martes, 15 de junio de 2010

Dolores de Cospedal (e Ibárrubi). Por Tomás Cuesta

La ruina se ha producido ya. Con o sin descuelgue del euro, España ha visto naufragar su economía, hasta la bancarrota.

ATAVIADA con una muy favorecedora kufiya de diseño, doña María Dolores de Cospedal (e Ibárruri, a los efectos) ha levantado acta notarial de las virtudes que la adornan y la clase que tiene. «El PP es el partido de los trabajadores», dijo anteayer sin esforzarse lo más mínimo, con una naturalidad estupefaciente. Bueno es saberlo. Que vayan tomando nota de a cuánto se corta el pelo (o se toma, depende) los que pensaban que la ciudadanía no está subordinada ni a la cuna ni la renta. Se acabó la milonga sobre el eclecticismo integrador y la transversalidad pastueña. Se acabó tolerar que la codicia impune enajene el futuro de la sufrida clase obrera. Después de ser vendido por esos turbios judas que se criaron a sus pechos, el proletariado, a partir de ahora, ya sabe a qué atenerse: «El PP es el partido de los trabajadores». De trabajadores fue también la segunda República, a guisa de mal ejemplo, y el día en que Lerroux se presentó a deshoras en la Sociedad de Naciones de Ginebra alguien apostilló, con reaccionaria mala leche, que «a los representantes de los trabajadores madrugar no les prueba».

Pero ni la broma de definir a un Estado como República de trabajadores, ni la de hacer del PP un partido obrero son sólo cosa de risa. Aunque también lo sean. Lo más grave viene con el corpus doctrinal que esa jerga arrastra. El que doña Dolores de Cospedal (e Ibárruri) quintaesencia en su declaración de principios: «el PP va a apoyar todas las reformas que sean buenas para los trabajadores de toda España». ¡Temblad, parásitos múltiples, burgueses y pequeñoburgueses, jubilados y rentistas, enemigos diversos de la clase obrera! ¡Temblad todos aquellos a quienes la égida de los parias de la tierra no recubra! No hay salvación, fuera del proletariado. Y que tu mano derecha no se entere demasiado de lo que hace tu puño izquierdo.

No es cosa de demasiada risa, el populismo. Y ver cómo se traga la retórica del único partido que podría dar batalla al más enloquecido gobierno de necios que hayan conocido los tiempos modernos, debería desasosegar a todo aquel que reflexione sobre el crudo trance que vivimos. La ruina se ha producido ya. Con o sin descuelgue del euro, con o sin rescate europeo, España ha visto naufragar su economía, hasta el límite de la bancarrota. Nadie puede hace demagogia con eso. La oposición, menos que nadie. Debe decir muy claro que la ruina la produjo el gobierno presidido por un perfecto alucinado, llamado José Luis Rodríguez Zapatero. Debe decir también que ya no hay salida incruenta. Que salir de la pobreza requerirá esfuerzos duros, más duros de lo que casi nadie recuerda, y que, sin una amputación de la enorme masa muerta de la economía española, el cáncer será muy pronto terminal. Debe decir también que nadie vendrá a salvarnos; que no hay dinero en el mundo para pagar nuestro despilfarro. Vienen tiempos muy duros. La retórica populista puede ser que dé votos. Pero idiotiza.

Y uno no puede sino evocar al Chesterton que ironiza sobre las bismarkianos prefiguraciones de un "Estado del bienestar" que no pretende sino "proteger a los pobres de sí mismos". Y a cierto aristócrata terrateniente que, en el Parlamento británico y mucho antes de Hayek, deja caer con elegante ironía: "Ahora, todos somos socialistas". Lo de Cospedal es eso. Ayuno, claro está, de su lúcido cinismo.


ABC - Opinión

Sequía socialdemócrata. Por Valentí Puig

Las urnas indican que la desconfianza en grado más agudo se produce con la socialdemocracia

FLOTA por ahí una pregunta que no acaba de formularse: ¿quiere estar Obama al frente de algo como una «nueva vía» o no tiene más remedio que quedarse en casa? En otros tiempos, Bill Clinton se sumó a Blair y a Schröeder para esa tercera vía, que deseaba ser una senda practicable entre el Estado y los mercados. Se apuntó muy a «posteriori» Zapatero, a pesar de sus derivas un poco obsoletas. Con la globalización y con los efectos de una economía hondamente recesiva, algo ha cambiado. La socialdemocracia ha perdido mucho terreno, primero en las elecciones europeas y luego en Alemania, Italia, Reino Unido y Francia, mientras que en España el PSOE sale malparado en todas las encuestas. Obama, la gran esperanza de hace unos meses, anda chapoteando en el petróleo desparramado por British Petroleum en el Golfo de México.

Es todo de una extrema heterogeneidad: avanzan el independentismo conservador flamenco en Bélgica, la derecha suma-cero en Holanda, el centro-derecha en Eslovaquia. Lo generalizable es la sequía socialdemócrata. Quizá tenga vías para el retorno, pero la crisis económica actual indica un enflaquecimiento del Estado del bienestar cuyas consecuencias van mucho más allá de las característica actuales de la política española. No es un caso de Zapatero sí o no. Los mapas meteorológicos no se detienen en franjas específicas del sentido de los vientos y las mareas. Hablar de una socialdemocracia con rostro humano tiene más que ver con los cursos acelerados de maquillaje que con la realidad del año 2010.

Si el problema más inquietante de la Unión Europea es la falta de confianza, las urnas indican que la desconfianza en grado más agudo se produce con la socialdemocracia. De hecho, los gobiernos de izquierda más significativos son los de Portugal, Grecia y España, los tres socios comunitarios ahora mismo más baqueteados por los mercados de la deuda y los vaivenes bursátiles. Tres países sometidos a una disciplina marcada por la eurozona y por el Fondo Monetario Internacional.

La Unión Europea va a debatir medidas para decidirlas en una cumbre de octubre. Veinticuatro horas es mucho tiempo con turbulencias de tal dimensión. Los analistas hablan mucho de operaciones en corto que introducen una elevada incertidumbre especulativa. Cada vez tiene más peso el volumen de la deuda en el sector privado. Somos una sociedad que gastó demasiado y se endeudó mucho más de lo que podía. Todos somos responsables, pero la responsabilidad del Gobierno es muy pronunciada. Desde luego, de suponer que el zapaterismo fuese realmente socialdemócrata, la responsabilidad seguiría siendo grave y manifiesta.

