viernes, 2 de julio de 2010

Estatut. La nación catalana a debate. Por Jorge Vilches

El problema no es que quieran "romper España", sino lo discutible que resulta su condición nacional y el perjuicio claro que para los derechos individuales supondría (y supone) su proyecto de futuro.

Ahora que se ha dado vía libre al nuevo Estatuto de Cataluña, es frecuente oír que el nacionalismo catalán es nocivo o malo porque quiere "romper España". En realidad, sostener que quiere “romper España” es seguirle el juego al victimismo independentista y reforzar la imagen estereotipada del españolista, lleno de tópicos que al catalanista le es fácil vincular con el viejo discurso del franquismo. No; ese nacionalismo es rechazable por otras razones más poderosas y ciertas: el tipo de Estado catalán que propugna y la invención forzada de su nación.

Todo parte de la construcción de la nación catalana por parte de unas élites políticas que tomaron la cultura y la lengua como hechos diferenciales, e interpretaron la historia, maleándola a su conveniencia, para que diera un anclaje secular a "la nación de los mil años", como un día dijo Jordi Pujol. Antes de 1898 ya se fue configurando un catalanismo que buscaba su redención a través de la crítica a "la capital", a la ciudad y a su vida urbanita, epicentro del vicio y de la corrupción de la vida natural, y ajena a la naturaleza verdadera del hombre. Esto fue moneda común en todos los movimientos nacionalistas conservadores, que en algunos casos derivaron hacia el autoritarismo y el fascismo, como fue el caso japonés. Por ese camino transitó, por ejemplo, el catalanista Valentín Almirall, que en su libro España, tal como es, se despachaba groseramente con Madrid, una ciudad que nunca le negó nada, ni siquiera el ser federal en 1868.

Al repudio al supuesto "centralismo" le siguió la pretensión, expuesta por Prat de la Riba y luego por Cambó con matices, de ordenar España desde Cataluña, pero motivada por un sentimiento de superioridad. No faltó entonces la xenofobia y el racismo de, entre otros, Gener y el doctor Robert. Por aquellos días surgieron voces sobre el “troceamiento” del país que, lejos de convencer a alguien, alimentaron el independentismo.

La élite política catalanista se dedicó a incentivar la invención de la nación catalana a través de las expresiones culturales y del idioma propio. A esa "nación" se le añadió, además, un pasado histórico, que permitía conferirle una personalidad que, naturalmente, había sido mancillada por un Estado más poderoso, el español, y que era preciso recuperar. En su competencia por el poder, dicha élite política local atribuyó al pueblo catalán la misión de restablecer un Estado-nacional basado cultural, jurídica e históricamente en artificios, exageraciones o falsedades creadas por los mismos políticos. De esta manera, los partidos catalanistas recrearon en el primer tercio del siglo XX la necesidad del autogobierno, con la excusa de escapar del supuesto "fracaso español", pero con el ánimo claro de tener el poder en exclusiva.

Y esa es la clave, expresada con mucha brevedad, del segundo motivo para rechazar ese tipo de nacionalismo: su vínculo con el poder. El reconocerse nacionalista es una coartada, un salvoconducto para acceder y permanecer en la vida política, social, cultural o académica. Se ha convertido en obligatorio. Los nacionalistas entienden que sólo hay una voluntad, un deseo y, por tanto, un interés, y de ahí sacan leyes, normas y reglamentos que destruyen la separación y contrapeso entre poderes, y que limitan los derechos individuales, sobre todo de aquellos que no creen en la obligación de ser nacionalista. El tipo de Estado que propugnan está, en consecuencia, muy alejado de las modernas formas de las democracias liberales y occidentales, adquiriendo los tics de uno autoritario.

El problema no es, por tanto, que quieran "romper España", sino lo discutible que resulta su condición nacional y el perjuicio claro que para los derechos individuales supondría (y supone) su proyecto de futuro.


Libertad Digital - Opinión

Tiempo de mudanza. Por Fernando Fernández

España no se puede permitir provocar el enfrentamiento territorial y eternizar el conflicto constitucional.

LOS tres proyectos que definen al gobierno Zapatero han fracasado. La estrategia de negociación con ETA se hundió con el aparcamiento de Barajas, su política de ampliación de derechos sociales se estrelló con la realidad de un déficit público que no encontraba financiación y su proyecto de cambio constitucional por la puerta trasera de los estatutos de autonomía ha sido vapuleada por diez hombres y mujeres justos que han cumplido con su obligación. Estamos ante un gobierno acabado, sin proyecto y que balbucea sus rectificaciones con la mala conciencia del alumno suspendido. No sería especialmente grave si solo tuvieran que examinarse en septiembre los responsables de tanto desaguisado. Pero los errores los pagamos todos los españoles.

El gobierno ha rectificado con intensidad desigual en los tres temas. Completamente en materia antiterrorista, donde el ministro Rubalcaba recoge los frutos de una política de derrota sin concesiones que nunca debió abandonarse. Hay de vez en cuando cantos de sirena en forma de pactos que permitan al gobierno la ansiada foto. Pero afortunadamente un ministro experto no es susceptible a la alquimia. En materia económica, la rectificación es vergonzante y disimulada en compromisos internacionales. No surge de la convicción propia, sino del sometimiento a esos especuladores que ayer perseguían y hoy pretenden embelesar.


