sábado, 12 de junio de 2010

Los manirrotos del poder. Por M. Martín Ferrand

España es un dislate en el gasto público. Mírese en la dirección que se quiera, salta la liebre manirrota

AQUÍ, en España, lo real es casi siempre imaginario o, cuando más, algo dudoso e impreciso. A lo largo de los siglos, y no siempre por las buenas, nos hemos ido acostumbrando a ver lo que no miramos, escuchar con oídos ajenos, palpar con guantes, oler de espaldas y paladear sin criterio: efectos negativos de la poca educación y el mucho descanso que nos sirven como indicadores de conducta colectiva. Por eso es más real en nuestras vidas Hannah Montana que María Teresa Fernández de la Vega y Elena Salgado, las dos juntas. No es el triunfo de la imaginación, sino la consecuencia de la prioridad contemplativa —tan perezosa, tan estéril— que le hemos dado a nuestras vidas. Montana nos viene dada por Disney Channel y las vicepresidentas son un efecto colateral, y no necesariamente deseado, del voto a José Luis Rodríguez Zapatero, el hombre que convierte a los pobres en parados y a los ricos en pobres. Una lumbrera.

A partir de esa confusión entre lo real y lo fantasioso nos pasa lo que nos pasa y, especialmente, con cuanto afecta al Presupuesto. Ayer se publicaba en estas páginas que el Gobierno, después de congelar las pensiones, autorizó una aportación de 1'4 millones de euros de la Seguridad Social para la formación de sindicalistas en Iberoamérica. Aparte de que nuestros hermanos del otro lado del mar no han hecho nada tan perverso como para merecer el castigo de un sindicalismo clónico del que aquí encarnan especímenes tales que Cándido Méndez o Ignacio Fernández Toxo, ¿está el horno para esos bollos o somos víctimas de otro espasmo de la prodigalidad gubernamental típica del zapaterismo?

España, en el todo y en sus diecisiete porciones, es un dislate en el gasto público. Mírese en la dirección que se quiera, salta la liebre manirrota. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, las Cortes Regionales acaban de aprobar —con la abstención del PP, algo es algo— un aval de 140 millones de euros para el Aeropuerto de Ciudad Real, uno de esos proyectos megalómanos y ruinosos que tanto gustan en las Autonomías. El aeropuerto es una ruina inviable y enterrar en él, sobre los más de 1.000 ya derrochados, otros 140 millones no tiene más explicación que el encubrimiento de quienes financiaron una pintoresca iniciativa privada con dinero público. Ya se llevaron por delante la Caja de Ahorros que lleva el nombre de la Autonomía y, de seguir así, terminarán con todo el patrimonio, incluso el espiritual, de la Región. Incluidos Don Quijote, Sancho, Dulcinea y el mismísimo Plinio, imaginario jefe de la Policía local de Tomelloso. No es que gasten con más o menos justeza, es que destrozan.


ABC - Opinión

Desempleo. Una reforma desenfocada. Por Emilio J. González

En cualquier reforma del mercado de trabajo son las empresas, y no los trabajadores, quienes deberían ocupar el centro de la misma, cosa que hasta ahora no se ha hecho, ni este Gobierno va a hacer, lo cual es un gran error.

Todo lo que signifique liberalizar el mercado de trabajo español ha de ser bienvenido y, en este sentido, los planes de reforma laboral que baraja el Gobierno avanzan en la dirección correcta. Lo malo es que avanzan muy poco y con el foco desviado, con lo cual, en la situación actual, puede que su puesta en práctica no sirva de mucho.

El primer problema de los planes del Gobierno es su filosofía. Ésta se sigue centrando en proteger al trabajador, aunque reduzca algo esos niveles de protección, sin tener en cuenta dos cuestiones fundamentales. La primera de ellas es que la reforma debe hacerse para ofrecer una nueva oportunidad de empleo a los millones y millones de personas que lo han perdido y la posibilidad de acceder a su primer puesto de trabajo a ese casi 50% de jóvenes en paro. En este sentido apenas se avanza debido a la segunda cuestión, que es que, al final, aquí lo que no se está teniendo en cuenta es la realidad de la empresa española, que es, en última instancia, quien crea empleo, y si no le facilitan las cosas, no lo va a poder hacer.


España es un país de pymes. Éstas suponen más del 90% de nuestro tejido empresarial y entre ellas predominan claramente las microempresas –compañías con cinco o menos trabajadores. Y son también las responsables de más del 80% del empleo en nuestro país. Por tanto, en cualquier reforma del mercado de trabajo son las empresas, y no los trabajadores, quienes deberían ocupar el centro de la misma, cosa que hasta ahora no se ha hecho, ni este Gobierno va a hacer, lo cual es un gran error. En este sentido, está bien que el Ejecutivo clarifique las causas económicas del despido, especificando que cuando la empresa atraviese por dificultades tan sólo pague una indemnización de 20 días por año trabajado. Esto puede resolver el problema de supervivencia de muchas de ellas, siempre y cuando los jueces quieran aplicar la norma, porque los magistrados de lo social son muy dados a ir por sistema en contra del empresario y a favor del trabajador sin atender a demasiadas razones. Pero lo que no se arregla con esta medida es el problema de la creación de puestos de trabajo.