Ni con el Séptimo de Caballería iba a llegar Obama a tiempo para aliviar los desperfectos de la «Cuarta Vía» de Zapatero. Aquí anda cada uno a lo suyo, desde Sarkozy a Merkel. A Zapatero, por no haberse precavido a tiempo del nudo gordiano sindicalista, la huelga general ahora le tiene atenazado. No son situaciones fáciles, pero cortar a tiempo el nudo gordiano es un deber de los gobiernos que gobiernen para todos. Para España, vale más la pena el euro que una buen digestión de los sindicalistas.


ABC - Opoinión

¡Malditos bastardos!. Por Jesús Cacho

Semana de infarto. Miedo a mansalva. Situación que muchos economistas de prestigio describen como próxima al colapso. Y sensación generalizada de que el mal ya está hecho y no hay freno capaz de parar la deriva de esta locomotora hacia el precipicio. Los mercados siguen empeñados en cuestionar la sostenibilidad de las finanzas públicas españolas, hipótesis que se ha visto contrastada por el aumento de la prima de riesgo de nuestra deuda. El diferencial con el bono alemán ha llegado a rebasar los 200 puntos básicos, a pesar del plan de ajuste presupuestario presentado por el Gobierno de Rodriguez Zapatero hace justo un mes. Los especuladores, esos “malditos bastardos” que dicen en las deprimidas filas socialistas, no acaban de creer en las buenas intenciones del genio de León, de modo que la amenaza de una crisis de deuda no solo no ha desaparecido, sino que puede intensificarse en el corto plazo.

En realidad son legión los convencidos de que España no va a poder hacer frente en los próximos 18 meses a sus compromisos, por lo que la sombra alargada de la suspensión de pagos parece ya llamando a la puerta del gran fondo de rescate que por importe de 750.000 millones creó la UE de la nada, porque polvo de momento es, para socorrer a los pigs del sur de Europa. El Financial Times Deutschland lo puso el viernes negro sobre blanco, obligando a La Moncloa a salir a desmentirlo. Puertas al campo. Las cosas son más simples, aunque para quienes tratan de enmarañar la realidad con conspiraciones astrales puedan parecer complicadas. El juego entre los Estados y los inversores se puede definir como un “equilibrio múltiple”. Aunque el endeudamiento de un país no sea demasiado alto en términos comparados, caso de España, los inversores pueden cuestionar su capacidad de pago si no se producen dos condiciones básicas, íntimamente relacionadas: la generación de ingresos para hacer frente a sus obligaciones, lo que implica que la Economía tiene que crecer a ritmo bastante, y la aplicación de un recorte sustancial y creíble del binomio gasto/déficit público. Si esas dos situaciones no se producen de forma paralela, la reducción del endeudamiento del sector público no sólo será misión imposible, sino que, por contra, el agujero seguirá aumentando.

Más que de una paradoja se trata de una auténtica parajoda. Las razones son, también, bastante claras. Quien pertenezca a la cofradía del muy ilustre John Maynard Keynes, sostendrá contra viento y marea que el recorte del gasto del sector público reducirá inevitablemente el crecimiento de la economía y por tanto los ingresos tributarios, lo que se traducirá en un incremento del déficit y la deuda. Pero si uno se ha liberado del cliché keynesiano y cree en el impacto expansivo de una política fiscal disciplinada, y ello porque la disminución de las necesidades de financiación del Estado libera recursos para el consumo y la inversión privada y porque, además, las familias y las empresas descuentan una menor carga tributaria futura y en consecuencia gastan e invierten, entonces no temerá la llegada de ese apocalíptico binomio que forman déficit y deuda. Pero para mantener alejado ese fantasma es condición sine qua non que el sistema financiero, bancos y cajas, funcione con normalidad, y que se apliquen reformas estructurales capaces de estimular la economía. Porque, en caso contrario, el recorte del trinomio gasto/déficit/deuda se vuelve tarea abocada al fracaso.

Esta es exactamente la situación de la Economía española. Por un lado, el mercado de crédito sigue severamente dañado y sin expectativas de mejora. Es más, podría deteriorarse de manera adicional en los próximos meses cuando algunas cajas de ahorro empiecen a enseñar la patita de los problemas de solvencia que hoy esconden. Casi tres años después de que estallara en los USA la gran crisis de las hipotecas basura, al Banco de España le ha entrado una súbita fiebre por las uniones, fusiones y SIPiones de cajas y bancos, en una alocada carrera en la que hay más improvisación que arte. El más grave problema español, o uno de los más graves, es que aquí nadie ha cumplido con sus obligaciones, caso flagrante del gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por no hablar de un presidente del Gobierno a quien todo le viene excesivamente grande. Nuestros cargos públicos se han acostumbrado a vivir bien dando esquinazo a sus responsabilidades, por notorias que fueren. Gusto al oropel con desprecio al sacrificio implícito en él. Caja Madrid y Bancaja acaban de anunciar la creación de la mayor entidad de ahorro española. No es una fusión. Es una SIP, un truco que permite mantener operativos no solo los Consejos de Administración, con su océano de gabelas, respectivos, sino la creación de un tercero, el de la sociedad holding de la que colgarán ambas marcas. ¿Y no hubiera sido más sensata una fusión a palo seco, con el ahorro de costes consiguiente, a la vista del delicadísimo estado de salud de ambas instituciones? Uno de los infinitos ejemplos que hoy ilustran el desbarajuste español.

Todos pendientes de la Reforma Laboral

De modo que no hay crédito y tampoco hay reformas. A día de hoy el Gobierno no ha introducido reforma estructural alguna capaz de impulsar la recuperación y generar empleo. Todas las esperanzas parecen puestas en la Reforma Laboral. Las sensaciones no son buenas. Cuando el jueves pasado se anunció que las partes en conflicto se iban a reunir a las 7,30 de la tarde para seguir negociando, una sensación de incredulidad y hastío se extendió por la piel de toro. Oiga, ¿y no sería mejor que empezaran a negociar a las 8 de la mañana? Aquello sonaba a reunión de amigos dispuestos a tomarse una copa de despedida. El caso es que, a menos que el Ejecutivo apruebe por Decreto una reforma laboral en serio, capaz de convencer a los mercados de que el Gobierno está dispuesto a meter el bisturí de las reformas estructurales en profundidad, la situación de España se hará insostenible. Ahora ya no sirve cualquier reformita que hubiera sido suficiente hace un par de meses. Ahora ya es demasiado tarde para los juegos florales.

