miércoles, 30 de junio de 2010

Eficacia constituyente. Por Gabriel Albiac

Si Cataluña es una nación, el sujeto fijado por la Constitución de 1978, la nación española, ha dejado de existir.

NADA hay de reprochable en la ignorancia de doña María Emilia Casas. La presidenta del Tribunal Constitucional no posee calificación alguna como constitucionalista. Nada la obliga a poseerla. El Constitucional no es una entidad académica. Para ser miembro de él se exige sólo ser «jurista de reconocida competencia» (reconocida por quién, no se especifica) «con más de quince años de ejercicio». Es una instancia política. Que designan los partidos en proporción a su peso parlamentario y como calco suyo. Así es la ley. Casas oficia en Derecho Laboral. Y fue propuesta por el PSOE. Su ignorancia de lo que sea una Constitución se nota. Es inevitable. Seamos piadosos con ella. No con su texto. Un texto dice lo que dice. Por más misericordia que merezca quien lo escribe.

Vayamos a lo que dice el fallo. En su primer punto. Que «carecen de eficacia jurídica interpretativa las referencias del Preámbulo del Estatuto de Cataluña a Cataluña como nación y a la realidad nacional de Cataluña» es una obviedad rayana en el pleonasmo. La eficacia del Preámbulo de una Constitución —de la que sea— no es jurídica. Es constituyente. Y, como tal, precede a lo jurídico y lo determina: el acto constitucional pone las leyes; no a la inversa.

Aquellos de sus colegas de institución que sí saben de eso hubieran podido recomendar a la señora Casas un par de lecturas básicas. La primera de ellas, la que fija entre 1788 y 1789 la peculiaridad del acto constituyente, es la que articula el doble movimiento de Sieyès, entre el manifiesto fundacional ¿Qué es el Tercer Estado? y su aplicación del 20 y 21 de julio de 1789 a la redacción de los Preliminaresde la primera Constitución Francesa. Una Constitución —había establecido Sieyès en 1788— es, en rigor, el código actual y transitorio que se otorga un sujeto constituyente —el pueblo constituido en nación—, que la precede y la sobrevive. De ahí que «no sólo la nación no esté sometida a una Constitución, sino que no pueda estarlo, ni deba estarlo». Y ello por lógica elemental: la Constitución sólo materializa un episodio temporal en el flujo perenne del sujeto constituyente que es la nación. «La voluntad nacional —concluye el padre del constitucionalismo moderno— no precisa más que de su propia realidad par ser legal». Decir naciónes decir aquello que decide acerca de las efímeras constituciones. Todo sería imposible, de otro modo. Porque «dejaría de haber Constitución a la menor dificultad que surgiese entre las partes, si una nación no existiese con independencia de toda regla y de toda forma constitucional».

El alma de una Constitución no está en ninguno de sus artículos. Está en los Preliminaresque, al definir la nación que opera como sujeto constituyente, fijan el límite para las sucesivas Constituciones, a lo largo de las cuales un pueblo permanece mientras sus normas cambian. La «nación catalana» del Prólogo del Estatuto no tiene «eficacia jurídica», en la medida misma en que concentra en sí toda la eficacia constituyente. Si Cataluña es una nación, el sujeto fijado por la Constitución de 1978, la nación española, ha dejado de existir, y la Constitución con ella. Y no queda ya más que convocar nuevas Cortes Constituyentes.


ABC - Opinión

Montilla y los nacionalistas compiten en aspavientos. Por Antonio Casado

Aún sin conocer en su literalidad la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, ya sabemos que su pronunciamiento de mayor calado es la reafirmación del principio de soberanía nacional única e indivisible, tal y como viene formulado en el artículo 2 de la Constitución, sin que el término “nacionalidad”, aplicado a la Comunidad Autónoma de Cataluña, pueda entenderse en ningún caso como una realidad segregada o segregable de la nación española.

Es la fibra sensible del asunto. Eso explica que el socialista José Montilla, todavía presidente de la Generalitat, compita en aspavientos con los nacionalistas de toda la vida. Socialistas catalanes y nacionalistas de CiU -con evidente disgusto de Zapatero, cuyo registro difiere de sus compañeros del PSC-, se vigilarán mutuamente para no perder la posición a cuatro meses de las elecciones catalanas. Y en la manifestación del 10 de julio, por supuesto, unitaria, todos colgados de la misma percha: “Nosotros decidimos, somos una nación”. Ahí es donde se ha sentido la embestida y ahora se trata de reivindicar lo que se considera atacado por la sentencia.


