domingo, 11 de julio de 2010

España existe. Por José María Carrascal

Los españoles hemos vuelto a nuestros peores hábitos y mucho me temo que esta sentencia no haga más que azuzarlos.

MENOS mal que nos queda el fútbol porque el resto es para volverse loco. Nadie está conforme con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estatuto catalán. Unos la juzgan demasiado estricta; otros, demasiado floja, e incluso hay quien considera las dos cosas al mismo tiempo, Que la critiquen ambos extremos ideológicos debería ser prueba de que no es mala, al buscar el punto medio. Pero eso ocurre en las democracias asentadas, donde la política está guiada por el consenso, no por la imposición de un bando sobre otro. Ese fue el espíritu de la Transición y el que impregnó la Constitución del 78. Pero de un tiempo a esta parte, los españoles hemos vuelto a nuestros peores hábitos y mucho me temo que esta sentencia no haga más que azuzarlos.

Personalmente, considero que, tal como se estaban poniendo las cosas, es la mejor de las posibles. De entrada, deja meridianamente claro, no una vez, sino una docena, que la única nación que hay en este país es España. Cataluña, y cualquier otra comunidad, puede autodenominarse nación, estado o imperio, como yo puedo llamarme Napoleón, Einstein o Leonardo da Vinci. Pero jurídica y constitucionalmente, Cataluña es una nacionalidad, como yo soy José María Carrascal. El segundo punto clarificado es que no puede descentralizarse la Justicia, cuyo órgano de gobierno es el CGPJ, y su última instancia, el Tribunal Supremo. Por último, la sentencia rechaza toda bilateralidad entre Cataluña y el Estado, estableciendo claramente la subordinación de la parte al todo. Tal vez debería haber sido más específica en algunas competencias, pero, repito, los puntos fundamentales quedan a salvo, al salvarse la unidad nacional, la prioridad jurídica y el orden legislativo.

Los catalanes pueden protestar, indignarse, decir incluso cosas tan peregrinas como que es «imprudente», como si las sentencias judiciales fueran normas de etiqueta. Cuando si de algo peca es de exceso de prudencia. Imprudente es la reacción de la clase política catalana echándose a la calle tras, primero, haber creído a Zapatero cuando le dijo que le daría lo que le pidiese. Luego, al haber hecho un estatuto claramente anticonstitucional. Y por último, no aceptando la poda de lo más anticonstitucional del mismo, Contemplando el comportamiento de esa clase política, uno comprende por qué Cataluña nunca ha llegado a ser un Estado-nación. No por imposición ajena, sino por incapacidad de sus dirigentes.

Aunque peor es decir que se trata de una derrota del PP. Si tachar 14 artículos y enderezar 27 es una derrota, no sé qué será una victoria. Aparte de que, de no haber sido por el PP, posiblemente no podríamos hablar hoy de una nación llamada España.


ABC - Opinión

El problema no es Montilla, es el PSOE

Zapatero no estuvo físicamente ayer junto a su compañero de partido José Montilla pero tampoco era necesario, porque los españoles saben que si el cordobés protagonizó este sábado esa peligrosa astracanada es porque cuenta con la aprobación de su jefe.

Por más que se quiera confundir a los españoles con el juego de siglas del socialismo según los territorios donde opera, lo cierto es que el PSOE, actualmente al frente del Gobierno de España y de la Generalidad, ha sido el organizador de la manifestación en contra del orden constitucional y el estado de Derecho celebrada ayer por las calles de Barcelona.

José Montilla es miembro del PSOE, ha sido ministro del Gobierno de la Nación, representa en Cataluña la principal autoridad del Estado y en calidad de tal ha instigado a las terminales separatistas para echarse a la calle reclamando lo que de sobra sabe, o debería saber, no cabe en la Constitución a pesar de la terrible andanada que le ha dirigido esta semana precisamente el órgano que debe velar por su vigencia.

A la manifestación de ayer acudió lo más granado del separatismo subvencionado, cuya principal razón de ser es precisamente actuar de agitador del sentimiento antiespañol de una minoría de catalanes. No es extraño, porque los varios cientos de entidades sedicentemente culturales, profusamente subvencionadas desde todos los órganos de la Generalidad, se limitan a cumplir con el papel que exige su vasallaje, pero lo que resulta asombroso es que en el centro de esta operación, ilegal en el fondo y grotesca en las formas, aparezca un partido político, el PSOE, cuyos cargos electos han jurado cumplir y hacer cumplir la norma contra la cual se rebelan sin el menor recato.


