jueves, 3 de junio de 2010

Zapatero y la crisis nos saturan. Por Vatentí Puig

HA sido muy desalentador ver como la crisis económica iba impregnando una sociedad española que no reaccionaba y en la que la política de Gobierno consistía metódicamente en que esa crisis no fuese advertida ni anunciada.

Por las apariencias, ahora estamos en otra fase: consiste en que esa absorción inane de la crisis ha ido transformándose en una extensa inquietud que va calando en toda la sociedad, estrato por estrato y generación por generación. Por eso la crisis política ha desvencijado incluso las formas institucionales del Gobierno, de la dialéctica Gobierno-oposición y, lógicamente, la arquitectura interior del partido que gobierna.

Es como si la sociedad española, después de unos años de crecimiento acelerado y de endeudamiento desquiciado, hubiese tenido que despertarse finalmente por los topetazos que los mercados estaban atizándole a los fundamentos de su sistema económico. Son topetazos que nadie sabe predecir cuando cesarán. Es casi como si ya pertenecieran de modo sistémico a una actualidad político-económica que por sus graves circunstancias difícilmente puede tener una percepción panorámica propia. En lo hondo de un estado depresivo, el paciente raramente ve la posibilidad de una mejoría.


Quién sabe dónde está el límite de la saturación a partir del cual las sociedades responden con descontento público a la indefensión que sienten ante una crisis a la que su gobierno no solo no ha reaccionado con tiempo sino que la ha reconocido a destiempo. El nuevo estado de la opinión pública se constata en datos demoscópicos que son devastadores para Zapatero y el PSOE. Los sindicatos solo aportan descrédito, sin control algunos sobre unas dinámicas sociales a las que tan defectuosamente representan.

Afortunadamente, los duros embates de la recesión no han penetrado de tal forma que alterasen la estabilidad del convivir cotidiano. Ayer, «The Wall Street Journal» aventuraba la posibilidad de que, habiendo tanto paro, las escasas movilizaciones en España se deban en parte a un efecto-colchón de la economía sumergida. Es decir: tanto en España como en Portugal, la economía sumergida actúa como un amortiguador contra la convulsión social y a modo de esperanza de solución. Pudiera ser la clave secreta, algo vergonzante, de cómo una tasa de paro que dobla la media europea no ha generado reacciones sociales. Es a su vez una marca del desgobierno.

Más tangible es la resistencia de la familia a desampararse ante la crisis. Esa familia tan denostada y considerada como algo arcaico por los ideólogos del zapaterismo de nuevo vuelve a convertirse en el fusible último de la vida social española y del paro. Si ese fusible llegara a saltar, las consecuencias son imprevisibles. Ahí está el límite de la saturación. Nada protege mejor al individuo de la precariedad. Sobre todo cuando el Gobierno hace dejación de las responsabilidades de Estado. Especialmente cuando la política se hace ajena al bien común. Ahora mismo gobernar consiste en aplicar lo mejor posible las medidas de rigor y disciplina que han dictado el FMI y la eurozona. Oponerse debidamente al Gobierno también tiene que ver con eso. ¿Protectorado? Digamos que todo ocurre en virtud de un proceso de co-soberanía europea, en el que deberes y derechos tanto como decisiones están mancomunadas. Como socio europeo, España es parte de tales decisiones para lo bueno como para lo malo. Sabremos en qué queda la política más al final, cuando cesen claramente los topetazos aunque todavía no esté claro si ganan los apaches o el Quinto de Caballería.


ABC - Opinión

Autonomías. La crisis como excusa. Por Emilo J. González

Si estamos en crisis, lo estamos todos, los ciudadanos y las administraciones; si hay que apretarse el cinturón, nos lo tendremos que apretar todos también. Las autonomías, sin embargo, no están por la labor.

A los políticos de este país no se les acaba de meter en la cabeza que el dinero que gestionan es el de todos los españoles, el que los ciudadanos ganan con el sudor de su frente, y no es un regalo que hacen a las administraciones públicas sino una entrega forzada de esos recursos. Los dineros públicos, por tanto, son y proceden de alguien; no surgen por generación espontánea, como pretenden algunos políticos, sino del esfuerzo de las personas a las que la fuerza coercitiva del Estado les obliga a entregarle parte de sus rentas. Si resulta harto difícil que la clase política nacional entienda esto, mucho más lo es que lo comprendan los políticos regionales.

Todo esto viene a cuento del proceso de subida de impuestos en que se están embarcando las autonomías españolas. Cataluña ha dado el pistoletazo de salida con el incremento del IRPF para las rentas más altas y otras muchas autonomías, no la de Madrid, se están apuntando al carro, sobre todo las gobernadas por los socialistas. Ahora bien, ¿hace realmente falta incrementar la fiscalidad? Los políticos regionales alegan que la crisis económica no les deja otra opción, pero lo cierto es que la crisis no es más que una excusa para hacer lo que quieren hacer, que es seguir gastando a todo tren sin adaptarse a las nuevas circunstancias económicas. Porque la crisis pueden y deben afrontarla de otra manera, esto es, reduciendo los pagos, donde tienen mucho margen de maniobra. ¿O es que acaso hay alguna política regional que sea imprescindible? Si somos serios, ni una. Las comunidades autónomas carecen de competencias en defensa y política exterior, y en justicia y orden público son muy limitadas. Por tanto, las cuatro funciones básicas de un Estado siguen en manos del Gobierno central. Lo mismo sucede con buena parte de las políticas sociales más importantes, como las pensiones y las prestaciones por desempleo. ¿Qué les queda a las autonomías? De lo básico, tan sólo la educación y la sanidad, pero las necesidades de la primera no son tantas como para tener que subir impuestos y las de la segunda se pueden resolver introduciendo el copago y racionalizando su gestión. En consecuencia, las autonomías no necesitan realmente más recursos para atender a las funciones básicas del Estado.