El problema es que es demasiado tarde y parece poco probable que la economía española recupere el crédito internacional sin algún tipo de ayuda internacional. Está colaborando de tapadillo al frente del FMI Strauss Kahn, que a la vez que exige transparencia a la banca privada estudia extender un manto de silencio sobre los gobiernos que acudan a sus cofres en busca de rescate. La simple mención de una línea de crédito secreta a disposición de los gobiernos con problemas de liquidez, entre los que sin duda figura en primera línea de salida el español, es insultante y revela una mezcla de desprecio y desconocimiento total del funcionamiento de los mercados financieros. Ningún funcionario del FMI puede creer seriamente que una vez utilizada, permanezca desconocida salvo que vaya acompañada de la ocultación de las necesidades de financiamiento de los Tesoros y de sus calendarios de emisiones. No va a pasar, porque sería una invitación oficial al secreto bancario y a todo tipo de prácticas irregulares.

Queda por ver la reacción del gobierno a la sentencia del Estatuto una vez que se apague el rugido soberanista proveniente del tripartito catalán y del propio PSC. Puede rectificar e intentar encauzar el proceso autonómico mediante leyes orgánicas de armonización con el concurso del otro gran partido nacional, aunque a más de un socialista le produzca urticaria reconocer que la arquitectura del Estado no puede construirse al margen de los populares. O puede echarse al monte con Montilla e intentar desarrollar por decreto y reglamento lo que el Constitucional ha fallado en contra. De hacerlo sería extremadamente grave, porque si cuatro millones y medio de parados y cinco años de estancamiento económico son una pesada herencia, provocar el enfrentamiento territorial y eternizar el conflicto constitucional es algo que España no se puede permitir. Para entenderlo solo hace falta un poco de Memoria Histórica.


ABC - Opinión

Cataluña como problema o por qué lo peor de Zapatero no es la Economía. Por Jesús Cacho

Seguramente serán millones los españoles que a partir de hoy comenzarán a visualizar en toda su dimensión la tragedia que para el porvenir colectivo van a terminar significando los ocho años de presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Porque lo malo del personaje, que también, no es su penosa no-gestión de la crisis económica, con ser ello grave en tanto en cuanto afecta directamente al bienestar de todos. Al final, la crisis que padecemos se terminará superando, por duros que sean los años de estancamiento que debamos superar por delante. Lo peor de los seis años y pico que lleva ZP de presidente del Gobierno es el fenomenal lío político en que ha metido a la nación con la ruptura del marco constitucional pactado entre todos en 1978. Lo de la Economía tiene remedio; tardío, pero tiene remedio. Lo de Cataluña, no. Mucho me temo que no. Es la herencia de discordia que este personaje infame deja a España y a los españoles.

Dejó escrito Pío Baroja en sus Memorias que, poco antes de la proclamación de la II República, Ortega y Gasset pensaba en un cambio mágico para el país. “Yo auguraba algo muy malo y acerté”, dice el novelista de Vera de Bidasoa. “Estaba inclinado a pensar que sólo los Gobiernos viejos y llenos de experiencia pueden dar una vida tranquila a los pueblos. Este convencimiento mío procedía de que, en mi juventud, había leído varias historias de la Revolución francesa, lo que no habían hecho mis compañeros, y a mí aquella Revolución me parecía un esquema que se repetiría en los pueblos de Europa siempre que se intentase un cambio político de esa índole, con sus tres fases: utopía, revolución y reacción”.

Al margen de su empeño en reescribir la Guerra Civil desde la exclusiva óptica de quienes la perdieron, nadie sabe lo que hay de utopía en el magín de un tipo tan pobremente avituallado desde el punto de vista intelectual. El caso es que este licenciado en Derecho por León, que no es precisamente Yale, en su empeño por reformar la Constitución del 78 por la puerta de servicio preparó en 2006 un desaguisado -la revolución- con el Estatuto de Cataluña, cuyas consecuencias –la reacción- ayer noche empezamos ya a calibrar tras el encendido discurso del presidente de la Generalitat, José Montilla. Zapatero dejará a los españoles empobrecidos para una década y políticamente divididos, enfrentados, para varias generaciones, y ello en el mejor de los casos.

El texto del Estatuto catalán no tenía convalidación posible desde el punto de vista Constitucional. O se derogaba la Constitución y prevalecía el Estatut o viceversa. Encajar el texto catalán en la horma constitucional era misión imposible. Y conste que han sido muchos los compatriotas que, en aras a un arreglo fraternal, han defendido una interpretación abierta de la Constitución. Ayer mismo me escribía un amigo palentino enamorado de Cataluña, como yo mismo: “Creo que debieran llegar a una solución de síntesis. A dictar una sentencia que intentara encajar lo máximo del estatuto catalán en una interpretación abierta y dinámica de la Constitución. Se trataría de interpretarla de forma que, sin traicionarla, le diera más vida y recogiera mejor la realidad. Sería una síntesis jurídicamente creativa y políticamente integradora de una compleja y real pluralidad. Sin desarmar el Estado de todos, recogería la legítima diversidad que lo compone”.

Declaración de guerra de Montilla

Tal ha sido el trabajo, en el fondo, de la denostada Maria Emilia Casas. La interpretación más favorable de la Constitución hacia el del texto autonómico, lograda después de que la presidenta del Constitucional consiguiera abducir para sus tesis al conservador Guillermo Jiménez y al progresista Manuel Aragón, los dos vocales del alto tribunal que han terminado “cambiando de bando” tal vez inmolando sus prejuicios en el altar de la concordia, no ha servido para nada. La declaración de guerra del señor Montilla anoche mismo habla a las claras del empecinamiento de una clase política –abocada, además, a elecciones autonómicas casi inminentes- que parece dispuesta a romper todas las compuertas de la convivencia dentro del marco constitucional.