Hemos sabido, aunque nada se ha publicado, que Zapatero y Cándido Méndez, el conocido como “cuarto vicepresidente” del Gobierno durante los últimos años, se reunieron en secreto antes de ese encuentro nocturno del jueves para fijar las “líneas rojas” que la oferta del Gobierno a los agentes sociales no debería rebasar nunca para poder ser asumida por UGT. “Zapatero le compró la mercancía a Méndez”, aseguran las fuentes. Delicada posición, entre la espada y la pared, la de un sindicato que no puede hacerle ahora una huelga general a un Gobierno con el que, al margen de los viejos lazos familiares perennemente renovados, lleva encamado desde el 2004. El problema de UGT es frenar a una CCOO no solo libre de tales ataduras, sino liderada por un comunista cuyo poder en el sindicato está más que en cuestión. Y el del Gobierno es convencer a una CEOE que sabe que por una vez tiene la sartén por el mango. Con Zapatero sometido a estrecho escrutinio de los mercados, es hora de que la patronal se plante y exija una reforma que aborde el coste del despido, desde luego, pero también la judicialización de los mismos y, naturalmente, la negociación colectiva. Con cerca de cinco millones de desempleados, ha llegado el momento de dar a los parados la oportunidad de trabajar con independencia de cuáles sean los días de indemnización en caso de despido futuro. ¿Por qué no dejar elegir a quienes ya no tienen nada que perder?

¿Qué parirá la burra? Todos pendientes del miércoles 16. De momento, sin crédito para familias y empresas y sin reformas de calado, es decir, sin posibilidad de crecimiento económico a corto plazo, auténtica madre del cordero del drama español, el plan de ajuste presentado el 12 de mayo tiene efectos depresivos adicionales sobre la actividad, por lo que ni de lejos logrará el objetivo de reconducir las finanzas públicas a un escenario de sostenibilidad. Con una economía en recesión o estancada y con unos tipos de interés nominales que crecen por encima del PIB, la deuda pública mantendrá imperturbable su carrera alcista. Una situación de sobra conocida por los “malditos bastardos”, antes muy honorables inversores, cuyas decisiones al respecto se traducirán en problemas crecientes para que el Reino de España pueda cubrir sus emisiones de bonos.

La mayor salida de capitales desde la muerte de Franco

La alarma se apoderó de muchos despachos esta semana. “La financiación tanto para empresas y bancos como para sector público se ha secado. El mercado de Repos de deuda lleva dos días colapsado”, se oyó decir a la altura del miércoles. “El BCE tendrá que hacer algo mañana”. Lo hizo. El jueves 10, Jean-Claude Trichet anunció que la entidad que preside dará a los bancos toda la liquidez que necesiten en las operaciones de refinanciación con tres meses de vencimiento. Barra libre. En realidad, el BCE es ahora mismo el único comprador significativo de deuda pública española, pudiendo hacerlo directamente y en firme en el mercado secundario, algo que no deja de ser una monetización de deuda, lo que a medio/largo plazo generará una depreciación intensa del euro y una “burbuja” de deuda condenada a estallar en el momento procesal oportuno. La decisión del BCE ha supuesto un balón de oxígeno para un enfermo que se encontraba al borde de la asfixia. En modo alguno es una solución estable a los problemas españoles, pero nos permite ganar tiempo. El enfermo, que parecía condenado antes del verano, podrá respirar unos meses más. Pero el escenario de crisis fiscal provocado por la depreciación de la deuda pública denominada en euros terminará por llegar. Cuestión de tiempo.

Alguien ha comparado la política del BCE con la actitud de un arenque dispuesto a tragarse una ballena. Mientras tanto, la creciente preocupación ciudadana en torno a la posibilidad de que España termine enfrentada a un problema de solvencia en un plazo de tiempo muy breve, antes o inmediatamente después del verano, se está traduciendo en lo que alguien con fundamento ha definido esta semana como “la mayor salida de capitales ocurrida desde la muerte de Franco”. Huyen por la desconfianza en un Gobierno que hace mucho tiempo perdió la batalla de la credibilidad para lidiar con una crisis tan brutal como la presente, y por la amenaza de subidas de impuestos para las rentas altas anunciada por Zapatero, medida que muchos de los barones socialistas ya han puesto en vigor en sus Autonomías. A la impericia técnica se une el dislate de la revancha ideológica. Justo lo contrario de lo que acaba de hacer, por ejemplo, el nuevo Gobierno húngaro. En España, por el contrario, no solo ha desaparecido el ahorro extranjero que financió nuestra brillante burbuja, descanse en paz, sino que nuestros Montillas, Griñanes y demás familia, al grito de ¡que paguen los ricos!, han decidido poner en fuga nuestro propio ahorro. La estulticia en España no conoce límites.


El Confidencial - Opinión

Nuestros valientes patriotas. Por Hermann Tertsch

Aquellos que no abrieron la boca mientras el general aquél estaba vivo, ahora nos salen con su acción antifranquista

ESTÁ claro que nuestro país está lleno de valientes. Resulta que hay gente que, quizás gracias al juez Baltasar Garzón y sus pesquisas y largas indagaciones, ha comprobado que Franco ha muerto. Hace treintaicinco años. Pequeño detalle. Lo que supone una mediana garantía para convertirse ahora en antifranquistas con cierta seguridad. Son nuestros aguerridos antifascistas que viven en su mayor parte del erario público a través del Ministerio de Cultura o de la patente de corso para el abordaje confiscatorio de la Sociedad General de Autosuministradores y Edificadores en el exterior exótico que es la SGAE. Son los antifranquistas del más allá. Esos valientes patriotas que nos amonestan una y otra vez a quienes no les bailamos la pieza que continuamente nos montan y proponen.

Aquellos que no abrieron la boca mientras el general aquél estaba vivo o incluso semivivo. Ahora nos salen con su acción antifranquista estos aguerridos personajes, en un intento de desviar la atención ante el naufragio total de quienes han sido sus pagaderos y ante el peligro de perder su puesto como palanganeros. La verdad es que el coraje de la tropa de la que hablamos es encomiable. ¡Qué arrestos los suyos! ¡Qué valentía demuestran! Pero cabría decir que lo hacen con bastante retraso. Y que han estado muy despistados con otras farándulas casi cuatro décadas.


Porque no vayan a creer que los que ahora creen oportuno lanzar una campaña contra Franco son unos niños ilusionados con algo que llamarían algunos la justicia histórica u otras majaderías propias de estos tiempos de confusión, difusión y ridículo. La mayoría es mayor que yo. Que tengo 52 años y estuve azuzando contra Franco. Pero eso era cuando estaba vivo el general y sus gentes aún tenían muchas cosas que decir y hacer. Éstos no. Entre los antifranquistas actuales hay quienes le cantaron loas. Y se beneficiaron de un régimen que en su última fase era una dictadura más bien bobalicona que nada tenía que ver con los auténticos totalitarismos que vivimos en el este de Europa y nunca han condenado. Ni con la aún existente en Cuba que defienden. Ni con la emergente en Venezuela que tan simpática les parece. Los demás callaron bajo el franquismo con suma prudencia. Pragmatismo lo llaman. Han preferido esperar nada menos que 35 años para comprobar que el general no les haría nada por meterse con él. Y ahora a saco. A la resistencia contra el muerto. Como si se levantaran en armas contra Alejandro Magno.