¿Qué es lo que ocurre, entonces? Pues que casi todas ellas están embarcadas en políticas absurdas de gasto con las que no quieren acabar y exigen a los ciudadanos que las paguen sin realmente darles la menor explicación de en qué emplean el dinero que le sacan del bolsillo. Si estamos en crisis, lo estamos todos, los ciudadanos y las administraciones; si hay que apretarse el cinturón, nos lo tendremos que apretar todos también. Las autonomías, sin embargo, no están por la labor y quieren seguir actuando como si la crisis no existiera, en lugar de hacer lo lógico, que es diseñar una estrategia de recorte de sus gastos para equilibrar sus cuentas. Tiempo han tenido de hacerlo, porque la crisis no se ha presentado por sorpresa, de la noche a la mañana, sino que llevamos ya tres años conviviendo con ella, así es que, si quisieran, podrían haberse adaptado a ella, como ha hecho la Comunidad de Madrid. Pero no, los políticos regionales prefieren seguir con su dinámica de gasto público innecesario, al que no están dispuestos a renunciar. Sin embargo, no van a tener más remedio que hacerlo. ¿Por qué?

La respuesta es muy sencilla. En primer lugar, porque con tanta subida de impuestos van a estrangular cualquier atisbo de recuperación económica. Es más, se pueden encontrar con que el incremento de la presión fiscal se traduzca en una recaudación menor como consecuencia del impacto negativo que va a tener en el crecimiento económico. En segundo término, porque esos gastos han sido el fruto de los ingresos tributarios extraordinarios que proporcionó la burbuja inmobiliaria. Pero ésta ya ha estallado y, por tanto, esas entradas de dinero en las arcas regionales no van a volver y, por tanto, les guste o no, tendrán que trabajar con menos dinero. Mientras no comprendan estas verdades básicas, las autonomías no van a ser un motor para superar la crisis, sino un lastre más –y muy pesado– para el despegue de la economía y el empleo. Y este es un lujo que este país, y en estos momentos, no se puede permitir.


Libertad Digital - Opinión

Crueldad, lucidez y chusma. Por Hermann Tertsch

TENGAN Ustedes cuidado con su dinero porque ayer nuestro Gran Timonel, marido de Sonsoles y seminovio -a la vista de las fotos- de nuestra alpinista total Batasuna que se mueve por montañas nevadas del Bataplán -sitio histórico de San Sebastián- ha hablado con la Deutsche Bank. Es fácil deducir que el banco alemán estará alarmado, el estado alemán también, los otros socios aterrorizados. Y lo nuestro no puede más que empeorar. Así son las cosas en este mundo. Cuando alguien le presta el chiringuito a un personaje como Zapatero puede tener claro que va a tener problemas para pagar a fin de mes. Por eso hay momentos, confieso que crueles, que uno tiene ganas de preguntar a quienes están en las colas del INEM o en las larguísimas de Cáritas, por lo que votaron en su día y si creen que algo tiene que ver su opción con su situación.

Hay crueldad en ello pero también lucidez. Y creo que también honestidad intelectual. Aquí todo el mundo nos hemos acostumbrado últimamente a tomar opciones sin reparar en las consecuencias. Se voto después de un atentado con rabia y sentimentalismo barato del pacifismo de perragorda. Y se votó por un cuadro inepto de personajes de estudio fotográfico, nuevorriquismo y abierta horterada. La ignorancia más agresiva había triunfado en este país y no les quepa duda de que se va a defender con uñas y dientes y nos hará daño a todos los que no podemos soportar sus desatinos.

Pero la realidad es muy burra y terca y exige consecuencias tarde o temprano. Se eligió a un indocumentado vallisoletano que se decía leonés para dirigir nuestros destinos. Pues aquí tenéis, gloriosos perspicaces, una taza y media de la solución. Cuando un mentiroso se hace cargo del camión, es muy probable que acabemos transitando por carreteras o veredas imprevistas. Es decir, aquí tenéis, la primera gran crisis desde la guerra civil en la que nuestros dirigentes nos garantizan en España que vivirán peor las próximas generaciones. Y las cosas pueden ser mucho peores de lo que aparentan. Quienes creen que el desastre provocado por estos personajes dirigidos por el Gran Timonel puede solucionarse antes de una generación, son unos ingenuos.

Aquí se ha hecho un roto que va a tardar muymucho en arreglarse. Y no hablemos sólo de economía, porque para sobrevivir todo el mundo se puede volver al pueblo. Y convertir España en una especie de finca triste. Hablemos ante todo de esta desintegración del tejido social y nacional que estos insensatos han convertido casi en irreversible y que perseguirá a las generaciones futuras como una amenaza constante a su seguridad y, por supuesto a su bienestar. El mal está hecho y tardará mucho tiempo en sanar. No me pidan a mí ni una nota de optimismo. No es mi labor dar pie a las teorías trileras, tramposas y mentirosas que auguran para España una rápida reacción y recuperación. No la va a haber. Y la buena gente de este país habrá de mantener la calma, la paciencia y el buen hacer para que la chusma no se salga con la suya. La chusma, no los mercados ni el niño muerto, es la que nos ha llevado a la actual situación. La chusma que en otros sitios es marginal y aquí gobierna.


ABC - Opinión

Río Cabe. La madre de todas las desproporciones. Por Serafin Fanjul

En cuanto a la proporcionalidad, progres y exquisitas señoras de derechas tienen buen cuidado de no ponerse frente a una turbamulta de islamistas armados con barras y cuchillos, avisado proceder que los soldados de Israel no pueden permitirse.

La historia militar del siglo XX –por no irnos más lejos– muestra la enorme frecuencia con que el llamado "fuego amigo" produce bajas entre las fuerzas propias; las víctimas civiles, deliberadas o por daño "colateral", se han contado por millones; las pérdidas porcentuales, según la maniobra que se realice, están calculadas también, por accidentes, enfermedades, deserciones, etc., aunque existan imponderables y excepciones. Todo esto lo conocen perfectamente los técnicos en la materia, es decir los militares. Pero en nuestros días y cada vez más, políticos y periodistas han ido ocupando terrenos que objetivamente no les corresponden y que ignoran casi por completo. Con la imagen que ellos mismos crean por única guía y la carnaza como medio para acoquinar a los timoratos, o para fulminar a quienes se defienden, los medios de comunicación occidentales hace tiempo vienen jugando un juego peligroso: servir de sostén y punta de lanza a discutibles amigos de hoy y muy posibles enemigos de mañana. O de ahora mismo.

