domingo, 25 de abril de 2010

No al velo islamista, sí a la libertad. Por Federico Jiménez Losantos

Hay varios equívocos que conviene aclarar cuando se habla del velo islamista y el primero es que es precisamente eso, islamista, no simplemente islámico.

El sentido religioso, político y social del velo no es una reminiscencia o una tradición de sociedades tradicionalmente islámicas sino una reivindicación islamista, no es un acto de libertad individual sino un reto colectivo, no es un uso de las libertades occidentales sino una forma de aprovecharlas para subvertirlas y liquidarlas. Y si no se entiende esto, que está clarísimo, será difícil aclararnos en todo lo demás.

Por supuesto, el Gobierno de ZP usa al Islam para devaluar la posición del catolicismo, pero sería un error fatal para el catolicismo –sea la jerarquía o los fieles quienes así lo crean– identificarse con el islamismo como si en ambos casos se estuviera defendiendo la libertad de conciencia o incluso la libertad de religión. No hay tal libertad donde impera el Islam. Un católico puede serlo o no serlo, puede dejar de serlo y nadie lo persigue. En una sociedad islámica está prohibido, so pena de muerte, dejar el Islam. ¿Cuántos datos, cuántos hechos necesitan los católicos para entender que el islamismo y el catolicismo son incompatibles, no ya como dogma religioso o Revelación sino, lo que más importa a todos, como simple civilización?


Disparate mayúsculo es tomar un reglamento interno de un instituto de Segunda Enseñanza como algo que debe subordinarse nada menos que a la Constitución. Lo que establece claramente la Constitución es que una persona no puede ser discriminada por razón de sexo, y las mujeres bajo el islamismo lo están. ¿Que también subvierte Aída tal precepto con la maldita Ley de Igualdad? Pues eso será para echar a Aída, no para admitir la discriminación sexual, atroz, implacable y creciente en el islamismo contra las mujeres. ¿Qué libertad tiene la niña del disputado velo ante su padre, que es algo así como imán de Pozuelo? La misma que concede a las demás mujeres: limitada, escasa e incompatible con la libertad occidental. ¿Cómo se nos quiere colar como libertad de conciencia lo que no es sino negación de esa libertad, cómo hay quien no ve que el pañuelo no es nada privado sino un alarde público, que por añadidura busca el enfrentamiento entre una sociedad de infieles, la nuestra, con otra sumisa a las leyes de Mahoma, a la larga –y a la corta- incompatible con nuestra supervivencia?

Si el pañuelo islámico fuera un capricho privado, ni el imán ni la criatura buscarían que les echaran del Instituto por vulnerar su reglamento interno. Y si corren ese riesgo es porque estamos ante una operación de propaganda liberticida y no ante un ejercicio de libertad individual. Que los islamistas reciban el apoyo del PSOE es, dada la degeneración política de la Izquierda europea, lamentable pero normal. Que algunos católicos y encima liberales parezcan coincidir con los islamistas y nada menos que en nombre de la libertad y de la lucha contra el PSOE es uno de esos disparates reservados para sociedades desnortadas o en quiebra. La española, sin ir más lejos.


El blog de Federico

"Esta vez no pasarán"

(Gritos en la manifestación de los de la ceja)

Es tremendo. Es que es leer y no creértelo. Se han desatado completamente, han perdido la cabeza, la razón y la cordura.

La izquierda ha decidido que quiere ganar la guerra civil que perdió hace más de 70 años. La progresía actual, acomodada, acostumbrada a la subvención y al halago de los políticos, tiene remordimientos de conciencia. Sus abuelos realmente lucharon por una causa que creían justa, y dieron su vida por ellos. Estos, los Almodovar, Sacristán, toda esta turba siniestra como mucho salen a pasear y a chillar. Luego se vuelven a sus mansiones, compradas con el dinero generado por el capitalismo que tanto odian y critican.


Hace tiempo que no veíamos un caso así de sectarismo. ¿Quieren ustedes desenterrar a las víctimas que están por las cunetas de las carreteras españolas? Háganlo, pero sin mirarles el carnet. Sin preguntarse de qué bando eran. Presenten una proposición en el parlamento, para que se debata si se quiere acabar la amnistía de la transición. Háganlo sin miedo.