Porque ya sabrán Ustedes que no tenemos aquí otros problemas. Porque España no tiene mayores cuitas que zanjar cuentas con el dictador muerto hace casi cuatro décadas.


ABC - Opinión

Reforma laboral. Exceso de optimismo. Por Ignacio Moncada

La reforma del Gobierno trata de abaratar el despido y propone tímidas medidas de descuelgue, pero sustituye la sencillez esperada para un buen marco económico por una maraña de contratos que entorpece algo tan fundamental como las relaciones laborales.

La realidad es siempre menos rígida de lo que parece. Aunque encorsetada por las estrictas leyes de la física, es materia prima muy moldeable gracias a la combinación explosiva entre la fragilidad de la memoria humana y el dominio de las emociones sobre las razones. La política económica, antaño espacio regido por el lenguaje racional y la matemática cabal, cambió hace tiempo de registro al instalarse en una dimensión de la realidad a caballo entre el surrealismo y el más puro absurdo. En ese contexto de realidades creativas, imaginaba la posibilidad de que se celebrara un debate cara a cara entre el actual Zapatero y el de hace, no ya días, sino horas. La efusividad con la que el presidente del Gobierno defiende la necesidad de aplicar drásticas reformas estructurales y dolorosos recortes de gasto social es únicamente comparable con la seguridad con la que él mismo defendía todo lo contrario hace escasas fechas.

De entre todas las reformas que precisa España, la más importante es la del mercado de trabajo. Todas las demás reformas que ahora, tras años de negacionismo oficial, salen en tromba como indispensables, dependen de forma crítica de que cambiemos nuestro marco de relaciones laborales. O, dicho de otra manera, de que abandonemos una tasa de paro que nos ridiculiza a nivel internacional. Tanto la reforma financiera, como la de las pensiones o la del modelo de Estado serán estériles si no abordamos una reforma laboral en profundidad y con seriedad. Hay que refundar un nuevo marco de relaciones laborales que suelte amarras con los patrones que hasta ahora hemos seguido, más preocupados por la reacción de los sindicatos o por la simbología política que por la creación de empleo. Necesitamos una reforma de largo alcance, y no una para salir del paso bordeando el abismo de la suspensión de pagos que gravita sobre España.

Debo admitir que en este caso Zapatero me ha sorprendido. Nunca pensé que propondría una reforma que se saliera tanto de los registros que ha manejado hasta ahora. Es cierto que lo hace forzado por la amenaza de quiebra del Reino de España, y por el toque de atención dado por Europa, Estados Unidos y China. Pero no sería el primer gobernante que empeña la economía de su nación por mantener la coherencia ideológica y el rédito electoral. También es cierto que, al menos el primer borrador publicado, pese a tocar la mayor parte de los puntos críticos a reformar, no culmina ninguno. Como editorializaba Libertad Digital, si no se cierran esos asuntos fundamentales, España corre el riesgo de que la reforma laboral caiga en la irrelevancia.

Los objetivos deben ser dos: reducir los costes laborales no salariales (cotizaciones a la Seguridad Social, impuestos, indemnizaciones al despido y trabas burocráticas) y flexibilizar la contratación entre las partes, principalmente aboliendo la negociación colectiva y permitiendo que sean los trabajadores los que fijen sus propios criterios cuando firmen sus contratos. Todos los males actuales, como la elevada tasa de paro o la dualidad del mercado laboral, derivan de las dos disfunciones anteriores. La reforma propuesta por el Gobierno trata de abaratar el despido y propone tímidas medidas de descuelgue de los convenios colectivos, pero sustituye la sencillez esperada para un buen marco económico por una maraña de contratos y supuestos que entorpece algo tan fundamental como las relaciones laborales.

España no se puede permitir que la reforma estructural fundamental para nuestro futuro económico acabe siendo, como dijo Durán i Lleida, "un churro". Es tan necesaria que no sólo hay que hacerla rápido, sino que hay que hacerla bien. No vale con un decreto lleno de borrones que busque el golpe de efecto. Hay que tramitarla como ley mediante un proceso transparente a los ciudadanos y a los medios, generando un marco laboral limpio que permita la eficacia a largo plazo. Que garantice que la gente que está dispuesta a trabajar pueda hacerlo.

¿Padezco hoy un exceso de optimismo sin justificación aparente? Ya he dicho que la política económica ha pasado a una dimensión surrealista. Así que puestos a soñar, soñemos bien.


Libertad Digital - Opinión

Más fortaleza, menos desdén. Por M. Martín Ferrand

El momento exige más fortaleza en el Gobierno y menos desdén en la Oposición.

EN los tiempos en que María Dolores de Cospedal ejerció como consejera de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, una buena parte del personal bajo su mando la motejó como «La trolebús» por su necesidad de permanecer enganchada a la corriente del poder. Por su falta de autonomía. Ahora, ya secretaria general del PP, más bien parece todo lo contrario y da la impresión de haberse establecido por su cuenta. Este último fin de semana se les apareció a los caracenses y, tocada una una kufiyya, el tradicional pañuelo palestino, insistió en que el partido que preside Mariano Rajoy «es el partido de los trabajadores». Ignoro si el viejo, revolucionario y marxista PTE sobrevive en la realidad política extraparlamentaria; pero, si es así, lo de Cospedal acumularía una apropiación indebida a una superchería de identidad.

Pudiera tratarse del vértigo de la altura, algo frecuente en los escaladores. La encuesta publicada ayer en ABC le atribuye al PP una expectativa de voto del 45,3 por ciento, lo nunca visto. Una potencialidad de tal envergadura puede alterar los ánimos más templados. De ahí el populismo y la kufiyya. Pero, sin llamarse a engaño, esa ventaja de 11,8 puntos sobre el PSOE queda compensada por el hecho —dramático, demoledor— de que el descendente Zapatero y el ascendente Rajoy coinciden en el 3,2 con que ambos son valorados por los encuestados. Tres décimas menos que Cayo Lara, cuya existencia es meramente administrativa.


Aquí todo se nos vuelven juegos florales y brindis al sol. Mejor sería prestar atención a fuentes tan solventes como el Frankfurter Allgemeine Zeitung, que insistía ayer en lo afirmado por el Financial Times Deutchslandy desmentido el pasado viernes por el Gobierno español: los socios del euro, alarmados por la situación, preparan un plan de rescate para España. Entienden que el esfuerzo de Zapatero y su próxima reforma laboral son insuficientes y no quieren dejar pasar el tiempo sin drásticas medidas de remedio.

