viernes, 21 de mayo de 2010

Zapatero o el arte de la demagogia. Por Emilio J. González

Ese impuesto para los ricos no va a incrementar apenas la recaudación tributaria ni, por tanto, va a servir para reducir el déficit. Por el contrario, puede constituir un incentivo más para que todo aquel que pueda saque el dinero de nuestro país.

El buen gobernante es aquel que toma decisiones, por duras que sean, por el bien del país, ya que lo que le mueve no son los intereses cortoplacistas, sino una vocación de servicio público que encuentra su recompensa en los avances de la nación y, en muchos casos también, en las urnas. Los votos, empero, no son para él el leit motiv de sus acciones; este lo constituye, en última instancia, la prosperidad y el bienestar del país para el que trabaja y a ello lo sacrifica todo. Lo cual constituye la antítesis de José Luis Rodríguez Zapatero y su política.

El presidente del Gobierno parece haber tomado una decisión difícil, como es la de congelar las pensiones y reducir el sueldo de los funcionarios, con el fin de iniciar el proceso de saneamiento de las cuentas públicas. Esta decisión, además de equivocada, es tremendamente impopular y Zapatero lo sabe. Sin embargo, se ha decantado por esta opción con el fin de tratar de enviar a la Unión Europea y a los mercados el mensaje de que está dispuesto a hacer todo lo que puede por arreglar la más que maltrecha situación financiera de nuestro país, cuando lo cierto es que sacrifica a los jubilados y a los servidores públicos para no verse obligado a tocar ni una sola coma de la columna vertebral de su proyecto político, o sea, la economía sostenible, los ministerios de Igualdad y Vivienda, la memoria histórica, su ‘modelo’ de Estado y demás.


Con ello, sin embargo, lo único que ha conseguido hasta ahora es atraerse las iras de buena parte de la población. Para compensarlo, ZP acaba de sacarse un nuevo conejo de la chistera, el impuesto para los más ricos, pensando que así, con un gesto de demagogia de ese calibre, puede volver a recuperar el favor de las masas populares. Puede que lo consiga o puede que no –yo me decanto por la segunda opción porque para quien no tiene trabajo, ni ingresos, que los ricos, o los supuestos ricos, tributen más o menos, es algo que le trae al fresco si eso no sirve para resolverle su drama personal–, pero lo que no se va a ganar es, precisamente, el favor de los mercados ni el de la UE.

La demagogia puede ser útil para movilizar a las masas, pero no resuelve los graves problemas de nuestra economía, los cuales precisan de un amplio conjunto de acciones drásticas, concretas y coordinadas, respondiendo a un fin, no de golpes de efecto ni de nada por el estilo. Y los mercados siguen desconfiando de España, como prueba el hecho de que después de que redujera el diferencial de tipos con Alemania tras el rescate de la Unión Europea y el FMI, ese diferencial está volviendo a crecer y ya se acerca a los 1,4 puntos. ¿Por qué? Porque los mercados entienden que Zapatero no está haciendo todo lo que puede, ni todo lo que debe, para enderezar la situación y actúa con medidas de cara a la galería –la de los votantes, la de la UE–, no de acuerdo a un plan sistemático de saneamiento económico. Lo del impuesto para los ricos es la última confirmación por ahora de esa forma de hacer las cosas que, en última instancia, no es más que seguir mareando la perdiz a la espera de que un milagro en forma de recuperación económica, en España o en la Unión Europea, arregle la situación.

No nos llamemos a engaño. Ese impuesto para los ricos no va a incrementar apenas la recaudación tributaria ni, por tanto, va a servir para reducir el déficit. Por el contrario, puede constituir un incentivo más para que todo aquel que pueda saque el dinero de nuestro país u oculte a los ávidos ojos de Hacienda todas las rentas y todo el patrimonio que pueda. Además, si en la definición del sujeto pasivo de esa tributación especial para los ricos se incluye el patrimonio de las personas, incluido el inmobiliario, Zapatero, como el incompetente aprendiz de brujo que es, puede provocar un desastre de dimensiones mayúsculas con el que no cuenta. ¿A qué me refiero? A que con tal de pagar menos, o eludir ese impuesto, todo el que pueda va a valorar sus bienes inmuebles a los precios actuales y reales que imperan hoy en el mercado, que son más de un 50% inferiores a los de los máximos de la burbuja inmobiliaria. Vamos, que puede provocar el ajuste de los precios de la vivienda a lo bestia, lo cual, sin duda, va a colocar a las cajas de ahorros y a los promotores inmobiliarios en una situación más difícil de la que aún están, lo mismo que a muchas familias que están con el agua al cuello debido a las onerosas hipotecas contraídas en el pasado. No seré yo quien diga que el precio de la vivienda no debe ajustarse a la realidad, pero no creo que la mejor forma de hacerlo sea a golpe de una medida demagógica que puede cobrarse en muchas familias modestas un sinfín de víctimas colaterales. Porque, no lo olvidemos, el gran activo de muchas personas es la casa en la que viven.

A ZP, sin embargo, eso le importa poco. Ahora tiene una nueva ocurrencia con la que espera ganarse el favor popular o al menos compensar en parte las críticas por congelar las pensiones y bajar el sueldo a los funcionarios y el resto le da lo mismo. Lo malo es que la demagogia no sólo no sirve para resolver los problemas, sino que transmite la sensación a todo el mundo de que el Gobierno no sabe lo que hace, justo en unos momentos en los que una de las cosas más urgentes para salir de la crisis es restaurar la confianza en la política económica con el fin de reducir la prima de riesgo y poder colocar en el mercado las nuevas emisiones de deuda pública para evitar la suspensión de pagos de España. Después de esto, ¿quién va a confiar en la capacidad de Zapatero y su equipo para hacer lo que debe? No creo que haya muchos que estén dispuestos a apostar por él.


Libertad Digital - Opinión

Zapatero y la más antisocial de las pasiones. Por Guillermo Dupuy

No hay margen para que una subida de impuestos o la creación de otros nuevos sirva para reducir el déficit. Este objetivo sólo se puede y debe alcanzar ampliando la reducción del gasto público hacia donde Zapatero no ha querido meter la tijera.

