jueves, 8 de julio de 2010

Europa. El eclipse planetario de ZP. Por Cristina Losada

Las tinieblas, piadosas ellas, cubren el fiasco. Ni siquiera logró Zapatero la conjunción astral ansiada, pues la cumbre entre las dos estrellas del santoral progresista no llegó a celebrarse.

Fin de Año 2009. En la Puerta de Sol madrileña, al acabar las campanadas, un juego de luces notificó a los españoles, a la sazón atragantados con las uvas, la llegada de un acontecimiento histórico para el universo mundo. Así, con esos bemoles sostenidos, había definido Leire Pajín el hecho puramente rutinario, aburridamente burocrático, de que el amado líder socialista fuera a ocupar la presidencia de la UE durante un semestre. La carga ideológica del prosaico asunto venía por la coincidencia de dos "liderazgos progresistas" a ambos lados del charco. Aquí, Rodríguez y allá, Obama, versión masculina y transatlántica de "Tú a Boston y yo a California". Lástima que al término del prodigioso episodio sólo podamos decir, y siendo benévolos, que se trató de un eclipse.


De aquellas luces y aquellos humos ha quedado tan poquita cosa, que la mitad de los españoles desconoce quién presidió la UE durante los seis meses pasados. Tanta publicidad y tanta pose, para nada. Lo que nos hubiéramos ahorrado. Para empezar, el bochorno. El que sobreviene cuando se repasan los grandiosos objetivos con los que ZP quiso adornar su paso. Desde una nueva política económica "con mayúsculas" y el famoso modelo "sostenible", hasta la creación de más y mejores puestos de trabajo. Todo aquello en lo que aquí cosecha fracasos notorios. Se tomaron a risa en la prensa europea que Zapatero fuera a asesorar sobre la recuperación económica. Qué escépticos, qué cenizos, qué poco sensibles a los liderazgos progres.

Las tinieblas, piadosas ellas, cubren el fiasco. Ni siquiera logró Zapatero la conjunción astral ansiada, pues la cumbre entre las dos estrellas del santoral progresista no llegó a celebrarse. Pero es norma de la casa que los resultados nunca han de evaluarse a la luz de los propósitos. Como es también regla estricta que los propósitos no deben revisarse en función de los resultados. Así, expulsada la realidad de la política, el socialismo carpetovetónico puede seguir haciendo lo único que sabe: dar lecciones. Y darlas, justamente, cuando más necesita recibirlas. Zapatero fue a instruir a Europa desde la superioridad que gastan los ungidos. Los europeos, con buen criterio, no le hicieron caso y los españoles, a quienes iba destinada la fanfarria, no se han enterado. El eclipse planetario de ZP ha sido histórico.


Libertad Digital - Opinión

Respeto jibarizado. Por Hermann Tertsch

Es una patología nacional la creencia de que se evitan problemas con la mera decisión de no quererlos.

JORGE Lorenzo es un extraordinario piloto de motociclismo que últimamente lo gana todo en el Mundial de motos GP. Lleva muchas semanas seguidas emocionándonos con el «caballito» que levanta su rueda delantera en señal de triunfo cuando se acerca a la meta en la última vuelta. Nos emociona a muchos con sus victorias y en Jerez hace unas semanas celebró su victoria con una vuelta al circuito con la bandera nacional en la mano. Cierto. No debemos olvidarlo ahora que ha saltado una polémica en internet por la negativa de Lorenzo a ponerse la camiseta de la selección española después de su victoria en el circuito barcelonés de Montmeló. El cantante Alejandro Sanz fue uno de los que reprochó a Lorenzo esta negativa suya a identificarse en Cataluña con los mismos colores con los que se identifica abiertamente en Jerez. Y añadía Sanz algo absolutamente cierto en el foro social de Twitter: «Lo peor es que cree (Lorenzo) que va a quedar bien con los catalanes y no va a ser así... Yo respeto a tod@s l@s catalanes, l@s que se sienten españoles y l@s que no... Pero la cobardía. Eso es una cuestión de actitud». Más allá de la grotesca arroba para adaptar nuestro alfabeto a la tiranía de lo políticamente correcto, Sanz da en el clavo. Es cobardía. Ni más ni menos. Porque las palabras de Lorenzo cuando rechazó la camiseta roja no dejaba lugar a dudas. «En Cataluña es complicado salir con la camiseta de la selección española. No quiero problemas».