Quienes siempre se sintieron incómodos por la referencia a “Cataluña como nación”, recogida en el Preámbulo, están en deuda con Manuel Aragón, el magistrado de extracción “progresista” que nunca consideró suficiente la doctrina sobre la irrelevancia jurídica de esa referencia no incluida en el articulado. Conviene saber que, en contra del parecer de la presidenta, Maria Emilia Casas, si al final se ha mantenido el Preámbulo tal y como estaba, por seis votos contra cuatro, es porque queda debidamente compensado con la reafirmación de la soberanía nacional a instancias de Aragón.

En el texto de la sentencia ya queda claro que la falta de eficacia jurídica del Preámbulo se refuerza con este pronunciamiento. Para que no haya lugar a dudas a la hora de interpretar sus alusiones a Cataluña como nación, según el Parlamento de Cataluña, y a la “realidad nacional” de Cataluña como “nacionalidad”, según la Constitución Española. No sólo para despejar cualquier duda a la hora de interpretarlo. También para prevenirse frente a eventuales reivindicaciones futuras del derecho de autodeterminación. Ese es el agujero que ha logrado tapar la pertinaz insistencia de Manuel Aragón, que en su día ya tumbó, por esa causa, el proyecto de sentencia de la “progresista” Elisa Pérez Vera.

El acatamiento, condición necesaria

Además, la larga y penosa peripecia del Estatut, en su planteamiento, nudo y desenlace ante el Tribunal Constitucional, ha vuelto a reflejar la vieja tensión frente al hecho diferencial de Cataluña. Por un lado, quienes siempre entendieron la reforma del Estatut como un paso del nacionalismo hacia objetivos soberanistas. Y por otro, quienes nunca pasaron de interpretar la reforma como un salto en el autogobierno sin romper las costuras del Estado de las Autonomías.

A este respecto, a partir de ahora la sentencia debería ser un obligado referente doctrinal, más allá de que se comparta o no sus tesis. El acatamiento ha de ser, en ese sentido, condición necesaria. Hace bien Mariano Rajoy, con el que ayer tuve ocasión de comentar la jugada, al centrar sus comentarios en la noción del acatamiento. Acatamiento como expresión del respeto a la norma, que es lo que nos protege de la arbitrariedad. De ahí no consiguieron sacarle los periodistas que le abordaron en la sede de la Universidad Europea (Villaviciosa de Odón) con la esperanza de que fuese más explícito sobre una sentencia que, en resumen, viene a recordarnos que en España solo hay una nación.


El Confidencial - Opinión

El cristal con que se mira. Por José María Carrascal

Los españoles seguimos sin saber si el nuevo Estatut es constitucional o no, que era lo único que pedíamos.

«¿ES de oro tu Rolex?», preguntaban los amigos al dueño del reloj, en el chiste del añorado Eugenio. «Pues unos días lo es y otros, no», respondía el atribulado propietario. «¿Es constitucional el Estatuto catalán?», hemos preguntado al Tribunal pertinente. «Pues unos artículos lo son, otros, no y bastantes, depende», nos ha respondido. Con lo que nos quedamos más confusos que estábamos, con unos considerando que la sentencia avala el estatuto y otros, que ataca la dignidad catalana. Resultado de un texto ambiguo que adopta el color del cristal con que se mira. Acepta el término «nación» para Cataluña, pero le quita toda validez jurídica; reconoce la bandera y el himno como símbolos nacionales de Cataluña, pero sólo como «nacionalidad»; elimina el «uso preferente» del catalán en las Administraciones públicas, pero lo admite como lengua en la enseñanza; acepta una Comisión Bilateral en las relaciones Generalitat-Estado, pero sin alterar las competencias de éste, y así sucesivamente. Un sí, pero no en todo menos en un terreno: el judicial. Ahí, los señores magistrados se han plantado: nada de Tribunal Superior de Cataluña al nivel del Supremo español. Nada de Consejo General del Poder Judicial catalán, ni de Defensor del Pueblo. En esto, se han mostrado inflexibles. Tampoco han dado luz verde a la Generalitat en impuestos. El resto, autorizado o interpretable, que es el camino más corto al infierno de las controversias.

Si tenemos un Tribunal Constitucional es para que nos diga qué se ajusta y qué no se ajusta a la Constitución, no para que lo deje en el aire. Para eso nos bastan y sobran los partidos. Todo apunta, sin embargo, que fiel a su tradición, el TC nos ha ofrecido otra sentencia política. Nos lo confirma la reacción de los partidos, tratando de llevarla cada cual a su molino, con la vista puesta en las próximas elecciones. Los nacionalistas catalanes enarbolando el viejo victimismo, pues estos señores no se contentan con menos que todo. El PP, satisfecho, porque ve la posibilidad de aliarse con CiU para repartirse el poder, y el gobierno Zapatero, soltándonos sin el menor rebozo que «la sentencia es un completo aval del Estatuto» y «una derrota en toda la línea del PP». No es que no sepan contar. Es que tras perder el sentido de la verdad, han perdido el de la vergüenza. En fin, que los españoles seguimos sin saber si el nuevo Estatut es constitucional o no, que era lo único que pedíamos al encargado de aclarárnoslo. Aunque, a la luz de la sentencia, puede que tampoco el Tribunal lo tenga del todo claro.