Viene todo esto a propósito del vendaval de condenas desatado contra Israel por la intercepción del Mavi Marmara. Un tropel de periodistas, en auténtica carrera de sacos y a codazos por asomar más y mejor la justiciera boquita, se ha lanzado a todo trapo no sólo a execrar a Israel sino a elucubrar y desmenuzar los detalles de la operación como si entendieran algo del asunto. Los grandes expertos sobrevenidos por el Prestige (o por otros casos de naturaleza muy dispar), de nuevo se reconvierten y en cuestión de pocas horas –cuando todavía no se conoce toda la información– ya lo saben todo sobre Derecho Internacional, aguas territoriales y acciones de comandos helitransportados. Y opinan. Y condenan: la avalancha carroñera se realimenta a sí misma y no se paran en barras. Sobre las razones de Israel se pasa a toda velocidad, como concesión táctica en los debates y la palabra "desproporción" se usa como argumento final. ¿Quién decide, sobra la marcha, el criterio de proporcionalidad en las respuestas? ¿Cómo se fija ese criterio? ¿Qué alternativas proponen? ¿Por qué se exige a Israel una exquisitez en el trato al enemigo que deje en peligro de muerte, real, a sus propios soldados? ¿Es que no saben que en las guerras hay víctimas, incluso inocentes, lo que no era el caso de los muertos en el Marmara?

Claro que ha habido desproporción... en la prensa occidental. Un solo ejemplo: los trescientos mil asesinados (¡300.000!) en Darfur por el Gobierno islamista de Jartum, con intercepción y saqueo de caravanas de veras humanitarias, chantajes y presiones a quienes tratan de ayudar a los infelices paisanos, pasan desapercibidos en referencias minúsculas por televisiones, radios y periódicos. A nadie importan, porque de eso no se habla, no da juego, no se hace uno el progre criticando a unos moros remotos, gente progresista y bondadosa donde los haya. Y además: ¿por dónde cae Darfur? En la tarde del martes oí –en una emisora de radio que no pasa precisamente por progre– a cuatro señoras que daban instrucciones al trozo de abordaje del Tsahal sobre cómo desarrollar operaciones de asalto, amén de una colección de anatemas acerca de aguas territoriales y en torno a pérdida de vidas humanas, como si a diario no acabaran más existencias que las de los islamistas. Hay que demostrar a todo trance cuán eclécticos y equidistantes somos y de paso vender carroña a cualquier precio, porque no en vano la directora del programa es la misma que en enero de 2005 perdió su voluminoso trasero por condenar a los agresores de Bono en la manifestación en la que el superagente inmobiliario no fue agredido: es menester estar en la pomada y vender la misma mercancía que todos.

Que Israel intercepte en supuestas aguas internacionales (al parecer, dentro de las 200 millas) un mercante hostil y dispuesto a entrar ilegalmente en su territorio, no es ni mejor ni peor que cuando lo hace cualquier otro Estado. Sólo en el siglo XX, miles y miles de casos. La Marina Española, hace pocos años, asaltó –e fixo ben– un barco con misiles para Irán en el Golfo de Aden y los abordajes de buques por la Guardia Civil, en mitad del Atlántico, por sospechas de narcotráfico, han menudeado. E igualmente está bien que lo hagan.

En cuanto a la proporcionalidad, progres y exquisitas señoras de derechas tienen buen cuidado de no ponerse frente a una turbamulta de islamistas armados con barras y cuchillos, avisado proceder que los soldados de Israel no pueden permitirse.


Libertad Digital - Opinión

Un muerto muy muerto. Por Edurne Uriarte

ESTE muerto está muy vivo, le dijo José Blanco a Esther Esteban sobre la salud política de Zapatero. Lo que tiene algo de traición del subconsciente al estilo de Griñán y aquello de que Zapatero será muy malo, pero ustedes... Ahora resulta que no sólo es malo, o necio, como dice González, sino que hasta los suyos le llaman cadáver. Aunque esperan resucitarlo, que es en lo que está la izquierda estos días. En la búsqueda de luces en el horizonte que permitan resucitar a Zapatero. Sea la recuperación económica, el fin de ETA o los errores de la oposición.

La esperanza de la resurrección política indica que el líder no tiene intención alguna de renunciar a su candidatura electoral. O que el PSOE se las va a tener que apañar con la marca ZP que controla al fin y al cabo el partido, que ha liquidado a todos sus enemigos, últimamente a Bono, y que está en un lugar, La Moncloa, que facilita la neutralización de cualquier movimiento de disidencia.


Y ya que se las va a tener que apañar con ZP, más vale creer en su resurrección. Aunque no haya un solo elemento favorable a tal hipótesis, más allá de la fe. El problema de Zapatero es la destrucción de su credibilidad y eso no se soluciona con elementos ajenos al propio liderazgo, sea la economía, ETA o la oposición.

Una vez que los ciudadanos han llegado a la conclusión de que el presidente es mentiroso, frívolo, superficial e inconsistente, la imagen no tiene marcha atrás. Establecida la mentira, la que de verdad ha importado a los ciudadanos que es la de la crisis económica más que la de ETA, no es posible reconstruir la rectitud. La traición política no se perdona. Aún menos cuando el político rechaza el reconocimiento de la mentira y la búsqueda del perdón.

Los ciudadanos quieren castigar la traición y lo harán, ahora o dentro de dos años. Pase lo que pase hasta entonces.


ABC - Opinión

Crisis. ¿Una reforma laboral, para qué?. Por Juan Ramón Rallo

Dentro de los costes laborales sólo hay tres partidas sustanciales a las que echarles el diente: salarios, cotizaciones de la Seguridad Social o indemnizaciones por despido. Ustedes dirán qué prefieren.

Decían los clásicos que el desequilibrio entre la demanda y la oferta de trabajo, entre quienes querían contratar y quienes querían ser contratados, se resolvía, como en todos los otros mercados, modificando el precio del trabajo, esto es, los salarios. Si había un exceso de la demanda sobre la oferta los salarios tenderían a subir y si había un exceso de oferta sobre la demanda tenderían a reducirse.

