jueves, 27 de mayo de 2010

Roth y Zweig, angustia ante la traición. Por Hermann Tertsch

VEREMOS lo que pasa en esta orgía de la mentira que han montado algunos. En esta especie de ensalada de basuraza intelectual que nos ha montado lo peor del país que por desgracia nos gobierna.

Veremos cómo se desarrolla la gran tragedia nacional que comenzó entonces, allá en 2004, con nuestros muertos y no sabemos cómo concluirá después de nuestros años de miseria ideológica que nos ha llevado a la sentina de la pobreza europea. Veremos cómo salimos de una pobreza en gran parte autoinducida, gracias a un Gobierno tóxico que ha perpetrado todos los errores -dejémoslo de momento en eso- para agravar cualquier situación.

Nuestro Gran Timonel y sus chicas del montón, Lucy, Boom, vicepresidentas y demás han llegado después de la tragedia al auténtico vodevil. Boletín Oficial para acá y para allá. Ya da casi igual porque el daño está hecho. Basura y más basura para distraer en los medios de control propio que son casi todos. Hay momentos en los que ya la única reacción lógica ante el disparate tectónico es la fuga. Con esta insensatez e incompetencia, todo español con posibilidades de hacerlo, debería huir o unirse a los insensatos.


Estamos en caída libre y la inmoralidad se dispara. No se equivoquen. Me refiero a la intelectual. La otra me trae al pairo. Hemos tenido otros zombis en la historia de España y ninguno ha hecho ningún bien. Pero parece mentira que tras la lección de historia que fue el siglo XX, un país con la gloriosa historia de España se zambulla en esta miseria que le imponen personajes como Zapatero, Montilla, Salgado, la otra chica vicepresidenta De la Vega y sucedáneos. Se puede uno morir de asco, se lo aseguro. Y de decepción. Y de desprecio. Y sobre todo la profunda certeza de la traición a nuestro mundo. Resulta una humillación diaria saber a toda esta gente gobernando este país y con la legitimidad que inequívocamente les ha dado el pueblo español. Eso es lo peor. El desprecio que produce saberse rodeado por ese criterio. Les pasó a dos de mis más amados centroeuropeos.

Fueron Roth y Zweig. Joseph Roth se murió de asco en su día. Fue en 1938. En París murió este austriaco que utilizó como método de suicidio bastante expeditivo la absenta. Fue un periodista y escritor como no los conocen los lamentables personajillos que circulan hoy con alardeado de periodistas. Un inmortal de la decencia y de la letra. Joseph Roth, fue un hombre que no cumplió los cincuenta por decir la verdad. Los nazis le produjeron náuseas mortales. Les tenía tanto asco que tenía ya finalmente que anestesiarse con la absenta para no saber de sus tropelías. Stefan Zweig también murió de asco pero muy lejos de París. Ese gran hombre sensible, genial biógrafo y literato, se suicidó porque no quería ya vivir en ese nuevo mundo siniestro que se perfilaba en su patria. También murió de asco. Dos hombres tan diferentes que se mueren por no resistir a la chusma han sido siempre para mí ejemplos de vida.

Nada se me presenta más repugnante como ese «no pasa nada» que tantos colegas periodistas propugnan. Nada me parece más detestable que los personajes que trivializan el crimen terrorista o la mentira política con esa especie de armonización cotidiana. Nadie me da más asco que esos periodistas y políticos que nunca ven tragedia y gravedad en la tragedia. Frivolizar hoy con la miseria de millones de familias equivale a ignorar el destino de aquellas familias que desaparecieron en los años treinta y cuarenta. Ni más ni menos. Decir hoy que la situación va bien produce las mismas náuseas que llevaron a la muerte a Roth y a Zweig. Pena la de este país que nos hace evocar, tras todas las tragedias sufridas en esta patria nuestra, nombres como aquellos.


ABC - Opinión

Vida antes y después de Zapatero. Por Valentí Puig

ZAPATERO fue perfilándose como figura en el paisaje político cuando su partido lo eligió secretario general y pasó a ser candidato socialista a la presidencia del Gobierno.

Fue aquella «Nueva Vía» que ganó por unos votos a José Bono, hoy en horas inciertas mientras su rival acusa el impacto de un megavendaval económico. Ni el más atinado de los augures pudo prever que, aunque llevaba años en su escaño y ajardinando el PSOE leonés, aquel diputado desconocido iba a trastocar el transcurso evolutivo del PSOE y a convertirse en el agente de un desmoronamiento económico general. Al PSOE le hacía falta una voz renovada y Zapatero pareció ser eso: se le llamó talante y reclamó como método el diálogo. Pero con él llegaba en realidad el zapaterismo, un estadio político que se alejaba de lo previsible en la renovación un partido que se había encarrilado en la socialdemocracia.