Y así queremos andar por el mundo. Bueno, a gatas.


ABC - Opinión

Huelga del Metro. De Camacho a los macarras. Por Cristina Losada

Han sido los del Metro, con el tono soez y pendenciero de sus chulos de barra americana, los que me han dado la noticia, mala noticia, del fallecimiento del "movimiento obrero" de antaño.

Varios sindicatos han muerto. Lo he sabido por su certificado de defunción, cuyo texto dice así: "Esperanzita como me quites el 5 por el culo te la hinco". Tal cual, sin una coma de más ni una obscenidad de menos, era el mensaje del cartel que ornaba la mesa del comité de huelga del Metro madrileño. Al ver esa malsonancia he tenido una sensación penosa: hemos perdido algo y yo, desde luego, me he perdido algo. En lo que a mí respecta, me he perdido el punto de inflexión en el cual los sindicatos españoles, los mayoritarios y otros cuantos, dejaron de ser lo que fueron para convertirse en bandas de macarras.

Una ha sido testigo de huelgas salvajes y de coacciones piqueteras. Daba por sentado que el matonismo era aquí, como allí, la enfermedad senil del sindicalismo, muy parecida a la infantil, por otra parte. Pero ni la creciente zafiedad ambiental me había puesto ante la evidencia palmaria de una metamorfosis tan degradante. Han sido los del Metro, con el tono soez y pendenciero de sus chulos de barra americana, los que me han dado la noticia, mala noticia, del fallecimiento del "movimiento obrero" de antaño.


A finales de los setenta fui miembro de CCOO y de un comité de empresa. Por entonces, me dedicaba a la información laboral y los trabajadores en conflicto venían a verme sabedores de que intentaría evadir la censura y publicar sus cuitas. Conocí a Sartorius, a Camacho, a Zufiaur y a tantos otros. Estuve en asambleas, encierros y huelgas. Jamás asistí a nada parecido a las orgías tabernarias que ahora monta la trouppe de liberados sindicales.

El estilo, me dirán, es lo de menos y lo de más, el hecho de que una minoría puede "reventar" una ciudad y las que hagan falta, que no serán nunca –por mucho que sueñen las ovejas– aquellas gobernadas por la izquierda. Pero todo está en las formas. La aristocracia obrera, la que forman los privilegiados cuyos empleos no corren peligro, ha resultado ser la hez del lumpen. Y a excitadores del resentimiento social del lumpen se han rebajado y reducido los sindicatos mentados. Incluso cuando Pablo Iglesias amenazó a Maura lo hizo con elegancia formal: "Hemos llegado a considerar que antes de que Su Señoría suba al poder debemos ir hasta el atentado personal". Entre esa frase y "por el culo te la hinco" media la distancia entre la civilización de un sindicalismo revolucionario y la barbarie de este sindicalismo reaccionario.


Libertad Digital - Opinión

300 palabras. Por Ignacio Camacho

Calado quizá sea sinónimo de pasteleo. Hay dulcería, bollería y pasteleo de María Emilia Casas en el Constitucional.

COMO las derrotas son huérfanas aunque a las victorias les salgan cien padres, nadie va a reclamar la autoría de los artículos del Estatuto de Cataluña purgados por el Tribunal Constitucional; en realidad nadie está dispuesto siquiera a admitir que dicha purga suponga un revés, un traspié o un fracaso. Pero el Derecho, incluso el mal administrado, es bastante más profundo que las consignas, la demagogia y otras artes de la propaganda política, y pronto se verá que este veredicto saludado con ficticio triunfalismo por el Gobierno —con éxitos así, el zapaterismo avanza de victoria en victoria hasta la derrota final— contiene varias bombas de espoleta retardada que van a estallar en los cimientos del edificio soberanista construido al alimón por Zapatero y Artur Mas en cierta tarde de tabaco y café bajo el techo monclovita.

