domingo, 16 de mayo de 2010

Moción de confianza. Por Ignacio Camacho

NO ha sido una rectificación; ha sido una enmienda a la totalidad.

Por la dureza del ajuste y, sobre todo, por la contradicción radical que supone con la política y el discurso que el Gobierno ha mantenido con terquedad durante los dos últimos años, el tijeretazo de Zapatero supone una moción de censura contra sí mismo. Y no la ha presentado por convicción, ni por arrepentimiento, ni por la necesidad de adaptarse a las circunstancias, sino por el imperativo categórico de unos socios europeos decididos a cerrar el grifo de financiación de su dispendio proteccionista. Es decir, conminado y a la fuerza. De tal modo que no estamos ante un volantazo propio de la incoherencia del líquido estilo presidencial, sino ante la confesión ineludible de un terminal fracaso político.

Ese fracaso inhabilita al presidente para aplicar una política en la que no cree, cuya filosofía y términos ha impugnado con contumacia tan frívola como irresponsable. Un gobernante no puede presentarse en el Parlamento con un programa radicalmente distinto al que ha venido defendiendo sin que ese cambio determinante tenga consecuencias inmediatas. Al admitir que su política anticrisis se ha estrellado en el más estrepitoso descalabro, Zapatero ha perdido la legitimidad y el derecho a reclamar de los ciudadanos un sacrificio que él no consideraba necesario. Si quiere reinventarse ha de pasar por una elemental prueba de confianza a la que no se ha sometido.

Para ello sólo tiene tres salidas. La más elemental sería la de convocar elecciones y buscar en las urnas la ratificación de su nueva estrategia o dar paso a quien resulte elegido para aplicar la suya. No lo hará por la comprensible aunque poco patriótica razón de que perdería. La segunda posibilidad pasa por entregar el poder a otro miembro de su partido menos contaminado por el fracaso de la gestión para que se someta a la convalidación parlamentaria mediante una sesión de investidura. Y la tercera, presentar de inmediato una moción de confianza que le otorgue, si puede obtenerlo, el respaldo del que ha quedado desposeído al impugnar su propia política.

Lo único que no puede hacer es continuar como si nada hubiese ocurrido, circulando tan campante en dirección contraria de sí mismo. El poder democrático requiere un grado mínimo de responsabilidad sin el cual se convierte en un mero ejercicio de cinismo que invalida su fundamento ético. Zapatero está en estos momentos deslegitimado para desarrollar una política antitética de sus principios porque carece de autoridad moral para ejercer el liderazgo. El ajuste no es consecuencia de un cambio repentino del escenario económico y financiero, sino del naufragio de su doctrina de gasto, déficit y paliativos indoloros. Si ahora pretende empezar de cero no tiene más camino que revalidar su propia refundación en las urnas o en el Parlamento. Hasta que no lo haga será un político suspendido en el alambre de la nada.


ABC - Opinión

¿Garzón a La Haya?. Por José María Carrascal

TRAS haberse abierto proceso a Garzón y considerar el Tribunal Supremo idónea la actuación del juez instructor, al CGPJ no le quedaba otro remedio que suspenderle de funciones, si no quería ser él quien infringiese la ley.

Otra cosa es que le autorice a ocupar el puesto de «consultor externo» que le ofrece la fiscalía de la Corte Penal de la Haya. Debe de resultar tentador no ya para sus colegas, sino para buena parte de los españoles, despachar lo más lejos posible a un juez que crea más problemas que resuelve, a tenor de sus actuaciones. Pero son precisamente sus actuaciones las que aconsejan no precipitarse, para no meternos en mayores líos de los que estamos. De ahí lo oportuno de los cinco informes pedidos por la Comisión encargada del asunto, antes de pronunciarse. El primero, al fiscal de La Haya, preguntándole si sigue interesado en tener como colaborador a alguien suspendido -lo que supondría menos exigencias de la Justicia internacional que la española- y, sobre todo, si el cargo conlleva algún tipo de inmunidad, ya que entonces sería un indulto encubierto.

Respecto a los demás informes, puede adelantarse que ni el Ministerio de Exteriores ni el de la Fiscalía General del Estado contendrán objeciones. Pero tanto la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que juzgará a Garzón, como la secretaría del CGPJ, pueden pensar de otra forma, al existir informes de sus expertos que se oponen por razones legales a conceder dicho permiso.