Mucho trecho había recorrido el socialismo español desde los días fundacionales de Pablo Iglesias. Con la transición democrática y la tutela benéfica de la socialdemocracia alemana, el liderato de Felipe González iría llegando a la aceptación de la economía de mercado, al sí a la OTAN después del «no» y a operar en la cancha de lo que ahora es la Unión Europea. En consecuencia, el zapaterismo no era lo más previsible, aunque en parte pudiera estar en el almacén genético del PSOE. La aparición de Zapatero fue más bien interpretada como un paso en la modernización de un partido político que venía de unos episodios de grave corrupción que finalmente le habían llevado a la derrota electoral.

Quedan dos preguntas de política-ficción. En primer lugar, de no haber ganado las elecciones después del 11-M, ¿existiría todavía el zapaterismo o el PSOE en la oposición ya hubiese procedido en su día a sustituir a Zapatero? En segundo lugar, si el PSOE hubiese entonces transitado del felipismo a una fase equiparable a la que es hoy la propia de las socialdemocracias europeas, ¿en qué posiciones estaría un gobierno socialista español frente a la recesión económica, en política exterior y en el frente laicista?

Fruto de unas circunstancias imprevisibles, como tantas otras cosas, el zapaterismo ha llegado así a ser el factor determinante de un desarreglo general. Y se diría que nadie sabe hasta dónde puede llegar esa peculiar centrifugación política, social y económica. El único y magro consuelo es ratificar aquella concepción histórica que pone la acción humana y el protagonismo de las personalidades por encima de unas fuerzas deterministas de la economía, como por ejemplo suponía el marxismo. Zapatero es un exponente claro, aunque en su caso haya aportado empeoramiento, confusión y descrédito, en lugar de significar racionalidad, previsión y credibilidad.

Al hilo de hipótesis de esta naturaleza, saber hasta dónde Zapatero sea capaz de llegar en las circunstancias actuales es vital para España. En el calendario electoral, quedan unos dos años para que el pueblo español acuda de nuevo a las urnas. Largo, muy largo tiempo con los malos vientos que soplan, con una economía tan vulnerable y con un Gobierno que ha quedado desprovisto de credibilidad. ¿Cómo será el PSOE después de Zapatero? Lo único que podríamos aventurar es que posiblemente sería más austero, más previsible y más prudente. Un PSOE que para entonces hubiera recuperado la madurez histórica como para trenzar con el PP los grandes pactos de Estado y los consensos que han significado mejores tiempos para la sociedad española.


ABC - Opinión

Ibarra nos cuenta el desajuste. Por Cristina Losada

Los especuladores le acosaban como lobos y las sabandijas le exigían que tomara medidas impopulares a fin de enfrentarlo con su electorado, pues no otro era el designio de los conjurados.

Nuestro cuentacuentos de hoy es un hombre que llama al pan, pan y al vino, vino y que habla con el corazón en la mano. Atención, queridos niños, que el tío Ibarra, el de Extremadura, os va a contar por qué se ha derrumbado el mundo de fantasía. "Érase un presidente muy bueno, que hizo lo posible y lo imposible por mantener el Estado de Bienestar que habíamos forjado durante treinta años. Algunos, de forma despectiva, insinuaban que vivíamos por encima de nuestras posibilidades y como nuevos ricos, pero la gente sólo aspiraba a tener una casa, un coche, vacaciones, hospitales y colegios, cosas todas que, como sabéis, no estaban a su alcance hasta que llegó el presidente magnánimo".

"El pueblo era feliz, comía perdices y aplaudía al gran benefactor, pero tanta alegría fastidiaba. Así que, los poderosos decidieron doblarle la muñeca al defensor de los débiles a través de esa banda de malhechores llamada mercado. La pandilla se confabuló, primero, para provocar una crisis financiera mundial. Dieron hipotecas a aquellos tipos de Alabama que no podían pagar y, desde su guarida en Chicago, cogieron ahorros de los españoles para invertirlos en basura. Querían poner al presidente contra las cuerdas, pero él aguantó contra viento y marea las acometidas que infringía (sic) a nuestra economía el capitalismo más salvaje".