El dichoso Estatuto atormenta al presidente como la recidiva de una úlcera. Cada vez que ha creído tener enderezado el entuerto que provocó al otorgar barra libre al soberanismo en aquel célebre mitin preelectoral de Barcelona, la realidad le ha devuelto un conflicto sangrante que nunca acaba de cerrarse por mucho omeprazol político que se le aplique. La última baza para solucionar este descomunal descalzaperros era la de someter al TC para obtener de él un visto bueno y darle carpetazo al despropósito, pero los magistrados sólo se han dejado presionar hasta cierto punto. Aunque la sentencia es un pastiche ha bastado para reactivar el victimismo catalán, enredar más el Estado autonómico y dejar a Zapatero de nuevo ante el problema que él solo se bastó para crea con una torpeza irresponsable.

Si el presidente es el padre político del lío estatutario, el padre técnico es el actual ministro de Justicia, Francisco Caamaño, autor del «cepillado» final del bodrio y que anda por ahí tratando de minimizar el desaguisado con un banal sofisma cuantitativo: que de 39.000 palabras del texto en cuestión sólo 300 son inconstitucionales. Caamaño no parece desconocer sólo el valor de la sintaxis y la semántica, sino el de la juridicidad del lenguaje, lo que es más grave tratándose de un letrado; en la redacción de una ley no son baladíes ni las conjunciones. Una y en vez de una o puede suponer una diferencia sustantiva, y un adjetivo de más o de menos cambia por completo un concepto jurídico. Sobre todo si el adjetivo se refiere a competencias «exclusivas» que dejan de serlo.

De momento, esas nada inocentes 300 palabras han reventado el tripartito catalán, rebrincado al nacionalismo rampante y puesto a Montilla contra la pared. Más tarde le van a costar al socialismo el poder en Cataluña, y muy probablemente en España. Lo único que demuestran las 38.700 palabras restantes es que el Estatuto de marras es insufriblemente largo.


ABC - Opinión

¡Qué casualidad!. Por Alfonso Ussía

Resulta curioso que la primera huelga salvaje contra los recortes salariales tenga lugar en Madrid. Contra la Comunidad de Madrid, los sindicatos son muy valientes y decididos. Tan valientes y decididos que hasta los liberados se han puesto a trabajar para que el paro sea un éxito. Ni servicios mínimos. Las molestias de la ciudadanía les importan un bledo. Con el Gobierno no se atreven. El grifo, la mamandurria. Y ese tono grosero y amenazador del compañero Rodríguez. Piquetes en las estaciones de Metro. «Piquetes informativos», los llaman. Como si los cuatro millones de madrileños no supieran de la huelga en el Metro. No hay nada que informar. Sí, y mucho, que coaccionar, que amedrentar, que violentar. Esos «piquetes informativos» niegan a los trabajadores su derecho al trabajo. Palo y tente tieso. ¿Nadie se atreve a regular las funciones y competencias de estos grupos de matones? ¿Por qué los pagamos con nuestros impuestos? Huelga en el Metro de Madrid. No en el de Barcelona, gobernada por socialistas. En el fondo y en la forma, sin tapujos ni disfraces, huelga contra Esperanza Aguirre, que no tiene el grifo para mantener a los vagos.

Mi respeto a los quebrantos económicos que toda rebaja salarial produce. Mejor una rebaja que el paro. Casi cinco millones de parados ha acumulado el Gobierno con su desastrosa política económica. Con sus mentiras electorales, que hoy se demuestran delictivas. Pero la culpa la tiene Aguirre y el Gobierno autonómico de Madrid. Zapatero, de rositas con los sindicatos. Una rebaja del 2,5% del sueldo es más grave que un parado más. Así nos pintan las canas y las plumas. Si Zapatero no hubiese mentido en la última campaña electoral; si Zapatero hubiera adoptado desde un principio las más elementales medidas contra la crisis –la primera, reconocerla–, no se hallaría España en esta situación que comienza a resultar angustiosa. Pero contra Zapatero no se convocan huelgas salvajes. Vuelvo a lo mismo. El grifo, la mamandurria, la impostura, la coincidencia ideológica, todo eso. La huelga en Madrid. Le seguirán otras de todos los sectores. Sólo ofrece un dato positivo la organización de este rosario de huelgas. Que los sindicalistas profesionales que no dan con un palo al agua y a la cabeza de los trabajadores que consideran sagrado su derecho al trabajo. Que en esas cavernas sociales estamos todavía.