Con el objetivo de encubrir el hecho de que va a llevar el mayor recorte de gasto social de nuestra historia, el Gobierno nos ha anunciado la creación de un nuevo tributo que no afectará a las clases medias sino tan sólo a "las grandes fortunas".

Dudo mucho que este nuevo impuesto vaya a distraer a los ciudadanos del hecho de que hay casi cinco millones de parados, de que los funcionarios van a ver reducidos sus salarios por primera vez en nuestra democracia o de que los jubilados van a tener también por primera vez congeladas sus pensiones. De lo que estoy seguro es de que este impuesto, si de verdad sólo va a afectar a "los ricos", va a tener un efecto nulo, sino contraproducente a medio plazo, en el volumen de lo que recauda el Estado. Y esto por varias razones.


La primera, porque estos ciudadanos podrán ser muy, muy ricos, pero como venía a decir, Raymon Aron, también son muy, muy pocos. En segundo lugar, porque una de las grandes fortunas de la que gozan los ricos es precisamente la de tener muchas más posibilidades de eludir a hacienda que el resto de los mortales, incluida la de poder emigrar a lugares fiscalmente menos hostiles gracias a la libertad de movimientos de capitales que hay en Europa. Por mucho que el gobierno todavía no haya concretado la medida o incluso la haya esbozado de diferentes formas, debería resultar evidente que cualquier nuevo tributo en este sentido va a espantar a los inversores.

Y es que, sencillamente, no hay margen para que una subida de impuestos o la creación de otros nuevos sirva para reducir el déficit. Este objetivo sólo se puede y debe alcanzar ampliando la reducción del gasto público hacia donde Zapatero no ha querido meter la tijera: hay que suprimir varios ministerios, eliminar partidas de muchos otros, reducir el lastre económico que supone el Estado autonómico, acabarr con las subvenciones a partidos, sindicatos y patronal, cerrar el grifo a los dirigentes liberticidas y empobrecedores del Tercer Mundo.

Está visto, sin embargo, que Zapatero prefiere seguir instalado en una demagogia que sea, aparentemente, compatible con la obligación que le han impuesto desde fuera para reducir el déficit. Y lo hace estimulando el resentimiento social y la envidia, a pesar de ser ésta, como bien decía Stuart Mill, "la más antisocial de las pasiones".

Hay, sin embargo, quienes pretenden dar un barniz de justicia a este nuevo e injusto tributo sobre la base de que "tienen que pagar los que más tienen". Vamos, como si no pagaran más ya quienes más tienen. De hecho, los ricos incluso seguirían pagando más aunque, en lugar de aumentar, se redujera hasta cero la progresividad de nuestro sistema tributario. Y esto por la sencilla razón de que hasta en un sistema fiscal proporcional los ricos pagarían en proporción a sus mayores rentas. Como bien dijo Thiers, "la proporcionalidad es un principio; la progresividad no es otra cosa que odiosa arbitrariedad". Una odiosa arbitrariedad que desincentiva la inversión, el ahorro y la movilidad social, y que en nada contribuye a mejorar –todo lo contrario– la mala situación de los que menos tienen.

Nada de esto, sin embargo, le importa a un gobernante que, como Zapatero, está dispuesto a excitar las más bajas y antisociales pasiones. Tan sólo deja en evidencia que es un gobernante que no acierta ni cuando rectifica.


Libertad Digital - Opinión

Añoranza de país. Por Fernando Fernández

LA idea de que el Gobierno se había puesto finalmente serio y que había empezado la segunda era reformista del socialismo español ha durado lo que han tardado en salir las primeras encuestas.

Anotado el daño electoral, ¿qué esperaban?, ha vuelto la demagogia. Blanco, convertido en vicepresidente portavoz por incomparecencia de las titulares, no encuentra mejor sitio para hacer política que un programa de variedades que confunde el griterío con el debate y la descalificación personal con la confrontación de ideas. El presidente se divierte jugando con la opinión pública, anunciando subidas de impuestos para los ricos cuando considere oportuno, confundiendo a los pensionistas y entreteniendo a los sindicatos con subvenciones mientras se instala en la superioridad moral del «yo no quería pero me han obligado los especuladores».

Todo un programa de gobierno que demuestra su propia incapacidad. Incapacidad para entender lo que está pasando en Europa, que es sencillamente la constatación de que el euro es incompatible con un país que ha construido un Estado del bienestar descentralizado e ineficiente por encima de sus posibilidades y con una Europa que pretende ignorar la disciplina de la globalización. E incapacidad para entender el oficio de político, que no es ser el sumo sacerdote de las causas nobles -de buenas intenciones están los cementerios llenos- sino el líder responsable y posibilista que enfrenta los problemas de cara y sin esconderse.


Y pensar que había hecho fortuna considerarle el Maquiavelo de León. La voluntad, como el valor en la mili, se les supone a los políticos. Lo que se les exige, por lo que se les vota, es por sus resultados. Como nos pasa a los mortales en nuestro trabajo y le está pasando a la economía española en los mercados. Y si nos atenemos a ese juicio, no ha sido una buena semana. El Tesoro no ha podido colocar toda la deuda pública que pretendía, a pesar de pagar más del doble que el año pasado y llevar muy atrasado el programa de colocaciones necesario para no tener problemas de liquidez.

A estas alturas ya nadie puede tener dudas de que estamos ante un gobierno fracasado, que sólo está esperando que acabe cuanto antes la presidencia europea para tener una excusa para renovarse, ¿con qué mimbres?, y sacar a pasear toda su demagogia. El menú está servido. Tendremos lucha de clases, que paguen los ricos, una nueva versión de anticlericalismo, ley de libertad religiosa, y más antifascismo, que nadie subestime la capacidad de Garzón en La Haya, aunque algún día tendrá que explicar cómo se compatibiliza la protección de los derechos humanos con la presunta prevaricación y con la negación del derecho a la defensa de los detenidos sin un a priori sectario tan afín a nuestro presidente. Pero lo que no habrá es recuperación económica, ni empleo.