"Los especuladores le acosaban como lobos y las sabandijas le exigían que tomara medidas impopulares a fin de enfrentarlo con su electorado, pues no otro era el designio de los conjurados. Pero, mientras arreciaba el ataque, los que habían depositado sus ilusiones en el presidente, no movieron un dedo para pedirle que aguantara el pulso. Se quedaron cobardemente en casa, en lugar de salir a la calle a darle aliento. Así, el buen hombre se vio solo y desamparado. Abandonado a su suerte, su muñeca cedió y no tuvo más remedio que aceptar las exigencias de los malandrines, que se permiten el lujo de reclamarnos sacrificios".

De esa guisa contaba Rodríguez Ibarra en El País la triste historia del desajuste socialista. Hay alboroto en la guardería y para calmarlo, nada más idóneo que la antigua y probada medicina: buenos y malos, teoría de la conspiración y anticapitalismo primitivo.


Libertad Digital - Opinión

El País: Ajustes e izquierdas - Por Juan Carlos Rodríguez Ibarra

Contra los ricos. Por M. Martín Ferrand

LA gran diferencia entre la Europa de la Contrarreforma, la nuestra, y la que vivió la Reforma Protestante que impulsó Lutero reside, fundamentalmente, en la valoración social de las personas acaudaladas, de los ricos.

Entre nosotros, y dicho sea coloquialmente y sin ánimo de discusión teológica, la fe es suficiente para alcanzar la salvación eterna y en la salsa luterana y calvinista se exige, además, el esfuerzo. El trabajo que perfecciona a la persona, la justifica biográficamente y dignifica moralmente. Allí suponen que un rico es la consecuencia de una intensa vida productiva, forjada en el ahorro y en la asunción del riesgo de las inversiones y aquí suele ir por delante la sospecha de la procedencia ilegítima de cualquier patrimonio dilatado que no arranque de la nobleza de la sangre y de la herencia.

En ese entendimiento, tan poco socialista y tan propio de José Luis Rodríguez Zapatero -el líder que declina-, ha dicho el presidente que, «en breves semanas», el Gobierno presentará una nueva figura tributaria que no afectará al 99,9 por ciento de la población y que se dirige únicamente a los ciudadanos con una alta capacidad económica. ¿El 0,1 por ciento de la población? Lo primero que debiera aclararnos el intelectual de León nacido en Valladolid es la duración de una semana breve. Hasta ahora, cuando mejor que peor íbamos tirando, todas las semanas eran de siete días, pero la reducción de tiempo en las semanas también es asunto para la inquietud colectiva.

Zapatero, como un tirador con mira telescópica de los que, al servicio de los malos o de los buenos, aparecen en las películas, está apuntando a alguien concreto. Eso es políticamente torpe; éticamente, impresentable y hacendísticamente, inútil. El volumen de las recaudaciones fiscales depende del multiplicador, del número de quienes satisfacen un determinado impuesto, mucho más que del multiplicando y, por mucho que quiera ordeñar los bolsillos de cuatro mil personas, no será así como compense el déficit y, mucho menos, como fomente la actividad económica que, con la correspondiente creación de empleo, genere la riqueza que nos falta y nos libere de la pobreza que nos acongoja. Como, además, las apariencias engañan puede llevarse un chasco monumental porque, dos docenas de excepciones al margen, uno de los grandes males nacionales reside en el hecho de que nuestros ricos son bastante pobres.


ABC - Opinión

Martínez Vendrell. Homenaje a un criminal. Por José García Domínguez

¿Dónde residirá el inconveniente, entonces, a inaugurar una Avenida Adolfo Hitler en Barcelona? "Exterminó a seis millones de judíos, pero fue un ecologista ejemplar, amén de cuidar con infinito cariño a su fiel perrito Blondi", habría de rezar la placa.

