martes, 20 de julio de 2010

El carnaval de Moratinos. Por M. Martín Ferrand

¿El disfraz es una herramienta del trabajo diplomático y político que cabe esperar de un ministro de Exteriores?

DESDE que Pío Cabanillas, a la sazón ministro de Información y Turismo, se encasquetara una barretina para demostrar, en Barcelona y en un día de San Jordi, la comprensión catalanista del Gobierno de Carlos Arias Salgado —el último de Francisco Franco—, sumido en el voluntarioso engaño del «Espíritu del 12 de febrero», no se había visto a un ministro de un Gobierno de España como los afganos de Qala-i-Naw han podido ver y admirar al sin par titular de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. El ministro, acostumbrado a hacerse el longuis, adornó su cabeza con el «longui», que es como llaman en Afganistán al turbante de gala, y revestido con el «chapán», la túnica de los que mandan, se reunió con los cuatrocientos notables del lugar que, tras felicitarle por los éxitos futbolísticos de España, le preguntaron lo que mandan los cánones de los protegidos cuando se reúnen con su protector: ¿qué hay de lo nuestro?
Sin entrar en los detalles de nuestra errática y confusa política exterior, con más carga tercermundista que fervores occidentales para bien del progresismo imperante, debe reconocerse la presencia en Afganistán como parte del compromiso que marcan las alianzas internacionales que tenemos suscritas y que se corresponden con nuestro lugar en el mapa y en el concierto económico en que nos movemos. Ahora bien, ¿el disfraz es una pieza, una herramienta, del trabajo diplomático y político que cabe esperar de un ministro de Exteriores? Una «jirga», una asamblea de quienes gobiernan, o sencillamente mandan, en la provincia de Badghis —la que nos ha tocado en suerte—, ¿requiere el engalanamiento folclórico del alto funcionario encargado de supervisar las inversiones españolas en el territorio?


¿No será en lugares y misiones como estos, los afganos que ahora nos corresponden, donde deben quedar claras y sin concesiones las notas de nuestra identidad nacional española y marcar las distancias que exigen la función a desempeñar y su condición temporal? No estamos hablando de turismo vacacional, supongo; sino de presencia diplomática y armada en una zona de conflicto. Allí desempeñamos un doble papel, el militar y el cooperante; ¿se perfecciona alguno de los dos con las prácticas propias de la sastrería teatral? Según nos contó el afgano Khaled Hosseini en su magnífica primera novela, Cometas en el cielo, también es costumbre por aquellos pagos hacer volar esos livianos y hermosos artefactos que enloquecen a la chiquillería y no por eso el personal, militar o diplomático, desplazado a la zona se dedica a tratar de llegar hasta las nubes con una estructura de cañas y papel pintado.

ABC - Opinión

Nuestros presos buenos. Por Hermann Tertsch

Todos los etarras condenados que están internos en Nanclares dejan de ser de ETA cuando se lo proponen.

AYER lunes nos desayunamos con la noticia de que no son dos, sino siete —de momento—, los presos de ETA que gozan de una situación penitenciaria privilegiada. Nos informa de ello, no por casualidad, el medio favorito del ministerio del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. La «garganta profunda» de nuestro Fouché carpetovetónico nos viene a decir que estos etarras son tratados tan bien porque ya no son etarras. En la cárcel se han arrepentido, reniegan de su militancia en ETA y abogan por una solución pacífica al «conflicto vasco». En este grupo están Txelis y Picabea, dos históricos de la banda terrorista que llevan tiempo al margen de los colectivos de presos y parecen buscar una solución a su situación personal haciendo de banderín de enganche para animar a más presos a desmarcarse de la disciplina etarra en las prisiones. Esto en principio no puede molestar a nadie si se cumplen leyes y reglamento. Si los presos han cumplido la mayor parte de sus condenas, rechazan el terrorismo y están pagando sus responsabilidades civiles a sus víctimas, las autoridades penitenciarias pueden tomar medidas para desmovilizar y desmoralizar a la banda dentro y fuera de las cárceles.

Pero como siempre que está Rubalcaba en el ajo, algo huele a podrido y no precisamente en Dinamarca. Las víctimas de estos etarras se han enterado por los periódicos de que éstos son ya buenos y de que se los pueden encontrar cualquier día enfrente de su casa tomando chiquitos. Por el otro lado, esta generosa disposición del Ministerio del Interior hacia quienes están en la cárcel por crímenes cometidos por Eta, es decir, como etarras todos ellos, choca frontalmente con la voluntad tantas veces expresada por las víctimas y la sociedad de que los terroristas cumplan la totalidad de sus penas. El arrepentimiento los honra, pero no los convierte en inocentes ni los redime de sus penas. Muy sospechosa es la afirmación tan contundente como tramposa del ministro del Interior al asegurar que «en Nanclares de Oca no hay presos de ETA». Con lo que nos viene a decir que todos los etarras condenados que están de hecho internos en Nanclares dejan de ser de ETA en el momento en el que se lo proponen. Automáticamente. Y que, por este mero hecho, pueden aspirar a situaciones de privilegio que hacen que su pena a prisión no sea tal. Lo primero que debe exigirse a estos presos es un reconocimiento de su culpa, público; la demanda de perdón a todas sus víctimas y al pueblo español, pública y con publicidad, por supuesto; además de un llamamiento a ETA y sus organizaciones anejas a disolverse y entregar las armas. Si la manifestación del mero arrepentimiento hiciera de un criminal confeso un ciudadano integrado, las cárceles estarían vacías. De ahí que quienes no nos fiamos de Zapatero ni de Rubalcaba sospechemos que los presos de vacaciones de Nanclares son otro indicio de que, ante el desastre generalizado de la política gubernamental en todos los frentes, nos estén preparando una sorpresa de armonía pacifista en el último año de legislatura.