Escribo desde Bakú, con la perspectiva que da la distancia y una lectura superficial de la prensa por internet con problemas de acceso a la red. Un país que me recuerda tanto al nuestro que debo estar demasiado obsesionado y necesito relajarme. Lleno de grúas y pisos sin vender, coches de lujo y restaurantes donde sirven comida de diseño y reciben críticas cariñosas en la edición de fin de semana del Financial Times. Un país enganchado al petróleo del que apenas le quedan unos cuantos años de reservas y con un discurso grandilocuente y carente de toda realidad sobre sus posibilidades de futuro en la economía del conocimiento. Pero los dólares circulan en abundancia y el personal disfruta gastándose una riqueza ganada sin esfuerzo mientras el sistema político se asegura que nada cambia. Quiero pensar que la crisis ha acabado con la complacencia, pero luego escucho al presidente y ya no sé si es el nuestro o el suyo. Hasta que miro la Bolsa y me puede la morriña.


ABC - Opinión

Como sea. Por Emilio Campmany

La única forma de descabalgar a Zapatero y generar de inmediato una gran confianza es construyendo una gran coalición que prescinda de los tres máximos responsables de la crisis: Zapatero, los nacionalistas y Rajoy.

Hay que quitarse a Zapatero de encima como sea. Es un método que a él le resultará familiar, acostumbrado a cerrar acuerdos "como sea", a aprobar reformas estatutarias "como sea" y a salirse con la suya "como sea". Pues bien, lo que hay que hacer ahora "como sea" es librarse de semejante inútil. Sin embargo, no es fácil.

Lo primero es que no puede hacerse "como sea". A pesar de estar él acostumbrado a sacar adelante leyes inconstitucionales "como sea", resulta que la Constitución ha de respetarse y ésta no permite descabalgar al presidente de Gobierno "como sea". Como no es razonable esperar que Zapatero dimita, la única forma de echarlo es a través de la moción de censura. No está de más recordar que a los españoles no se nos está permitido elegir al presidente de Gobierno. Lo que nosotros elegimos es a los diputados al Congreso, que a su vez eligen al presidente. Luego, son ellos los que pueden cesarlo. Para lograrlo, sería necesario conformar una mayoría superior a la de los 168 diputados socialistas y esperar que el resto se abstuviera.


Podemos contar con un acuerdo PP-CiU. A ellos podrían sumarse los 2 de Coalición Canaria y el de UPyD. Hacen un total de 167. IU, el BNG y quizá la Esquerra (7 escaños en total) podrían abstenerse, aunque parece improbable que estén dispuestos a arriesgarse a incomodar a su electorado por permitir la caída de un Gobierno de izquierdas. El de Nafarroa Bai no bastaría y la clave la tendrían los 6 del PNV. Si votaran a favor de la moción, el PSOE sólo podría superarla recabando el apoyo de 5 de los 8 escaños que poseen la Esquerra, IU, BNG y Nafarroa Bai. Pero, el caso es que el PNV necesita al PSOE para conservar la Diputación de Álava, esencial para mantener el control de la Hacienda Foral. La única forma de atraer sus votos a la moción sería que el PP le ofreciera la vuelta a Ajuria Enea, además de seguir mandando en la Hacienda de Álava. Y ni así habría garantía de éxito si Zapatero logra en el Congreso los votos de la extrema izquierda nacionalista y nacional.

Y aunque pudiera hacerse porque todos los grupos parlamentarios se pusieran de acuerdo en quitarse de en medio a Zapatero, el que llegara lo haría para convocar unas elecciones generales destinadas a ser ganadas por Rajoy. ¿Bastaría tal cosa para generar dentro y fuera la confianza perdida? Rajoy ha votado a favor de casi todas las medidas económicas populistas propuestas por Zapatero estos dos últimos años y mantiene oculto su programa económico. No sólo, sino que algunos de sus protegidos en autonomías y ayuntamientos son proporcionalmente más manirrotos que el mismísimo Zapatero. Encima, las elecciones no podrían celebrarse antes del otoño y para entonces puede que hayamos tenido que venderle Mallorca a los alemanes.

La única forma de lograr los dos objetivos, descabalgar a Zapatero y generar de inmediato una gran confianza en el interior y en el exterior, es construyendo una gran coalición que prescinda de los tres máximos responsables de la crisis económica e institucional en la que estamos inmersos: Zapatero, los nacionalistas y Rajoy. Parece imposible ¿verdad? Sin embargo, hay nombres que pueden servir a esa operación, desde Javier Solana a Rodrigo Rato pasando por Aznar y Felipe González. Ya sé lo que pensarán, que el sueño de la razón produce monstruos.


Libertad Digital - Opinión

Ricos y pobres. Por José María Carrascal

DESPUÉS de haber sacado dinero a los más pobres, Zapatero quiere sacárselo a los más ricos.

A la semana de anunciar su primer recorte y a las 24 horas de negar su vicepresidenta nuevas cargas fiscales, nos anuncia un aumento de impuestos, aunque advirtiendo que afectará sólo «a los que más tienen», sin tocar las clases medias. Afán laudable, pero, desgraciadamente, alejado de la realidad. La realidad nos dice que los impuestos los paga siempre la clase media, al ser la más extensa y la más fácil de ordeñar, al cobrar por nómina. Los más ricos y los más pobres tienen bastante fácil evadir impuestos. Los más pobres, por el hecho de serlo, hasta el punto de que muchos de ellos están exentos de pagarlos. Los más ricos, porque encuentran mil formas de no hacerlo o hacerlo sólo de forma testimonial. Si Zapatero grava de verdad las grandes fortunas, asistiremos a una huida de capitales. Si no las grava, estaremos ante escenografía para recobrar su imagen «social». En ambos casos, el aumento de la recaudación será insignificante. Ya nada insignificante, sin embargo, es que deja en evidencia que la cura de caballo que impuso la semana pasada a la economía española no basta.

Esto es lo intranquilizador. La economía española está peor incluso de lo que decían los más pesimistas. La fría acogida que está teniendo en los mercados la deuda soberana española es la mejor prueba de la desconfianza que inspira, y el presidente se ha decidido atajarla aumentando la dosis de la misma medicina.