De asentir al diccionario, controvertido sería todo aquello que resulta objeto de discusión y da lugar a opiniones contrapuestas. Por ejemplo, que el difunto nacionalista catalán Jaume Martínez Vendrell fuese el inductor de los dos atentados más sádicos que nunca sufriera la España democrática, supone objeto de controvertida controversia. Pues ocurre que, igual que la Justicia en su día, los separatistas, todos, unánimes, sin excepción, avalan la certeza del aserto. De ahí la admiración hacia la figura sanguinaria de Martínez entre el catalanismo más asilvestrado. Y es que la devoción laica a su memoria no surgió a pesar de saberlo implicado en los crímenes de Bultó y Viola, sino por presumirse que él fue el artífice de ambas carnicerías

A fin de cuentas, a Martínez no se le rinde culto aunque matara con saña animal a dos hombres, sino porque mató con saña animal a dos hombres. Mas, como advertimos ahí arriba, el asunto se presta a alguna controversia. Así, frente al juicio de sus propios cómplices, los antiguos pistoleros de EPOCA (Ejército Popular Catalán), alzase ahora la opinión de tres magistrados de la Audiencia Nacional, que acaban de descubrir "controvertidos" aquellos hechos. Tan controvertidos se les antojan que no han topado con objeción legal alguna a que cierta calle de su pueblo lleve el nombre de Martínez como recuerdo de su paso por la tierra. Que hubo otras facetas de su biografía dignas de municipal encomio, alega por todo descargo la sentencia que acaban de firmar.

Será que, al modo de las hipotecas basura y el queso en lonchas, los actos morales de la vida de un hombre pueden dividirse y empaquetarse en porciones separadas e independientes. ¿Dónde residirá el inconveniente, entonces, a inaugurar una Avenida Adolfo Hitler en Barcelona? "Exterminó a seis millones de judíos, pero fue un ecologista ejemplar, amén de cuidar con infinito cariño a su fiel perrito Blondi", habría de rezar la placa. ¿Y por qué no una plaza en reconocimiento a las muchas virtudes cívicas del violador del Ensanche? "A nuestro convecino Francisco López Maíllo, que jamás tiró un papel a la calzada y, galante, cedía siempre el paso a las damas. El Ayuntamiento agradecido". ¿O acaso tendría algo que objetar la Audiencia?


Libertad Digital - Opinión

Un ciego con una pistola. Por Ignacio Camacho

SE llama descomposición. El Gobierno ha entrado en una fase literalmente desintegrada en la que hasta el caos podría representar una cierta forma de orden.

En realidad, ya no hay Gobierno en el sentido estricto de un grupo capaz de tomar decisiones colegiadas; sólo un puñado de ministros nominales flotando a tientas en un albur de nada e incapaces del más mínimo movimiento coordinado. El presidente da tumbos en todas direcciones sembrando la confusión y el pavor como un ciego con una pistola; cada medida que anuncia es un disparo al azar que deja víctimas colaterales hasta en sus propias filas. El desconcierto es absoluto y la sensación de desbarajuste se parece mucho a un vacío de poder. Las rectificaciones y pasos en falso se suceden en cuestión de horas, en una secuencia inverosímil de errores encadenados que tienen la fabulosa propiedad de superarse a sí mismos en tiempo récord. Nunca, ni en los tiempos más convulsos del suarismo, se había visto en España un espectáculo así, un descalzaperros semejante de aturdimiento y zozobra. La oposición podría irse de vacaciones; nada desgasta ni ridiculiza más al Gobierno que su propia y reiterada demostración de incompetencia.

En medio de esta descompostura de torpezas incongruentes, propuestas inmaduras y contradicciones alborotadas, el sainete de la congelación de los créditos municipales ha superado cualquier parodia posible de incoherencia. Después de haber rectificado a sus vicepresidentes/as, a sus ministros, a sus asesores y a sí mismo, Zapatero ha logrado la abracadabrante marca de corregir a destiempo el Boletín Oficial del Estado, que hasta ahora era la única instancia fiable de un Gobierno en desbandada. Por el particular procedimiento, dudosamente legal, de modificar un decreto ley sin pasar por el Consejo de Ministros, como si la sustantiva alteración de los plazos fuese una fe de erratas de un documento mal mecanografiado. Ya no se trata de una política desorientada, ni de unas medidas discutibles por su sentido ideológico o sus consecuencias prácticas: estamos ante una manifestación suprema de incapacidad técnica para gobernar, de desconocimiento clamoroso y terminante de las reglas, de improvisación elevada a la enésima potencia. Mal gobierno en la acepción más rigurosa del término: decisiones erráticas, desaciertos disparatados, enmiendas express, gestión descuidada, ausencia de criterios, impericia administrativa, falta de armonía, incapacidad de diálogo, autismo pertinaz y, sobre todo, una atmósfera de ofuscación trastornada que produce el inquietante desasosiego de un piloto en prácticas ante una emergencia de seguridad.

En circunstancias menos dramáticas, podría resultar hasta divertida esta acumulación de despropósitos propia de una comedia bufa, de un vodevil político. Pero estamos ante una crisis de proporciones descomunales que puede convertir la caricatura en un enredo siniestro.