Para organizar huelgas salvajes, del sector laboral que se les antoje, tienen Madrid, Castilla-León, Murcia, Galicia, La Rioja, Valencia, Ceuta y Melilla. Son los territorios gobernados por el Partido Popular. También capitales de provincias de autonomías gobernadas por los socialistas. Allí donde los votos hayan dado al PP la mayoría absoluta, allí se convocarán las huelgas salvajes. Pero a Zapatero y al Gobierno socialista ni tocarlo. De nuevo vuelvo a lo de siempre. El grifo, la mamandurria, la impostura, la coincidencia ideológica, los liberados, las nóminas sindicales, las canonjías y la desvergüenza social. Menos mal que el verano nos alcanza y los liberados se liberarán de su liberación descansando unos días. Otros muchos no podrán hacerlo. Y seguirá la farsa.


La Razón - Opinión

Estatut. ¿Para esto hicimos la Revolución (francesa)?. Por José García Domínguez

Nada hay en este mundo más ajeno al sentimentalismo místico, irracionalista y romántico, tan caro siempre al catalanismo, que el afán democrático, laico e igualitario que retrata a los genuinos federales.

A falta aún de los fundamentos de derecho que desvelen el calado final de la sentencia, el vodevil del Estatut se puede analizar ya desde cierta perspectiva histórica. Y es que lo que empezó como apenas una frivolidad, otra más de Pasqual Maragall, acabaría trastocando el que fuera eje doctrinal de la izquierda española a lo largo de más de un siglo. A fin de cuentas, el repudio tácito de la concepción federalista del Estado, la propia del PSOE desde su misma fundación, posee idéntica trascendencia que el abandono del marxismo en el XXVIII Congreso. De ahí, algo en apariencia tan contra natura: que el socialismo hispano haya terminado por interiorizar como suyos los objetivos del catalanismo germinal de Prat de la Riba.

Suprema paradoja, ésa, que por sí misma retrata la bancarrota ideológica de un partido en el que Pablo Iglesias devendría incapaz de reconocerse.


Al cabo, si alguna constante ha caracterizado al particularismo catalán desde sus orígenes hasta Jordi Pujol ha sido el rechazo expreso de la idea federal. Y con poderosas razones, conviene añadir. Porque nada hay en este mundo más ajeno al sentimentalismo místico, irracionalista y romántico, tan caro siempre al catalanismo, que el afán democrático, laico e igualitario que retrata a los genuinos federales. Una deriva errática, ésa de la izquierda peninsular, que todavía se antoja más desconcertante al reparar en la efectiva concreción material del Estado de las Autonomías.

Pues, de hecho, la configuración territorial de España iba camino de poder asimilarse a cualquier orden federal al uso. Como ha escrito Francesc de Carreras glosando la personalidad tan olvidada de Pi i Margall, ya apenas nos restaba coronar el nuevo edificio con un Senado en verdad territorial, y el preceptivo refuerzo de la lealtad entre las partes y el todo, fundamento último de la viabilidad del sistema. Momento procesal en el que irrumpió en escena la nación discutida y discutible del Adolescente. Tras un cuarto de siglo, vuelta a empezar. Y ahora, con la vista fija en la Edad Media, Nueva Jerusalén de su socialdemocracia flácida. Particularismo, asimetría, desigualdad, fueros pedáneos, endogamia fiscal y horizontes confederales. He ahí la gloriosa causa por la que las fuerzas del progreso andan prestas a blandir sus herrumbrosas lanzas. ¡Vivan las caenas, compañeros!


Libertad Digital - Opinión

Huelga salvaje

El incumplimiento de los servicios mínimos sitúa fuera de la ley a los promotores de esta huelga salvaje.

ALREDEDOR de dos millones de personas sufrieron ayer las consecuencias de la huelga ilegal e ilegítima impuesta por los sindicatos en el Metro de Madrid. Ningún derecho puede ejercerse sin respetar los límites. Si bien no existe una ley orgánica reguladora de la huelga, la propia Constitución y la jurisprudencia del TC establecen con toda claridad la exigencia de respeto a los servicios esenciales a la comunidad, como es el caso del transporte urbano en la capital de España. El incumplimiento de los servicios mínimos sitúa fuera de la ley a los promotores de esta huelga salvaje. Bien está que el ministro José Blanco pida responsabilidad a los sindicatos, pero hace falta ir más allá de las simples palabras, de manera que el Ministerio Fiscal debería actuar de oficio ante la probabilidad de que se estén produciendo actos delictivos.

Estamos ante un verdadero sabotaje cuya víctima principal son los ciudadanos, que asisten indignados al ajuste de cuentas de los sindicatos con el Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre, al tiempo que envían un mensaje de advertencia con vistas a la huelga general prevista para septiembre. Se trata de un desafío muy serio frente al cual los poderes públicos tienen que reaccionar de forma contundente para garantizar el respeto a las leyes y a los derechos de los ciudadanos. Después de largos meses de complicidad hacia el Gobierno socialista, los líderes sindicales pretenden ahora hacerse notar utilizando a los madrileños como rehenes de sus maniobras oportunistas. Para colmo de males, lejos de recapacitar, se anuncia para hoy la continuación de la huelga salvaje, lo que exige la adopción de medidas urgentes y eficaces para que los servicios públicos funcionen con la normalidad exigible.