Añadimos otro de sentido común: con tres causas abiertas, Garzón tendrá que estar durante los próximos meses en España más que en Bruselas, dedicando a su defensa la mayor parte de sus esfuerzos.

Quedando además el rabo por desollar. No me refiero a la inmunidad que el juez suspendido puede alcanzar, sino a las atribuciones que en la Corte Internacional pueda obtener. ¿Cuáles serán? ¿Las de un fiscal ordinario o extraordinario? ¿Y si un buen día decide que la ley de amnistía que nos dimos los españoles en 1977 no se ajusta a los criterios de los crímenes contra la humanidad? ¿Y si encausa al Tribunal Supremo español por haberle impedido investigar tales crímenes? Espero no estar dando ideas a alguien tan hiperactivo como Garzón y advierto que se trata de escenarios meramente hipotéticos. Pero el caso ya es de por si bastante complicado como para complicarlo aún más. Si Garzón quiere continuar su actividad en la Haya, lo mejor para él, para la Justicia española y para la propia Corte Internacional es que se vaya con el expediento limpio. Es decir, tras haber demostrado esa inocencia que él y sus seguidores proclaman. Cualquier otra cosa tendría aroma de maniobra estratégica, de huida de la quema, de cierre en falso de un envenenado contencioso.

A no ser, naturalmente, que Baltasar Garzón y sus seguidores no crean en la Justicia española.


ABC - Opinión

El gran transformista. Por M. Martín Ferrand

ZAPATERO no es de Cabra ni de Antequera; pero quiere ir a ver al Papa, como los peregrinitos de Federico García Lorca.

Los pregones radicales de laicismo, tan excesivos como sus contrarios, no niegan el principio de que todos los caminos conducen a Roma. El cardenal Antonio Cañizares y el embajador de España ante la Santa Sede, Francisco Vázquez, trabajan para hacer posible, el mes que viene, la visita de José Luis Rodríguez Zapatero a Benedicto XVI, en el Vaticano, y así será si Dios quiere. Aquí y ahora no cabe extrañarse con nada. España, que siempre fue rarita, ha alcanzado la cima de sus mutaciones y, tras asistir a una guerra sorda, profunda e inútil entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal, podemos contemplar ahora un giro copernicano en la actitud del líder que se dice socialista y recorta las pensiones de los viejecitos.

Antes, en el circo y el varieté, los transformistas constituían una notable atracción. Recuerdo, bajo una carpa de Ángel Cristo, un artista polaco que era capaz de cambiar de aspecto -vestuario, peluca y maquillaje- al ritmo con que contaban los asombrados espectadores: más de cien veces en tres minutos.

Eso no es nada para Zapatero. El de León, al tiempo que se traga los sables de sus mentiras precedentes nos cuenta sus nuevas verdades con la velocidad del rayo. Así, en un zas, puede saltar de ignorar una crisis a negarla, de negarla a minimizarla y de minimizarla a decir haberla superado para, como colofón y tras escuchar las inquietas voces de sus colegas internacionales, dictar medidas de recorte presupuestario que, como la crisis, había desmentido previamente.

Ahora quiere visitar al Papa. Por algo será. Si atendemos a las constantes de su vida pública en el último sexenio, tendrá que ver con la propaganda. ¿Cuántos votos puede inducir una fotografía junto a Su Santidad? Va camino Zapatero, si sus conmilitones no le frenan y la oposición no le contiene -que no lo hará -, de superar a Gregor Samsa y evolucionar de presidente a escarabajo gigante, algo más difícil que hacerlo desde el oficio de mercader de tejidos y novedades.

Atrás quedan el matrimonio gay, la reforma de la ley del aborto, la píldora del día después y otras parecidas cuestiones. Está por delante, en la carpeta gubernamental de asuntos pendientes, la reforma de la ley de libertad religiosa, pero ahora lo urgente es ver al Papa.