ABC - Opinión

Camps resiste y planta cara a la dirección del PP. Por Antonio Casado

Se oscurece el horizonte penal de Francisco Camps, líder del PP valenciano y presidente de la Comunidad.

En pocos días, el Supremo por un lado y el Tribunal Superior de Madrid, por otro, han devuelto al Tribunal Superior de Valencia el dossier judicial que le pone bajo sospecha de haber cometido varios delitos (cohecho propio e impropio, falsedad documental, financiación irregular del PP y fraude fiscal, entre otros) en relación con la carga de trabajo facilitada por la Generalitat y el PP a empresas de Gürtel entre los años 2004 y 2008.

Por tanto, también se oscurece su horizonte político. El suyo personal y el de su equipo en el Consell y en el partido (Vicente Rambla, Ricardo Costa, David Serra y otros). De eso hablaban ayer los dirigentes nacionales del PP, que echaron la tarde en comentar la jugada. La jugada es el empeño de Camps en atarse al palo mayor e incluso romper la baraja si alguien pretende sacarlo del campo, mientras reclama su nominación como candidato a las elecciones autonómicas de 2011.


El síndrome de UPN se instaló ayer tarde en la calle Génova, donde Mariano Rajoy ha decidido darle más hilo a la cometa. Habla de días o semanas, no de meses. O sea, esperar y ver, en nombre de la presunción de inocencia y del cada vez menos sólido alegato del propio Camps contra los fabricantes de un “montaje” que responde a “nada de nada, porque no hay nada”. Hace unos días llegó a mencionar al presidente Zapatero y a la vicepresidenta Fernández de la Vega como los autores intelectuales. Un recurso argumental agotado hace tiempo entre sus compañeros de la dirección nacional, quienes ya han convertido en lugar común la referencia al caso Camps como un problema personal, más que político o judicial.

Margen de maniobra agotado

Cada vez más despegado del suelo, Camps sigue convirtiendo los indicios delictivos apreciados por el juez Pedreira y hace unos días por el Tribunal Supremo en una operación política urdida contra él para evitar que siga ganando elecciones. De su comparecencia como imputado en mayo de 2009 por la cuestión de los trajes, nos queda una muestra de su divorcio con la realidad. Cuando el juez Flors le preguntó si Alvaro Pérez, “El Bigotes”, le debía algo, Camps respondió: “Todos los valencianos me deben mucho. Reconocen mi empuje”. Eso ocurrió en sede judicial, pero no han sido muy distintas sus respuestas cuando le han preguntado en el Parlamento o en los medios sobre el engrudo que pisa por haber dado cobertura a la franquicia valenciana de la trama Gürtel.

Su margen de maniobra está agotado si nos atenemos a los precedentes. En la situación judicial de Camps, otros compañeros suyos han renunciado al cargo y a la militancia, según el listón marcado en su día por Rajoy. Además, está la doctrina Aznar, no derogada por su sucesor: “El PP es incompatible con la corrupción”.

Los hechos detectados en sede judicial son tercos respecto a una trama corrupta creada desde fuera por un tal Correa con la colaboración necesaria de ciertos dirigentes del PP. En la Comunidad de Madrid, gobernada por Esperanza Aguirre, se firmaron al menos 300 contratos de administraciones del PP con las empresas Gürtel. Y en Valencia, fueron esos 84 contratos concedidos a través de la Presidencia o la Vicepresidencia de la Comunidad que a Camps le parecen una menudencia, según decía ayer.


El Confidencial - Opinión

Decretazo injusto

El Congreso vota hoy el Decreto Ley del Gobierno con las medidas para reducir el déficit público que suponen un profundo recorte social.

Algunas iniciativas incluidas en el decreto nos parecen convenientes si queremos sentar las bases de la recuperación, pero otras resultan improvisadas y facilonas. La desnortada política económica del Gobierno no pueden pagarla los sectores más desfavorecidos de la sociedad como jubilados o dependientes. La pérdida de poder adquisitivo de los mayores es un grave error, pues en un porcentaje muy amplio hablamos de pensiones mínimas. Tampoco nos parece ajustado el recorte a las nóminas de los funcionarios que prevé el decretazo. Se nos olvida que empleados públicos son también policías, guardias civiles, bomberos, profesores, funcionarios de prisiones, médicos, enfermeros, auxiliares..., cuyos sueldos no son para tirar cohetes. La congelación de sus prestaciones era la decisión más correcta.