Entre nosotros las prisas no cuentan. Mientras resuenan las alarmas desde el corazón económico de la UE, Mariano Rajoy anuncia que explicará su alternativa económica —fuera del Parlamento, por supuesto— el día 25. La una, en la progresía formal; el otro, en la calma chicha y el que cuenta, el presidente del Gobierno, balbuciente y sin depresión alguna, sigue sin entender la gravedad de un momento económico y social que, según los expertos menos alarmistas, puede llegar a recrear en España situaciones tan tensas y difíciles como la del «corralito» argentino. El momento exige más fortaleza en el Gobierno y menos desdén en la Oposición.


ABC - Opinión

Huelga general contra una reforma laboral que no existe. Por Antonio Casado

No va a librarse Zapatero de una huelga general. Tampoco se libraron González y Aznar, por causas parecidas. Siempre la regulación del mercado de trabajo por el medio. Con una diferencia. Será la primera vez que los sindicatos anuncian una huelga general contra una reforma laboral antes de que ésta haya llegado al Boletín Oficial del Estado.

Conviene esperar a mañana, cuando el Consejo de Ministros dé luz verde al
texto definitivo de la reforma dictada por el Gobierno. Y luego conjugar el
contenido de la misma con las razones que aducen los representantes sindicales para justificar el recurso a la huelga general. Sobre todo si se lleva a cabo a la vuelta del verano ¿Es que esperan forzar la retirada de la reforma algunos meses después de entrar en vigor?

Hasta que se conozca el contenido y el alcance de la reforma, que a estas horas el Gobierno sigue negociando con las fuerzas políticas, carece de sentido dar o quitar razones a los sindicatos. Y tampoco me parece serio justificar el llamamiento sindical en base a la inicial sospecha de que el nuevo modelo de mercado laboral va a recortar derechos de los trabajadores. Lo cual no autoriza a suponer que la nueva normativa se vaya a parecer más a las tesis de los trabajadores que a las de los empresarios. Más bien al contrario.


Las exigencia de cumplir con los mercados, con la Unión Europea y con el resto de los organismos internacionales que ven a España como un país potencialmente peligroso para la supervivencia del euro, es una garantía para la patronal y para las fuerzas políticas conservadoras de que el Gobierno va a legislar más en sintonía con la patronal, el PP y CiU que con UGT y CC OO.

Partiendo de esa premisa, nadie entendería que los partidos de Rajoy y Artur Mas, de clara estirpe conservadora, votaran en contra o se abstuvieran en la convalidación parlamentaria, prevista para el próximo 22 de junio, de la reforma que mañana alumbrará el Consejo de Ministros. Esa premisa explica la arrogancia con la que el ministro José Blanco proclama que para Rajoy y Mas ha llegado la hora de retratarse.

Todo encaja. El Gobierno se examina hacia fuera y hacia dentro. Y en el mismo tribunal están los mercados, la UE y el PP. Con propuestas de reforma del mercado laboral que en condiciones normales no hubiera planteado un Gobierno de izquierda. Y mucho menos si está presidido por alguien que siempre sacralizó el respeto a los derechos de los trabajadores y la buena relación con los sindicatos.

Eso es lo que se ha quebrado desde el hachazo a las pensiones y otros recortes en los gastos sociales. El Gobierno lo va a pagar con una huelga general de dudosa aceptación por parte de quienes están llamados a secundarla. Dicho sea a la vista de la escasa capacidad de arrastre demostrada por los sindicatos con motivo de la reciente huelga de los funcionarios entre los que, por cierto, la tasa de afiliación sindical prácticamente duplica a la que se da entre los trabajadores que no viven de los Presupuestos del Estado.


El Confidencial - Opinión

Crisis. Riesgo país al alza. Por Jaime de Piniés

Flaco favor están haciendo a la causa aquellas comunidades autónomas controladas por el PSOE que han decidido la subida de su franja en el IRPF. Esto es un grave error macroeconómico.

¿Otra embestida a España? El riesgo-país de España, medido a partir del diferencial del rendimiento del bono alemán a 10 años, llegó a superar los 220 puntos básicos y sólo descendió a los 200 tras el buen éxito de una modesta subasta de 3.900 millones de euros y los mensajes de apoyo desde Bruselas; incluido el visto bueno al paquete de medidas de ajuste para achicar el déficit en 15.000 millones de euros y el anuncio de que nuestro Gobierno se ponía manos a la obra para realizar una reforma del mercado de trabajo sin el consentimiento de los sindicatos o de la patronal. Todas estas medidas sirvieron para dar un cierto respiro a la maltrecha confianza en nuestro país.

No obstante, un riesgo país de 200 puntos básicos no es una buena noticia. Un cálculo rápido muestra que si ese diferencial fuera a mantenerse a ese nivel, el coste del servicio de la deuda pública de todas las Administraciones Públicas de España se encarecería en unos 11.600 millones de euros en relación a lo que tendría que pagar Alemania. En nuestro caso, lo comido por lo servido.


Para que los mercados vuelvan a confiar en España y para que el riesgo país entre en una fase descendiente, se tienen que dar dos condiciones: primero, que el déficit público español esté bajo control y con una clara tendencia a la baja; y, segundo, que el crecimiento de nuestro país sea lo suficiente para crear empleo neto.

En relación al primer punto, por mucho que se emperre la Administración General del Estado en recortar sueldos a los funcionarios y pensiones a los pensionistas, simplemente estas medidas por sí solas no son verosímiles para controlar al sector público español. Para lograr este objetivo, debe incluirse al otro 50% del total del presupuesto público de España, es decir las comunidades autónomas y las entidades locales.

Por otro lado, la tasa de crecimiento potencial depende de reformas estructurales y en este capítulo la reforma del mercado de trabajo es muy importante. Veremos a lo largo de esta semana si la que propone el Gobierno del Sr. Rodriguez Zapatero servirá, o no, para estimular el crecimiento potencial de nuestra economía. Los primeros borradores apuntan en la buena dirección pero, de momento, se quedan cortos en varios aspectos: no se elimina la contratación temporal; el despido sigue siendo caro y el acceso al los fondos Fogasa para las empresas en dificultades crea un problema para todas las demás ya que el fondo es financiado por los mismos empresarios. Por otro lado, la negociación colectiva parece que seguirá más o menos intacta lo cual es negativo; y existen ciertas lagunas, tal y como es la falta de explicación sobre cómo se va a financiar el fondo de capitalización para que cada trabajador "porte su seguridad social" de una empresa a otra (el llamado modelo austriaco). Tendremos, pues, que esperar un par de días para ver en que devenga todo esto.