ABC - Opinión

Evitar el ostracismo

El compromiso europeísta exige que la oposición apoye el drástico recorte de los gastos públicos

El Gobierno ha quedado en una situación política muy precaria tras el anuncio del severo plan de ajuste hecho público esta semana. Pero la precariedad no es consecuencia del nuevo rumbo al que apuntan las medidas, sino de la recalcitrante obstinación con la que el presidente Zapatero mantuvo el anterior. Su idea de que la mayor crisis financiera tras el crac de 1929 se podía sortear con eslóganes y gesticulación propagandística hizo perder un tiempo precioso para que el país encarase en mejores condiciones una gravísima coyuntura económica; también no pocos recursos dilapidados en iniciativas que, como los diversos regalos fiscales, pretendían disfrazar como políticas sociales avanzadas simples argucias populistas, concebidas de manera irresponsable en campaña electoral.

Acuciado por el entorno europeo e internacional, el Gobierno ha tenido que poner fin abruptamente a una estrategia que, en el fondo, sólo consistía en interpretar como ocasión para las escaramuzas políticas internas una tormenta financiera internacional de la que no podía desentenderse. Ahora que se ha visto obligado a despertar de una ensoñación en la que cada día estaba más solo, es la oposición la que parece dispuesta a tomar el relevo en esta visión miope de lo que se juega el país, intentando sacar tajada electoral de un Gobierno forzado a hacer cuanto negaba hasta la víspera. La pueril propuesta de recortes del gasto, anunciada ayer por Mariano Rajoy al término de una reunión con los presidentes autonómicos del PP, demuestra fehacientemente que el partido que aspira a gobernar España carece de cualquier perspectiva realista de política económica.

El desafío inmediato al que se enfrenta la oposición, y en el que se juega su credibilidad como alternativa, es apoyar sin reservas los drásticos recortes anunciados por el Gobierno, no aprovechar la ocasión para traducir la crisis económica en una crisis política que lleve, además, a una sustitución del presidente, un Gobierno de unidad o un adelanto electoral. Cualquiera de estas alternativas no evitaría que el recorte del gasto público siguiera adelante. Lo que exige el carácter excepcional de la coyuntura son medidas igualmente excepcionales como las que se han anunciado, no trasladar la excepcionalidad al Ejecutivo.

La responsabilidad contraída por el Gobierno y su presidente en la gestión de la crisis no puede hacer que se pierda de vista su dimensión internacional. La reducción del gasto público en las tres únicas partidas en las que se puede realizar -salarios de los funcionarios, costes sociales e inversiones- es una decisión exigida por la coyuntura interna, pero sobre todo por el papel internacional que España desempeña como país miembro del euro. Ni por los efectos que tendría sobre nuestra prosperidad, ni por los que acarrearía para la economía internacional, pueden el Gobierno y las restantes fuerzas políticas faltar a sus deberes. Creer que es sólo el electorado quien está pendiente de las decisiones que adopten unos y otros sería un error garrafal; además del electorado, son los Gobiernos y los ciudadanos de países que comparten con España una moneda única y un sistema económico fuertemente interrelacionado quienes nos observan.

El compromiso europeísta ofreció a España la oportunidad de vivir los mejores años de su historia; lo que ahora demanda ese compromiso es responsabilidad; ya no cabe la alternativa castiza del ensimismamiento. Es ensimismamiento confrontar una crisis en la que los factores exteriores e internos se han potenciado recíprocamente, desde la convicción de que las decisiones económicas que se adopten en España forman parte de las escaramuzas electorales. Hasta ahora, esa convicción sólo ha acarreado el desprestigio de la clase política. En lo inmediato, puede provocar el del país, devolviéndonos al ostracismo que tantos males nos causó en el pasado.


El País - Editorial

El lastre de Camps

Si la Justicia le exime en su día de las responsabilidades que ahora se le atribuyen, nada impedirá al PP rehabilitar a Camps con todos los honores. Mientras tanto, su presencia en la cúpula del PP es un lastre que ningún partido debería permitirse.

Por mucho que en la sede nacional del Partido Popular insistan en que Francisco Camps no está imputado por la Justicia, lo cierto es que la decisión del Tribunal Supremo de reabrir la causa incoada en su día por cohecho pone al presidente valenciano en esa situación, más allá de disquisiciones jurídicas de orden anecdótico.

