunstancias. El «corazón partío» no es sólo una copla de Alejandro Sanz.


ABC - Opinión

España se rompe. Por Emilio Campmany

Ahora, socialistas y populares se dedican en las comunidades autónomas que gobiernan a defender sus intereses particulares frente a los del resto de comunidades y, por supuesto, en contra del interés general que, al parecer, ya nadie defiende.

A los socialistas, tanto a los figurones como a los de a pie, les gusta alegar que el estatuto de Cataluña es inofensivo. Para corroborar su afirmación alegan que lleva cuatro años vigente y España no se ha roto, como auguraron algunos cenizos de la derecha. Ante este argumento, los pocos constitucionalistas que van quedando dicen: bueno, no se rompe, pero eso no quita para que el estatuto sea inconstitucional. Ojalá tuvieran razón. Pero no la tienen. Lamentablemente, está a punto de ser oficial: España se rompe.

Lo acabamos de ver en el debate del estatuto de Castilla-La Mancha. PSOE y PP han roto la baraja al ser indispensable para los socialistas e inaceptable para los populares introducir en la norma una reserva de 4.000 hectómetros cúbicos de agua que haría en la práctica imposibles los trasvases. Naturalmente, los barandas de uno y otro partido se han echado mutuamente la culpa. Pero ha tenido gracia cómo se la han echado los socialistas castellano-manchegos a los populares de la misma región, acusándoles de estar a órdenes de los populares murcianos y de no saber velar por los intereses de Castilla-La Mancha.

Así que Castilla-La Mancha tiene unos intereses que defender. Unos intereses contrapuestos a los de Valencia y Murcia. Al parecer, los populares han preferido defender los de estos últimos frente a los de los primeros. Claro que este mismo argumento que se arroja al rostro de los populares puede volverse contra los socialistas a los que puede decírseles que, por defender los intereses de los castellano-manchegos, han traicionado los de los levantinos. ¿Tendrá que ver esto con que los socialistas gobiernan en Castilla-La Mancha y los populares en Valencia y Murcia? Claro que tiene que ver.

Ahora, socialistas y populares se dedican en las comunidades autónomas que gobiernan a defender sus intereses particulares frente a los del resto de comunidades y, por supuesto, en contra del interés general que, al parecer, ya nadie defiende. Ni siquiera lo hace el presidente de Gobierno, que, como buen socialista, se dedica a defender los intereses de las comunidades autónomas en las que gobierna su partido en contra de las que no gobierna. Y no estamos hablando de Cataluña ni del País Vasco, sino de comunidades autónomas sin partidos nacionalistas completamente controladas por los partidos nacionales.

Las Cortes Generales se parecen cada vez más al Parlamento Europeo, ahora con traducción simultánea en el Senado. Zapatero no pasa de ser una especie de síntesis de Barroso y Rampuy. Y los ministros cada vez recuerdan más a los comisarios que cada comunidad autónoma envía al Gobierno central para que allí velen por los intereses e sus respectivas regiones. La particularidad española con respecto a Bruselas es que aquí el control de calidad que se aplica es mucho más laxo y benévolo. Es probable que Cataluña, en todo este proceso de autodestrucción centrífuga que nos conduce hacia una especie de Unión Europea de La señorita Pepis, no sea más que un jalón, pero es uno muy importante.

Claro que España se rompe. Lo hace poco a poco, pero con decisión. Está cerca el momento en que podamos gritar satisfechos: "¿lo veis como yo tenía razón?". Entonces, los ciegos, tibios e insensatos que nos prometieron y aun hoy prometen que España no se rompe no tendrán más remedio que dárnosla. La pena es que será demasiado tarde y ya nada podrá hacerse.


Libertad Digital - Opinión

El velo turco. Por Ignacio Camacho

SÓLO cuatro meses tardó el Tribunal Constitucional en vetar una ley que permitía a las mujeres el uso del velo musulmán en las universidades públicas. ¿En España? Qué va: ¡en Turquía!

Un país donde hay algunos musulmanes más que en Celtiberia, pero donde el viejo Estado laico de Kemal Ataturk se empeña en prevalecer ante los empujes del islamismo. Ocurrió en junio de 2008, dos años antes de que la Federación Musulmana de España anunciase -ayer- su decisión de recurrir ante el TC la prohibición del hiyab en un colegio español de Pozuelo. Quizá se trate de una medida atinada: dejar que los intérpretes supremos de la Constitución decidan sobre un debate que divide a la sociedad española sin que el Gobierno, más preocupado por la presencia escolar de los crucifijos, sepa encontrar el modo de regularlo. En una cosa nos llevan ventaja a priori los turcos: su Alto Tribunal trabaja con algo más de premura que el nuestro.