ABC - Editorial

Contra la Constitución, nada

Sería muy deseable que los gobernantes y cuantos desempeñan funciones institucionales actuaran con responsabilidad y moderaran sus ímpetus partidistas ante la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. El espectáculo protagonizado durante las últimas horas por dirigentes nacionalistas, altos cargos de la Generalitat y del Parlamento catalán, así como por algunos ministros es impropio del puesto que ocupan: como representantes que son del Estado, cada cual en su medida, deberían servir con sus intervenciones públicas a los intereses de ese Estado, que no son otros que la legalidad constitucional y el respeto a las reglas de juego democráticas. Lamentablemente, no está siendo así y se ha llegado a decir, incluso, que la sentencia supone nada menos que una ruptura del «pacto» entre Cataluña y España, como si ambas fueran realidades separadas y como si hubiera pactos más relevantes y superiores al de la Constitución. No ha estado acertado el primer representante del Estado en Cataluña, el presidente de la Generalitat, en su declaración institucional, que tenía expresiones que son tan prescindibles como impropias, y no lo es tampoco que haya convocado a una «masiva manifestación» de repulsa el próximo 10 de julio. La sentencia del Tribunal Constitucional podrá gustar más o menos, podrá parecerle insuficiente a unos y rigurosa a otros, pero nadie está legitimado para burlarla mediante atajos populistas. Además de una irresponsabilidad, resulta inaceptable la actitud de confrontar al «pueblo catalán» con el Tribunal Constitucional y a la «voluntad popular expresada en referéndum» con la sentencia. Nada de esto sucede ni puede suceder porque el único pueblo soberano, creador de la arquitectura constitucional, es el español, al que pertenecen los catalanes, y la única ley de leyes de nuestra nación es la Constitución, la cual regula y delimita todos los procesos electorales y estatutarios, así como la función primordial que reserva al Tribunal Constitucional como intérprete supremo de la norma. Por tanto, no hay ni puede haber choque de legitimidades. Sí hay, y en demasía, demagogia, sectarismo político y nacionalismo que confían en pescar en aguas revueltas. Lo que de verdad necesita Cataluña ahora no son radicalismos ni enfrentamientos, sino madurez y congruencia para aplicar la sentencia, para revisar a su luz las 45 leyes promulgadas desde hace cuatro años y para plantear, desde la lealtad, los problemas que puedan subsistir. No hay que perder de vista que lo que preocupa a los catalanes es la crisis económica y la eficacia en la gestión para salir de ella. En contra de lo que propaga la voracidad nacionalista, el Estatuto no es ahora peor que hace 24 horas; por el contrario, es mejor en la medida en que es más constitucional y, por tanto, más ajustado a derecho y menos causa de discriminación. La sentencia era relevante no sólo para Cataluña, sino porque también afecta al resto de los españoles. El árbitro ha dictado su veredicto y la única actitud democrática admisible es acatarlo, aplicarlo y poner punto final al experimento que ha causado más daño que beneficio.

La Razón - Editorial

Huelgas con rehenes

El incumplimiento de los servicios mínimos no puede convertirse en la pauta de sindicatos serios

Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, secretarios generales de CC OO y UGT, anunciaron ayer que hoy mismo se inicia, con manifestaciones y concentraciones en más de 40 ciudades, "un proceso ascendente hacia la huelga general" del 29 de septiembre contra la reforma laboral y los recortes del gasto público. Pero más interesante que ese anuncio fue la advertencia de Méndez en el sentido de que lo ocurrido en la huelga del metro madrileño contenía un aviso para las Administraciones: si fijan servicios mínimos abusivos, los trabajadores no los respetarán.

El derecho de huelga, que nadie cuestiona, implica la obligación de respetar la legalidad; los servicios mínimos son una garantía de proporcionalidad entre ese derecho y el de los usuarios de servicios públicos esenciales: dos millones diarios en el caso del metro de Madrid. No se recuerda ocasión en la que los sindicatos convocantes de una huelga en los servicios públicos no hayan considerado abusivos los servicios mínimos decretados, lo que ha hecho perder peso a ese argumento.


