sábado, 26 de junio de 2010

Una alternativa creíble

Hemos defendido de forma insistente que el tiempo del Gobierno se había agotado, vencido por su fracaso, y que la alternancia política era no sólo posible, sino que resultaba necesaria para recuperar la confianza y el crédito perdidos, imprescindibles para sentar las bases de la salida de la crisis y la recuperación. El Gobierno y el PSOE, no sin habilidad, están instalados desde hace semanas en el discurso de la falta de proyecto del Partido Popular para sacar adelante la nación con un mensaje gráfico que presenta a los populares como el partido del «no». No a todo, pero sin que se ofrezca un proyecto, unas ideas. El objetivo es presentar ante la opinión pública a una formación sin sentido de Estado y que sólo persigue el poder. Esa falaz campaña –increíble para todo aquel que siga los debates en el Parlamento y las comparecencias de los portavoces del PP– se ha venido abajo estrepitosamente en las últimas horas. Primero con el acuerdo para que Gobierno y PP elaboren una nueva política energética, que tanta falta le hace al país. Lo que demuestra que no ha sido el PP el obstáculo, sino un Gobierno que persiguió aislar a la oposición e imponer sus políticas de forma incondicional. Y segundo, con la comparecencia de Mariano Rajoy, que ayer desgranó su plan integral de reformas contra la recesión, y que conforman un intenso programa de intervenciones legislativas dirigidas a modificar sustancialmente las reglas de juego actuales, que se han demostrado incapaces para combatir la crisis.

Rajoy cree necesaria una regulación clara y sencilla de la extinción de los contratos, clarificar los mismos y facilitar descuelgues no sólo salariales en los convenios. El objetivo, que compartimos, es dinamizar el mercado de trabajo y no trabarlo con más confusión. Para corregir el galopante déficit público, apuntó una nueva normativa presupuestaria que establezca techos de gasto y endeudamiento de todas las administraciones, así como poner coto al «sobredimensionamiento» del sector público y al exceso de subvenciones. En cuanto a la fiscalidad, Rajoy planteó una rebaja selectiva de impuestos para pymes y autónomos y un IVA superreducido para el turismo, con el propósito de apoyar la inversión empresarial y el ahorro. Estas propuestas persiguen incentivar la actividad y no gravarla, lo que sin duda es más positivo a la larga para la recaudación y la creación de empleo. El presidente del PP abordó las pensiones y, en este punto, defendió la necesidad de debatir sobre la ampliación de la edad de jubilación para garantizar el futuro del sistema. La demagogia con los jubilados sólo conduce al fiasco actual y los cambios no pueden esperar. Rajoy remarcó la necesidad de la reestructuración del sistema financiero, porque necesitamos entidades sólidas para que el crédito fluya.

Entendemos que el líder del PP representa una alternativa seria, creíble y necesaria en tiempos en los que los experimentos, como los gobiernos de concentración con Zapatero, sobran, y se demanda rigor y estabilidad, con pactos de Estado en los grandes asuntos de interés general –modelo territorial, terrorismo, justicia–, exactamente los mismos acuerdos que el PSOE ha torpedeado durante los últimos seis años.


La Razón - Editorial

A verlas venir

Rajoy apunta, pero sigue sin plantear una alternativa reconocible en materia económica.

El líder de la oposición, Mariano Rajoy, compareció ayer ante representantes del mundo económico y empresarial para, supuestamente, exponer las líneas generales de su programa económico. La sensación general fue frustrante. Es cierto que faltan casi dos años hasta las elecciones y, por tanto, podía intentar el equilibrio difícil entre un compromiso explícito con medidas concretas y la conservación de un amplio margen de maniobra para el futuro. Pero de la intervención de Rajoy se deduce que sigue confiando más en el desgaste de Zapatero que en las virtudes de su inexistente programa, por más que el intento de al menos plantear un esbozo de prioridades podría indicar una cierta conciencia de las limitaciones de la estrategia de estar a verlas venir.