ABC - Opinión

Controladores, controlados: ya no lo tienen tan fácil. Por Antonio Casado

Los controladores atacan de nuevo. Y siguen sin tener razón, aunque venga ahora el PP a echarles una mano sólo por el gusto de embestir contra el ministro de Fomento, José Blanco, como ayer hizo el portavoz del partido de Rajoy, Esteban González Pons, que hace a Blanco responsable político de las sospechosas bajas laborales amontonadas en estas últimas setenta y dos horas por razones de salud.

Por muchas vueltas que le demos, no se entiende que el principal partido de la oposición se vuelva inesperadamente comprensivo con un colectivo que tanto daño ha causado a los ciudadanos, así como a los intereses de nuestra primera industria nacional. Y que todavía quiere causar mientras negocia su convenio colectivo.

En esta ocasión lo van a tener más difícil porque les han cambiado las reglas del juego. Pero andan sobrados de voluntad y malas intenciones. Nos anuncian “un verano complicado” a causa de las bajas médicas ¿Y cómo sabrán ellos por anticipado que en el verano se van a multiplicar las arritmias, las palpitaciones, el estrés, la depresión y los esguinces de tobillo, en los complacientes certificados médicos?


Nueva normativa

No es la primera vez que nuestros controladores aéreos practican la huelga encubierta con toma de rehenes. Con una diferencia. Ahora, en gran parte gracias a la firmeza mostrada a principios de año por el actual ministro de Fomento, ya les han tomado la medida. No sólo en la opinión pública, sabedora de las privilegiadas condiciones laborales y retributivas del colectivo. También en el Boletín Oficial del Estado, cuya edición del 5 de febrero de 2010 recoge el texto de un decreto-ley, convalidado el día anterior en el Congreso de los Diputados.

La nueva normativa abolió el anómalo poder de los controladores, reconocido en los sucesivos convenios colectivos, de organizar y planificar su propio trabajo. Incluidas las competencias para fijar las horas extraordinarias y cobrarlas a precio de oro. Devolver todas esas facultades a la empresa ha reducido notablemente el poder conminatorio que este colectivo siempre utilizó como resorte de sus demandas laborales, profesionales y retributivas.

Todo ello con el aplauso de la opinión pública y, por supuesto, con el apoyo inequívoco de los diputados del PP. No solo en la convalidación parlamentaria del decreto-ley sino en su posterior tramitación como proyecto de ley, lo que hace especialmente difícil de asimilar el extemporáneo ataque del PP contra el actual ministro de Fomento.
Ahora, por ejemplo, la empresa (AENA) ya puede contratar controladores, dentro o fuera del colectivo, mediante las distintas modalidades previstas en la vigente normativa del mercado de trabajo. O cubrir las bajas sobrevenidas recurriendo al desplazamiento temporal de controladores si lo aconsejan la seguridad y continuidad del servicio, y sin que sea necesaria, como en los anteriores convenios colectivos, la conformidad de los empleados.

La aplicación de estas normas debe ser suficiente para evitar que se repita el caos causado durante las pasadas fechas navideñas, que dejó en tierra a 17.000 pasajeros, obligó a cancelar 158 vuelos y produjo unas pérdidas de dos millones de euros. Así actúan los controladores aéreos con la más alta retribución salarial y la más baja productividad de Europa.


El Confidencial - Opinión

PSOE. El ocaso de Rodiezmo. Por Cristina Losada

Lamenta González Pons que Zapatero haya "tirado a la basura" su programa y sus principios. Si tanto insisten los de Rajoy en reivindicar la antigua "política social" del presidente, vayan a Rodiezmo, que habrá hueco.

El presidente no irá a Rodiezmo y es de lo más natural. A ese ritual socialista acudía a hablar de ficción, así que no le pidan que cambie de registro. Ni él quiere, y quién sabe si puede, ni el público lo aceptaría. Allí se va a lo que se va. La cúpula gobernante iba a "hacer de izquierda". Era el escenario elegido para desplegar una retórica obrerista virada al populismo y desempolvar señas de identidad arcaicas. El lugar en el que una izquierda reteñida pregonaba las bendiciones que su gobierno traía para los más débiles. Era la liturgia de la autocomplacencia, el acto en el cual los dirigentes socialistas se congratulaban de lo buenísimos que son.

No pisará Zapatero este septiembre la campa, pues a lo que iba lo explicó allí en 2007 y no puede repetir: "Seguiré aquí en Rodiezmo hablando de subir las pensiones, de llegadas del tren de alta velocidad, de leyes sociales, de mejora del bienestar, de más apoyo de vivienda para los jóvenes". Y así todo. La leche y la miel se derramaban sobre este país gracias a la buena gestión del Gobierno, que aún ahorraba "por si mañana tenemos dificultades". Tan insólitos eran los avances que había que asegurarle a la gente que no ocurrían en Francia, Alemania o Suecia. Incluso cuando llegó la "desaceleración", prometió el presidente que no recortaría nada. Sic transit.


Se critica a Zapatero por esa deserción, como si fuera un gallina que no se atreve a presentarse ante su gente y explicarles cómo ha sido. Cómo ha podido suceder que la Jauja que pintaba en Rodiezmo se haya desvanecido. Y cómo su empeño en decorar su fachada Potemkin con la brocha del "gasto social" ha labrado la devastación presente. En buena ley, un presidente está para esas cosas. Si fue a recibir ovaciones, ha de ir a soportar abucheos. Pero más que reprocharle que no vaya este año a Rodiezmo, hay que reprocharle que fuera todos los anteriores.