Recogemos los frutos podridos de la política de un personaje que llegó en 2004 a la presidencia del Gobierno sabiendo muy poco o nada de la Historia de España y de lo peligroso que a lo largo de los siglos ha resultado siempre abrir la puerta a los demonios familiares históricos de los españoles, a los que es menester mantener en todo momento bien cerrados bajo siete llaves. Zapatero es el gran responsable del enfrentamiento que se avecina porque fue él, conviene recordarlo, quien actuó de motor de un nuevo Estatuto que apenas interesaba al 6% de la población catalana cuando estaba siendo discutido en el Parlament.

Aquel Estatuto parecía embarrancado, más muerto que vivo, hasta que el Presidente del Gobierno no tuvo mejor idea que llamar una infausta noche a Moncloa a Artur Mas (CiU) y darle nueva vida, enloquecida vida a una especie de prolija Constitución que invade algunos derechos fundamentales de la persona que en Europa se consideraban sagrados desde la Revolución francesa, un proyecto que únicamente convenía a su mentor en Madrid y a una clase política alejada de las preocupaciones diarias de la gente y empeñada en juegos de poder en su personal provecho.

El culpable tiene nombre: Rodríguez Zapatero

Aunque moleste mucho a los nacionalistas, es inevitable recordar aquí que los votantes dieron mayoritariamente la espalda al Estatuto en el referéndum celebrado en junio de 2006: únicamente votó el 48,85% de un censo electoral de 5.202.291 personas, de las cuales 1.882.650 respaldaron el texto con un “sí”, lo que equivale a decir que solo el 36,18% del censo aprobó el Estatuto o, lo que es lo mismo, uno de cada tres catalanes. Porcentajes estos, por lo demás, significativamente peores que los registrados en el referéndum celebrado en 1979 para aprobar el Estatuto nacido de la Constitución del 78, que contó con la participación del 59,7% de los catalanes, el 88,15% de los cuales aprobaron el texto.

El recordatorio anterior es doloroso, lo sé, pero la lección que cabía extraer de la consulta de junio de 2006 es que el catalán de a pié no necesitaba ningún nuevo Estatuto, porque ya tenía uno y había demostrado funcionar aceptablemente bien. Tres años de Gobierno tripartito y ríos de tinta, cientos de horas de televisión y miles de horas de radio no consiguieron movilizar a los votantes en apoyo de un texto que la inmensa mayoría consideraba innecesario. Aquella lección no fue ni escuchada ni atendida, y de aquellos polvos vienen estos lodos.

Conviene recordar, también, que ZP negó su apoyo al Plan Ibarretxe en el Parlamento de la nación por llegar a Madrid con el respaldo de solo el 51% del parlamento vasco. El daño que la irresponsable conducta política del inquilino de Moncloa ha ocasionado a los españoles tiene difícil arreglo. Y bien, ¿qué hacemos ahora, señor Zapatero? ¿Qué hará usted ahora, aparte de obsequiarnos con alguna de sus famosas frases entre lo lapidario y lo bobo? No es que sea usted el único culpable, no señor, de lo ocurrido, pero la sentencia del Constitucional conocida ayer en sus líneas maestras es una enmienda a la totalidad de su estrategia de demolición de la Constitución del 1978, un clamoroso fracaso personal que debería conducirle, si tuviera usted vergüenza, a convocar elecciones generales y a irse a su casa de inmediato. Dimisión. Los españoles, catalanes y no catalanes, no nos merecemos tanta desgracia.


El Confidencial - Opinión

Metro. ¿Qué temen de Esperanza Aguirre?. Por Emilio Campmany

Le tienen más miedo que a un nublado y dedican sus esfuerzos y desvelos a tratar, sin éxito, de arruinar su carrera política. ¿Por qué? La única explicación es que saben que Aguirre conecta con la gente mucho más de lo que están dispuestos a reconocer.

Que la huelga en el metro de Madrid es por algo más que una cuestión laboral lo saben las madres. No sólo los sindicatos se juegan su prestigio impidiendo los servicios mínimos, sino que, además, las fuerzas del orden, en manos del Gobierno del PSOE, no han hecho nada por proteger de los piquetes a los trabajadores que querían cumplir con su obligación. Es obvio que hay algo más en juego que un cinco por ciento del salario de los trabajadores del metro.

De modo que la huelga pretende sobre todo minar el prestigio de Esperanza Aguirre. Naturalmente, quienes lo pretenden son la izquierda, en general, y el PSOE y los sindicatos, en particular. La proximidad de las elecciones autonómicas podría explicarlo. Pero hay otros lugares donde el PSOE tiene la ocasión de intentar desacreditar al PP con huelgas salvajes en los servicios públicos de los que la derecha sea responsable, en Valencia, Galicia, Castilla-León o Murcia y, sin embargo, no lo hace. Ni siquiera les ha dado por socavar la figura de Gallardón, tan vulnerable como es por su prodigalidad. Es más, segar la hierba bajo los pies de líderes próximos a Rajoy como lo son el propio Gallardón, Camps o Feijóo tendría la ventaja de que los efectos alcanzarían a Rajoy ya que son líderes a los que, a diferencia de Aguirre, el presidente del PP ha apoyado explícitamente. ¿Por qué Esperanza entonces?

