domingo, 2 de mayo de 2010

Zapatero, desbordado. Por José María Carrascal

ESTO, señoras y señores, no da más de sí. Me refiero a la era Zapatero. Nuestro presidente se encuentra desbordado por todos los flancos, el doméstico y el internacional, el económico y el político.

Todos sus planes se han venido abajo: las medidas anticrisis, la negociación con ETA, la presidencia europea, el estatuto catalán. Incluso cuantas más mujeres mete en el gabinete, más mujeres son asesinadas por sus parejas y hasta su equipo, el Barça, pincha en la Liga de Campeones. ¿Qué está haciendo ante el problema griego? Absolutamente nada. Todo el protagonismo se lo llevan Ángela Merkel, Van Rompuy, Sarkozy o cualquiera que pase por allí. Él bastante tiene con repetirnos que no somos Grecia y que la recuperación está a la vuelta de la esquina. Patético. El último ridículo, pues ha perdido hasta ese sentido, es ese anuncio de reducir altos cargos y empresas públicas, que supondrá un ahorro de 16 millones de euros. ¿Saben ustedes cuánta es la deuda española que caduca este año? Pues nada más y nada menos que 225.000 millones de euros. No han leído mal, doscientos veinticinco mil millones de euros. ¡Y quieren refinanciarlo ahorrando dieciséis! O creen que los demás son tontos o los tontos son ellos. Claro que, acostumbrados a que los españoles nos creamos todas sus mentiras, tal vez esperan que las crean los extranjeros. ¡Pero menudos son los inversores! Esos las ven venir y refinanciar esa deuda va a costarnos un ojo de la cara, como a los griegos les cuestan los dos refinanciar la suya.

¿Qué va a hacer este hombre, más sólo que Gary Cooper en la famosa película? Pues lo de la recuperación en puertas no se lo cree ni él, ya han visto que cambió «el mes que viene» por «los próximos meses» y que cifra su mayor logro en que «el 80 por ciento de los parados tienen cobertura». Si todo cuanto hace frente a la crisis se reduce a pagar el seguro de desempleo, ¿qué va a hacer cuando todos estemos en el paro menos él?

Tiene ante sí dos caminos: o seguir instalado en la ilusión y la mentira en espera del milagro o dar un giro de 180 grados a su política económica -si puede llamarse política económica a lo que viene haciendo- y se pone a hacer lo que le recomiendan todos los expertos y organismos nacionales e internacionales: recorte a fondo del gasto público, incluido el social, reformas del mercado laboral, congelación de sueldos y salarios, retraso de la edad de jubilación y otros malos tragos por el estilo.

Conociéndole, sabemos que elegirá la primera opción. No porque desconozca que la segunda es la correcta -hasta ese punto no llega su ignorancia-, sino por ser una de esas personas incapaces de admitir que se ha equivocado. Como la mayoría de los incapaces. Así que, señoras y señores, abróchense los cinturones de seguridad.


ABC - Opinión

Batasunos en libertad

En los últimos días hemos asistido a una secuencia de acontecimientos relacionados con el mundo de ETA y de Batasuna que han provocado estupor y que han despertado la lógica inquietud en la sociedad y, muy especialmente, en las víctimas del terrorismo.

Que se atribuya a la casualidad la puesta en libertad de 22 miembros destacados de Batasuna, el esperpéntico episodio de la salida de prisión de Rafael Díez Usabiaga, la no menos chocante liberación del ex cabecilla terrorista Iñaki de Rentería o la insólita desaparición del asesino múltiple Ignacio de Juana Chaos es una interpretación que algunos asumirán con rapidez para no dar crédito a otros escenarios mucho más desasosegantes. La cascada de responsables del brazo político de ETA que han abandonado las prisiones en los últimos cuatro meses, adelantada el sábado por LA RAZÓN, se llevó a cabo con la oposición de la Fiscalía y de las acusaciones en la mayoría de las ocasiones. Hablamos de personas encausadas por delitos importantes relacionados con los distintos intentos de sucesión de la formación ilegalizada Batasuna, organización, no lo olvidemos, integrada en la banda terrorista.

Algunos colectivos cívicos, como Dignidad y Justicia, han denunciado que se trata de una estrategia y un montaje para que un sucedáneo batasuno se pueda presentar a las próximas elecciones municipales y se escenifique en la calle la ruptura entre ese colectivo y la banda que tantos años nos han vendido como inminente y que nunca se ha producido. Es una lectura probable, que sólo el tiempo demostrará si es acertada o no. Sin embargo, creemos que con seguridad los proetarras intentarán de nuevo «colar» una de las denominadas listas blancas en los próximos comicios, porque el coste económico y político para la estrategia de ese mundo de quedarse fuera de las instituciones podría ser definitivo en su creciente aislamiento.