El equipo económico del Ejecutivo es el primer responsable de esta situación y sólo las imposiciones de Europa y Estados Unidos han propiciado el abandono de una política que nos empujaba al precipicio. Su ineficacia ha derivado en una ausencia de credibilidad y en un desprestigio internacional. Lo más inquietante es que no hay previsión de cambios.

Hemos defendido en varios editoriales que existían otros capítulos a recortar y soluciones más sólidas, aunque más complejas, antes que sacrificar a los que menos tienen para que el Gobierno salve la cara ante nuestros socios. El país debe recuperar la disciplina presupuestaria y afrontar una severa reducción de los gastos corrientes y el ajuste de una administración sobredimensionada. Un tijeretazo a las subvenciones y partidas superfluas, que las hay, y medidas como la congelación de los sueldos de los empleados públicos o el copago marcan el camino.

El ajuste es imprescindible porque el déficit y la deuda nos asfixian, pero sin crecimiento económico y creación de empleo, valdrá de poco. España debe afrontar reformas estructurales que devuelvan a la economía la competitividad. Hablamos de la reforma laboral, una política energética que evite el cierre del parque nuclear, la reorganización del sistema financiero, un paquete de liberalizaciones, la reforma del sistema de pensiones que garantice su sostenibilidad, un programa de privatización de empresas públicas y una reforma fiscal que estimule el consumo y la inversión y no que las disuada. Los impuestos populistas, como el anunciado para «los que más tienen», aportarán poco en el capítulo de ingresos y complican la entrada de capitales.

Entendemos que el decretazo del Gobierno no puede ser respaldado hoy en el Congreso en su actual redacción y que hay razones para rechazarlo. Si se cumple lo previsto, será convalidado por un voto de diferencia. La retirada de la congelación de las pensiones sería un gesto que reforzaría una posible abstención por sentido de Estado y ante la situación de extrema dificultad del país. En definitiva, no es posible suscribir avales políticos a un Gobierno que ha fracasado y cuyo tiempo ha expirado.


La Razón - Editorial

Más que trajes

El juez de Gürtel en Madrid vincula los regalos a Camps con más delitos que el cohecho impropio

Era cuestión de tiempo que la investigación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre los contratos amañados entre la Administración valenciana y la trama Gürtel entre 2004 y 2009 alcanzara a altos cargos de la Generalitat y que tuviera que pasar al Tribunal Superior de esa comunidad en razón del aforamiento de varios implicados.

La ley dice que el instructor de una causa se inhibirá desde el momento en que aparezcan indicios contra un aforado, pero en la inhibición del instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, a favor de su colega valenciano, José Flors, había también una razón de urgencia: la inminente prescripción del delito electoral presuntamente cometido al asumir varias constructoras valencianas el pago de actos facturados por la trama Gürtel al PP valenciano, con motivo de las elecciones autonómicas y locales de 2007.


El archivo, primero, de la causa de los trajes y, después, su reapertura por el Tribunal Supremo van a tener un efecto beneficioso para la justicia, al haberse podido descubrir nuevos datos sobre el verdadero significado de esos regalos, no tan inocentes y penalmente inocuos como se había pretendido. Para el juez Pedreira, apuntan a delitos más graves que el de cohecho impropio: su investigación sitúa a los trajes en el eje de las contrataciones entre la Generalitat valenciana y la trama Gürtel, incluida la cobertura televisiva de la visita del Papa en 2006, y en su estela de mutuos favores. Serían, si se quiere, la guinda del pastel de las contrataciones amañadas, con mutuo beneficio, entre la Administración valenciana y la trama Gürtel, pero un elemento propio y no desgajado de ese pastel.

El primer efecto que tendrá la inhibición del juez Pedreira es un cambio profundo de la causa de los trajes. La tipificación delictiva se agravará si, como sostiene, tales regalos tienen conexión con actuaciones propias del cohecho propio y de la prevaricación, y encubridoras de delitos electorales, contra la Hacienda Pública, de blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. La causa se amplía a nuevos implicados: junto a Camps, Betoret, Campos y Costa aparecen otros altos cargos del Gobierno y del PP valencianos. Y alcanza al hasta hace poco tesorero del PP, Luis Bárcenas, que lo era cuando en 2007 algunas constructoras pagaron las deudas electorales del PP valenciano, así como a los gestores de estas constructoras y a los cerebros de la trama Gürtel.