Justo al contrario lo ve el PP. Lamenta González Pons que Zapatero haya "tirado a la basura" su programa y sus principios. Si tanto insisten los de Rajoy en reivindicar la antigua "política social" del presidente, vayan a Rodiezmo, que habrá hueco. Dadas las circunstancias, es posible que el canto de la Internacional sea sustituido por el baile de la conga. Una fila, todos juntos.


Libertad Digital - Opinión

Rodiezmo, espejo roto. Por Ignacio Camacho

Ante los mineros no puede disimular. No puede sostenerles la mirada ni decirles que el poder no lo iba a cambiar.

SE ha arrugado. No tiene coraje ni argumentos para ir a Rodiezmo a dar la cara. La retórica populista, los pañuelos rojos, el izquierdismo de hollín y puño en alto, el obrerismo de consigna: toda la parafernalia impostada de socialismo caballerista se ha derrumbado en una gloriosa espantá de abrumadora mala conciencia. El presidente se ha encogido por segunda vez en dos semanas —la primera ha sido con la sentencia del Estatuto— ante las consecuencias de su propia política. Le falta pulso para defender en Cataluña la supremacía jurídica del Estado y carece de arrojo para aguantar la mirada torva de los mineros ante el incumplimiento de sus apasionadas promesas, hijas del tiempo feliz del esplendor en la hierba. Tiene el síndrome de la madrastra de Blancanieves ante el espejo: no soporta que los suyos no le quieran.

La ausencia en Rodiezmo, donde para mayor ignominia lo ha vetado Cándido Méndez, es la confesión de un fracaso, el epítome de una contradicción insostenible. Zapatero ha esquivado hasta ahora la explicación de su forzoso cambio de rumbo hurtando a la opinión pública cualquier atisbo de autocrítica. Ha ninguneado las críticas parlamentarias utilizando la tribuna como un burladero, y no ha tenido brío para enfrentarse al país con una declaración televisada. Sabe que está preso de la alegre vehemencia con que defendió su política de gasto hasta un minuto antes de verse obligado a abolirla, y no halla el modo de darse una salida airosa a sí mismo. Las hemerotecas son demoledoras, sonrojantes; la semana pasada, Rajoy lo ridiculizó en la Cámara leyendo en alto sus propias palabras. No de hace cinco años, ni cinco meses: de anteayer, de la propia víspera de su humillante revolcón en el Directorio europeo. En este momento el peor enemigo de Zapatero es Zapatero; el Zapatero de antes del 8 de mayo, fecha de la triste epifanía en que dio al traste su fatuo apostolado socialdemócrata.

Pero ante los mineros de su tierra no puede disimular. No puede sostenerles la mirada. No puede decirles que el poder no lo iba a cambiar. No puede pedirles que se olviden de lo que les prometió en septiembre pasado. Él mismo los convirtió en el símbolo de su profesión de fe ahora abjurada. Él mismo los utilizó como vestales de un oráculo de legitimidad sindical ante el que renovar cada año sus votos de compromiso socialista. Y ahora no está en condiciones de plantarse ante ellos para decirles que de lo dicho nada y que por cosas de la alta política el amigo Cándido le va a organizar una huelga general. O acaso le sobra soberbia para ir allí a admitir que, simplemente, estaba equivocado. Muy equivocado.

Para eludir la cita de Rodiezmo se ha inventado un viaje a Shangai. Demasiado cerca: no va a encontrar en el mapa un lugar en el que no le persiga la sombra de sus contradicciones.


ABC - Opinión

Canción de amor en una habitación sin vistas. Por Federico Quevedo

Hace ya unos cuantos años el poeta cubano Armando Valladares me dijo que lo peor de su estancia en la cárcel, la peor de las torturas, peor aún que las palizas y las descargas eléctricas con las que minaban su moral un día tras otro, era no ver la luz del sol, no saber siquiera si era de día o de noche, no respirar el aire fresco de la mañana ni sentir que más allá de las cuatro paredes de su celda de castigo había algo más. Era tal su anhelo de lo exterior, se llenaba tanto de vida cuando alguna vez le permitían salir al patio de la prisión después de meses de encierro, que en castigo la siguiente salida se alargaba cada vez más, hasta que llegó un punto en el que pensó que nunca más volvería a sentir caer una gota de lluvia sobre su rostro. El jueves por la noche tuve la ocasión de conocer a Julio César Gálvez y compartir con él un rato de tertulia en La Linterna de Juan Pablo Colmenarejo. Gálvez acababa de aterrizar, como quien dice, en Madrid, después de haber sido desterrado de su tierra natal gracias a los oficios de la Iglesia cubana y del cardenal Jaime Ortega. Lo primero que me dijo, después de presentarnos, fue que todavía tenía una intensa sensación de ahogo, no por el calor -que también podría ser-, sino por algo más profundo como es ver y sentir el exterior, eso que en las cárceles de Cuba les está prohibido a los presos de conciencia.