Pero mientras esa Ley exista, todo el mundo está sujeto a ella, incluyendo Garzón. Y la Falange, por muy detestable que nos parezca, tiene derecho a presentar las denuncias que quiera, pues faltaría más. ¿Acaso no las presenta la extrema izquierda española? Pues la extrema derecha tiene el mismo derecho.

Naturalmente, todo estó está organizado por el gobierno. Es Zapatero el que está detrás de todo, para intentar que la gente se olvide del desastre económico en que se ha convertido la España del socialismo zapateril. Otra maniobra más, ayudados por los del régimen, los de la secta progre, para desviar atenciones. Que cosa tan siniestra y repugnante.


La Frase Progre

El velo y la izquierda. Por José María Carrascal

LA cosa se reduce a una pregunta: ¿es el velo un símbolo religioso o no lo es?

Si es un símbolo religioso, no tiene nada que hacer en una escuela occidental. Si se trata de una mera prenda de ropa, entra dentro de las normas de vestuario que tenga establecidas cada centro escolar. Con lo que todo el lío armado en torno a la niña de Pozuelo es artificial. Si quiere llevar velo, tendrá que ir a la escuela que se lo permita. Y si quiere seguir en la misma, tendrá que quitárselo. Tan simple como eso.

Lo que late al fondo de la controversia, en cambio, es algo mucho más complejo. No me refiero al intento islámico de subvertir Europa desde dentro, aprovechando sus inmigrantes para acabar con las libertades que hemos conquistado, como Irán y Ben Laden intentan usar la tecnología occidental para acabar con Occidente. Me refiero a nuestra izquierda, que después de haber perdido la batalla política, está perdiendo la de las ideas. Sobre todo en España, más atrasada en ideas que en economía, que ya es decir. Ahí tienen a nuestro presidente, abogando por una «Alianza de Civilizaciones» con el islamismo en plena ofensiva.


Ahí tienen a nuestra izquierda buscando alianzas con el nacionalismo más retrógrado. Ahí tienen a nuestra progresía defendiéndole el velo islámico en la escuelas públicas. ¿Tan poco seso tienen? ¿Tan poca memoria? Hubo un tiempo, y no tan lejano, en el que la izquierda era internacionalista -¿recuerdan las famosas «internacionales»?-, laica -partidaria de la completa separación de Iglesia y Estado-, proindustrial -convencida de que ese era el camino para el desarrollo de los pueblos-, y ahí la tenemos unida al ecologismo más militante, incluso disfrazada a veces de «verde», al darle vergüenza el «rojo». Sólo le faltaba ponerse a defender el velo islámico, y ya lo hemos tenido. ¿Dónde? Naturalmente, en España, donde todo llega tarde y a menudo, averiado.

El velo no es un «símbolo de identidad» e incluso si lo fuese, no tendría cabida en una escuela pública, verdadero crisol de ciudadanía, donde los alumnos aprenden, o deberían aprender, la igualdad de derechos y deberes de todos ellos. Y, menos aún es un «símbolo de la personalidad» de una niña. Es justo lo contrario: el símbolo del sometimiento a que la someten una religión, una cultura y una sociedad que consideran inferiores a las mujeres. Una religión, una cultura y una sociedad que, si pudieran, las metería en un burka, como si fueran bultos, detrás de sus padres, esposos y hermanos. Que es lo que hacen allí donde pueden. Donde no pueden, se limitan al pañuelo, pero es lo mismo: no un símbolo de libertad individual, sino un símbolo de opresión colectiva. Y ahí tenemos a nuestra izquierda defendiéndolo. Para eso nos sirve el Ministerio de Igualdad.

Aunque peor es el burka mental en que están metidos.