El Gobierno y el Estado de Derecho se enfrentarán en los próximos meses a otra reválida sobre su compromiso con la exitosa política antiterrorista actual. Que se repitieran escenas como las de hace cuatro años con candidaturas proetarras admitidas prácticamente «a dedo» o años antes cuando se hizo la vista gorda con el Partido Comunista de las Tierras Vascas representaría un paso atrás grave. Esperamos que no sea así y que el principio de legalidad se imponga con rigor sin atajos ni medias verdades. Porque, de momento, no hemos oído a nadie de Batasuna, a ninguno de esos 22 dirigentes puestos en libertad contra el criterio del Ministerio Público, expresar su rechazo y su condena de la violencia terrorista.

Entendemos y compartimos la inseguridad y el desconcierto de los ciudadanos y de las víctimas ante las noticias de los últimos días. Nos parece un acto de responsabilidad que Mariano Rajoy pidiera explicaciones al Gobierno por la fuga de De Juana y la excarcelación de Usabiaga. Que el Ejecutivo lo desoyera e incluso dudara del apoyo del PP a la lucha antiterrorista ha estado fuera de lugar. La unidad política resulta imprescindible en la derrota de ETA, pero eso no significa que el PP deba renunciar a su deber de controlar al Gobierno también en este asunto.


La Razón - Editorial

Demostración sindical. Por M. Martín Ferrand

HAY pancartas que, más que un grito en la calle, son denuncia de la intención oculta de quienes las portan. Quien escribe, aunque sólo sea una frase, se retrata.

Incluso se radiografía y, quizá por eso, los malvados ágrafos son más difíciles de detectar que los grafómanos. Ayer, 1º de Mayo, asistimos a una auténtica «demostración sindical», tal y como las que organizaban José Antonio Girón, Fermín Sanz-Orrio, Jesús Romeo Gorría o Licinio de la Fuente; pero sin danzas ni gimnasia en el Bernabéu. ¿Cabe mayor demostración que una pancarta «por el empleo con derechos y la garantía de nuestras pensiones»? El empleo ha de tener derechos, no necesariamente obligaciones, y las pensiones a defender son las «nuestras», en ningún caso las ajenas.

Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, «compañeros del metal» y líderes por advenimiento de las mayores centrales sindicales españolas, reclamaban ayer un acuerdo para la reforma laboral entre el Gobierno y los «agentes sociales». Al hacerlo, se atribuían así mismos una representatividad que no tienen y le otorgaban a la patronal la que tampoco les corresponde. Una cosa es que, por miedo a una huelga, José Luis Rodríguez Zapatero trate de escurrir el bulto con la pretensión de que esos «agentes sociales» -¿quién les habrá dado tan equívoca titulación?- acuerden el marco para las relaciones entre empleados y empleadores y otra muy distinta que ello sea posible o, incluso, conveniente. El esqueleto, y buena parte de la chicha, de nuestra normativa laboral vigente es preconstitucional, arranca del sindicalismo vertical que ampararon los ministros franquistas citados más arriba. ¿Es eso lo que se quiere perpetuar?

La porción económica y social de la grave crisis que padecemos es, también, responsabilidad directa del Gobierno. Le corresponde tomar la iniciativa y someterla al Parlamento, no a los «agentes sociales», un estrambote del sistema cuya representatividad es escasa y que, a juzgar por los hechos y según pueden testificar cuatro millones y medio de parados, están más animados por el servicio político que por el interés de los trabajadores, con o sin puesto de trabajo, y de los empresarios, grandes, pequeños o autónomos en apuros. Los supuestos de nuestro presente laboral son insostenibles en lo público y en lo privado. Habrá que cambiarlos digan lo que digan las pancartas y sus portadores.


ABC - Opinión

Catalina II y el príncipe Potiomkim. Por Jesús Cacho

“Estamos jodidos con mi paisano Zapatero”, escribe un lector de El Confidencial esta misma semana.

“Lo conozco mucho personalmente, porque tomé vinos con él por el Barrio Húmedo leonés y más de una vez viajamos juntos en coche, con otros diputados, desde Benavente a Madrid. Nunca dio la impresión de ser muy listín, pero lo que siempre me admiró fue su condición de gorrón recalcitrante: José Luis ni ponía coche, ni hacía ademán de pagar el peaje, y mucho menos sacar la cartera si teníamos que visitar una gasolinera. Todos pagábamos menos él. Alguno se descaraba y le afeaba la conducta, pero el tío se hacia el distraído y hasta la próxima. Y si te lo encontrabas en el bar del Congreso, se escabullía para no tener que invitarte a un café. Nada de nada. Y nunca. Un caso de libro de no saber andar por la vida. De modo que estamos superjodidos, Jesús, porque si éste tiene que arruinar España para seguir en el machito, lo hará, no te quepa la menor duda”.