La primera respuesta que se viene a la boca es la de que temen que la mujer pueda un día ser la cabeza del PP. Pero enseguida se da uno cuenta de que esta respuesta no tiene sentido. Se supone que un PP dirigido por la presidenta de la Comunidad de Madrid nunca ganaría las elecciones porque el centro no la votaría. Han repetido hasta el hartazgo que España es de izquierdas y que sólo un líder de la derecha algo escorado a babor, como Gallardón, podría ganar al PSOE, y que Rajoy sólo lo logrará cuando gallardonice su discurso y gallardonee acercándose a lo que podríamos llamar poderes fácticos de la izquierda, la farándula cejatera, la mafia rosa de los homosexuales y lesbianas militantes y, por supuesto, los sindicatos. Entonces, ¿qué temen? Si fuera verdad que el mensaje y los modos de Esperanza Aguirre están tan lejos del sentir mayoritario del electorado, el PSOE debería estar encantado de que la madrileña tenga cada vez más peso en el PP, pues se la supone un lastre que facilita su derrota.

Sin embargo, no es así. Le tienen más miedo que a un nublado y dedican buena parte de sus esfuerzos y desvelos a tratar, sin éxito, de arruinar su carrera política. ¿Por qué? La única explicación es que saben que Esperanza Aguirre conecta con la gente mucho más de lo que están dispuestos a reconocer. Y, por tanto, representa un peligro, no sólo porque puede ganarles unas elecciones, sino porque, y esto es lo más importante, es la única en el PP que todavía no se ha rendido a la desnaturalización de España que Zapatero está llevando a cabo. Esta izquierda que padecemos, además de estar atacada por todos los tics totalitarios que de siempre ha padecido el PSOE y ser algo burrángana y agreste, nos ha salido lila y cobardona y nunca va de frente. Veremos si pueden con Espe.


Libertad Digital - Opinión

Tras el fallo, el bloque. Por César Alonso de los Ríos

El criterio de los que piensan que el protagonismo de los nacionalismos se ha debido a una reciente dimisión de los partidos estatales es producto de la pura inconsciencia

El Estatut fue un desafío a la Constitución. ¿O no lo presentó ZP como la muestra del nuevo modelo de Estado? Y, por esa vía de los hechos consumados se hicieron los debates partidarios (en los que participó el PP), la votación del texto en el parlamento catalán, la aprobación de las Cortes y el refrendo de la calle. El vicio original venía ya del 78, de una Constitución que no había cerrado el modelo de Estado y que, al reconocer las «nacionalidades», daba por supuesto un pacto político en la transformación del Estado autonómico.

El criterio de los que piensan que el protagonismo de los nacionalismos se ha debido a una reciente dimisión de los partidos estatales es producto de la pura inconsciencia. Las propuestas de ZP han sido la continuación de un proceso que comenzó con la afirmación del proyecto Galeusca (Galicia/ Euskadi/ Cataluña), que en Cataluña supuso la aceptación del «hecho diferencial», defendido por Pujol, y en el País Vasco el proyecto del PNV con el apoyo real del terror. Lo más escandaloso del Estatut ha sido tratar de superar el modelo autonómico ¡en el marco de la Constitución! La prueba del desgobierno al que conducía el Estatut como proyecto es que la sentencia obligará a la creación de nuevas leyes que, por otra parte, ni siquiera van a poder enmendar errores básicos. Por ejemplo ¿de qué vale afirmar que el catalán no puede ser lengua «preferente» cuando en la práctica no queda recurso alguno que permita hacer del castellano una lengua «vehicular»?

De este arreglo de mínimos al que ha llegado la sentencia del TC ; de la sucesión de trampas administrativas que quedan en el texto definitivo; de este inmenso disparate político que utilizarán todos los partidos de forma electoralista ... queda un hecho claro: la unión de los partidos que creen en la nación catalana, esto es, CiU, el PSC, ERC e IU. El bloque soberanista. Lo único que nos dirá el tiempo es si el signo confederal será el predominante o el independentista….


ABC - Opinión

¡Qué fácil es hacerle una huelga al PP, pandilla de cobardes!. Por Federico Quevedo

Lo estaban deseando, se les notaba en su rostros enrojecidos de rabia, y se les intuye en sus declaraciones trufadas de verbos incitando a la violencia -“si hay que entrar a matar, entramos a matar”, “si nos tocan los cojones, somos capaces de todo”-: solo necesitaban una excusa para montarle una huelga salvaje a un gobierno del PP, y aunque la excusa se la ha dado Rodríguez, le han dado la vuelta para organizarle la de San Quintín a Esperanza Aguirre, probablemente después de haberlo consultado con Moncloa y de haber recibido el visto bueno de José Enrique Serrano, que es como decir de Zapatero.

Perdónenme de antemano si perciben cierta crispación en este escrito, pero es que se le llevan a uno los demonios. ¡Hombre! Vamos a ver, resulta que a esta pandilla de paniaguados habitantes de la cueva de Ali Babá les pagamos entre todos con nuestros impuestos, y justamente estos días que es cuando Hacienda nos cruje y nos exprime, van los tíos y nos lo agradecen cercenando nuestro derecho fundamental al trabajo, violando nuestras libertades, para que ellos puedan protestar contra el Gobierno del PP en Madrid porque les han bajado el sueldo… ¡Coño, como a todos los empleados públicos, pedazo de irresponsables! Y por una decisión del Gobierno central, no del Gobierno de la Comunidad de Madrid.