En efecto, antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia acordara el sobreimiento del caso que ahora revoca el Supremo, el magistrado José Flors no sólo había realizado todas las diligencias que entendió necesarias, sino que ordenó la continuación de los trámites ordinarios para abrir juicio con jurado al presidente popular. El destino inmediato de Camps, por tanto, no es otro que el banquillo de los acusados, aunque en el PP prefieran agarrarse a matices de orden procesal para no reconocer esa evidencia.


No entramos en valoraciones sobre la culpabilidad o no del presidente valenciano. La Justicia será la que dirá en su día lo que proceda en este caso. Ahora bien, lo que resulta evidente es que un personaje público acusado formalmente de haber cometido un delito de cohecho no es el mejor reclamo de presentación de un partido que aspira a llegar a La Moncloa.

Ni siquiera la circunstancia de la escasa cuantía del presunto delito, unos simples trajes, puede hacernos olvidar que la principal obligación de un cargo público es actuar con extrema pulcritud en todo lo que se relacione con el ejercicio del poder. Es cierto, asimismo, que hay dirigentes socialistas cuyo enriquecimiento obsceno suele pasar desapercibido para unos fiscales que, en cambio, se muestran implacables cuando los implicados son del PP. Mas ni siquiera la constatación de esta hemiplejía judicial debe privarnos de mostrar nuestra repugnancia ante la presencia en las listas electorales de políticos implicados en este tipo de tramas corruptas, sean del partido que sean. La limpieza del sistema democrático exige que los encargados de representar a los ciudadanos presenten un expediente impoluto en esta materia, y eso es algo que Francisco Camps no puede exhibir en su situación actual.

El colmo es que el propio Camps pretenda escenificar un acto de apoyo multitudinario con la presencia del presidente nacional de su partido, justo unos días antes del Debate sobre el Estado de la Nación, acontecimiento parlamentario que puede llegar a ser decisivo en esta aciaga legislatura y del que pueden depender, en gran medida, las posibilidades de que el PP gane las elecciones de 2012.

Camps no está legitimado en estos momentos para representar a su partido de cara a las elecciones autonómicas del año próximo. Si la Justicia le exime en su día de las responsabilidades que ahora se le atribuyen, nada impedirá a su partido rehabilitarlo con todos los honores. Mientras tanto, su presencia en la cúpula del PP es un lastre que ningún partido debería permitirse. Mucho menos uno que aspire a gobernar no sólo en Valencia sino también en toda España.


Libertad Digital - Opinión

Las urnas como solución

LOS políticos suelen esquivar el valor de las encuestas relativizando sus resultados por diversos factores coyunturales y siempre confiando en que el paso del tiempo enderezará por sí solo los datos adversos.

Sin embargo, hay cambios de ciclo político que no necesitan encuestas ni sondeos para acreditarse, porque se revelan con síntomas mucho más precisos y concluyentes que un estudio demoscópico. En estos casos no funciona el empecinamiento contra la realidad. Al contrario, afila aún más los perfiles del fin de ciclo. Zapatero está viviendo esta situación con todo su dramatismo, porque la realidad que quería negar primero y disfrazar después se le ha impuesto implacablemente, sin atenuación de ninguna clase. El hecho mismo de que su Gobierno no haya sido capaz de llevar al pasado Consejo de Ministros las medidas anunciadas dos días antes revela, por un lado, la temeraria improvisación con la que se gestó el giro absoluto en política económica, y por otro, la ausencia de equipos técnicos bien dirigidos para hacer los esfuerzos suplementarios que requiere la situación actual. Los mercados no han visto motivos para esperanzarse con el ajuste antisocial de Zapatero. Los ciudadanos han sido sorprendidos en su buena fe por el mismo Gobierno que sistemáticamente rechazaba recortar pensiones, ayudas y salarios. España está bajo la tutoría de Bruselas y el control a distancia de Washington, y nuestro crédito político ante socios y aliados es nulo.