Más allá del valor de lo meramente anecdótico, el relato pone en evidencia un rasgo definitorio del carácter de un hombre preocupado por sí mismo y su carrera, con desprecio de todo lo demás. Un hombre todo ambición, desde luego, pobremente pertrechado, en lo que a cualificación intelectual y experiencia profesional se refiere, para la tarea de presidir el Gobierno de un país desarrollado, a quien de pronto el edificio se le ha venido encima o tal parece. Y a nosotros con él. Habían repetido hasta la saciedad que nunca llegaríamos a tasas de desempleo del 20% de la población activa. Ya la hemos rebasado. Un país donde 20 de cada 100 personas que quieren trabajar no pueden, es un país enfermo, aquejado por graves problemas estructurales y obligado a movilizarse frente a una situación que cualquier sociedad libre calificaría de emergencia nacional. Ahora, el eslogan oficial que el aparato de agitación y propaganda de Moncloa ha empezado a expender en plaza pública es que nunca llegaremos a los 5 millones de parados. Ojalá acierten, por una vez, aunque todo apunta a que a final de año estaremos por encima de ese nuevo tope. Si el Gobierno Zapatero fuera tan bueno gestionando la economía española como lo es mintiendo y/o enmascarando la realidad, España sería el país más rico del mundo y los españoles nadaríamos en la abundancia.

El mismo miércoles en que se conoció “por error” la EPA del primer trimestre del año, la agencia Standard & Poor's volvió a rebajar el rating de España un grado, desde AA+ hasta AA, manteniendo, además, la perspectiva negativa para la deuda pública de nuestro país, lo que indica que podría haber nuevas rebajas en el futuro, un movimiento que sigue a la decisión de la misma agencia de degradar hasta el nivel de bono basura la deuda griega y portuguesa. El mundo empresarial y financiero español vive desde entonces en una permanente sensación de pánico. “Esto se va a la mierda”, es la expresión más oída estos días en labios de gente muy principal. Sería interesante, por eso, conocer lo que el Banco de España sabe sobre la salida de capitales al exterior, aunque tal vez sea mejor no mentar la cuerda en casa del ahorcado. Como viene ocurriendo con un Gobierno de indigentes como el que preside Rodríguez Zapatero, lo peor es que esto se veía venir. Y también lo que está por llegar.

El Tesoro Público como pozo sin fondo

Lo hemos reiterado en esta columna casi hasta la saciedad. Desprovisto desde la entrada en la UE del mecanismo del tipo de cambio como palanca amortiguadora de los shocks de oferta y de demanda a los que se enfrentaba la economía española tras el estallido de la crisis, el Gobierno tenía que haber acometido de urgencia, ya en 2008, el saneamiento integral del sistema financiero, particularmente en lo que al subsector de Cajas se refiere, como requisito ineludible para que el crédito hubiera vuelto a fluir hacia particulares y empresas. De forma paralela o inmediatamente después, en todo caso en 2009, el Ejecutivo tendría que haber acometido un plan de ajuste drástico del gasto público, enviando a los mercados un mensaje de austeridad imprescindible para seguir contando con su confianza a la hora de financiar un déficit público que se te ha ido de las manos porque, José Luis, siempre pensaste que el Tesoro Público era una especie de pozo sin fondo (de un superávit de las cuentas públicas del 2,7 pasamos en un santiamén a un déficit del 11,4), del que se podía tirar ad aeternum para satisfacer el apetito de subsidios de los grupos que te sostienen en el Poder. Y, finalmente, tendría que haber acometido un plan liberalizador integral, basado en esas reformas estructurales por las que viene clamando cualquier profesional de la Economía desde hace tiempo, entre ellas, pero no solo ella, una reforma laboral que ayude a crear puestos de trabajo, no a destruirlos, asunto, José Luis, al que se opone frontalmente tu ministro de Trabajo en la sombra, el señor Méndez.

Entre refinanciaciones y créditos nuevos, España necesita emitir este año deuda pública por importe de 215.000 millones. ¿Quién la comprará?

Nada se ha hecho en este sentido. Todo sigue pendiente. Al dramatismo de la coyuntura, el Ejecutivo ha respondido con actuaciones populistas, fragmentarias e incoherentes, una política no solo ineficaz para combatir el desplome económico, sino incapaz de insuflar la imprescindible confianza en los agentes económicos sobre una pronta recuperación. El resultado del aumento del binomio gasto/déficit público no solo no ha servido para aminorar la trayectoria bajista del ciclo, sino que ha creado, además, una situación lesiva para la recuperación de la economía, cuya financiación se traducirá en una reducción de los recursos disponibles para el sector privado, lo que a su vez generará un efecto contractivo adicional. Por si esto fuera poco, la acumulación de deuda pública y privada en un entorno de recesión y de restricción crediticia amenaza con cerrar a cal y canto los flujos de crédito internos y externos a la economía española. En ausencia de un giro radical de la política fiscal, España se enfrenta a una crisis de deuda, esto es, a una eventual suspensión de pagos técnica como ya sucedió con el Reino Unido en 1976 y ahora mismo amenaza a Grecia. El dead line está ya muy cerca: el mes de julio,