En la polémica del velo no caben las posiciones viscerales ni maximalistas, ni menos ese expeditivo arbitrismo tan propio del español medio, porque se trata de una cuestión que tiene que ver con la libertad religiosa y la integración sociocultural. La propia Iglesia católica se mide con cautela en el asunto, temerosa de que la controversia acabe zanjada por las bravas en su perjuicio. El feminismo igualitario se siente incómodo en el debate; su tendencia comprensiva del multiculturalismo choca con la evidente segregación que la prenda supone hacia la condición femenina. Sea velo, pañuelo o tocado, indica sumisión de la mujer hacia su marido o su padre y ese fondo discriminatorio no puede separarse de su utilización como simple costumbre indumentaria. Por tanto es una cuestión que afecta al concepto mismo de ciudadanía democrática, y en su permisión o prohibición hay que ponderar el alcance de un choque de derechos con la libertad de culto.

Estando de por medio el Gobierno de Zapatero cabe colegir que la discusión desemboque en una vuelta de tuerca de sus proyectos laicistas. En este punto van a chocar muchas sensibilidades y diferentes opiniones -ahí va la mía: en caso de duda o conflicto, el espacio público debe ser neutral y por tanto despojarse de cualquier contenido simbólico de parte-, por lo que se avecina un litigio de conciencias de los que más le gustan al zapaterismo. Raro será que los socialistas no aprovechen para cargar la suerte contra las tradiciones cristianas. Por eso, y ante la falta de consenso para establecer una regulación política, puede ser una solución razonable que se pronuncie el Constitucional, si sus señorías encuentran tiempo en medio de sus arduos debates estatutarios. Es un asunto importante que va más allá de anécdotas y episodios; hay un modelo de sociedad en juego. Algunos ciudadanos envidiamos al respecto el sistema francés, pero en tanto nos ponemos de acuerdo nos podríamos conformar con el modelo turco.


ABC - Opinión

El velo y su camuflaje. Por Cristina Losada

Como se trata de una cultura, la inferioridad de la mujer respecto al hombre también es aceptable y encantadora. La sociedad occidental viola la sagrada diversidad cuando intenta imponer la igualdad de la mujer a otras culturas. Tal es el mensaje.

Las normas de cierto colegio prescriben que los escolares no lleven la cabeza cubierta, pero unos cuantos se empeñan en asistir a clase con enormes gorras de rastafari. ¿Qué ha de hacerse? Sencillamente, cumplir una regla que, por otra parte, es razonable. La dirección del centro insta a los imitadores de Bob Marley a desprenderse de sus gorras y si se niegan, les indica que busquen plaza en un colegio donde las autoricen. ¿Se viola, así, algún derecho humano? ¿Se coartan libertades fundamentales? ¿Se incurre acaso en rastafarifobia? No, no y no.

La decisión de un colegio de Pozuelo de no autorizar que una alumna acuda con la cabeza tapada responde a la misma lógica que el caso expuesto. No ha lugar a debate. El centro veta el pañuelo por lo que es: una prenda que cubre la cabeza. Pero sus críticos no quieren ver lo que es, sino lo que representa. Cuando exigen que se haga una excepción con esa alumna, están apelando a la condición simbólica de la pañoleta. Conscientes de que resulta impresentable defender el hiyab por lo que es: signo de la subordinación de la mujer al hombre y estandarte del integrismo islámico, acuden a la confusión y al camuflaje.

Los socialistas tienen que camuflar, antes que nada, la vinculación del velo islámico con la religión, así que lo definen como un símbolo de identidad cultural. El islam no es una religión, ¡es una cultura! Por ello, esos apóstoles del laicismo pueden ser tolerantes con el hiyab y hostiles con los crucifijos y las tocas de las monjas. Y, como se trata de una cultura, la inferioridad de la mujer respecto al hombre también es aceptable y encantadora. La sociedad occidental viola la sagrada diversidad cuando intenta imponer la igualdad de la mujer a otras culturas. Tal es el mensaje.

En la confusión tenemos al ministro del ramo, partidario de respetar el derecho de cada uno a expresarse. Prohíba, entonces, Gabilondo, que los colegios tengan reglas de vestimenta. Que vayan como les dé la gana, hasta disfrazados de capos de las SS, si les place. Y no rechisten los de Pozuelo si las aulas se llenan de sombreros mejicanos. Es una seña de identidad personal que no atenta contra nadie. Last but not least, tenemos a Leire Pajín, defensora de la libertad de las mujeres de ponerse lo que quieran. ¿Y por qué no de quitarse? ¿O no se podría asistir desnuda a clase? Hablamos de cubrirse la cabeza con políticos que no la usan.