El recorte del gasto público adoptado por el Gobierno, así como el decreto sobre la reforma laboral y las medidas para consolidar el sistema financiero, han trastocado los datos de partida del debate político. Ante la nueva realidad, la oposición no podía limitarse a seguir oponiendo negativas a las iniciativas de un Gobierno que ha empezado a adoptar medidas a la altura de la gravedad de la crisis; medidas que coinciden, por lo demás, con las que están planteando los restantes países de la zona euro. Rajoy sigue en el terreno del deber ser, o en el de "yo ya lo dije" (que había que controlar el déficit) como si eso le eximiera de decir ahora cómo combatirlo.


La novedad fue propugnar que se incluya en la Constitución, como hizo Alemania, la obligación de no superar determinado nivel de déficit. Aparte de la dificultad política para llevar a buen fin una iniciativa que requeriría reformar la Constitución, y de la discutible conveniencia de atarse las manos hasta ese punto, la propuesta revela la voluntad de mantenerse en el nivel más genérico, el constitucional, para no entrar en compromisos concretos. Es decir, el de cómo atajar -recortando qué gastos- el déficit realmente existente. Se limitó a sugerir una imprecisa reforma de las Administraciones públicas, necesaria en cualquier caso pero incapaz de ofrecer los resultados inmediatos que se necesitan.

Otro tanto hizo con la reforma laboral, evitando pronunciarse sobre el decreto recién convalidado y subrayando únicamente que la negociación colectiva debe plantearse a nivel de empresa. Otros temas, como la reforma energética o la de la educación, fueron planteados en el mismo nivel generalista, con el agravante, en el caso de la educación, de que propuso hacer aquello que su partido acaba de boicotear: un pacto capaz de mantener su vigencia esencial con cualquier Gobierno. Y ello pese a que, al descartar la insinuación de Arenas, dijo que "pactos de Estado, sí; coalición de Gobierno (con el PSOE), no". ¿En qué tema era más necesario un pacto que en la Educación? La misma falta de credibilidad de la que Rajoy acusa al Gobierno es la que él sufre cuando propone iniciativas que ha saboteado, o cuando recurre a la teoría para no pronunciarse sobre la realidad.


El País - Opinión

¿Pasará Rajoy de las palabras a los hechos?

La austeridad que preconiza Rajoy casa bastante mal con que Madrid sea el municipio más endeudado de España y con que su estrategia para reducir el déficit pase por aumentar los tributos a los ciudadanos en lugar de por minorar sus faraónicos despilfarros.

En estos momentos en los que nadie puede albergar esperanza alguna en que Zapatero sea capaz de encauzar el rumbo de nuestra economía resulta esencial que tanto dentro como sobre todo fuera de nuestro país se perciba la existencia de una alternativa de gobierno que sí esté dispuesta a aprobar las reformas que necesitamos; a saber, reducción enérgica del gasto público en todos los niveles de la administración y liberalización de sectores tan relevantes como el energético o el laboral.

En este sentido, sólo cabe celebrar que Rajoy se postule abiertamente como alternativa inmediata de gobierno al desgobierno de Zapatero; no ya porque el líder de la oposición debe ser capaz de acceder al Ejecutivo en cualquier momento, sino porque es preciso que comience a visualizarse un gobierno en la sombra que exponga las políticas concretas que pasará a aprobar tan pronto como gane las elecciones.


El programa desgranado por Rajoy incluye alguna de las claves que la economía y la sociedad española necesitan: reforma del sistema educativo asentándolo sobre la libertad parental; reducción de impuestos y del gasto público, así como limitación del endeudamiento; eliminación de la negociación colectiva; y mantenimiento de una energía limpia y barata como la nuclear. Sin embargo, el discurso de Rajoy, aunque correcto, sigue pecando de ser insuficientemente concreto y consecuente.

La inconcreción se aprecia en rúbricas tan importantes como la falta de desarrollo de qué partidas de gasto piensa recortar, eliminar o reorganizar con tal de eliminar el enorme desequilibrio de nuestras cuentas públicas. De momento, el PP se ha opuesto al ajuste presentado por el PSOE, en unas ocasiones aduciendo que era "insuficiente" y que debería ampliarse a las oligarquías sindicales y políticas que pacen en el presupuesto y en otras sosteniendo que era "injusto" por afectar al "gasto social". Sería deseable que más allá de apelaciones generales a restringir el endeudamiento se nos explicara cómo se pretende acabar con éste, pues en caso contrario la tan cacareada prohibición del déficit quedaría como un simple brindis al Sol.