Hoy por hoy, las pymes se resisten a incrementar su plantilla, aunque lo puedan necesitar, porque ante lo incierto del panorama, ante una crisis como la actual, muy profunda y que se adivina que va a ser muy larga, no quieren correr el riesgo de encontrarse con un sobrecoste si las cosas se tuercen y no salen los planes. Un sobrecoste, además, que se incrementa con las indemnizaciones por despido si éste no es considerado objetivo; con lo cual, antes de contratar a más personas, optan o bien por ofrecer más horas extras a sus trabajadores, o bien por seguir utilizando de forma masiva el contrato temporal para evitarse problemas. Las medidas que propone el Gobierno no resuelven esta cuestión simplemente porque no abordan plenamente el abaratamiento del coste del despido. Lo de los 20 días si la empresa lleva seis meses en pérdidas, como ha afirmado Corbacho, está bien, pero no basta, como tampoco resulta suficiente el contrato con despido de 33 días para incentivar la conversión de los contratos en indefinidos por la simple y sencilla razón de que sigue siendo un despido caro, en especial en las circunstancias actuales. En otras, como las de finales de los 90, fue muy útil, pero aquellos eran años de intenso crecimiento económico y los actuales son tiempos de recesión y estancamiento.

Lo mismo cabe decir con relación a la contratación de jóvenes sin experiencia. Al no abordarse la reducción de su salario de entrada y al haber tantos millones de parados con experiencia y cualificación acreditadas, los jóvenes no tienen apenas oportunidades. Y eso tampoco se aborda en la propuesta del Ejecutivo.

Con la descentralización de la negociación colectiva ocurre tres cuartos de lo mismo. En un país de pymes como el nuestro, hay que acercarla lo más posible al nivel de la empresa, con el fin de que se adapte a su verdadera realidad. Sin embargo, eso implicaría recortar drásticamente el papel de los sindicatos y su poder a nivel nacional y, por tanto, ni éstos quieren ni oír hablar de ello, ni el Gobierno se atreve a provocarlos introduciendo semejante medida, por muy débiles que estén ahora UGT y CCOO.

Sin estos elementos, u otros, como la potenciación de la movilidad geográfica, todo lo que se haga no son más que parches o pequeños avances, sin que se ataquen de verdad las auténticas raíces del problema, que no son otras que el énfasis en la protección al trabajador que se pone en la regulación laboral, olvidando que por muy importante que sea la defensa de los derechos de los trabajadores, nunca habrá empleos si no hay empresarios que se esfuercen y se arriesguen por sacar adelante una idea convertida en empresa, que es la que crea puestos de trabajo. Ellos son los que deben estar en el centro de cualquier reforma laboral, y más aún en las circunstancias actuales porque sin más empresa nunca saldremos de la crisis, con todo lo que ello implica, y menos aún si los socialistas insisten en subir y subir los impuestos en lugar de renunciar a tanto derroche de dineros públicos tanto por parte del Estado como de las autonomías.


Libertad Digital - Opinión

La fe del converso. Por Ignacio Camacho

El hermano mayor de la cofradía del Santo Derroche se ha convertido en catecúmeno del ajuste duro

DE la bendición papal, confirmada luego por ese santón laico que es Felipe González, parece haber salido Zapatero limpio de las culpas del socialproteccionismo y el déficit; en estado de gracia, que dice Berlusconi, para predicar con obras la buena nueva del reformismo. Como no hay fe más activa que la del converso, a la vuelta de la Santa Sede ha anunciado una reforma laboral que es la madre de todas las reformas, la recontrarreforma, el reformazo. El hombre que antes de ayer decía que estas medidas no creaban empleo ha preparado una que si no lo crea va a destruirlo. Despido a mitad de precio con miniERESen saldo, por pérdidas o reorganización empresarial: un coladero para la expulsión de trabajadores caros o con antigüedad excesiva. La caída paulina del caballo va a ser una anécdota al lado de esta conversión meteórica del antiguo paladín de los derechos sociales, el trueno de Rodiezmo, que ha oído en ultratumba la voz del dios de los mercados: Saulo, ¿por qué me persigues? De resultas de esa experiencia mística, el quijote rojo del puño en alto está a punto de pasar por la derecha, y con el turbo puesto, al más liberal de los liberales, al más manchesteriano de los capitalistas. Por favor, que alguien del Vaticano aclare que no ha sido Su Santidad el inductor de esta metamorfosis ideológica.