A Julio César Gálvez lo condenaron en 2003 a 15 años de prisión en lo que se llamó la Primavera Negra de Cuba, que dio con los huesos en la cárcel de 75 periodistas, esos a los que el actor Willy Toledo llama “terroristas”, pero cuyo único delito fue, en el caso de Gálvez, denunciar una corrupción que casi acaba con la vida de un buen número de vecinos de un edificio al borde del hundimiento en el centro de La Habana. Pero ser un periodista independiente en Cuba tiene esas consecuencias: te encierran y te torturan. Gálvez fue llevado a una prisión en la que la comida le hacía vomitar y en la que tenía por compañeros de celda ratas y cucarachas que le subían por encima durante la noche y le mordían hambrientas. Pero seguramente a personajes como Willy Toledo y a esa izquierda radical y extrema que condesciende con la dictadura cubana cuando no la apoya y la defiende, eso le parecería un castigo menor teniendo en cuenta el alcance de sus delitos. Pero para ustedes, lectores de este diario libre, y para mí, Julio César Gálvez es un héroe al que sin embargo nuestro Gobierno trata como una molesta mosca cojonera, manteniéndolo en un limbo jurídico inexplicable, y ofreciéndole por toda deferencia una modestísima habitación sin vistas en un hostal, donde sin embargo él, su mujer y su hijo escriben desde que pisaron el suelo de la madre patria España una bellísima canción de amor a su país y a quienes les han acogido entre sus brazos en su fatal destierro.

Julio César Gálvez no es libre. No lo es porque la cruel dictadura de los hermanos Castro no le ha amnistiado ni le ha liberado de su condena, simplemente lo ha expulsado, junto a otros presos de conciencia, para lavar la imagen del régimen y para evitar que una nueva muerte, la de Fariñas, le pusiera al mundo entero en contra. Esa ha sido la única razón por la que los hermanos Castro han ‘cedido’ a la exigencia humanitaria de la Iglesia, pero han utilizado al ministro Moratinos y al Gobierno de España de comparsa de una auténtica farsa en la que se presenta como liberación lo que realmente es un exilio forzoso como refugiados políticos, precisamente la figura que el Gobierno de España se niega a reconocer a estos exiliados para no molestar al régimen de La Habana. Pero sólo cabe hacerse una pregunta, cuya respuesta es bien fácil, para conocer de verdad cual es la condición de Julio César Gálvez y sus compañeros: ¿podrían volver mañana, si quisieran, a Cuba y vivir allí libres? Gálvez me contaba el jueves por la noche que minutos antes de subirse al avión que les traería a España, un funcionario del Ministerio del Interior cubano se dirigió a él con estas palabras: “Sabes que nunca más podrás volver a Cuba. Tu mujer y tu hijo sí, pero tú no”.

Hoy, Julio César Gálvez y sus compañeros viven en una dolorosa anomalía. No son inmigrantes, pero tampoco se les reconoce el estatus de refugiados políticos. No están aquí por voluntad propia, pero tampoco pueden volver a su país natal porque, de conseguirlo, volverían a ser hechos prisioneros y condenados de nuevo a sabe Dios que torturas e, incluso, la muerte. Su única esperanza es que su testimonio, su presencia, contribuya a incrementar la presión internacional sobre el régimen cruel y tirano de los hermanos Castro para acabar con la dictadura y llevar la paz y la libertad a la isla, y con ellas poder volver a pisar las calles de La Habana. Y ese testimonio, esa presencia, se hacen imprescindibles en un país como el nuestro, donde el Gobierno y su ministro de Exteriores han tenido una actitud vergonzosa y vergonzante hacia la dictadura cubana. Rodríguez, el hombre del talante y de los derechos civiles, se ha ciscado encima de esos derechos y de ese talante cuando de la dictadura cubana se ha tratado, y ha contribuido a fortalecer el régimen de los hermanos Castro dándole cobertura y, por qué no decirlo, dólares. Toda nuestra política exterior es un cúmulo de despropósitos, pero el papel de España respecto a Cuba es algo más, es complicidad con un régimen cruel y con los delitos que en nombre de ese régimen se están cometiendo en aquella isla.


El Confidencial - Opinión

Concierto. La nueva bandera de los catalanistas. Por José García Domínguez

El movimiento catalanista es como una bicicleta: o quien la conduce pedalea sin pausa o fatal, irremisiblemente la máquina se cae al suelo.

Quién nos iba a decir que la más celebrada consigna libertaria del mayo francés, aquel "sed realistas, pedid lo imposible", también se la acabarían apropiando algún día los catalanistas. Pero, en fin, desde que se formuló la segunda ley de la termodinámica es sabido que todo en este mundo tiende a degenerar al inevitable modo. Nadie se extrañe, entonces, de que los convergentes ya anden vindicando un concierto económico similar a los del País Vasco y Navarra. Así, tras acusar recibo del fiasco estatutario, no han tardado ni una semana en ingeniar otra cantinela victimista con tal de seguir lloriqueando ad calendas grecas. Nada nuevo, por lo demás. Y es que, para existir, requieren del agravio permanente frente al Estado. A fin de cuentas, el movimiento catalanista es como una bicicleta: o quien la conduce pedalea sin pausa o fatal, irremisiblemente la máquina se cae al suelo.

Por cierto, el dichoso concierto era el muy tangible fin que perseguían al colar esos telúricos derechos históricos de Cataluña en el Estatut. Al cabo, el "histórico" cupo, fuente última del eterno zafarrancho que emponzoña la financiación de las comunidades autónomas, procede de un periodo tan lejano en la noche de los tiempos como la Restauración. En concreto, el caramelo fiscal vasco data del mes de julio de 1876. Tal día, un decreto firmado por Cánovas del Castillo resucitó ese anacrónico privilegio medieval "para que las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava contribuyan, con arreglo a la Constitución del Estado, a los gastos de la Nación y al servicio de armas", según reza su prólogo.