Keynes, como en tantas otras cosas, trastocó esta sencilla relación. Salarios más bajos, en su opinión, no sólo no tenían por qué reducir el desempleo sino que podían perfectamente incrementarlo vía reducciones del consumo. Así las cosas, el remedio último pasaba por incrementar la demanda agregada –por lo general echando mano de políticas inflacionistas que de paso reducían los salarios reales–, lo que básicamente equivalía a decir que los parados volverían a estar ocupados cuando la productividad de los trabajadores se incrementara (algo que podrían haber suscrito los clásicos); cosa distinta es que las políticas keynesianas contribuyeran lo más mínimo a lograr este objetivo.


Lo cierto es que cinco millones de parados parecen ser un indicio bastante claro de que España necesita reducir salarios. O, mejor dicho, necesita readaptar su aparato productivo para lo cual necesitaremos reducir salarios. Durante décadas nuestra economía ha estado orientada a satisfacer la demanda interna; tal era el deseo de los españoles por consumir o por invertir que incluso tenían que prestarnos dinero desde fuera en un proceso que cristalizó en uno de los mayores déficits exteriores del mundo.

Ahora tenemos una deuda externa superior al 100% de nuestro PIB y, claro, toca repagarla. Y sólo hay una forma de hacerlo: venderles a los extranjeros más que aquello que les compramos. Es decir, tenemos que pasar de un colosal déficit exterior a un importante superávit. Los habrá que añoren que podamos tirar por la calle de en medio y devaluar nuestra moneda para no hacer los ajustes internos que debemos. Es una opción: Grecia la ha seguido durante casi 200 años y por eso lleva la mitad de su reciente historia de default en default. Las devaluaciones no solucionan los problemas de fondo, sólo los postergan; destruyen a las empresas eficientes que producen importando y elevan a la categoría de gigantes a la materia empresarial muerta que puede vender sin comprar fuera. Vamos, en España se trataría de regresar al modelo de sol y playa, que para algo tenemos materia prima suficiente dentro del país. Una carrera hacia atrás en medio de un mundo que avanza hacia una continua mejora de la productividad. Crezcamos no siendo mejores, sino destruyendo nuestra moneda para rebajar los precios de industrias caducas. No barato y mejor, sino seguir vendiendo la misma mercancía averiada mientras nos quede margen para continuar devaluando.

El euro, afortunadamente, nos obliga a hacer reformas; otro asunto es que los políticos, los sindicatos y cuantos ciudadanos les ríen las gracias, se opongan a hacerlo y nos aboquen al abismo. Pero, en todo caso, nuestras empresas en algún momento tendrán adaptarse para satisfacer no los deseos de los españolitos, sino los de los extranjeros. Y, para ello, nuestros productos deberán ser competitivos, lo que en parte equivale a que sean más baratos que otros de calidad similar o superior (cuanto mayor calidad tengan, más caros los podremos vender y para insuflarles calidad necesitamos más capital, esto es, más ahorro); y, de nuevo, para que sean más baratos los salarios deberán ajustarse a la baja.

Toda reforma laboral que se olvide de esto, de que sólo crearemos empleo recolocando a los trabajadores dentro de empresas que produzcan bienes dirigidos a los extranjeros, de que para vendérselos nos tocará abaratar nuestros precios y de que para abaratarlos habrá que recortar nuestros costes (laborales pero no sólo laborales: también, por ejemplo, el de los inmuebles), será un fracaso. Por eso, por cierto, las políticas keynesianas no funcionarán nunca en nuestro país: siguen tirando de demanda interna cuando debemos migrar hacia una economía exportadora.

Dentro de los costes laborales sólo hay tres partidas sustanciales a las que echarles el diente: salarios, cotizaciones de la Seguridad Social o indemnizaciones por despido. Ustedes dirán qué prefieren: probablemente en muchos sectores habrá que reducir, al menos, dos de esas tres. Pero la más sencilla, la que menos quebranto social causaría en una economía que volviera a generar empleo con fluidez, sería reducir las indemnizaciones por despido.

Otra cosa es que al final nos ofrezcan un nuevo tipo de contrato que apenas rebaje las indemnizaciones para los nuevos trabajadores y no para los ya existentes. En ese caso, seguiremos estancados, con un déficit público morrocotudo y con una deuda privada cada vez más cercana al impago. ¿Entienden por qué el capital sigue huyendo de España?


Libertad Digital - Opinión

Prohibir el déficit. Por M. Martín Ferrand

SEGÚN nos enseña la experiencia, en España, cuando se habla de reducir el gasto público, de lo que verdaderamente hay que preocuparse es de que no crezca y engorde.

Más todavía si el teórico del ahorro es José Luis Rodríguez Zapatero y la práctica se le encomienda a personajes tan inconsistentes y ligeros, además de engañosos, como Elena Salgado. Eso explica que Mariano Rajoy, sesteante pero no insensible, haya inaugurado un nuevo sermón político, la reforma de la Ley de Estabilidad Parlamentaria. Dice el gran domador de las gaviotas, y lo dijo en presencia de la durmiente Esperanza Aguirre, gran campeona del déficit, que eso del déficit hay que prohibirlo como, por cierto, prohibido está en los países europeos de mayor respeto a las aportaciones de los contribuyentes.

De hecho, los Presupuestos Generales del Estado, cuando anualmente son aprobados por el Congreso y el Senado, son el cuerpo de una Ley que, como aquí suele suceder, nace para no ser cumplida y que, en lo referente al gasto, sólo tiene un valor indiciario y aproximado; pero que, en puridad, establece las vías y cuantías de los ingresos del Estado y el techo de sus aplicaciones. Los administradores públicos -nacionales, autonómicos o locales- que sacan los pies de esos parámetros incurren en flagrante delito aunque el estilo que arrastra la Historia y la condescendiente labilidad con que opera nuestra democracia no apliquen rigor alguno a la condena, al menos social, de quienes gastan lo que no es suyo sin estar autorizados para ello.