ABC - opinión

Moción de censura. Por M. Martín Ferrand

LOS hechos y los días van demostrando lo que, siendo evidente, no quiere admitir la cúspide del PP. Por ejemplo, la incompatibilidad -no sólo material- de asistir a la procesión política de Castilla-La Mancha mientras se trata de ejercer, y no se ejerce, la Secretaría general del partido: el campanario que orienta a los militantes, crecientemente desorientados; redobla los pregones de la sigla, hoy débiles e inconcretos, y hace saber las líneas de conducta que a cada cual corresponden en función de una estrategia -¿inexistente?- capaz de generar victorias electorales. María Dolores de Cospedal, de tanto querer multiplicarse, está haciéndolo por cero, como Bart Simpson prescribe a sus enemigos.

No entraré, por evitar el alipori, en el ridículo escarceo que, unos y otros, se traen a cuenta del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, una nueva pieza ajurídica que bebe en las desbordadas fuentes constitucionales al tiempo que pretende impedir que otros lo hagan en las que se derivan de la idea del Estado y el respeto a la Nación. ¿Así pretende ganar Cospedal las autonómicas de su jurisdicción? Rajoy no dice nada al respecto y, al igual que acepta ya, con irresponsable pasividad, los resultados de las catalanas del próximo otoño, no aborda con la debida resolución las de mayo del año venidero, la única pista de lanzamiento para el cohete que pueda conducirle a La Moncloa. Si es que, verdaderamente, lo pretende; algo que niega su conducta reservona.

Tras el ruinoso sexenio de Zapatero, viendo pelar las barbas de nuestros vecinos griegos y mientras crecen sin coto el paro, el déficit y la deuda, en el principal partido de la oposición sólo cabe una decisión solvente, por arriesgada que sea: la moción de censura. Dada la incapacidad de Rajoy y sus pretorianos para hacer amigos, sería una moción perdida; pero necesaria para, definitivamente, hacernos saber a los ciudadanos cuál es la fórmula alternativa del PP, cuáles sus proyectos y programas en todos los segmentos de la gobernación del Estado. ¿Quién ha dicho, y desde qué supuestos de eficacia, que las mociones de censura solo son válidas para ganarlas? Poner en evidencia el fracaso de un Gobierno y demostrar fehacientemente la potencialidad de otro venidero no es algo baladí. Sin moción, la catástrofe popular no llegará con las legislativas del 12, sino con las autonómicas del 11.


ABC - Opinión

Berzotas. Por Alfonso Ussía

Creo que entre todos, con la mejor voluntad, debemos suavizar la crispación andante y dominante con el uso de una adjetivación más amable. Reconozco mis culpas. Con motivo de los ridículos actos promovidos en defensa del juez Garzón –promovidos entre otros, por el propio juez Garzón, que no los ha desautorizado–, he calificado a sus promotores e intervinientes de estalinistas. No es correcto. Stalin ha sido el mayor criminal de la Historia Contemporánea, y los individuos que se han apostado al lado de Garzón no han matado a nadie.

Desde Villarejo a Pilar Bardem pasando por Berzosa, los cejeros, Felipe González y compañía, el calificativo de estalinistas se me antoja exagerado. Son simplemente unos berzotas. Mengua la tensión y se abre la sonrisa. El juez Varela ha expulsado a la Falange de la causa contra Garzón, o mejor escrito, de una de las tres causas. El argumento principal de los berzotas se ha desmoronado. Claro, que la educación del sosiego también hay que exigírsela a los garzoninos. Jiménez Villarejo, el tío de doña Trinidad y Fiscal durante el franquismo que juró los Principios del Movimiento –no todos lo hicieron–, haría muy bien en rebajar su insulto de «torturadores» a los magistrados del Tribunal Supremo. Pero no intuyo en Jiménez la posibilidad de reconocer su felón calificativo abrazándose a la buena educación.

Y quedan mal. No leen, no saben nada, usan de los tópicos progres, viven de lugares comunes y mensajes entreverados, y hacen el panoli. Prueba de ello, la divertida intervención del portavoz comunista en la Asamblea de Madrid, Gregorio Gordo, en la que exigía a la Presidenta Aguirre la condena del franquismo y el apoyo a Garzón. Y Aguirre, que sí ha leído y conoce nuestra reciente Historia mucho mejor que Gordo, le ha replicado exigiendo al berzotas la condena del Golpe de Estado del Frente Popular de 1934 –ahí comenzó la Guerra Civil–, y el asesinato de José Calvo Sotelo a manos de la Policía, y en concreto, de los escoltas de Indalecio Prieto. Y Gordo quedó mudo, por aquello de la ignorancia y la falta de argumentos para replicar en su oquedad parlamentaria.