Fue el precio que entonces hubo de pagar la lógica jurídica para poder saldar la Tercera Guerra Carlista. El mismo que los constituyentes de 1978 creyeron que igual debíamos soportar con tal de que acabase la Cuarta. Un Estado, el español, que renuncia de grado a recaudar los tributos dentro de determinados territorios sometidos a su entera soberanía: una extravagancia administrativa sin parangón en el mundo entero. ¿Cómo comprender semejante sinsentido al margen de la larga sombra de ETA? Un sinsentido que sólo la insignificancia relativa de la economía vasca evita que empuje a la quiebra cierta del Estado. Y ahora llegan los otros exigiendo su parte del botín. Dispongámonos, pues, para el tedio.


Libertad Digital - Opinión

Cada vez más morosos

El Ejecutivo es incapaz de adoptar medidas que generen la confianza imprescindible en los agentes sociales y económicos.

LOS datos no pueden ser peores. La morosidad de los créditos concedidos por instituciones financieras a empresas y particulares alcanza en nuestro país el 5.7 por ciento, su nivel más alto desde 1995. El Banco de España resalta en su informe que las cajas de ahorro son las entidades con peor calidad crediticia, por encima de los bancos y las cooperativas de crédito, excluidos los establecimientos que no pueden tomar fondos sino solo prestarlos, y que se sitúan casi en el doble en esta tasa de morosidad. Las cajas llevan catorce meses seguidos con una cuota superior al 5 por ciento, una prueba evidente de que algunas entidades atienden a criterios diferentes a la buena gestión financiera cuando se trata de conceder créditos. Estamos ante un elemento determinante del círculo vicioso que se ha instalado en la economía española: si los clientes no pagan lo que deben, los bancos y cajas cerrarán el grifo del dinero, y así se bloquean tanto la iniciativa empresarial como el consumo privado.

El volumen total de créditos dudosos (es decir, que acumulan tres meses consecutivos de impago) asciende ya a casi 95.300 millones de euros para las entidades computadas en este índice, una cantidad que no se puede permitir una economía sana. Dadas las circunstancias, conseguir dinero para financiar nuevos proyectos se convierte en una misión imposible, y ello repercute, lógicamente, en el ambiente pesimista que se respira entre los responsables empresariales y los ciudadanos en general. El Ejecutivo es incapaz de adoptar medidas que generen la confianza imprescindible en los agentes sociales y económicos porque los discursos voluntaristas sobre los «brotes verdes» y sobre la «luz al final del túnel» no sirven para nada a la hora de hacer cuentas.

ABC - Editorial

Garzón y sus rehenes. Por Jesús Cacho

Conocí en los años setenta a un modesto albañil que, a base de talento natural y esfuerzo, logró hacer una considerable fortuna construyendo pisos en el sur de Madrid. El buen hombre regresaba cada verano a su pueblo conduciendo orgulloso su Mercedes Benz y presumiendo de su nueva condición de hombre rico. Se había construido su propio chalé y era tal el entusiasmo que ante sus paisanos desplegaba relatando la majestuosidad de la obra, que al dar detalles de la bodega -porque, naturalmente, su nueva casa contaba con una que dejaba en pañales a las viejas cuevas del pueblo-, llegó a manifestar jacarandoso que “las pinturas de mi bodega son más bonitas que las de la Capilla Cristina”. En otra ocasión un antiguo vecino le preguntó cuánto le había costado hacerse rico. He aquí lo que el menda respondió: “lo más difícil es hacer el primer millón; luego la cosa coge excremento…”

También el episodio protagonizado por Baltasar Garzón con la financiación de unos cursos en la Universidad de Nueva York, años 2005 y 2006, ha ido cogiendo excremento conforme se han ido conociendo los detalles de un “trinque” que ya va por el millón de euros. Toda nueva aportación noticiosa hace crecer el nivel de detritus que envuelve el entero episodio y que amenaza con pringar a mucha gente. Esta semana han declarado ante el juez del Supremo Manuel Marchena, que instruye la causa por presunto cohecho y prevaricación en este caso, los representantes de Endesa (con su ex presidente Manuel Pizarro a la cabeza); de BBVA (Francisco González en carne mortal), y de Telefónica (un par de mandaos). Prodigio praeter naturam: ninguno sabe nada; todos escurren el bulto, pero todos soltaron religiosamente la pasta que pidió el malandrín.


«¿No se le ocurrió al orondo juez de Jaén pedir pasta a dos gigantes del petróleo como Exxon y Chevron?»

Sabemos ya que a los 302.000 dólares que el Banco Santander regaló al interfecto para financiar unos cursos del Centro Rey Juan Carlos de la citada Universidad, hay que sumar los 625.000 aportados por Cepsa, Endesa, Telefónica y BBVA. En concreto, Telefónica y BBVA colaboraron con 200.000 dólares cada una en el patrocinio de una serie de conferencias sobre terrorismo organizadas en el Centro de Derecho y Seguridad de la citada Universidad, mientras CEPSA aportó 100.000 y Endesa otros 125.000 dólares. Y en los alrededores de la Audiencia Nacional (AN) hay quien asegura que la cifra real ronda los 3 millones de euros, 500 millones de las antiguas pesetas. Pues bien, ¿es el terrorismo un problema exclusivamente español que hay que estudiar precisamente en Nueva York? No parece. Entonces, ¿por qué solo aportaron financiación las grandes empresas españolas? ¿Cuánto puso, por ejemplo, la Fundación Rockefeller? ¿No se le ocurrió al orondo juez de Jaén pedir pasta a dos gigantes del petróleo como Exxon y Chevron, que todos los años invierten ingentes sumas en proteger sus instalaciones y pozos de eventuales ataques terroristas? ¿Cuánto donó la gran banca americana? ¿Golpeó Garzón con el mazo la puerta de Citibank, implorando el conocido dame argo, payo?