El monto de cada una de las partidas del Presupuesto es opinable y el privilegio de las mayorías representativas y de gobierno reside en priorizar unos capítulos sobre otros para adecuar el gasto a sus programas políticos y hacerlo concordar con sus ideologías y principios; pero, una vez establecido cada uno de los capítulos presupuestarios, obliga a quienes los administran. En consecuencia, no atenerse a sus especificidades y cuantías es una burla al electorado y un desprecio a la idea cabal del Estado. ¿Hace falta una nueva ley para prohibir una conducta de esa naturaleza o lo que se requiere, sencillamente, es aplicar con rigor y exigencia lo que ya establece la normativa vigente? Quizás, para hacer prácticas, Rajoy debiera tomarle la lección del gasto a los presidentes autonómicos y alcaldes de su partido, campeones en el despilfarro. Como los del PSOE.


ABC - Opinión

Flotilla. Israel, el odio y los progres. Por Cristina Losada

¿Qué tienen en común los progres con los ayatolás y los barbudos que oprimen a las mujeres y ahorcan a los homosexuales? Comparten un mismo odio: el odio a nuestra –su– civilización.

En 1972, tras asesinar a once atletas israelíes, Septiembre Negro se jactó de haber logrado un éxito propagandístico. "Fue como pintar el nombre de Palestina en una montaña que se pudiera ver desde las cuatro esquinas de la Tierra". Desde entonces, la montaña ha ido ganando altura por el procedimiento de acumular cadáveres. Hoy, para la guerra de la propaganda, es tan importante matar judíos como que se identifique a Israel con el Mal. Un propósito, ése, para el que nunca faltan colaboradores en España. Valga como resumen el texto de la viñeta que, tras el incidente de la flotilla, publicaba Forges en El País: "Derramar sangre: la única razón de la bestia". Muchos diarios condenaban a Israel por haber atacado a unos barcos "con ayuda humanitaria". Porque sí, por maldad pura y dura.

El abordaje a los buques que pretendían romper el bloqueo impuesto a Gaza para evitar la entrada de armas está, desde luego, sometido a la crítica. De hecho, ha sido criticado en Israel por la prensa, por los partidos y por miembros del Gobierno. No hace falta que Zapatero le recete esa dosis de "reflexión profunda" que él mismo es incapaz de administrarse. Pero los vendedores de la marca "izquierda" no pueden desaprovechar la ocasión de endilgar su producto más preciado: la superioridad moral, que requiere de su contraria para brillar en su esplendor todo. Necesitan un malo malísimo para presumir de lo buenos que son. Y, como San Obama ha retirado a Estados Unidos del papel de Lucifer planetario, sólo queda Israel.

Entre los "pacifistas" de la flotilla figuraban celebridades y militantes del progresismo. Son gentes que pierden la capacidad crítica que ejercen hacia sus propias sociedades y gobiernos democráticos cuando están delante de grupos partidarios del terrorismo, la tiranía y la teocracia. Pero, ¿qué tienen en común los progres con los ayatolás y los barbudos que oprimen a las mujeres y ahorcan a los homosexuales? Comparten un mismo odio: el odio a nuestra –su– civilización. Israel es el único baluarte de la civilización occidental en Oriente Próximo y es la depositaria de una de sus raíces. Lo reúne todo para concentrar su aversión. Y así, sirven de soldadesca a esos cabecillas que, en nombre del pueblo palestino, envían a palestinos a la muerte a fin de mantener viva la causa.


Libertad Digital - Opinión

Los tornadizos. Por Ignacio Camacho

FELIPE, ese viejo cascarrabias, es un político de otro tiempo, un tiempo pretérito de certezas dogmáticas y convicciones categóricas.

Por eso no entiende el secreto de esta posmodernidad líquida, dúctil, relativista, abierta. Y confunde rectificar con adaptarse, cambiar de criterio con evolucionar, desdecirse con transformarse. La gente antigua, los abueletes de la transición, tienden a fosilizarse en sus principios arqueológicos sin aceptar las claves de esta época fluida que rechazan porque no comprenden; viven y piensan en un enroque mental trasnochado que ignora la cualidad esencial de lo contemporáneo: una volatilidad tornadiza, ligera, adaptativa y mudable.

González y sus epígonos de la vieja guardia se han quedado definitivamente atrás, anclados en rancios convencionalismos recelosos. Creen que cambiar cada día de criterio es una incoherencia, un enredo, una torpeza propia de «necios»; veleidades adanistas de jóvenes desorientados o de novatos incompetentes. No alcanzan a ver que se trata de un sofisticado método de gobernanza deliberativa, un versátil refinamiento táctico, un talante de permanente revisionismo adaptado a la esencia inestable del mundo moderno. Ellos eran pesados diplodocus de cintura inflexible, apegados a un rígido orden intelectual de esencias inmóviles, refractarios a la transformación continua del progreso; cargados de prejuicios, sus movimientos eran tan difíciles que provocaban fatigosos conflictos políticos y convulsos cataclismos sociales. De ahí su arrinconamiento, su declive, su museificación, su inexorable ocaso de especie caduca; en su nostalgia han sido incapaces de asimilar la condición maleable de este tiempo elástico. Ahí les duele.

El progresismo actual es otra cosa. Un estilo desapegado de certidumbres, mórbido, evolutivo, simbiótico. Una dirigencia capaz de metamorfosis veloces y de reacciones inmediatas, de cintura ágil y un pensamiento transigente consigo mismo. Gente dispuesta a reinventarse cada instante, sin remordimientos ni contriciones; presta a enterrar sin reparos los ayeres en un rabioso presente sin horas.

Hijo de esa tendencia instantánea y fugaz, el zapaterismo no rectifica, se aclimata; no se contradice, corrige; no se retracta, revisa. Lo suyo no es incoherencia sino flexibilidad, no es desconcierto sino frescura, no es ausencia de pautas sino pragmatismo. En esta etérea realidad sin reglas la planificación ha devenido una reliquia; los valores, una impedimenta; los proyectos, una rémora del pasado. El posmodernismo exige para cada situación una respuesta: las declaraciones, los anuncios, las proclamas sólo tienen el valor efímero de un soplo de brisa. Las palabras al servicio de la política, no la política al servicio de las palabras. Sólo los fantasmas de un tiempo vencido podrían preguntarse qué clase de política.