No quiere problemas el campeón. Es explicable que un jovencísimo Lorenzo, en su mejor momento deportivo, perfectamente apolítico como la mayoría de los españoles de su edad, no quiera problemas con nadie, sino ser querido por todos. Probablemente cuanto tenga los años de Alejandro Sanz —que aproximadamente le dobla la edad—, cuando se dé cuenta de que eso no es posible. Porque sus intentos de quedar bien con una supuesta hinchada antiespañola entre los espectadores de Montmeló han sido asumidos como afrenta por muchos españoles. Y peor, probablemente, que su actitud en aquel momento después del triunfo sea su explicación a Alejandro Sanz por medio del Twitter. Muchos lamentamos las palabras de Lorenzo, no ya porque merme —es un hecho— el respeto que le tenemos al campeón, sino más por la certeza que albergamos de que su actitud está más o menos generalizada entre la gente de su edad. Y por desgracia ya entre la mayoría de los españoles, como los últimos años han demostrado. Es una patología nacional la creencia de que se evitan problemas con la mera decisión de no quererlos. Es la cara opuesta a la gallardía y nobleza. El miedo a gente peor es la jibarización del pensamiento libre y el alma, pérdida del respeto a uno mismo y renuncia al respeto ajeno.

ABC - Opinión

¿Montaje de Rubalcaba o un 'Gürtel 2' en territorio Camps?. Por Antonio Casado

ESCRIBE AQUÍ EL ENCABEZAMIENTO

La mentira tiene vuelo corto. Si los registros y detenciones de Joaquín Ripoll y compañía responden a un montaje del ministro Rubalcaba para desgastar la causa del PP en vísperas del debate sobre el Estado de la Nación, no tardaremos en saberlo. La respuesta la tienen los jueces. Sus resoluciones serán los mejores elementos de juicio para formar criterio sobre si estamos ante una sucia maniobra del ministro del Interior o un nuevo episodio de corrupción en territorio Camps.

Algún indicio delictivo debe flotar entre los papeles intervenidos cuando ya había una causa abierta en un juzgado de Orihuela sobre las contratas para la recogida y reciclaje de basuras en numerosos municipios alicantinos. Los jueces, por lo general, son discretos y poco dados a los montajes. Tampoco consta que la juez del caso sea muy amiga, poco amiga o amiga del alma del ministro Rubalcaba, aunque haya dictado un auto que autoriza la actuación de los agentes de la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Financieros) que investigan el caso. Eso incluye, pues claro, detenciones, traslados y registros.


Son las órdenes del Juzgado las que obligan al ministro del Interior y no al revés. Siempre se podrá recordar que donde sí llegan las órdenes de Rubalcaba es a las Comisarías Policiales. Tiene lógica si se trata de fundamentar la sospecha de que el ordenó las detenciones y los registros del martes suplantando a la juez, como sostiene González Pons, el portavoz oficial del PP, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que no se pierde una.

Adversarios políticos internos

Vale como coartada. Encaja perfectamente en la lógica de la confrontación política y el desgaste del adversario. Pero puestos a descifrar el linchamiento mediático de Ripoll y compañía, sin perjuicio de que sea o no inocente de las sospechas que planean en la llamada Operación Brugal, no perdamos de vista las querellas internas del PP valenciano. Quien conozca mínimamente esa trastienda pensará inmediatamente en los compañeros de partido. La postura del abrazo es la misma que la de la puñalada.

Hasta las piedras en Valencia saben que a Ripoll, último baluarte del poder zaplanista, de acreditada fobia a Francisco Camps, le tienen ganas sus adversarios políticos internos. Menos poderosos que Rubalcaba pero más entregados a la faena. Empezando por el presidente de la Comunidad y siguiendo por la joven alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, el delegado del Gobierno Camps en Alicante, José Císcar, y la portavoz del PP en Elche, Mercedes Alonso.