Aprovechar las carencias intelectuales de Gordo para definirlo con hiriente crueldad resulta sencillo. Pero ahí nace la buena voluntad del sosiego, el afán de suavizar las relaciones entre los unos y los otros y la buena educación. Se le aplica el calificativo de berzotas y nadie puede protestar por el uso de un lenguaje frontal y «guerracivilista», que se ha puesto de moda últimamente utilizando como coartada la figura de un juez. Porque el juez Garzón, como persona y como juez, les importa a los berzotas la mitad de un pimiento, aunque les resulte útil para ensalzar la calamitosa Segunda República, devolvernos al enfrentamiento y regar los rencores del pasado. Por eso mismo, por creerse el protagonista de un movimiento social justo y reivindicativo, por considerarse el centro del debate nacional y todas esas cosas que conforman el muro de vanidad y soberbia del juez imputado por prevaricación, también Garzón se está comportando como un berzotas. Al poco tiempo de ser apartado de la carrera judicial, nadie se acordará de él. Y la conclusión, ciertamente, es triste.


La Razón - Opinión

Clima de desguace. Por Ignacio Camacho

ESTA irresponsable agitación radical la vamos a pagar, y no va ser a un precio barato. Una democracia no puede cuestionar sin costes la legitimidad de su propia estructura legal, porque eso equivale a impugnarse a sí misma.

La movilización de la izquierda española contra el proceso a Baltasar Garzón ha rebasado de largo la razonable expresión de un respaldo cívico al juez para alcanzar el paroxismo de un rechazo global a las instituciones de la justicia. El horizonte penal del magistrado -cuyo derecho a la defensa está plenamente garantizado y en ejercicio- es ya sólo el pretexto para una exaltada refutación ideológica de las bases del régimen constitucional, de sus principios jurídicos y del pacto social y político que permitió alumbrar la Transición democrática. En cierta forma constituye la reclamación de un proceso de ruptura que pretende anular los consensos civiles de los últimos treinta años y la legalidad que de ellos se ha derivado. Es decir, del sistema vigente, de sus mecanismos de garantías y de sus equilibrios de poder.

Todo eso no puede resultar inocuo. Un zarandeo institucional de esa clase deja una secuela de desconfianza que no va a recuperarse de cualquier modo. El ataque frontal y simultáneo contra la legitimidad del Tribunal Supremo y del Constitucional representa una campaña de desestabilización que afecta al principio de la independencia judicial y de la supremacía de la ley. Desde que Zapatero permitió o alentó una reforma encubierta de la Constitución a través del Estatuto de Cataluña no se había producido en España un cuestionamiento tan grave y profundo de los fundamentos del régimen democrático. Lo que la izquierda está pidiendo en su ofensiva de opinión pública es la abolición de la justicia igualitaria y reglada y su sustitución por una nueva legitimidad de base ideológica. Y eso sucede con el respaldo más o menos pasivo de un Gobierno que simpatiza inequívocamente con las pretensiones revisionistas por culpa de un frívolo tacticismo que le lleva a creer en la posibilidad de obtener un rédito político inmediato de la algarada.

Estos días se ha empezado a ver la reacción alarmada de una cierta socialdemocracia responsable. Los Jáuregui, Leguina, Bono y otros han comenzado a advertir del riesgo de esta crecida atolondrada con la que el zapaterismo vuelve a jugar a aprendiz de brujo. Una característica de la posmodernidad política es la creencia de que ante la volatilidad de la opinión pública cualquier maniobra oportunista sale gratis. Error; no se pueden licuar los principios que articulan un pacto de convivencia sin poner en peligro la estabilidad del sistema. Que lo hagan en las calles unos extremistas es preocupante, pero no esencial. Lo crítico es que sean las instituciones las que propicien un clima de desguace de sí mismas.