ABC - Opinión

Felipe González, Durán, Griñán: pedradas con firma contra Zapatero. Por Antonio Casado

Si Felipe González quisiera sumarse a la cacería contra Rodríguez Zapatero nunca lo hubiera hecho con un fogonazo verbal tan explícito: “Rectificar es de sabios, pero rectificar cada día es de necios”. Sin embargo, algunos han querido ver en esa frase, sacada interesadamente del contexto en el que la pronunció, una pedrada dirigida expresamente a su sucesor en Moncloa y en la secretaría general del PSOE.

Tienen prisa por ajusticiar políticamente a Zapatero antes de que pueda sacar fuerzas de flaqueza, como Edurne Pasaban ante el desfallecimiento. Y vale todo, más allá de la crítica política y el bien ganado derecho a discrepar de un gobernante que ha cometido tantos errores. Aunque no debería valer todo. No vale, por ejemplo, recurrir al viejo truco de jalear lo que nos conviene e ignorar lo que nos retrata.


Si alguien se molesta en revisar con un mínimo de distancia la intervención de Felipe González, al presentar el libro de su amigo, Alfonso Palomares, verá que el ex presidente arremete contra la bajísima calidad del debate político nacional, protagonizado por una generación de políticos que funcionan como vendedores de electrodomésticos y rectifican en función de la opinión publicada. Pero también contra el amarillismo de ciertos medios que especulan con mentiras presentadas como el resultado de una investigación seria para influir en el poder creando climas artificiales.

Quienes están en la cacería sin reglas contra Zapatero, especialmente los medios así retratados en las palabras de González, no han querido saber nada de esa parte de la intervención. Del mismo modo que cuando jalearon hace unos días a Durán i Lleida por referirse a Zapatero como “un cadáver político” ignorando descaradamente el contrapunto de su razonamiento, el que se refería a la irresponsabilidad del PP por haber votado en el Congreso contra el ajuste decretado por el Gobierno para defender a España y al euro del acoso de los mercados internacionales.

Más de lo mismo encontramos en la curiosa descarga verbal protagonizada hace unos días por el presidente andaluz, José Antonio Griñán, mientras debatía en el Parlamento regional con el líder del PP, Javier Arenas. “El hecho de que Zapatero sea malo no les convierte a ustedes en buenos”, dijo. Y enseguida se oyeron risas en los escaños de la oposición. Sólo la primera parte de la frase fue jaleada por la derecha mediática, Silencio sobre la segunda, en la que el PP sale mal parado.

Esta excelente manufactura verbal fija cabalmente los dos límites del debate político nacional. Uno, la debilidad del liderazgo de un Zapatero en horas bajas. Y otro, las carencias del PP como alternativa de poder en un escenario político y económico en peligro de ruina. Sin embargo, ni media palabra sobre lo segundo. Lógico. Quien repare en esa parte de la frase de Griñán queda obligado a explicar por qué la bajada del PSOE en los sondeos no genera la misma subida en el PP, por qué una moción de censura de Rajoy nunca tendría el apoyo de quienes sí le acompañaron contra del tijeretazo o por qué los ataques a Zapatero son infinitamente más numerosos que los elogios a Rajoy, incluso dentro del PP.


El Confidencial - Opinión

Crisis. El plan de Rajoy. Por José García Domínguez

Igual que David Copperfield hace que se esfumen edificios enteros al instante con apenas mover su varita, don Mariano habrá de evitar la quiebra cierta de la Hacienda Pública mediante una simple orden emanada de su puño y letra cuando proceda.

Ese don Mariano encarna la prueba de que Pascal andaba en lo cierto cuando sentenció que el origen de todas las desdichas de los hombres obedece a una sola causa: no saber permanecer callados dentro de una habitación. Y es que si el líder del Partido Proletario leyera a Wittgenstein en lugar del Marca, a estas horas quizá habría descubierto que de aquello que no se puede hablar, lo mejor es no decir nada. Pero, tal como ha de verse a continuación, no resulta ser el caso. De ahí que en uno de los inopinados arranques de alegría torera tan suyos, Rajoy proponga ahora prohibir los déficits públicos por ley. Una iniciativa loable, muy digna de aplauso. Aunque tal vez debía ir acompañada de alguna otra complementaria. Por ejemplo, ¿por qué no proscribir también las crisis económicas?

A fin de cuentas, si al camarada Enver Hoxha le cupo declarar ilegal la existencia de Dios en la Constitución de la República Popular de Albania, ¿qué le impediría a él suprimir por decreto esos colapsos cíclicos del capitalismo que vienen sucediéndose con pasmosa regularidad desde 1873? Mas celebremos que haya despejado la gran incógnita. Ya conocemos, pues, la alternativa programática del PP para evitar el naufragio de las cuentas del Estado: un expeditivo e inapelable designio impreso en el BOE... a lo largo de la próxima legislatura. Así, igual que David Copperfield hace que se esfumen edificios enteros al instante con apenas mover su varita, don Mariano habrá de evitar la quiebra cierta de la Hacienda Pública mediante una simple orden emanada de su puño y letra cuando proceda.


Acabáramos. Frente a los burdos imperativos cotidianos de la realidad, la deslumbrante magia potagia de la voluntad soberana. Ahora se entiende que rehúse tanto subir los impuestos como bajar el gasto público, demagógicas chocolatinas del loro al margen. Igual que tampoco aboga por alargar la edad de jubilación, alterar la base de cálculo de las pensiones o ajustar su monto a la triste circunstancia del país. Que todo eso también se apañará con otra firmita de nada cuando fuere menester. Ah, y que no se le ocurra al Gobierno abaratar el despido, o se van a enterar de quién es Evita González Pons... Lo temido: Zetapé ha muerto. ¡Viva Zetapé!