¿Dónde está el problema? En la desconfianza radical que se ha instalado entre inversores, analistas y mercados en general sobre la capacidad del Gobierno Zapatero para hacer frente a la situación. Le ha costado, cierto, pero el ancho mundo ha terminado por darse cuenta de la calidad del paño que los españoles guardábamos en el arca de Moncloa. Arranque de un artículo aparecido en France-Soir el 14 de marzo pasado: “Han tardado seis años en descubrir que detrás de la sonrisa de Zapatero sólo había un mal gobernante, pero los principales líderes europeos ya conocen al presidente español, al que dan de lado y consideran un político dañino para España y para Europa”. La rebaja del rating de la deuda española significa, de entrada, que va a ser más difícil refinanciar esa deuda, y además a un mayor coste. Y que tanto las Administraciones como las empresas, por no hablar de los particulares, van a tropezar con creciente dificultades para conseguir crédito y van a tener que pagarlo mucho más caro.

Un grado de cinismo difícilmente soportable

Entre refinanciaciones y créditos nuevos, España necesita emitir este año deuda pública por importe de 215.000 millones. ¿Quién la comprará? ¿A qué precio? El Gobierno había anunciado para este viernes un magno plan de recorte del gasto en la Administración del Estado. Era un buen punto de partida para calibrar hasta qué punto el insensato que nos Gobierna estaba concernido por la situación y decidido por fin a tomar medidas drásticas. A la hora del almuerzo, sin embargo, la montaña del Consejo de Ministros parió, por boca de las dos vicepresidentas, un ratón paticorto y bobalicón: suprimir 32 altos cargos y reducir en 29 el número de empresas participadas por el grupo SEPI y los ministerios, todo ello para ahorrar… ¡16 millones de euros al año! Definitivamente esto no tiene remedio. Carente de voluntad política para afrontar el ajuste necesario, prisionero como es del voto más radical y menos dinámico de la sociedad, José Luis Rodríguez Zapatero es incapaz de gestionar una crisis como la que padecemos. Estamos gobernados por un necio, irresponsable y dogmático, y solo cabe esperar el milagro de un adelanto de las generales -cuanto antes mejor-, y pedir a los mercados que se apiaden de nosotros.

Y blindarse ante la sensación creciente de falta de respeto. Cada día resulta más difícilmente soportable el grado de cinismo que exhibe el Ejecutivo a la hora de tratar de enmascarar la situación. “Son medidas rotundas” (De la Vega el viernes, al referirse a los 16 millones de marras). “No es el momento ya de hablar de crisis económica" (Elena Salgado). Es evidente que un Gobierno, cualquiera, está obligado a transmitir serenidad y confianza aun en las condiciones más difíciles, pero de ahí a tratar a los gobernados como tipos obtusos a los que se puede manipular a placer media el abismo que separa la vergüenza torera de la indecencia más absoluta. Todo en este Gobierno es embeleco. Cartón piedra. Propaganda. Herederos de aquel príncipe Potiomkim, capaz de tomar las medidas necesarias para que los territorios que la emperatriz Catalina II visitaba (caso de un célebre viaje a la Crimea recién anexionada en 1787) pareciesen más ricos y poblados de lo que eran en realidad, llegando incluso a construir falsos pueblos. También a nuestra castiza Isabel II le engañaron con algo parecido. En la España del 2010 todos somos tratados como Catalina II por su Grigori Potiomkim. Con Garzones como reclamos y conflictos civiles que ganar setenta años después de perdidos. Y mucha legislación radical: Ley de Igualdad de Trato, Ley de Libertad Religiosa… Es lo que se nos viene encima, lo que nos espera de aquí al final de la Legislatura. Lo que sea necesario para enmascarar su incapacidad para sacar al país del atolladero.


El Confidencial - Opinión

Lo que España tiene que aprender de Grecia. Por Emilio J. González

En España hay donde aplicar la tijera con fruición, por ejemplo, acabando con todos esos derroches que suponen el Plan E, el Plan Renove y demás ocurrencias salidas de esa caldera hirviente donde se cocinan las ideas económicas de Moncloa y sus aledaños.

Grecia es un ejemplo de lo que le puede pasar a España como el Gobierno siga engañando con las estadísticas económicas –véase su intento de maquillar los datos de la EPA que acaba de publicar el INE– y, sobre todo, cómo el Ejecutivo continúe de brazos cruzados frente a la crisis, a la espera de que se produzca una casi imposible recuperación económica de la UE que, como un milagro, nos saque de ésta. Pero lo que no es el país heleno es el ejemplo de las medidas que hay que tomar para resolver los graves problemas financiero-presupuestarios que atraviesa España.