Me temo que mientras hoy camine hacia el Juzgado número 3 de Orihuela para prestar declaración, por citación policial, claro, el presidente de la Diputación y líder del PP alicantino, José Joaquín Ripoll se acordará menos de Rubalcaba que de quienes han estado amargándole la vida en el partido desde el congreso que ganó a los puntos en diciembre de 2008. Una victoria que, por cierto, fue impugnada por su rival interno, Perez Fenoll, y sigue pendiente de resolución en el Comité de Derechos y Garantías del PP nacional.


El Confidencial - Opinión

El extraño caso Ripoll

El proceso de la detención, y posterior puesta en libertad, del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, arroja muchas más sombras que luces que conviene aclarar cuanto antes. Todo el proceso está resultando demasiado confuso y lleno de contradicciones que sólo se pueden calificar como preocupantes. En principio, la Fiscalía Anticorrupción ordenó a la Policía la detención de once personas –entre las que se encontraba Ripoll– en el marco de la «operación Brugal» contra la corrupción. La sorpresa llegó cuando el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) emitió un comunicado ayer por la mañana en el que aseguraba que el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela no había «ordenado la detención del presidente de la Diputación de Alicante y que tampoco había acordado su citación judicial ni su imputación». Posteriormente, la Fiscalía General del Estado admitió que, si bien no hubo tales órdenes de detención por parte del Juzgado, la actuación policial contaba con «plena cobertura legal». El colmo del despropósito llegó cuando a media tarde de ayer el TSJCV comunicó que durante toda la mañana de ayer el juez que investiga el «caso Brugal» no había recibido ninguna comunicación oficial por parte de la Policía sobre el número de personas detenidas ni su posterior puesta en libertad. Sólo recibió información «verbal» por la tarde.

Los hechos indican que nos encontramos ante una situación de caos y de desorden que provocan una sensación de desconfianza ante la Justicia y la Policía en la que tanto Ripoll como el resto de los detenidos son los principales perjudicados. En procesos tan delicados como éste, en vez de lanzarse apresuradamente a un linchamiento mediático, la presunción de inocencia es un derecho de todos los españoles que conviene preservar. Lo más alarmante en este caso no es tanto el fondo como la forma, que sólo puede calificarse como chapucera. Porque se antoja difícil que los ciudadanos entiendan lo que ha sucedido.

Lo cierto es que detrás del caso Ripoll parece que existe una nueva ofensiva para desacreditar, deslegitimar y erosionar al PP valenciano por unas vías que no pasan ni por el debate político ni por las urnas. La realidad, por mucho que le moleste a la oposición, es que el PP es la fuerza que cuenta con una mayoría absoluta en la Comunidad Valenciana desde hace varias legislaturas y no se ve en horizonte que el PSOE en esa comunidad vaya a invertir la situación.

Tampoco parece casual que el caso Ripoll haya saltado, y de manera tan caótica, justamente ahora, apenas una semana antes del Debate sobre el Estado de la Nación, en lo que se puede interpretar como una maniobra para distraer la atención ante tan trascendental debate. Si esto fuese así, dice bien poco de nuestra clase política. A la espera de los acontecimientos, es esencial que se ofrezca una explicación convincente sobre lo ocurrido y se erradique cualquier mínima duda sobre cualquier irregularidad que haya podido haber. Porque estas turbulencias no benefician a nadie y sólo crean una sensación de desánimo entre la ciudadanía. Sólo hay que ver el Barómetro del CIS de junio. Los españoles ven en la clase política el tercer problema que existe en España. Este dato sobra para invitar a todos a la reflexión.


La Razón - Opinión

Aborto. De la obediencia a las leyes. Por José García Domínguez

En su condición de mera prosopopeya, Murcia no puede rehuir las normas del Parlamento. Sí le cabría hacerlo a Ramón Luis Valcárcel si emprendiese el único camino que el orden jurídico deja expedito a la dignidad individual en esos casos: la dimisión.