Libertad Digital - Opinión

«Decretazo» laboral

EL presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dio ayer definitivamente por agotado el continuo vaivén sin frutos en que se ha convertido durante los últimos dos años la negociación para abordar la imprescindible reforma laboral que necesita la economía española.

En esta ocasión, el ultimátum dado a los sindicatos y la patronal ha sido del propio Rodríguez Zapatero, tras una nueva desautorización -la enésima- a la vicepresidenta económica Elena Salgado, quien hace solo dos días cifró en un mes más la prórroga que el Ejecutivo concedía para no cortar las negociaciones. No será un mes, sino una semana. El Gobierno aprobará la reforma laboral mediante otro «decretazo» el próximo miércoles si no media antes un acuerdo que, a día de hoy, continúa siendo altamente improbable.

Tarde, mal y empujado por la presión de otros países, al fin Zapatero ha tomado conciencia de que esta reforma es inaplazable porque de ella dependerá en gran medida la reactivación de la economía. Ahora bien, no siempre la virtud se alcanza en el medio de dos extremos. Una reforma laboral suavizada, con planteamientos intermedios entre las exigencias de los sindicatos y la patronal, será un paso, pero probablemente insuficiente porque la rigidez del mercado laboral de nuestro país es muy exigente, y porque dos años de profundo declive económico con un déficit público desbocado son un lastre del que España no se desprenderá de la noche a la mañana.

Habrá que leer la letra pequeña del decreto que ultima el Gobierno para el supuesto de que el consenso entre empresarios y sindicatos sea imposible, pero es indudable que Rodríguez Zapatero asume de nuevo un doble riesgo: el del desgaste que le supondrá la explicación pública de unas medidas que con certeza supondrán un nuevo varapalo a sus convicciones personales y al programa electoral con el que ganó las elecciones y, en segundo lugar, el de padecer los efectos de la convocatoria de una huelga general, ya anunciada por los sindicatos en el caso de que ese «decretazo» fuese lesivo para los intereses de los trabajadores. La alegría, con matices, -como la noticia de la reducción del paro en mayo en más de 70.000 personas- siempre dura poco en casa del pobre.


ABC - Editorial

Decisiones y desafíos

El Gobierno no debe limitar la reforma laboral a meros retoques por temor a los sindicatos

En un rapto de decisión, Rodríguez Zapatero informó ayer de que, con acuerdo o sin él, el Gobierno aprobará una reforma laboral en el Consejo de Ministros del 16 de junio. El presidente ha mejorado de pronto en reflejos políticos; los imprecisos y voluntariosos anuncios que el martes hicieron sus ministros sobre una prórroga "de varios días" de la negociación con los agentes sociales fueron recibidos con insistentes críticas sobre lo que se consideraba otro retraso en una reforma decisiva y con el temor de que volviera a repetirse el caso de decisiones relevantes que se empantanan en cuestiones de procedimiento o negociaciones frustradas. La rápida réplica de Zapatero hace suponer que no será este el caso. El mensaje incluye un compromiso cargado políticamente de razón (empresarios y sindicatos no se ponen de acuerdo) y la advertencia implícita de que la paz social ya no está por encima de otros objetivos, hoy prioritarios, de crear empleo y estimular el crecimiento.

Bastaría con que esa reforma introdujera dos cambios cruciales en la normativa laboral para conseguir una mejora sustantiva en el mercado de trabajo. La primera sería formalizar un contrato único y fijo para quien acceda al empleo, con una indemnización por despido en función del tiempo trabajado, entre un mínimo en torno a los 12 días y un máximo de algo más de 30 días. El quid de esta cuestión, delicada para los sindicatos, es privilegiar el nuevo contrato frente a los temporales, que tenderían a desaparecer con el tiempo. La estabilidad contractual es decisiva para asentar el crecimiento. El consumo de bienes duraderos se expandirá si los consumidores tienen confianza en sus ingresos. No se puede repetir el error de fundamentar el crecimiento en empleo precario.

Acercar la negociación colectiva a las empresas es la segunda decisión. La negociación a través de convenios sectoriales o territoriales causa un gran número de despidos porque las empresas no pueden cumplir con las exigencias salariales y carecen de cláusulas de descuelgue. El Gobierno se equivoca si limita su reforma a retoques menores en la contratación o estímulos parciales. Para afrontar una crisis que ha destruido 2,2 millones de empleos en dos años es obligado impulsar un empleo más estable y una negociación más flexible.

Este es el momento adecuado para aprobarla. El número de parados registrados en los servicios de empleo descendió en mayo, por segundo mes consecutivo, en 76.223 personas y la afiliación creció casi en 113.000 cotizantes. Aunque en términos desestacionalizados el paro sigue subiendo, una lectura estadística correcta indica que la tendencia del empleo tiende a normalizarse (en el cuarto trimestre de 2009 estaba cayendo a un ritmo del 6%, en el primer trimestre descendió a tasas del 3% y la proyección para el tercer trimestre dice que bajará menos del 2%) y que entre abril y junio la economía española crecerá débilmente, entre el 0,1% y el 0,2%. No es motivo de euforia, pero parece el momento de aplicar incentivos a la contratación.


El País - Editorial

Un simulacro de reforma no servirá

Resulta bastante paradójico que un Gobierno como el de Zapatero, tan obsesionado con el franquismo, haya sido hasta ahora tan renuente a flexibilizar una regulación que, con escasas modificaciones, es heredera de la normativa laboral del régimen anterior.

Después de que la ministra Salgado prorrogara hasta finales de junio el plazo dado a los agentes sociales para llegar a un acuerdo respecto a la reforma del mercado laboral, Zapatero ha anunciado este miércoles que el día 16 se aprobará dicha reforma en Consejo de Ministros, "tanto si hay acuerdo como si no".

Bien está que el Gobierno haya por fin asumido sus responsabilidades, que durante tanto tiempo ha delegado a un "diálogo social" tan eterno como estéril. Ahora falta por ver si esta reforma, que Zapatero nos asegura tener ya "prácticamente perfilada", en verdad "afecta a aspectos esenciales" de nuestro rígido mercado laboral.