Los griegos han optado por elevar drásticamente los impuestos y recortar el sueldo de los funcionarios. Lo primero tiene toda su lógica en un país en el que el fraude y la evasión fiscal han sido una constante a lo largo de las últimas décadas. Es un caso muy parecido al de los países latinoamericanos con peor comportamiento presupuestario, en especial Argentina, en los que el Estado gasta sin tener recursos para ello porque todo el que puede evita el pago de impuestos como sea. Claro que, todo sea dicho, esto ocurre en naciones en las que los líderes políticos merecen poca o ninguna confianza al contribuyente que, como es lógico, trata de evitar que le metan la mano en la cartera para que su dinero termine en la cuenta corriente en Suiza, Bahamas o las Islas Caimán de cualquier miembro del Gobierno o de la Administración. Que también ha pasado en Grecia, dicho sea de paso, con lo cual el país heleno tiene que tirar por el camino de incrementar los ingresos, aunque la verdad es que la mejor forma de hacerlo sería perseguir el fraude fiscal y la corrupción y no tanto el aumento de la presión fiscal. En cuanto al sueldo de los funcionarios, probablemente los griegos no tengan mucho más margen para recortar el gasto público, tal y como les ha recomendado el FMI.

Con España, sin embargo, la cosa es distinta. Yo, desde luego, en una agenda de recorte del gasto público no daría prioridad al sueldo de los funcionarios, al menos de los del Estado, por varias razones. En primer término, porque aquí hay donde aplicar la tijera con fruición, por ejemplo, acabando con todos esos derroches que suponen el Plan E, el Plan Renove y demás ocurrencias salidas de esa caldera hirviente donde se cocinan las ideas económicas de Moncloa y sus aledaños. Por ejemplo, también, en el dineral que Zapatero está dedicando a promocionarse por el mundo como gran líder internacional, dando ayudas para construir el metro de Hanoi, repoblar de árboles zonas de Afganistan, ayudar a las asociaciones homosexuales de Zimbawe, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez hecho esto, la segunda prioridad sería embridar a las autonomías, auténticas fuentes de derroche de los dineros públicos, empezando por reducirles drásticamente las transferencias de recursos desde el Estado para obligarlas a apretarse el cinturón, o a subir los impuestos si quieren seguir gastando como lo vienen haciendo hasta ahora y hacerlas responsables directos ante los ciudadanos de sus políticas de derroche. Y, por último, pero no menos importante, acabaría de un plumazo no solo con los miles de asesores que pueblan el Estado y las administraciones territoriales, cuya finalidad es, sobre todo, la de proporcionar puestos de trabajo bien remunerados a los amigos del partido y afines, sino también con aquellos departamentos inútiles, como los ministerios de Igualdad y Vivienda o la Vicepresidencia Tercera del Gobierno, ya saben, la de Chaves.

Lo que desde luego trataría de evitar por todos los medios es tocar el sueldo de los funcionarios y ello por varios motivos. En primer término, porque muchos de ellos, sobre todo los del Estado, tienen retribuciones más bien escuetas. Es verdad que disfrutan de un empleo garantizado de por vida y que también tienen que asumir su parte en los sacrificios que tenemos que hacer los españoles para salir de la grave situación en que nos ha metido el Gobierno. Pero también resulta igualmente cierto que muchos de ellos apenas sobrepasan los mil euros mensuales. En segundo lugar, una de las cosas que necesita España para salir de la crisis es aumentar el consumo. Si alguien puede hacerlo en estos momentos son los funcionarios, que no se enfrentan a las incertidumbres laborales del resto de los trabajadores y, por tanto, no necesitan incrementar su nivel de ahorro por lo que pueda venir en el futuro, ya que para ellos el futuro económico está asegurado. En consecuencia, yo no tocaría esta partida salvo que fuera estrictamente necesario.

En cuanto a los impuestos, el problema en España es que en los años de la burbuja las Administraciones Públicas han contado con fuertes ingresos extraordinarios, relacionados con la tributación de la vivienda, que han desaparecido de un plumazo en cuanto la situación ha estallado. Dichos ingresos se han utilizado para expandir el gasto sin razón. Pues lo lógico es que la estrategia sea ahora la contraria, es decir, la de acabar con todos esos pagos innecesarios, empezando por los coches oficiales y demás gastos de representación, con el fin de ajustarlos a los verdaderos flujos de entrada de dinero en las arcas públicas y permitir, además, rebajas fiscales que ayuden a las empresas y autónomos a sobrevivir y, posteriormente, crear empleo. En este sentido, resulta del todo punto contraproducente, como ya hemos escrito en repetidas ocasiones los columnistas de Libertad Digital, la subida del IVA que entrará en vigor en julio porque segará de raíz los incipientes brotes verdes que empiezan a asomar en algunas comunidades autónomas bien gestionadas, como la de Madrid, para devolvernos de hoz y coz a la recesión.