Sin embargo, aparte de la reforma del mercado de trabajo, hay un largo listado de reformas pendientes que todavía no se acometen en nuestro país. Por ejemplo, hace falta un plan energético que replantee positivamente el uso de la energía nuclear, que corrija el defectuoso diseño de las primas renovables (responsables en gran medida del actual déficit de tarifa de más de 20.000 millones de euros) y las nefastas ayudas al carbón nacional. Como tuvo ocasión de recordarnos en el último Foro Arrupe Dª Inés Gallego, directora de Calidad y Medio Ambiente de Iberdrola, la necesidad de un marco legal estable y predecible es también perentorio para que el sector energético funcione bien y provea de energía competitiva a las empresas españolas. En otras palabras, un plan energético que abarate la energía en nuestro país.

La educación, la justicia y la unidad del mercado nacional son otras asignaturas pendientes. Podría pensarse que todo esto vendrá a su debido tiempo, sin embargo tengamos las cosas claras, estos son elementos que sí son parte activa para restaurar la confianza en nuestro país. Tanto para el ciudadano español como para la apreciación internacional.

Por último, y siguiendo la línea de restaurar nuestra credibilidad, flaco favor están haciendo a la causa aquellas comunidades autónomas controladas por el PSOE que han decidido la subida de su franja en el IRPF. Esto es un grave error macroeconómico. Sólo sirve para reducir el ahorro nacional y esto es, precisamente, lo último que nos conviene en un momento como el presente. España necesita ahorrar y medidas similares a la descrita son penosos errores de bulto.

En resumen, y ojalá me equivoque, pero por desgracia sólo cabe pensar que el riesgo país de España seguirá empeorando en los próximos meses y las vertiginosas cifras sigan escalando.


Libertad Digital - Opinión

Baile de máscaras. Por Ignacio Camacho

En la extravagante política española ya no se sabe si nadie parece lo que es o nadie es lo que parece.

DESDE el momento en que el líder moral de los mineros de Rodiezmo dejó licuar su presunta ideología al sol de los mercados y abandonó el pañuelo rojo en el armario para salir de él ataviado de terminator del Estado del Bienestar, el carnaval de los disfraces más estrafalarios quedó inaugurado en la muy extravagante política española, donde ya no se sabe a ciencia cierta si nadie parece lo que es o nadie es lo que parece. La confusión está servida al compás de un atrabiliario rigodón en el que todo el mundo trata de ocupar el espacio abandonado por los rivales. Con los recientes socialdemócratas transformados en verdugos de los derechos sociales, asustaviejas de pensionistas y podadores de salarios, no es de extrañar que los liberales del PP se proclamen, por boca de su secretaria general, defensores del pueblo trabajador y populistas de diseño con toquillas de Loewe. El nuevo PPT, Partido Popular de los Trabajadores, avanza hacia el poder envuelto en una flamante retórica albanesa, mientras los antiguos socialistas obreros liquidan los restos del proteccionismo y buscan nuevas prestaciones que recortar con los ojos inyectados en sangre reformista. Superados los prejuicios ideológicos en aras de la supervivencia política cualquier milagro es ya posible, sea el repentino desteñido del presidente más rojo desde Largo Caballero, el arranque proletarista de la derecha conservadora o el ataque de responsabilidad de un nacionalismo catalán convertido en patriótica bisagra de la estabilidad española.

El alborotado baile de posiciones ha pillado a contrapié a los artríticos dirigentes sindicales, que ya no saben contra qué o quiénes dirigir una huelga general y han optado por convocarla en diferido a ver si el verano les aclara los conceptos, atrapados como están por la evidencia de que ni ellos mismos alcanzan a identificar si son de los suyos. Estaban encamados con el poder y de repente han descubierto que el poder se ha ido con otra, o más bien con otros, a quienes llaman elípticamente "los mercados" y que parecen haber seducido a un Zapatero con merecida fama de donjuán y picaflor. En medio del natural desconcierto por la cornamenta han decidido arroparse porque aunque estén subiendo las temperaturas parece que fuera del edredón de las subvenciones hace mucho frío. Ya vendrá septiembre.

El problema consiste en que si nadie está en su sitio los ciudadanos van a tener grandes dificultades para localizar a los depositarios de su voluntad representativa. Todos van disfrazados y entre las máscaras no se ven más que extraños. Antes al menos se podía distinguir a unos de otros mediante las líneas rojas del Estado del Bienestar, pero en esta enloquecida contradanza el único bienestar que parece importar a nuestros dirigentes es el de ellos mismos.


ABC - Opinión

Eduardo García Serrano y esa doble moral de la izquierda. Por Federico Quevedo


No podía resistir la tentación de dedicar este artículo a una polémica de estos últimos días que ha servido para alimentar más de una airada y subversiva reacción del progresismo patrio y los medios que le dan cobertura. No podía porque afecta a un programa en el que participo y del que me siento muy orgulloso, y del que desde el pasado jueves me siento aún más orgulloso, y a un periodista con el que seguramente tenga muchas discrepancias, pero que el otro día ofreció toda una lección de lo que significa tener principios y valores y actuar conforme a ellos, frente a esa izquierda que solo obedece al principio de que el fin justifica los medios y por lo tanto todo vale.



No sé si han visto ustedes, supongo que sí, el video en el que Eduardo García Serrano, en el transcurso de un debate en El Gato al Agua, le dirige a la consejera de Sanidad de la Generalitat de Catalunya, Marina Geli, unos calificativos muy inapropiados. Vamos, que la insulta literalmente, a cuenta de ese manual de educación sexual que la Generalitat ha distribuido por los centros escolares y al que son tan aficionadas las autonomías socialistas. Debo decir que, lejos de aprobar esa conducta, en aquel momento me sentí dolido porque creo que los insultos siempre están de más, sobre todo cuando hay argumentos más que de sobra para criticar semejante barbaridad, y lejos de afianzarlos, hacen perder la razón.

Lógicamente molesta por esos insultos, la consejera anunció la interposición de una querella, situando el incidente en el ámbito oportuno. Sin embargo, desde algunos medios de comunicación del entorno progresista, cuya obsesión por el Grupo Intereconomía y los medios que acoge roza lo enfermizo, casi lo esquizofrénico, se desató una campaña feroz contra el programa y contra el contertulio y periodista, presentando a éste como un auténtico canalla y al programa como lo peor de la caverna. No es nuevo el ataque, ya lo inició hace unas semanas el diario El País, y forma parte de una campaña orquestada por la izquierda contra los medios de comunicación que le hacen daño porque en ellos se dicen ciertas cosas que parecen molestarles, aunque lo que creo que más les molesta es que se digan con absoluta libertad.