ABC - Opinión

El caos renovable

LA intención del Ministerio de Industria de modificar la retribución de las energías renovables con carácter retroactivo ha provocado un auténtico terremoto cuyas consecuencias inmediatas han sido la caída en Bolsa de las empresas del sector y la huida de los inversores internacionales, espantados por el clima de inseguridad jurídica que generan los continuos cambios regulatorios.

El nuevo bandazo regulatorio del ministro Sebastián sigue insistiendo en hacer amalgama de todas las tecnologías renovables sin distinción de su grado de madurez ni de su contribución real a la producción eléctrica española. La eólica se ha consolidado como una tecnología madura, promovida principalmente por las compañías eléctricas, que aporta un 18 por ciento de la producción con un coste del 19 por ciento. La industria eólica española, presente en toda la cadena de valor del negocio, se ha convertido en un referente internacional, con empresas líderes mundiales y con una demostrada capacidad para impulsar la actividad industrial, crear decenas de miles de puestos de trabajo, contribuir al autoabastecimiento energético y la reducción de emisiones. Por el contrario, la generosa retribución a las tecnologías solares ha provocado un crecimiento insostenible de las fotovoltaicas y la creación de una burbuja especulativa alentada principalmente por agentes ajenos al sector eléctrico, que han acabado convirtiéndola en un producto financiero.

La producción fotovoltaica estimada en España para 2012 supondrá un 3 por ciento de la producción total, con un coste del 15 por ciento, y la termosolar aportará un 2 por ciento, con un coste del 8 por ciento. Este exceso retributivo ya se había identificado con antelación, pero el ministro Sebastián no llevó a cabo ningún ajuste y permitió la instalación de más de 3.000 MW, cuando el objetivo del PER era de 471 MW, con un coste anual para los consumidores de 2.500 millones de euros.

No podemos seguir pretendiendo tener mayor capacidad fotovoltaica que Estados Unidos ni seguir pagando con el dinero de todos la curva de aprendizaje de una tecnología que importa masivamente los paneles solares de China. La rectificación del Gobierno debe pasar por una regulación estable y una planificación energética ordenada y con visión de largo plazo, que abarate el precio de la energía para las empresas y los consumidores.


ABC - Opinión

Laicismo, pero sólo contra los católicos

El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está inmerso en una cruzada permanente contra el cristianismo, mientras se muestra extraordinariamente próvido con otras culturas, incluso si son tan opresoras y arcaicas como la islámica.

La polémica por el uso del velo islámico en los centros de enseñanza, como ha ocurrido recientemente en un instituto de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, es un ejemplo, otro más, de cómo la coacción institucional provoca más problemas que los que pretende resolver.

Vaya por delante nuestro respeto a las decisiones individuales de los ciudadanos respecto a su indumentaria o sus prácticas religiosas, si bien es cierto que en el caso del velo musulmán portado por niñas resulta difícil determinar hasta qué punto es una decisión de las jóvenes o una imposición parental para respetar determinados usos socioreligiosos. En todo caso, estas cuestiones no se resuelven con la redacción de nuevas leyes para imponer una regla uniforme según el particular criterio del partido en el poder, sino, como ha hecho acertadamente la Comunidad Autónoma de Madrid, dejando que los propios centros, de forma independiente, decidan sobre las normas internas que deben regular la convivencia de la comunidad escolar. En última instancia, esa decisión equivale a permitir que los padres decidan el modelo de contexto educacional que quieren para sus hijos, y nada hay más sano ni más apropiado que los propios ciudadanos decidan libremente cómo quieren ordenar su vida y la de los suyos.


Ahora bien, dicho esto, es también necesario constatar, una vez más, la profunda hipocresía de los socialistas a la hora de tratar asuntos que afectan a los derechos y libertades de los ciudadanos, especialmente en todo lo que se refiere a las creencias religiosas particulares y el respeto que el estado debe observar hacia ellas.