Como es fama, "se acata pero no se cumple", fue la fórmula retórica acuñada por los virreyes del Imperio en las Indias con tal de burlar la soberana voluntad del monarca vertida en leyes y reglamentos. Y "ni se acata ni se cumple" pudiera ser la versión corregida y aumentada con que algún cantonalismo moral diera en reavivar esa tradición tan española, la de ponerse el mundo por montera. Castizos arrebatos que suelen tener más de teatral simulacro escénico que de efectiva insubordinación. Así, Zapatero y Montilla cuando fantasean con soslayar los efectos quirúrgicos de la sentencia del Estatut por medio de ignotas tretas leguleyas.

Y es que, al canónico modo de las parejas de trileros que frecuentan Las Ramblas de Barcelona –"¿dónde está la bolita, señores?"–, el uno embauca a los membrillos y su compinche, el gancho, simula dejarse engañar. Por cierto, vistosa variante de la misma comedia bufa es la representada estos días por los munícipes de aldeas y villas catalanas que se dicen "desvinculados" de la Constitución española. Otro brindis al sol sin mayor consecuencia que la propia charlotada, tal como acontece en esas pedanías que gustan declararse territorio no nuclear o evacuan solemnes proclamas de similar calado peregrino. No obstante, espectáculos circenses al margen, en un Estado de Derecho las leyes, todas, sin excepción alguna, han de ser cumplidas. Y punto.


Al respecto, el margen único a fin de eludirlas en muy restringidos supuestos, la objeción de conciencia, apela a los individuos, jamás a las instituciones. De ahí que, en su condición de mera prosopopeya, la Región de Murcia no pueda rehuir las normas del Parlamento. Sí, en cambio, le cabría hacerlo a Ramón Luis Valcárcel si emprendiese el único camino que el orden jurídico deja expedito a la dignidad individual en esos casos; a saber, el de la dimisión. Como hiciera, por ejemplo, Nicolás Salmerón en su día, al renunciar a la presidencia de la República por no firmar una pena de muerte. O Balduino de Bélgica, cuando rehusó sancionar la ampliación del aborto. Igual que Don Juan Carlos hubiese procedido a abdicar sin mayor demora en la eventualidad de que nuestra nueva Ley colisionase con alguno de sus principios éticos. Nadie lo dude.

Libertad Digital - Opinión

¿Dónde está el 20,8 por ciento?. Por M. Martín Ferrand

Si todo va bien, al salir de la crisis vigente mantendremos diez puntos de paro por encima de la media de la UE.

QUIZÁ no sea casualidad, ni mero capricho de la Historia, que fuese en el Château de la Muette, sede actual de la OCDE, donde María Antonieta y Luis XVI empezaron a sentir un malestar en la garganta que terminó separándoles la cabeza del cuerpo. Es más, si yo fuera Elena Salgado o, peor todavía, José Luis Rodríguez Zapatero, evitaría la proximidad al bosque parisién de Boulogne. Allí les han descubierto y, además de haberles visto en Bruselas en pleno ridículo planetario, saben que, de cada dos nuevos parados que se producen en Europa, uno es español. Es decir, que si todo va bien, el Gobierno se decide a cumplir su obligación, los empresarios emprenden y los trabajadores trabajan —tres fenómenos desacostumbrados en España—, al salir de la crisis vigente mantendremos diez puntos de paro por encima de la media de la UE. Mucho tendrán que profundizar las tres reformitas que prepara el Ejecutivo —laboral, pensiones y financiera— para que, además de cubrir las apariencias, que es de lo que se trata, promovieran transformaciones sustanciales en nuestra estructura y esquemas sociales y económicos.