Hace unos años, sindicatos corporativos con líderes narcisistas protagonizaron huelgas salvajes en ese sector, con millones de ciudadanos tomados como rehenes de su radicalidad; se dijo entonces que eso no habría pasado si hubieran tenido más peso los sindicatos mayoritarios; pero en esta huelga, CC OO y UGT forman parte, junto a otras tres siglas, del comité de empresa. Las palabras de Méndez constituyen, por ello, una pésima referencia ante el 29 de septiembre.

La huelga de ayer tiene su origen en la decisión del Gobierno regional de Madrid de extender a los empleados de las empresas públicas que gestiona la reducción salarial decidida para los funcionarios. Algo que no hizo el Gobierno central, pero sí otras comunidades, como Cataluña o el País Vasco, con el argumento de que la inmensa mayoría de esos empleados tenía garantizado su puesto de trabajo, a diferencia de los de las empresas privadas.

El comité de empresa alega que existía un convenio en vigor hasta 2012 que la decisión de la Comunidad rompe unilateralmente. Pero también lo tenían los funcionarios. Es posible que haya faltado una explicación más pedagógica de la gravedad de una situación que obligaba a esos sacrificios a cambio de la seguridad en el empleo; y mayor claridad para explicar cómo encaja la reducción salarial del 5% con la garantía posterior de mantenimiento del poder adquisitivo incluida mediante una enmienda a los presupuestos de Madrid.

Pero nada de esto justifica la inflexibilidad de un comité de empresa que anuncia con toda tranquilidad que no respetará la legalidad, y una parte del cual amenaza incluso con convertir la huelga en indefinida. Caiga quien caiga, es decir, a despecho de los dos millones de usuarios damnificados directos, y los aún más numerosos atrapados por el gigantesco atasco en que se convirtió la capital de España. ¿Es así como piensan convencer a los ciudadanos de que se sumen a la huelga general?


El País - Editorial

Necesitamos a una Reagan

Ha llegado el momento de hacer lo que Reagan con los controladores aéreos en 1981: comenzar a enviar cartas de despido a todos aquellos que no cumplan siquiera con sus compromisos laborales mínimos.

La Comunidad de Madrid es una de las regiones más saneadas de España y, con mucha diferencia, la que padece un menor déficit en las cuentas públicas. Es un claro ejemplo de gestión eficiente y austera en unos momentos en los que cuadrar las cuentas es fundamental para la credibilidad de nuestra economía. El caso contrario lo encontramos en el Ejecutivo de Zapatero: manirroto hasta las cejas, se vio forzado en mayo a aplicar un duro –e insuficiente– plan de ajuste que, entre otras medidas, contemplaba una reducción media del 5% en los salarios de los empleados públicos.

La respuesta sindical a ese plan de ajuste se difirió hasta el 29 de septiembre, bien alejado de la conclusión de este desastroso semestre de presidencia de la UE y diluido en una convocatoria general de los sindicatos europeos. Sin embargo, tan pronto como el gobierno de la Comunidad de Madrid implementó el recorte salarial que le impuso Zapatero, UGT y CCOO no han vacilado un instante a la hora de "reventar" la ciudad y los aledaños de Madrid con una huelga "salvaje" que ha obligado a paralizar por completo el servicio público de metro.


Los huelguistas no sólo han incumplido los servicios mínimos obligatorios, sino que han impedido que otros los cumplieran a través de esa figura con tintes mafiosos de los "piquetes informativos". No debería ser necesario recordar que el derecho de huelga implica tanto el derecho a hacer huelga como a no hacerla y los piquetes para lo único que sirven es para impedir esa segunda manifestación del mismo.

Son ocasiones como ésta las que nos recuerdan la urgente necesidad de regular y actualizar mediante ley orgánica el derecho de huelga, prohibiendo la figura de los piquetes y derogando ese decreto preconstitucional del todo caduco y desfasado que lo rige hoy. Los piquetes informativos bloqueando las puertas de las empresas no tienen ningún sentido en pleno siglo XXI, cuando la información fluye con absoluta rapidez y llega a cristalizar incluso en forma de manifestaciones "espontáneas" convocadas por SMS; una práctica en la que la izquierda alguna experiencia posee.

Menos sentido tiene, si cabe, que un conjunto organizado de trabajadores sea capaz de secuestrar una empresa y con ella al conjunto de madrileños. Al margen de la discusión sobre el papel que debería jugar el derecho de huelga en una sociedad más liberal que la nuestra, resulta claro que el privilegio de incumplir con las obligaciones laborales sin ser ni despedido ni repuesto no puede ser absoluto. ¿Qué sucedería ante una huelga total e indefinida de médicos, policías, distribuidores, transportistas o suministradores de electricidad? Probablemente viviríamos un caos que haría empequeñecer al que se vivió ayer en Madrid. Si los mercados son capaces de proveer las necesidades básicas de los agentes es porque pueden distribuir rápidamente los recursos escasos hacia sus usos más valiosos, pero el derecho a una huelga ilimitada simplemente interrumpe este proceso y condena a la sociedad a la carestía y al desabastecimiento.