Pero no: cuatro millones y medio de parados después y un recorte de narices del gasto social, todo ello adjudicado al Gobierno de Rodríguez, y la primera huelga de verdad se la hacen los sindicatos a Esperanza Aguirre. Con un par. Que no se diga. Pandilla de cobardes, ¿es que no se atreven a organizarle una huelga como mandan los cánones al verdadero culpable de la situación que atraviesa este país y, por lo tanto, de la pérdida real de poder adquisitivo de los trabajadores españoles, incluidos los del Metro de Madrid? Para eso no hay narices, porque en realidad esta pandilla de esbirros entregados con armas y bagajes a la política antisocial de Rodríguez Zapatero, lo único que hace es seguir las instrucciones de esas multinacionales de la corrupción en que se han convertido las centrales sindicales de nuestro país, y han colocado en la diana de su objetivo a los gobiernos del PP, a ver si de esa manera le dan un poco de oxígeno a este presidente inepto que tenemos al que le han anunciado una huelga general por entregas y al ralentí, no sea que se moleste. ¡Por eso estaba tan contenta ayer esa indecente funcional llamada De la Vega!

¿El fin justifica los medios?

Lo mínimo que cabría esperar de un Gobierno responsable, que además es el responsable -valga la redundancia- de habernos llevado a esta situación, es un poco de comprensión con quien está sufriendo las consecuencias de su propia política, en este caso el Gobierno de Madrid y los ciudadanos de la capital, votantes tanto del PP como del PSOE. Y en ese sentido, han sido de agradecer las declaraciones de apoyo de dos singulares miembros del Gobierno que han destacado por su sentido común, José Blanco y Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero, ¿De la Vega? La vicepresidenta ha evidenciado la realidad de esta huelga: está amparada, incitada, apoyada y, seguramente, financiada por este Gobierno, no por todo el Gobierno, pero sí por esa parte del Gobierno que sigue respondiendo como si fuera un autómata al único objetivo de aniquilar al PP, y si para eso hay que llevarse por delante las leyes y los derechos de los ciudadanos, les da exactamente igual, porque para esta gente es obvio que el fin justifica los medios, y ya sabemos como se las gastan cuando se dejan llevar por ese maquiavélico principio.

El recurso a la violencia, al chantaje, a la provocación, a la coacción injustificada e injustificable es el único lenguaje que conocen estos fascistas que se hacen pasar por defensores de los trabajadores, pero que no son mas que aprendices de explotadores a los que en otros tiempos, en otras épocas, hubiéramos contemplado con el látigo en la mano atemorizando esclavos. Lo de los sindicatos es pura mafia, camorra siciliana elevada al cubo, y por eso el Gobierno de Aguirre no puede ceder. Por eso, y porque sería como ofrecerle en bandeja una victoria al inepto de Rodríguez. Lo que tiene que hacer Aguirre es derivar la responsabilidad de esta huelga salvaje hacia donde debe dirigirse, es decir, hacia el Gobierno de la Nación, hacia el responsable de esta crisis por su ineficacia y su ineptitud, y hacer todo lo posible porque la policía cumpla con su obligación, se detenga a los extorsionadores y se garanticen los servicios mínimos. Y, por supuesto, se sancione y con dureza a quienes estos días han llevado a la capital de España al caos y han provocado miedo y estupor en la ciudadanía. Sin complejos, y sin vacilaciones: a por ellos, porque se merecen que sobre ellos caiga todo el peso de la ley.


El Confidencial - Opinión

Montilla. No son fascistas, son catalanistas. Por Cristina Losada

Pues no, señora Cospedal. Montilla no es fascista, sino catalanista y es por su condición de nacionalista que incurre en comportamientos incompatibles con la democracia liberal.

Nuestra izquierda detenta varios monopolios. Uno consiste en expedir el carné de demócrata. Para que jamás a nadie se le ocurra discutir ese privilegio suyo, monopoliza también el reparto de la oprobiosa cédula de fascista. Ese comercio significa que es “fascista el que no bote” al son de la charanga socialista. Cospedal, al tachar de “muy fascista” la conducta de Montilla por su abierto desprecio al Estado de Derecho, ha levantado ampollas en tan sensible epidermis. A nosotros nos van a decir, claman desde Ferraz y la plaza Sant Jaume, quién es fascista y quién no. A falta de otros conocimientos, los socialistas de hogaño llevan bien aprendido ese elemental saber.

La ocasión ha servido para que el PSOE acuse de fascista al Partido Popular con especial mención a Esperanza Aguirre, que es su bestia negra favorita. Pero la acusación siempre está ahí. La gauche española vive del chollo de colgarle la etiqueta de fascista a la derecha, lo que le permite proclamar que sólo hay democracia cuando gobierna ella. La dicotomía fascismo o democracia se fraguó en el agit-prop comunista, cuando convino a los soviéticos la máscara de defensores de la despreciable democracia burguesa. Así se fijaría en el ideario dominante la noción de que el fascismo era el epítome del Mal, hábil maniobra que exoneraba al comunismo.


La derecha, reacia al esfuerzo de contravenir los dogmas de sus adversarios, ha aceptado jugar en su campo ideológico. De ahí que no se le ocurra otro epíteto que el de fascista para calificar la insurrección de Montilla. Pues no, señora Cospedal. Montilla no es fascista, sino catalanista y es por su condición de nacionalista que incurre en comportamientos incompatibles con la democracia liberal. Todos ellos, los del PSC, los republicanos de izquierda, los verdirrojos, los de Convergencia, colocan a su ficticia “nación” por encima de las instituciones, principios y normas del Estado democrático. No son fascistas: son nacionalistas. Devuelvan de una vez su significado a las palabras.