Como en el soneto quevedesco —«buscas a Roma en Roma, oh peregrino, y a Roma en Roma misma no la hallas»—, es imposible hallar a ZP en el propio Zapatero. El hermano mayor de la cofradía del Santo Derroche se ha transformado en un catecúmeno del ajuste duro, bañado en un misterioso jordán de pragmatismo. Cuando acabe con el mercado laboral irá a por la prolongación de las jubilaciones, y a este ritmo no sería extraño que acabe por proclamar que sobran funcionarios después de haber contratado a más de cien mil. Lo más asombroso es que no se le ha oído una mínima autocrítica, una leve confesión de errores o pecados, un atisbo de explicación de esta diametral voltereta. Ni siquiera se ha molestado en decir dónde ha oído las voces de su nuevo mandato ni en qué Sinaí le han dado las Tablas de la Ley, aunque todo el mundo sospecha que ha recibido instrucciones perentorias de Berlín y Washington, olimpos financieros donde moran los dioses de la deuda. No hay asomo de contrición política, tal como si todo lo visto hasta ahora, el despilfarro sistemático, la apoteosis de los subsidios, la liquidación del superávit con cheques y regalías, fuese cosa de otro, de algún antecesor irresponsable que le hubiera dejado la tesorería tiritando. La penitencia se la deja a los que creyeron en él.

ABC - Opinión

Una decisiva reforma que puede volverse irrelevante

Si la reforma laboral se aprueba tal y como la ha presentado hoy el Gobierno, podemos decir ya que su relevancia será casi marginal y que, por consiguiente y como no se cansa de repetir Corbacho, no contribuirá a crear empleo o favorecer la recuperación.

Que el Gobierno haya decidido por fin sacar del letargo a la imprescindible reforma laboral española es en sí mismo una buena noticia. Delegar su redacción a esos representantes sociales que a nadie representan salvo ellos sí mismos y a sus clientes fue una estratagema que le permitió durante tres años no tocar ni una coma del excesivamente rígido mercado laboral nacional con las funestas consecuencias que todos conocemos: cinco millones de parados y una tasa superior al 20%, más del doble de la media europea.

Ahora, por orden indeclinable de Bruselas, el Gobierno se ha puesto las pilas y aunque todavía continúa mareando la perdiz siempre que le resulta posible, parece decidido a aprobar una reforma laboral que toque los puntos clave de nuestro mercado de trabajo. La gran mayoría de analistas coincide en que tres son los males de que adolece nuestra regulación: alto coste del despido, dualidad entre fijos y temporales y negociación colectiva. De una forma u otra, la reforma presentada ayer por el Ejecutivo a sindicatos y patronal incide sobre estos tres defectos pero sin resolver claramente ninguno.


En cuanto al primero, el excesivo coste del despido de 45 días por año trabajado que actúa como una auténtica barrera de entrada para los desempleados, la fórmula que ha encontrado Zapatero, y que ya adelantó prácticamente en exclusiva Libertad Digital en febrero, ha sido la de admitir el despido objetivo individual por causas económicas. Hasta el momento, la mala situación de una empresa sólo justificaba que se pudieran despedir a un colectivo de trabajadores –los famosos ERE–; en otro caso, el empresario no podía acogerse a esta modalidad de rescisión contractual cuya indemnización es de 20 días por año trabajado. El problema es que, de momento, la propuesta de reforma no especifica qué debe entenderse por dificultades económicas, dejando su concreción al arbitrio de los jueces de lo laboral, muy acostumbrados a fallar, con razón o sin ella, en contra de la empresa. De no rellenarse esta laguna, tasando claramente cuáles son los supuestos objetivos en los que cabe hablar de dificultades, este cambio quedará muy probablemente en papel mojado.

El segundo problema de nuestro mercado laboral –la dualidad entre fijos y temporal– deriva en gran parte del anterior. Habida cuenta del alto coste del despido, los trabajadores que acumulan más antigüedad adquieren el derecho a cobrar una mayor indemnización en muchos casos inasumible para la empresa, de modo que, ante las primeras dificultades, a quienes siempre se despide son a los temporales –cuya indemnización era sustancialmente menor, de 8 días por año– aun cuando fueran mucho más productivos para la compañía. La reforma pretende atajar esa discriminación que se suele cebar con los más jóvenes encareciendo por un lado la indemnización de los temporales a 12 días por año y promoviendo por otro el uso generalizado del contrato de fomento del empleo, cuya indemnización es de 33 días por año. En estos últimos, además, se introduce una bonificación para la empresa: si el despido es objetivo por causas económicas, el FOGASA le subvencionará 8 de los 20 días por año que tiene que pagar en concepto de indemnización, con lo cual, y en la práctica, el coste del contrato temporal sería idéntico al indefinido por fomento del empleo.