Resulta bastante paradójico que un Gobierno como el de Zapatero, tan obsesionado con la dictadura franquista y la memoria histórica, haya sido hasta ahora tan irresponsablemente renuente a flexibilizar una regulación que, con escasas modificaciones, es heredera en lo esencial de la normativa laboral del régimen anterior. Lo verdaderamente negativo de ella, sin embargo, es su coactiva rigidez, que disuade a los empresarios a hacer nuevas contrataciones, al tiempo que les aboca a despidos mucho más masivos por no faciltiarles ajustes de salarios o de plantilla más parciales.

Desde aquí no podemos, por tanto, sino reivindicar la plena libertad contractual para que las relaciones laborales sean las que libremente acuerden las personas que en ellas intervienen. Son las personas que quieren contratar y la que quieren ser contratadas las que, sin coactivas intromisiones de terceros, deberían establecer las condiciones de su relación laboral y el eventual coste de rescindirla. Lo que es insostenible es que en un marco en el que empresas y clientes interactúan con la máxima libertad y flexibilidad, la relación entre empresarios y trabajadores, sin embargo, esté constreñida por una rígida regulación, mucho más costosa de rescindir que un contrato matrimonial.

Si verdaderamente se quiere alentar a los empresarios a que contraten y que lo hagan de manera indefinida, lo que es esencial, y más aun en los tiempos de incertidumbre que padecemos, es no disuadirlos con coactivas y elevadas indemnizaciones en el caso de querer en el futuro rescindirlas. Las barreras de salida ejercen siempre de barreras de entrada. Es por ello vital que la reforma de nuestro mercado laboral vaya encaminada a reducir drásticamente las indemnizaciones por despido que no hayan acordado en libertad el empresario y el trabajador, individualmente considerados. No hay nada más improcedente que forzar una relación cuando una o las dos partes que en ella intervienen ya no la quieren prolongar. Por ello no sólo es necesario reducir la cuantía de la indemnización sino también ampliar las causas del despido procedente para aquellos casos en los que no haya un pacto expreso.

La erradicación del actual sistema de negociación colectiva, y su sustitución por uno que dé primacía a la negociación descentralizada a nivel de empresa, también es esencial para reforzar otros elementos de flexibilidad como son los horarios o la movilidad ocupacional en el seno de la propia empresa. Resulta simplemente delirante que, por culpa de esta rémora del socialismo gremial o nacionalsindicalista, sea con frecuencia más fácil en muchas empresas gestionar un despido parcial que un cambio de las condiciones de trabajo de los empleados. Esta rigidez, junto a la inmunidad que se ha dado a unos salarios frente a la crisis y a la falta de productividad, es una de las principales razones por las que el ajuste haya tenido que venir de la mano de una masiva destrucción de empleo.

Tendremos que esperar a ver en qué se concreta la reforma a la que ya ha puesto fecha Zapatero. De lo que de ella han filtrado algunos medios de comunicación, ya podemos decir, sin embargo, cualquier cosa menos que afecta a "aspectos sustanciales" de nuestro mercado laboral. Y es que, de confirmarse que su "reforma" básicamente va a consistir en un nuevo contrato en el que se reduce la indemnización por despido de 45 a 33 días trabajados, mientras se obstaculiza el contrato temporal, a lo que asistiríamos es a un mero maquillaje, a un simulacro de reforma. Semejante y ridículo cambio apenas reduciría el efecto negativo que para la contratación tienen los altos y coactivos costes del despido, mientras que sellaría la única válvula de escape que ahora mismo tiene el sistema.

Habrá que esperar a ver, con todo, si hemos pasado de un simulacro de "diálogo social" a un simulacro de "reforma" por parte del Gobierno. Eso sí que sería una auténtica barbaridad.


Libertad Digital - Editorial

Demagogia fiscal

EL PSOE hace pagar las consecuencias de su incapacidad para afrontar la crisis a los pensionistas y a los funcionarios públicos, pero no renuncia a los gestos demagógicos dirigidos hacia el sector más radical de la izquierda.

El mensaje de que es necesario crear un nuevo impuesto «para los ricos» ha calado por todas partes, aunque nadie sabe con certeza quiénes se incluyen en dicha categoría, ya que Rodríguez Zapatero y sus ministros siguen dando bandazos y emitiendo señales contradictorias. Algunos dirigentes territoriales se apuntan ahora a esta escalada de populismo fiscal, aprobando incrementos del tramo autonómico del IRPF que se deben concretar a través del correspondiente proyecto de ley.

En el caso de Cataluña, el Ejecutivo gravará las rentas superiores a 120.000 euros anuales con dos puntos a partir de ese nivel, y con cuatro puntos para las rentas superiores a 175.000 euros. Se trata, pues, de una definición amplia del concepto de «ricos» en la medida en que incluye a muchos profesionales que perderán a partir de ahora cualquier incentivo para mejorar sus ingresos con tal de no incorporarse a tramos sujetos a mayor gravamen. En total, la subida alcanza al 0,5 por ciento de los contribuyentes catalanes y se espera recaudar así unos 75 millones de euros, cifra que por sí sola supone una contribución muy limitada a la reducción del déficit. En Baleares, el Ejecutivo que preside Francesc Antich ha optado también por esta vía, nada convincente, porque carece de efectos recaudatorios suficientes y solo pretende lanzar una cortina de humo para cubrir la ineficacia de los responsables políticos ante la crisis.

Lo cierto es que tanto Rodríguez Zapatero como muchos líderes territoriales del Partido Socialista han perdido su credibilidad ante los ciudadanos y pretenden ganar algunos votos entre una izquierda trasnochada que se deja seducir por la retórica absurda que recuerda a la obsoleta lucha de clases. Al final, salen perdiendo aquellos cuyas rentas están plenamente controladas y se corre el riesgo de una fuga de capitales que podría llevar al efecto contrario al deseado. Las actitudes populistas no sirven de nada a la hora de generar confianza en una sociedad que no se conforma con palabras vacías y no está dispuesta a aceptar como una noticia jubilosa la mejoría estacional del desempleo o el crecimiento de una décima en el PIB. Zapatero y los suyos siguen empeñados en seguir un camino que no conduce a ningún sitio


ABC - Editorial