Libertad Digital - Opinión

La casa de tócame Roque. Por José María Carrascal

Desde el principio, nuestra democracia se ocupó más de las libertades y derechos que de las responsabilidades y deberes.

SI los empleados del Metro de Nueva York hubieran hecho lo que los de Madrid, sus dirigentes estarían en la cárcel, con multas astronómicas. Recuerdo una huelga de basureros en la que un juez metió en la cárcel al líder con un millón de dólares diarios de multa mientras siguieran en paro. Eso, en el mejor de los casos, pues a los controladores aéreos, Reagan los mandó a casa, sin que ni uno solo volviera a la torre de control.

Eso, me dirán, ocurre en un país donde no saben qué es democracia. Eso, respondo, ocurre donde llevan 200 años practicando la democracia y saben distinguir entre la huelga de unos trabajadores contra su empresa —conflicto que puede durar todo el tiempo que quieran, hasta que una de las partes se rinda— y la huelga contra el ciudadano común, que nada tiene que ver con el conflicto. La «Taylor Law» prohíbe a los funcionarios y empleados públicos declararse en huelga, precisamente por el abuso que significa de un derecho personal y la impostura que representa tomar rehenes inocentes en un contencioso laboral.


No son, sin embargo, los empleados de Metro madrileño los culpables de esta situación, sino una clase política que no ha sabido ni querido regular el derecho a la huelga, fundamental en toda democracia digna de ese nombre, es decir, apoyada en la libertad y en la responsabilidad, con los derechos y en los deberes de cada uno claramente especificados. Pero desde el principio, nuestra democracia se ocupó más de las libertades y derechos que de las responsabilidades y deberes, y nuestros políticos, por falta de valentía o visión, no se han ocupado de ello, conduciéndonos a la situación límite en que nos encontramos en todos los campos, el autonómico, el económico, el educativo o el laboral. Con consecuencias a la vista, como acabamos de comprobar en el Estatuto catalán, cuya constitucionalidad ha sido salvada in extremis por una sentencia que no ha merecido el aplauso de nadie, pero que era la menos mala de todas las posibles.

No vamos a tener siempre la misma suerte. Un Estado no puede funcionar a base de arreglos de última hora, con políticos incapaces de ver más allá de su sombra y partidos sólo interesados en alcanzar o retener el poder. No hay inocentes en esta situación. Ni el PSOE ni el PP ni los nacionalistas ni los huelguistas ni los españoles en general nos hemos interesado en corregir el rumbo equivocado que seguíamos. No es que «España se rompa». Es que España ha dejado de existir excepto en los campos de fútbol de Sudáfrica, sustituida por el «yo a lo mío, y el que venga detrás que arree». Esto no es nación ni Estado ni nada. Es la casa de tócame Roque o como te llames.


ABC - Opinión

Zapatero huye del Estatut como si tuviera la sarna. Por Antonio Casado

De trauma para Cataluña, nada. En todo caso para la clase política. El cepillado del Estatut no está en la calle sino en los cálculos electorales de los partidos, obligados a retratarse sobre el fallo del Tribunal Constitucional.

Sorprendentes los bocinazos de José Montilla, el presidente de la Generalitat y líder del PSC, mientras los ministros Corbacho y Chacón le tiran de la chaqueta para que no se eche al monte. Al revés que Artur Mas (CiU), un nacionalista puro sediento de centralidad, o sea, de poder, y por tanto, encantado de ver al frente de la manifestación a un president de estirpe andaluza que viene de pifiarla en el llamado “tripartito” junto al abertzalismo de ERC.

No menos sorprendente es la calculada indolencia del presidente del Gobierno de la Nación, Rodríguez Zapatero. En la frente lleva escrito el pase de mí este cáliz lo antes posible. Ayer, por fin, abrió la boca para confirmar la desgana. Que es una “buena noticia” el largo y penoso alumbramiento de la sentencia sobre el Estatut y que el Tribunal Constitucional ha avalado “la inmensa mayoría del texto”. Eso se poner tierra por medio. Demasiada distancia por parte de quien lo apadrinó, incluso lo cocinó, como su obra predilecta.


La desgana de Zapatero

Después de haber colaborado en el alumbramiento y haberse partido la cara con todo el mundo en defensa de su total constitucionalidad, ahora, cuando el alto tribunal lo encuentra parcialmente inconstitucional, cuando afloran los vicios ocultos del Estatut, Rodríguez Zapatero se aleja de él como si tuviera la sarna. Se hace de nuevas respecto a lo que el alto tribunal dice sobre la nación, la lengua, las competencias, el poder judicial, la financiación, la bilateralidad, etc. Hace como si la cosa no fuera con él y solemniza la nada: “Esta es una sentencia para la tranquilidad”.

Sobre todo la suya. De María Emilia Casas ha conseguido la coincidencia de una sentencia que le deja en mal lugar con los efectos de los impopulares recortes. Al desgaste por el tijerazo le hubiera esperado el desgaste por la sentencia dentro de unos meses. Los males, mejor juntos y no espaciados en el tiempo. Ahora le pasa el marrón a los políticos catalanes, que están en capilla electoral, y él mira a las vacaciones de verano como un burladero que le libre de nuevas embestidas.