Todo esto es un valor entendido en el balance negro del Gobierno socialista, pero no basta con reiterarlo. Debe tener consecuencias políticas inmediatas. El proyecto de Zapatero para España ha fracasado. Ha hecho y está haciendo mucho daño, pero ha fracasado. En el PSOE lo saben y, por eso, no sería extraño que empezase a engrasar los mecanismos tradicionales que este partido utiliza cuando hay que sacrificar al líder para salvar al resto. En este momento, Zapatero figura al frente de un Gobierno en el que no ejerce de presidente. No tiene margen para hacerlo. Es él a quien corresponde, en absoluto a Rajoy, tomar la decisión de oír a los únicos que aún no han hablado en esta crisis. Hasta ahora han intervenido los sindicatos, la patronal y los partidos; gurús de la economía y premios Nobel; burócratas de Bruselas y líderes de ambas orillas del Atlántico; hasta Chávez ha aportado su necedad. Todos han sido oídos, menos los únicos que, teniendo la última palabra para legitimar los gobiernos de España, están siendo los convidados de piedra. El llamamiento de los españoles a las urnas es la única decisión digna que el presidente puede tomar.

ABC - Editorial

Francia pide a los tribunales de Cataluña que no remitan las sentencias en catalán

A través del Consejo General del Poder Judicial la Justicia gala recuerda que únicamente acepta comunicaciones judiciales, al margen de en francés, en inglés, italiano, alemán y español

El Ministerio de Justicia de Francia y el Consejo General del Poder Judicial español (CGPJ) han instado a los jueces de Cataluña a que no remitan escritos en catalán a tribunales del país vecino por vulnerar el reglamento de usos lingüísticos. Francia ha elevado la queja al CGPJ, que a su vez ha remitido una carta a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Maria Eugenia Alegret, en la que le recuerda que Francia únicamente acepta comunicaciones judiciales, al margen de en francés, en inglés, italiano, alemán y español, y que "no aceptará ninguna otra lengua".
La carta, a la que ha tenido acceso Europa Press y que viene firmada por el Servicio de Relaciones Internacionales del CGPJ, explica el caso de un Juzgado de Cassà de la Selva (Girona), que devolvió a un juzgado de Francia una comisión rogatoria redactada en catalán. El CGPJ asegura que existe "malestar" por parte del colectivo de los Huissier de Justice franceses por el uso "habitual" del catalán en los formularios y escritos remitidos por los juzgados catalanes a Francia.


La carta recuerda que los estados europeos tienen potestad para dictar en qué lenguas extranjeras distinta a la suya les deben ser remitidos los escritos judiciales, por lo que insta al TSJC a que se cumpla la normativa.

El número de sentencias redactadas en catalán por los juzgados de Catalunya descendió sensiblemente en 2009 respecto al año anterior. Se dictaron un 18,9% de sentencias en catalán respecto al castellano, mientras que en 2008 fueron un 19,4%, según se desprende de la memoria anual del TSJC. El punto máximo de utilización de esta lengua se produjo en 2004, con un 20,6%, y, desde entonces ha ido disminuyendo sensiblemente. La utilización del catalán en las sentencias es "minoritario" y siempre ha tenido un porcentaje "muy bajo".

En cuanto a los recursos que llegan al TSJC, la tendencia es muy parecida. En 2009 se presentaron 16 recursos de casación en catalán -frente a 135 en castellano- y un recurso de queja -frente a 29 en castellano-. Sin embargo, en el ámbito civil -Catalunya tiene un Código Civil propio-, el TSJC dictó 37 sentencias en catalán por 18 en castellano. Para fomentar el uso del catalán, la Conselleria de Justicia proporcionó, a finales de 2005, a todos los juzgados los "instrumentos técnicos necesarios para que puedan trabajar en catalán" y se entregó a todos los órganos judiciales la legislación en esta lengua, que está disponible en Internet. La conselleria está fomentando el aprendizaje del catalán entre los jueces, magistrados, fiscales y secretarios a través de una oferta de cursos -38 presenciales durante 2009-, donde se reciben clases individuales y colectivas.

Un total de 344 jueces, secretarios y fiscales -1.235 si se tiene en cuenta a los funcionaros de Justicia- realizaron estos cursos, tanto los presenciales como los de autoaprendizaje. Además, el servicio de traducción de documentos -coordinado por una comisión creada en 2007- atendió en 2009 unas 2.200 solicitudes de traducción y unas 1.300 de correcciones.


La Vanguardia