El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está inmerso en una cruzada permanente contra los principios y valores que informan nuestra civilización, imposibles de desligar del legado cristiano sedimentado a través del paso de los siglos, mientras que se muestra extraordinariamente próvido con otras culturas, incluso si hacen gala de un profundo desprecio por los derechos y libertades de las personas, como ocurre con el Islam. Si el laicismo radical de Zapatero exige la supresión de toda manifestación pública de la religión según las arcaicas tácticas del marxismo, debería explicar el por qué de su docilidad hacia una confesión teocrática como el Islam que exige la sumisión de la vida civil a los preceptos de su fundador, lo que incluye el menosprecio hacia la mujer en todas las esferas. El perfectamente inútil ministerio de Igualdad también podría ilustrarnos sobre la curiosa forma en que sus grupos subvencionados de presión se felicitan de la existencia de nuestro país de unas prácticas que, sobre el papel, deberían ser los primeros interesados en erradicar.

Es necesario exigir al gobierno que deje de meter las manos en asuntos que no le competen como el derecho de los ciudadanos a expresar sus convicciones religiosas, siempre que no dañen los derechos y libertades de terceros. Pero, sobre todo, urge demandarle a Zapatero un mínimo de decencia intelectual. Nuestra herencia helénica, tamizada por Roma y materializada en el cristianismo, es demasiado valiosa para que un puñado de sectarios encaramados al poder la arrasen mientras otorgan carta de naturaleza a creencias foráneas que, estas sí, suponen un retroceso brutal en el camino de civilización que tanto esfuerzo nos ha costado recorrer.


Libertad Digital - Editorial

El perdón que se dio España

LA polémica sobre la ley de amnistía de 1977 es un artificio de una parte de la izquierda para mantener vivo el estado de crispación y enfrentamiento en el que encuentra su única forma de vivir en la política actual.

La evidente pérdida de referencias ideológicas tras el colapso del Telón de Acero y la renuncia de la sociedad española a opciones extremistas se han traducido en un vacío de ideas que llena con desesperados intentos de resucitar causas pasadas, aun cuando el esfuerzo requiera la manipulación de la historia y la estafa a los ciudadanos. En esto están los sectores de izquierda que, escondiéndose tras la causa de Garzón, cargan ahora contra la ley de Amnistía de 1977, que es su manera de hacer ilegítima la Transición de la dictadura a la democracia y de renegar del pacto constitucional de 1978. Como bien dijo el Fiscal de la Audiencia Nacional al juez Garzón, es «un absoluto disparate jurídico cuestionar la legitimidad de origen de esa norma y, lo que es peor, atribuirle el estigma de «ley de impunidad»».

Esto último es bien cierto, porque el diario de sesiones del Congreso refleja la voluntad de los partidos de izquierda que promovieron la Amnistía. «Pedimos amnistía para todo, sin exclusión del lugar en que hubiera estado nadie», dijo el portavoz del Partido Comunista de España. «Casi todas las fuerzas políticas de esta Cámara -¡ojalá fueran todas!- tienen la voluntad de enterrar un pasado triste para la Historia de España», añadía el portavoz socialista. Aquella ley fue aprobada por un parlamento democrático y con ella España se daba a sí misma el perdón por un pasado fratricida. Los que ahora quieren derogar la ley de 1977 desprecian la dolorosa historia que la hizo necesaria y son los que están obligando a traerla a la memoria, como tuvo que hacer Esperanza Aguirre en el Parlamento madrileño para recordar a IU que nadie estuvo libre de culpa, que la II República fue traicionada por la izquierda en el fracasado golpe de Estado de 1934 y que pedir cuentas permitiría preguntar a la izquierda de hoy si condena el asesinato de José Calvo-Sotelo.

Esta izquierda sectaria y gritona debe asumir el tiempo en el que vive España y adaptarse a los valores constitucionales, porque su momento histórico ha caducado, como bien se encargan de recordar ellos mismos cuando lanzan el «no pasarán» que sonaba en el Madrid de 1936, con la diferencia de que, en 2010, todos hemos pasado ya a la democracia y a la libertad gracias a la Constitución de 1978.


ABC - Editorial