Lo malo es que puede ocurrirle lo que las veces anteriores: que siga aplicando remedios falsos. Lo que necesita nuestro sistema productivo no son nuevos impuestos, sino ajustes profundos y calculados, reforma a fondo del mercado laboral, recortes todavía más a fondo del aparato administrativo, que ha crecido hasta el punto de ahogar la economía real y productiva. Por «aparato administrativo» no entiendo sólo el funcionariado, duplicado en algunos sectores e insuficiente en otros vitales, como la justicia. Me refiero a un gobierno sobredimensionado, donde sobran dos vicepresidencias y unos cuantos ministerios, al enjambre de asesores, consultores, muñidores, a los organismos parasitarios, como el PER, que por una parte distraen ingentes cantidades del presupuesto, mientras por la otra reducen el estímulo y la iniciativa en la economía productiva.

Si Zapatero quiere ser creído, tiene que empezar aplicando el reajuste en casa. No me refiero a sus gastos domésticos, sino a los cargos que le rodean por todas partes. Pero de eso, ni palabra. Habrá que esperar la tercera ola de ajustes. Aunque entonces, puede que sea demasiado tarde y estemos, no ya en el furgón de cola, sino fuera de juego. Quiero decir, fuera del euro. Por no haber hecho los deberes.


ABC - Opinión

La coartada. Por Cristina Losada

El PSOE no quiere perder votos. Eso es todo. Semos de izquierdas y os prometemos que mañana entramos a saco en el Club de Billonarios de Patolandia y nos llevamos preso al tío Gilito. Así de simple.

Los socialistas ya disponen de su pequeña coartada. Los ricos van a enterarse de lo que vale un peine. Se subirán los impuestos "a los que realmente tienen", ha comunicado Zapatero para alivio de los compañeros y compañeras, que gemían en un sinvivir desde que su sensible líder anunció el final de la alegría y el comienzo del ajuste. Cuando quien menta lo real es un individuo con grandes dotes para negar la realidad, conviene hacer una pausa.

Estamos ante un gobernante que no veía ninguna necesidad de limitar el gasto hasta que le obligaron a aterrizar los socios europeos. Benditos sean. Hay que preguntar, por tanto, quiénes serán, a su variable juicio, los que más tienen realmente. Y mal apunta la cosa cuando no lo ha sabido aclarar ni esa vicepresidenta que transita por los laberintos de la economía con pies ligeros. "Evidentemente, no", respondió Salgado al ruego de si podía explicar qué entiende el Gobierno por rentas más altas. Quién sabe. Vuelva usted mañana. El tiempo lo dirá.

Con la duda nos acostamos y con la sorpresa nos despertaremos. El Gobierno no renuncia a la incertidumbre ni siquiera cuando la credibilidad de España se encuentra por los suelos. Un viernes nos fuimos a la cama tras escucharle a don José Blanco, transformado de nuevo en Pepiño para satisfacer el derecho de los telespectadores, que los potentados ya estaban pagando más. No había que subir (otros) impuestos. Lo que tocaba era reducir los gastos. Idéntica e inédita pasión por el ahorro, similar aversión a apretar tuercas fiscales, mostraban todos los pastorcillos encargados de darle al pueblo la mala nueva de que la fiesta se había acabao. Pues ahora no. Llega una provisión de fuegos artificiales y se abre la barraca del tiro a los ricos, que han de ser los "ricos" que están a tiro y no los que eluden la acción fiscal cómodamente.

Cuestionen, si quieren, los expertos la eficacia en términos recaudatorios y la bondad en términos económicos del último conejo que ha salido de la chistera del presidente. Pierden el tiempo. El PSOE no quiere perder votos. Eso es todo. Semos de izquierdas y os prometemos que mañana entramos a saco en el Club de Billonarios de Patolandia y nos llevamos preso al tío Gilito. Así de simple.


Libertad Digital - Opinión

Faena de aliño. Por M. Martín Ferrand

AFORTUNADAMENTE para José Luis Rodríguez Zapatero el pueblo español suele hacer alarde de desmemoria.

Aquí, entre nosotros, el recuerdo es síntoma de mala educación y escasa cortesía. Por eso, y sin que arda Troya, puede reunirse un Consejo de Ministros y aprobar, sin que tampoco le tiemblen los pulsos a ninguno de sus integrantes, unas medidas contra la crisis, incrementos fiscales incluidos, que negaban hace sólo un par de días. Es un ejercicio de ridículo colectivo que pasará a los anales de la estupidez; pero que, entregados como estamos a la resignación y el pasotismo, no producirá mayores daños en las expectativas electorales del PSOE.

Al grito de ¡que paguen los ricos!, un anacronismo demagógico que sigue funcionando en España como testimonio de inmadurez política y social, el Gobierno subirá los impuestos a quienes los pagan; es decir, a quienes no son precisamente ricos. Si nos atenemos a los datos oficiales, sólo 13.000 españoles ganan más de 600.000 euros al año y pocos más de 700.000, según las declaraciones del IRPF superan ingresos de 60.000. A la vista de lo pobres que son nuestros ricos sólo nos queda rezar para que se multipliquen las vocaciones y crezca el número de las Hermanitas de los Pobres, la benéfica fundación de Jeanne Jugan, a quien no hace mucho canonizó Benedicto XVI.


Ayer, unos colegas le preguntaron a la vicepresidenta Elena Salgado: «¿Puede explicar cuáles son las rentas altas?». Sin inmutarse, como acostumbra, y con el desparpajo que sólo proporciona la impotencia, respondió mi paisana: «Evidentemente, no». ¿Quién puede explicar lo inexplicable? Zapatero, en temor reverencial a los sindicatos e incapaz de anteponer el interés de la Nación a sus deseos electorales, ha hecho una faena de aliño para sacudirse el morlaco de la crisis. Ha resuelto con un Consejo de Ministros y cuatro ideas huecas lo que le exigieron sus mayores en la Unión; pero esto es sólo el principio de una nueva etapa. Estamos en donde estábamos hace poco más de un año, cuando el propio Zapatero cantaba la fortaleza económica de España que él mismo había inducido. Y ahora ¿qué?

En estos días de mayo se cumplen 70 años desde que Winston Churchill reclamara a los Comunes sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Quítese hoy y aquí lo de la sangre, que no procede, y dense por reproducidas las palabras que, por cierto, el inglés tomó de Giuseppe Garibaldi.


ABC - Opinión

Impuestos y clase media

Desde hace varios días, los ciudadanos asisten atónitos al guirigay interno del Gobierno a propósito de una hipotética subida de impuestos.