Los servicios mínimos no pueden incumplirse bajo ningún concepto al amparo del derecho de huelga. Mucho menos cuando se trasviste de huelga económica lo que no es más que una huelga política contra el Ejecutivo de Aguirre. Es por ello que ha llegado el momento de hacer lo que Reagan con los controladores aéreos en 1981: comenzar a enviar cartas de despido a todos aquellos que no cumplan siquiera con sus compromisos laborales mínimos.

A la izquierda y a la derecha de este país siempre les ha gustado pastelear con los sindicatos. Ante la más parca embestida, han comenzado a negociar y a ceder hasta terminar convirtiendo a los sindicatos en un poder más del Estado. Es el momento de acabar con esta dinámica, pues los próximos años serán ejercicios de ajustes muy duros para evitar el colapso de la economía nacional y no podemos permitirnos el lujo de que los sindicatos saboteen cualquier decisión acorde al sentido común.

La Comunidad de Madrid debe mantenerse firme y no ceder en ningún momento. Necesitamos a un Reagan o a una Thatcher que devuelva un poco de cordura a este país. De momento, Esperanza Aguirre no parece haber caído en la tentación típicamente arrioliana o gallardonita de sacrificar el bienestar de los ciudadanos en beneficio de los grupos de presión y de la dictadura de lo políticamente correcto. Esperemos que no cambie de opinión. Muchos madrileños, sobre todo los de filiación más liberal, la votaron precisamente para que haga lo que está haciendo: defender a los ciudadanos de la rapiña política y sindical.


Libertad Digital - Editorial

Un Gobierno en la encrucijada

La responsabilidad de Zapatero es evidente, porque la mitad de los artículos anulados y la mitad de los reinterpretados fueron pactados directamente entre él y Artur Mas.

LAS primeras reacciones al fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña se han ajustado a las previsiones más elementales. El Gobierno catalán y CiU se han alzado como víctimas de una agresión al autogobierno y han iniciado una carrera de agravios para llegar a las urnas como abanderados del catalanismo. El Gobierno central, a través de su vicepresidenta primera, simuló satisfacción por el resultado y atacó al Partido Popular con argumentos que ofenden la inteligencia del ciudadano medio, porque no es cierto que la sentencia del TC anule solo un artículo del Estatuto. Esta interpretación del fallo es una tergiversación que demuestra hasta qué punto el Gobierno quiere tapar el fracaso de su presidente en esta apuesta estatutaria. Por lo pronto, la responsabilidad personal de Rodríguez Zapatero se hace evidente en un dato muy revelador: la mitad de los artículos anulados por el TC y la mitad de los reinterpretados fueron pactados directamente por el presidente del Gobierno con el líder de CiU, Artur Mas. El engaño ha quedado al descubierto definitivamente, y por eso no son el PP ni el TC contra quienes realmente se ha movilizado el presidente catalán, José Montilla, sino contra el PSOE y el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Es pueril que el Gobierno se empeñe en negar el alcance ya conocido de la sentencia del TC. Esta decisión afecta a las bases del proyecto soberanista que sustentaba el Estatuto, cuya inconstitucionalidad ya le fue advertida al Gobierno por los equipos de expertos constitucionalistas que emitieron dictámenes para el PSOE y el Ministerio de Administraciones Públicas sobre el proyecto estatutario. La relación de materias demuestra que la revisión constitucional ha sido muy importante: definición de Cataluña como nación, derechos históricos, derechos y deberes lingüísticos, símbolos nacionales de Cataluña, Síndic de Greuges, las veguerías, poder judicial, régimen de competencias de la Generalitat, consultas populares, Derecho Civil, inmigración, comisiones bilateral y mixta Estado-Generalitat, solidaridad interregional, capacidad legislativa sobre impuestos, reforma estatutaria, inversiones en infraestructuras y cesiones de impuestos.

Los socialistas están incómodos con esta sentencia, como quedó claro cuando De la Vega mostró su satisfacción mientras Montilla clamaba contra el TC. En vísperas de las elecciones catalanas, Montilla necesita un culpable, y lo va a tener difícil si quiere utilizar al PP. Quien prometió un Estatuto tal cual saliera de Cataluña fue Zapatero, y quien lo pactó mano a mano con Artur Mas fue Zapatero. Y ha sido una mayoría fundamentalmente progresista la que ha tachado casi cincuenta artículos del Estatuto.


ABC - Editorial