Claro que esta reducción de la dualidad se logra a costa de, por un lado, volver más rígido una parte del mercado laboral dificultando la concertación de contratos temporales y de, por otro, cargarles a los contribuyentes los costes del despido que el Estado les impone a las empresas.

Por último, la reforma prevé introducir cláusulas en los nuevos convenios colectivos que permitan a las empresas en dificultades inaplicar las tablas salariales que éstos contienen. El problema está en que los convenios colectivos ya suscritos, es decir, todos los que hoy siguen vigentes, al no incorporar estas cláusulas sólo permitirán el descuelgue por acuerdo entre empresa y sindicatos o por mediación de un laudo arbitral. Es decir, la reforma conserva en su práctica totalidad los distorsionadores convenios colectivos; entre otras cosas responsables de que los salarios españoles estén alejados de nuestra productividad y, por tanto, de que el paro no deje de aumentar con escasa probabilidad de reducirse.

Así pues, la reforma laboral, cuyas líneas generales han sido redactadas en Bruselas, apunta a los problemas esenciales, pero no termina de darles una solución. De quedar tal y como hoy la ha presentado el Gobierno, podemos decir ya que su relevancia será casi marginal y que, por consiguiente y como no se cansa de repetir Corbacho, no contribuirá a crear empleo o favorecer la recuperación.

Cuestión distinta es que, tras este amago inicial, el Gobierno vuelva a modificar el próximo miércoles por orden de la UE las carencias del texto. Ya dijimos en el editorial de ayer que nada nos extrañaría menos que el documento que filtró el Ejecutivo –en dos distintas versiones– a los medios de comunicación el jueves fuera distinto al que presentara el viernes. Y en efecto así fue. Tampoco nos sorprendería repetir esto mismo el próximo miércoles. Lo dicho: en su elaboración, una chapuza laboral en toda regla; en su contenido, una incógnita que, pese a detectar los problemas, no los resuelve y que probablemente llega demasiado tarde para que los inversores recuperen la confianza en nuestra maltrecha economía.


Libertad Digital - Editorial

Los frutos del descrédito

Es evidente que España está en la diana internacional de los rumores y los peores presagios sobre la recuperación económica y el futuro. Pero no es una conspiración planetaria

EN menos de cuarenta y ocho horas, el Gobierno ha tenido que salir al paso de dos informaciones muy negativas sobre el estado de nuestra economía. Primero fue el Banco Mundial, que calificó de «muy grave» la situación económica de España. Y ayer, el «Financial Times» anunciaba que la Unión Europea se estaba preparando para la quiebra de la economía española. El Gobierno replicó al Banco Mundial que estaba utilizando datos equivocados y ayer mismo Bruselas desmintió la información del rotativo. Es evidente que España está en la diana internacional de los rumores y los peores presagios sobre su futuro. También lo es que no siempre son análisis totalmente correctos, ni sustentados en las mejores intenciones. Por eso es comprensible que el Gobierno no los acepte y trate de contrarrestar sus efectos perniciosos negando la mayor.

Ahora bien, al mismo tiempo es necesario que el Gobierno asuma que si esto está sucediendo no es por una conspiración planetaria, sino por causas relacionadas con las incógnitas y los temores que provocan la situación económica española y, principalmente, la inconsistencia del Ejecutivo socialista. Para muchos operadores financieros e incluso muchos gobiernos, las noticias sobre los riesgos que se ciernen sobre España pueden no ser ciertos, pero sí verosímiles. El Ejecutivo socialista ha aprobado medidas de recorte social, se dispone a aprobar una reforma laboral que promete ser convulsa y ha vuelto a plantear la reforma del sistema de pensiones. Se supone que todas estas iniciativas van en la línea que reclaman los mercados, los organismos financieros internacionales y la UE. Aun así, sigue sin haber confianza en la recuperación. También el Gobierno ha probado sin éxito con todos los chivos expiatorios posibles para eludir el impacto de las críticas. Ha tenido que acatar el giro de política económica impuesto por las grandes economías. Pese a todo, el Banco Mundial dice que la situación es muy grave, y el «Financial Times», que estamos al borde de la quiebra. Un Gobierno que, como el de Rodríguez Zapatero, dice que quiere sacar a su país de la crisis más grave de su historia no puede pasarse un día sí y otro también de desmentido en desmentido si, al mismo tiempo, no analiza con sinceridad cuáles son las causas de este pesimismo en torno a España. No basta con hacer declaraciones si está visto que son insuficientes. Faltan hechos, faltan decisiones políticas de calado y, sobre todo, falta confianza. Hay muchos errores reparables en la acción política, pero el descrédito del Gobierno es irreversible y, haga lo que haga, está condenado al rechazo. Lo que tarde Zapatero en darse cuenta es tiempo perdido.

ABC - Editorial