Lo que una vicepresidenta dice por la mañana es matizado, cuando no enmendado, por un ministro a primera hora de la tarde. Es difícil saber a ciencia cierta si existe un plan fiscal definido o si todo es fruto de la improvisación y la facundia del equipo de Zapatero. Lo que ofrece pocas dudas es que la dirección de la política económica brilla por su ausencia y que en las decisiones del Gobierno se superponen las presiones internacionales, los sondeos sobre intención de voto y los temores del PSOE a perder apoyo popular. De ahí que toda nueva medida para hacer frente al déficit se anuncie rodeada de un halo de provisionalidad, como si fuera una simple hipótesis de trabajo. El propio presidente del Gobierno ha incurrido, de nuevo, en esa indefinición evanescente al anunciar ayer que es probable, que es casi seguro, que tal vez se apruebe una subida de impuestos, pero que todavía no hay fecha, ni forma, ni alcance.

Es decir, sólo existe una intención sin rostro ni víctimas, lo que supone una curiosa manera de infundir seguridad y confianza a los inversores y actores económicos. Da la impresión de que el Gobierno pretende, con estos palos de ciego, calmar la indignación de los sindicatos y del propio PSOE, que exigen exprimir a impuestos a «los ricos» para contrarrestar el tijeretazo a pensionistas, funcionarios y dependientes. Al margen de que «los ricos» sean el espantajo que la izquierda suele agitar ante su militancia cuando tiene problemas electorales, Zapatero debería concretar sus palabras de ayer, según las cuales la subida de impuestos no afectará a la «clase media», sino a «los que más tienen». Dicho así, sin poner nombres y apellidos, sin fijar los límites de renta ni especificar la actividad a gravar, la declaración del presidente carece de valor y no tiene más fiabilidad que si fuera lanzada en un mitin de polideportivo, en lugar de formar parte de un plan riguroso y serio para estabilizar las cuentas públicas. El margen para aumentar la carga fiscal es muy reducido y otra vuelta de tuerca impositiva, tras subir el IVA dos puntos a partir de julio, comprometería la reactivación económica y prolongaría la estancia de España en el furgón de cola europeo. Antes de tomar una decisión de esa naturaleza, el Gobierno debe hacer muy bien las cuentas, sobre todo tras el anuncio realizado ayer por el ministro de Fomento de que retrasa un año las principales obras públicas. El golpe que en puestos de trabajo y atonía empresarial supondrá esta ralentización será muy fuerte y doloroso. Fomento soportará, con más de seis mil millones de euros, el grueso de todo el recorte durante 2010 y 2011, lo que llevará al cierre de cientos de pymes. Además, la contracción del PIB se agravaría con una subida de impuestos. Que el presidente asegure que no lo sufrirán «las clases medias» no es ninguna garantía, porque no hay precedentes en la historia fiscal que avalen un hecho tan milagroso. Cuando un Gobierno quiere recaudar mucho más, sólo puede exprimir a las clases medias, pues las que están más abajo no tienen dinero, y las que están por encima disponen de recursos legales suficientes para sortear al fisco.

La Razón - Editorial

Un plan de ajuste que genera desorden. Por Juan Velarde

Falta desde hace ya años tomar simultáneamente otras medidas de tipo microeconómico, reformando las estructuras vinculadas con los diversos mecanismos productivos. Porque en ello se encuentra la raíz de nuestra falta de competitividad.

Tras el preludio de Dubai y el importante conflicto socioeconómico griego, y en medio de hundimientos bursátiles notables, noticias como la de la escapada de Irlanda por su buen hacer, y de Italia de algún modo, no impidieron que los mercados financieros pasasen a asustarse a causa del considerable grado de endeudamiento de los países ibéricos. Naturalmente, el peso español es mucho más alto que el lusitano –el PIB global portugués es el 15% del español, y su PIB por habitante en el año 2008 era el 64% de la nación hermana–, pero ambos países suponen, al sumar sus respectivos PIB, cinco veces lo que significa Grecia, y en su conjunto, respecto a todos los países del mundo, el bloque luso-español ocupa el octavo puesto por el volumen de su PIB. Sólo están por delante Alemania, China, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Gran Bretaña. De ahí que al observarse que ese endeudamiento no tenía trazas de corregirse a causa de la falta de competitividad de ambos países, surgió la alarma derivada de la magnitud de la crisis que podría originar una suspensión de pagos ibérica y, particularmente, española. De ahí las presiones internacionales sobre el presidente Rodríguez Zapatero. El euro podía venirse al suelo, y en esas condiciones, romperse como había sucedido antaño con el patrón oro o, como consecuencia de la financiación de la Guerra Fría, con el patrón oro-dólar creado en Bretton Woods, que liquidó Nixon en agosto de 1973. Las consecuencias sistémicas escalofrían.

También tendrán que escalofriarnos a nosotros. Alemania o Francia, Estados Unidos o China iban a pasarlo mal al estallar la bomba ibérica, pero concretamente España pasaría a hundirse económicamente para, por lo menos, un siglo. De ahí que, consciente el Gobierno tras la reunión del Ecofin de lo cierto de esa realidad ya muy próxima, decidió las medidas anunciadas el 12 de mayo de 2010. Son, evidentemente, contractivas y, por ello, van a deprimir de modo contundente a nuestra economía.

Esta depresión se ha de soportar en el año 2010 tras un hundimiento, el año pasado 2009, que supuso la mayor caída anual que se conoce en nuestro PIB, salvo por las de los años –y a poco que se conozca la historia, se sabe qué circunstancias durísimas se vivieron en ellos– 1868, 1874, 1879, 1896, 1930, 1936, 1937 y 1945. También tendrá que asumir una realidad social muy negativa a causa de un desempleo que ya supera el 20% de la población activa, aparte del componente gravísimo de haber alcanzado ese año 2009, el mayor déficit de nuestra historia fiscal desde 1850.

De ahí la unanimidad de los economistas: tal decisión conlleva la amenaza de que el movimiento hecho por el Gobierno ha sido el de evitar un mal mayor, pero que, por fuerza, se sigue el camino de acentuar la depresión. Campa, incluso casi acaba de admitirlo en una conferencia en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Oviedo, según la versión en La Nueva España de Marián Martínez, pues indicó que las medidas se habían adoptado por "la necesidad de clara credibilidad a la economía española ante los potenciales terrores de falta de capacidad para devolver la deuda".