En resumen, lo que tenemos que aprender de lo que está sucediendo en Grecia es lo que nos puede ocurrir a nosotros si no hacemos nuestros deberes, pero de lo que tenemos que olvidarnos es de seguir su estrategia de saneamiento porque las cosas son muy distintas y las causas de la crisis muy diferentes. Lo malo es que a más de uno de los que se mueven por el Gobierno y sus aledaños no hay forma de que le entre en la cabeza que la estrategia de más gasto nos está conduciendo al desastre socioeconómico que refleja la última encuesta de población activa y a la catástrofe financiera que temen los mercados y que las subidas de impuestos agravan aún más si cabe nuestros males, de la misma forma que siguen sin entender que como aquí no haya una reforma laboral de verdad, no sólo vamos a tener crisis para largo, sino que nos vamos a cargar definitivamente el ya de por sí endeble sistema público de pensiones. Avisados estamos.


Libertad Digital - Opinión

La culpa es de Ángela. Por Ignacio Camacho

CUANDO el empleo ofrezca algún síntoma razonable de recuperación en España, lo que ocurrirá bastante más tarde de lo que proclama Zapatero, el presidente sacará pecho y blasonará de haber atravesado la recesión sin graves conflictos sociales.

Desde su particular punto de vista confunde problemas sociales con problemas políticos porque éstos son los únicos que realmente le importan. En el discurso zapaterista, la verdadera preocupación de la crisis consiste en minimizar el descontento electoral que provocan casi cinco millones de parados antes que en encontrar una salida para una quiebra de la que el Gobierno no se siente responsable. De ahí el pacto de hierro que ha sellado con los sindicatos, basado en la extensión de los subsidios que garantizan la paz en la calle. Mientras en fechas como el 1 de mayo no se oiga una sola protesta laboral contra el poder -ayer hubo críticas... ¡a Angela Merkel! por su tardanza en ayudar a Grecia: puro internacionalismo proletario-, la estrategia económica gubernamental estará orientada casi exclusivamente hacia la forma de encontrar el dinero para sostener el gigantesco gasto de cobertura. El déficit sólo inquieta en la medida en que pueda comprometer la financiación de esa inmensa red paliativa.

Por eso, frente a una opinión pública que resalta las escandalosas cifras del paro como el retrato de un fracaso social, el Gobierno las interpreta con una relativa tranquilidad respecto a su grado de influencia en la estabilidad política. Confía en que los subsidios y el amplio colchón de economía sumergida sigan amortiguando la caída de la renta disponible de los desempleados y les permitan mantener una cierta capacidad de consumo. Lo urgente para los intereses políticos, pues, no es tanto impulsar las condiciones de contratación como asegurar el flujo de fondos públicos que evitan el descontento y la conflictividad.

La razón de fondo de esta estrategia es la convicción del presidente de que la crisis se irá tan sola como vino. Zapatero nunca ha dejado de considerar la recesión un accidente externo, una especie de tormenta que acabará alejándose por sí misma a remolque de los complejos procesos internacionales que la desencadenaron. Su prioridad continúa siendo la de resistir, y si ahora esboza amagos de reformas en las que de ninguna manera cree es porque de veras piensa que estamos en un punto de inflexión y necesita tranquilizar a los mercados de deuda que le permiten financiar los mecanismos asistenciales. Su esfuerzo actual se centra en la elaboración de una retórica reformista que eluda la contradicción con su tozudas -y tan recientes- proclamas inmovilistas. Va a chirriar la maniobra, pero ésa es su especialidad; siempre ha sido un experto en reinvenciones de sí mismo. Y si no cuelan, sus complacientes aliados sindicales estarán ahí para oponerse con mucha firmeza a la cicatería prestamista de Ángela Merkel.


ABC - Opinión

Lasarte. Por Alfonso Ussía

Buen piso el de la mamá de Usabiaga en Lasarte. Vive con una hija, y linda puerta con puerta con el de la otra hija, la casada. Esta perfectamente atendida.

Además, que de no estarlo, nada pasaría, porque la mamá de Usabiaga sale de paseo, charla con sus vecinos y compra pastelillos para compartirlos en familia los días de fiesta. La mamá de Usabiaga está como un trueno, de sana y fuerte. Leo en un «puntazo» de LA RAZÓN: «La burla de Usabiaga a la Justicia, al descubierto». Hay que matizar el titular. Usabiaga se ha aprovechado de la Justicia, pero no se ha reído de ella. El que se ha reído de la Justicia ha sido Garzón. El juez en su tramo final ha decidido echar por tierra lo más aceptable y meritorio que llevó a cabo durante su carrera. Ni la mamá de Usabiaga está sóla, ni la mamá de Usabiaga esta impedida y necesitada de los cuidados y mimos de su hijo etarra, ni patatín ni patatán. Un magnífico piso en Lasarte, a dos pasos de San Sebastián, y goza de muy buena salud. Formidable trabajo de Cancio para nuestro periódico.