La inconsecuencia del discurso de Rajoy cabe buscarla, no ya en el lenguaje claramente populista que algunos miembros de su partido han empleado para denigrar cualquier mínima liberalización del mercado laboral, sino en la palpable contradicción entre las palabras de Rajoy y las políticas implementadas por el PP allí donde está gobernando (con la feliz excepción de la Comunidad de Madrid).

El líder popular promete la misma libertad educativa para los padres que había prometido Feijóo poco antes de incumplir todos y cada uno de los puntos de su programa en este ámbito. La austeridad que preconiza Rajoy casa bastante mal con que Valencia y, sobre todo, Madrid sean los municipios más endeudados de España y con que la estrategia del segundo para reducir el déficit pase por aumentar los tributos a los ciudadanos en lugar de por minorar sus faraónicos despilfarros.

Si Rajoy quiere gobernar España con un determinado programa de corte liberal, primero deberá comenzar a aplicar ese mismo programa allí donde tiene ocasión. Después de haber padecido a un mentiroso de tal calibre como Zapatero, es lógico que los españoles tengamos una más que sana desconfianza hacia las promesas de los políticos. El movimiento se demuestra andando, y el buen gobierno, gobernando.


Libertad Digital - Editorial

Con Zapatero, no

Rodríguez Zapatero no ha hecho posible la culminación de ni uno solo de los pactos de Estado a los que se ha ofrecido el PP, y sólo el PSOE es el que tiene que explicar por qué.

LA propuesta del vicesecretario territorial del Partido Popular, Javier Arenas, adelantada ayer por ABC, de plantear un gobierno de coalición con el PSOE, pero sin José Luis Rodríguez Zapatero, compartió la agenda política en una jornada en la que Mariano Rajoy se presentó como alternativa inmediata al actual Ejecutivo ante la clase empresarial y financiera. De esta forma, el PP puso sobre la mesa de la opinión pública sus opciones para recuperar la confianza política a través de la estabilización del Gobierno, bien con un gran pacto de Estado para cogobernar, bien con una alternancia democrática. No son fórmulas antagónicas, sino que responden a enfoques complementarios sobre una misma situación, que convergen en la condición común y previa de que Rodríguez Zapatero está políticamente agotado y amortizado.

La sociedad española no pierde ocasión de expresar su desdén por la clase política en su conjunto, del que resulta una creciente desconfianza en la capacidad de sus representantes para liderar la recuperación. La oposición, aunque no tenga responsabilidades de gobierno, no escapa, si bien con diferentes resultados, a esa ola de opinión escéptica y desalentada de los ciudadanos. Por eso es bueno que el Partido Popular rompa los círculos viciosos de la relación Gobierno-oposición con propuestas y ofertas novedosas, aunque su viabilidad inmediata sea más que dudosa. Nada habría sido más conveniente para España que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero hubiera propiciado acuerdos de Estado con el PP desde el comienzo de la crisis, y aun antes. Desde su victoria en 2004, el Partido Socialista ha protagonizado el período político más crispado y menos fértil en acuerdos nacionales desde 1978. Solo la disposición del PP a apoyar medidas anticrisis o planes concretos, como el aplazamiento del coste de la luz, ha permitido dar a la sociedad bálsamos ocasionales a tanto enfrentamiento. Rodríguez Zapatero no ha hecho posible la culminación de ni uno solo de los pactos de Estado a los que se ha ofrecido el Partido Popular, y sólo el PSOE es el que tiene que explicar por qué. La coalición de gobierno, al estilo de la que presidió Angela Merkel con los socialdemócratas alemanes en el mandato anterior, es una fórmula responsable que solo funciona con políticos responsables que crean en los pactos de Estado. El PSOE no quiere compartir acuerdos nacionales con el PP —ayer Mariano Rajoy los ofreció en Educación, energía y administraciones públicas— y lo ha demostrado desde el comienzo de su etapa de gobierno, optando siempre por las minorías nacionalistas o por el «decretazo».

ABC - Editorial