Pero la unanimidad de los economistas no reside sólo en que no había otro remedio que adoptar estas medidas, sino que falta, de modo escalofriante desde hace ya años –pero desde el verano de 2007 de manera muy peligrosa–, tomar simultáneamente otras de tipo microeconómico, reformando las estructuras vinculadas con los diversos mecanismos productivos. Porque en ello se encuentra la raíz de nuestra falta de competitividad, que motivó que nuestro desarrollo se apoyase sobre unos cimientos no de roca, sino de arena. ¿Pero se habla, para ello, de reformas serias en torno a nuestra apuesta en favor de energías caras? ¿Y de la ruptura del mercado español por las medidas de política económica adoptadas por las autonomías? ¿Y del mercado de trabajo, generador por su estructura de paro, de inflación y de déficit exterior? ¿Y del gravísimo problema de nuestro retraso tecnológico? ¿Y, por ejemplo, del impuesto de sociedades, una de las causas de la evasión de capitales y de la falta de captación de otros? ¿Y de la lamentable política de infraestructuras, tan acertadamente criticada por Álvarez-Cascos y Benigno Blanco en el folleto de FAES Un plan nada extraordinario de infraestructuras? La relación puede seguir con aspectos institucionales como plantea Carlos Sebastián, o con muy serias cuestiones del mundo rural como plantea Jaime Lamo de Espinosa, o con alarmantes problemas industriales como hace el profesor Molero... y así casi indefinidamente. ¿No supone ignorar todo cuando se acepta un formidable desorden económico, rechazado por todos los estudiosos?

Hace años, trabajando al gran Max Weber, me encontré con una frase suya en el apartado de "Concepto de orden legítimo" en su inmortal obra Economía y Sociedad, que creo me sirve para calificar esta desorientación, este desorden que se observa desde hace tiempo, pero ahora de manera acentuada en nuestra política económica. Es ésta: "Cuando (existe) elusión o transgresión del sentido de un orden... entonces la validez de ese orden es muy limitado o ha dejado de subsistir en definitiva".


Libertad Digital - Opinión

Cohecho e impropiedad. Por Ignacio Camacho

SI quieres un amigo cómprate un perro, le decía el tiburón Michael Douglas a Charlie Sheen en la primera entrega de «Wall Street».

La soledad de la Casa Blanca ha de resultar aún más dura que la del mundo de las altas finanzas, por lo que suele ser usual que los presidentes americanos se lleven allí mascotas para compartir las horas desnudas de las decisiones y crearse la apariencia de una familia normal. Obama no se ha comprado un perro; se lo ha dejado regalar, y como el suyo es un país bastante serio en asuntos de dineros privados y vida pública, ha tenido que consignar en una declaración el valor -1.600 euros- de ese regalo en especie. En especie canina, por supuesto.

Ese control estricto de dádivas y donaciones habría evitado en España un caso tan garbancero como el de Francisco Camps, un político brillante y eficaz cuya carrera puede quedar deshilada en un vulgar enredo de sastrería. La definición penal de cohecho impropio resulta demasiado estrecha para unos y demasiado ambigua para otros, por lo que debería completarse con una regulación taxativa de lo que no cabe aceptar como agasajo y lo que puede tomarse como detalle de cortesía. Ahora bien: constituya cohecho o no cohecho la admisión de esos malditos trajes cuya factura no acaba de encontrar el presidente valenciano, estamos ante un episodio manifiestamente impropio; un gobernante de rango no puede dejarse embolicar por una tropilla de amigotes de baja estofa y conseguidores expertos en captación de voluntades. La ética política está sujeta también a una estética que va más allá de las hechuras de unas solapas o de unos ceñidores italianos.

Como el caso Camps ya no tiene vuelta atrás y está en manos de los tribunales, lo que cabe exigir en la vida pública es un registro obligatorio de los regalos a los próceres que fije su valor de mercado y establezca topes de aceptación sin dejarlos al albur subjetivo de cada cual. Jordi Sevilla, por ejemplo, reputado coleccionista de estilográficas, rechazó siendo ministro una Fäber Castell de lujo porque rebasaba los límites del código ético que él mismo había implantado. El gesto le honra como el caballero que es, pero otros tienen la conciencia más laxa y aceptan ordenadores, pinturas, paseos en yate o avión privado... y hasta caballos purasangre.

Por eso en lo único en que Camps lleva razón es en su airada reclamación de un mismo rasero. La falta de regulación propicia un vacío de criterios que favorece el agravio comparativo y va a tardar en provocar un efecto ventilador capaz de despeinar a alguna alta magistratura del Estado. A quien ostenta funciones de relevancia cabe exigirle que sepa distinguir sus amistades y manterles las distancias. Si no sabe, que se compre un perro, y si se lo regalan, que lo declare.


ABC - Opinión

El botones. Por Alfonso Ussía

Que el botones de una sucursal bancaria en Águilas alcance la presidencia del Banco Central, quiere decir mucho.

También lo fue de Cepsa y otras sociedades dependientes del que fuera, antes de fusionarse con el Hispano y posteriormente con el Santander, el principal banco de España. Escámez hablaba con un cerrado acento murciano, que no intentaba disimular. Le molestaba ese afán ridículo de muchos de sus paisanos de pretender en Madrid una pronunciación neutra y castellana antigua. Los murcianos, y lo reímos en numerosas ocasiones el gran Jaime Campmany y el que escribe, no consiguen pronunciar dos voces plurales seguidas. O dicen «los árbole» o «lo árboles». Alfonso Escámez, con su acento de pueblo mediterráneo y fenicio, muy influido en la expresión oral por el secular poso árabe, elevó a Murcia y lo murciano a la internacionalidad. Era paisano de Paco Rabal, y de Miguel Ors, y de Jaime Campmany, y se desvivió por los suyos en el Foro madrileño. Se atrevía, incluso, con el panocho, un dialecto de su tierra que algunos quieren convertir en idioma, como si eso fuera factible. Y con ese acento de Murcia y con muy escasos conocimiento de otros idiomas, fue un gran presidente del Banco Central, lo cual molestaba sobremanera a muchos banqueros tradicionales, que presumiblemente mejor preparados que él tuvieron que dejarle paso en reconocimiento a su inteligencia.