¿Y Mariano Rajoy, el recurrente? Perfil bajo, con llamada al orden a Camps para que no enrede. Pero el silencio de Rajoy se entiende mejor que la desgana de Zapatero, por comparar la reacción de los dos grandes implicados. El recurrente y el recurrido. A éste le quitaron razones y a aquél se las dieron. Por tanto, sobre el silencio de Rajoy siempre se podrá decir que no quiere ensañarse.

Él estaría encantado si se dijera que renuncia a la explotación del éxito, pero no son esas las causas de su prudente y asimismo calculado silencio. A cuatro meses de las elecciones catalanas, no quiere que la reprobación parcial del Estatut, por un recurso del PP, vuelva a convertirse en una excusa para volverle a colocar el sambenito del anticatalanismo. No piensa dar motivos. Véase la rapidez con la que ayer Maria Dolores de Cospedal pidió disculpas por si el presidente catalán, José Montilla, se había sentido ofendido por unas declaraciones de la secretaria general del PP.


El Confidencial - Opinión

Ventanillas cerradas

Moody's amenaza a la deuda española mientras los bancos europeos clausuran el interbancario.

Europa no logra infundir tranquilidad en los mercados financieros ni reducir los temores sobre la deuda pública de España. La agencia de calificación Moody's anunció el miércoles que ha puesto en revisión con expectativas de rebaja la calificación de la deuda española (triple A). Las razones de Moody's son tan viejas como la crisis y se resumen en la previsión de que la economía española no tiene expectativas de recuperación a corto y medio plazo, circunstancia que complicará el cumplimiento de sus objetivos fiscales. Moody's hizo algo más: rebajó la calificación de deuda de cuatro autonomías (Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia), por el deterioro de su situación financiera. La advertencia de Moody's tiene una interpretación inmediata, y es que las comunidades autónomas no se han tomado en serio que la crisis financiera también les exige un esfuerzo de austeridad.

Es evidente que la solvencia pública española ha perdido credibilidad ante los inversores y que ese deterioro se explica en gran parte por la espiral perversa en la que han caído los países con un déficit público elevado y una política económica de ajuste rápido impuesta por la Comunidad Europea. Para combatir el déficit, se proponen ajustes presupuestarios drásticos, que incluyen recortes importantes en la inversión; la debilidad presupuestaria retrasa la recuperación económica y, por tanto, resta credibilidad a los objetivos de reducción del déficit. Las agencias de rating se limitan a acelerar este círculo vicioso. Esa es una de las razones por las cuales no parece inútil del todo poner en pie una Agencia Europea de Calificación que tenga en cuenta las condiciones objetivas de cada economía y su situación financiera.

La otra gran fuente de inquietud para las autoridades europeas es la situación de la banca. Ayer mismo se desvanecían los temores, agitados desde algunos centros de inversión, que aseguraban que la banca europea (en particular, la española) no estaba en condiciones de devolver los 442.000 millones inyectados por el BCE en 2009 como medida excepcional de liquidez. No hubo sorpresas y los bancos devolvieron el dinero tomado al 1%. Pero la normalidad es solo aparente. El mal que atenaza a las instituciones financieras europeas no es el temor por la prolongación o no de las medidas de liquidez del BCE, sino la desconfianza patológica que se ha adueñado del mercado interbancario. Ayer, los bancos del euro depositaron casi 310.000 millones en el BCE, porque prefieren obtener una remuneración del 0,25% (o adquirir deuda de sus países) a arriesgarse en operaciones de mercado aunque sean más rentables.

No hay que minusvalorar el riesgo de colapso, porque la desconfianza se agrava con cualquier pretexto. Hasta mediados de 2009, las instituciones restringían por la situación de sus balances, agujereados por los activos basura; ahora se resguardan también ante la hipótesis de impuestos excepcionales a sus pasivos o beneficios.


El País - Opinión

El IVA y los votantes de Zapatero

Pedir un esfuerzo suplementario a los demás cuando no se quiere hacer los deberes es propio de adolescentes malcriados, una definición que se ajusta como un guante a la ideología de Zapatero y los suyos.

Ahora que ha entrado en vigor la subida del IVA impuesta por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, el que decía que bajar impuestos era de izquierdas, parece el momento adecuado de recordar lo que dijeron de Esperanza Aguirre cuando propuso "rebelarse" contra la misma. Se la acusó de incitar al incumplimiento de la ley, a la insumisión fiscal, cuando lo único que propuso, e hizo, fue organizar una protesta e invitar a los ciudadanos a sumarse a ella. Pero eso no la libró de aceradas críticas provenientes de los mismos ámbitos ideológicos que promueven o protagonizan el incumplimiento de los servicios mínimos o la desobediencia a la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. Como suele suceder con la izquierda, acusan a los demás de lo que ellos mismos hacen.

El incremento del IVA que a partir de este jueves sufriremos todos los españoles supone, en las optimistas previsiones de Hacienda, unos ingresos en sus arcas de 5.000 millones de euros al año. Un cifra considerable, considerándola aisladamente, pero claramente insuficiente comparada con los 120.000 millones de déficit previstos para este año. Parece claro, pues, que para reducir el déficit resulta más eficaz reducir el gasto. Sin embargo, pese al impacto de las medidas tomadas contra los ingresos de funcionarios y pensionistas, el Gobierno de Zapatero no ha actuado en muchísimas otras partidas. Eliminar las subvenciones a las energías renovables, por ejemplo, supondría un ahorro de 5.874 millones de euros, mayor que el dinero que ingresará por este aumento del IVA.