El pasado jueves, sin embargo, Eduardo García Serrano ofreció a los espectadores del programa y, sobre todo, a esa izquierda sectaria y rencorosa, toda una lección de cómo reacciona una persona coherente con sus ideas, ofreciendo una dilatada y sentida disculpa a la consejera catalana y, por extensión, a todo aquel que pudiera haberse visto ofendido por sus palabras. Fue, como dijo Carlos Dávila, probablemente uno de los momentos más emotivos que se ha vivido en los cuatro y pico años de historia del programa, y un ejercicio de caballerosidad, educación y buen hacer como pocas veces se haya visto. Sin embargo, los mismos que un día antes iban cámara en mano y video volando con la primera intervención de García Serrano, pidiéndole a la gente por la calle una valoración de algo que cualquier persona reprobaría independientemente de su afiliación político-ideológica, no hicieron lo mismo cuando García Serrano ofreció ese ejemplo de lo que unos sí saben hacer y otros nunca hacen, incluso cuando sus insultos son aún peores porque no afectan a una persona, sino a todo un colectivo a veces de millones de personas.

Primera razón por la que ese ejemplo pone en evidencia la doble moral de una izquierda sectaria, que se permite el lujo de arrogarse una superioridad moral e intelectual que nunca tendrá, porque no puede tenerla una ideología que sigue cimentándose en el principio totalitario de la destrucción de la dignidad humana. Ya está bien de que quienes defendemos al individuo y su libertad y, por encima de todo, amamos sus derechos, empezando por ese primer derecho fundamental de todo ser humano, que es el derecho a la vida, tengamos siempre que agachar la cabeza ante esa pretendida superioridad moral que no es más que pura fachada tras la que se esconde el peor de los relativismos, la más oscura y destructora ideología que haya conocido nunca la humanidad, y que está intentando llevar al mundo, y en nuestro caso a España, a la negación absoluta del ser humano como individuo libre y la exaltación de la colectividad y, dentro de ella, una mal entendida igualdad, como nueva religión de Estado.

De ahí la segunda razón. No es concebible la rabia con la que el progresismo ha arremetido contra un hecho puntual y, sin duda, objeto de amonestación, cuando al mismo tiempo ese progresismo se permite el lujo de agredir moralmente a nuestros hijos con un modelo de educación sexual que dista mucho de ser una lección de sentido común y sí una violación no consentida de la inocencia adolescente. Miren, lo diré claramente: si yo, como padre de niños en edad de recibir ese modelo de educación, viviera en Cataluña o en Andalucía, pondría una denuncia en un juzgado de guardia contra la Generalitat o la Consejería de Sanidad, o contra la Junta y su consejería de Sanidad, por agresión sexual a un menor. Si una décima parte de lo que se recomienda a los niños en esas guías sobre sexo, las incluyera cualquier adulto en una página web para niños, se le denunciaría y, seguramente, se le condenaría por pedofilia, y con toda la razón. Pues esto es lo mismo, pero pagado con el dinero público, y yo animo a los padres a que lo denuncien, no solo en los medios, sino también en los juzgados.

Son muchas las razones por las que esta izquierda que nos gobierna se está ganando los apelativos de malvada y perversa. Es una izquierda rencorosa, sectaria -no hay más que ver la reacción socialista prohibiendo a Antonio Miguel Carmona acudir al programa del jueves- y totalitaria, que no acepta la discrepancia y que persigue a quien le discute o le planta cara. Pero no van a acabar, por mucho que se empeñen los wyomings y buenafuentes –¡qué pena, Andreu!, qué bajo has caído cuando te podías haber convertido en un icono del verdadero progresismo-, con aquellos que defendemos la libertad como valor esencial de la existencia del ser humano. Un ser humano, al menos en el que yo creo, que es capaz de equivocarse, muchas veces, pero cuya grandeza consiste en saber reconocerlo y, sobre todo, en pedir perdón.


El Confidencial - Opinión

La huelga general, un error

Dos días antes de que el Gobierno apruebe en Consejo de Ministros su reforma laboral –que saldrá adelante como proyecto de ley y no como decreto para dar más margen a la negociación con el resto de partidos políticos–, Comisiones Obreras anunció ayer que habrá huelga general. La fecha y la estrategia para preparar el paro no se sabrá hasta hoy, aunque todo apunta a que se convocará para septiembre. Lo anunciarán de forma conjunta CC OO y UGT. Los sindicatos escenifican así su rechazo al decreto y a los aspectos más sensibles para ellos: las mayores facilidades y el abaratamiento del despido, sus dudas de que este decreto sirva para acabar con la dualidad en los contratos y –lo que más les escuece, ya que les resta capacidad de influencia y de maniobra– la debilitación del papel de la negociación colectiva, una de las razones de ser y de existir de los sindicatos.

Comisiones Obreras e Izquierda Unida demostraron ayer el mismo «optimismo antropológico» que se achaca a Zapatero, al decir, como manifestó el dirigente de IU, Cayo Lara, que una huelga general se hace «para ganarla», aunque la realidad es que perdemos todos. Así parece ser que lo entendieron los funcionarios públicos cuando el pasado 8 de junio apenas secundaron la huelga promovida por las dos grandes centrales sindicales, con el correspondiente descrédito para ambas y una pérdida de credibilidad que ya vienen arrastrando desde hace bastante tiempo con su actitud contemplativa e interesada desde el inicio de la crisis.

Sin duda, ésta no es la fórmula para salir de la crisis y para fortalecer la credibilidad económica de España. Los sindicatos están cometiendo una doble irresponsabilidad: primero, al abordar la negociación laboral desde el inmovilismo, con una nula cintura política y una cerrazón que no es la adecuada ante la crisis; después, al convocar una huelga general que claramente perjudica a la economía. Una convocatoria como ésta nunca sale gratis, puesto que comporta un número significativo de costes a los que hay que sumar las pérdidas en salarios para cada trabajador que la secunde. Según la estimación que hoy publica LA RAZÓN, esta huelga podría suponer para nuestro país unos 3.000 millones de euros.

Ante este escenario, el Gobierno debe tener alturas de miras e iniciar más pronto que tarde un proceso de negociación con el PP sobre la reforma laboral. Y no debe hacerlo desde posturas maximalistas y sí desde la flexibilidad que se requiere ante la envergadura de este asunto, del que depende el futuro de miles de trabajadores. No se adopta una postura amenazante diciendo que no habrá prórrogas. Es un imperativo que no se puede permitir. No sería de recibo desviar hacia la oposición las culpas sobre las bondades o no de la reforma laboral y acusarles de no cooperar para que ésta sea la más ajustada a la realidad económica española.

La reunión de hoy, entre los populares y el titular de Trabajo, Celestino Corbacho, sería de desear que se desarrollase desde el diálogo y no la confrontación. Ante la amenaza, ya cierta de una huelga general, el Gobierno debe dejar de mirar a los sindicatos y tender puentes con la principal fuerza de la oposición. Sería lo más constructivo y lo más sensato.