Y era cachondo. Formidable síntesis la publicada en estas páginas por José Luis Martín Prieto. Es cierto que llamaba a Amusátegui «Anchútegui», y a «los Albertos», que intentaron tenaz y torpemente derrocarlo, «los del impermeable». Les rebajó el rango de la gabardina. Javier de la Rosa era «el florista» y le encantaba jugar a las cartas y al dominó. Martín Prieto lo compara con acierto a don Santiago Bernabéu, que también era largo, cazurro y certero. «Cuando veo al “Coscótegui” ese, me dan ganas de confesarme». Con toda claridad, a Corcóstegui, lo veía más cura que banquero.

Era un gran entendido en música y un amante de la Historia y la Literatura. En la Fundación Cepsa editó las obras de muchos escritores olvidados por las modas y los resentimientos políticos. Su apoyo fundamental vino de su predecesor en el Central, Ignacio Villalonga. Estableció en el Banco un equipo de altos ejecutivos salidos, como él, de la casi nada, pero con una experiencia y conocimientos bancarios formidables. Tejero, asesinado por la ETA; Blázquez, que fue consejero del Gobierno de la Comunidad de Madrid; Parejo; Navalpotro, un personaje peculiar al que por su aspecto ganas daban de ofrecerle una limosna y dominaba ocho idiomas sin haber salido de España. No carecía de injustos resquemores hacia las familias tradicionales, pero a la postre demostró que la profesionalidad era más rentable para el banco que la tradición.

Y tuvo suerte. El episodio que narra Martín Prieto no fue el que derrotó definitivamente a «los del impermeable», pero contribuyó a ello. Y en las postrimerías del franquismo, el que estaba llamado a suceder a Villalonga, el mayor de sus hijos, protagonizó un suceso que terminó con su futuro en la banca. Cuando aquello sucedió, el botones había conseguido el poder. Y lo hizo con su inteligencia y su visión de futuro del negocio bancario. Y con quince horas diarias en el despacho, que eso también se olvida. Excepto pronunciar dos plurales seguidas, Escámez, el botones, lo consiguió todo. Trabajando. No era sindicalista, claro.


La Razón - Opinión

En la hora crucial

El ajuste fiscal que ayer aprobó el Gobierno necesita todo el apoyo político de la oposición

La sociedad española está viviendo un momento crucial en la dolorosa tarea de superar la recesión económica. El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto ley de medidas de ajuste fiscal para recuperar la solvencia de las finanzas públicas. Dicho plan, que incluye un recorte medio del salario de los funcionarios del 5%, una reducción de la inversión pública de más de 6.000 millones de euros hasta 2013 y la congelación de las pensiones (salvo las mínimas) en 2011, pretende reducir el déficit público en cinco puntos en dos años y podría complementarse con la imposición temporal de un impuesto a los grandes patrimonios que las vicepresidentas De la Vega y Salgado no quisieron precisar ayer, pese a la insistencia de los periodistas, después del confuso anuncio de una subida tributaria realizado por el presidente del Gobierno.

Pero la especial gravedad de este momento político radica en la incapacidad de la oposición política y de los agentes económicos para entender la situación real de la economía española. Las finanzas públicas se enfrentan a un riesgo de impago si no se aplican con rapidez recortes drásticos en el gasto. Esta urgencia excluye la posibilidad de embarcarse en inacabables negociaciones sobre cuáles son los gastos que hay que recortar, las inversiones de las que hay que prescindir y los impuestos que hay que subir.

Resulta inquietante que políticos con experiencia rechacen consideraciones tan elementales como la prioridad agobiante de recortar gastos y se aferren a un puñado de votos o a las ventajas presupuestarias arrancadas en tiempos mejores. Los sindicatos repiten el argumento de que el ajuste castiga a "los más débiles" (cuando es evidente que "los más débiles" son los dos millones de parados causados por la crisis); y las comunidades autónomas, en un ejercicio de solidaridad inversa con las cuentas públicas, reclaman el cumplimiento estricto de las grandes obras, como si completar los trazados del AVE fuese una obligación superior a mantener la solvencia del Estado. Es evidente que los recortes en la inversión retrasarán la recuperación de la economía (los cálculos apuntan a un impacto en el crecimiento de cinco décimas el año que viene), pero la prioridad absoluta es evitar el colapso de la deuda pública.

Sin acuerdo político no habrá ajuste del gasto; tampoco se podrá considerar una subida de impuestos que ayude a bajar el déficit; y la deuda española sufrirá lo indecible para refinanciarse. Si hubo un tiempo en el que al Gobierno se le pudo acusar con razón de negligencia en la gestión de la crisis, hoy se puede imputar a PP, CiU y PNV de carecer de direcciones políticas a la altura de las circunstancias. Por supuesto, la obligación del Gobierno es rechazar las vacilaciones que él mismo ha exhibido durante los últimos tres años y mantenerse firme en las medidas de ajuste.

Por cierto, los políticos españoles no son los únicos que cometen graves errores. El Gobierno alemán cometió uno de singular gravedad el martes, cuando prohibió las operaciones especulativas conocidas como ventas en corto al descubierto. Al Ejecutivo que encabeza Angela Merkel no se le debería haber escapado que la regulación de los mercados es ineficaz si no se aplica en áreas económicas, por lo que es un error limitarlas a las fronteras nacionales; y que las operaciones bajistas no se dirigen o gestionan desde Francfort, sino desde otras plazas europeas. Con este movimiento tan torpe, Alemania ha hecho retroceder la fe en un Gobierno económico coordinado; y, para colmo, ha señalado a los mercados cuáles son sus debilidades financieras al publicar una lista de bancos y empresas alemanas sobre las que se prohíbe este tipo de especulación. Nunca se dibujó una diana con tanta precisión.