Ybarra y el caso de las cuentas secretas en Jersey

Pues no. La razón es sencilla: esas grandes corporaciones yanquis quedan fuera del área de influencia de Garzón, no son potenciales justiciables en manos de la criatura. Es decir, no tienen por qué tenerle miedo. Porque esas entregas de dinero, y alguna más que irá saliendo, están generalmente ligadas a algún procedimiento judicial en marcha que, oh casualidad, siempre suele caer en su juzgado. En el caso del Santander, fue una denuncia contra la cúpula del banco, un coletazo del famoso caso de las “cesiones de crédito”, que el magistrado archivó al regresar de su año sabático neoyorquino en lugar de haberse inhibido motu proprio, como era su obligación tras el obsequio recibido. Garzón no dijo la verdad al ocultar la relación que mantenía con el banco. Esta es la clave del arco de este escándalo. En el caso más reciente del BBVA, mientras el aludido sentaba en el banquillo a la cúpula saliente del BBV, encabezada por Emilio Ybarra, con una mano, con la otra pedía dinero a la entrante -ya BBVA-, con un González al frente que directamente se benefició del estallido del escándalo de las cuentas secretas en Jersey y Liechtenstein. Difícil imaginar al de Chantada negando los 200.000 dólares que pedía el andoba. La evocación del caso del juez Estevill resulta inevitable.

La línea de defensa de Garzón ha consistido en argumentar en el caso del Santander que nunca cobró de los fondos aportados por el banco a la Universidad. Es cierto, lo hizo de ese “pool” del millón de euros ya conocido, abrevadero que sufragó también los gastos de su hija -un curso de inglés- y de la propia secretaria judicial o aide de chambre que le acompañó en su año sabático. Por eso resulta tan llamativo que el ex director de Comunicación del BBVA argumentara esta semana que se aseguró de que ni un céntimo del dinero de su banco fuera a parar a los bolsillos de Don Baltasar. Excusatio non petita. Es la mejor prueba de la materia que aquí se trata. ¿Qué impediría reconocer que parte de esos fondos se destinó a pagar a Garzón? Que ello implicaría asumir la relación directa entre los pagos y la causa penal abierta en el Juzgado de Instrucción número 5 de la AN contra Ybarra y otros. El BBVA ha querido evitar que la justicia establezca una relación causa-efecto entre ese dinero y el pago de un servicio. No reconocer, en suma, que se trataba de una transacción comercial entre el banco y la sociedad Garzón S.L.

«Es la siciliana ley de la omertá, genuina representación de ese miedo a hablar, que caracteriza a las democracias de medio pelo»

“Aunque parezca mentira, nosotros nos hemos salvado”, aseguran en otra gran empresa, “seguramente porque estamos lejos de su ámbito de influencia y no tenemos líos en la AN”. Naturalmente que no toda la culpa de este escándalo recae sobre el juez o jueces que utilizan para sus fines dinero ajeno. “¿Necesitas pasta para montar algo…? Pues date un paseo por las cinco o seis empresas de costumbre y pide lo que necesites”, asegura un alto cargo madrileño. “Claro que no se la soltamos a cualquiera. El que pide tiene que presentar avales, poder, influencia y relaciones bastantes”. La responsabilidad de los banqueros y empresarios que, abducidos o atemorizados por garzas y garzones, aceptan este tipo de prácticas, es innegable. Cediendo a las presiones, primero, y amparándolo con su silencio, después. Llamados por el juez Marchena del TS, ninguno -ni Pizarro, ni Paco González- se acuerda de lo ocurrido. Es la siciliana ley de la omertá, genuina representación de ese miedo a hablar, a decir la verdad, a denunciar la corrupción, que caracteriza a las democracias de medio pelo. Mejor callar a cumplir con nuestra obligación. Con tan pedestre filosofía, nuestras grandes empresas vienen sosteniendo con respiración asistida ideas sin sentido y proyectos ruinosos, muchos de ellos en prensa, que tendrían que cerrar sin el oxigeno de la banca. Así, los supuestos apóstoles del libre mercado son los que menos creen en el mercado, rehenes de la servidumbre del “hoy por ti mañana por mí” y “mejor estar a bien con fulano o mengano, no vaya a ser que…” La cuenta corre a cargo de los accionistas, sobre todo de los pequeños, y de los consumidores, que al final pagan las comisiones bancarias más abusivas, los teléfonos más caros y el recibo de la luz más elevado.

Una fortuna cercana a los 10 millones de euros

Curioso, por ello, resulta constatar la supervivencia en nuestro país de tanto tunante como sigue viviendo gracias a la venta de literatura relativa al “buen gobierno corporativo”, la “responsabilidad social” y demás hojarasca teorizante. Curioso, también, el silencio que los titiriteros que apoyan la causa garzonita han mantenido esta semana. Las evidencias admiten escasa réplica: “El patrocinio empezó con una llamada que me hizo Garzón” (caso BBVA); “Hablé con el juez Garzón y juntos hicimos el borrador del convenio” (Telefónica). Es decir, que quien pedía la pasta, querido Emilio, era el propio juez, ello acorde con los escasos escrúpulos que se le conocen a un personaje cuya fortuna estiman en los aledaños de la AN cercana a los 10 millones de euros, unos 1.600 millones de las antiguas pesetas, que ya decía el albañil antes aludido que lo difícil es hacer el primer millón, porque luego la cosa coge excremento. Poco importa, con todo, la cuantía de esa fortuna, seguramente lograda en buena lid, sino las eventuales responsabilidades penales de las tres causas que contra él se siguen: la obligación de inhibirse en la querella interpuesta contra el Santander; la apertura de procedimiento judicial contra una serie de notorios fallecidos (entre ellos un tal Franco), estando vigente una Ley de Amnistía, y la decisión de grabar en la cárcel las conversaciones entre unos encausados y sus abogados.