Ni siquiera la cercanía de las elecciones en Cataluña puede disculpar el hecho de que un partido con la más alta responsabilidad de gobierno en aquella región y el resto de España se subleve contra el actual ordenamiento jurídico, porque la Historia acredita que las derivas revolucionarias que se inician con apoyo de las instituciones tienen terribles resultados y muy difícil marcha atrás.

José Luis Rodríguez Zapatero es, en tanto que Secretario General del PSOE, el principal culpable de que su partido haya alentado una operación que busca sin disimulo acabar con la unidad de la Nación española, cuya existencia es el fundamento mismo de nuestro sistema democrático. Suya es la principal responsabilidad de que este golpe de estado difuso por institucional haya adquirido carta de naturaleza en las calles de Barcelona sin que quepa la menor matización, por más que los miembros de su gobierno intenten aparentar que lo normal en un país serio es que el partido que gobierna organice manifestaciones en contra del orden constituido que tiene la obligación de defender.

Zapatero no estuvo físicamente ayer junto a su compañero de partido José Montilla pero tampoco era necesario, porque los españoles saben que si el cordobés protagonizó este sábado esa peligrosa astracanada es porque cuenta con la aprobación de su jefe. Como ocurre desde hace seis largos años, el problema no es el nacionalismo; es el Partido Socialista Obrero "Español". El PSOE de Zapatero.


Libertad Digital - Editorial

Impostura y oportunismo

Los socialistas catalanes van a lo suyo y se incorporan a regañadientes a un planteamiento independentista que no les va a servir para mejorar sus expectativas electorales.

LA manifestación de ayer en Barcelona contra la sentencia del TC sobre el Estatuto catalán es fiel reflejo de las maniobras oportunistas de un amplio sector de la clase política en vísperas de las elecciones autonómicas. Es falso, en efecto, que exista una unidad de acción entre los partidos y asociaciones convocantes, como demuestran las graves dificultades para alcanzar un acuerdo sobre símbolos y lemas y la ausencia de un comunicado conjunto. Los mismos líderes que ayer escenificaban una unidad ficticia se van a enfrentar sin tregua durante los próximos meses al servicio de sus intereses particulares y partidistas en unas elecciones que prometen tensión en Cataluña. El PSC ha sido incapaz de tomar una postura coherente: José Montilla encabezaba la marcha, aceptando las proclamas independentistas de otros grupos —que en teoría el PSC no asume— y refugiándose en la bandera regional como símbolo institucional. Aunque ha desempeñado su papel con escasa convicción, es inaceptable que Montilla asuma el derecho a decidir y el principio de autodeterminación, rechazado nítidamente por la sentencia. A su vez, Rodríguez Zapatero mira para otro lado y el PSOE pretende echar la culpa de todo al supuesto «anticatalanismo» del PP. El caso es que los socialistas catalanes van a lo suyo y se incorporan a regañadientes a un planteamiento independentista que no les va a servir para mejorar sus escasas expectativas electorales.

Es notorio que ayer se sumaron a la manifestación múltiples entidades que configuran la parte del tejido social catalán que vive de subvenciones públicas y paga en especie la deuda contraída con los partidos que controlan las instituciones. Muchos miles de personas respondieron en las calles de Barcelona al llamamiento del tripartito; pero también muchos otros miles han preferido disfrutar del fin de semana y aguardan con ilusión la final del Mundial, dejando al margen a unos líderes partidistas a quienes se reprocha —con razón— que actúan con impostura. Una vez que se ha pronunciado el supremo intérprete de la Constitución, la sentencia debe ser acatada por todos. Por tanto, no valen los atajos ni las artimañas jurídicas para eludir los principios esenciales confirmados por el TC. El presidente del Gobierno puso en marcha un proceso de reforma constitucional encubierta que ahora deja secuelas en forma de actitudes radicales y deterioro de las instituciones. En todo caso, hay que cumplir las reglas del juego y nada justifica una protesta, por ruidosa que fuera, para reclamar el incumplimiento de una sentencia y deslegitimar al Tribunal Constitucional.

ABC - Editorial