Libertad Digital - Opinión

Regalos con trampa

HAY ofertas de buena fe que dejan de serlo cuando quien las hace no advierte de todos los compromisos que conlleva aceptarlas.

Esto es lo que ha pasado con las ayudas del Gobierno a los compradores de coches y a los inquilinos jóvenes de vivienda. Unos y otros tendrán que declarar esas ayudas como ingresos recibidos durante 2009 y, en muchos casos, satisfacer unos impuestos que quizá, sin tales subvenciones, no habrían tenido que pagar. Así será posible que el Gobierno recupere más de 40 millones de los 150 que invirtió en el plan de reactivación de la industria automovilística.

Lo reprochable de la actuación del Gobierno no es que aplique las normas fiscales y confíe en la recuperación, por vía tributaria, de parte de los fondos gastados, sino que presentara las ayudas como un gasto público a fondo perdido que tendría su retorno por otros impuestos y por otros beneficios a medio plazo, como el mantenimiento de fábricas, la conservación de puestos de trabajo y la confianza de las empresas extranjeras. Para muchos contribuyentes, la declaración de esas ayudas puede suponer un salto en el tramo del impuesto sobre la renta o incluso empezar a presentar declaraciones que, por sus ingresos, no tenían obligación de realizar. No cabe duda de que las repercusiones fiscales de las ayudas del Gobierno van a ser un regalo envenenado.

Lo exigible a toda política de ayudas económicas es que el Gobierno fije las condiciones y las consecuencias, para que los ciudadanos tengan toda la información necesaria a fin de decidir si acuden a ellas o no. Por legal que sea el pago de impuestos por las subvenciones, la actuación del Ejecutivo presenta un tono desleal con el contribuyente, que puede asimismo volverse en su contra al convertirse en un nuevo motivo de desconfianza, añadido a todos los que el Gobierno ha ido creando en su gestión de la crisis. Este es el problema político más grave de la situación económica de España, la falta de un Gobierno que hable con claridad y sinceridad, sin dobleces ni eufemismos.

ABC - Editorial

La insurrección de CiU

España es, al menos sobre el papel, una democracia liberal. Eso significa que no todo lo que se vote en un parlamento o en un referéndum es admisible, sino que tiene que ajustarse a Derecho y, especialmente, a la principal norma del ordenamiento jurídico.

Que la democracia moderna vive de la imagen, y no de la sustancia, es un hecho que no por conocido y asumido deja de ser menos lamentable. Así, los socialistas llevan semanas agarrados a un clavo ardiendo: el supuesto desafío institucional que supone que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, haya llamado a una "rebelión" contra la subida del IVA. Evidentemente, si a la palabra le siguieran unos actos sediciosos el escándalo estaría justificado. Pero no, claro, es tan sólo el nombre que el PP ha dado a una mera campaña política, con recogida de firmas incluida, que además cuenta con el encomiable objetivo de que los socialistas no nos cojan aún más dinero del bolsillo.

En cambio, sí existen otros políticos en otras latitudes ideológicas que están llevando a cabo una auténtica insurrección. Pero como no la llaman así, pareciera por las informaciones que se dan que se trata simplemente de una postura política, tan respetable como las demás. Porque el ataque que está recibiendo el Tribunal Constitucional durante esta semana supone un intento evidente de destruir las instituciones, más o menos imperfectas, que convierten a España en una democracia y un Estado de Derecho.

Sin duda, cabe conceder a Montilla y compañía que la composición del Tribunal Constitucional debería haberse cambiado en tiempo y forma, por más que se calle ante el escándalo de que el PSOE y sus socios modificaran las reglas del juego a mitad de partido extendiendo artificialmente el mandato de su presidenta, María Emilia Casas. De hecho, ha sido la catedrática de Derecho Laboral la principal culpable de que el TC aún no haya emitido fallo alguno. Su empeño en encargar a la misma ponente la elaboración de propuestas que sabía que serían rechazadas una y otra vez ha alargado un proceso que seguramente habría acabado hace años de haberle encargado a otro miembro del tribunal la redacción de la sentencia.