El País

Un Gobierno que no cree en lo que hace

En unos momentos en los que necesitamos de una continua pedagogía para que la sociedad digiera unas medidas duras pero indispensables, no es admisible que los primeros que tengan que convencerse de la necesidad del ajuste sean quienes lo están proponiendo

Aunque interpretar las oscilaciones a corto plazo de los mercados suele ser un ejercicio abocado al fracaso, sí es cierto que los inversores españoles expresaron en apariencia un juicio bastante claro al día siguiente de que Bruselas y el FMI intervinieran a la economía española: una vez nuestro país se convertió en un protectorado alemán y se tutelaron de cerca las suicidas medidas que estaba implementando el Gobierno de Zapatero, nuestro mercado de valores experimentó la mayor subida de su historia. En la misma línea, tan pronto como Zapatero terminó de anunciar en el Congreso de los Diputados que enmendaba la plana a toda su política económica anterior al tratar de reducir el déficit por el lado de los gastos, la bolsa volvió a aumentar durante unas horas.

Parece, pues, que los inversores son conscientes de que la grave crisis de nuestra economía sólo se soluciona con enérgicos ajustes del gasto y no con nuevas subidas de impuestos a unos agentes privados que ya están asfixiados por sus propias deudas. Claro que de lo anunciado a lo que finalmente fuera a aprobarse podía mediar una distancia bastante considerable, sobre todo si echamos una ojeada al espantoso historial de este Gobierno y del partido que le da sustento.

Al fin y al cabo, quien tenía que acometer el "mayor recorte de gasto social" de nuestra democracia eran los mismos que se habían llenado la boca diciendo que no iban a ser los más débiles quienes pagaran la crisis y que prometían cargar el peso del ajuste sobre quienes más tenían. En los mercados había dudas más que razonables sobre que Zapatero quisiera y pudiera aprobar el plan, dado que el rechazo ya no sólo surgía desde dentro del PSOE, sino por supuesto de todo el resto de la izquierda parlamentaria y también de un PP que exigía que los paniaguados del régimen también experimentaran un recorte en sus subvenciones.

De momento, parece que el Ejecutivo ha presentado el decreto ley que Zapatero anunció en el Congreso, no sin antes volver a hacer gala de ese caos, tensión interna, descoordinación, demagogia y descomposición que viene caracterizando al PSOE de los últimos años y, sobre todo, de los últimos meses. Después de varios días de rectificaciones, la Moncloa y el PSOE filtraron a varios medios afines que el Gobierno aprobaría un nuevo impuesto sobre el patrimonio, desmintiendo las afirmaciones que había realizado Salgado apenas 24 horas antes.

Al final, tras cinco horas de deliberaciones, prevaleció el criterio de Salgado, que probablemente sea el marcado por Bruselas, y, por el momento, no se aprobó ninguna subida de la tributación "a los ricos" que sólo habría agravado la fuga de capitales que ya está experimentado nuestro país. Pero aún así, no deja de transmitir una imagen lamentable que el equipo político que debe efectuar las mayores reformas de nuestra economía desde el Plan de Estabilización del 59 esté enfrascado en refriegas internas por el simple hecho de que no creen en las políticas que necesitamos y que nos exigen desde la UE.

En unos momentos en los que necesitamos de una continua pedagogía para que la sociedad digiera unas medidas duras pero indispensables, no es admisible que los primeros que tengan que convencerse de la necesidad del plan de ajuste sean quienes lo están proponiendo. Si este Gobierno y este PSOE no quieren tomar las únicas medidas que podemos tomar para evitar el desastre, si sus contradicciones internas las quieren saldar enredando a la ciudadanía los días pares y atracando a los ricos en los impares, entonces va siendo imperativo que tomen esa decisión que debieron haber adoptado al día siguiente de ganar las elecciones mintiendo y negando la realidad indubitada de la crisis: disolver las Cortes y convocar unos nuevos comicios. Sólo así podremos aspirar a que se forme otro Gabinete que sí tome la determinación de consolidar nuestros presupuestos y liberalizar los mercados.


Libertad Digital - Opinión

La injusticia social del Gobierno

EL Consejo de Ministros aprobó ayer por real decreto-ley las medidas anunciadas por Rodríguez Zapatero la semana pasada, consumando de esta forma un recorte de derechos sociales y económicos sin precedentes.

Este giro radical en el enfoque de la crisis se produce mientras el presidente del Gobierno insiste en que la recuperación económica ya ha comenzado, lo que agrega confusión sobre la necesidad y la utilidad de unas medidas que han desnudado la impostura del discurso oficial del Ejecutivo sobre el estado real de nuestro país. Al mismo tiempo, estas medidas se aprueban en medio de una estrategia de propaganda tendente a descargar en el Partido Popular la responsabilidad de apoyarlas en el Congreso de los Diputados, enfrentando a Rajoy con un supuesto reproche europeo en caso de que no dé su respaldo al Gobierno. La treta es burda y el líder de la oposición debe ignorarla, porque en Europa, pero sobre todo en España, se sabe perfectamente que la responsabilidad directa de la gravedad de la crisis -no tanto de su origen- es del Gobierno socialista, que se ha visto obligado por presiones foráneas a dejar de ser una amenaza para el euro y las economías de sus socios occidentales.

El plan del Gobierno es presentar las medidas restrictivas de salarios públicos, pensiones, gastos de dependencia e infraestructuras -y ahora la subida de impuestos «para los ricos»- como las únicas posibles en las actuales circunstancias, lo cual es, así planteado, falso. La congelación de las pensiones -un recorte encubierto- es injusta si no se suprimen antes gastos corrientes y subvenciones de las administraciones públicas totalmente prescindibles. El freno a la dependencia es una estafa política anunciada, porque el Gobierno nunca atendió las advertencias de quienes temían que se estaba comprometiendo un gasto excesivo para un futuro incierto. Los funcionarios critican, con razón, que su recorte de salarios no esté precedido de una supresión de cargos discrecionales y gastos superfluos. No hay sinceridad en el Gobierno en la aprobación de estas medidas porque responden a decisiones ajenas. Son improvisadas y no garantizan un recorte sustancial del déficit, aumentan la desconfianza social y hacen más evidente la incapacidad del Gobierno para liderar la recuperación. Sacar a pasear la demagogia tributaria contra «los que más tienen» es una tosca expresión de incapacidad política y una burda manera de aliviar la mala conciencia.

ABC - Editorial