Mientras tanto y según sus escoltas -que seguimos pagando-, el señorito apenas ha pisado un par de veces La Haya, sede del Tribunal Penal Internacional, donde su amigo, el fiscal argentino Ocampo, le ha buscado acomodo temporal. Dicen en la Audiencia que dos gallos no caben en un mismo corral, sobre todo cuando Ocampo sabe de sobra que la verdadera ambición de Garzón es llegar a ocupar su puesto en La Haya. Su actual empeño, como es lógico, se centra en preparar concienzudamente su defensa en Madrid. Su fiel guardia de corps, con ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo al frente, trabaja al tiempo activamente tratando de cerrar el arribo a Madrid de una serie de celebrities que, bien como testigos de la defensa o, en su caso, como “observadores internacionales”, asistirían a los juicios abiertos contra el Campeador. Se habla de varios premios Nobel de la Paz. Incluso se ha establecido contacto con Nelson Mandela, a pesar de su delicado estado de salud. Sin duda, el mayor espectáculo que vieron los siglos. Para mantener su caché, el sujeto acaba de viajar a la Argentina de los Kirchner, fieles devotos del Estado de Derecho como todo el mundo sabe, para recibir un homenaje. Y dijo Garzón: “desde que las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo entraron a mi despacho, la vida cambió en mí y en España”. Otrosí dijo el cursi: “No puede un país construirse sobre el olvido”. Ni sobre la soberbia de sentirse por encima de la Ley.


El Confidencial - Opinión

Frenar el caos aéreo

No parece casual que, justo cuando se está procediendo a la negociación colectiva entre la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y AENA, ayer se registrase la ausencia de 39 controladores en el aeropuerto barcelonés de El Prat –lo que supone el 36,7 por ciento de la plantilla prevista–, a los que hay que sumar la baja de dos controladores en Valencia. Así, otro día más se sucedieron los retrasos en los aeropuertos españoles del mediterráneo –Valencia, Alicante, Palma, Ibiza...– que son los que registran mayor tráfico aéreo a causa de las vacaciones. Este episodio ya se vivió el domingo, cuando 28 de los 61 controladores del aeropuerto barcelonés no acudieron a su puesto de trabajo a causa de una baja médica. Ese día, el ministro de Fomento, José Blanco, emplazó a la Fiscalía a que investigase las bajas médicas de este colectivo, ya que se intuía que los controladores aéreos estaban recibiendo «consignas» para ejercer el absentismo laboral. Mientras, USCA anticipaba un «verano complicado» si AENA no plantea bien los turnos, al tiempo que su portavoz, Daniel Zamit, pedía a Blanco a que se «investigase hasta el final». Esto sucede cinco meses después de que Blanco, a través de un real decreto ley, modificase las condiciones laborales del colectivo, desde el aumento del número de horas trabajadas hasta la reducción del salario. En ese sentido, Zamit afirmó que puede que este número de bajas sea un efecto colateral del real decreto, que calificó como una «modificación unilateral de las condiciones de trabajo».

Desde algunos sectores se ha afirmado que la ausencia de este número significativo de controladores aéreos tiene una definición muy precisa: huelga encubierta. Afirmarlo categóricamente parece una audacia, pero lo cierto es que algo está sucediendo, puesto que USCA ha aprovechado la situación para decir que la nueva ley «no es buena», culpabilizándola de las bajas médicas de los controladores.

Evidentemente en cualquier negociación laboral existen los tiras y aflojas entre los trabajadores y las empresas, pero parece que, en esta ocasión, este colectivo ha vuelto a traspasar una línea roja que resulta contraproducente para todos, especialmente para los pasajeros, que son las primeras víctimas. Tanto el Ministerio de Fomento como los controladores quieren que se investiguen las bajas. Por ello, hay que ver si son concecuencia de una huelga encubierta o tienen fundamento. Los controladores aéreos saben que si se está produciendo absentismo laboral, éste es singularmente gravoso para nuestra economía y nuestro sector turístico, además de perjudicar la imagen de España en el exterior.

Hace bien el ministerio de Fomento, como es su responsabilidad, en investigar hasta las últimas consecuencias, bien para destapar las irregularidades, si las hubiese, o para conocer la realidad de este colectivo y descubrir la naturaleza de estas bajas. Pero, con todo, lo principal es que el conflicto entre los controladores y Fomento no lo paguen los de siempre: los ciudadanos.


La Razón - Editorial

Aguirre negocia, Pons patina

Si el PP quiere contribuir mejor haría en denunciar el chantaje, y no en aprovechar cualquier excusa para apuntarse un tanto demagógico que, para colmo, en este caso ni siquiera sería popular.

A pesar de que se acusaba al Gobierno de Esperanza Aguirre de cerrarse en banda y negarse a negociar con los sindicatos del Metro, la realidad ha venido, una vez más, a desmentir las acusaciones de la oposición socialista. Tal y como prometió Aguirre, tan pronto los sindicatos abandonaron la huelga salvaje y volvieron a los servicios mínimos, la dirección de la empresa se sentó a negociar con los representantes sindicales. Tras varias jornadas de duras negociaciones entre ambas partes ya tenemos un acuerdo que, por lo que parece, es satisfactorio para ambas partes.