María Emilia Casas debió abandonar su cargo o al menos presentar una protesta pública cuando la reprimenda de De la Vega hizo ver hasta qué grado de descaro llegaba la interferencia del Ejecutivo en los asuntos de tribunal que preside. Al no hacerlo, dejó claro que era una persona de partido, que no respetaba el papel del Constitucional en el diseño institucional de nuestra democracia. Ahora parece que por fin, ante la renuncia de la ponente Elisa Pérez Vera, se ha visto obligada a nombrar a un sustituto más acorde con la visión mayoritaria en el tribunal, que considera inconstitucional el texto, como no podía ser de otra forma si se tuvieran en cuenta exclusivamente argumentos jurídicos.

Ha sido ese hecho, y no otro, el que ha llevado al nacionalismo catalán a exigir la cabeza de los magistrados, llegando Artur Mas al extremo de exigir al Constitucional que no cumpla con su principal función, la de examinar la legalidad de los textos aprobados por el parlamento español y los autonómicos. ¿La razón? Que lo votado por el pueblo "tiene que ir a misa", porque "si no se va a pique" la esencia de la democracia: el voto.

España es, al menos sobre el papel, una democracia liberal. Eso significa que no todo lo que se vote en un parlamento o en un referéndum es admisible, sino que tiene que ajustarse a Derecho y, especialmente, a la principal norma del ordenamiento jurídico, que es la Constitución. Los regímenes en los que lo único que cuenta es el voto pueden ser sin duda democracias, pero no presentan el aspecto que asociamos a las mismas: las de un país serio, próspero y confiable. Y es que, reduciendo al absurdo el argumento de Mas, conviene recordar que Alemania votó a Hitler, y su dirigente electo decidió asesinar a 6 millones de personas por el mero hecho de ser judíos. Según las "razones" del líder de CiU, fue un comportamiento impecablemente democrático, ya que las leyes deben estar al servicio de esa "esencia de la democracia" que es el voto, y no al revés.

Pretender convertir España en una república bananera es un esfuerzo al que se han sumado numerosos dirigentes políticos con gran ahínco, pero rara vez –Alfonso Guerra aparte– se ha expresado de forma tan clara y directa ese objetivo como Artur Mas. Esto sí es una "rebelión" en el peor sentido de la palabra, el de pretender convertir un Estado moderno en una república bananera al estilo de Venezuela.


Libertad Digital - Editorial

Otro pacto en peligro

EL ministro Ángel Gabilondo presentó ayer una propuesta definitiva para el Pacto Educativo, que incluye doce objetivos y 148 acciones específicas, además de una memoria económica.

El titular de Educación se reunió sucesivamente con el Consejo Escolar del Estado, los consejeros autonómicos, los sindicatos y los grupos parlamentarios en una jornada maratoniana que pretende escenificar la voluntad del Gobierno, y muy especialmente de Rodríguez Zapatero, según recordó de forma expresa el ministro. Después de muchos debates, las cosas están más o menos como al principio. A pesar de que se plantean medidas razonables, se echa de menos un proyecto coherente y falta la voluntad política imprescindible para abordar las grandes cuestiones derivadas de la organización territorial del Estado. No hay medidas concretas sobre la autoridad de los profesores y la libre elección del centro, con lo cual no es suficiente lanzar ahora un documento lleno de retórica con escaso contenido.

El texto sufre el lastre superable de la ambigüedad y la generalización, puesto que tampoco se compromete en materias determinantes como la Educación para la Ciudadanía, la armonización de las enseñanzas básicas en toda España o el tema de la lengua, limitándose en este caso a formular el buen deseo de que los alumnos dominen el castellano y la lengua cooficial en las comunidades bilingües. Falta en definitiva el impulso para liderar una auténtica reforma y se presenta en cambio un conjunto de medidas yuxtapuestas, algunas positivas y otras simples ocurrencias para salir del paso. ABC ha defendido reiteradamente la necesidad de un Pacto de Estado por la Educación. Sería injusto no reconocer la buena voluntad del ministro y el trabajo desplegado a lo largo de los últimos meses. Sin embargo, tampoco las circunstancias políticas son propicias, puesto que estamos ya en la segunda mitad de la legislatura y la posibilidad de acuerdos se aleja a medida que se acercan las elecciones. Es lógico que la oposición se resista a ser utilizada para una foto a mayor gloria de Rodríguez Zapatero, como ha ocurrido hace poco con el Pacto de «Zurbano» y otras cuestiones aprovechadas al servicio de la propaganda gubernamental. La renuncia a «blindar» el pacto con una mayoría cualificada en el Congreso tampoco ayuda a crear el ambiente adecuado. Por unas y otras razones, es fácil pronosticar que esta propuesta de pacto tampoco llegará a la meta, a pesar de que la comunidad escolar y el conjunto de la sociedad española reclaman con urgencia un acuerdo de fondo entre los grandes partidos.

ABC - Editorial