Lasarte anuncia el viento sur en la costa guipuzcoana. Allí se ubica el complejo industrial de «Lizarriturri y Rezola», que fabrica –o fabricaba–, el conocido “Jabón Lagarto”. Cuando San Sebastián olía a «Lagarto» en la atardecida, se sabía que el día siguiente amanecería tórrido y húmedo. En invierno, el viento sur es una bendición, y en verano, una agonía. También en Lasarte está el Hipódromo. Se construyó por iniciativa del «batasuno y aranista» Alfonso XIII, Rey de España. El Hipódromo es el orgullo de Lasarte, lo que ha salvado a muchos de sus vecinos de la opresión de la aldea. La «batasuna y aranista» Familia Real de España es la causante de muchas de las terribles desgracias sufridas por los guipuzcoanos. Por su culpa, existe el Palacio de Miramar, sobre el Pico del Loro, dominador de las dos playas de La Concha, la del mismo nombre que la bahía y la de Ondarreta.


La Familia Real y los veraneantes de Madrid que arrastraron hasta allí, elevaron a San Sebastián a Capital de España durante el verano. Existen decenas de Reales Sociedades y Reales Clubes por aquella zona, entre ellos la Real Sociedad de Fútbol de San Sebastián, el equipo de todos los guipuzcoanos, auspiciado y realzado por Alfonso XIII. Insisto en el Hipódromo, desde cuyas tribunas se domina la ciudad, antes aldea, de Lasarte. Allí se disputan las más tradicionales carreras de caballos de España, y más aún, desde que los golfos se adueñaron del Hipódromo de La Zarzuela y arruinaron el invento, que no ellos, y de esa época mucho tiene que saber el ex-presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz. Allí en Lasarte se disputa la codiciada «Copa de Oro» en los finales de cada verano, que se instituyó en tiempos del franquismo, y por ende, habrá que suprimirla de acuerdo con la Ley de la Memoría Histórica. Y en Lasarte vive la mamá y la familia de Usabiaga, y hacen muy bien, porque el nivel de vida es alto, las comunicaciones perfectas, y sus entornos, un prodigio de la naturaleza. Bosques de hayas, castaños y robles interminables.

Usabiaga puso la excusa de su madre para salir de la cárcel. Yo hubiera hecho lo mismo. Para recuperar la libertad, el hombre es capaz de inventarse lo que sea. Usabiaga no concretó en su petición al juez en su último tramo, que tenía dos hermanas y que su madre disfrutaba de una salud envidiable. Yo hubiera hecho lo mismo. Pero Garzón no se esforzó en conocer la situación de la madre del etarra y batasuno, y le abrió las puertas de la prisión. Usabiaga ha hecho lo correcto y lo que se espera de un preso. Garzón no ha cumplido –una vez más– con sus obligaciones y responsabilidades de juez. El que se ha reído de la Justicia ha sido Garzón, no el mentiroso de Usabiaga. A De Juana Chaos le ha sucedido algo parecido. No lo vigilan, pues se ha largado. En este caso, el responsable es el ministro de Interior. En el de Usabiaga, Garzón. O está blindando su seguridad o cumpliendo a rajatabla las indicaciones del Gobierno para alcanzar un acuerdo electoral con las fuerzas etarras. Se puede interpretar así sin caer en la calumnia. Cosas que pasan en Madrid y Lasarte, a un paso de San Sebastián, esplendor de los paisajes del norte de España.


La Razón - Opinión

1 de mayo, sepelio escuálido y triste

Los sindicatos, que son ya inoperantes en todo menos en subsistir como burocracia paraestatal, corren el riesgo de convertirse en algo prescindible e intrascendente, lo cual es una excelente noticia para la sociedad española

Hace unos años nuestro añorado Carlos Semprún Maura decía que las convocatorias sindicales del Primero de mayo se parecían más a un sepelio que a una manifestación propiamente dicha, “con desfiles cada vez más escuálidos, y mítines pocos concurridos”. Aunque hablaba de las que tuvieron lugar por aquella época, año 2004, en Francia, tanto la escualidez como la flojísima entrada de manifestantes eran perfectamente homologables con las españolas.

Hoy, seis años después, sigue siendo así, con la diferencia de que entonces la economía se encontraba en plena onda expansiva y hoy la destrucción de empleo alcanza cotas nunca vistas antes, al menos en lo que toca a España. Los sindicatos siguen retozando en la seguridad que les da saberse blindados a cualquier reforma, aunque luego no representen a casi nadie. Sus líderes, lejos de ejercer el papel que les corresponde, son meras correas transmisoras de las consignas que emite el Palacio de la Moncloa. Su discurso reaccionario, basado en mantener los privilegios laborales de unos pocos, no ha cambiado un ápice desde hace décadas. No concitan adhesión alguna más allá de los liberados y cierta izquierda sociológica cerril y amojamada por el tiempo.