La Razón - Editorial

Sindicatos. Una huelga abocada al fracaso. Por Guillermo Dupuy

Si desde el PP quieren protestar contra Zapatero, que sean ellos los que convoquen una gran manifestación contra el Gobierno. Eso sí, en festivo, sin malas compañías y con el discurso radicalmente reformista que requiere nuestra mortecina economía.

Los sindicatos ya han anunciado la convocatoria de una huelga general contra una reforma laboral que el Gobierno todavía no ha sacado adelante. A pesar del desatado y justificado malestar contra el Gobierno, es muy probable, sin embargo, que los sindicatos cosechen el mismo sonoro fracaso que el obtenido en la reciente huelga de los funcionarios, y por muy similares razones.

Por un parte, cada vez son más los españoles que acertadamente identifican a estos privilegiados vividores del trabajo ajeno como los principales cómplices del Gobierno a la hora de negar la existencia de la crisis, así como los principales responsables del despilfarro público en el que incurrió el Ejecutivo como supuesta forma de salir de ella.


Por otra parte, aunque las expresiones "despido libre" o "abaratamiento del despido" sigan siendo expresiones malditas, hay cada vez más gente que es consciente de que la verdadera agresión a los trabajadores lo ha constituido un irresponsable inmovilismo que nos ha aproximado a los cinco millones de trabajo. Así, y a pesar de la nula pedagogía política que a favor de la contratación libre hacen los supuestos partidarios de la flexibilización de la rígida, coactiva y empobrecedora regulación de nuestro mercado laboral, ya son muchos los ciudadanos de a pie –sobre todo los que nutren las filas del desempleo– que sensatamente dan prioridad al hecho de encontrar un empleo, con absoluta independencia del importe que tendría un eventual y futuro despido.

Aunque mucho más minoritario, también es creciente el número de ciudadanos que, desde sanas posiciones individualistas, no quieren que ciegos convenios colectivos ni privilegiados representantes sindicales que viven, no sólo ajenos a la realidad de cada empresa, sino a la realidad de cada trabajador desempleado, sean los que decidan por ellos a la hora de aceptar o de rechazar determinadas condiciones de trabajo.

Hay otra buena razón, además, para que muchos españoles no quieran tener a los sindicatos como compañeros de viaje ni siquiera para protestar contra el Gobierno, como es el hecho de que los sindicatos, siendo los cómplices de la política que nos ha llevado a endeudarnos hasta las cejas, se han librado, sin embargo, del recorte al que nos ha abocado esa insostenle huida hacia adelante. Por el contrario, y tal y como denunciaba la prensa económica este lunes, los sindicalistas de UGT se han beneficiado durante los últimos dos año de crisis de una subida salarial superior al 7%.

Por todo ello, junto con la responsable consciencia de que una huelga no es precisamente la forma más conveniente de protesta con la que está cayendo, es muy previsible que esta huelga general se convierta en una nueva prueba del creciente y justificado descrédito de unas organizaciones que, como los sindicatos, han hecho de la usurpación de los derechos de los trabajadores y de sus rentas su forma de vida.

Aunque ignore cuál vaya a ser el calado de la tardía reforma que lleve a cabo el Gobierno, no quiero concluir sin felicitar al PP por desmarcarse claramente de esta huelga, tal y como parece que ha hecho la dirección nacional este lunes. Esperemos que esta vez no venga ningún González Pons a competir en irresponsabilidad y demagogia con los sindicatos. Si desde el PP quieren protestar contra Zapatero –cosa que, al margen de la subida de impuestos, también deberían de hacer si esta reforma no es de la suficiente profundidad– que sean ellos los que convoquen una gran manifestación contra el Gobierno. Eso sí, en festivo, sin malas compañías y con el discurso radicalmente reformista y liberalizador que requiere nuestra mortecina economía.


Libertad Digital - Opinión

Huelga general y pesimismo

El Gobierno carece de un programa de acción política convalidado por los ciudadanos porque el PSOE ha hurtado a los electores durante dos años la verdad de lo que estaba sucediendo.

EL conjunto de datos que ofrece la segunda entrega de la encuesta realizada por la empresa DYM para ABC muestra todos los síntomas de una opinión pública que da por agotada la legislatura y que necesita un revulsivo político para asumir los costes de la crisis con un mínimo de esperanza. El pesimismo está compartido por los votantes de los dos principales partidos, PSOE y PP. El 70 por ciento de los socialistas y el 88 de los populares califican como mala o muy mala la situación económica, y son también mayoría los que piensan que la economía, dentro de un año, seguirá igual o empeorará. Con este fatalismo ante el futuro las medidas de recorte social del Gobierno no pueden estar acompañadas de una voluntad colectiva de superación y esfuerzo, simplemente porque no hay confianza en que los beneficios de mañana compensen los sacrificios de hoy. Este estado de la opinión pública inhabilita el discurso de reproches socialistas contra el PP por su actitud de oposición frente al Gobierno. La realidad de la crisis es suficiente, sin necesidad de que el PP eche leña al fuego, para que los ciudadanos asuman que la situación es crítica, que el Gobierno ha perdido dos años cruciales en negar la evidencia y que este Gobierno que pretende liderar la recuperación carece por completo de crédito político.

Por tanto, la valoración de los ciudadanos sobre la crisis, unida al hastío que les produce la clase política en su conjunto, son tan claras que el presidente del Gobierno debería plantearse hasta qué punto es lícito perseverar en la continuidad de un mandato que se sustenta en la negación de todo cuanto ha dicho desde 2008. Ha habido recorte de derechos sociales, el paro es masivo y el anuncio de reforma laboral con medidas restrictivas para los trabajadores se saldó ayer con la confirmación por parte de los sindicatos de que, en efecto, convocarán una huelga general. En este estado de cosas, probablemente el Gobierno no conseguirá siquiera salvar la cara haciendo del «decretazo» una «reforma provisional» que se tramitará como proyecto de ley para contar con el mayor consenso político posible y conseguir que la reforma sea definitiva en noviembre. El grado de deterioro es tal que esta búsqueda a la desesperada de corresponsables en las decisiones no le servirá al Gobierno para tomar aire. En este momento, el Gobierno carece de un programa de acción política convalidado por los ciudadanos, y no porque las circunstancias en marzo de 2008 no permitieran ya prever lo que se venía encima, sino porque el PSOE hurtó a los electores la verdad de lo que estaba sucediendo. El momento actual reúne todas las condiciones de un manual básico de democracia para llamar a los ciudadanos a las urnas.

ABC - Editorial