Al instructor del caso en Valencia le espera un arduo trabajo. Y presiones más o menos encubiertas dada la relevancia política y social de los implicados. Al primer instructor del asunto, Baltasar Garzón, el PP intentó descabalgarle cuanto antes del sumario. Y al juez Pedreira no ha dejado de ponerle piedras en su investigación utilizando la acusación popular no para perseguir a los corruptos sino para procurar su impunidad.


El País - Editorial

A Camps no le aprietan sólo los trajes

La tensión que está viviendo el PP por esta causa no se va a solventar con disimulos de cara a la galería y sin un liderazgo que imponga un criterio que sepa distinguir las responsabilidades penales de las responsabilidades políticas

Por mucho que el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, finja ignorarlo y se dedique a darse baños de multitudes, las posibilidades de que termine sentándose en el banquillo por el caso Gürtel, lejos de reducirse, no hacen sino acrecentarse por algo, además, que tiene muchísimo más recorrido que el haber recibido presuntamente unos trajes de la trama corrupta: el auto de inhibición del instructor del caso, Antonio Pedreira, ha hecho suya la tesis de la Fiscalía al considerar que existen indicios de otros delitos como el de cohecho contra la administración y la hacienda pública y un delito electoral que también afectaría a otros miembros del gobierno y del PP valencianos.

En este auto, por el que se da traslado del caso al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, el instructor pide que se investigue al gobierno regional a raíz de la existencia de diversos informes de la policía judicial, la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Tributaria y la Intervención General del Estado que detallan movimientos fraudulentos con facturas falsas, contrataciones irregulares y una caja B en el PP que apuntan a una financiación ilegal.

Aunque dichos informes y el auto que lo refleja contradigan las auditorias que tanto organismos independientes como del propio Tribunal de Cuentas han hecho de la contabilidad del PP en Valencia, y por mucho que los contratos de la Generalidad hayan sido también avalados por el abogado del Estado, es evidente que este auto no viene sino a hacer más insostenible la situación del actual presidente valenciano. Ante esta realidad, Camps no puede quitarle importancia y menos aun hacerlo diciendo que la Generalitat "adjudica y gestiona más de 16.000 millones de euros" y en este caso se está hablando "de 80 contratos en seis años". Aunque sólo fuera un contrato llevado a cabo de manera irregular, sería suficiente para cuestionar a unos dirigentes políticos cuya honorabilidad debe de estar siempre fuera de toda duda.

Camps no puede ser una excepción al principio por el cual quien se sienta en el banquillo de la justicia debe quedar desbancado de su cargo público, con absoluta independencia de su presunción de inocencia. Y menos aun que se convierta en excepción por el hecho de haber amenazado a la dirección nacional del partido. De confirmarse que Camps ha amenazado a Trillo con presentarse con "un partido independiente de corte regionalista", sería suficiente para cesar de inmediato al político valenciano por mucho que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia volviera a archivar la causa contra él.

En cualquier caso, es evidente que la tensión que está viviendo el PP por esta causa no se va a solventar con disimulos de cara a la galería y sin un liderazgo que imponga un criterio que sepa distinguir lo que son responsabilidades penales de lo que son responsabilidades politicas. Ese liderazgo y ese criterio es lo que falta para que todos los miembros del PP lo sigan, tanto en público, como en privado.


Libertad Digital - Editorial

Elecciones, una necesidad nacional

Las primeras medidas de contenido realmente restrictivo del gasto han desvelado la extrema debilidad política del Gobierno.

Su vulnerabilidad a las presiones externas se acreditó tras la cumbre europea que lo forzó a tomar las decisiones que días antes, ante Mariano Rajoy, había rechazado por considerarlas perjudiciales para el crecimiento. La falta de reforma laboral, reclamada constantemente dentro y fuera de nuestras fronteras, es el precio que está pagando el Gobierno a una paz sindical impostada, y la movilización de los ayuntamientos contra la prohibición de endeudarse hasta finales de 2011 ha precipitado el más flagrante de los bandazos cometidos por el Ejecutivo, al urdir una trampa legal que hizo pasar por rectificación de errores lo que fue la modificación ilegal de todo un real decreto-ley.