Ante semejante panorama, la casta sindical tiene aún la desvergüenza de levantar el dedo acusador erigiéndose como árbitro moral repartiendo culpas y ofreciendo caducas recetas que lo único que persiguen es apuntalar sus propias prebendas. Llenarse la boca de demagogia antialemana como hicieron Méndez y Toxo durante la jornada de ayer muestra el lamentable nivel al que han llegado la UGT y CCOO, que en otros tiempos convocaron dos huelgas generales contra los Gobiernos de Felipe González. Como en las repúblicas bananeras, la culpa de los males propios se busca fuera, al tiempo que se pide reincidir en las mismas medidas que nos han conducido a esta situación de desempleo, endeudamiento y destrucción de riqueza.

Tales son los mimbres de los dos sindicatos mayoritarios, niños mimados del Gobierno a quien respetan como padre próvido en larguezas y adulaciones. Por eso, aparcando la cuestión laboral, se han lanzado a atacar al PP y, especialmente, a proseguir la interminable campaña de apoyo al juez Garzón. Y esto en pleno Primero de mayo, supuesto día de los trabajadores. La agenda de Zapatero y de las dos centrales es ya, a estas alturas, idéntica hasta el punto de que podría asegurarse que UGT y CCOO son, a efectos prácticos, parte del Gobierno.

Tal vez ese sea el motivo por el que la asistencia a la manifestación en Madrid y otras ciudades de España ha sido tan, digamos, escuálida. Los sindicatos, que son ya inoperantes en todo menos en subsistir como burocracia paraestatal, corren el riesgo de convertirse en algo prescindible e intrascendente, lo cual es una excelente noticia para la sociedad española. Sólo es necesario que esa insignificancia se vea traducida en la eliminación de los cuantiosos fondos que les transfiere el Estado. Así, si quieren existir, que lo hagan con las cuotas de sus socios, pero no con el dinero extraído a la fuerza a todos los contribuyentes, a quienes insultan y maltratan cada vez que alguno de sus portavoces se atreve a abrir la boca.


Libertad Digital - Editorial

Paseo sindical

LOS sindicatos celebraron ayer el Primero de Mayo con una evidente falta de interés político y una notoria voluntad de no incomodar al Ejecutivo socialista.

Después de oír a los líderes sindicales, cabría preguntarse si existe Gobierno en España y si tal Gobierno tiene alguna responsabilidad en el 20,05 por ciento de desempleo, en los 4.600.000 desempleados y en las 1.300.000 familias con todos sus miembros en paro. Aquellos combativos sindicatos que culpaban a los Ejecutivos de turno de todos los males, incluso en tiempos de bonanza, pasearon ayer sus banderas y pancartas con exquisita ocultación de la responsabilidad política del Gobierno de Rodríguez Zapatero, salvo alguna mención crítica de pasada, enseguida compensada con otra aún peor hacia el PP. En lugar de centrarse en la realidad de este país, los dedos acusadores señalaron a los mercados financieros, los mismos que tienen que financiar el déficit público para que los parados españoles sigan cobrando sus subsidios, y los jubilados, sus pensiones.

No deja de ser un sarcasmo que el lema de la convocatoria conjunta de CC.OO. y UGT -«Por el empleo con derechos y la garantía de las pensiones»- no llevara a ambas organizaciones a protestar explícitamente contra el Gobierno que menos derechos da a los trabajadores, porque se están quedando sin su derecho principal, que es trabajar, y que más inquietud ha sembrado sobre el futuro de las pensiones, recomendando unas veces que se cojan planes privados, alertando otras de que en diez años el sistema público puede fallar y confundiendo siempre a todos, incluida Bruselas, sobre lo que el Gobierno quiere realmente hacer con este pilar del Estado de bienestar.

En una sociedad democrática, las instituciones políticas y las organizaciones sociales, empezando por las empresariales, deben asumir su responsabilidad, no sólo para justificar su existencia, sino para permitir que el sistema funcione eficazmente. Si los sindicatos ocupan el espacio de la representación de los trabajadores, con reglas de mejorable calidad democrática y privilegios de dudosa necesidad, es para defender los intereses laborales, sobre todo en tiempo de crisis. Pero en España los sindicatos están conllevando el desplome del mercado laboral como si fueran portavoces del Gobierno. La realidad, sin embargo, está estrechando este margen de coalición entre uno y otros, y ya ayer reconocieron que es posible llegar a los cinco millones de parados. Ante esta expectativa, lo mínimo que cabe esperar de los sindicatos es una respuesta autónoma y no un incomprensible cierre de filas con el Gobierno.


ABC - Editorial