Es cierto que, puestos a subir impuestos, se ha escogido el menos dañino para la situación en la que nos encontramos. España debe, tanto pública como privadamente, mucho dinero a inversores extranjeros; dinero que sólo podremos pagar ahorrando. Todo impuesto desincentiva aquello que grava, de modo que es menos malo perjudicar al consumo frente a la inversión y el trabajo.

Pero lo que no tiene sentido es forzar así un descenso en el consumo privado que de hecho ya se ha producido sin rebajar el gasto público, que es la principal rémora para ajustar la economía española a la realidad. Bancos, empresas y ciudadanos nos hemos apretado el cinturón, pero el Gobierno está haciendo todo lo que puede para evitarlo. Pedir un esfuerzo suplementario a los demás cuando no se quiere hacer los deberes es propio de adolescentes malcriados, una definición que se ajusta como un guante a la ideología de Zapatero y los suyos.

Por otro lado, las formas con que se ha realizado el aumento del IVA no son precisamente las mejores. Muchos consumidores se han encontrado con la sorpresa de que recibos de meses como mayo o junio de suministros como la electricidad, el gas o el teléfono aplicaban el 18 y no el 16%, pese a que el consumo se realizó antes de la subida. La razón es que Hacienda ha exigido –eso sí, a la chita callando– que si ese dinero se cobra después del 1 de julio incorpore ya el nuevo IVA, por más que el consumo se haya producido antes. Es decir, que para muchos gastos, los ciudadanos hemos visto cómo nos subían el impuesto antes de que pudiéramos tenerlo en cuenta para ajustar nuestro consumo. Si una empresa privada hiciera algo así, los políticos harían declaraciones altisonantes contra ella y se arrogarían el papel de acabar con sus abusos. Pero ellos siempre pueden abusar, claro.

Los españoles siguen teniendo muy interiorizada la idea de que aquellos que tienen más deben aportar un porcentaje mayor de sus ganancias al erario público. Los socialistas, de hecho, han sido quienes más han hecho por convertir esta idea en un lugar común. Sin embargo, como siempre, han incumplido las promesas que hicieron cuando llegaron al poder. Naturalmente, estamos en contra de la demagogia que hay detrás de quienes quieren "subir los impuestos a los ricos", que no deja de ser una forma aceptada socialmente de expresar envidia. Pero si un gobernante fue elegido para llevar a cabo una política y ejecuta la contraria pierde por completo la legitimidad para ocupar su cargo. Zapatero debió dimitir cuando comenzó su giro radical. No porque fuera malo, sino porque rompía por completo su pacto con quienes lo eligieron. El que se negara a hacerlo nos obliga a exigirlo cada día.


Libertad Digital - Editorial

Huelgas cimarronas. Por Ignacio Camacho

Los servicios mínimos son papel mojado en los conflictos de mayor repercusión estratégica.

EN el verano de 2006, plena temporada turística, un grupo de cabreados trabajadores de Iberia ocupó por las bravas la pista del aeropuerto de El Prat de Barcelona, objetivo estratégico y de seguridad cuyo sabotaje les habría costado un severo disgusto en cualquier país civilizado. Ninguno de ellos fue a la cárcel —condenados a penas leves— y salieron absueltos los sindicalistas acusados de promover el estrago. A partir de esta impunidad cualquiera puede sabotear en España el servicio público que le venga en gana, invadir instalaciones sensibles o tomar como rehenes a millones de usuarios; los derechos de los ciudadanos están en la práctica supeditados a la coacción caprichosa de cualquier minoría reivindicativa. Pilotos, transportistas, controladores, sanitarios o maquinistas pueden de hecho provocar a su antojo el colapso que mejor les cuadre para defender sus intereses corporativos sin rendir mayores cuentas a quienes les pagan sus salarios.

La única norma reguladora del derecho de huelga data de 1977, antes de la Constitución, sin que desde entonces ningún gobierno se haya atrevido a modernizarla. Los servicios mínimos son papel mojado en los conflictos de mayor repercusión social, sometidos al abuso frecuente de una fuerza sindical sobredimensionada. El equilibrio entre derechos y obligaciones decae ante una imposición coactiva que cercena la libertad de la mayoría y sobrepasa de largo la razonable legitimidad de las protestas laborales. Junto a la jornada de huelga en el País Vasco, salpicada de violenta borrokapiquetera, el paro salvaje en el Metro de Madrid ha mostrado la cara más áspera de este sindicalismo montaraz y desaprensivo: dos millones de personas, pertenecientes en su mayoría a la clase trabajadora, inmovilizadas por la insolidaridad de un pequeño colectivo disconforme con un ajuste que ya han sufrido gran parte de los perjudicados por su queja.

El tono de matonismo amenazante y cimarrón que han exhibido algunos de los dirigentes —liberados— de la huelga madrileña certifica también la arrogancia de quienes se saben en posición de ventaja. El insuficiente marco legal les permite un margen de arbitrariedad impune. Han utilizado a los viajeros como carne de cañón para una exhibición de fuerza destinada primero a desgastar a Esperanza Aguirre y en segunda instancia a amenazar a Zapatero con una muestra de lo que puede suceder en septiembre. Y esta vez ni siquiera ha actuado la Fiscalía pese a la evidencia de indicios de delito en el incumplimiento desleal y premeditado de servicios mínimos. La irresponsabilidad sindical es manifiesta, pero más flagrante aún es la ausencia de una regulación efectiva de los deberes esenciales en casos de conflicto.


ABC - Opinión