En su ya largo deambular sin rumbo, el Gobierno se ha llevado por delante dos equipos económicos, síntoma inequívoco del descontrol sobre la política económica del país. El de Pedro Solbes siguió el camino de su titular y abandonaron todos el Ejecutivo; el de Elena Salgado no hace falta que se vaya, porque se encuentra sumido en una tercera fila, desautorizado y adelantado por otros ministros e incluso por portavoces del Partido Socialista sin mando en materia económica. Valga como ejemplo el impuesto a «los ricos», confirmado ayer por José Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso de los Diputados para dentro de «breves semanas», según anunció. Por tanto, se despejó en parte la incógnita que enredó a la ministra Salgado, que negó la intención de llevar a cabo esta subida fiscal; a la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, quien, por el contrario, dijo que era «inminente»; o al ministro de Fomento, José Blanco, quien avaló la subida «a los que más tienen», con una doctrina de izquierda al estilo clásico. El caso es que esta medida, que se presenta subliminalmente como una compensación al recorte social acordado el pasado viernes, no va a afectar al «99,9 por ciento» de los contribuyentes, según calculó ayer el presidente del Gobierno, porcentaje que permite preguntarse por el impacto recaudatorio y la eficacia económica que tendrá ese incremento de impuestos, sea cual sea y que servirá, hasta que se produzca, para mantener entretenida a la izquierda más reacia al recorte de pensiones y derechos sociales.

El cuadro general es desalentador, y el presidente del Gobierno debería ser consciente de que enrocarse en posiciones defensivas o responder con arrogancia a las críticas de la oposición o al malestar social no es la opción responsable de este momento. Por el contrario, Rodríguez Zapatero tiene la obligación de preguntarse si cuenta con apoyos suficientes no para salir del paso día a día, sino para liderar la política de restricciones y austeridad que reclama este momento crítico; o si debe acudir a los ciudadanos para recabar una legitimación democrática que renueve su mandato o que se lo confiera a la oposición. En menos de veinticuatro horas, las dos Cámaras han votado en contra de la congelación de las pensiones y hoy es probable que sólo los votos del PSOE, en el mejor de los casos, porque el resultado se presenta incierto, saquen adelante la convalidación del paquete de medidas contra la crisis. Obviamente, el Partido Popular está llamado a la responsabilidad política que le incumbe como partido de oposición y como alternativa de gobierno, sabiendo que su criterio para la votación de hoy está vinculado principalmente a su propio diagnóstico sobre la situación de España y a la valoración que sinceramente le merece el plan de ajuste aprobado por el Gobierno.

Es evidente que, junto con la falta de una mayoría amplia en el Parlamento, el Gobierno carece de respaldo social, lo que se refleja sin excepción en todas las encuestas recientes, pero más palpablemente en el ambiente cotidiano. El problema del Ejecutivo no es que una u otra concreta medida despierten recelo, sino que la sociedad española ya no confía en que José Luis Rodríguez Zapatero sea capaz, en este momento, de encabezar una política en la que él mismo no cree por sus definidos rasgos ideológicos. La arquitectura política de un país en crisis -y no sólo económica- descansa en la confianza de los ciudadanos. Por eso, este es el momento de convocar a los españoles a las urnas, no para ganar tiempo ni para perderlo en campañas rutinarias, ni para emprender una discordia de partidos, sino para comprometer a los electores en un tiempo de sacrificios con programas sinceros basados en la verdad. Sólo una renovación democrática en las urnas dará al nuevo gobierno, sea el que sea, una fuerza de la que ahora carece el de Rodríguez Zapatero, porque ningún partido podrá ya presentarse ante los electores eludiendo la gravedad de la situación. Los grandes olvidados de esta crisis son los ciudadanos, solicitados sólo para pagar más impuestos, recibir menos salarios y perder poder adquisitivo. También tienen un derecho inalienable, que es el de decidir quién los gobierna y cómo. No basta con afirmar que a esta legislatura aún le quedan dos años, lo cual es una obviedad irrelevante en las actuales circunstancias. Para muchos millones de españoles, estos dos años ya vencidos han sido una eternidad. El mandato que recibió Rodríguez Zapatero en 2008 está políticamente liquidado porque de su programa electoral del pleno empleo y la ausencia de crisis hemos pasado a un recorte social sin precedentes y a una falta dramática de expectativas. Pedir ahora elecciones generales anticipadas no es antipatriota ni oportunista. Convocarlas no será una claudicación. En ambos casos, estaríamos ante el funcionamiento de unas instituciones democráticas que se ajustan a los movimientos de opinión pública, a las necesidades políticas del país y, sobre todo, a la auditoría que la sociedad ha practicado al Gobierno de Rodríguez Zapatero.


ABC - Editorial