Según el CIS, otro de los oráculos que nos asisten, el 79,2 por ciento de los españoles entienden que la coyuntura económica actual es «mala» o «muy mala». Me gustaría conocer al 20,8 por ciento restante. O son unos optimistas de tomo y lomo, o están en la luna, o pertenecen al núcleo duro del PSOE que sostiene a Zapatero y, para poder seguir haciéndolo, han dejado de leer el periódico, escuchar la radio e, incluso, ver la tele. Ni la probada capacidad propagandística de TVE es ya capaz de mantener la ficción de una España próspera y no dan abasto para hinchar el perro de las noticias sangrientas para mejor encubrir la realidad.

No podría decirse, para mejor subrayar la irresponsabilidad gubernamental, que la oposición aporte muchas ideas, notables sugerencias o verdaderos planes alternativos. Según parece, Pedro Arriola, lo peor de la herencia de José María Aznar, le ha escrito a Mariano Rajoy un nuevo guión inspirado en la Belindaque llevó al cine Jane Wyman, la primera mujer de Ronald Reagan, y el líder de la gaviota se hace el mudito, por lo menos, hasta que llegue el debate sobre el estado de la Nación. Como para entretenerse y hacer tiempo, el PP se dedica en alguna de sus circunscripciones de poder a interpretar divertidos vodeviles en los que los zaplanistas, que no se rinden, abren las puertas que cierran los resistentes campistas. Y viceversa. Todo muy constructivo y provechoso para el partido, la Autonomía y la Nación. Y, sobre todo, para el PSOE.


ABC - Opinión

Si llaman a las seis, es Rubalcaba

Por muy graves que pudieran ser los delitos cometidos por Ripoll, a buen seguro no lo serán más que esta detención ilegal. Se vuelve imprescindible depurar responsabilidades dentro del cuerpo policial y del Ministerio del Interior.

Las medidas cautelares de tipo penal, en la medida en que implican una restricción de la libertad y una lesión de los derechos individuales, deberían emplearse sólo para tratar de asegurar el normal desarrollo del proceso penal. De ahí que en nuestro ordenamiento, sólo cuando exista alguno de los riesgo tasados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) se pueda adoptar alguna de estas extremas medidas, entre las que se encuentra la detención.

Ésta consiste en una privación temporal de la libertad cuyo uso, en consecuencia, debe estar completamente justificado en un estado de derecho. La LECrim establece unos supuestos bastante restrictivos (en sus artículos 489-492) que básicamente se dirigen contra la comisión o expectativa de comisión de un delito; la existencia de riesgo de fuga; los procesados por delitos graves; o el presunto delincuente que se espera que no compadezca cuando sea llamado por la Autoridad Judicial.


En Libertad Digital no hemos puesto ni pondremos la mano en el fuego por ningún político. Como ya hemos repetido en numerosas ocasiones, tenemos siempre presente la máxima de Lord Acton de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. En nuestro país, las instituciones políticas, en todos los niveles, llevan acaparando más poder del que cualquier Estado liberal puede tolerar y, mientras ello siga así, no podremos sino temer que los casos de corrupción se reproduzcan por todas partes.

Sin embargo, y al margen de este caveat, parece evidente que el presidente de la Diputación de Alicante, Juan José Ripoll, no se encontraba en ninguno de los supuestos tasados en la LECrim que justifican la detención: ni estaba cometiendo delito algno ni había expectativa de que fuera a perpetrarlo de inmediato, ni ha sido procesado, ni cabía esperar que se fugara o que no compareciera en una eventual citación judicial.

Es más, el artículo 520 de la LECrim reza con igual rotundidad que la detención deberá "practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio". Es decir, la detención no es un instrumento para denigrar y humillar al detenido, que, no lo olvidemos, no sólo goza de la presunción de inocencia, sino que en ciertos casos –como el de Ripoll–, ni siquiera ha sido procesado, es decir, el juez ni siquiera aprecia la existencia de indicios de delito. La detención, en un estado de derecho, sólo tiene como finalidad poner al presunto delincuente a disposición judicial en contra de su voluntad. Por ello no es de recibo que se monte un circo policial y mediático en torno a una detención, como ha sucedido con Ripoll –para cuya detención se emplearon seis camiones de policía y ocho agentes– o como ya sucediera con los militantes del PP esposados en el caso Palma Arena.