El recorte de salarios se ha quedado en un 1%, aunque con carácter retroactivo desde el mes pasado. A esta pequeña rebaja salarial hay que sumarle recortes en otras partidas como los gastos de viaje, de formación profesional, la reestructuración del transporte nocturno de personal, las horas extraordinarias y complementarias y otras primas salariales. Los números salen, por lo tanto, para la Comunidad de Madrid, para Metro de Madrid y para los sindicatos que, lejos de ver cómo la huelga salvaje es una herramienta válida, han comprobado cómo suspendiendo ésta y asumiendo ciertas cesiones todos saldrían ganando. Un ejemplo, en suma, de cuál debe ser el espíritu en las relaciones laborales, un espíritu que nada tiene que ver con los paros masivos, las huelgas sin servicios mínimos y la nula disposición a escuchar a la otra parte.


Esperanza Aguirre ha sido plenamente coherente hasta el momento. Prometió sentarse a negociar y escuchar, y lo ha hecho, prometió tomarse muy en serio las demandas sindicales, y lo ha hecho. Pero prometió también expedientar y/o despedir a los que violentaron los servicios mínimos en las dos jornadas de huelga salvaje que colapsaron Madrid a finales del mes de junio. Si quiere mantener la coherencia tiene la obligación moral y política de cumplir, de nuevo, con lo prometido. Las pérdidas y trastornos ocasionados por aquellos dos días de furia sindical exigen responsabilidades y Aguirre es quien debe depurarlas.

En el otro extremo, el del conflicto sin fin de los controladores aéreos, el Partido Popular parece no tener las cosas tan claras. Frente a la huelga encubierta que desde principios de verano están realizando los controladores de AENA, a Esteban González Pons no se le ha ocurrido mejor idea que cargar contra el ministro de Fomento, y no contra los verdaderos responsables de esta situación, que no son otros que los propios controladores.

Este grupo de presión, perfectamente organizado y objeto de mil atenciones y privilegios, viene advirtiendo desde hace semanas de que el verano va a ser complicado. Amenaza velada y vergonzosa a la que le ha sucedido una ola de bajas médicas totalmente anormales y la ralentización sistemática en las operaciones de vuelo. José Blanco está al tanto del asunto y hasta ha anunciado medidas legales para frenar la enésima treta de los controladores para salirse con la suya. Él no es el culpable de esta situación, un nuevo pulso al que la casta de la torres de control reta a la sociedad a modo de venganza por los recortes de sueldo y privilegios que el Gobierno ha aprobado. Si el PP quiere contribuir mejor haría en denunciar el chantaje, y no en aprovechar cualquier excusa para apuntarse un tanto demagógico que, para colmo, en este caso ni siquiera sería popular.


Libertad Digital - Editorial

CiU mueve la silla de Zapatero

La situación del presidente del Gobierno es una encrucijada diabólica: tiene que pactar con los grupos nacionalistas que son oposición a su propio partido en Cataluña y País Vasco.

EL líder de Unión Democrática de Cataluña, Josep Antoni Duran i Lleida, dio ayer una vuelta de tuerca a la posición crítica de CiU frente a José Luis Rodríguez Zapatero al reiterar que la coalición nacionalista no apoyará —lo que no quiere decir que los rechace— los presupuestos generales para 2011, «digan lo que digan», porque da por finalizado el tiempo político del presidente del Gobierno. Es el mismo mensaje que Duran lanzó durante el debate de convalidación del «decretazo» del Gobierno para el recorte social. Al ratificarlo de manera tan concluyente, Duran i Lleida oscurece el horizonte político del Ejecutivo, que hoy tendrá que superar la votación del techo de gasto público para 2011, primer paso para la elaboración de las cuentas públicas del próximo año.

Aunque las declaraciones de Duran i Lleida pudieran considerarse un aumento de presión preelectoral para aislar aún más a los socialistas catalanes, en claro retroceso en las encuestas publicadas en los últimos meses, el momento político en que se produce las convierte en un golpe a la estabilidad de Rodríguez Zapatero ante la opinión pública. Es posible que una vez que CiU acceda a la Generalitat tras las próximas elecciones autonómicas cambien las tornas, pero, por ahora, la situación del presidente del Gobierno es una encrucijada diabólica: tiene que pactar con los grupos nacionalistas que son oposición a su propio partido en Cataluña y País Vasco, a los que desalojó de un poder que ocupaban de forma hegemónica desde hacía décadas. La factura de este posible acuerdo, si llega a producirse, no será pequeña, porque, por un lado, el Gobierno central está muy debilitado para una negociación de tanta envergadura como la de unos presupuestos cruciales para combatir la crisis; y, por otro, tanto CiU como PNV son partidos organizados sin otra vocación que ocupar el poder local y autonómico. Este es el precio probable de apoyar a Zapatero para mantenerse en La Moncloa hasta 2012. Falta saber si el presidente del Gobierno está dispuesto a sacrificar a Patxi López —o, al menos, el consenso con el PP en el País Vasco— y a José Montilla a cambio de los apoyos nacionalistas o, por el contrario, preferirá condenar la actual legislatura antes que incurrir en cesiones desproporcionadas, porque también parece indiscutible que un rechazo a los presupuestos generales de 2011 debería suponer la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas.

ABC - Editorial