Pero, por si fuera poco que la Policía incumpliera el fondo y la forma legales en la detención de Ripoll, finalmente hemos sabido qe el juez ni la ordenó ni ha terminado imputando al presidente de la diputación alicantina. La orden de detención, contraria a la LECrim, provino de la Policía, cuyo superior jerárquico último, como no debería ser necesario recordar a estas alturas, es el ministro más oscuro del actual Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Por muy graves que pudieran ser los delitos cometidos por Ripoll, a buen seguro no lo serán más que esta detención ilegal. Se vuelve imprescindible depurar responsabilidades dentro del cuerpo policial y si, como resulta previsible, una detención política de tal calibre no puede haberse llevado a cabo sin el visto bueno de Rubalcaba, éste deberá dimitir de inmediato. No es que sea ni el primero ni el más imperativo de los motivos que nos ofrece el ministro para que exijamos su cese; al fin y al cabo, el que fuera el portavoz del Gobierno que negó la existencia de los GAL acumula en su historial el siniestro mérito de haber convertido a España en un Estado policial. Razones sobran para que, como mínimo, se retire de la política. Pero aún así, no está de más denunciar todos los nuevos atropellos que perpetre.


Libertad Digital - Editorial

No era el lechero. Por Ignacio Camacho

La diferencia del trato aplicado a sospechosos socialistas y populares resulta insoslayable.

DE un tiempo a esta parte en España hay domicilios en que suena de madrugada el timbre y no es el lechero. Lo inquietante es que suele tratarse de viviendas de miembros de la oposición, a los que con pruebas o sin ellas, con o sin indicios, se somete a trato policial vejatorio. Según un estudio de la Fiscalía, los cargos o dirigentes socialistas encausados por presunta corrupción son ligeramente más numerosos que los del PP, pero éstos sufren con mayor rigor y frecuencia la pena accesoria del paseo por las portadas y la apertura de los telediarios. Hasta ahora, esos paseíllos incriminatorios solían estar basados en providencias judiciales más o menos fundadas, pero en Alicante han detenido a un presidente de Diputación sin mediar orden de juez alguno. Técnicamente no se trata de una detención sino de una retención o un arresto; sea como fuere, ha sido casi una jornada completa de apresamiento real, acompañadas de registros aparatosos y movimiento visible de agentes y coches patrulla que no contaban, según aclaración de parte, con el respaldo del juzgado.

Hace tiempo que en Alicante existen sospechas de manejos irregulares en torno a determinadas contratas y personajes próximos al Partido Popular, y no sería sorprendente que algún cargo público acabe procesado y eventualmente condenado. Pero ésa no es, siendo importante, la cuestión principal de este escándalo. Lo que importa es la posibilidad de que un ciudadano acaso inocente haya sufrido una irreparable y prejuiciosa condena de hecho ante la opinión pública. Y que el fiscal Anticorrupción y la policía hayan podido participar en una operación irregular que compromete las garantías de un sistema en cuya protección confiamos. Si ese político no ha cometido ningún delito, nadie le devolverá las doce horas de ignominia. Y si lo ha cometido, también le asiste el derecho a una presunción de inocencia que ha quedado triturada por la actuación de quienes deben preservarla.

Existen, además, demasiadas evidencias de un doble rasero en esta clase de maniobras. La diferencia del trato aplicado a sospechosos socialistas y populares resulta insoslayable para cualquier mirada mínimamente objetiva. Para unos, lentitud procesal, diligencias perezosas o simplemente inhibición deliberada. Para otros, grilletes, registros ostentosos y avisos a la prensa. La corrupción es un fenómeno transversal que afecta, por desgracia, a todo el arco político, y en democracia es imprescindible que la justicia y la policía preserven no sólo su imparcialidad, sino la apariencia de imparcialidad que evite la sensación de desigualdad voluntaria. Sin embargo, estamos ante la repugnante, palmaria, viscosa, persistente impresión de un uso torticero y sesgado del poder al servicio de designios políticos de parte. De la parte del Gobierno.


ABC - Opinión